20260704

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Un extenso estudio elaborado por la Fundación Begirune sobre el acceso foráneo al empleo en Euskadi, sustentado en 172 entrevistas en profundidad a empresas vascas, cuatro consultas a entidades expertas del entorno institucional como Lanbide o Cáritas, y un sondeo cuantitativo que recabó un centenar de respuestas, revela un síntoma preocupante para la salud económica: el 75% de las empresas de la comunidad admite sufrir «serias dificultades» para cubrir sus vacantes de personal, y un 51% señala directamente a la «falta de candidatos con la formación y la preparación adecuadas». La necesidad más acuciante golpea con especial dureza al corazón económico vasco, la industria, dado que un de tercio de las demandas de las compañías se concentra específicamente en las fábricas, el metal y la manufactura. En este sector, los requerimientos son claramente especializados: un 26,6% de los perfiles solicitados corresponden a puestos técnicos o cualificados asociados a la formación profesional, frente a un exiguo 6,9% de operarios con baja formación. Como resume en esta línea un empresario industrial del territorio en el propio informe, «gente de aquí en esto no quiere trabajar» y, cuando se publica una oferta, «ya sabes que quienes te van a responder y están interesados son de fuera, y eso que tenemos buenas condiciones, pero el trabajo es duro».

Los extranjeros regularizados en el proceso extraordinario coparán este verano la mayor parte de los contratos temporales que se generan por la temporada turística y paliarán, así, una buena parte de la falta de mano de obra que sufre el país, sobre todo en la hostelería. Concretamente, supondrán un tercio de los 165.584 trabajadores llamados a cubrir los contratos récord de la campaña turística, un ligero repunte respecto a 2025. Estos más de 165.000 trabajadores darán respuesta a los 745.000 contratos que las empresas de trabajo temporal (ETT) generarán entre julio y agosto para afrontar la campaña estival, un 9,5% más que el año pasado. La cifra se elevará a 790.000 si se tiene en cuenta el mes de junio, un 12% más que en 2025, según las previsiones de Randstad. En un escenario más optimista, Adecco prevé que junio, julio y agosto traigan conjuntamente más de 1,2 millones de contratos en toda España, un 12% más que el año anterior. Con estas cifras cabe esperar que la hostelería tenga problemas para encontrar mano de obra. Sin embargo, el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, aseguró que la incorporación de mano de obra extranjera acogida a la regularización extraordinaria paliará las vacantes en la hostelería en un momento en el que España alcanzó el récord de 160.000 puestos sin ocupar en el mercado laboral. 

El desmantelamiento de las antiguas instalaciones de Corrugados Azpeitia ya tiene calendario. Tras la concesión de la licencia municipal de demolición y la adjudicación de las obras, los primeros trabajos comenzarán a finales de este mes con las labores de saneamiento en el interior de la planta. Esas actuaciones se prolongarán durante agosto, mientras que el grueso de la demolición arrancará a pleno rendimiento en septiembre. El inicio de las obras coincide además con una nueva sentencia sobre el procedimiento de caducidad de las licencias, aunque el Consistorio asegura que el fallo «ya no tiene efectos prácticos». El Ayuntamiento de Azpeitia precisó ayer que no es posible concretar el calendario completo de los trabajos, ya que el proceso dependerá del desarrollo de las primeras actuaciones de saneamiento. «A medida que avance la intervención se irán definiendo las siguientes fases», recalcó la alcaldesa Nagore Alkorta. Se prevé que los trabajos de demolición de la planta de Corrugados finalicen en un plazo de «año y medio». La licencia municipal de demolición fue concedida formalmente el pasado 14 de abril, después de que Corrugados S.L. obtuviera previamente la autorización del Gobierno Vasco, requisito indispensable para que el Ayuntamiento pudiera dar luz verde al proyecto. Esa autorización autonómica se concedió el 9 de febrero.

Las dificultades que encuentran los parques eólicos para erigirse en Euskadi, habituadas a despertar el rechazo social en su entorno, han dado con una fórmula de recabar apoyos en Labraza. El modelo de cofinanciación presentado por el Gobierno vasco e Iberdrola, que ofrecía a la ciudadanía participar en el proyecto, ha recibido más del doble de las aportaciones ofertadas. Frente a los 3 millones de euros disponibles, las solicitudes han alcanzado un valor de 6,5 millones de los que 1,1 proceden de las localidades más próximas (Labraza, Barriobusto y Oion) que tienen prioridad. De esta forma, se confirma la inversión por parte de la ciudadanía alavesa que podrá participar activamente en el proyecto. La convocatoria basada en un modelo ‘crowdlending’ –donde numerosos inversores particulares realizan una aportación para recibir intereses– se lanzó el 18 de mayo y solo en el primer día ya captó más de 1,8 millones. El modelo a tres años ofrece un interés fijo al 7% anual garantizado, con un rango de inversión fijado entre los 1.000 y los 100.000 euros por persona. Además, la iniciativa se dirigió desde el comienzo de forma prioritaria a los habitantes de Labraza, Barriobusto, Oion y la Rioja Alavesa. «El objetivo siempre ha sido priorizar a los vecinos de las zonas más cercanas al parque eólico», apuntaron desde la parte promotora.

El caso de la estafa millonaria denunciada por la acería Nervacero, de Trapagaran, ya tiene resolución judicial. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a nueve de los acusados a penas de entre diez meses y quince días y un año de prisión, por lo que no entrarán en prisión. El fallo les considera responsables de urdir una trama con la que habrían desfalcado cantidades millonarias a la fábrica mediante la venta fraudulenta de chatarra. Asimismo, se les ha impuesto una indemnización «conjunta y solidaria» a la compañía de 404.812 euros. El tribunal provincial ha absuelto, por otro lado, a otros ocho de los acusados y a siete empresas encausadas en este largo procedimiento. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. El caso acabó en juicio tras una instrucción de 14 años, lo que constituye posiblemente un récord en Bizkaia. Las primeras sospechas de que algo extraño estaba pasando en Nervacero surgieron hacia 2009. Los encargados observaron que se estaba produciendo una merma en la calidad de la producción. Una posible explicación podía tener que ver con que la chatarra que se echaba al horno no era todo lo buena que se había declarado. Pero no fue hasta agosto de 2012 cuando la Guardia Civil detuvo a dos trabajadores de la acería como presuntos líderes de una trama para defraudar a la empresa cantidades millonarias de dinero mediante una deliberada clasificación errónea de la chatarra.

Las grandes patronales que forman parte de la CEOE están saliendo poco a poco a trasladar su respaldo a la reelección de Antonio Garamendi como presidente. Esta vez, y siguiendo los pasos de Confebask y Foment, le ha tocado el turno a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que hizo público ayer a través de un comunicado que su Comité Ejecutivo decidió por «unanimidad» apoyar al empresario vasco en las elecciones del próximo 1 de octubre. El apoyo de Cepyme a Garamendi se daba casi por descontado, ya que su actual presidenta, Ángela de Miguel, llegó al cargo con el respaldo de Garamendi en las elecciones de Cepyme del año pasado. De Miguel fue la candidata que el empresario vasco buscó para arrebatarle el liderazgo a Gerardo Cuerva, el hasta entonces presidente de la ‘hermana pequeña’ de CEOE, que se había presentado a la reelección. En su comunicado, Cepyme pone en valor la gestión de Garamendi al frente de la CEOE «marcada por la defensa del tejido empresarial, el diálogo y la búsqueda de consensos y la capacidad de mantener una voz empresarial sólida, cohesionada y responsable en un contexto económico y social difícil».

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), que investiga presuntas irregularidades en la cúpula de la CEOE, reconoce que la falta de recursos puede influir en su capacidad para absorber grandes volúmenes de trabajo. Desde la entidad creada en septiembre de 2025, hace apenas diez meses, admiten que todavía están en proceso de despliegue y que no cuentan con una dotación presupuestaria y de medios suficiente para afrontar la carga derivada del volumen de denuncias. El empresario y exvicepresidente de Cepyme, José Manuel de Riva Zorrilla, presentó su denuncia contra supuestas irregularidades en el equipo directivo de Antonio Garamendi ese mismo mes de septiembre, tras sentirse desamparado por la Comisión de Régimen Interno de CEOE. Y hasta la fecha, la investigación transcurre lentamente. De Riva acusa a varios miembros de la cúpula de CEOE, entre ellos, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor; Ángela de Miguel, actual presidenta de Cepyme; y el propio Garamendi. También denuncia casos de supuesto acoso laboral en el seno de la patronal. Y pide multas de hasta 300.000 euros e inhabilitaciones de hasta dos años por presuntas infracciones muy graves de la Ley 2/2023 que regula la protección del informante. La AIPI, que ha concedido a De Riva el estatus de «informante protegido», tramita las denuncias de trabajadores que hayan conocido presuntas irregularidades en el ámbito laboral. Su función no es determinar la culpabilidad de los denunciados, sino comprobar si los hechos presentan indicios suficientes de verosimilitud para remitir el caso al órgano competente. 

Las carreteras vascas suman ya 2.357 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos. Supone un avance del 14,5% respecto al año pasado y, si bien se nota cierto estancamiento en el ritmo de instalación (en 2025 el crecimiento fue del 22,3% y en 2024 del 70,4%), Euskadi sigue avanzando en los objetivos de electromovilidad que persiguen las instituciones europeas y locales para descarbonizar el transporte. Eso sí, lo hace a un ritmo insuficiente. Según los objetivos marcados por la Unión Europea, la comunidad debería llegar a finales de 2030 con más de 13.500 ‘electrolineras’, un objetivo que a día de hoy parece demasiado ambicioso. Según señalan desde el sector automovilístico, contar con una infraestructura suficiente es un requisito clave para eliminar barreras psicológicas de los usuarios y garantizar la movilidad interurbana. Precisamente, el estancamiento se produce en un momento en el que las matriculaciones de electrificados (que incluyen tanto a los eléctricos puros como a los híbridos enchufables) han comenzado a coger vuelo de manera definitiva en el País Vasco.

Se pregunta «a qué está jugando el Gobierno» ante el bloqueo de la negociación y deja en el aire el encuentro previsto para este mes «Esto es inaceptable». El lehendakari aprovechó una comparecencia pública en Madrid para lanzar una dura advertencia a Pedro Sánchez por negarse a cerrar el traspaso de la gestión de la Seguridad Social y de los puertos de Bilbao y Pasaia. Pradales acusó a Moncloa de comportarse como «un frontón» y de incumplir los compromisos firmados con el PNV para apoyar la investidura en 2023. El mandatario nacionalista participó ayer en un desayuno informativo organizado por RTVE y la Agencia Efe en Madrid, donde quiso transmitir su «preocupación» por la falta de avances en el cumplimiento del Estatuto de Gernika casi 47 años después de su aprobación. Completar lo dispuesto en la norma institucional básica de Euskadi es un compromiso que Sánchez adquirió en 2023 por escrito en su pacto de investidura con el PNV y, de hecho, lo acordado era hacerlo para finales de 2025. Sin embargo, cruzado ya el ecuador de 2026, sigue sin cumplirse y nada apunta a que vaya a ocurrir a corto plazo, máxime en un momento crítico de la legislatura nacional. La intervención de Imanol Pradales ayer en un desayuno informativo en Madrid desairó a su socio de gobierno, el PSE-EE, que horas después salió a rebatir algunos de los pronunciamientos del lehendakari. Ante su denuncia de un bloqueo en la negociación de los traspasos pendientes, la formación de Eneko Andueza recordó que con Pedro Sánchez en el Gobierno han sido ya treinta las competencias transferidas al País Vasco y, en lo que respecta a la carpeta de la Seguridad Social, reclamó que el planteamiento del PNV sea «riguroso» y que «no se convierta en un tira y afloja». La aspiración de los jeltzales, según los socialistas, «dejaría a Euskadi en bancarrota si tuviera que afrontar hoy el pago de las pensiones de los vascos».

El rearme de Europa ha dejado de ser una promesa política para convertirse en uno de los mayores ciclos de inversión industrial en décadas. Camille Grand (París, 56 años) lo conoce desde los dos lados de la mesa. Fue subsecretario general de la OTAN para Inversiones en Defensa. Hoy dirige ASD Europe, la patronal que agrupa a los grandes fabricantes de armamento —Airbus, Leonardo, Thales, Indra— y que gestiona una cartera de pedidos que lleva cuatro años seguidos de crecimiento de doble dígito. La cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara el 7 y 8 de julio, ha reservado por primera vez un papel protagonista a la industria de la defensa. Grand emite un diagnóstico claro: Europa domina las tecnologías, pero llega tarde en números. "...Hay reticencias en algunos aliados, pero comparado con hace unos años, cuando la mayoría estaba en el 1% del PIB, estamos en otro mundo. El reequilibrio dentro de la OTAN entre EE UU y Europa ya no es un proyecto de futuro: está ocurriendo. Hace cinco años, el debate en la UE era si debía financiar investigación en defensa. Hoy entrena a ucranios, tiene un instrumento de préstamos de 150.000 millones y mecanismos para acelerar la adquisición de equipos. La cifra prevista para defensa en el próximo marco financiero es de 131.000 millones, frente a una sexta parte en el anterior. Otro mundo...La era de paz en Europa ha quedado atrás. No significa que estemos en guerra, pero vivimos en un entorno mucho más peligroso. Nuestra tarea debe ser prevenir una guerra mayor siendo serios en defensa. Y no existe ningún escenario en el que los europeos, incluidos los más alejados del flanco oriental, puedan permitirse ignorar el tipo de crisis que temen países bálticos..."

Amundi es la mayor gestora de fondos europea, con más de 2,4 billones de euros en activos. La firma francesa es la única gestora en Europa capaz de competir de tú a tú con los gigantes estadounidenses. De hecho, se encuentra en el top cinco de mayores gestoras de fondos a nivel internacional, junto a BlackRock, Vanguard, Fidelity y Capital Group. Como gran inversor institucional europeo, Amundi analiza constantemente los desafíos a los que se enfrenta el continente para ganar peso frente a Estados Unidos. Monica Defend (Pordenone, Italia, 1972), estratega jefe del grupo y responsable del Amundi Investment Institute, subraya la necesidad de Europa de impulsar su competitividad y aumentar la escala de sus compañías, así como la importancia de desarrollar los mercados de capitales. Pero también ve oportunidades. Defend considera que Europa puede aprovechar su fortaleza industrial para beneficiarse de tendencias que impulsan los mercados. "Nos preocupa la falta de competitividad de Europa, pero al mismo tiempo vemos muchas oportunidades. En el mercado y a nivel corporativo, estamos viendo movimiento, incluso en inteligencia artificial. No tenemos toda la cadena completa como EEUU, pero estamos en la parte posterior de la cadena: somos facilitadores de la IA, es decir, quienes pueden incorporar la inteligencia artificial dentro de los procesos industriales. Y el sector industrial en Europa tiene un peso mayor que en EEUU. Eso podría acabar siendo una ventaja. Probablemente EEUU y China están innovando. La oportunidad para nosotros está en renovar lo que ya tenemos. Y eso puede crear oportunidades de inversión. Por ejemplo, en infraestructuras, Defensa...Me sorprende lo cínicos que son los mercados, especialmente las Bolsas, ante cualquier reacción al riesgo geopolítico. Están completamente obsesionados con la inteligencia artificial. Lo cierto es que es un motor a medio y largo plazo en términos de productividad, crecimiento y beneficios. Pero aun así, me parece horrible que a los mercados no les importen las guerras..."

Las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, siempre deben analizarse con cuidado, ya que detrás de cada palabra y matiz puede haber pistas sobre las próximas medidas que tomará el Eurobanco. En una entrevista en el diario francés L’Echo, Lagarde ha contemplado la posibilidad de abandonar la institución comunitaria antes del final de su mandato, que expira el 31 de octubre, para dar el salto a la política francesa, algo que se lleva meses rumoreando pero hasta ahora no había admitido. El país galo celebrará elecciones presidenciales en abril del año que viene bajo un clima de tensión en el que se teme un avance de la ultraderecha. Lagarde ha dado un paso adelante y ha abierto la puerta a salir del BCE antes si el debate político en Francia requiere de «una voz europea» y siempre que la inflación permanezca estable en la Eurozona. «Es posible», afirmó al ser preguntada por su posible participación los comicios de 2027. Con todo, Lagarde puntualizó que «el capitán del BCE debe permanecer a bordo» para garantizar que la inflación vuelva al 2% a medio plazo; más aún en un momento en el que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado los precios de la energía.

«No es casualidad», señalan fuentes internas de la Agencia Tributaria al ser preguntadas sobre los motivos que están detrás de la inminente dimisión simultánea de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, el director de Inspección, Manuel Trillo Álvarez, y la directora de Recaudación, Virginia Muñoz Fernández. Una «desbandada» de la dirección del organismo que responde a una situación ya insostenible y que no por casualidad se produce ahora, tres meses después de que haya sido nombrado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, elegido para acelerar la reforma del sistema de financiación autonómica en la recta final de la legislatura. Aunque el polvorín ha estallado coincidiendo con la polémica por las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no fueron declaradas y por las que la Agencia Tributaria se ha acabado personando como perjudicada en el proceso judicial a través de la Abogacía del Estado, lo cierto es que el caldo de cultivo venía gestándose durante al menos dos años, desde que en julio de 2024 el Gobierno central acordó con ERC diseñar una especie de «financiación singular» a la carta para Cataluña a cambio de que ese partido invistiera presidente a Salvador Illa, del PSC. Sin haber un único detonante, el conocimiento público de la dimisión de la cúpula ha coincidido con la celebración, el martes, de una reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña –enmarcada en una serie de citas con todas las autonomías a las que no han asistido las gobernadas por el PP– para reactivar la reforma del modelo de financiación autonómica y avanzar en la arquitectura de un sistema diseñado para acabar permitiendo, en última instancia, que Cataluña gestione el 100% de la recaudación del IRPF, dando pequeños pasos hasta entonces para ir reforzando poco a poco la Agencia Tributaria Catalana.

A diferencia del que rechazó el Congreso, un exiguo texto con apenas dos artículos, el que se prepara ahora contemplará desde la regulación del IVA a los pisos turísticos hasta medidas de impulso a la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que lidera la negociación, promueve con Sumar un amplio paquete con flexibilidad negociadora para contentar a un grupo complejo que va desde el PNV y Junts, con visiones más de centroderecha, a ERC, Bildu y Podemos, con posiciones claras de izquierda. La negociación es muy compleja, y es difícil poner a tantos grupos de acuerdo sobre un tema tan delicado, pero distintas fuentes del Ejecutivo consultadas ven posibilidades de éxito porque creen que hay margen para satisfacer a todos y sobre todo hay mucha urgencia social. Todos los grupos tienen reclamaciones diferentes, y el Ejecutivo cree que hay margen para negociarlas todas. Junts, por ejemplo, exige deducciones por el pago de la hipoteca y el alquiler e incentivos fiscales para la construcción y la rehabilitación, que son bases sobre las que se puede negociar. En el caso de los alquileres de temporada, el Gobierno está aceptando la visión del PNV, por ejemplo. El Ejecutivo tomará como referencia para incorporarla a una ponencia que lleva desde diciembre en el Congreso y que cuenta con el aval de los nacionalistas vascos. El texto contiene cambios relevantes, como la posibilidad de equiparar el alquiler de habitaciones con el de vivienda habitual, lo que serviría para obligar a una duración mínima de entre cinco y siete años, o a poner topes a los precios de las habitaciones en zonas tensionadas.

El sector aéreo está en alarma este verano por dos posibles escollos para cumplir con la calidad del servicio y con las propias programaciones: la ralentización en el control de pasaportes por los sistemas biométricos de entradas y salidas, conocidos como SES (EES por sus siglas en inglés), y la amenaza que supone cada temporada estival el control aéreo francés, ya sea por huelgas o por falta de efectivos. Sobre los servicios de la firma francesa de control DSNA, en el Senado parisino ha salido a la luz un informe firmado por Vincent Capo-Canellas, de Union Centriste y presidente del Grupo de Estudios sobre Aviación Civil, en el que se describen importantes fallos de gestión e ineficiencias que hacen de Francia el punto más débil del espacio aéreo europeo. La situación lleva años afectando a la movilidad doméstica y también a miles de sobrevuelos con origen o destino en España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, y una larga lista de países. El informe sostiene que si no se introducen medidas correctivas, el control francés no podrá hacer frente a la creciente demanda de vuelos en 2030 y motivará pérdidas a las aerolíneas por unos 1.700 millones anuales a partir de 2035. Ante tal escenario, la aerolínea líder en Europa, Ryanair, ha vuelto a exigir a las autoridades de la UE protección para los sobrevuelos en Francia durante las huelgas y que se acelere el programa de modernización de la DSNA.

Más de una década después de abandonar el mercado de motores para los aviones más vendidos del mundo, Rolls-Royce está trazando una ruta de regreso. El UltraFan 30 del grupo británico está diseñado para los sucesores de las familias Airbus A320 y Boeing 737 Max: aviones de fuselaje estrecho que superan con creces en ventas a los aviones de larga distancia que actualmente equipa. “La compañía no puede crecer mucho más en el mercado de los aviones de fuselaje ancho, así que si se quiere que Rolls-Royce crezca realmente en su negocio principal de motores de aviación, tiene que ser en el mercado de aviones de fuselaje estrecho”, explica Nick Cunningham, de la firma de análisis de renta variable Agency Partners. Asegurar el regreso a los motores para aviones de fuselaje estrecho es uno de los mayores desafíos estratégicos para Tufan Erginbilgiç, quien ha impulsado un cambio radical desde que se convirtió en consejero delegado de Rolls-Royce en 2023. Pero este impulso requerirá algo más que ambición. Para convertir el UltraFan 30 de un concepto de ingeniería en un producto comercial, la empresa necesita miles de millones de libras de inversión, un socio que la ayude a fabricar a gran escala y la confianza de Airbus y Boeing.

El tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha multiplicado por cuatro en la última semana, en medio de una creciente confianza en el alto el fuego de 60 días entre EEUU e Irán. El tránsito rastreable de buques que entran y salen del Golfo cada día ha aumentado de entre uno y dos durante la mayor parte del conflicto a ocho el 1 de julio, según la media de siete días de la plataforma de datos marítimos Signal. Hapag-Lloyd, la principal naviera de contenedores, informó a Financial Times el jueves de que cuatro buques que antes estaban atrapados en el Golfo ya se encontraban fuera, mientras que su competidora Maersk indicó que dos de sus buques habían salido del estrecho la semana pasada. El aumento del tráfico es una señal de la confianza de los armadores en que podrán transitar con seguridad por la vía marítima en disputa sin sufrir ataques. Aunque las cifras siguen estando muy por debajo del número de tránsitos anteriores a la guerra, ponen de relieve el deseo de los operadores de aprovechar la relativa paz para sacar los buques atrapados en el Golfo.

Los Estados Unidos de América cumplen hoy 250 años de su independencia, una fecha que celebra el experimento de autogobierno, independencia y separación de poderes nacido con la Declaración de 1776. El aniversario llega en un momento de división política, desconfianza y una animosidad creciente entre dos grandes bloques, a izquierda y derecha. Ni siquiera esta conmemoración tan solemne ha logrado escapar de esa fractura: Washington incluso acoge celebraciones paralelas, impulsadas por organismos distintos y con visiones enfrentadas sobre qué debe representar el cumpleaños de la nación. Políticamente, el país llega a su gran aniversario partido en dos campos casi irreconciliables. El presidente Trump avanza con una agenda que pretende rehacer EE UU, ensanchando las fronteras del poder presidencial y sometiendo al Ejecutivo a una prueba de fuerza permanente, con los jueces como el único contrapeso que, por ahora, le ha impuesto límites reales. En la otra orilla, los demócratas abrazan su propio experimento: el ascenso de una izquierda abiertamente socialista con Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, como figura más influyente y visible.