20260703

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi sigue rompiendo récords de afiliados a la Seguridad Social. En junio volvió a batir sus cifras por segundo mes consecutivo y alcanzó 1.044.686 trabajadores, 2.006 más que durante el mes anterior y un salto de 15.541 cotizantes en la comparativa anual. Esta subida del 1,5% encuentra su principal respaldo en la incorporación de los extranjeros al mercado laboral. En los últimos doce meses –según datos de mayo, los más recientes de trabajadores inmigrantes para el caso vasco–, ocho de cada diez nuevos empleos fueron ocupados por estas personas. Crece el empleo, pero también el número de solicitantes de un puesto de trabajo. Los datos del paro fueron al alza en junio y alcanzan ya a 104.212 personas. Pese a que el número de contratos creció un 23,7%, llegando a alcanzar los 81.387 (menos de una cuarta parte fueron indefinidos), se incrementó el desempleo en el sector servicios, incluso a las puertas del verano. Hubo 387 parados más en este área que supera los 72.000 desempleados. También creció el paro entre la población sin un trabajo anterior. Hay 15.003 personas en esta situación. En el último mes 276 se incorporaron de esta forma a las listas de Lanbide. En cuanto al número de afiliados, por provincias Álava acusa la difícil situación que atraviesa el territorio de Ayala con un problema de desindustrialización que viene arrastrando desde hace años y que amenaza ahora a Tubos Reunidos. Es la única provincia vasca donde se estanca el número de afiliados (cae en 22 personas), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa crece su número en el último mes en 1.097 y en 932 trabajadores, respectivamente. Por sectores crece ligeramente la industria manufacturera. Alcanza los 176.429 cotizantes (680 incorporados en el último mes), en una evolución similar a la que vive la construcción, donde ya hay 60.348 trabajadores en el territorio (637 sumados en junio). Se evidencia también un aumento en el comercio, que incorpora a cerca de 1.400 trabajadores antes de la temporada estival, superando los 127.000 empleados, mientras que la hostelería va a la baja y pierde casi 1.700 trabajadores en el último mes; cuenta actualmente con algo más de 73.000 puestos. En cuanto a los regímenes, crece el empleo en el área de cuidados del hogar. Hay ya más de 28.000 personas en estos puestos,

Renfe y Talgo han cerrado un acuerdo que pone fin a un conflicto que arrastran desde hace cinco años. Así lo comunicó ayer la empresa vasca a la Comisión Nacional de los Mercados (CNMV). Se trata del contrato de 30 trenes de alta velocidad de la serie 106, conocida como ‘Avril’, y que tras retrasos y problemas técnicos se cierra definitivamente permitiendo al fabricante cobrar 200 millones pendientes por las entregas de los convoyes y la liberalización de los avales asociados a unos acuerdos suscritos en 2016 y 2017. Estas unidades sufrieron más de dos años de retraso en la entrega por varias causas que desencadenaron un cruce de acusaciones entre la empresa y el operador público. Por un lado, la pandemia y la crisis posterior en la cadena de suministros generaron graves dilaciones en su construcción y, después, la demanda creciente en las vías no dejaban las horas convenidas para hacer las pruebas pertinentes en los trenes. Todo ello retrasó hasta abril de 2024 la entrega de las primeras unidades. Además, durante aquel verano se registraron numerosas incidencias que afectaron al tráfico de viajeros.

Las matriculaciones de coches en Euskadi crecieron un 16,4% en 2025 respecto al año anterior hasta llegar a las 30.011 unidades. Un crecimiento que estuvo empujado tanto por el Moves III, el plan estatal (ya finalizado) diseñado para incentivar la adquisición de los vehículos electrificados, como por el plan ‘renove’, que lanzó el Gobierno vasco en marzo de 2025 para incentivar la compra de coches tecnológicamente neutros, es decir, de cualquier motorización, con el fin de sustituir coches contaminantes y así reducir emisiones. Con este telón de fondo, las patronales vascas y Faconauto (patronal de concesionarios) reclamaron ayer al Gobierno vasco la reedición de este programa que «cumplió todos sus objetivos». La petición se planteó durante la VII Jornada de Automoción del País Vasco, organizada por Faconauto junto a la Asociación de Concesionarios de Vizcaya (ACV), SEA Empresas Alavesas, la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa y CEBEK. Según destacó Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, el plan ‘renove’ «hizo lo que un buen instrumento público debe hacer con sus políticas de movilidad: ayudó a mejorar la seguridad vial y los índices de contaminación, vía renovación del parque, poniendo coches más seguros y eficientes al alcance de la mayoría de las familias, impulsando también la electrificación». Todo ello en un momento en el que el parque automovilístico vasco superó por primera vez en 2025 los 15 años de edad media.

La producción de la industria de Euskadi subió en mayo un 1,8 % en comparación con el mismo mes de 2025, pero bajó un 0,6 % en relación al pasado mes de abril, según ha informado este jueves el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. El resultado ha sido diferente por territorios. Así, en Bizkaia y en Gipuzkoa se incrementó con respecto a mayo de 2025, un 2,4 % y un 2,9 %, respectivamente, mientras que en Álava hubo un descenso del 1,4 %. Por destino económico de los bienes, bajaron tanto la producción de bienes de consumo (-4,1 % interanual) como los bienes intermedios (-0,7 %). El alza se debe tanto a la evolución de la energía, cuya producción creció un 10,5 %, y de los bienes de equipo, con un 6,2 % más. Dentro de los bienes de consumo, bajó un 5,4 % la producción de bienes de consumo duradero (muebles, aparatos domésticos) y un 3,7 % los no duraderos (procesado y conservación de alimentos, productos para la limpieza e higiene, productos farmacéuticos, prendas de vestir). La producción de bienes de equipo (vehículos de motor, construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval) se incrementó un 6,2 %. Sin embargo, se redujo un 0,7 % la producción de bienes intermedios (metalurgia y fabricación de productos metálicos, industria química y productos de caucho y plástico).

Las amenazas que se acumulan sobre la economía mundial todavía no han frenado a Euskadi, pero sí que han estrechado el margen para seguir creciendo. Esa es la principal advertencia del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa, que alerta de un escenario cada vez más exigente, marcado por el menor impulso de la economía europea, el aumento de la presión sobre los costes y el deterioro de las perspectivas de la industria. Tres factores que empujan a la baja las previsiones de crecimiento. La cuestión es que Euskadi lleva años viendo cómo se aplana su curva de crecimiento. Una vez superado el rebote pospandémico, el PIB avanzó un 2,5% en 2024 y otro 2,3% el año pasado. De cara a los próximos ejercicios, sin embargo, el ritmo será menor. Las previsiones de Laboral Kutxa apuntan a que la economía vasca cerrará este curso con un avance del 1,8% y el próximo con otro del 1,5%. Son, respectivamente, una y dos décimas menos que las estimaciones del Gobierno vasco, que el mismo miércoles las mejoró por la capacidad de resistencia mostrada por el tejido productivo. Ambos pronósticos, en todo caso, coinciden en señalar las mismas amenazas estructurales sobre la economía vasca. La principal es la debilidad de Alemania y Francia, los dos grandes motores de la zona euro y principales destinos de las exportaciones vascas, que lastra especialmente a la industria. Como consecuencia, la producción en este ámbito apenas avanzó un 0,4% en Euskadi durante 2025, frente al 2,3% registrado en el conjunto de España. Joseba Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa, atribuye esta diferencia a que la industria española está «más diversificada», con un mayor peso de sectores como la alimentación, la industria farmacéutica o la química, mientras que la vasca mantiene una elevada especialización en la automoción, los bienes de equipo y la metalurgia. Ver nota y estudio de Laboral Kutxa aquí. 

Las instituciones alavesas acarician ya la Intermodal de Júndiz. Tras más de un año de espera, Adif ha propuesto adjudicar la gestión de la nueva terminal ferroviaria al consorcio liderado por la Diputación, la Cámara de Comercio y la naviera MSC. El administrador ferroviario se decantó ayer por esta vía tras valorar esta oferta y la de la entente rival. La resolución definitiva, no obstante, deberá esperar hasta septiembre. Tras meses de especulaciones, finalmente la francesa VIIA no ha presentado ofertas en el concurso por hacerse con esta infraestructura. La alianza que ha rivalizado con el plan de las instituciones ha sido una entente entre Renfe Mercancías, la operadora Algeposa –con fuerte presencia en Gipuzkoa–, la alemana Kombiverkehr y la firma Transitalia, con base en la región de Campania. Por contra, el proyecto de Álava se ha articulado con la Diputación –que participa a través del Centro de Transportes de Vitoria (CTV)–, la Cámara de Comercio, el puerto de Bilbao, el de Pasaia y la mayor naviera del mundo: la ítalo-suiza MSC. Juntas han presentado ante Adif un plan para mover 300.000 contenedores de mercancías durante seis años, a una media de 50.000. Es el doble del mínimo que exigía el administrador ferroviario para hacerse con el contrato. La propuesta de las instituciones pasa por ir escalando progresivamente el tráfico con el tiempo, pasando de 15.000 contenedores en el primer ejercicio a 60.000 en el sexto año de gestión. El plan del consorcio rival era mucho más modesto, ya que sólo aspiraba a mover 150.000 contenedores en el mismo periodo, prácticamente la mitad.

La Diputación de Álava rechaza de plano la implantación en el territorio de 19 parques fotovoltaicos que se encuentran dentro del proyecto Solaria Zierbena Solar y que están ligados a las líneas de alta tensión que cruza el territorio de norte a sur y que desemboca en la costa de Bizkaia. El Ejecutivo foral considera que este planteamiento supone un «impacto crítico inasumible» en el medio ambiente y así se lo ha trasladado al Gobierno vasco, que será el que determine finalmente la viabilidad de esta propuesta. La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate (PNV), desveló ayer las alegaciones que desde su departamento se han realizado a este macroproyecto que consideran que es inviable con su actual planteamiento. Estos huertos solares (los denominados Zierbena Solar 1, 5-14, 17-18, 21-25 y 29) suman una potencia total conjunta de 923 megavatios y vuelcan su energía en una línea de alta tensión de la que la empresa promotora ya ha diseñado una tercera versión tras desestimarse las dos anteriores y que también en este caso se considera inasumible a pesar de que más de la mitad de sus 88 kilómetros irían soterrados.

Hyperion Fund, gestora de capital riesgo impulsada por Pablo Casado, exlíder del PP, continúa con su estrategia de inversión en empresas del sector de Defensa con potencial de crecimiento mediante una operación para la que se ha aliado con el fabricante de trenes CAF. La entidad acaba de cerrar su octava operación. Según explican fuentes conocedoras, Hyperion se ha hecho con una participación significativa, pero minoritaria, en la firma Orbital Critical Systems, especializada en el diseño y suministro de sistemas críticos para el sector aeroespacial y ferroviario. Orbital Critical Systems es una compañía propiedad al 100% de CAF, que a finales de 2021 se hizo con la totalidad de las acciones de la firma con sede en Artica (Navarra), después de que en 2018 aterrizara en el capital de Orbital a través de un primer paquete accionarial del 30%. Las fuentes consultadas explican que CAF estaba inmersa en un proceso de búsqueda de un socio para Orbital con el objetivo de impulsar su crecimiento. Llegó incluso a contactar con Airbus, que es el principal cliente de Orbital. CAF, que facturó casi 4.500 millones en 2025, un 6,5% más, y logró un beneficio récord de 146 millones (+42%), no busca tanto hacer caja, sino una colaboración con la que impulsar una empresa con un alto potencial de crecimiento en el momento de fuerte avance del sector de Defensa.

HINE Group se va de compras por España. La compañía de Olaberria ha adquirido esta semana la firma vallisoletana Neumática Hidráulica BECO (NH Beco), especializada en la distribución, fabricación y reparación de sistemas hidráulicos y neumáticos y electromecánicos para aplicaciones industriales. La operación, explicó a DV su CEO, Lander Guibelalde, se enmarca en el Plan Estratégico del Grupo HINE 2025–2028; una hoja de ruta que impulsa un crecimiento rentable combinando desarrollo orgánico e inorgánico (compras), así como la diversificación hacia nuevos sectores y mercados. Este movimiento, añadió, da continuidad al plan de crecimiento del grupo, que el pasado año abrió su primera planta en Polonia (HINE Polska), una instalación estratégica para reforzar su presencia en Europa Central y del Este y para dar servicio al creciente mercado de energías renovables, especialmente en el ámbito eólico offshore en el Viejo Continente. Guibelalde destacó que «la incorporación de NH Beco supone una excelente oportunidad para seguir creciendo cerca de nuestros clientes». «Esta operación encaja plenamente con nuestro plan estratégico, combinando crecimiento orgánico e inorgánico y reforzando nuestra apuesta por la diversificación. Compartimos una visión muy similar sobre la importancia del servicio, el conocimiento técnico y el compromiso con las personas», añadió.

Oiane Niebla Battistella es decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Euskadi y presidenta de la Asociación de Ingeniería de Telecomunicación de la comunidad autónoma vasca. Alerta de la falta de talento en el sector y subraya la necesidad de «incluir a más mujeres en los puestos de dirección». En estos momentos no hay nota de corte para acceder a la carrera en el campus de Bizkaia de la EHU «porque no se cubren las plazas» lo que, según Niebla, puede influir a la hora de decantarse por ella. «Quizás nos ha quitado ese aura que teníamos antes los ‘telecos’ de trabajo fijo, carrera dura y buen futuro. Antes la gente peleaba por entrar. Si hubiese nota de corte podría tener más demanda, es mi esperanza». "...– ¿Por qué las chicas jóvenes no eligen esta carrera?– Por sesgos de género. Esta carrera no es ‘de chicas’, te dicen que ‘es muy difícil para ti’. También somos muy autoexigentes. Hay más abandono femenino que masculino. Lamentablemente, en la carrera también tuve profesores machistas. A mí no me influía, pero había mujeres a las que que sí, y eso puede desmoralizar. Las grandes ingenierías siempre están llenas de hombres. Nos cuesta ver alguna mujer...Necesitamos empresas comprometidas que se atrevan a hacer cambios sin verlos como una obligación, que incluyan a mujeres en sus puestos de dirección, por ejemplo. Eso también es innovar...A veces no se sabe lo que se hace en nuestro sector. Se pueden hacer temas de inteligencia artificial, de programación, de electrónica... También tiene esa parte creativa y algunos se dedican al marketing. Podemos hacer casi de todo. Algunos ‘telecos’ también trabajan en movilidad, como yo, diseñando las carreteras del futuro, el vehículo autónomo... Es una carrera que tiene muchas salidas...– ¿Los estudiantes llegan preparados al primer curso?– No. He oído a muchos profesores quejarse de que ya no llegan tan preparados como antes...Me gusta comparar el tema de la inteligencia artificial con la máquina de vapor en su momento o con la revolución industrial. Cambió la forma de trabajar, pero a mejor, porque las condiciones del puesto de trabajo mejoraron, por ejemplo. Creo que la IA viene a ayudarnos y no a reemplazarnos. Sobrevivirá o le irá bien, por así decirlo, al que se adapte y aprenda a trabajar con ella". 

Una de las «claves» del tercer Barómetro empresarial de Bizkaia, elaborado por la sociedad foral Beaz, es lo referente al «talento». El análisis, realizado a partir de entrevistas a medio millar de pymes del territorio, pone sobre la mesa que, si bien las expectativas de crecimiento son buenas, encontrar trabajadores es uno de los mayores retos que afrontan. Tanto es así que seis de cada diez compañías de entre 5 y 250 personas declaran haber tenido «problemas» para captar y contratar «perfiles específicos», especialmente «operarios de producción, perfiles técnicos y de ingeniería». La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, detalló ayer los principales resultados del informe, que sitúa además los aspectos laborales –la falta de personal, el absentismo y los costes– como la principal preocupación de los empresarios –lo es para un 85%–. El de encontrar empleados, reconoció, se ha convertido también en «uno de los principales factores de competitividad empresarial». En ese sentido, aseguró que están «ayudando a las pymes a posicionarse» en un mercado «que ha cambiado» y en el que «hay más demanda» de mano de obra que «la capacidad» que tiene el territorio, con sus centros de FP y sus universidades, «de generar perfiles cualificados».

Cuando a mediados de abril el Gobierno abrió el plazo para que los inmigrantes solicitaran su regularización en España, los primeros cálculos apuntaron a que en Euskadi serían alrededor de 26.000 las personas que se podrían ver beneficiadas por este proceso extraordinario. Recién cerrado ese periodo de dos meses y medio, la realidad ha demostrado que aquellas estimaciones se quedaron cortas, muy cortas. Finalmente han sido un total de 49.451 los ciudadanos extranjeros que han realizado los trámites para obtener el permiso de residencia o de trabajo en el País Vasco, lo que supone un 90% más de lo inicialmente previsto; es decir, casi el doble de lo que se esperaba. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofreció ayer las cifras que ha arrojado el proceso de regularización, cuyo plazo finalizó el pasado martes con casi 1,2 millones de peticiones en toda España. El 4,2% del total de solicitudes se concentran en Euskadi, una proporción que no llega al 4,5% que supone esta comunidad autónoma en términos poblacionales respecto al total de España. Por territorios históricos, Bizkaia aglutina más de la mitad de peticiones (28.834), seguida de Gipuzkoa (12.063) y Álava (8.554). El 82% de los solicitantes tiene menos de 45 años de edad y, en cuanto a las nacionalidades de procedencia, el colectivo más numeroso es Colombia (25,4%), seguido de Marruecos (13,2%), Venezuela (8,4%) y Nicaragua (7,4%). Con las cifras en la mano, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, mostró su satisfacción por la forma en que se ha completado el proceso y destacó que la regularización extraordinaria «va a permitir a personas que ya vivían entre nosotros hacerlo desde la legalidad y, por tanto, con más dignidad». 

La lectura del mercado laboral del mes de junio está ligada al proceso extraordinario de regularización de extranjeros que finalizó el pasado 30 junio tras dos meses y medio. El empleo anotó un nuevo récord superando por primera vez en la historia la cota de 22,4 millones de cotizantes a la Seguridad Social (22.466.339, concretamente) tras sumar 128.533 afiliaciones. El registro es especialmente contundente, teniendo en cuenta que la subida es un 67% mayor que la del pasado ejercicio (+76.720) y que se trata del tercer mayor avance de la serie histórica solo superado por junio de 2021 (+233.056), afectado por la desescalada de la pandemia, y por el de 2005 (+230.103). Aunque la Seguridad Social cifra por el momento en 159.097 los cotizantes que se han sumado al sistema directamente tras haber recibido un permiso de trabajo a raíz del proceso de regularización –es decir, entre el 16 de abril y el 30 junio–, la aportación de la población no nacida en España al mercado de trabajo continúa mostrándose esencial. De todas las nuevas afiliaciones registradas el pasado mes, un 62% (79.814) corresponden a extranjeros. Una tasa especialmente elevada que se encuentra marcada por las altas de la regularización. De hecho, estas entradas al sistema han acelerado sensiblemente el ritmo de creación de empleo. En los últimos doce meses se han creado 605.244 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 2,77%. Este ritmo es dos décimas mayor que el del mes pasado y el más elevado desde el año 2022. 

El Ministerio de Trabajo no ha tardado en ceder al ultimátum realizado por los sindicatos hace escasos días, amenazando con romper los puentes con el Gobierno si no tiene lugar la aprobación del endurecimiento del registro de jornada en el mes de julio. Es decir, antes llegar al parón legislativo de verano en agosto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró ayer que el Ministerio está “puliendo técnicamente” la reforma del registro horario, que espera que se apruebe “en uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones”. Lo hace para garantizar que el texto tenga la mayor “integridad jurídica posible” tras la múltiples salvedades que arrojó el dictamen del Consejo de Estado. En él hacía suyas muchas de las discrepancias mostradas por las organizaciones empresarios durante el proceso de negociación de la medida, tras lo que el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz puso en marcha la maquinaria para pulir el decreto de cara, también, a poder sortear la impugnación que tratará de impulsar CEOE en el plano judicial. La medida prevé la obligatoriedad de que el registro horario se compute de forma digital y que sea interoperable por la Inspección de Trabajo, que podrá actuar de oficio ante eventuales incumplimientos para dirimir sanciones.

La regularización en masa de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado a la mano de obra extranjera como principal motor de crecimiento del empleo en España. Hasta el punto de que, gracias al impulso de los trabajadores nacidos en otros países, la relación entre cotizantes y pensionistas –una de las variables observadas para medir la salud del sistema de pensiones– ha escalado hasta niveles máximos de los últimos 15 años. En concreto, hoy hay 2,5 afiliados por cada jubilado, una proporción que no se alcanzaba desde 2011. Una buena noticia que, sin embargo, los expertos consultados interpretan con toda la cautela: «Solo es un respiro transitorio para la sostenibilidad», advierten. La ratio cotizantes/pensionistas se situó en un promedio de 2,18 entre los años 90 y los 2000, tocando suelo en 1996. A principios de la primera década del siglo XXI empezó a remontar y alcanzó su techo en 2,7 en el año 2007, antes del estallido de la crisis inmobiliaria y financiera. Entonces de desplomó y hasta 2020 se registraron de media 2,3 trabajadores por jubilado. Pero desde el Covid el indicador ha crecido de manera sostenida y el pasado mes de junio escaló hasta 2,5 afiliados por pensionista. Un nivel «realmente extraordinario» para el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que en la rueda de prensa de valoración de los datos de afiliación difundidos ayer por el Ministerio llegó a asegurar que este dato «pone de manifiesto que estamos en muy buenas condiciones para afrontar ese reto mayúsculo que para nuestro sistema va a suponer la jubilación de la macrogeneración del baby boom". 

El Ibex-35 superó ayer por primera vez los 19.600 puntos tras avanzar un 1,4% y renovó máximos históricos en una sesión que estuvo marcada por el descenso del precio del petróleo ante las expectativas de una mejora de las negociaciones entre Washington y Teherán, la progresiva normalización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y el dato de empleo estadounidense, mucho más débil de lo esperado. En este contexto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se reducía, al cierre de las Bolsas continentales, más de un 1%, hasta los 70 dólares marcando nuevos mínimos desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel a Irán el pasado 28 de febrero. Esta caída, que reduce la presión sobre la inflación y la desaceleración del mercado laboral al otro lado del Atlántico, alejan un posible aumento de los tipos de interés y animó a la toma de posiciones por parte de los inversores. «Un informe de empleo decepcionante no es precisamente una buena noticia, pero podría ofrecer un aspecto positivo a los activos de riesgo: menor presión sobre la Reserva Federal para adoptar una postura restrictiva», explica Bret Kenwell, analista de Mercados de eToro en EEUU.

Volkswagen planea hacer un recorte histórico de 100.000 empleos, el 15% de su plantilla, duplicando su objetivo inicial de 50.000 despidos en Alemania, ante la caída de las ventas de coches en Europa y la presión de las marcas chinas. Casi un centenar de multinacionales han anunciado desde enero que reducirán, al menos, 430.000 empleos. A la incertidumbre macroeconómica y las turbulencias geopolíticas derivadas de conflictos como los de Oriente Próximo y Ucrania, así como las tensiones comerciales, el coste de las materias primas y la inflación, que provocan una desaceleración del consumo, se ha sumado la inteligencia artificial (IA). La automatización de tareas rutinarias, especialmente de análisis de datos, programación y atención al cliente, ha llevado a grandes reestructuraciones y recortes de empleo en el sector tecnológico. Esta industria aglutina 164.000 de los 430.000 recortes anunciados por todos los sectores a nivel global. Oracle comunicó en marzo la salida de 30.000 trabajadores dentro de un proceso de reestructuración que busca posicionar a la empresa norteamericana en la carrera de la IA. Amazon dijo en enero que recortaría 16.000 puestos adicionales, que se suman a los 14.000 despidos de 2025, sobre todo administrativos, para eliminar burocracia y redireccionar los recursos a áreas estratégicas con mayor impacto en los clientes.

España no está siendo inmune al contexto internacional y las empresas nacionales, o filiales de multinacionales con implantación local, han adoptado medidas que incluyen la reducción de puestos de trabajo. Sólo una docena de empresas han anunciado más de 8.800 salidas aunque, según algunas fuentes, la suma de los anuncios totales podría superar las 11.000. El grueso corresponde a Telefónica, que anunció un ERE voluntario en 2025 que se ha ejecutado, en su mayoría, este año. La medida, que evitó salidas forzosas, ha afectado a 4.554 empleados de siete filiales (Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica Global Solutions, Innovación Digital, Telefónica SA y la televisión Movistar+). Iberia, la aerolínea del hólding IAG, y los sindicatos cerraron un acuerdo de ERE voluntario para 996 trabajadores, cerca del 5% de la plantilla, de los que 106 eran pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 de personal de tierra. El ajuste estaba diseñado para renovar y transformar los perfiles profesionales de la compañía de cara a su plan estratégico y no supuso un recorte del número de empleados total. La consultora tecnológica Capgemini España anunció también este año la salida de 710 trabajadores, el 6,45% del total, principalmente de perfiles técnicos. La firma justificó el ajuste por la necesidad de adaptarse a la evolución tecnológica y al impacto de la IA, además de las nuevas demandas del mercado. Otra consultora, Inetum, ha recortado 404 empleos (4,7%). En el sector de consumo, PepsiCo y Nestlé han vivido ajustes. PepsiCo inició un proceso de despido colectivo para 414 personas de varias delegaciones de ventas en España. Nestlé, por su parte, planteó un ERE, que finalmente afectó a 242 empleados en sus centros en España, el 60% en Cataluña.

El turismo en España se encamina hacia el hito de superar por primera vez los 100 millones de viajeros. Tras un primer trimestre en el que la llegada de turistas extranjeros creció por debajo de lo esperado, en abril avanzó un 5,2% y en mayo el sector volvió a coger velocidad de crucero, con la entrada de 10,2 millones de viajeros y un crecimiento del 9,5% anual, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la primera vez en la serie histórica que analiza el INE en la que se supera en mayo la barrera de los 10 millones de turistas, gracias al fuerte crecimiento experimentado por los tres grandes mercados emisores a España. Desde el Reino Unido llegaron 2,18 millones de personas, un 21,3% del total, con un crecimiento del 6,1%. Le siguieron Francia, con 1,31 millones (12,8% del total) y una subida del 11,1%; y Alemania, con 1,26 millones (un 12,3% del total) y un avance del 9%. Entre los tres mercados sumaron el 46,4% del total de viajeros que visitaron España en mayo. Pero el rebote en el quinto mes del año ha sido generalizado en prácticamente todos los grandes mercados que envían viajeros a España, con Bélgica, Italia, Portugal, Suiza, Estados Unidos o Latinoamérica creciendo incluso a tasas de dos dígitos. 

A última hora de la tarde de ayer, y después de varias semanas de evaluación y negociación con el Gobierno de España, la Comisión Europea dio luz verde al desembolso del sexto pago de los fondos europeos, correspondientes al cumplimiento de 73 hitos y objetivos comprometidos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El nuevo desembolso asciende a 7.021 millones de euros brutos, de los cuales 5.970 corresponden a transferencias y 1.051 millones de euros. Tras su recepción, Bruselas habrá desembolsado más de 77.000 millones correspondientes a los fondos Next Generation EU que se pusieron en marcha en respuesta a la pandemia. Este importe representa el 76% del total de los fondos asignados. Entre los hitos cumplidos se encuentra la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible y la ejecución de varios proyectos de descarbonización; la creación del organismo Casa47, con el que el Ejecutivo pretende canalizar su oferta de vivienda pública y asequible; o la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado, entre otros. El sexto pago, no obstante, será inferior a lo previsto. La Comisión Europea ha decidido retener a España 537 millones de euros por no haber podido evaluar tres de los hitos marcados en la solicitud del sexto pago: se trata de medidas en materia de formación profesional bilingüe; servicios de teleasistencia; y proyectos para colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.

La investigación sobre la presunta operación en el corazón del PSOE para trabar las pesquisas que afectan al entorno de Pedro Sánchez, a su Gobierno y a su partido ha dado un salto cualitativo que alcanza de lleno a la Guardia Civil. Mercedes González se convirtió ayer en la primera directora general del cuerpo imputada en un procedimiento penal desde la negra etapa de Luis Roldán. Y lo hizo por una acusación tan grave como conspirar contra sus propios agentes para torpedear su trabajo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a González y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por sus vínculos con las maniobras de Leire Díez, la supuesta cabecilla de las cloacas de Ferraz, para forzar investigaciones internas contra la UCO por supuestas filtraciones en las causas que están marcando el devenir de la legislatura. El instructor respondió en cuestión de minutos a la petición de imputación de González y Llamas formulada por Anticorrupción. La Fiscalía atribuye a la jefa de la Guardia Civil y a su ‘número dos’ delitos continuados de prevaricación y contra la Administración de Justicia por su papel en la apertura de actuaciones internas contra la unidad que investigaba, entre otras, las causas de Koldo García, Begoña Gómez, David Sánchez e hidrocarburos. Pedraz los ha citado el jueves 16 de julio, a las 10.15 horas. Acepta así en su providencia el criterio de Anticorrupción y de la acusación popular unificada, que también había pedido la imputación de los dos mandos. La Fiscalía los señala por haber instaurado la «intimidación institucional» entre quienes se encargaban de pesquisas sensibles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este jueves la multa de 4.100 millones a Google impuesta por la Comisión Europea. En su sentencia, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la tecnológica y su matriz (Alphabet) y avala la sanción impuesta por sus prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el abuso de posición dominante del buscador Google Search en el sistema operativo Android. El Ejecutivo comunitario adoptó una decisión en 2018 en la que concluyó que el gigante tecnológico había abusado de su posición dominante al imponer, mediante acuerdos de preinstalación y condiciones de concesión de licencias de aplicaciones, la preeminencia de su motor de búsqueda Google Search y de su navegador Google Chrome en dispositivos Android. Declaró, por tanto, la existencia de una infracción única y continua e impuso una multa global de 4.343 millones de euros, de los cuales unos 1.922 se imputaban conjuntamente a Alphabet.

Conservadores (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD), que conforman la coalición de gobierno, pusieron ayer de largo el ambicioso paquete de reformas adelantando por el canciller, Friedrich Merz, para reactivar la economía y el empleo, mejorar el control de las bajas médicas, luchar contra el fraude en las prestaciones sociales y facilitar el acceso a la vivienda. En total, 34 medidas que se suman a la controvertida revisión del sistema de pensiones y que pretenden que el país «retome el rumbo», subrayó el canciller, Friedrich Merz. El programa alumbrado tras meses de negociaciones por la alianza que sostiene el Gobierno de Berlín, y que deberá pasar por el Bundestag antes de final de año, aspira a sacar a Alemania de su actual estancamiento y, sobre todo, servir como plan de futuro. «Nos embarcamos en un viaje (...) Esto se aplica a las generaciones mayores pero también, y especialmente, a las más jóvenes», planteó Merz, quien sugirió que es el momento de realizar un esfuerzo colectivo para volver a la senda del crecimiento –ahora a la baja, con un 0,5% previsto para este ejercicio– y rebajar la inflación (se espera que alcance el 2,9% a final de año). «Nuestro país puede más y quiere más», aseguró el líder conservador, muy criticado por los recortes en el Estado de bienestar que prepara su gabinete, con decisiones tan poco populares como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida.

Finlandia lleva ya más de medio año siendo el país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro. Se ha consolidado en esa posición por delante de España con una tasa que en mayo repuntó hasta el 10,8%, según los datos que ayer publicó Eurostat, por el 10,3% de la economía española y el 5,9% en el que se queda la media de la UE. Y al igual que ocurre en el caso español, la inmigración está teniendo un impacto muy importante sobre el mercado laboral finlandés, aunque en este caso de un modo negativo en términos de desempleo. Porque a diferencia de lo que ocurre en España, los inmigrantes que llegan a Finlandia tienen muchos problemas para encontrar trabajo. Por un lado, por la dificultad de aprender el idioma, justo lo contrario de lo que ocurre con los trabajadores latinoamericanos que llegan a territorio español. Por otro, porque los requisitos de productividad son muy altos y el número de empleos de baja cualificación es muy reducido. De nuevo, la otra cara del impacto que la inmigración tiene en la economía española. La cara B. «La oferta laboral en Finlandia ha aumentado tanto por una mayor participación en el mercado laboral de trabajadores de mayor edad, gracias a las reformas que redujeron las vías de jubilación anticipada, como por el incremento de la inmigración», explica David Haugh, jefe de la unidad de Finlandia y Nueva Zelanda de la OCDE. El país nórdico, además, ha sido una de las economías que peor se ha comportado en Europa en los últimos años, continúa Haugh, que menciona algunos factores clave: la débil demanda externa, «especialmente en Alemania, un mercado clave para las exportaciones industriales finlandesas», y también «el fuerte descenso del comercio con Rusia». Y a todo ello se suma, ahora sí, la estructura del mercado laboral que impide en gran medida a los inmigrantes acceder al mismo. «La barrera del idioma. Los altos requisitos mínimos de cualificación y productividad, y un menor número de empleos de entrada de baja productividad», enumera el experto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Ni una sola victoria de Estados Unidos en Irán. La guerra iniciada a finales de febrero por Donald Trump y Benjamín Netanyahu parece destinada a cambiar —para mal— la naturaleza del estrecho de Ormuz, una de las vías cruciales para el abastecimiento mundial de hidrocarburos y fertilizantes. Si antes del ataque los buques transitaban libre y gratuitamente, las tornas tienen muchos visos de cambiar en los próximos meses, con un inédito sistema de peajes, pagos por servicios marítimos o tasa de cualquier otro tipo. Durante años, la posibilidad de un cierre o bloqueo del estrecho por parte de Irán había sido uno de los escenarios debatidos en los análisis prospectivos sobre eventuales conflictos. Era una posibilidad teórica, pero —se creía— con escasas opciones de que cristalizase en algo real, tangible. La historia reciente ha enseñado que estaban equivocados: la República Islámica ha probado su capacidad de controlarlo, y no está dispuesta a soltar ese as en la manga. Ormuz es, en palabras del presidente del Parlamento iraní, Bagher Ghalibaf, “un regalo divino” y “el mayor instrumento de poder” en manos de Irán. Las negociaciones entre Irán y Omán ya han comenzado, y mucho tienen que cambiar las cosas para que no acaben derivando en un pago —se llame como se quiera llamar— para los petroleros y metaneros que franquean el estrecho rumbo al mar Arábigo.