20260430

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El absentismo en las empresas de la industria del metal de Bizkaia sigue creciendo año tras año y en 2025 se situó en el 10,41%. Así lo recoge la FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) en el estudio anual que presentó ayer, en el que detallan que el indicador ha crecido 0,93 puntos respecto al ejercicio anterior. Se trata de la tasa más elevada desde que se realiza el estudio –desde 2002– con la única excepción de 2022, cuando llegó al 10,83%. Este nuevo incremento interanual, explican desde la FVEM, «confirma la preocupación existente entre las empresas del sector ante una evolución sostenida que impacta directamente en su competitividad, productividad, gestión interna y, por supuesto, en los costes empresariales». En términos absolutos, el estudio revela que durante el último año se dejaron de trabajar 9,95 millones de horas en el sector, lo que supuso un coste empresarial de 338,3 millones de euros. Si se entra en detalle, las enfermedades comunes y los accidentes no laborales representaron el 50,3% de las ausencias en el último año, siendo, con diferencia, la principal causa de absentismo durante el último año. Le siguen la enfermedad común y los accidentes no laborales de 15 días o menos (16,5%), las licencias y permisos (10,9%) y los accidentes laborales (10,7%). El estudio también desglosa el índice de ausencias por tamaño de empresas, donde se observa una diferencia marcada. Si el indicador llega al 9% entre las empresas que cuentan con menos de 45 personas en su plantilla, el porcentaje se eleva hasta el 10,7% en el caso de las compañías con más de 200 personas trabajadoras. Por tipo de ocupación, también existen diferencias. En 2025, el absentismo volvió a concentrarse especialmente en el personal de taller, con un 13,4%, por encima del 12,3% de 2024. El porcentaje es mucho menor en el personal técnico y administrativo, donde llegó al 5,3%, frente al 5,1% registrado el ejercicio anterior.

La compañía, por ejemplo, sostiene que el futuro de Llodio «está garantizado para los próximos cinco años» y elevó la inversión en la planta alavesa hasta 2027 de 75 a 80 millones. Son cinco más conforme a lo previsto inicialmente. Este desembolso fue una de las claves para desatascar la negociación del convenio en este centro hace un año. La cifra de Llodio, sin embargo, contrasta con un monto de más de 180 millones anunciado para la planta de Caudete (Albacete) hace un mes de la mano de García-Page. Una cantidad que se ha destinado a esa planta en vez de a la alavesa o a otras fábricas por «competitividad, competitividad y competitividad». «Y la competitividad tiene que ver con los procesos energéticos, con los incentivos para la inversión y con la competitividad laboral. Y ahí se juntan conflictividades históricas, ahí se combina absentismo y se combina acceso a mano de obra en el entorno», resaltó el consejero delegado de Vidrala en clara referencia a Aiaraldea. Pese a todo, los directivos pusieron esmero en recalcar que «Llodio tiene futuro» y que la firma está recibiendo un apoyo «importante» del Gobierno vasco a pesar de una situación de la industria del territorio que es «preocupante». 

El tejido empresarial guipuzcoano ha presentado en el primer trimestre del año un total de 14 expedientes de regulación de empleo ERE atribuidos a causas técnicas o tecnológicas con una afección a 272 trabajadores, cuyo puesto se ha visto comprometido por las mejoras proporcionadas por la introducción de nuevas máquinas, robots y soluciones tecnológicas. Aunque los números no son elevados, si se comparan con el primer trimestre del año pasado se concluye que el número de este tipo de EREs ha crecido un 600% y el número de personas afectadas un 1.666,7%. La técnica se encuentra detrás de cada vez más expedientes de regulación de empleo en Gipuzkoa, según los datos que ha publicado el Consejo vasco de Relaciones Laborales CRL correspondientes al primer trimestre de 2026. De las tres causas por las que se presenta un ERE, las económicas mantienen su tradicional protagonismo, con 16 expedientes presentados entre enero y febrero, pero las causas tecnológicas ganan terreno y casi se equiparan a las primeras, con los citados 14 casos. De hecho, en número de afectados ya los superan con 272 puestos comprometidos por razones técnicas frente a los 191 por motivos económicos.

Nuevo golpe de efecto de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en el mercado escandinavo. Y es que su filial Solaris, especializada en autobuses ‘limpios’ y líder de este sector en Europa, ha logrado la adjudicación de dos nuevos contratos en el mercado sueco. En esta ocasión se trata de dos importantes acuerdos con los operadores Nobina y VR Sverige para el suministro de un total de 204 vehículos eléctricos. El volumen global de ambos contratos supera los 125 millones de euros, según ha explicado hoy la firma beasaindarra. El operador Nobina, un viejo cliente de Solaris, recibirá 103 autobuses eléctricos del modelo Urbino 15 LE de cero emisiones y 15 metros de longitud cada uno, que operarán en las regiones de Estocolmo (4 de ellos), Gotemburgo y Skåne, que ha adquirido 49, estando previsto el inicio de sus entregas a mediados de 2027. Los autobuses eléctricos Urbino 15 LE están diseñados para el transporte urbano y suburbano. Cada vehículo estará equipado con modernas baterías Solaris High Energy de alta capacidad, «lo que garantiza una autonomía suficiente para rutas que se extienden más allá de las áreas urbanas», subrayó CAF.

Iberdrola ha arrancado el año consolidando su cambio de modelo, con el negocio de redes ganando protagonismo frente a la generación. La eléctrica obtuvo en el primer trimestre un beneficio de 1.711 millones de euros, apoyado en el tirón de Estados Unidos y Reino Unido, que se consolidan como los principales motores de crecimiento del grupo y ya concentran más de la mitad de sus inversiones. El resultado total supone un retroceso del 14,6% frente a los 2.004 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, según precisó ayer la compañía, esta cifra no es plenamente comparable, ya que incluye las operaciones de desinversión en México y los ingresos extraordinarios registrados entonces en Estados Unidos por el reconocimiento de costes pasados. Estos elementos distorsionan la comparación interanual y explican que, en términos homogéneos, el beneficio ajustado crezca un 11%, hasta los 1.865 millones entre enero y marzo. Iberdrola pone el acento, además, en su capacidad de resistencia ante las tensiones geopolíticas derivadas de la crisis en Oriente Medio. La compañía no anticipa un impacto relevante de este escenario, apoyada en su escasa exposición a las materias primas y en el hecho de que tiene asegurado el 93% de sus suministros estratégicos hasta 2028. Ver nota Iberdrola aquí. 

Iberdrola, la mayor eléctrica en España, y Naturgy, la mayor gasista, coincidieron ayer milimétricamente en un aspecto a la hora de presentar sus resultados trimestrales: están blindadas frente al enorme riesgo geopolítico desatado por la guerra de EEUU e Irán en el golfo Pérsico, y que ha provocado lo que se considera ya la mayor crisis energética en décadas. Son las primeras dos grandes energéticas que concretan cómo les afecta esa guerra y qué medidas han tomado para esquivar sus efectos económicos. Hace unos días, Enagás –que gestiona los grandes gasoductos en España– también se refirió a este riesgo geopolítico, para enviar un mensaje de “total tranquilidad”. Aseguró que el abastecimiento de gas en España está garantizado. En todo caso, a diferencia de Iberdrola y Naturgy, que suministran energía a clientes, Enagás se limita a gestionar infraestructuras independientemente de dónde llega el abastecimiento. Iberdrola, que presentó unos resultados récord y volvió a elevar previsiones, no prevé “ningún efecto significativo en el corto plazo” por la guerra en Irán, ya que el 84% de sus activos están en países “que no están expuestos al conflicto”. En una presentación a analistas, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, añadió que “no se esperan impactos financieros relevantes derivados del actual contexto geopolítico”.

La inflación pasa factura a los bolsillos y marca ya una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores vascos. Los datos recogidos por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) señalan un alza de los salarios del 3,08% en los convenios colectivos vigentes durante el primer trimestre del año. La cifra se queda por debajo del 3,4% que fijó la inflación en marzo tras subir más de un punto fruto del estallido de la guerra en Oriente Medio y debido al aumento de los precios del combustible que, en el caos actual del Estrecho de Ormuz, todavía parece lejos de resolverse. El balance del primer trimestre recoge que el 47,1% de la población trabajadora tiene su convenio actualizado (tres décimas menos que en 2025) y un 48,5% lo mantienen en situación de prórroga (un 0,5% más). Entre estos últimos hay sectores clave como el del metal de Bizkaia y en Álava, que afectan a más de 50.000 trabajadores y que ya tienen en marcha la negociación para renovarlos, o el del comercio de alimentación y los centros de la tercera edad de Bizkaia que engloban en conjunto otros 14.500 puestos. De esta forma, hay actualmente un 4,4% de los asalariados vascos (29.605) que tienen su convenio decaído, dos décimas menos que en el mismo periodo del año pasado. Además hay que contar con acuerdos recientes como el primer convenio colectivo para los 2.700 empleos vinculados a las residencias y viviendas comunitarias de Álava que ya está firmado, aunque sigue pendiente ser registrado.

La actual coyuntura económica global, marcada por la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra en Oriente Medio, ha vuelto a tensionar los precios de la energía y las materias primas, condicionando directamente el comportamiento del IPC en todo el entorno europeo. En este escenario de incertidumbre, la radiografía de la negociación colectiva en Euskadi al cierre del primer trimestre de 2026 sitúa a Gipuzkoa en una posición de clara ventaja competitiva y social frente al resto de territorios históricos. Mientras el conjunto del País Vasco lidia con una inflación que en marzo se situó en el 3,4%, tras subir más de un punto desde el inicio del conflicto bélico, los convenios vigentes en Gipuzkoa contemplan un incremento salarial medio del 3,6%, según el informe hecho público ayer por el Consejo de Relaciones Laborales –CRL–. Este dato convierte a las plantillas guipuzcoanas en las únicas de la autonomía capaces de batir al Índice de Precios al Consumo (IPC), asegurando que el salario real no solo se mantenga, sino que gane terreno frente al encarecimiento de la vida. Esta realidad contrasta significativamente con el escenario que presentan Bizkaia y Álava, donde las actualizaciones salariales pactadas no alcanzan a cubrir el repunte inflacionista provocado por la crisis internacional. En el caso vizcaíno, la subida salarial media es del 3,05%, mientras que en Álava el incremento se queda en un 2,92%. Ambos territorios se sitúan por debajo del 3,4% de la inflación media de la CAPV, según los últimos datos conocidos, lo que se traduce en una erosión directa de la capacidad de compra para miles de trabajadores.

Tras el fuerte acelerón de los precios en marzo por el impacto inicial de la guerra en Irán sobre los precios energéticos, la inflación sorprendió ayer moderando su escalada en abril. El IPC ralentizó su avance hasta el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo, y hasta el 0,4% en tasa mensual, muy por debajo del 1,2% que subió el mes previo, según los datos avanzados ayer por el INE. La sorpresa, sin embargo, es relativa, porque abril fue el primer mes completo en que estuvieron en vigor las medidas anticrisis desplegadas por el Gobierno el 20 de marzo, entre las que sobresalen la rebaja del 21% al 10% del IVA de la electricidad, el gas natural o los carburantes; la suspensión temporal del gravamen del 7% sobre la producción eléctrica, o la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, el mínimo que permite la UE. Precisamente, han sido estos descuentos fiscales en la factura de la luz los que han propiciado la moderación del IPC en abril, ya que los precios de la electricidad han caído este mes “más que en abril de 2025”, según el instituto estadístico, lo que, junto a la contención del avance de los precios en los paquetes turísticos, “que suben pero menos que en el mismo mes del año anterior”, han aplacado el encarecimiento de la cesta de la compra, que no obstante se encuentra muy por encima del 2,3% de febrero.

Tras una primera discusión la semana pasada a los líderes de la Unión Europea (UE) sobre su batería de medidas para hacer frente a la escalada de precios por la guerra en Irán, la Comisión Europea presentó ayer una propuesta para flexibilizar las ayudas de Estado y cubrir hasta el 70% del aumento del coste energético de las empresas europeas. Este apoyo incluye además una opción simplificada de ayudas, que podrá llegar hasta los 50.000 euros, y que está dirigida a compañías de los sectores del transporte, la industria electrointensiva y de la agricultura y pesca, al haber sido especialmente afectados por la subida del precio de la energía y de los fertilizantes. La iniciativa de la Comisión Europea se encuadra dentro de un marco temporal y específico para enfrentar las consecuencias de la situación en Oriente Próximo y se centra en los sectores de la economía más expuestos ante esta crisis. La ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, pero esa fecha podrá ser revisada por el desarrollo de la situación en Oriente Próximo y de la economía europea, advierte Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó ayer que el mundo vive “su segunda gran crisis energética en tan solo cuatro años”, de lo que, a su juicio, se extrae una lección que debe ser muy clara para todos los Estados miembros: “En un mundo turbulento como el nuestro, simplemente no podemos depender excesivamente de la energía importada”. Así lo afirmó la jefa del Ejecutivo comunitario ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se abordó la estrategia de la UE en respuesta a la crisis en Oriente Próximo, donde el colapso de Ormuz está pasando una abultada y creciente factura al bloque comunitario. “En tan solo 60 días de conflicto, nuestra factura por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros sin una sola molécula de energía adicional”, afirmó Von der Leyen en referencia al súbito encarecimiento del petróleo y el gas. El primero va camino de encarecerse un 60% desde el 27 de febrero, antes del estallido de la guerra, mientras que en el gas natural la subida ronda el 40%. La consecuencia para la UE es que está pagando una factura extra superior a los 450 millones al día por el mismo crudo y gas que consumía antes del conflicto. Con el conflicto en Oriente Próximo actualmente en una precaria tregua y con un desenlace todavía muy incierto, Von der Leyen deslizó ayer que lo peor puede estar aún por llegar. “Existe una dura realidad que todos debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto pueden repercutir durante meses o incluso años”, advirtió la presidenta de la Comisión, para quien es vital “reducir nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro nacional de energía limpia, asequible y de producción propia. 

Nuevo varapalo de la Audiencia Nacional al juez que instruye la causa contra José Antonio Jainaga y otros dos directivos de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armamento israelí, IMI Systems, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. La sala de apelaciones, que ya declaró nulo el registro de la empresa siderúrgica por «desproporcionado», tumba ahora la pretensión del magistrado Francisco de Jorge de ampliar sus pesquisas a partir de un «hallazgo casual» de supuestas ventas de acero para material bélico a diferentes países. El auto vuelve a cuestionar al instructor, que ya fue censurado por el registro que ordenó a la Policía en las instalaciones que tiene la empresa en Basauri. Según lo que revela el auto, el juez instructor había decidido ampliar la investigación en base a un documento incautado en el registro –declarado nulo–, que aparentemente recogía ventas de acero a empresas armamentísticas de distintos países, «algunos de ellos terceros estados no pertenecientes a la UE». Se trataba, en concreto, de una relación de compañías a las que se exportaba, con anotaciones que describían sus actividades principales. Entre ellas figuraba IMI Systems, con la palabra «obuses» a su lado, y otras firmas con las referencias de «cuerpo de municiones» o «cañón».

3.768 euros. Esa será la cifra que luzca en la etiqueta de las nuevas furgonetas eléctricas de Mercedes Vitoria cuando lleguen a los concesionarios españoles en octubre. La compañía alemana arrancó ayer las ventas de la nueva VLE, el lujoso modelo a caballo entre furgoneta y limusina eléctrica que presentó el pasado 10 de marzo en Stuttgart. El precio es algo mayor a los 82.712 euros que valdrá la misma versión en Alemania. A partir de ahí, el abanico es muy amplio. De momento habrá tres versiones a la venta, pero luego llegarán nuevas. La VLE 300 estándar, de serie, será la más económica. Junto a ella habrá una variante ‘Confort’ por 97.192 euros y una vertiente ‘Exclusive’ que se venderá por 109.963 euros. Las primeras versiones que salen al mercado, con cinco y seis asientos –más adelante llegarán las versiones de siete y hasta ocho pasajeros– contarán con techo panorámico, dirección trasera y una autonomía de más de 700 kilómetros. Mercedes matiza que en ciudad la batería puede dar hasta para recorrer 892 kilómetros. La VLE, de momento, sólo se fabricará en Vitoria, aunque más adelante está previsto que también se produzca en China. 

El Gobierno autonómico quiere reducir la edad en la que se emancipan sus jóvenes. Sobre todo porque son varios los estudios que alertan de que la edad a la que los vascos salen de casa de sus padres es bastante tardía. Ahora, se marchan de media a los 29,8 años cuando lo «ideal» es que lo hagan a los 23. La diferencia en Euskadi es abismal. Así que para impulsar que los jóvenes se independicen antes, el Ejecutivo de Pradales va a lanzar el próximo mes una nueva convocatoria de Emantzipa, el programa que concede hasta 300 euros al mes durante un máximo de dos años. Y lo hace con novedades. Por primera vez desde su entrada en vigor en 2024, podrán solicitar la ayuda jóvenes de 23 y 24 años. Hasta el momento, el programa se limitaba a personas de entre 25 y 29 años. ¿Por qué este cambio? «Porque es en ese momento –a partir de los 23– cuando los jóvenes terminan sus estudios superiores y comienzan a tener la idea de salir de casa de sus padres», aseguró la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer. Con la rebaja de la edad mínima, el Ejecutivo calcula que 4.000 nuevos jóvenes podrán acceder a un programa que durante los dos últimos años ha concedido ayudas a un total de 9.600 personas.

De las distintas caras del declive demográfico (desde el aumento de la media de edad hasta el crecimiento del protagonismo de la franja superior a los 65 años) la que quizás sea más relevante es la escasez de niños, porque eso es lo que va a marcar la tendencia en el futuro. Pues no van bien las cosas en este sentido. Ni en el conjunto de Euskadi ni, particularmente, en Bizkaia. Los datos vienen recogidos en los Indicadores municipales de sostenibilidad del Gobierno vasco. El Índice de infancia analiza la proporción de la población menor de 14 años, que en Bizkaia se queda en el 10,63%. Es decir, solo una de cada diez personas. Se trata del porcentaje más bajo de los tres territorios vascos porque en Álava está en 12,12% y en Gipuzkoa en el 11,44%. De hecho, Bizkaia es el único que se queda por debajo de la media de la comunidad autónoma, del 11,12%. Puede que lo más preocupante no sea esto, sino la evolución a la baja que no parece encontrar suelo. En la última década el protagonismo de los menores de 14 años no deja de menguar en todos los territorios y, por consiguiente, en el conjunto de Euskadi. Nada menos que tres puntos ha bajado en casi todos los ámbitos geográficos. Porque en 2015 suponían el 14% a nivel autonómico y el 13,37% en Bizkaia. Si nos fijamos en comarcas, hay que decir que las que sufren la mayor carencia de niños están no aquí, sino en Álava. 

Los parques están cada vez más vacíos y los pupitres en muchas aulas guipuzcoanas han ido desapareciendo. No es nada nuevo que la bajada de la natalidad está dando lugar a una sociedad cada vez más envejecida, y la de Gipuzkoa no es excepción. Es más, hace diez años los menores de 14 años representaban el 14,7% de la población guipuzcoana y a día de hoy este colectivo apenas alcanza el 11,4% del total, según los datos publicados por el Gobierno Vasco. Actualmente, más de 735.000 personas viven en Gipuzkoa, repartidas entre los 88 municipios que conforman el territorio. El 11,44% de la población guipuzcoana es menor de 14 años, lo que supone una bajada de 3,3 puntos porcentuales en la última década. No solo eso, también es la cifra más baja desde que hay registros y, a su vez, el descenso más acusado de Euskadi, donde la población menor de 14 años representa apenas el 11,12%, con una bajada de 2,9 puntos en diez años. En Bizkaia, la caída ha sido de 2,7 puntos (del 13,37% al 10,63%) y en Álava de 2,6 puntos (del 14,75% al 12,12%).

Un año después del apagón que dejó sin suministro a la península Ibérica, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (Madrid, 57 años) tiene claro que su filial, Red Eléctrica (REE), operador del sistema, cumplió la normativa. Su choque con las eléctricas, a las que atribuye el incidente, y el expediente sancionador que le ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han tensionado la situación. "...Opinamos que la instrucción más importante que se ha hecho, que es la del panel de 50 expertos europeos, elude toda responsabilidad de Red Eléctrica: no hay ningún incumplimiento normativo que se haya podido vincular a la actuación del operador. En este larguísimo año, siempre hemos dicho que el TSO [Operador del Sistema y Transportista] cumplió estrictamente la normativa vigente. Ya lo hemos acreditado en el expediente del panel de expertos y lo haremos ante la CNMC...La transparencia ha sido total. Hay empresas que lo único que han aportado han sido audios sesgados y que han filtrado a través del Senado, algo que hay que valorar desde la ética empresarial. Se hicieron públicos dos días antes de mi comparecencia en el Senado y tras la publicación del panel de expertos que da la razón a Red Eléctrica". 

Redeia, el grupo semiestatal que controla Red Eléctrica, la empresa que gestiona el flujo de luz en España y las líneas de alta tensión, ha alcanzado un beneficio neto de 140 millones en el primer trimestre del año, lo que supone un 1,8% más que en idéntico periodo de 2025. La empresa se mantiene firme con respecto al apagón ocurrido hace justo un año y explica, en su cuenta de resultados, que según se ha constatado en el informe de expertos europeos que encargó la Comisión Europea, el incidente “tuvo un origen multifactorial y fue resultado de la convergencia de múltiples factores”. Redeia recuerda que, al cierre del primer trimestre de 2026, “no se han atribuido ni reconocido formalmente responsabilidades legales” por el apagón. “Aunque el proceso de designación de responsabilidades no ha concluido, seguiremos de cerca este caso para conocer su evolución futura”, comentan sus responsables.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, volvió ayer a atribuir la responsabilidad del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 a Red Eléctrica de España (REE), ya que el incidente fue “el resultado de una planificación inadecuada y de una mala gestión del sistema eléctrico”. En una conferencia con analistas para la presentación de los resultados trimestrales de la compañía, que se han saldado con un beneficio neto de 1.711 millones de euros, un 14,6% menos que hace un año, señaló que todas las investigaciones, informes y audios publicados han confirmado que “no había suficiente” energía síncrona, “aún a pesar de que la energía estuviera disponible”. Como prueba de ello aludió a la operación reforzada que se aplica desde el apagón, con “más capacidad síncrona” y con la que están pagando “miles de millones de euros en costes adicionales los ciudadanos y las empresas”, incidió. No es un problema de energía, pues Iberdrola tiene una capacidad instalada “tres, cuatro o cinco veces más que la energía que se necesita a diario”. Por ello, pidió “distinguir entre las redes de transporte, que son un negocio, y la operación del sistema, que es una responsabilidad pública”, que en otros países está totalmente separada.

El atasco de las negociaciones en Irán está pasando factura a los precios del petróleo, que ayer se dispararon un más de un 7%, hasta tocar los 119,8 dólares por barril, después de que Trump hablara de un bloqueo prolongado a la República Islámica y amenazara con retomar la guerra. Con ello el barril de Brent, de referencia en Europa, marcó máximos desde 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania. El pistoletazo de salida a las subidas de ayer fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que señaló que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”. “¡Será mejor que espabilen pronto!”, espetó, amenazando así con acabar con el alto al fuego y retomar la ofensiva. El mandatario acompañó el mensaje de una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece armado con un fusil de asalto, con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase “¡NO MÁS SR. AMABLE!”. El precio del petróleo acumula una subida del 24% en menos de dos semanas, desde que Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras un pequeño acuerdo para el desbloqueo del paso que apenas duró unas horas el 17 de abril. Y el panorama parece cada vez más negativo, ya que varios medios de comunicación publicaron ayer que Trump habría ordenado a sus asesores que se preparen para un prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz, porque el mandatario no estaría dispuesto a aceptar el levantamiento del bloqueo a los puertos y buques iraníes a cambio de que Teherán deje el paso libre, ya que eso reforzaría sus ingresos y su capacidad bélica, y tampoco quiere llegar a un acuerdo si este no ofrece garantías suficientes de que Irán no pueda obtener un arma nuclear en el futuro.

Irán se ahoga en su propio petróleo. El bloqueo impuesto por Estados Unidos a los barcos de la república islámica –o vinculados a su comercio– en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz ha dejado a la flota persa varada mientras el crudo mana de los yacimientos. La imposibilidad de transportarlo fuera del país por vía marítima ha generado tales excedentes que el régimen se ha visto forzado a improvisar almacenes, recuperar viejos depósitos olvidados –con el consiguiente riesgo de fugas– o buscar la manera de llevarlo en ferrocarril a China. Antes del 13 de abril, cuando el Pentágono aplicó el veto naval, Teherán producía y exportaba por mar más de 2,3 millones de barriles diarios de crudo y sus derivados. Pero llegaron las fragatas estadounidenses y, desde entonces, las salidas de sus buques del Golfo Pérsico se han realizado con cuentagotas. La comercialización ha caído a 567.000 barriles por día de promedio, según ‘The Wall Street Journal’. El resto se queda en casa.

Tercera pausa consecutiva en lo que va de año. La Reserva Federal dejó ayer sin cambios los tipos de interés en la franja comprendida entre el 3,5% y el 3,75% en la última reunión de Jerome Powell como presidente del banco central, cuyo mandato finaliza el próximo 15 de mayo, cuando se espera que recoja el testigo Kevin Warsh. Así, Powell se despide de la presidencia reafirmándose en la que ha sido una de sus señas de identidad en los últimos meses al frente de la Fed: “Esperar y ver”. Una apuesta por la prudencia que ha sido muy criticada, especialmente por la Casa Blanca. Aunque la decisión ya estaba descontada, hay señales mixtas en los mercados ante la incertidumbre que se abre ahora. Ayer, justo antes del anuncio, los principales índices se mantenían en el rojo, con el Nasdaq retrocediendo un 0,14%, mientras que el S&P y el Dow Jones cedían un 0,14% y un 0,64%, respectivamente. El pulso institucional con Donald Trump ha acaparado las portadas estos últimos meses, pero Powell se ha mantenido firme, sin ceder a las presiones del presidente de EEUU, que han incluido una investigación del Departamento de Justicia con posibles implicaciones penales por la gestión al frente de la institución. La semana pasada se retiraron los cargos para despejar el camino para la confirmación de Warsh.

Los primeros efectos de la inteligencia artificial (IA) ya empiezan a sentirse en la economía y el primer gran estudio que se hace en España sobre este campo apunta a que es solo el principio. En un escenario moderado, la IA destruirá en el país entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los próximos diez años, según la estimación de Funcas. Por contra, creará como máximo 1,6 millones de puestos de trabajo, lo que arroja un saldo negativo de 600.000 ocupados. El texto describe otros dos escenarios, en ninguno de ellos el balance es positivo para la economía española. En la estimación optimista, solo se destruyen 700.000 empleos, pero se generan 600.000, ya que el impacto de la tecnología también es menor a la hora de crear nuevas ocupaciones. En el escenario pesimista, el número de empleos destruidos se eleva a 3,5 millones, mientras la creación se mantiene en 1,6 millones, lo que supondría que dos millones de empleos desaparecerían, el 10% del mercado laboral si se mantiene la cifra de 22 millones de ocupados. En ese escenario, la ocupación caería por debajo de los 18,8 millones en 2035, mientras en el resto se apunta a un mercado laboral con hasta 22,1 millones de personas. «La estimación no quiere decir que el empleo total generado sea ese, se puede ganar por otro lado. No es una destrucción masiva, pero sí significativa. La clave está en quién pierde y quién gana. Lo nuevo es que el más afectado es el trabajador de cuello blanco, el técnico medio o el administrativo que había salido adelante en las otras crisis», explica Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la UGR y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas y autor del estudio.

La Comisión Europea advirtió ayer de que llevará a España ante la justicia europea si no aprueba una reforma legal que compense adecuadamente a los trabajadores del sector público por el abuso de los contratos temporales. Este es el último capítulo de una batalla emprendida desde hace años en la que se enredan los centenares de miles de empleados interinos que padecen esta situación, el Estado español, diversos tribunales (nacionales y europeos) y el propio Ejecutivo de la UE. Ese paso se ha producido al enviar la Comisión Europea al Gobierno español dos dictámenes motivados exigiendo que corrija la situación. España tiene ahora dos meses para responder o aprobar la correspondiente reforma. Si no lo hace, el Ejecutivo de la UE denunciará a España ante los tribunales y su sentencia puede acabar incluso con una multa. La historia de estos procedimientos de infracción, como oficialmente se llama al expediente por el que Bruselas insta a un Estado miembro a corregir una mala aplicación de las normas comunitarias, arranca hace 12 años.

La guerra de Irán continúa golpeando la economía internacional presionando al alza la inflación, elevando de forma notable los precios de los combustibles, y amenazando con efectos de segunda ronda sobre los márgenes empresariales y minoración del consumo. Uno de estos impactos colaterales del incremento de precios se produce en el plano doméstico. Las revisiones del IPC llevadas a cabo por organismos como el Ministerio de Economía y servicios de estudio como Funcas anticipan un sobrecoste para las arcas públicas en las revalorizaciones de sueldos de empleados públicos y pensiones contributivas, ambos conceptos con vinculación al comportamiento anual de la inflación. Aproximadamente, ambas subidas costarán 3.100 millones más de lo previsto al inicio del año, por la desviación a alza de la inflación que ya se descuenta para 2026. Mientras que la actualización de las pensiones se encarecerá en 2.100 millones, por el momento, a causa de una revisión del IPC medio para el conjunto del año un punto porcentual por encima de las estimaciones iniciales, los funcionarios recibirán igualmente el 0,5% de subida extra con carácter retroactivo a 1 de enero de 2026 que estaba previsto en el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Función Pública con los sindicatos a finales del pasado ejercicio si el IPC de este año rebasa el 1,5%. Ese medio punto que se aplica sobre las nóminas de los 3,6 millones de empleados públicos se estima en un desembolso de 1.000 millones.

«He llamado al dentista y sólo podemos seguir con los tratamientos hasta final de año. Con el sueldo de mi marido no podemos pagar lo que queda», dice Daniela, casada con un cobrador del metro de Berlín. El Estado alemán viene subvencionando en su totalidad las ortodoncias de sus tres hijos, que entre el disyuntor palatino y la corrección y enderezamiento de dientes duran unos tres años. Este es uno de los servicios que elimina la reforma sanitaria anunciada por el canciller germano, Friedrich Merz. Los detalles se habían filtrado un día antes y ayer fue el momento de poner cifras a los recortes de 16.300 millones de euros, que en 2030 habrán llegado a los 38.000. «Con esta reforma, hacemos que el sistema sanitario sea asequible para todos», argumentó Merz sobre su medida «histórica», y prometió a cambio que las cotizaciones podrán mantenerse estables «por un tiempo». En Alemania, los pagos al seguro médico público se financian entre empleado y empresa a partes iguales, mientras que el Estado interviene solo en casos especiales como beneficiarios sin ingresos. El trabajador abona aproximadamente el 7,3% de su salario bruto más el recargo adicional, un 1,7% de media en 2026, mientras que el empleador aporta la misma cantidad que la persona a su cargo. Esta reforma, según el canciller, es el medio para que esos porcentajes no deban subir drásticamente en los próximos años, aunque no descarta que deban hacerlo más adelante.

Nuevo paso de Bruselas para evitar las consecuencias nocivas que las redes sociales y las plataformas tecnológicas pueden tener sobre los menores. La Comisión Europea abrió ayer una investigación sobre Meta por no “identificar, evaluar y mitigar [...] los riesgos que supone el acceso de menores de 13 años a sus servicios” en sus redes sociales Facebook e Instagram. El Ejecutivo de la UE añade que, a pesar de que “los propios términos y condiciones” de la empresa fijan los 13 años como edad mínima de acceso a estas plataformas, “las medidas” que adopta para hacer cumplir estas restricciones “no parecen ser eficaces”. “Está claro que ahora mismo [Meta] no está haciendo lo suficiente”, denunció la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, en rueda de prensa en Estrasburgo. Según Virkkunen, aunque hay datos fácilmente disponibles —y accesibles— en la UE que indican que aproximadamente el 12% de los menores de 13 años acceden a Instagram o Facebook, “Meta no identifica, evalúa ni mitiga el riesgo que esto supone para los menores” ni “tampoco garantiza un alto nivel de privacidad y seguridad para los menores de 13 años”. Y el resultado de estas malas prácticas, recordó, es potencialmente muy peligroso. 

Elon Musk, uno de los fundadores de OpenAI, mostró ayer su “preocupación extrema” por los riesgos de la inteligencia artificial. En uno de los juicios tecnológicos del año, que le enfrenta a Sam Altman, director ejecutivo de la firma, por enriquecerse con una empresa que nació sin ánimo de lucro, señaló que la IA solo tiene dos caminos: o ser buena para la humanidad o ser destructiva. “Podría matarnos a todos. No queremos que nos hagan un Terminator”, dijo. Y clamó: “¡Sin mí, OpenAI no existiría!”. El juicio que analiza los entresijos de OpenAI y enfrenta a Elon Musk y Sam Altman empezó fuerte. Tras la selección el lunes del jurado, en la primera sesión oficial, el martes (madrugada de ayer en España), los abogados de Musk llamaron a este a declarar. En los juzgados de Oakland, Musk hizo una primera intervención en la que durante dos horas repasó la historia fundacional de OpenAI y su papel en ella. “Esta demanda es muy sencilla: no está bien robar a una empresa sin ánimo de lucro”, aseguró. Ayer, volvió a mostrarse como una persona preocupada por la humanidad.

Los glaciares continentales y la capa de hielo de Groenlandia seguirán reduciéndose en los próximos años, según afirman los científicos, tras conocerse datos que muestran que Europa se está calentando al doble de velocidad que la media mundial. En los últimos años, los buques militares y comerciales, sobre todo de Rusia, han intensificado su actividad en la región, que se prevé que algún día no albergue hielo durante el verano. El servicio de observación de la Tierra de la Unión Europea, Copernicus, y la Organización Meteorológica Mundial se basaron en el trabajo de más de 100 científicos para el informe anual sobre el “estado del clima”. “La pérdida de masa de hielo a lo largo del siglo continuará”, afirma Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Esto podría exponer a la población mundial al riesgo de inundaciones, ya que se estima que cada centímetro de aumento del nivel del mar expondría a seis millones de personas a inundaciones costeras. El continente europeo se está calentando más rápidamente que el resto del planeta, y el Ártico se calienta a un ritmo aún mayor como consecuencia de la reducción del llamado “efecto albedo”, por el cual la nieve y el hielo reflejan la luz solar de vuelta al espacio mientras que el suelo expuesto, más oscuro, absorbe el calor. El informe señala que la pérdida de masa de los glaciares europeos fue particularmente evidente en Islandia, Svalbard y la periferia de Groenlandia.