20260424

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Los malos presagios toman cuerpo y Europa vuelve a adentrarse en el túnel de otra crisis. La trampa en que Irán y el estrecho de Ormuz se han convertido para la Administración Trump, pero también –y sobre todo– para las perspectivas de crecimiento de la economía mundial por la vía de un nuevo shock energético e inflacionario, han pasado su factura inicial a la economía de la eurozona. Y no es precisamente pequeña. Los indicadores, que ya venían avisando semanas atrás del enfriamiento de la actividad por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, corroboran ahora que la economía del euro se ha deslizado ya por la pendiente de la contracción por primera vez en casi año y medio. El PMI Compuesto de Actividad Total de la Zona Euro de S&P Global se ha hundido en abril hasta los 48,6 puntos, 2,1 menos que en marzo (50,7) y su nivel más bajo en 17 meses. Es la primera vez desde finales de 2024 en que este indicador, que en febrero, antes del estallido de la guerra, rozaba los 52 puntos, se adentra en territorio de contracción (por debajo del medio de centenar de puntos). En concreto, y aunque el segundo trimestre acaba de arrancar, los primeros indicadores apuntan, según S&P Global, a una caída trimestral del PIB del 0,1%, en contraste con el avance del 0,2% registrado entre enero y marzo. Estos datos ilustran el fuerte impacto inicial de la crisis energética y de precios que ha provocado la inestabilidad en Oriente Próximo, deterioro cuya magnitud dependerá de cuánto se dilate la guerra. De momento, la incertidumbre se encuentra en cotas máximas y eso, junto al prolongado bloqueo del tránsito de barcos petroleros y mercantes en Ormuz, está repercutiendo tanto en los costes de los insumos como en los precios que las empresas cobran a sus clientes, con ritmos de crecimiento inéditos desde hace más de tres años (finales de 2022).

El Gobierno vasco ha presentado este jueves el 'Hub de Combustibles Renovables', un proyecto transformador que se enmarca en su Plan de Industria 2030 y que movilizará 250 millones de euros en los próximos tres años, y que al mismo tiempo creará 300 nuevos puestos de trabajo de alta cualificación, además de otros 900 indirectos. Esta apuesta, liderada por Petronor y la Diputación de Bizkaia y que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco, traccionará a 51 empresas, 23 de ellas pymes, y contará con la colaboración del Basque Energy Cluster. Entre estas empresas destacan Nortegas o H2Site, como socios destacados. Según ha afirmado el consejero, este proyecto es, hasta ahora, el de «mayor escala» de los proyectos transformadores que se han presentado hasta el momento en el marco del Plan de Industria 2030 que presentó el Ejecutivo autonómico. El nuevo consejero delegado de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha querido subrayar que los combustibles renovables son una apuesta de futuro y que van a tener una «especial relevancia» de cara al futuro. Estos, que engloban tecnologías como los biocombustibles (tanto el producido a partir de recursos orgánicos como el biometano o el bioqueroseno), así como el hidrógeno renovable o los 'e-fuels' (hidrógeno y dióxido de carbono), «son los sustitutivos de los combustibles fósiles», de ahí su vital importancia, dado que sin ellos «es imposible alcanzar las emisiones 0 netas», objetivo que Petronor pretende cumplir en 2050. Ha destacado que van a ser razones por tres razones, principalmente. La primera es su facilidad de uso: «No habría que hacer modificaciones; es algo que se puede empezar a usar ya y eso es una ventaja definitiva». En segundo lugar, son un aliado imprescindible para la descarbonización y por último, es que es capaz de crearse «a partir de recursos autóctonos», lo que refuerza la autonomía estratégica de Euskadi en este ámbito, el de la dependencia energética, que es una de las grandes tareas pendientes de la región.

La histórica papelera errenteriarra Papresa ha entrado en concurso (voluntario) de acreedores, aunque aún hay esperanzas de que la actividad de la firma no se pierda para siempre. Y es que el conglomerado industrial extremeño CL Group (antes conocido como Cristian Lay) ha presentado una oferta vinculante para, en el marco de ese proceso judicial que ahora se abre, hacerse con las unidades productivas de Papresa; tanto con la actividad de ‘packaging’ (embalaje), por la que ha mostrado interés desde el momento en que se conoció que la errenteriarra atravesaba serios problemas de solvencia, como con la de ‘newsprint’, que en primera instancia no entraba en sus planes. Esa propuesta, según ha asegurado CL Group a DV, incluye la intención de subrogar (quedarse) a «más del 70% de la plantilla» de la compañía, lo que supondría salvar más de 154 puestos de trabajo de los 220 con que cuenta la empresa quebrada. El grupo extremeño controlado por la familia Leal, que ya cuenta entre sus activos con varias empresas del sector del ‘packaging’, afirma que su propuesta vinculante «es una apuesta industrial seria y a largo plazo». «No compramos para vender después, sino que pretendemos integrar Papresa en nuestro grupo con un plan industrial sólido y para muchos años», añadieron las mismas fuentes. «Papresa nos ayudaría a consolidar y a ampliar nuestra división de embalaje. Nosotros reinvertimos», subrayaron desde el conglomerado con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

El ERE de Tubos Reunidos ya está en los tribunales. ELA, LAB, UGT y ESK presentaron ayer la impugnación del despido colectivo de 240 trabajadores ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según dieron a conocer representantes sindicales, las centrales entregaron en el último día de plazo sus correspondientes recursos judiciales para tratar de frenar el expediente de regulación de empleo. Fuentes sindicales aseguran que los escritos para combatir el ERE en los tribunales argumentan que las causas del expediente «no están acreditadas», hay «defectos de forma» y «falta de proporcionalidad» con las medidas planteadas. ELA, a través de una nota, dejó claras sus aspiraciones: «que el ERE sea declarado nulo o, al menos, que se considere no ajustado a la ley». Los cuatro sindicatos pleitearán de forma unificada pese a presentar demandas separadas. Se abre así un largo camino judicial por el que ya han pasado empresas de Aiaraldea como Maderas de Llodio o Glavista y que incluso con una sentencia favorable en el Superior vasco, podrían progresar al Tribunal Supremo a través de recursos y estirar más la pugna ante los jueces. Las centrales toman así otra medida más, pero confiando en la «vía sindical» como principal medio para presionar a la empresa. «Los tribunales son una moneda al aire muchas veces, casi todas», señaló Oier Bidaurrazaga, de LAB, durante la concentración de la plantilla frente a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao.

CC OO da por rota cualquier vía de entendimiento con ELA. Su secretario general en Euskadi, Santi Martínez, ha acusado este jueves al sindicato nacionalista de ejercer un «despotismo ilustrado» al vetar el voto de las plantillas en conflictos laborales. «No hay unidad de acción posible», ha remarcado, certificando la quiebra total de relaciones. Aunque sin citarlo de forma expresa, Martínez ha apuntado al rechazo de las centrales soberanistas a someter a referéndum el ERE de Tubos Reunidos. Les ha reprochado el operar bajo la lógica de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Una estrategia que, ha denunciado, se traduce en «la prohibición expresa de vincular el rechazo de negociaciones en contextos de conflicto al refrendo de las plantillas». Martínez ha acusado así al sindicato dirigido por Mitxel Lakuntza de dinamitar cualquier opción de una «unidad de acción sindical», al considerar que no han levantado frente a CC OO «una línea roja, sino una trinchera», que se extiende a ámbitos como «la política lingüística o el diálogo social». «Han dado un salto de calibre en la calificación de nuestro sindicato, acusándonos de colonos, supremacistas o de ser el sindicato de Vox», ha enfatizado, en un reproche que evidencia el endurecimiento del choque entre ambas centrales. Martínez, en referencia al debate sobre el SMI autonómico, ha reparado en que la apuesta de su sindicato es la de avanzar hacia un salario mínimo en Euskadi en el entorno de los 1.500 euros, aunque ha subrayado que la vía para lograrlo pasa por la negociación colectiva. En este sentido, ha defendido un acuerdo interprofesional –y no a través del traspaso competencial que defienden ELA y LAB– que permita fijar un suelo común para todos los convenios, adaptado a la realidad socioeconómica vasca y respaldado por el marco jurídico vigente.

El secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, ha acusado a ELA y LAB de actuar con "un victimismo sobreactuado" en relación a las bases para la futura ley de Participación Institucional y ha subrayado que "la opción de no participar no puede erigirse en un derecho de veto o un bloqueo". En esta línea, ha afirmado que no se van a "dejar libres las sillas que desocupen otros" en el diálogo social. Entre los acuerdos alcanzados en la MDS, ha destacado el de bases para la futura Ley de Participación Institucional, que "viene a cubrir un hueco en el ordenamiento jurídico" de Euskadi y que permitirá que "quede negro sobre blanco quién, cuándo y dónde va a participar y con qué contenido mínimo se va a producir esa participación". Por lo que respecta a las críticas de ELA y LAB al documento de bases para la ley, ha considerado que han asumido "un victimismo sobreactuado, como si fuera a tener consecuencias reales la no participación de la ELA y LAB en el espacio del diálogo social". Martínez ha precisado que, "a partir de esa ley, no ejercer el derecho a participar es una opción voluntaria", que no puede "dejar órganos cojos o desequilibrados". De este modo, ha subrayado que "la opción de no participar no puede erigirse en un derecho de veto o un bloqueo impeditivo". "La participación de la ELA y LAB en el espacio del diálogo social es siempre voluntaria, como lo viene siendo hasta ahora, y evidentemente, si se establece un cupo de participación entre Confebask, los sindicatos participantes y el Gobierno Vasco, no vamos a dejar libres las sillas que desocupen otros, porque nosotras representamos al conjunto de la clase trabajadora, aunque les pese a algunos", ha manifestado. También ha rechazado las críticas a la financiación para los participantes en el diálogo social. "Claro que queremos una financiación para el ámbito del diálogo social, porque no trabajamos gratis y porque los acuerdos que logramos afectan al conjunto de la clase trabajadora y la ciudadanía, incluidos los trabajadores que son afiliados de ELA, de LAB, que son de izquierdas o de derechas, que creen o no en el sindicalismo", ha reivindicado.

Euskadi y Catalunya figuran como las comunidades del Estado en las que avanza a mejor ritmo la descarbonización del sector industrial, aunque en el campo de los servicios los progresos están siendo mucho más reducidos, según proclama un informe de BBVA Research divulgado hoy. En concreto, en un documento que lleva por título ‘Emisiones de gases de efecto invernadero en España. Un análisis regional’, los analistas Pilar Más Rodríguez y Lucien Antonio Vargas Giagnocavo destacan que España ha logrado un “notable desacoplamiento entre crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero”, impulsado por “la expansión renovable, los avances en eficiencia y la modernización productiva”. No obstante, perciben que el análisis regional revela “dinámicas heterogéneas” vinculadas a “la estructura productiva, al mix energético y a factores estructurales”. En este sentido, los autores del informe trazan un análisis de las diferencias en el trabajo de descarbonización realizado en Catalunya, Euskadi y Asturias -tres de las comunidades del Estado con mayor base industrial-, con “trayectorias diferenciadas de descarbonización”. 

La maquinaria ya está manos a la obra. Los trabajos que materializarán el campus de EDA Drinks & Wine en Vitoria han dado comienzo, ahora sí, en la parcela ubicada frente al Gobierno vasco, colindante con la estación de autobuses de Lakua. Lo hacen después de casi tres meses de la colocación de la primera piedra con la idea de que los alumnos inicien el curso 20272028 en la nueva sede. El futuro espacio, promovido por Basque Culinary Center (BCC), estará centrado en el ámbito formativo en el mundo de las bebidas como destilados, cervezas, fermentados o NOLO. Y aunque la excavadora lleva apenas unos días trabajando en la parcela, desde la institución señalan que «las obras van según el calendario». Entre el acto oficial del inicio de la construcción el 4 de febrero y el inicio real de los trabajos ha habido un ‘impasse’ de casi tres meses en los que en la parcela no ha habido movimiento. La sede de Vitoria contará con cerca de 5.000 metros cuadrados. En su interior habrá dos salas de análisis sensorial, cuatro laboratorios de cromatografía, física y química y microbiología, así como ocho talleres, un auditorio y una planta piloto orientada a la elaboración de distintas bebidas y un ‘drinks bar’ de carácter experimental. En ella está previsto que arranque el grado universitario en Vino y Bebidas y másteres en torno al universo líquido, como el de Innovación en bebidas o el de Tecnología cervecera. De manera simultánea, EDA Drinks & Wine está construyendo otro edificio en Laguardia, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. La idea es que ambos proyectos vayan avanzando de la mano, de manera que las dos sedes de esta universidad dedicada a las bebidas estén terminadas en 2027.

 Las aulas de Egibide-Jesús Obrero se han convertido durante esta semana en la sede del encuentro internacional RoboCompetition 2026 que reúne a estudiantes de Formación Profesional con el objetivo de resolver retos técnicos mediante el uso de la robótica. Jóvenes de Holanda, Dinamarca y Noruega trabajan estos días junto a alumnos de Egibide en grupos mixtos que fomentan también el trabajo en equipo y la comunicación en inglés. «Les proponemos una situación de la vida real y ellos tienen que buscar la mejor solución. En este caso se trata de diseñar un robot que tiene que elegir qué piezas son válidas y cuáles no. También debe incorporar unos sensores de seguridad para evitar accidentes durante su manipulación», explica Rubén Landa, coordinador internacional de Egibide. «En este caso premiamos el mejor trabajo dándoles un reconocimiento y en la vida real las empresas te contratan», añade. Mientras dura la competición, los alumnos de FP de Robótica programan durante mañana y tarde mientras van resolviendo los imprevistos que surgen durante el diseño.

Vigilancia sobre la salud mental de los trabajadores, garantía de control del derecho a la desconexión digital, implantación de delegados territoriales a modo de apoyo para la Inspección de Trabajo, integración de perspectiva de edad y protocolos de adaptación tras procesos prolongados de baja. Son algunas de las novedades que deberán integrar las empresas en sus planes de prevención de riesgos laborales tal y como exige la nueva ley, cuyo anteproyecto pretende aprobar el Gobierno en los próximos días antes de llegar al trámite parlamentario. Así lo confirmó ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, indicando que el texto verá la luz en el próximo Consejo de Ministros. Posteriormente, al ser una ley que modifica la vigente desde 1995, deberá superar el trámite parlamentario. El texto alumbrado ha sido pactado por el Gobierno y los sindicatos, y no cuenta con el apoyo de CEOE y Cepyme. Ambas organizaciones empresariales se levantaron de la mesa de negociación a finales del pasado año después de 20 meses de conversaciones tripartitas. Rechazan la amplitud de arco protector que imprime la nueva norma en medidas como la incorporación de los riesgos psicológicos a los protocolos internos de formación de riesgos y control y evaluación del estado de los trabajadores o las garantías relacionadas con la desconexión digital. Medidas que los empresarios consideran que amplían el rango al que debe circunscribirse la prevención de riesgos laborales.

La OCDE acaba de entregarle al Gobierno un argumento de peso en una batalla crucial que lleva más de un año sin resolverse. El organismo internacional ha presentado ya al Ministerio de Seguridad Social un informe que le había encargado y que constata algo que en España se debate pero no se ataja: el país tiene un problema grave de absentismo y no está aplicando los instrumentos que funcionan en su entorno para corregirlo. Por ejemplo, las bajas parciales, la misma medida que la ministra Elma Saiz lleva meses intentando impulsar sin lograr el respaldo ni de la patronal ni de los sindicatos. Con el aval explícito de la OCDE, que las considera «factor de éxito casi universal», el Gobierno tiene ahora cobertura técnica para llevar a cabo sus planes. El diagnóstico del informe es contundente. España registra 4,9 semanas de baja por empleado al año, el tercer nivel más alto de la OCDE, solo por detrás de Noruega y Finlandia. Se trata de una tendencia sostenida durante los últimos doce años, que se ha intensificado de forma notable tras la pandemia, situando al país entre los de mayor absentismo tras haber estado anteriormente por debajo de la media. Y el impacto económico es significativo: cerca de 18.000 millones de euros al año en prestaciones públicas y otros 16.000 millones en costes para las empresas. En contraste, los países analizados en el estudio –Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia– han logrado estabilizar sus niveles entre las 2,5 y 3,5 semanas anuales.

El 0,4% de las empresas acapara casi la mitad de las ayudas. El despliegue de los fondos Next Generation se ha consolidado como un motor crítico para la economía española que explica entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB en el periodo 2021-2025. Esta es la conclusión del último informe de Funcas y Afi, que detalla que esta inyección económica se ha traducido en una contribución de entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales al nivel del Producto Interior Bruto. A pesar de que España es uno de los principales beneficiarios con una asignación de 103.000 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, la ejecución muestra luces y sombras. Al cierre de 2025, el país había recibido 71.366 millones de euros, de los cuales se han comprometido 57.395 millones (más del 80%). No obstante, el gasto efectivo en términos de Contabilidad Nacional se sitúa en el 55%, lo que supone cerca de 39.000 millones de euros. El informe advierte de una brecha de 14.000 millones de euros entre los fondos recibidos y los comprometidos. Este montante representa el reto inmediato para las administraciones antes de agosto de 2026, fecha límite del calendario oficial. Las dificultades de gestión, derivadas de la escala del plan y la complejidad de la gobernanza multinivel (repartida entre Estado, comunidades y ayuntamientos) han limitado una tasa de resolución de convocatorias que apenas alcanza el 60%. Según el informe, la productividad refleja un dinamismo todavía limitado. La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora habría acelerado, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, este avance es modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido. Ver más en Funcas aquí. 

El ‘boom’ por comprar piso está llegando a su fin tras un año y medio de explosión en precios, en transacciones de vivienda y en préstamos hipotecarios. El sector bancario anticipa ya un menor crecimiento en la concesión de hipotecas durante el primer trimestre del año, que se hará sentir especialmente de abril a junio, cuando la subida de las expectativas sobre los tipos de interés impactará con mayor fuerza. Ayer, Bankinter abrió la temporada de resultados del sector en España. La entidad naranja reconoció una caída del 40% en la concesión de hipotecas de enero a marzo en nuestro país, en comparación con el arranque de 2025, hasta los 660 millones de euros en sus préstamos solo en España. Sin embargo, la cartera hipotecaria total aumentó un 4%, por encima de 39.000 millones de euros gracias a su apuesta por los mercados de Portugal y, principalmente, de Irlanda donde su crecimiento está siendo particularmente acelerado ante la falta de competencia en el sector. Este descenso, explica la entidad en su informe financiero, responde a «una decisión estratégica de priorizar un crecimiento rentable y sostenible, siendo selectivos tanto en las operaciones como en los clientes, e impulsando la actividad en las geografías donde es mayor el potencial y el rendimiento de la cartera». Pero la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, subrayó que algunos bancos continúan dando hipotecas a tipo fijo por debajo del 2%, cuando el swap -derivado financiero que se utiliza para cubrir las carteras hipotecarias de las subidas y bajadas del Euribor- a 15 años se encuentra por encima del 3,18%, y, por ende, implica estar dando hipotecas a pérdida si se mira aisladamente.

Masorange, la teleco española que acaba de ser adquirida por la francesa Orange –que prevé cerrar la toma del control total de la española en el segundo trimestre– , elevó sus ingresos un 1,2%, hasta los 1.869 millones de euros, en el primer trimestre de 2026. La compañía sostiene que esta evolución obedece al crecimiento de los servicios B2B y las nuevas áreas de negocio. Los ingresos por servicios –es decir, lo que factura por vender líneas de fibra, móvil y televisión de pago– caen un 2,1%, hasta situarse en 1.413 millones de euros. La compañía ha señalado que el descenso previsto en los servicios minoristas “se debe principalmente a las condiciones del mercado y a un efecto del mix de productos”. El crecimiento de ingresos totales está determinado, sobre todo, por el aumento de las otras partidas, como los ingresos mayoristas –por alquilar sus redes fijas y móviles a operadores sin red–, que se elevaron un 19,4%, hasta 152 millones, en el primer trimestre del año. También influye favorablemente la venta de dispositivos (móviles, tabletas, etc.) y equipamientos, que se elevaron un 9,7% y totalizan 303 millones de euros, es decir, a un ritmo que anualizado superaría los 1.000 millones de ingresos. Masorange lleva ya varios trimestres en los que ha aumentado geométricamente la gama de los dispositivos que comercializa, mucho más allá de los móviles, ordenadores y tabletas, puesto que comercializa y financia un amplio portafolio de electrodomésticos.

El tipo medio efectivo sobre la renta y el gasto (que engloba los principales impuestos que se pagan en España) escaló en el año 2025 hasta el 16,2%, según los datos provisionales que publicó ayer la Agencia Tributaria en su informe anual de recaudación. Esta cifra supone que, por primera vez en los registros estadísticos del organismo, el gravamen medio calculado sobre las bases imponibles de estas figuras fiscales rebasa el umbral del 16%. El porcentaje representa un incremento de cuatro décimas respecto al cierre del año anterior, consolidando una tendencia al alza que se ha mantenido constante durante el último lustro. El indicador es una métrica técnica que pondera la carga impositiva real que soportan tanto los ingresos de los hogares y empresas como su consumo final, integrando para ello los resultados del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los diversos impuestos especiales, como los que afectan a la electricidad, a los hidrocarburos o al alcohol. Las razones técnicas que explican este ascenso, que sitúa el gravamen efectivo más de un punto por encima del registrado antes de la pandemia, se dividen fundamentalmente en dos bloques: las decisiones de política normativa y la evolución de los salarios. 

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, despedirá al 10% de su plantilla, lo que supone 8.000 empleados, con el fin de incrementar su eficiencia en medio de su elevadas inversiones en inteligencia artificial, según la multinacional tecnológica con sede en California. Además, eliminará unos 6.000 puestos que aún no están cubiertos. En un documento difundido entre sus trabajadores ayer, el gigante tecnológico ha informado a sus empleados que los despidos serán efectivos el 20 de mayo. «Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando», indica el texto de Meta remitido a su personal. Las grandes inversiones de Meta están relacionadas con la inteligencia artificial, tanto infraestructura como nuevos modelos y mejoras en sus sistemas. Aunque la IA no se mencionó como la razón de la reducción de personal anunciada ayer, a finales de enero el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, relacionó directamente directa esta tecnología con el ahorro de costes. «Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada», afirmó. Estamos apostando por las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos», afirmó entonces el empresario estadounidense. 

Tesla ha aumentado sus planes de inversión a 25.000 millones de dólares este año, después de que Elon Musk anunciara un incremento sustancial de su esfuerzo en taxis, camiones, robots y una nueva y enorme fábrica de chips para impulsar sus ambiciones en inteligencia artificial. Las nuevas inversiones se han dado a conocer coincidiendo con la presentación de resultados de Tesla del primer trimestre, periodo en el que sus ganancias aumentaron un 17%, recuperándose de los malos datos registrados en el mismo trimestre del año anterior. El fabricante de coches eléctricos había previsto anteriormente una inversión de capital de 20.000 millones de dólares para 2026. Musk anunció a los inversores que habría un “aumento significativo en el gasto” este año, que estará totalmente justificado teniendo en cuenta el aumento sustancial de los ingresos. El nuevo pronóstico es casi el triple de los 8.500 millones de dólares que Tesla invirtió el año pasado. El hombre más rico del mundo mencionó los enormes planes de inversión de sus principales rivales tecnológicos, que tienen previsto gastar 660.000 millones de dólares este año, principalmente en chips y centros de datos, en su afán por desarrollar los productos de IA más avanzados. Aunque la acción de Tesla subió inicialmente en las operaciones posteriores al cierre, tras la publicación de sus resultados, revirtió su tendencia tras las nuevas proyecciones de gasto y cayó un 1%.

El margen de beneficio de las petroleras, lo que ganan por transformar el crudo en gasolina y diésel para el transporte por carretera, o en queroseno para los aviones, ha pasado en pocas semanas de marcar cotas históricas en Europa a situarse, incluso, en terreno negativo. El conflicto en Oriente Próximo disparó los márgenes de refino en Europa en sus primeras semanas, pero la escalada del precio del petróleo, la prolongación del cierre del estrecho de Ormuz y la feroz competencia de los compradores asiáticos por hacerse con el escaso crudo en tránsito los han situado en negativo. “El refino está sintiendo la presión en Europa”, aseguran en un informe Matthew Lofting y Tianyu Wu, analistas de JP Morgan. Una situación ya había anticipado la Agencia Internacional de la Energía, que en su último informe mensual ya constaba que el margen de refino de las categorías de productos de refino más ligeros y los más pesados estaba en negativo en la semana del 6 de abril. En cambio, los márgenes en EE UU y Asia han seguido al alza, apoyados, explican desde el banco de inversión estadounidense, por una sólida demanda asiática y el mayor acceso de EE UU al petróleo extraído mediante fracking. Una situación que, de mantenerse, podría llegar a desembocar el cierre de refinerías para evitar operar a pérdida. 

Donald Trump exigió ayer a su ejército «disparar y matar» a cualquier barco que coloque minas marítimas en el estrecho de Ormuz, en la última escalada del enfrentamiento entre EE UU e Irán por el control de este paso de navegación clave para la economía mundial. «He dado la orden a la Armada de Estados Unidos de disparar y matar a cualquier barco, por muy pequeño que sea, que esté poniendo minas en Ormuz. Que no haya ningún titubeo», escribió en su red social, Truth. El republicano detalló que la Armada iraní está destrozada: «Todos sus buques, los 159 que tenían, están en el fondo del mar», celebró. Pero su mensaje es, a la vez, un reconocimiento de que Irán mantiene capacidades militares para ahogar el flujo marítimo en Ormuz, su gran carta militar y estratégica en esta guerra. Los iraníes operan una llamada ‘flota mosquito’, con barcos y lanchas rápidas, que les ha bastado por el momento para tener bajo control la mayoría del tráfico marítimo en Ormuz. El miércoles, sus fuerzas apresaron tres petroleros que trataban de atravesar el estrecho. Era su manera de responder a los abordajes estadounidenses de dos barcos iraníes a comienzos de semana: un carguero en Ormuz y un petrolero en el océano Índico, de los que el Pentágono ha compartido imágenes de la operativa militar.

Mientras la opinión pública mundial y los mercados aguardan el inicio aún sin fecha de negociaciones de paz para acabar con el conflicto en Oriente Medio, Israel, en cambio, espera la «luz verde» de Estados Unidos para matar a Mojtaba Jamenei, Líder Supremo del régimen de los ayatolás, y «devolver Irán a la Edad de Piedra». Benjamín Netanyahu dejó ayer claro que no le gusta el actual alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, dijo que su ejército «está preparado para reanudar la guerra» en cuanto reciba el visto bueno de Donald Trump. El mensaje contenía una amenaza de destrucción total: «Estamos esperando la luz verde de Estados Unidos, primero y principalmente para completar la eliminación total de la dinastía Jamenei ( .... ) y adicionalmente para devolver a Irán a una época oscura y a la Edad de Piedra con la destrucción de instalaciones críticas de energía y electricidad y el desmantelamiento de su infraestructura económica», declaró Katz en un video difundido por su oficina tras una reunión con altos mandos del ejército. El pasado 28 de febrero, en el ataque inicial conjunto de EE UU e Israel, murió Alí Jamenei, entonces Líder Supremo del país persa. Le sucedió su hijo Mojtaba Jamenei, que sufrió graves heridas en aquel bombardeo. «Este ataque será diferente y letal, y asestará golpes devastadores en los puntos más vulnerables. Sacudirá y derrumbará sus cimientos», advirtió Katz, en un tono similar al que ya había utilizado Trump antes de pactar una tregua con dirigentes del régimen iraní.