20261028

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, sigue reforzando la estructura con la que afrontar la modernización e incorporará el próximo mes de febrero a Hipólito Suárez como director general del banco asumiendo en su cargo la secretaría del consejo y la asesoría jurídica de los órganos de gobierno de la entidad. El nombramiento, según fuentes conocedoras de las negociaciones, se informará mañana en el consejo de administración de la entidad y cuenta ya con el visto bueno preceptivo del Banco Central Europeo. Suárez ya formaba parte del consejo de administración de Kutxabank como independiente desde 2021. Es abogado por la Universidad de Deusto y acumula más de 30 años de experiencia en la industria vasca en empresas como Siemens Gamesa o Velatia. Actualmente es director general corporativo de Aernnova y secretario de su órgano de gobierno donde se convirtió, junto al ex consejero delegado, Ricardo Chocarro, en uno de los apoyos principales del que fuera fundador de Aernnova, Iñaki López Gandásegui, que falleció el pasado mes de febrero. Desde el cargo en Kutxabank apoyará la senda de modernización de la entidad, inmersa en una adaptación a las nuevas tendencias financieras y su digitalización. 

Euskadi registra tras Baleares los datos más bajos de paro en España durante el tercer trimestre del año. Según recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa alcanzó un 7,17% en el País Vasco, tres puntos menos que la media española –en el 10,18%– y solo por detrás de Baleares que gracias al tirón turístico se situó en un 4,63% entre julio y septiembre. Los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) marcan un crecimiento del desempleo durante el último año, con 3.600 personas más en esta situación hasta alcanzar las 78.800. Euskadi se mantiene así en la segunda posición que ya alcanzó durante el segundo trimestre del año. Le siguen Cantabria, con un 7,56%, Castilla y León con el 7,75% y Madrid, en el 8,18%. Los datos más altos se dan en Andalucía, con una tasa que llega hasta el 14,91% y Extremadura, en el 13,01%. Aunque crece ligeramente la tasa de desempleo con respecto al tercer trimestre del año pasado, cuando marcó un 6,98%, cabe recordar que entonces fijó sus mejores resultados desde 2008 para un verano y el segundo mejor resultado de los últimos 18 años (solo le supera el cierre de 2023, con un 6,38%). Lo hace además en un momento en el que el proceso de regularización extraordinario está ampliando la población activa total en el País Vasco, incorporando más potenciales trabajadores al mercado laboral. Por otro lado, los datos del INE reflejan un incremento entre la población ocupada que alcanza ya 1.020.300 personas. 

Es un intento a la desesperada para tratar de evitar el cierre definitivo de la compañía. El Gobierno vasco atisba el peor de los escenarios para Tubos Reunidos. Así lo señaló ayer el consejero de Industria, Mikel Jauregi, tras el Consejo de Gobierno al insistir en que si no hay una condonación de la deuda que la empresa tiene con la Sepi, si no hay «un cambio radical» en la posición del banco público, «Tubos Reunidos se va irremediablemente a la liquidación». Nunca antes la visión del Ejecutivo sobre la situación había sido tan pesimista. El concurso de acreedores de la compañía vasca, que tiene una deuda de 300 millones y de los que 150 corresponden al rescate de la Sepi, no vislumbra una salida. El escenario empeoró sin retorno la semana pasada cuando EL CORREO hizo público el informe de Bruselas que utilizó la Sepi para dar un portazo a cualquier reducción de la deuda que tiene la empresa vasca. Un posicionamiento que, como reconoció el propio Jauregi, «ha ahuyentado a los inversores» y «ha frenado el proceso» porque ninguno quiere invertir si no se despeja esa incógnita. En estas circunstancias, el responsable de la cartera de Industria anunció que hoy se celebrará una reunión en la sede de la Sepi a la que se va a invitar a los oferentes que seleccionó el administrador concursal para seguir adelante con el proceso. Se trata de cinco ofertas, entre las que están la de la india Welspun, la de Sidenor, la de Tubacex y otras dos. 

El presidente de Ayesa Digital, Iñigo Ucín, y el CEO de la compañía, Manuel Baraza, mantuvieron ayer en Donostia un encuentro con la prensa para dar cuenta de los planes de de futuro de la compañía. Se trata de la primera reunión de este tipo desde que el 31 de diciembre del pasado año la ‘cuadrilla’ de inversores vascos (Indar Kartera, Fundación BBK, Gobierno Vasco, Fundación Vital y Teknei) la adquiriera por 480 millones. En su comparecencia, Baraza y Ucín repasaron la actualidad de la compañía que, afirmaron, espera cerrar en este 2026 su «mejor año de la historia». El CEO quiso dejar claro que la empresa quiere crecer «de forma orgánica e inorgánica», con lo que se prepara para abordar nuevas compras, tras la recientemente incorporación de la errenteriara Kuik, especializada en IA. «No queremos crecer por crecer, sino para ser más competitivos», aclaró Baraza, quien señaló que las eventuales adquisiciones serían preeminentemente en ámbitos de futuro «como la ciberseguridad, la IA o el data» y, en principio, en el mercado español. «Si vamos al extranjero va a ser siempre siguiendo a los clientes», explicó. El presidente, Iñigo Ucín, y el CEO, Manuel Baraza, recuerdan en Donostia que la sede está blindada y descartan que la IA ponga en peligro el empleo si se domina. 

Felipe VI visitó ayer Mondragon Corporación para conocer de primera mano el funcionamiento, la trayectoria y los proyectos de futuro del grupo cooperativo de Arrasate, el primer empleador de Euskadi. La jornada, en la que estuvo acompañado por el lehendakari, supuso un relevante respaldo institucional a una fórmula socio-empresarial singular que sitúa a «las personas en el centro de la gestión económica» y que constituye «uno de los grandes motores de la industria vasca», como señalaron ayer los responsables de la corporación arrasatearra. El recorrido se centró en dos enclaves estratégicos de la comarca de Debagoiena: el centro de desarrollo directivo de Otalora, en Aretxabaleta, y las nuevas instalaciones industriales de Onnera Group, en Oñati. La primera parada de la comitiva tuvo lugar en el palacio Otalora de Aretxabaleta, centro neurálgico de la formación directiva de la corporación. Allí, el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, junto a la representación institucional y directiva, presentó las prioridades estratégicas del grupo. Durante el encuentro se debatió sobre las trasformaciones que afronta la industria europea –como la digitalización, la transición energética o la atracción de talento– y la necesidad de contar con empresas arraigadas en el territorio, con visión a largo plazo y capaces de competir en los mercados globales sin perder su compromiso social.

El Gobierno vasco aprobó ayer su proyecto de Presupuestos para 2027. Unas Cuentas que ascienden a 17.629 millones, lo que representa un crecimiento del 7,6% respecto a este 2026, unos 1.300 millones más, sin contar el endeudamiento extraordinario de mil millones aprobado este año para las inversiones industriales de la Alianza Financiera Vasca. El esfuerzo de gasto público del tercer Presupuesto de la legislatura del lehendakari Imanol Pradales establece un nuevo techo histórico y se centrará en políticas de Bienestar Social, que absorberán tres de cada cuatro euros. Las partidas más importantes residen en Salud, con 5.724 millones, un 7,4% más que este año; y en Educación, que crece un 13,3% hasta alcanzar los 3.792 millones. Solamente estos dos departamentos suman el 54% del gasto. Según explicó el consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, el Ejecutivo ha aprovechado una base financiera sólida, gracias a una recaudación de impuestos que se espera que crezca en 2027 un 6,1%, para «apostar por una Euskadi más cohesionada, innovadora, segura y preparada para afrontar los retos de la próxima década. Unas cuentas que combinan estabilidad y ambición, fortalecimiento de los servicios públicos e inversión transformadora», aseguró. Ver nota Gobierno Vasco aquí. 

El proyecto presupuestario presentado ayer centra el esfuerzo del gasto en «mantener la calidad de los servicios públicos», tal y como explicó el consejero de Hacienda Noël d’Anjou. Pero la intención del Gobierno vasco es, según detalló el propio d’Anjou, atender la necesaria inversión sobre el tejido económico que el Ejecutivo ha querido convertir en una de las banderas de la legislatura. Así, la inversión pública crece por encima del conjunto de gasto público y con un avance del 7,9% llegará a los 1.865 millones. La destinada a investigación, desarrollo e innovación crecerá hasta los 772 millones. El objetivo, tal y como ha aclarado d’Anjou, es seguir desarrollando la apuesta del plan de inversiones de la Alianza Financiera Vasca para reforzar el tejido industrial. Una política que ha llevado al Ejecutivo a emitir mil millones de deuda este año para financiar operaciones como las de Talgo o Ayesa o participar en la opa abierta sobre Azkoyen. De las inversiones, el responsable de la Hacienda vasca ha destacado los 442 millones que irán a industria para mejorar el tejido empresarial, impulsar su digitalización y avanzar en la transición energética con el impulso de las renovables. 

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Nöel d’Anjou, confirmó el criterio de recoger el acuerdo de la normativa del Estado para fijar la retribución de los funcionarios y empleados públicos del Ejecutivo autonómico. Así, el Presupuesto para 2027 recoge una subida salarial para este colectivo que alcanza a 130.000 personas del 4,5%. A ese incremento se añadirá otro 0,5% correspondiente en este caso a que en 2026 la inflación ha superado el 1,5%, tal y como se recogió en el acuerdo marco entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. En cuanto a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la cuantía que ingresarán sus perceptores subirá algo menos. D’Anjou anunció que el Presupuesto contempla un incremento del 2%.

El coste de las pensiones contributivas en Euskadi supera este mes por primera vez los mil millones de euros. En total, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se han repartido en octubre 594.000 prestaciones, 7.400 más que el año pasado en el País Vasco lo que representa un crecimiento del 1,26%. Los ingresos alcanzan de media los 1.688 euros, tras contabilizar una subida de 67 euros respecto al año pasado (en este caso, un aumento del 4,12%). En total, la inversión necesaria ha alcanzado este mes un total de 1.002.551.389 euros. Los jubilados representan el grueso de la partida. Por primera vez su cifra pasa de las 400.000 pensiones (hay actualmente 400.745), por lo que suponen dos tercios de todos los pensionistas, con una compensación que alcanza los 1.912 euros –Euskadi es el único territorio de España que rebasa de media los 1.900 euros gracias a sus cotizaciones–. El coste de las pensiones en un mes normal, sin la paga extraordinaria, superan ya los 766 millones de euros.

Que el Convenio del Metal de Gipuzkoa –uno de los más veteranos y más importantes del territorio, no sólo por su afección directa en cuanto al número de trabajadores sino por su efecto indirecto como referencia para otros pactos laborales– es uno de los mejores de España es algo sabido. Se da por hecho. Pero no es hasta que se ponen negro sobre blanco algunos números básicos cuando se aprecia en su justa medida la enorme distancia con otros lugares y, por ende, las bondades de un pacto que da cobertura a más de 40.000 personas en Gipuzkoa. La patronal estatal del sector, Confemetal, ha puesto sobre la mesa algunos de esos números, que no dejan lugar a la duda, tras analizar todos los convenios vigentes cierre de 2025. Y para muestra, un botón. Y es que un peón guipuzcoano cobra por cada hora que trabaja más que un ingeniero en no pocas partes de España. De hecho, y según las tablas del convenio, en más de trece provincias del Estado. Ese informe, que sobre los convenios del sector, que Confemetal elabora cada año, sitúa al territorio como la provincia con mejores condiciones base en no pocas categorías, y con amplias diferencias salariales. Así, revela el documento, un peón del sector metalúrgico en Gipuzkoa ingresa por hora 16,2 euros, por encima de lo que ganan los licenciados en Ingeniería de Cuenca (12,47 euros por hora), Badajoz (12,80), Jaén (13,08), Cáceres (13,19) o Lleida (13,25), los que presentan una mayor distancia con ese trabajador de Ordizia, Elgoibar o Irun. Pero también gana más que los de Ciudad Real (13,57), Murcia (14,13), Lugo (14,29), Castellón (14,65), Soria (15,13), Ourense (15,31), Salamanca (15,51) y Almería (16,18).

La Compañía de Empresas Navarras de Inversión Territorial ha declarado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra del 1,05% del capital de Azkoyen, participación valorada en 2,5 millones de euros, en una clara señal de que el Gobierno foral quiere tener influencia ante la oferta pública de adquisición (opa) formulada sobre la compañía industrial el pasado mes de julio. Ohmnia Electronics, una sociedad alavesa controlada por el empresario José Antonio Jainaga y en la que participa el Gobierno vasco, formuló la citada opa a 10 euros por acción por el 100% de Azkoyen, lo que valora esta firma con sede en Peralta (Navarra) en 244 millones de euros. En el momento de anunciarse la opa, el Gobierno foral manifestó su deseo de proteger el mantenimiento del empleo y el arraigo de Azkoyen en Navarra. Para reforzar este compromiso, el Ejecutivo que lidera María Chivite ha optado por entrar en su accionariado, a través de la citada Compañía de Inversión Territorial.

Los tres centros de datos que el Gobierno vasco quiere levantar respiran tranquilos. El Ejecutivo central ha suavizado las exigencias del decreto que regula estas infraestructuras después de recibir más de 600 alegaciones y las protestas de un sector que alertaba del riesgo de paralizar buena parte de las inversiones previstas en España. Una de las principales modificaciones pasa por elevar de 1 a 10 megavatios la potencia mínima a partir de la cual los centros de datos deberán cumplir los requisitos más estrictos de la normativa. Entre ellos, que el 80% de la electricidad consumida proceda de nuevas instalaciones renovables y que, además, las horas de generación coincidan con las de consumo. Una obligación especialmente difícil de cumplir en Euskadi, donde las energías verdes apenas representan el 15% de la producción eléctrica. El cambio permite salvar la red ‘aDi Data Center Euskadi’, impulsada por el Ejecutivo autonómico con una inversión prevista de 100 millones de euros. El proyecto contempla tres instalaciones: una de 2 MW que ya funciona en Abanto-Zierbena, otra de 3 MW prevista en Mondragón para 2027 y una tercera en Álava. Sin embargo, no todos los proyectos vascos quedan al margen de las exigencias del Gobierno central. El gran centro de datos que Merlin Properties construye en el polígono logístico de Arasur, en el sur de Álava, seguirá afectado por el decreto debido a su elevada potencia. La compañía prevé invertir cerca de 1.000 millones de euros en unas instalaciones que superarán los 300 MW y que aspiran a convertirse en uno de los mayores complejos de este tipo del norte de España.

El envío al Consejo de Estado del borrador modificado del real decreto sobre los requisitos de acceso y conexión energética para centros de datos ha desencadenado una tormenta en el ecosistema tecnológico. Lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transformación Digital han presentado como una flexibilización del texto original es percibido por la industria como una imposición “inasumible y discriminatoria”. Multinacionales de la talla de Amazon Web Services, Google y Microsoft (en su calidad de hiperescaladores, que son quienes impulsan estas infraestructuras), junto con grandes desarrolladores nacionales como Merlin Properties y ACS, observan con máxima alarma un cambio normativo que, según entienden, amenaza la seguridad jurídica y la llegada de capital extranjero en pleno despliegue de la inteligencia artificial. Fuentes de un sector donde predominan las grandes tecnológicas denuncian que la reescritura de la norma no soluciona los problemas de fondo y mantiene la amenaza de paralización sobre un sector estratégico. La decisión del Ejecutivo de acelerar los plazos mediante el trámite de urgencia impide, según los afectados, un debate técnico sosegado, comprometiendo la competitividad de España frente a otros países europeos.

El ímpetu regulatorio de los gobiernos central y autonómico sobre el mercado inmobiliario para tratar de taponar las vías de agua de la crisis residencial están teniendo el efecto pernicioso que muchos auguraban: el mercado del alquiler de larga estancia, el que necesitan las familias que llegan de fuera o los jóvenes que desean emanciparse, está sometido a una tremenda presión. Tanta, que cada vez salen menos nuevos pisos al mercado. Y no en una proporción asumible. En Bizkaia, los propietarios ya ponen en alquiler un 25% menos de viviendas que hace un año, según los datos publicados ayer por el Departamento de Vivienda como parte de la Estadística del Mercado del Alquiler (Emal) que se actualiza en Euskadi desde 2016. Los datos, publicados con notable retraso, se refieren al primer trimestre de 2026. Fue, en comparación con el de un año antes, desastroso, especialmente en Bizkaia. Aquí se formalizaron 1.584 fianzas obligatorias ante la Administración vasca. En el primer trimestre de 2025, fueron 2.115. Pero es que el descenso ha sido paulatino hasta que entre enero y marzo de 2026 la debacle fue mayor. En esos tres meses salieron a los escaparates de las inmobiliarias 300 viviendas menos que en el trimestre anterior.

Las universidades privadas ganan peso en Euskadi y ya matriculan a uno de cada tres estudiantes, según la estadística difundida ayer por el Eustat. Las cifras, correspondientes al curso 2024/25, revelan que los centros privados –Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y Euneiz– acogen al 32,5% de los matriculados, «la mayor proporción desde que existen registros». Según explica el Instituto Vasco de Estadística, en Euskadi se registra una «tendencia creciente» de matriculaciones en las universidades privadas. No obstante, la fotografía cambia en función de la etapa. Así, en los estudios de grado uno de cada tres alumnos opta por el sistema privado, pero en máster esa proporción crece hasta el 40% y desciende de forma acusada hasta un 14,2% si se analizan las tesis doctorales. La EHU es el principal agente investigador en Euskadi, lo que explica que la inmensa mayoría de doctorandos opten por desarrollar sus proyectos en la universidad pública. La tendencia, por tanto, hacia un mayor número de matriculaciones en las privadas es creciente, pero en todo caso no es nueva en Euskadi. De hecho, el País Vasco es una de las comunidades autónomas donde más peso tienen los centros de este tipo. 

Alarma empresarial por la embestida del absentismo desbocado y el coste creciente para las empresas y las arcas públicas. Cada día se ausentan de su puesto de trabajo 1,6 millones de empleados (1,2 millones por procesos de incapacidad temporal) y el impacto económico no para de crecer. El año pasado ya supuso un desembolso superior a los 34.000 millones de euros entre prestaciones de Seguridad Social y la parte que abona la empresa –además de complementos salariales– y en lo que va de 2026 la factura se ha incrementado un 8,6%, anticipando una vuelta de tuerca a los costes ligados a este fenómeno. En este contexto, las organizaciones empresariales lanzan al futuro Gobierno un SOS para que se aborden medidas para frenar el impacto, que es especialmente acuciante sobre los pequeños negocios llegando a comprometer su viabilidad. Cabe recordar que el 99% del tejido productivo español son pymes, muchas de ellas microempresas que cuentan con menos de cinco trabajadores (cerca del millón según las estadísticas del Ministerio de Trabajo). “Aunque las tasas de absentismo son más altas en las empresas grandes, su impacto es más letal en las pequeñas. Muchas pymes no pueden sustituir a sus trabajadores de baja e implica comprometer su supervivencia”, señala el presidente de la patronal de empresarios madrileños CEIM y vicepresidente de CEOE, Miguel Garrido. En este punto, cabe recordar que ante la proliferación de procesos de muy larga duración los pequeños negocios asumen no solo el coste económico de la prestación económica entre los días 4 y 15 de la baja y posibles complementos salariales, sino que en ciertos casos también asumen las cargas asociadas a la necesidad de llevar a cabo una nueva contratación para poder mantener la actividad de los negocios.

El mercado laboral sigue creciendo, pero empieza a arrojar algunas preocupantes señales de debilidad, con el verano más flojo desde antes del estallido de la pandemia. Entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de este año se generaron 465.500 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta los 22.852.600 ocupados, gracias al impulso del empleo público y la regularización de inmigrantes. Sin embargo, los contratos han aflojado durante el verano, lo que ha frenado la creación de empleo entre julio y septiembre a 73.600 nuevos empleos, menos de la mitad de la media de los cinco años anteriores y el mínimo desde 2019. Al tiempo, el paro se incrementó en 95.900 personas en el tercer trimestre, hasta los 2.591.200 desempleados, un descenso de apenas 21.900 personas respecto al mismo periodo del año anterior, lo que apunta al difícil encaje entre las capacidades de los desempleados restantes y las necesidades de las empresas. En los últimos doce meses, el mercado laboral ha generado 465.500 puestos de trabajo. Este impulso ha venido liderado en buena medida por el sector público, que ha sumado el 44% de los nuevos empleos el último año: 204.100 nuevos puestos de trabajo en las Administraciones, un avance del 5,8%, frente a 261.400 en la empresa privada, un alza del 1,4%. Y las diferencias se intensifican cuando se mira únicamente el tercer trimestre, ya que el sector público ha sumado 89.900 empleos frente a un retroceso de 16.300 puestos de trabajo en el privado. 

Gran parte de la creación de empleo registrada en las dos legislaturas de Sánchez se ha debido principalmente a la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral. Una creciente dependencia de la inmigración para sostener la ocupación que se evidencia en un dato: cerca de la mitad (el 48%) de los 3,3 millones de puestos de trabajo creados desde 2018 los han ocupado personas de nacionalidad no española. La primera EPA con Sánchez como presidente, del tercer trimestre de 2018, arrojó un total de 19.528.000 ocupados. La última, exactamente ocho años después, contabiliza 22.852.600, lo que supone un crecimiento de algo más de 3,3 millones de trabajadores. En términos porcentuales el empleo ha aumentado aproximadamente un 17%. En el mismo periodo la población activa, en edad y disposición de trabajar, ha pasado de 22,8 a 25,4 millones, con un avance del 11%. En líneas generales, el balance es positivo: el empleo ha crecido más rápido que la población activa, lo que indica que el mercado de trabajo ha aumentado su capacidad parar absorber mano de obra y reducir el desempleo. En concreto, la tasa de paro ha caído desde el 14,55% hasta el 10,18%. Y lo ha hecho, además, en un contexto de crecimiento demográfico e incorporación en tromba y acelerada de trabajadores extranjeros. Los datos oficiales atestiguan, por tanto, el récord de actividad y ocupación y la reducción de la tasa de paro. Sin embargo, ese balance preliminar y superficial que permite al presidente Sánchez presumir de la buena salud del mercado laboral esconde desequilibrios estructurales persistentes. El más evidente tiene que ver con el desempleo, y es que a pesar de la reducción de estos años, España sigue siendo el segundo país con más paro de la Unión Europea, donde la media se sitúa en el 6,1%. 

La demanda de hipotecas se desploma en toda la zona euro, con España a la cabeza. Los bancos han registrado en el tercer trimestre del año la mayor caída de solicitudes para contratar una hipoteca desde el verano de 2023, debido al endurecimiento de las condiciones y de los precios provocado por una percepción de riesgo más alta por parte de las entidades. Así lo refleja la última Encuesta sobre préstamos bancarios, publicada ayer por el Banco Central Europeo (BCE). El saldo neto de los bancos que detectaron una caída de la demanda se sitúa en el 27%, frente al 15% del trimestre anterior y muy por encima del 12% que preveían las propias entidades. “Esta disminución se debió principalmente a la evolución de los tipos de interés, seguida de una menor confianza del consumidor y un empeoramiento de las perspectivas del mercado inmobiliario”, indica el informe. En España, la caída de la demanda hipotecaria es todavía más aguda que en el conjunto de la eurozona. El saldo neto de bancos que comunicaron una disminución de las solicitudes de hipotecas (es decir, la diferencia entre los que registran subidas o bajadas de estas peticiones) se situó en el 40%, frente al 30% del trimestre anterior y al 27% de la media europea. En Alemania, la caída fue del 37%, y en Francia del 25%, mientras que en Italia la demanda se mantuvo invariable.

Siemens ha esperado 25 años para vender nuevamente su tecnología de alta velocidad a Renfe. El fabricante alemán se ha impuesto en la puja para construir 30 unidades, más una opción de 10 más, con su modelo Velaro Novo (la nueva generación del modelo Velaro que circula en el corredor Madrid-Barcelona). Se trata de su última versión de alta velocidad, todavía en fase de homologación por DB –la Renfe alemana– capaz de circular a 350 kilómetros por hora, uno de los requisitos demandados insistentemente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que formó parte de las condiciones del pliego del concurso. La adjudicación, a un mes escaso de celebrarse las elecciones generales, forma parte del plan de ampliación y modernización de flota de Renfe, que ha descartado la oferta de la japonesa Hitachi, que había presentado una oferta con su modelo ETR 1000, el mismo que emplea Iryo para circular en alta velocidad en España. Siemens ha tenido que ajustar su precio. Finalmente construirá y mantendrá los primeros 30 trenes por 1.218 millones de euros (incluidas las piezas de repuesto), por debajo del valor de licitación del pedido. 

Los últimos lanzamientos de coches eléctricos por parte de los fabricantes europeos de automóviles están demostrando que sigue habiendo batalla pese al desembarco de decenas de marcas chinas en Europa. “La industria europea no ha tirado la toalla, todo lo contrario. Ha reaccionado y tiene claro que la única forma es una contraofensiva. Ahora es el momento de poner toda la carne en el asador”, asegura Markus Haupt, presidente de la patronal española de fabricantes de automóviles Anfac. En la primera entrevista tras su nombramiento –el pasado junio–, Haupt, que también es presidente de Seat-Cupra, considera que aún hay mucho partido por disputar por parte de la industria europea de automoción ante el desembarco de las marcas chinas en Europa. El directivo asegura que los fabricantes europeos han reaccionado ante la presión de los nuevos competidores chinos, con inversiones de cientos de miles de millones de euros en el desarrollo de una nueva generación de coches eléctricos. Sin embargo, recuerda que para que los grupos europeos sean competitivos, tanto en coches eléctricos pequeños, como medianos y grandes, se necesita un marco regulatorio que propicie una “competencia justa”. “Una de las prioridades, sin duda, tiene que ser, conjuntamente con la Comisión Europea, crear ese marco de competitividad que permita a los fabricantes europeos ser competitivos”. Haupt considera que no existe una única solución para lograr este objetivo, aunque se muestra a favor de reforzar la industria europea. Una fórmula que valora como positiva es la apuesta de Bruselas por el made in Europe y el contenido local de los automóviles.

La guerra en Irán ha provocado un terremoto en el transporte marítimo mundial, con epicentro en Ormuz. El bloqueo de este estrecho ha impuesto rutas marítimas más largas, que reducen el número de buques disponibles, mientras la inseguridad por los ataques iraníes se traslada a unos precios sin precedentes por el transporte de bienes y, sobre todo, energía. El ingreso medio en el transporte marítimo se eleva este año el 75% sobre el año pasado, y está un 92% por encima de la media de los últimos diez años. Un negocio en manos de unas pocas compañías que, cuando cotizan, están más que duplicando su valor en Bolsa. La ganancia media diaria de los buques de carga supera hoy día los 74.000 dólares. Es el dato, en zona de máximos, que muestra el Clarksea Index, la referencia de la consultora Clarksons Research. Representa los ingresos medios diarios de una cesta ponderada de petroleros, graneleros, portacontenedores y gaseros, lo que lo convierte en un indicador de la rentabilidad del conjunto del transporte marítimo. La industria del transporte marítimo se ha ido adaptando desde la pandemia a un mercado más volátil, plagado de cortes de suministros por conflictos como Ucrania o Irán y congestión en los puertos, pero también más rentable. “Se puede ganar mucho más de lo que se ganaba antes”, reconocía en septiembre Vincent Clerc, director ejecutivo de la naviera danesa Maersk. Es la compañía con la segunda mayor flota de portacontenedores del mundo, con una cuota de mercado del 13,6%. 

CEOE y la gran patronal del otro lado del Atlántico, CEIB (Consejo de Empresarios Iberoamericanos), han elaborado un informe que radiografía los vínculos comerciales tras la entrada en vigor del tratado entre la UE y Mercosur. La foto muestra unas relaciones atomizadas, con un nido de normas superpuestas, pero también un intento de los países de la zona por minimizar su dependencia del mercado estadounidense. Asia va cobrando protagonismo, con cinco países –Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua– que tienen tratados de libre comercio con China, y Honduras, que mantiene un acercamiento estrecho. Corea del Sur o Singapur son otras de las jurisdicciones que llevan al continente a mirar al Pacífico con múltiples acuerdos comerciales, algunos aún en negociación. El documento que recoge estas tendencias se ha elaborado con motivo de la cumbre empresarial iberoamericana que se celebrará los próximos 3 y 4 de noviembre en Madrid. La región en su conjunto tiene hasta 419 instrumentos comerciales declarados. El 84% de los países latinoamericanos mantiene acuerdos con la Unión Europea (entre ellos, el bloque de Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), y el 58% dispone de acceso preferencial tanto al mercado de Estados Unidos como al del Reino Unido. Aunque Estados Unidos está en su zona de influencia, el viraje que dio Donald Trump a la política arancelaria les está empujando a buscar acuerdos con terceros países cada vez más alejados.

La reforma convierte Canadá en el país fiscalmente más competitivo de todo el G7. Reducirá la tasa impositiva efectiva hasta el 6,4%, frente al 16,9% de Estados Unidos. Las empresas podrán deducir el 100% del coste de sus activos en el primer año que empiecen a operar. En una maniobra que promete redibujar el mapa de la competitividad global, el gobierno de Canadá ha lanzado su apuesta económica más ambiciosa de las últimas décadas. Bautizada como la Megadeducción por Productividad (Productivity Mega Deduction), esta reforma fiscal introduce la amortización o deducción inmediata y permanente para una amplia gama de activos corporativos. La meta es convertir al país en el destino de inversión empresarial más atractivo y competitivo entre las potencias del G7, superando a gigantes como Estados Unidos. El núcleo de la medida rompe con el esquema tradicional de depreciación paulatina de activos a lo largo de varios ejercicios. El plan contempla un coste fiscal incremental estimado en 36.000 millones de dólares a lo largo de cinco años, a partir del periodo 2026-27. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas no lo concibe como un gasto, sino como la palanca maestra para detonar un “superciclo de inversión canadiense” que aspira a catalizar hasta un billón de dólares en capital privado adicional.

Dos importantes informes difundidos ayer muestran la peligrosa deriva que ha tomado el ser humano con el cambio climático. Uno se centra en el presente y el otro en el futuro. En ambos se describe un calentamiento global que se encamina hacia la zona roja de peligro, lo que hace que los eventos extremos —olas de calor, sequías o lluvias torrenciales— sean más violentos y frecuentes. Por un lado, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su boletín anual de seguimiento de los principales gases de efecto invernadero. Están en máximos históricos y esto ya ha provocado, por ejemplo, que los últimos 11 años hayan sido los más calurosos en el planeta desde que hay registros. Esta tendencia se “prevé que continúe”, advierte la OMM. El área de Cambio Climático de la ONU difundió otro análisis, también anual, sobre los planes nacionales de los países para luchar contra el calentamiento. Y la trayectoria que esos programas dibujan para los próximos 10 años no supone el recorte urgente y rápido que se necesita para que el calentamiento se quede dentro de los límites de seguridad. En ambos casos, en el centro del problema están los gases de efecto invernadero que expulsa la actividad humana y que están vinculados principalmente a los combustibles fósiles y, en menor medida, a la deforestación y los incendios.