20260701

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Ya ha comenzado el movimiento en torno a Tubos Reunidos. Abierta la primera fase del concurso de acreedores, los interesados en la empresa o en alguno de sus activos ya pueden solicitar el acceso a las cifras y a los datos económicos de la compañía vasca con más de un siglo de historia. Para ello tienen que firmar la carta de confidencialidad, lo que les da derecho a conocer esa información, así como a visitar las instalaciones y a contactar con el equipo directivo o los trabajadores. Se trata de los pasos previos a formalizar una primera oferta vinculante hasta el 14 de septiembre y que, según está ordenado el concurso, puede ser doble. Es decir, una por el conjunto de la empresa y otra por alguno de sus activos. En ese contexto, muchas empresas del sector, fondos, inversores u oportunistas del mercado que se han sentido intrigados o atraídos por Tubos Reunidos deben retratarse si quieren seguir analizando la operación. Un trámite que, según confirman fuentes de toda solvencia, ya han realizado dos referentes industriales vascos: Tubacex y el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga. Según señalan las mismas fuentes, este paso no supone nada más que la decisión de analizar la empresa y es, según explican, casi algo obligado para cualquier actor del sector siderúrgico nacional. Jainaga no ha negado nunca públicamente el interés por Tubos Reunidos, aunque tampoco ha confirmado abiertamente que sea un activo que pretenda.

La junta de accionistas de Tubos Reunidos se celebró ayer con un ‘quorum’del 33,4%, que fue suficiente para aprobar las cuentas de la empresa y el informe sobre la gestión correspondiente al ejercicio pasado. En 2025 registró unas pérdidas de 118 millones respecto al beneficio de 28 del año anterior. El resultado negativo lo fue a pesar de un incremento de las ventas del 13% con 366 millones. Pero la pérdida de rentabilidad de la empresa y ajustes contables en los activos de Estados de Unidos hundieron el resultado operativo elevando la deuda bruta hasta los 298 millones y la neta a 263. Una situación que, como detalló el presidente, Joaquín Fernández de Piérola, llevó a la empresa a una situación de «insolvencia inminente» y a solicitar el concurso voluntario de acreedores con el que, según dijo, «confiamos en dar con una solución que mantenga la actividad de la empresa». Todo, en plena tormenta judicial por las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el rescate de 112,8 millones que la Sepi concedió a la empresa en 2021. Según la fiscalía y la investigaciones de la Guardia Civil, hay sospechas de criminalidad en el pago de un presunto tráfico de influencias por parte de Tubos Reunidos a cambio del rescate público. Las investigaciones han probado el pago de un total de 250.000 euros por parte de la empresa a las empresas de la ‘trama Leire’. 

La Comisión Europea anunció este martes la entrada en vigor a partir del 1 de julio de nuevas restricciones a la importación de acero a la Unión Europea para proteger a la industria siderúrgica. El nuevo reglamento sustituye las medidas de salvaguarda vigentes hasta ahora e introduce un sistema de contingentes más restrictivo, con un arancel del 50% para las importaciones que superen los cupos establecidos de 26 productos siderúrgicos. La normativa tiene como objetivo proteger a la industria europea de la sobrecapacidad global de la producción de acero y garantizar su viabilidad a largo plazo, preservar el empleo y favorecer la transición limpia de este sector. El reglamento reserva la mitad del contingente anual de importación –unas 18,3 millones de toneladas– para los países con acuerdos de libre comercio con el bloque comunitario. La otra mitad estará abierta al resto de socios comerciales de la UE. Bruselas quiere equilibrar, de este modo, la protección de la industria con las buenas relaciones comerciales y el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de Comercio. El reglamento introduce también requisitos de trazabilidad para identificar el origen del acero importado. Las compañías deberán aportar información acerca de dónde se ha fundido cada producto como medida para restaurar la competencia justa. La propuesta de la Comisión es la respuesta europea a la persistente sobrecapacidad global del sector del acero, que supone «un grave problema global» y continúa perturbando los mercados internacionales.

La UE comienza a erigir sus murallas para protegerse frente a la avalancha de productos chinos. Tras meses de espera, hoy entran en vigor dos grandes medidas llamadas a blindar a las compañías europeas de lo que se considera una competencia desleal por parte del gigante asiático: cuotas para combatir la sobrecapacidad en el mercado de acero y una tasa de tres euros a los paquetes pequeños con la que atajar el auge del comercio electrónico. Las decisiones se articulan de forma completamente independiente y en línea con los requerimientos de la Organización Mundial de Comercio en lo que se refiere a que no resulten directamente discriminatorias. Así, aunque China es el objetivo final, las medidas de protección no se dirigen de forma concreta contra el país, sino que afectan a todos los socios comerciales de la UE, si bien se entiende que el gigante asiático será el más golpeado. En el terreno del acero, donde la sobreproducción de muchas industrias está amenazando la supervivencia de las capacidades europeas, el bloque comunitario ha decidido imponer aranceles globales del 50% a todas las importaciones que superen la cuota de 18,3 millones de toneladas anuales. La medida supone incrementar la tasa fuera de la cuota desde el 25% previo, pero, además, reduce la cuantía máxima a importar en un 47% respecto a los datos recogidos el pasado ejercicio. En la actualidad, la industria europea opera al 67% de su capacidad y, con estas medidas, se espera que esa actividad se eleve hasta el 80%.

Las inversiones en criptomonedas de «unos 20.000 vascos» quedan en el aire a partir de hoy por la entrada en vigor de MiCA, el reglamento europeo que obliga a las plataformas del sector a contar con una licencia para seguir operando en el continente. Y es que Binance, la gigante casa de cambio y una de las más utilizadas en todo el mundo, no la ha conseguido, lo que pone en jaque un saldo total de «diez millones de euros» en inversiones realizadas por los vascos a través de esta plataforma. Según los expertos consultados, los usuarios deben transferir este dinero a otras cuentas en dos meses para no correr el riesgo de que se les congelen las cuentas. Desde que la norma se aprobó en diciembre, las compañías que operan con criptoactivos tuvieron un plazo transitorio de siete meses para hacerse con la licencia. Hoy acaba ese plazo y las plataformas que no la hayan conseguido dejarán de estar operativas para otra cosa que no sea facilitar la retirada de activos de sus usuarios. Su afección en Euskadi, estima el CEO de Fazil Crypto Ignacio Santos, ronda entre los «20.000 y 25.000 ciudadanos». MiCA regula todo el mercado y tiene el objetivo de analizar cualquier operación relacionada con estas divisas. Su afección es clara: según las estimaciones, cada uno de esos 20.000 vascos mantienen un saldo de 5.000 euros de media solo en Binance. Un total de diez millones de euros que, a partir de ahora, quedan inutilizados y que deberán retirarse en los próximos dos meses. 

CC OO y UGT se dotarán su propia caja de resistencia para proteger a los trabajadores afiliados durante las huelgas. Así lo anunciaron ayer los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que anunciaron que el fondo dispondrá de ocho millones de euros –cuatro aportado por cada central– de forma experimental para 2026 y 2027. De esta manera los dos sindicatos de corte confederal se dotarán de una herramienta de la que, en el caso vasco, presume habitualmente ELA. El representante de CC OO destacó ayer que esta herramienta no está pensada para «buscar la huelga por la huelga», pero sí quiere «dar poder de negociación» a unos sindicalistas que, según señaló Sordo, «se las están viendo canutas para sacar adelante muchos convenios colectivos». Aunque el fondo irá dirigido a los afiliados de ambos sindicatos, cuyas cuotas se utilizarán para financiar la partida, el secretario general de UGT destacó que sus efectos beneficiarán al conjunto de los trabajadores al ayudar a desbloquear los convenios y mejorar así la situación de todos los afectados.

La incertidumbre que afecta al mundo tiene su efecto –también negativo– sobre el mercado inmobiliario de nuestro entorno. La compraventa de viviendas registró un descenso en abril en Euskadi por cuarto mes consecutivo. Según un informe dado a conocer ayer por el Consejo General del Notariado, el número de operaciones materializadas en el País Vasco en abril registró una caída del 8,6% frente al mismo mes del año anterior. La comparativa intermensual –abril frente a marzo de 2026– también es en negativo, con 405 ventas menos. El estudio no recoge datos territorializados, por lo que se desconocen los datos relativos a Gipuzkoa. La compraventa de viviendas disminuyó en quince comunidades autónomas y únicamente aumentó en Extremadura (1,2%) y Castilla-La Mancha (0,7%). Los mayores descensos se registraron en Galicia (23%), Cantabria (21,7%) e Islas Baleares (17,1%). La otra variable clave en este sector, el precio, también arroja pistas sobre la evolución del mercado inmobiliario. Así, el coste de la vivienda aumentó en dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas y únicamente descendió en Navarra, donde cayó un 3,9%. En Euskadi la subida fue del 11,8%.

Con la polémica de los ceros de la Selectividad saltando ya del ámbito académico al judicial, y ayer también al político, el Gobierno vasco y la EHU hicieron un ejercicio de pragmatismo y tomaron el toro por los cuernos. Sobre todo lo hizo la Universidad, que ayer, urgida por el Ejecutivo autonómico, dio su brazo a torcer y a primera hora de la tarde anunció que haría lo que la víspera consideraba «imposible», reservar plazas provisionales y específicas para los alumnos afectados por los extraños ceros en el examen de Euskera en cuya corrección los tribunales aprecian irregularidades. La decisión, que se presentó como un acuerdo entre el Departamento de Universidades y la EHU, permite a la institución académica eludir un choque con la Justicia de incierto desenlace y acatar los autos judiciales que le obligan a eximir a estos alumnos de su calificación en la prueba de Euskera y a reservarles una plaza. Y ello a pesar de que el lunes amagó con desobedecer la decisión de los cinco jueces de lo Contencioso-Administrativo que han abordado el asunto. Al mismo tiempo, se garantiza la «igualdad de oportunidades» para todo el alumnado ya que, en principio, nadie perderá su plaza en la Universidad vasca por cederle su puesto a los chavales que recurrieron.

En líneas generales, tanto PSE-EE como PP se alinean con la resolución judicial, EH Bildu y Sumar la critican, y el PNV guarda equilibrios entre lo «desconcertante» de la decisión y el emplazamiento a la EHU para que sea «transparente» en el proceso. La formación jeltzale diagnostica que el paso adoptado por la Justicia ha generado cierta sensación de «inseguridad jurídica». «Quien ha sacado un 5 (en Euskera), ha hecho un esfuerzo y tenía un 9 o 10 (de media), le va a bajar la nota; y a quien ha sacado un 0, no. ¿Dónde queda la cultura del esfuerzo?», se preguntó ayer su portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi. Pero al mismo tiempo demandó «transparencia al rector porque no sabemos quién conforma el tribunal ni con qué criterio». Este último comentario fue inmediatamente rebatido por EH Bildu, que aludió a la normativa regulatoria de la PAU, a la participación del Gobierno vasco en la comisión organizadora y a las instrucciones publicadas por la EHU. En todo caso, el pronunciamiento del socio minoritario del Ejecutivo, el PSE-EE, es tal vez el más llamativo por la crudeza de los términos empleados. En el debate sobre la exigencia del euskera en la Administración, la formación de Eneko Andueza estuvo meses ondeando la bandera de los derechos laborales frente a los lingüísticos al sostener que la reforma legal recién aprobada para blindar los requisitos en las OPE iba a acabar excluyendo a miles de personas del empleo público. Extendiendo ahora esa misma máxima al ámbito educativo, los socialistas creen que la controversia sobre los exámenes de la PAU va a terminar cuestionando el sistema de modelos lingüísticos y puede alentar a los poderes públicos a elevar el nivel de exigencia.

Las vacaciones empiezan este año con una parada más cara en la gasolinera. Desde las 00.00 horas de hoy, en plena primera operación salida del verano, gasolina y diésel subirán en todas las provincias por el regreso del IVA de los carburantes al 21%, después de más de tres meses con el tipo reducido del 10%. La rebaja temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos aprobada por el Gobierno aliviará parte de la factura, pero no impedirá que llenar el depósito cueste más desde este miércoles. En concreto, en Euskadi la gasolina 95 subirá una media de 10 céntimos por litro, mientras que el gasóleo A se encarecerá 3 céntimos, según los datos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). El punto de partida, al que estaban ayer los precios, es de 1,458 euros el litro de gasolina en Bizkaia y 1,469 en Álava. En el caso del diésel, 1,522 en territorio vizcaíno y otro 1,523 en alavés. La subida se produce pese a la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos aprobada por el Gobierno. CEEES calcula que en el conjunto de España con los precios medios del 30 de junio, el litro de gasóleo pasará de 1,506 a 1,534 euros, un incremento de 2,8 céntimos y del 1,89%. En el caso de la gasolina 95, el precio medio aumentará de 1,442 a 1,542 euros por litro, diez céntimos más y un alza del 6,95%. La patronal advierte de que el regreso del IVA general neutralizará el alivio fiscal: aunque el impuesto especial baja 10,1 céntimos por litro en el gasóleo y 3,63 céntimos en la gasolina 95, la recuperación del IVA al 21% absorbe esa rebaja y deja como resultado final un encarecimiento para el consumidor.

El plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes se cerró ayer con el proceso cuestionado por el Tribunal Supremo, que ve indicios de que el decreto del Gobierno pueda vulnerar el Derecho de la Unión Europea. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha suspendido el proceso, pero ha abierto la puerta a entregar el asunto a un árbitro sobre el que el Ejecutivo no tiene ascendente: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Luxemburgo. Antes de resolver, ha dado a las partes un plazo «improrrogable» de cinco días para que se pronuncien sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial, ante la «duda» de si la norma «podría entrar en colisión» con la legislación comunitaria. El movimiento llega cargado de significado político. El propio tribunal había rechazado en mayo congelar el proceso –como reclamaban Vox, la Comunidad de Madrid y varias asociaciones–, invocando entonces el «interés público» y el «sustrato humano» de integrar a quienes llevan años en España sin papeles. Que ahora reabra la herida por la vía europea, y de la mano de los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana, las dos autonomías del PP que pilotan la ofensiva contra el decreto del 14 de abril, traslada la batalla a un nuevo terreno cuando desde el Ejecutivo se cuestiona la imparcialidad de la justicia.

Pese a las reformas acometidas en los últimos años para elevar la base de ingresos, el inexorable envejecimiento de la población, el continuado incremento del número de pensionistas y de prestaciones y la revalorización de sus cuantías ligadas al IPC sin tener en cuenta otros factores, han hecho que la viabilidad futura del sistema siga sin estar garantizada a medio y largo plazo. La nómina mensual de las pensiones superó en junio la cifra récord de 14.397 millones de euros, cantidad que más que duplica los 6.867 millones de 2010 (+109%), mientras que la pensión media del sistema alcanza ya los 1.371 euros, un 74,5% más que entonces. El sistema carga sobre sus espaldas un total de 10,49 millones de prestaciones, 1,75 millones más que en 2010 o, si se prefiere, un 20% superior. Con este telón de fondo, la Airef, ahora bajo la batuta de Inés Olondriz, que hasta marzo pasado fue secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, por lo que su nombramiento despertó no pocas suspicacias sobre la imagen de independencia del organismo, dio a finales de mayo un aprobado por la mínima a la reforma de las pensiones del actual Gobierno, pero reiteró que dicha reforma no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y que el creciente gasto en pensiones y en otras prestaciones por efecto del envejecimiento demográfico disparará el endeudamiento público hasta el 123% en el horizonte de 2050. En este contexto, en el que el retiro de la generación del Baby Boom catapultará en 3,5 puntos de PIB el gasto en pensiones de aquí a 2050, el Gobierno ha acometido sucesivos retoques en el sistema para elevar los ingresos, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sube periódicamente las cotizaciones sociales a empresas y trabajadores, o contener el gasto, poniendo sobre la mesa incentivos para retrasar la edad de jubilación, permitiendo compaginar empleo y pensión o incluso facilitando la reincorporación al mercado de trabajo una vez ya jubilado.

Consciente de la importancia del papel de las empresas como motores de la actividad económica, la creación de riqueza y empleo, el emprendimiento o la generación de nueva inversión, el gobierno autonómico ha ahondado en sus políticas de alivio fiscal, de mayores cotas de libertad empresarial y de progresiva eliminación de cargas burocráticas y administrativas. En este contexto, la Comunidad de Madrid presta especial atención a la empresa familiar por su contribución al crecimiento económico de la región, su mentalidad emprendedora o su “vocación de crear un legado” para el futuro, hasta el punto de impulsar una normativa pionera: el desarrollo y aprobación de una Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que incluye ayudas e incentivos fiscales, así como otras medidas para facilitar el relevo generacional en los negocios familiares y con ello su supervivencia. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció la nueva ley a mediados de septiembre pasado y apenas nueve meses después fue aprobada por la Asamblea regional el pasado 18 de junio. Ahora, la norma entra en vigor y establece un marco de defensa e impulso de este relevante segmento del tejido empresarial. 

Ormuz y el petróleo volvieron a marcar el pulso de los mercados en un trimestre que se salda con fuertes contrastes: mientras el precio del barril de brent encadena un desplome cercano al 40%, las Bolsas firman su mejor periodo desde la pandemia, con el Ibex 35 avanzando un 14% entre abril y junio. En este contexto, a medida que se desvanecían las expectativas de un conflicto breve y las reservas de crudo se reducían con rapidez, los precios de la energía repuntaban y, con ellos, el temor a la estanflación. Como ya demostró la guerra comercial, el margen de sorpresa en la política estadounidense es elevado. Pero esta vez el riesgo de enquistamiento era mayor. A la imprevisibilidad de la Casa Blanca se sumaba un actor igualmente volátil: Irán. Entre episodios de presión y distensión, y con los organismos internacionales redoblando sus llamamientos al entendimiento, los inversores seguían con máxima atención las negociaciones entre Washington y Teherán. El acuerdo del 14 de junio llegó en el tiempo de descuento, justo en la ventana que los economistas señalaban como crítica para que la actividad regresara al estrecho de Ormuz y se evitara un impacto mayor sobre la economía global que pudiera derivar en recesión, aunque las Bolsas ya venían mostrando una fortaleza inusitada.

La banca ha vuelto a sacar la tijera a la hora de mirar a sus plantillas. El Santander, BBVA y el Sabadell han iniciado este año diversas fórmulas de reducción de empleo, cinco años después de los últimos expedientes de regulación de empleo (ERE) que vivió el sector. El plan ahora es optar por medidas más suaves, como prejubilaciones o bajas incentivadas, aunque supongan relevantes recortes de empleo igualmente. Todo ello en plena eclosión de la inteligencia artificial (IA) en el sector, que abre la puerta a elevados recortes de costes y mejoras de ingresos por parte de las entidades. El último gran banco en dar un paso en este sentido ha sido el Santander. La semana pasada inició con los sindicatos negociaciones de un plan de prejubilaciones que en principio estará vigente durante tres años. La enseña no precisó aún cuántos empleados esperan que salgan del banco por esta vía durante este tiempo. La cuestión está todavía pendiente del diálogo con los representantes de los trabajadores, que se prolongará previsiblemente durante la primera quincena del mes de julio. Por el momento, el banco ha ofrecido las mismas condiciones que en el último ERE, de 2021: el 74% del salario bruto para los empleados de entre 55 y 57 años y el 76% para los mayores de 58. Abrir este plan de prejubilaciones fue, paradójicamente, una petición de los propios sindicatos. 

El economista jefe de OpenAI, Aaron Chatterji, intentó lanzar un mensaje de calma —se negó a llamarlo “optimismo”— sobre el impacto del auge de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo, en un momento en el que las nuevas herramientas se revelan cada vez más eficientes y sofisticadas, capaces de desarrollar funciones propias de personal cualificado, y los cálculos más pesimistas dibujan una suerte de apocalipsis laboral. “Solo porque una tarea esté expuesta a la IA no significa que vayas a perder el trabajo, que vayas a ser sustituido”, afirmó Chatterji ayer en un diálogo junto con el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, en el marco del Foro de Sintra (Portugal). “La IA no afectará a todos los empleos igual, si consideras los puestos de trabajo simplemente como un conjunto de tareas, pasas por alto el hecho de que constantemente añadimos más tareas y también eliminamos otras”, añadió. Y puso como ejemplo el modo en que el ordenador transformó el trabajo de su padre, también economista en los años ochenta, pero no eliminó su trabajo. También argumentó que la mejora de la productividad y reducción de costes liberaba recursos para otras inversiones y puso como ejemplo que, cuando las sociedades se hacen más ricas, gastan más en educación y sanidad, con lo que se esperaba un gran incremento del mercado laboral en este sector. Sí admitió, sin embargo, sus temores sobre el impacto en la educación. “Me preocupa mucho cómo vamos a introducir [la IA] en las escuelas”, señaló. Explicó que él utiliza la tecnología y le ahorra múltiples tareas, pero se formó como economista antes que eso. “¿Qué pasa con mi hija? Aún no ha estudiado económicas”, planteó. Y añadió otros interrogantes: “¿Qué ocurre en un mundo en el que, esencialmente, la IA puede hacer todo eso por ti? ¿Vamos a ser capaces de limitarlo?”.

Arranca la carrera electoral en la CEOE y resuenan los tambores de guerra sucia. La patronal va a dar este miércoles el pistoletazo de salida a las elecciones en las que Antonio Garamendi aspira a revalidar el cargo por otros cuatro años. Pero el actual presidente se enfrenta a un proceso más tenso de lo que cabría esperar hace apenas unos días, antes de que trascendiera la denuncia de un empresario contra la cúpula de la organización empresarial por supuestas irregularidades durante las elecciones de Cepyme en 2025. Garamendi no está denunciado en ningún tribunal, pero contra él y otros miembros de la dirección de CEOE se han presentado acusaciones por presuntos conflictos de intereses, interferencias en las elecciones que enfrentaron a Gerardo Cuerva con Ángela de Miguel, falta de rigor de los órganos internos a la hora de investigar las presuntas irregularidades en el seno de la patronal y hasta supuestos casos de acoso laboral. En pleno proceso electoral en Cepyme, todas esas denuncias fueron enterradas por la Comisión de Régimen Interno, que es el órgano de la Junta Directiva encargado de velar por el buen funcionamiento interno y la gobernanza. Tras sentirse desamparado por la CEOE, en septiembre de 2025 el denunciante, José Manuel de Riva, ex vicepresidente de Cepyme, elevó los hechos a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), que es un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia que protege a las personas que denuncian irregularidades, fraudes, delitos o prácticas corruptas dentro de empresas privadas o administraciones públicas, garantizando que no sufran represalias (despidos, sanciones, acoso, etc.) por el hecho de informar. Y le concedieron la categoría de «informante protegido».

El gigante danés Maersk, el segundo mayor operador mundial de transporte marítimo de mercancías, ha mejorado sus previsiones anuales por la sólida demanda de contenedores y el aumento del precio de los fletes, que le han permitido superar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los costes y en sus servicios. “La continua y sólida demanda en el mercado de contenedores, especialmente en Lejano Oriente, y el reciente aumento sostenido de las tarifas”, han empujado a Maersk a prever un resultado bruto de explotación (ebitda) subyacente de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares (entre 7.012 y 8.765 millones de euros) en 2026. La horquilla es muy superior a la anterior, que oscilaba entre 4.500 y 7.000 millones de dólares. Además, el gigante danés espera ahora un flujo de caja libre negativo de 1.500 millones de dólares, la mitad de los 3.000 millones negativos de su previsión anterior.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus ha firmado un pedido con la aerolínea escandinava SAS para suministrarle un máximo de 40 aviones de la familia A330, valorados en más de 10.000 millones de dólares (8.750 millones de euros) a precios de catálogo. El acuerdo incluye un pedido firme de 18 aviones A330neo, junto a una opción de compra de diez aeronaves del mismo modelo y otras dos que SAS alquilará. El resto serían aviones A330, informa Bloomberg. El objetivo de SAS con estos aviones de fuselaje ancho es ampliar sus rutas internacionales y reforzar su hub de Copenhague (Dinamarca). Se trata del mayor contrato de la historia de SAS, aunque el desembolso final será probablemente menor al precio de catálogo por los significativos descuentos que suelen conllevar los grandes pedidos en el sector. Para Airbus, el pedido supone un espaldarazo en sus lazos con la compañía aérea y, además, le da fuelle en la pugna comercial que mantiene con su rival estadounidense Boeing. De hecho, el consejero delegado de SAS, Anko Van Der Werff, señaló hace meses que también mantenía conversaciones con Boeing para el pedido de aviones de largo radio que ha acabado firmando con el fabricante europeo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció ayer el mayor incremento del gasto militar del Reino Unido en décadas con la presentación del Plan de Inversión en Defensa (Defence Investment Plan, DIP), una hoja de ruta que destinará casi 300.000 millones de libras (unos 348.290 millones de euros) durante los próximos cuatro años para modernizar las fuerzas armadas. El proyecto prevé acelerar la transformación tecnológica del ejército e impulsar la industria militar británica ante un escenario internacional que calificó de «más peligroso y volátil que en cualquier momento de las últimas décadas». Starmer anunció que el presupuesto militar anual del país engordará en 15.000 millones de libras (17.000 convertidos en euros) gracias a una reordenación del gasto y que ese aumento permite establecer «un nuevo récord de gasto de casi 300.000 millones de libras» para «respaldar a nuestras fuerzas armadas y reforzar nuestra seguridad nacional», afirmó durante un discurso pronunciado en Maidenhead, donde se encuentra una importante compañía de ingeniería aeroespacial especializada en la fabricación de drones. El jefe del Gobierno justificó el esfuerzo inversor por el deterioro del contexto geopolítico. «Vivimos en un mundo más peligroso y volátil que en cualquier momento de las últimas décadas», aseguró.