20260617

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

«Venid y conocernos porque esto solo ha sido un aperitivo», les propuso la diputada general, Elixabete Etxanobe, al final de un evento en el que se apeló a la modernidad y a la tradición que mezclan con éxito en el tejido industrial del territorio, y en el que se pusieron en valor la alta calidad de vida, los valores y a una sociedad multicultural «que curra ‘a lo bajini’, sin postureo». Pero, sobre todo, se habló de fiscalidad. Etxanobe defendió la autonomía tributaria «única en el mundo» como palanca clave que puede permitir «innovar y crecer» a los emprendedores y a los profesionales que apuesten por establecerse en Bizkaia gracias a medidas tributarias ‘ad hoc’. «Tenemos un modelo que no apuesta por bajadas generalizadas de impuestos sino por incentivar a las empresas y al talento», dijo la máxima responsable foral durante una cita en la que estuvo arropada por las diputadas de Promoción Económica y Hacienda, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, y cuatro de las principales marcas asentadas en el territorio: Iberdrola, Petronor, BBVA y Telefónica. Ejerció de ‘partenaire’ el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Un «vizcaíno orgulloso de serlo». La Diputación aterrizó en Madrid para recordar la fortaleza del Concierto Económico. «No hemos venido a hacer comparaciones, pero seguro que lo sabrán valorar», insistió Etxanobe. «No es un privilegio como dicen algunos, requiere responsabilidad, madurez y seriedad en la gestión de los recursos porque lo que recaudamos es lo que tenemos». Puso como ejemplo la capacidad del territorio para transformar su industria pesada tras la crisis de los 80 hacia sectores avanzados. «Es el resultado de décadas apostando por un modelo propio y de alinear esfuerzo» público y privado. El pasado viernes, a las puertas del acto de Madrid, la Diputación anunció una ‘revolución’ fiscal con deducciones en el IRPF de hasta el 60% y otro tipo de bonificaciones que intentan servir de potente acicate para los empresarios y los trabajadores del país y del resto del mundo que se estén planteando una mudanza o puedan recibir una oferta laboral desde Bizkaia.  Un as bajo la manga muy bien acogido por los empresarios que ayer se presentó en sociedad.

Guerra fiscal en Euskadi. El plan presentado por Bizkaia con medidas destinadas a retener y atraer talento y fomentar el arraigo empresarial, «único» en el mundo, abre una etapa de disputa entre los tres territorios vascos como no se veía desde hace una década. La diputada general vizcaína, Elixabete Etxanobe (PNV), expuso este martes en Madrid, a bombo y platillo, ante el presidente de la patronal CEOE y dirigentes de BBVA, Telefónica y Petronor, las bondades de unas normas tributarias, anunciadas por sorpresa el viernes en Bilbao, que persiguen seducir a profesionales cualificados y a proyectos profesionales de primer nivel. Unas medidas que aún no tienen el aval de su socio del PSE en Bizkaia, según afeó un día más tarde el consejero socialista Mikel Torres, aunque el territorio vecino cuenta con la ventaja de que su Gobierno foral tiene mayoría absoluta y no necesita el apoyo de alguno de los partidos de la oposición, como sucede en Gipuzkoa y Álava. De ahí el riesgo de que la batalla por el talento, una de las grandes preocupaciones de nuestras compañías, desencadene una guerra en Euskadi que finalice en una desarmonización que entraña riesgos para la economía. Riesgos de verdad. Desde el prisma económico, la amenaza a la que se enfrentan los territorios rezagados es la deslocalización interna dentro de la propia comunidad autónoma. Al existir un marco tributario considerablemente más atractivo a pocos kilómetros, las empresas de alto valor añadido y los profesionales cualificados que estén planeando instalarse en el País Vasco elegirían la ventanilla vizcaína. Incluso existiría el riesgo latente de que corporaciones ya arraigadas en territorio alavés o guipuzcoano decidieran trasladar sus sedes sociales o las residencias fiscales de sus directivos clave para aprovechar de inmediato unos incentivos que sus diputaciones aún no pueden ofrecerles.

A falta de conocer el texto completo del fisco alavés –habrá que esperar hasta otoño–, lo que se sabe, de momento, es que el plan de la Diputación contemplará rebajas de hasta el 60% para garantizar el mantenimiento de empresas y trabajadores. Sin la letra completa, la 'música' suena bien entre las organizaciones empresariales, que ya han dialogado con la Diputación sobre este asunto, fundamentalmente para trasladar «las inquietudes de las empresas». «Creo que nos están escuchando. No sabemos cuáles son las medidas definitivas, pero sé que los equipos están trabajando y tenemos confianza en que eso se mejore», señaló Juan Antonio    Sánchez Corchero. El presidente de SEA indicó que, a falta de detalles, el plan del Ejecutivo de Ramiro González «va por el buen camino». «Nosotros pedimos más, pero entiendo que tendremos que llegar a un acuerdo y estamos contentos de que por lo menos nos escuchen», apuntó. El encuentro también sirvió para preguntar al presidente de la Vital, Jon Urresti, por la apuesta de BBK por el centro tecnológico de Talgo, que apunta a instalarse en Bizkaia en vez de en Álava. Sin embargo, el directivo de la fundación bancaria echó balones fuera. «Es un tema de Talgo y ellos decidirán», se limitó a señalar. Cuestionado una segunda vez por este asunto, recalcó que «toca hablar de las empresas de 5 a 250 trabajadores», en referencia al plan presentado este martes. «Talgo va a tener en Álava 900 puestos de trabajo», replicó.

Diez millones de euros en dos años. La Fundación Vital activa su 'operación arraigo' para las pymes industriales. Tras implicarse en operaciones como la de Ayesa, Talgo o las adquisiciones de Innometal y Ohmnia Electronics, la fundación de la antigua caja de ahorros alavesa busca ahora pequeñas y medianas empresas locales necesitadas de una inyección de capital. Sin embargo, estas operaciones serán diferentes a las de los grandes motores que han acaparado titulares hasta la fecha. Se enmarcan dentro de una nueva iniciativa, llamada 'Industria Gara', en la que también participan SEA Empresas Alavesas y la Cámara de Comercio. Las organizaciones empresariales formarán parte del comité que decida dónde poner el dinero y cuánto aportar. «Creemos que la industria es el mejor proyecto colectivo del presente y futuro de Álava. Estamos convencidos de que con un tejido industrial sólido, arraigado, competitivo y comprometido, nos irá bien a la sociedad alavesa», afirmó Jon Urresti, el presidente de la Vital. «Si algo define Álava, es su vocación industrial. El legado es el buzo. Gracias a él tenemos la renta per cápita más importante de este país y el mayor salario medio», completó Gregorio Rojo. El plan bienal se pone en marcha con un presupuesto de once millones de euros. De ellos, diez irán a operaciones de arraigo y crecimiento, mientras que uno se dedicará «a realizar diagnósticos y planes de mejora clave para el sector industrial».

Las empresas, a través del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llevan tiempo exigiendo al Gobierno medidas para hacer frente al desafío «más grande del mercado laboral, la economía y del sistema sanitario». Este martes, la principal organización de empresarios reunió en su sede a más de una veintena de patronales autonómicas y sectoriales durante las jornadas 'Todos contamos. Absentismo x IT: un problema de país' para presentar un decálogo de medidas y hacer frente a esta «pandemia silenciosa».Entre ellas, Garamendi pide eximir a las empresas del pago de las cotizaciones por las bajas en los procesos que duran más de 365 días y que se han incrementado en los últimos años por los «cuellos de botella» en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. También reclama exonerar del 100% de las cotizaciones de las bajas en los contratos de duración determinada que se suscriben para sustituir a un trabajador con un contrato suspendido por estar de baja. Esta última propuesta quiere extenderla al trabajo autónomo, ya que para un trabajador por cuenta propia con uno o dos empleados a cargo, una baja supone que la mitad de su plantilla no trabaje. Junto a ello, el líder de la patronal aboga por reforzar los controles que se realizan a los trabajadores que están en una baja médica de larga duración, de manera que no se realicen a partir de los 365 días, sino que exista una revisión cada tres, seis y nueve meses. También pide involucrar más a las mutuas en las bajas y altas médicas, así como incrementar el número de profesionales sanitarios e inspectores.

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, catalogó ayer de «memos» a los jóvenes que están de baja por problemas de salud mental porque «les ha dejado la novia» o porque su jefe les pide que trabajen. Nicolás, que participó en la jornada ‘Todos contamos Absentismo x IT: un problema de país’ organizada por CEOE, criticó que en España hay un alto número de bajas que pueden considerarse «fraude» y desaprobó que se concedan incapacidades temporales por problemas de salud mental sin que al trabajador le atienda un especialista en estas afecciones. Por ello, Nicolás señaló que la generación actual «no es comparable» con la anterior, refiriéndose a la suya propia, y les calificó como «memos» porque «cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema». Con todo, recalcó que en su opinión serían necesarios más inspectores médicos y consideró un «disparate» las cifras de absentismo que se registran en el país. Al ser preguntado por estas declaraciones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se desmarcó de las mismas y aseguró que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones y que se ha agravado tras la pandemia.

Contratar en Euskadi nunca había salido tan caro. Las empresas vascas desembolsaron una media de 3.791 euros al mes por trabajador durante el primer trimestre, un 7,1% más que un año antes. Este indicador, que incluye salarios, cotizaciones sociales y otros gastos asociados al empleo, registró así la segunda mayor subida de toda la serie histórica, que arranca en 2008. Solo la supera el repunte del 8,9% anotado en el segundo trimestre de 2021, en plena recuperación económica tras la pandemia. La principal explicación de este aumento récord se encuentra en el avance de los salarios. El coste salarial total, que recoge todas las retribuciones abonadas a los trabajadores, aumentó un 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, las cotizaciones sociales obligatorias avanzaron un 3,7% –en línea con la inflación– y el resto de conceptos apenas registraron cambios significativos. El motivo del fuerte crecimiento del coste salarial se explica, en cualquier caso, por los pagos extraordinarios y los atrasos. Y es que el salario ordinario, el indicador que refleja la remuneración bruta habitual que reciben los trabajadores cada mes, creció un 4,6% hasta los 2.412 euros. Sin embargo, el coste salarial total –que incorpora además pagas extraordinarias, atrasos y otros conceptos retributivos– se disparó un 8,7%. La diferencia entre ambos indicadores apunta a que durante el primer trimestre del año los trabajadores recuperaron parte del poder adquisitivo perdido durante la espiral inflacionista en la que derivó la invasión rusa de Ucrania. Este avance consolida a Euskadi como la segunda comunidad con mayor coste laboral de España, solo por detrás de Madrid, donde las empresas desembolsan 4.015 euros mensuales por cada trabajador.

Tubacex no ve claro que en este 2026 se pueda activar su fuerte cartera de pedidos, que supera los mil millones, y ha optado por recurrir a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde el próximo 6 de julio y hasta el 28 de febrero de 2027. Se trata de un mecanismo que ha presentado este martes a los sindicatos y con el que pretende ganar flexibilidad para gestionar los tiempos y la producción en este año. Se abre ahora el periodo de negociación con los representantes de los trabajadores para tramitar el expediente del ERTE con o sin acuerdo con la parte social. En la reunión mantenida este martes, la dirección ha explicado, según confirman fuentes sindicales, que el cóctel formado por la guerra en Oriente Medio, los aranceles de Donald Trump y cierto frenazo en la actividad de China han provocado una caída de pedidos. En los últimos meses los problemas de logística por el cierre del estrecho de Ormuz ya habían afectado a la actividad de la planta en Abu Dabi. Una instalación clave, que comparte con el fondo soberano de ese estado al 49%, para la entrega del pedido de mil millones de tubos para petróleo y gas que ha encargado la compañía nacional del emirato. Aunque la afección no es estructural, en el primer trimestre de este año la facturación de Tubacex ha caído más de un 15% con 154 millones, lo que provocó un desplome del 84% del beneficio con 1,3 millones de ganancias.

Euskadi se dispone a desbloquear la vía legislativa para una de las tecnologías energéticas con mayor proyección para hacer frente a sus asignaturas pendientes en materia de transición ecológica. El Gobierno Vasco ultima la aprobación del decreto que fijará las reglas del juego para instalar plantas solares fotovoltaicas flotantes en los embalses de las cuencas internas, un ámbito que afecta de lleno a los entornos guipuzcoanos. Son los casos del Urola, Oiartzun, Deba, Urumea, Oria y Bidasoa (junto con sus pequeños afluentes en el tramo guipuzcoano). De hecho, Gipuzkoa ya trabaja, aunque aún de manera preliminar, sobre una iniciativa de estas características. Fuentes de la sociedad Aguas del Añarbe confirman a este periódico que cuentan «con un estudio y proyecto de placas fotovoltaicas flotantes en el embalse», una iniciativa que ha logrado captar financiación europea a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Sin embargo, el proyecto guipuzcoano choca en la actualidad con el principal cuello de botella de la transición energética: las infraestructuras eléctricas. Desde Añarbe reconocen que «existe una dificultad relacionada con la necesaria conexión de la eventual central fotovoltaica flotante a la red eléctrica». Esta barrera técnica y burocrática ha provocado un efecto dominó que ha «impedido avanzar en las siguientes fases del proyecto, como la realización del estudio de impacto ambiental, la obtención de las autorizaciones pertinentes y la eventual fijación del canon», señalan desde la entidad gestora que confían en poder avanzando a medida que la legislación aclare las condiciones.

El rescate de la histórica papelera de Errenteria, que entró en concurso voluntario de acreedores a mediados de abril con una deuda de 70 millones de euros, ya es una realidad a efectos legales. El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de San Sebastián ha dictado el auto que aprueba definitivamente la venta de Papresa a favor del conglomerado extremeño CL Grupo Industrial. La dirección pacense desembolsará diez millones de euros en efectivo para hacerse con la fábrica, además de asumir ciertas deudas implícitas para garantizar la actividad industrial, como los arrendamientos de las máquinas de papel y cartón (unos 12 millones) y algunos pagos a proveedores (2 millones). La antigua Cristian Lay tiene además la intención de inyectar 9,1 millones de euros en concepto de capital circulante, 2,5 millones para la caja y otras futuras inversiones. En cualquier caso, la resolución judicial, que era lo último que faltaba tras el acuerdo entre plantilla y empresa, recoge la subrogación de un poco más del 80% del músculo laboral (167 personas) y asegura la continuidad de la actividad industrial en Oarsoaldea. La rúbrica entre comité de empresa y la nueva dirección de la papelera también recoge una congelación salarial y el incremento de la jornada laboral en un 5%, hasta las 1.674 horas anuales durante los próximos dos años.

Una vez más, Gipuzkoa bate su propio récord de recaudación. La Hacienda foral ha ingresado hasta mayo 2.177,7 millones de euros a través de los impuestos pagados por los ciudadanos, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Una buena noticia que sirve para constatar el buen momento que atraviesa la economía guipuzcoana a pesar de todos los pesares de la inestabilidad geopolítica y la competencia china, ya que tanto el PIB como la recaudación y el empleo envían señales muy positivas. En síntesis, los ingresos íntegros han aumentado un 6,2%, mientras que las devoluciones han crecido un 6,0%, según desveló la portavoz foral ayer en rueda de prensa. Entrando en detalle, por figuras tributarias, la recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado un 9,4%, mientras que la de los impuestos indirectos lo ha hecho un 5,0%. El IRPF y el IVA han sido los motores de los ingresos.

"Los planes de estudio de ahora son muy diferentes a los de hace 50 años y seguramente los que estamos diseñando en la actualidad tampoco serán similares a los de dentro de tres décadas. Pero nosotros mantendremos el mismo compromiso de no dejar a nadie por el camino, de crear oportunidades y abrir puentes de futuro". Con esas palabras, la directora de Lea Artibai Teknik Ikastetxea, Noelia Barruetabeña, resumió el espíritu del acto central con el que el centro de enseñanza de la comarca celebró el lunes su 50º aniversario como cooperativa. Aunque fue en 1976 cuando se convirtió en Sociedad Cooperativa de Enseñanza, sus orígenes se remontan a la Escuela Parroquial impulsada por la familia Uriarte-Esperanza y fundada en 1950 por el Obispado de Bilbao. Ese mismo año, la Diócesis decidió sustituir el modelo existente al no poder asumir los costes de impartir el segundo grado de Formación Profesional. Así nació, con la implicación de 595 socios, el centro que durante décadas sería conocido popularmente como ‘La Laboral’ de Markina. «Miles de personas de Lea Artibai han crecido, educado y formado en una instalaciones que en la actualidad registra una media 1.600 alumnos al año», detallaron. «También son miles los que han pasado directamente de aquí a la inserción laboral. Y es que Lea Artibai Ikastetxea es el lugar donde las empresas encuentran talento», recalcó. La Fundación Leartibai ha ayudado a la creación de 600 empresas en la zona no técnicas, desde el bachillerato hasta el aula de estudios de tareas, pasando por la formación continua. Precisamente, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, recalcó la importancia de la enseñanza, el aprendizaje y la memoria. «Hemos visto las semillas plantadas, las aportaciones realizadas y los sueños de diferentes generaciones que han trazado su camino para llegar hasta hoy en día», añadió la consejera para subrayar a continuación que «Lea Artibai es una región que apuesta por la transformación social y la competitividad».

El Parque Tecnológico de Euskadi cierra el ejercicio de 2025 con un nuevo récord de empresas alojadas en sus seis campus activos. Un total de 692 compañías científico-tecnológicas desarrollaban su actividad en sus instalaciones a 31 de diciembre, la cifra más alta de su historia y un 3% más que el año anterior. El dato, recogido en el Informe de Actividad Anual del Parque Tecnológico de Euskadi, confirma la tendencia de crecimiento sostenido del ecosistema de innovación vasco. Las empresas instaladas en los campus de Zamudio/Derio, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Leioa, Hernani y Abanto facturaron conjuntamente 9.257 millones de euros durante 2025, un 12,3% más que en el ejercicio anterior, y dieron empleo a 24.395 personas, lo que supone también un incremento del 3%. Uno de los indicadores que más creció fue la inversión destinada a I+D, que aumentó un 30% hasta alcanzar los 854 millones de euros, frente a los 660 millones registrados en 2024. Este comportamiento refuerza el papel del Parque Tecnológico como motor de innovación y competitividad de la economía vasca. Además, el informe pone de relieve el peso de los sectores estratégicos definidos en el Plan de Industria 2030 del Gobierno Vasco. Las actividades consideradas prioritarias representan ya el 76% de la facturación total del Parque. Entre ellas destacan el sector aeroespacial, con 2.787 millones de euros de facturación, y las soluciones digitales avanzadas, con 1.380 millones. En términos de empleo, lidera el ámbito de la I+D, con 4.710 personas trabajadoras, seguido del sector energético, con 3.980.

Enpresa batek milioi bat euro fakturatzen badu, milioi bat euro balio du? Galdera tranpatia da, baina hortik abiatzen da valuation edo enpresen balorazioaren garrantzia. Finantza eta inbertsio munduan ohikoa da terminoa, baina ez da beti ezaguna graduatu berrientzat, ezta herritar xumeentzat ere. Funtsean, valuation edo balorazioa enpresa batek ekonomikoki zer balio izan dezakeen aztertzeko metodologia da. Baina ez da kalkulu hotz bat bakarrik: konpainiaren egoera, ibilbidea, aktiboak, bezero eta hornitzaileekin duen harremana, sektorearen bilakaera eta etorkizuneko aukerak mahai berean jartzea eskatzen du. Gehiago irakurri hemen. 

El Gobierno vasco y la Universidad del País Vasco protagonizaron ayer un nuevo choque institucional, en este caso por la polémica desatada tras el desplome de las notas en el examen de Euskera (Lengua Vasca y Literatura) de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las bajas calificaciones, incluido un carrusel de ceros en un tribunal en el que se examinaron 350 estudiantes de colegios concertados de modelo A, llevaron al Ejecutivo autonómico a exigir «rigor, transparencia y rigurosidad» a la EHU en la revisión de las pruebas. De momento nadie ha explicado la razón de la mayor exigencia este año ni cómo es posible que decenas de alumnos, algunos con títulos B2, el que se pide en muchos empleos públicos, recibieron un cero en el examen. La institución académica, de momento, se limita a defender los «estrictos criterios de objetividad» con los que se evalúa a los estudiantes, calificó la petición del Gobierno de «incomprensible» y recordó que Educación es parte implicada en la «organización, coordinación y supervisión» de la PAU. Es decir, ambas entidades se enzarzaron en contestarse una a otra, pero ninguna profundiza en lo que interesa a las familias que temen por el futuro académico de sus hijos. Nadie aclara por qué ha habido tal descenso general de las notas. La crisis abierta llevó ayer a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, a reunirse «de urgencia» con el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y personas de su equipo. Fuentes de Educación informaron de que la cita se desarrolló «en un clima cordial y de colaboración». 

El mercado laboral cerró el primer trimestre con un total de 159.785 vacantes, 6.900 más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más alta de toda la serie histórica, que arrancó en 2013, de acuerdo con los datos publicados ayer por el INE. Muchas de esas vacantes sin cubrir se encuentran en sectores técnicos e industriales, así como en la construcción, pero también en el sector servicios, especialmente en ámbitos que requieren especialización. De hecho, el grueso de los puestos sin cubrir se concentra en los servicios: 138.379, el 86,6% del total; mientras que el resto se reparte entre la industria, con 12.261 vacantes, y la construcción, con 9.145. Un fenómeno que se ceba, por este orden, en las tres mayores economías regionales del país: Cataluña, Madrid y Andalucía. Esta escasez de mano de obra, que en los sectores más afectados provoca una significativa pérdida de capacidad productiva, es fruto de una combinación de factores: el envejecimiento de la población activa, la falta de relevo generacional y el cambio en las expectativas laborales, sobre todo en los más jóvenes. Y, además, es más que probable que la cifra oficial se quede corta respecto a la situación real del mercado, ya que las encuestas del INE solo reflejan las vacantes activas en un momento determinado. De hecho, patronales y firmas de recursos humanos estiman que la cifra real podría rondar entre los 200.000 y los 250.000 puestos sin cubrir, ya que muchas de las vacantes se acaban cubriendo con perfiles que no se adecuan a los mínimos exigidos. En la construcción, donde la falta de perfiles especializados y la burocracia provocan importantes retrasos en las obras, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) cifra en unos 700.000 los trabajadores necesarios para materializar los proyectos comprometidos, mientras que la patronal hostelera, Hostelería de España, acaba de lanzar un portal web de empleo para unificar el sector y cubrir 50.000 puestos de empleo vacantes de cara a la temporada estival.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a los seis principales bancos españoles por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario. En concreto, se dirige a Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell, e investiga –según informó el organismo en un comunicado este martes– las declaraciones públicas de algunos de sus directivos «sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo». Según Competencia, estas intervenciones «habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores» y constituyen indicios de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que serían contrarias al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En los últimos meses, los bancos españoles han estado compitiendo intensamente en una guerra hipotecaria para atraer clientes, ofreciendo tipos de interés cada vez más bajos. Aunque esta estrategia ha beneficiado a quienes buscaban financiación, muchos de estos bancos han considerado a través de las intervenciones de sus principales espadas, que se ha llegado a un nivel excesivo de competencia. Según ellos, algunas hipotecas a tipo fijo se estaban concediendo con intereses tan bajos que apenas generaban beneficios, e incluso podían resultar menos rentables que otras inversiones más seguras.

La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) ha emitido un informe que descalifica el proyecto estelar de Moncloa para «agilizar inversiones estratégicas», porque se dota de tal margen discrecional que puede servir para favorecer a empresas que el poder considere amigas. El organismo regulador que preside Cani Fernández publicó este martes su informe en el que reclama amplias modificaciones al llamado «proyecto de Real Decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas». Se trata del texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado marzo a propuesta del Ministerio de Presidencia, porque se trata de un plan promovido por el propio Pedro Sánchez para que un nuevo comité presidido por su director de la Oficina Económica en Moncloa, Manuel de la Rocha, decida qué proyectos de inversión son estratégicos y merecen una alfombra roja administrativa y, por ejemplo, acceso exprés a la red eléctrica, actualmente saturada con larga lista de espera. Según la CNMC, la definición de qué proyectos pueden merecer tal apoyo oficial es tan vaga, que puede distorsionar la libre competencia. «Estos criterios presentan un elevado grado de indeterminación, al apoyarse en conceptos abiertos como «relevante», «significativo» o «altamente cualificado», sin que se establezcan umbrales cuantitativos, parámetros de referencia o criterios de comparación que permitan delimitar con precisión su alcance». Por tanto, «esta configuración dificulta anticipar qué proyectos pueden ser considerados estratégicos y otorga a la Administración un margen excesivamente amplio de discrecionalidad en su aplicación». 

Aunque el plazo para culminar la ejecución de los fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia termina oficialmente el 31 de agosto, el Gobierno ya asume que tendrá tan sólo mes y medio desde ahora para rematar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, ya que agosto es un mes tradicionalmente inhábil en la Administración Pública y de parón en la mayoría de empresas del país. Desde el Ministerio de Economía asumen que «es el plazo fijado por la Comisión. A la hora de justificar la ejecución, tiene que finalizar antes del 31 de agosto» y confían en que en ese último mes continúe el proceso, pero en la práctica es un secreto a voces que España se para en agosto con motivo de las vacaciones. Según los últimos datos, a cierre de abril, de la Intervención General de la Administración del Estado, de los 17.558 millones de euros asignados para este ejercicio una vez ajustado el crédito inicial, hasta el 30 de abril el Gobierno había autorizado proyectos por 4.851 millones (un 27,6% del total en cuatro de los ocho meses disponibles para ejecutar). Pese a que ese es el volumen aprobado, sólo se han reconocido obligaciones –ejecución real– por 1.034 millones (el 6%) y se han hecho pagos por 668 millones. 

Indra ultima acuerdos con los gigantes alemanes Rheinmetall y MAN para utilizar sus plataformas en dos de los contratos de modernización militar que le adjudicó el Gobierno español el año pasado. Se trata, por un lado, del contrato de artillería sobre ruedas (adjudicado a una UTE de Indra con Escribano Mechanical & Engineering, EM&E) y, por el otro, de la licitación para el vehículo lanzapuentes de ruedas. En conjunto, están valorados en unos 3.000 millones de euros. “Estamos en una fase de conversaciones muy avanzadas”, apunta el director de programas de Indra y responsable de Indra Land Vehicles, Frank Torres, en el marco de Eurosatory, la feria internacional de Defensa que se celebra estos días en París y en la que participa una nutrida representación de empresas españolas del sector.

Repsol ha anunciado que ha firmado un acuerdo de intenciones (MOU, por sus siglas en inglés) con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para analizar la posibilidad de desarrollar una nueva zona petrolífera en aquel país, denominada Horcón y ubicada al sureste del Lago de Maracaibo. El acuerdo fue suscrito ayer por la noche, hora española (por la tarde en Caracas) durante una reunión mantenida por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el director general de exploración y producción (upstream) de la compañía, Francisco Gea, con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; la ministra de hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón. En la reunión también se trataron, indican fuentes de Repsol, “los avances operativos de los activos de la compañía en Venezuela y las inversiones comprometidas para garantizar la continuidad y el crecimiento de la actividad, así como los mecanismos de pago asociados a los acuerdos vigentes y el plan de cargamentos de crudo previsto para los próximos meses”.

El precio del petróleo se ha hundido con fuerza en la última semana, como resultado del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo y reabrir el estrecho de Ormuz, pasando del entorno de los 95 dólares en los que se movía hace apenas una semana a caer por debajo de los 80 dólares ayer. Sin embargo, la empresas y los analistas apuntan que la situación en el mercado energético está lejos de normalizarse por completo y que, después de las bajadas iniciales, la cotización del crudo tardará en recuperar las cifras previas al inicio de la ofensiva, cuando se situaba por debajo de la cota de los 70 dólares. ¿La razón? Las infraestructuras destruidas auguran que la producción en los países de la zona tardará un tiempo en recuperarse por completo, mientras que las navieras desconfían de la seguridad para el tránsito por Ormuz, por lo que el número de buques sigue muy por debajo de lo habitual. Jotaro Tamura, CEO de Mitsui OSK Lines, una de las principales navieras a nivel mundial, señaló ayer a Financial Times que las empresas se mostrarán reticentes a volver a utilizar la vía del estrecho de Ormuz hasta que tengan la certeza de un acuerdo “material”. Es decir, que las dudas podrían mantenerse no solo hasta la firma del acuerdo en Suiza, muy probablemente este viernes, sino también hasta que se cierren los flecos pendientes, como es el caso del programa nuclear iraní o la imposición o no de peajes por cruzar Ormuz. 

En medio siglo de democracia, jamás un expresidente del Gobierno había comparecido ante un juez como imputado. José Luis Rodríguez Zapatero lo hará a partir de las 9.00 horas, en la sede de la Audiencia Nacional, en una cita con dos jornadas señaladas –hoy y mañana– y una carga histórica que va más allá del ‘caso Plus Ultra’. Antes pasaron por distintos tribunales Adolfo Suárez, Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar, pero lo hicieron como testigos. También Pedro Sánchez, en activo, declaró como testigo en la causa abierta a su esposa, Begoña Gómez. Zapatero cruza en esta jornada histórica otra puerta: la del investigado. Acusado originariamente de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, el expresidente tendrá que responder a otros dos cargos adicionales (contrabando y delito fiscal), después de que el magistrado haya rechazado la petición de la defensa de posponer la parte del interrogatorio referido a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en la caja fuerte de su despacho. El exlíder socialista llega ante el magistrado José Luis Calama con una estrategia de fondo que, según fuentes jurídicas, no pasa por admitir ninguna gestión irregular, sino por despegarse de todo lo que otros han dicho de él.