20261029

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Nueve meses después, España revivió este miércoles en Urda, un pequeño pueblo de Toledo, la pesadilla de Adamuz. Una colisión de trenes, todavía más trágica que la del 18 de enero, dejó esta vez por lo menos 68 muertos, casi un centenar de heridos y la certeza de que la alta velocidad vive una enorme crisis de seguridad y confianza. Una cadena de fallos técnicos y humanos provocó un accidente «incomprensible», como lo definió el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando un AVE de Renfe golpeó por detrás, a las 8.53 horas y a 118 kilómetros por hora, a un Iryo que permanecía parado en la vía. Las víctimas sufrieron un infierno, con cadáveres debajo de los vagones, miembros amputados y gritos de auxilio en el vacío, unas imágenes dantescas que exponen con toda su crudeza la fragilidad en la que ha caído el ferrocarril en España. En sus primeros 34 años, desde 1992, la alta velocidad no había sufrido ningún accidente. En 2026, más de 110 personas han muerto en unos trenes que eran, no hace tanto, la joya de la corona de las infraestructuras del país.

"¿Con marcha normal?», preguntó el maquinista del AVE. «Sí», respondió Adif. Doce minutos después, la conductora del Iryo avisaba de que seguía sin poder arrancar. Las tres conversaciones grabadas entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha reconstruyen los minutos anteriores a una tragedia que ha causado al menos 68 muertos. En ellas se escuchan las dudas de los controladores, las instrucciones para sortear el fallo informático y la confirmación de que uno de los trenes permanecía inmovilizado. «Tienes, ahora mismo, tienes un punto de parada y meta cero, ¿verdad?», preguntó el controlador. «Sí», respondió el conductor. La indicación de velocidad meta cero obligaba al tren a detenerse. El operador pidió tiempo mientras consultaba con sus compañeros cómo proceder. «Espera, que estamos valorando desconectar o no, un momentito», le dijo. Después volvió a interrumpir las instrucciones: «Espere un momento, nos estamos liando porque dicen que lo van a arreglar, un momentito». Las conversaciones reflejan que el personal de Atocha dudaba sobre cómo gestionar la incidencia. «Pero espera, estaba mirando porque es que esto es desconecte y vuelva a conectar, desconecte y vuelva a conectar. Espera», se escucha durante la llamada. Finalmente, a las 8.36, el controlador dictó la instrucción que quedaría registrada: «Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal».

Puente fue especialmente duro con la gestión del puesto de mando, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales a los trabajadores implicados. El ministro reconoció que las primeras noticias del siniestro le resultaron difíciles de creer. Antes de participar en un acto en la Universidad Politécnica de Madrid recibió información sobre un accidente por alcance entre dos trenes de alta velocidad, una circunstancia que calificó de «inverosímil». Durante las horas siguientes, el Ministerio recabó datos sobre lo ocurrido hasta reconstruir las instrucciones transmitidas desde el centro de control de Adif. Puente defendió que la avería informática del sistema LZB no justificaba por sí sola el accidente. Los trenes se detuvieron automáticamente y los mecanismos de protección respondieron, según sostuvo, como estaba previsto. También recordó que este tipo de incidencias, aunque poco habituales, pueden producirse. Sus críticas se centraron en la actuación de los responsables de circulación una vez que el tráfico quedó interrumpido. El ministro aseguró que los convoyes estaban «perfectamente ubicados y localizados» y cuestionó que desde el centro de control de Atocha se autorizara a uno de ellos a continuar con otro tren detenido por delante. Insistió en que no existía ninguna urgencia que obligara a tomar decisiones precipitadas y destacó que las instrucciones fueron gestionadas por personal experimentado. En el procedimiento intervinieron, según detalló, un operador, un supervisor y otro trabajador.

Se ha convertido en el rostro conocido de la mayor tragedia de tren de la historia de España. Fátima Báñez, la exministra de Empleo y Seguridad Social durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy, actual presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en ese último vagón del Iryo que fue arrollado por un convoy de Renfe y que, tras el fuerte impacto, cayó por un terraplén. Su cuerpo, a cierre de esta edición, aún se encuentra atrapado entre el coche 1 y la máquina de Renfe, a la espera de que llegue una grúa para poder liberarlo, según confirmaron fuentes de la patronal a este periódico. Cogió el tren a las 8 de la mañana en Madrid, sola, aunque el plan inicial era que viajara junto con su compañero de CEOE, Lorenzo Amor, el presidente de ATA, para participar en el Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, en Sevilla. Sin embargo, el también vicepresidente de la patronal decidió a última hora de la tarde del martes adelantar el viaje por un tema personal. 

La industria vasca necesita recuperar su competitividad. Así lo defendió ayer el presidente de Cebek, Guillermo Buces, que protagonizó el encuentro Fórum Europa celebrado en Bilbao. Ante la amenaza que viven empresas como Tubos Reunidos, en concurso de acreedores, o Vicinay, que ha planteado ajustes a su plantilla, el responsable de la patronal vizcaína destacó que para preservar el empleo y la actividad en Euskadi es necesario actuar en aspectos como la formación, garantizar una buena gestión de las empresas o rebajar el absentismo. «Hay un montón de factores que pueden facilitar que la industria que tenemos en Euskadi se mantenga, pero tenemos un hándicap y es que somos mucho más caros que el resto de España», advirtió y señaló que ha habido un cambio importante: «Antes éramos mejores, ahora solo somos más caros. Tenemos que volver a ser mejores». En una intervención en la que Buces abordó temas como el absentismo, la conflictividad, el coste de la energía, la escasez de vivienda, el talento en Euskadi o la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre –que calificó de «claramente política» aunque sean las empresas «las que vamos a pagar la fiesta»–, también apuntó a la necesidad de mejorar la rentabilidad de las empresas para que puedan invertir más en innovación y ofrecer mejores condiciones a sus equipos. 

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, cuestionó ayer la decisión de la Universidad del País Vasco (EHU) de no renovar el convenio con CAF para mantener el aula de la compañía guipuzcoana en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, debido a las relaciones económicas de la empresa de Beasain con Israel. «No la entiendo, sinceramente», afirmó durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao. Buces mostró su sorpresa ante una decisión que, a su juicio, rompe con la necesidad de adaptar la formación universitaria a las demandas de las empresas. «Estamos diciendo que tenemos que adaptar las necesidades formativas a la realidad empresarial de Euskadi y resulta que la EHU rompe con una de las empresas más importantes del territorio». El responsable de la patronal vizcaína aseguró que la decisión genera «incomprensión en diversos sectores del ámbito académico y empresarial». Además, sostuvo que el rechazo no se limita al ámbito empresarial. «No la entiende el director de la Escuela y los alumnos, ni te cuento». El presidente de Cebek aprovechó el encuentro para reclamar una mayor coordinación entre empresas, instituciones y sistema educativo, con el objetivo de facilitar la incorporación de profesionales y retener talento. 

Artículo de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. "El reto demográfico ya está aquí. Lo vemos en las empresas que no encuentran los profesionales que necesitan, en las dificultades para cubrir puestos técnicos y en un relevo generacional cada vez más exigente...El estudio que acabamos de presentar permite dimensionar ese desafío. Euskadi podría acumular hasta 2035 un déficit neto de cerca de 240.000 personas trabajadoras, equivalente al 22% del empleo actual. Si no adoptamos medidas a tiempo, esa brecha podría traducirse en más de 22.000 millones de euros de PIB no generado y en más de1.200 millones de IRPF no recaudado...Adegi, Cebek y SEA, proponemos cuatro palancas complementarias. La primera es organizar mejor nuestra respuesta. Necesitamos una gobernanza compartida entre instituciones, organizaciones empresariales y otros agentes clave, que permita superar la fragmentación actual...La segunda palanca es una política activa de inmigración orientada también al empleo. Euskadi necesita facilitar la llegada de personas que puedan cubrir necesidades profesionales reales y acompañar su incorporación...La tercera consiste en generar y orientar mejor el talento. El estudio identifica un desajuste relevante entre la oferta formativa y las necesidades empresariales...Y la cuarta palanca es activar y arraigar el talento local. Un reciente estudio del Gobierno vasco revela que Euskadi conserva la mayor parte del talento que forma, y que no hay una fuga neta. Pero sí señala un núcleo concreto de profesionales cualificados que se desplaza por motivos laborales, como en ADE o en ingeniería informática. Debemos ofrecer perspectivas que favorezcan su permanencia, especialmente durante los primeros años de carrera, y facilitar la recualificación de personas desempleadas o con baja cualificación hacia sectores que necesitan profesionales..."

Tras seis reuniones de negociación, la última maratoniana que finalizó en la madrugada de ayer, UGT, CCOO y USO firmaron un preacuerdo para fijar las condiciones en las plantas que Sidenor tiene en Bilbao, Vitoria, Reinosa (Cantabria) y Polinyá (Cataluña) para los próximos seis años. Los tres sindicatos advirtieron que el acuerdo marco no recogerá los recortes planteados por la dirección y blindará el poder adquisitivo de las plantillas con subidas salariales e IPC, reducciones en las jornadas y el compromiso de hacer indefinidos 200 contratos. ELA anunció ayer su rechazo al preacuerdo. Según apuntaron, y a la espera de analizar los textos definitivos, tratarán de impedir su aplicación en Basauri y Vitoria donde reclaman unas negociaciones propias para cada centro de trabajo. El sindicato, junto a LAB y ESK, ya había impulsado a principios de mes una asamblea en Basauri para salirse del acuerdo marco. Entonces celebraron una votación que contó con 385 votos y 465 abstenciones después de que las centrales firmantes no consideraran válido el proceso. El preacuerdo contempla un incremento salarial fijo del 3,25% para 2027, del 3% en 2028, del 2,5% en 2029, del 2% en 2030, del 2,25% en 2031 y del 2,5% en 2032, más una prima adicional del 1,25% no consolidable que se aplicará en todos los ejercicios salvo 2029 y 2030. La propuesta recoge además dos cláusulas de revisión, una del 2% para 2029 y otra del 3% en 2032, correspondientes a los dos años previos. El texto acordado incluye también una reducción de jornada de ocho horas fijando el calendario anual en 210 días, y cuatro horas anuales adicionales de vacaciones que acumularán tres días a lo largo de los seis años de vigencia. 

CIE Automotive, el fabricante vasco de componentes de automoción presidido por Anton Pradera, sigue desafiando la crisis del sector con un sólido crecimiento. La empresa ha elevado sus ventas hasta septiembre un 5,5% alcanzando los 3.140 millones de euros, lo que le ha permitido arrojar un nuevo beneficio histórico de 275 millones, un 3,2% más que en el mismo periodo del año pasado. La evolución se asienta sobre una elevada rentabilidad sobre las ventas, que roza el 20%, y sobre una diversificación de sus mercados con la que puede hacer frente a las caídas de ventas en China, donde firmó un desplome del 10,9% o en Estados Unidos, con un descenso del 5,2%. La firma vasca compensa esa evolución con sus resultados en países como India o Brasil, que crecen en su facturación un 23% y un 17,4% respectivamente. Un avance al que este año se está sumando también Europa con un 13,3% más de ventas que el pasado año. Un incremento impulsado en gran medida por la integración de la compra de Aludec el pasado mes de marzo.

Entrevista con Antón Pradera, presidente de CIE y de AIC. "...Es necesario conseguir la implicación del mundo universitario, porque en AIC es donde se materializan las inversiones tecnológicas. Los catedráticos tienen que conocer sobre el terreno la investigación básica que requieren las empresas. Además, este centro tecnológico puede ser un recurso para cubrir parte del déficit de talento. Recuerdo que las empresas advierten de que en la próxima década faltarán 240.000 profesionales en Euskadi si no se toman medidas para evitarlo...El sector necesita una visión global. Los mercados están repartidos por todo el mundo. Y esta industria ya ha dejado de mirar solo al ámbito local, con el convencimiento de que la formación tiene que ser continua, para que los profesionales se sigan adaptando a las novedades que van apareciendo...Con los gestores que tenemos, que son los mejores, y con la gran cultura industrial que atesora Euskadi, nos adaptaremos a los cambios que tiene que afrontar esta industria...Históricamente, el sector vasco ha tenido una fuerte presencia en México, que es un buen complemento para suministrar al complejo de automoción de Detroit (Estados Unidos). En este ranking también está Brasil. India tiene una producción anual de cinco millones de vehículos y con la evolución de la demanda puede llegar a los 15 o 20 millones de unidades. Desde CIE hemos hecho una puesta brutal por este mercado y nos salen los números. Aunque todavía es complejo y los márgenes no son muy grandes...-¿Cómo actúa la UE en relación con este sector?- Mal. No por la política de establecer plazos [para la transición al coche eléctrico], sino porque cada país enfoca de una manera diferente su estrategia para la industria de automoción. Hay que reaccionar rápido, crear un marco normativo que agilice la puesta en marcha de nuevas inversiones. Porque hasta ahora, las autoridades de la Unión Europea parece que actúan en negativo, con respecto a este sector. En plan, si no te portas bien te castigo. Y las empresas necesitan una regulación clara, para poder identificar los plazos más idóneos para desplegar sus proyectos. Todo acabará relativamente bien o con cierta mediocridad...2

Vidrala cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 173,4 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 5% respecto al año anterior. Las ventas del fabricante de envases de vidrio alavés alcanzaron así los 1.146 millones hasta septiembre, un 2% más, pese a la debilidad de la demanda europea. Estos resultados permiten al grupo mantener sus objetivos para el conjunto del ejercicio, que pasan por mantener ese avance del 5% y cerrar con ganancias de más de 230 millones. Según explicó el CEO de la compañía, Raúl Gómez, estos resultados demuestran la «solidez» del grupo en un contexto marcado por «la adversidad». Y es que la compañía tiene que hacer frente a un mercado europeo en el que la demanda de envases de vidrio continúa debilitada. Una situación a la que se suma la pérdida de poder adquisitivo de los hogares por la inflación y el encarecimiento de la energía, que impacta de lleno en la industria intensiva en el uso de gas y de electricidad. El secreto para superar todos estos factores en contra y batir a las empresas rivales, señala Gómez, ha estado en el control de costes tras reestructuraciones como la acometida en Reino Unido y en la expansión geográfica a Sudamérica.

ITP Aero se prepara para una nueva fase de crecimiento al calor de la fuerte demanda que afronta la industria de la aviación en las próximas décadas. La compañía vasca, referente mundial en el segmento de componentes para motores aeronáuticos, ha comenzado a implementar un plan de innovación reforzado con una inversión de más de 400 millones de euros para el trienio 20272030. Durante este periodo de investigación se usará computación cuántica y la inteligencia artificial, entre otras tecnologías innovadoras, con el objetivo de reducir a la mitad el tiempo necesario para los ensayos de los componentes de los propulsores de los aviones. Las tecnologías aplicadas por la firma permitirán reducir un 25% el consumo de combustible y hasta en un 50% el impacto acústico. Gracias a este esfuerzo presupuestario, el grupo aspira a duplicar ventas durante el periodo 2027-2030 y alcanzar los 3.000 millones. Esta iniciativa se enmarca en un ambicioso programa inversor de 1.200 millones de euros que modernizará los centros de producción de la compañía en varios continentes y aumentará su plantilla, integrada en la actualidad por más de 6.500 trabajadores.  Entre los proyectos más relevantes figura la remodelación de la planta de Zamudio (Bizkaia). La inversión de 35 millones de euros elevará la capacidad productiva del centro, impulsará la contratación de más de un centenar de profesionales cualificados y convertirá las instalaciones en una fábrica inteligente, apoyada en procesos avanzados de automatización y digitalización.

El proyecto de los presupuestos vascos de 2027 insiste en esa apuesta y contempla 16,9 millones para comprar las instalaciones de la histórica Villosa, reformarlas y reabrirlas junto a los socios del Ejecutivo. Así figura en los documentos publicados ayer por el Gobierno vasco, que reserva 13,9 millones para construcciones y otro paquete de 3 millones para «polígonos industriales». En la memoria de Azpilur –la empresa pública que se dedica a la promoción de suelo industrial–, sin embargo, se unifica la apuesta bajo un único epígrafe: «compra de las antiguas instalaciones de la empresa Guardian en Llodio y obras de adecuación». El proyecto que manejan los socios privados, de acuerdo a los datos difundidos por el propio Gobierno vasco, contempla la creación de 400 puestos de trabajo y una inversión de alrededor de 85 millones de euros en las plantas de Guardian y Glavista. Tal y como desveló este diario, el plan que sobrevuela estas instalaciones es uno «modular» y reorientado a sectores de alto valor añadido. Para ello, el consorcio inversor defiende un plan de negocio con la renovación de las instalaciones que permitiría recuperar funcionalidades como la producción de vidrio templado o laminado para que la empresa gane rentabilidad.

El continuo crecimiento de la actividad de Grúas Garro, especializada en servicios de elevación, alquiler de grúas móviles y camiones pluma, así como en el transporte especial de mercancías de gran tonelaje y dimensiones extraordinarias, y la imposibilidad técnica de ampliar sus instalaciones actuales en Beasain han empujado a la firma a trasladar toda su operativa al municipio vecino de Ormaiztegi. Para resolver esta falta de espacio, la propia compañía ha promovido el desarrollo del sector Dorraldegi, una iniciativa que acaba de salvar un trámite decisivo tras recibir el informe ambiental estratégico favorable de la Diputación Foral por la vía simplificada, tal y como recogía ayer el Boletín Oficial de Gipuzkoa, lo que descarta afecciones graves sobre el entorno y acelera los plazos administrativos. La nueva base logística e industrial ocupará un ámbito de 22.577 metros cuadrados situado a las afueras del núcleo urbano, encajado entre la carretera GI-2632 y el río Estanda. El planeamiento proyecta una gran parcela edificable de casi 17.000 metros cuadrados con una edificabilidad máxima de 12.290 metros de techo para unificar toda su operativa en un único recinto cerrado, reservando además espacio para equipamientos públicos, zonas verdes fluviales y 130 plazas de estacionamiento que afianzan el arraigo de la empresa en la comarca del Goierri.

Crece el pesimismo entre las empresas vascas. La encuesta de Confianza Empresarial que elabora el departamento de estudios Laboral Kutxa advierte de un empeoramiento en las previsiones que realizan las firmas del territorio para los tres últimos meses del año respecto al trimestre anterior. Según destacan, el 43,6% estiman un empeoramiento del entorno económico mientras otro 48,5% confían en que se mantenga en las mismas condiciones y sólo un 7,9% creen que irá a mejor. El estudio, en el que participan 400 empresas repartidas por toda la Comunidad Autónoma Vasca, recoge un ligero empeoramiento en los diferentes indicadores salvo en la facturación prevista, que se mantiene relativamente similar al trimestre anterior con un 29,3% de firmas que prevén una mejora frente al 14,1% que anticipan un empeoramiento (el 56,6% cree que se mantendrán los resultados). Así bajan las expectativas en ámbitos como la actividad, los pedidos, precios, la rentabilidad, los trabajadores o la inversión. Ver nota Laboral Kutxa

El Ejecutivo autonómico, junto al Consejo Vasco de Finanzas, ha redoblado durante los dos últimos años su apuesta por entrar en el capital de empresas estratégicas, con la operación Talgo como principal emblema. Una hoja de ruta que Lakua pretende reforzar en los próximos ejercicios. Así se desprende del proyecto de Presupuestos presentado ayer en el Parlamento vasco por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou. Y es que precisamente las cuentas de su departamento contemplan movilizar 390 millones para tomar participaciones en 19 empresas y fondos de inversión. Aunque cualquier ley presupuestaria, especialmente en sus capítulos de inversión, tiene un componente de intenciones que después deben materializarse, la magnitud de las cifras refleja la apuesta del Ejecutivo por avanzar en esta dirección. El documento detalla, de hecho, que 200 de los 390 millones se destinarán a tomar participaciones en empresas estratégicas a través de Finkatuz, con cuatro operaciones previstas para 2027. El Gobierno vasco, en todo caso, matiza que «cada oportunidad puede tener un grado de madurez distinto y su materialización depende en buena medida de terceros».

El elevado peso de la llamada economía social en Gipuzkoa –tanto en número de trabajadores como de empresas– es algo ya conocido, aunque toma mayor relevancia cuando la idea se apoya en números. Es lo que sucede tras la reciente publicación por parte del departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco de un informe que pone negro sobre blanco esos datos. Y es que el trabajo, presentado por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, revela (con datos de 2024, los últimos disponibles) que cooperativas y sociedades laborales (el grueso de ese empleo social) dan empleo en todo el País Vasco a 64.814 personas, de las que 33.710 tienen su puesto de trabajo en Gipuzkoa. Eso supone un 52% de todos esos empleos; un dato que brilla con luz propia frente al 38,3% de Bizkaia (que ocupa a 24.795 personas) y aún más si se compara con el 9,7% de Álava, en donde la economía social emplea a 6.309 personas. No hay, sin embargo, tanta diferencia en el número de establecimientos, puesto que ese análisis cifra en 1.612 los ubicados en Gipuzkoa (el 43% de los registrados en Euskadi), en 1.602 los residenciados en Bizkaia (42,8%) y en 530 los que tienen sede en Álava, y que suponen el 14,2% del total.

En Euskadi, Kutxabank arraigo con el crecimiento y la transformación de su negocio. Crecer y diversificar son los objetivos principales de Benetan, el plan estratégico de Kutxabank para 2025-2027, cuyo nombre significa “en serio” en euskera. La hoja de ruta se articula en torno a tres pilares –el cliente, las personas y la transformación– y busca ganar tamaño, captar nuevos clientes, especialmente empresas, y ofrecer una propuesta más integral y personalizada. El plan ya ha alcanzado uno de sus principales hitos: en junio de 2026, a mitad de su ejecución, la entidad superó los 150.000 millones de euros de volumen de negocio previstos. También ha elevado del 35% a más del 56% su objetivo de crecimiento acumulado de la inversión crediticia a empresas. Entre las metas figuran aumentar un 20% la producción hipotecaria y un 40% la de crédito al consumo, así como superar los 50.000 millones de euros en patrimonio gestionado fuera de balance, un objetivo que rozaba al final del primer semestre. La estrategia implica reforzar áreas especializadas como la banca de empresas, la gestión patrimonial y la banca de inversión, y diversificar una cartera tradicionalmente centrada en el negocio minorista. Kutxabank quiere dar más peso a la banca mayorista, la inversión alternativa y las operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones (M&A), ámbitos en los que identifica margen de crecimiento. 

La diputada general de Bizkaia, que obtuvo el respaldo de un 20% de los batzokis en primera vuelta, decide echarse a un lado en la segunda. Elixabete Etxanobe, comunicó ayer al Bizkai buru batzar que no concurrirá a la segunda vuelta del proceso iniciado por el PNV para elegir a su cabeza de cartel en las elecciones forales de mayo de 2027. De esta forma, deja vía libre a la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, que es la candidata oficial del BBB liderado por Iñigo Ansola. «Claro que esto deja heridas. Muy profundas. Sin lugar a dudas». Así se veía ayer en el PNV el desenlace, hasta cierto punto esperado, del pulso interno entre la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y la diputada general, Elixabete Etxanobe, que muchos leen, en realidad, como una guerra de nervios que se ha librado, y se seguirá librando, entre la tercera planta y la quinta de Sabin Etxea. Entre el presidente del Bizkai buru batzar, Iñigo Ansola, y el del EBB, Aitor Esteban, por mucho que las partes escenificaran ayer una salida ordenada, pacífica y sin ‘sangre’ al embrollo en el que habían sumido a la organización vizcaína y, por extensión, a la sigla en su conjunto. «Una salida de orden para un partido de orden», remarcaban en el PNV.

España lidera el crecimiento del absentismo por baja laboral en Europa, un «problema de país» que está elevando la factura económica ante la ausencia diaria de 1,6 millones de personas de sus puestos de trabajo. Las ausencias por incapacidad temporal se han incrementado un 73% entre 2018 y 2024, frente al 16% de la media de la Unión Europea (UE), un crecimiento 4,6 veces superior al del resto de los socios comunitarios. Todo ello está lastrando la economía española y el coste de este fenómeno se cifra ya en 92.000 millones de euros, un 59 % más respecto a 2018, según los datos de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). En suma, el coste de oportunidad para la economía por las ausencias diarias equivale al 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB). Ahora mismo, este coste equivale a la tercera mayor partida del gasto público, solo por detrás de las pensiones y la sanidad. Es más, el gasto es 20.000 millones de euros superior a lo que España destina anualmente a la educación. El fenómeno no responde a un repunte coyuntural, sino a una tendencia sostenida que afecta especialmente a actividades intensivas en empleo y con una elevada dependencia de la disponibilidad y presencialidad de sus plantillas. 

Los fabricantes automovilísticos Stellantis y Mercedes han mejorado sus resultados en los nueve primeros meses pese al complejo entorno, marcado por la caída de ventas de vehículos, especialmente en China, la competencia de rivales asiáticos más baratos y el aumento de costes por el conflicto en Oriente Próximo. El grupo Stellantis, dueño de enseñas como Peugeot, Fiat, Citroën, Opel, Chrysler o Maserati, obtuvo un beneficio neto de 217 millones de euros hasta septiembre, frente a las pérdidas de 6.788 millones de euros que registró en 2025, tras anotar provisiones multimillonarias por el paso atrás en eléctricos y otros costes de reestructuración.  Por su parte, el fabricante alemán Mercedes-Benz obtuvo un beneficio neto de 4.037 millones de euros entre enero y septiembre, un 4,1% más, pese al descenso de la facturación global y de la venta de vehículos. El aumento de las ganancias se apoyó en el crecimiento de las ventas en Europa, EEUU y en los eléctricos, así como en la positiva contribución de las filial de furgonetas y servicios financieros. Mercedes, que el martes rebajó su previsión anual de margen operativo por el “creciente entorno desafiante en el mercado chino”, facturó 94.361 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 4,2% menos.

El Santander ganó entre enero y septiembre 12.405 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra, sin embargo, está algo alterada, por las plusvalías generadas por la venta de su negocio polaco de 1.895 millones, compensadas por los 666 millones en costes derivados de las adquisiciones del banco TSB en Reino Unido y del estadounidense Webster, que ha ejecutado en los últimos meses. Sin contar estos efectos extraordinarios, las ganancias en estos nueve meses serían de 11.176 millones, un 16% más. Este 2026 ha sido un año de pequeña revolución en el Santander. La entidad cerró primero, en enero, la venta de su negocio polaco a Erste Bank por 7.000 millones. Después, en mayo, rubricó la adquisición del banco británico TSB al Sabadell por 3.300 millones, que le permite colocarse como la tercera mayor entidad del Reino Unido. Y entre ambos, en el mes de febrero, anunció su gran salto, la adquisición del estadounidense Webster por 12.200 millones, que se cerró posteriormente en verano.

Los conductos subterráneos –ductos en la jerga sectorial–, indispensables para desplegar las redes de fibra óptica en las ciudades, son el escenario de una encarnizada batalla regulatoria que enfrenta por un lado a Telefónica –dueña de la mayoría de esas infraestructuras, que sus rivales alquilan– y por el otro a todo el resto del sector, con Orange, Digi, PremiunFiber y Onivia a la cabeza. La raíz de la batalla es la posibilidad de que la CNMC, el regulador del sector, cambie la actual norma que regula este negocio, denominada MARCo, por la que la CNMC impone a Telefónica los precios que puede cobrar a sus rivales por alquilar los ductos, por un sistema de compromisos voluntarios por parte de Telefónica. La decisión de la CNMC se adoptará, previsiblemente, a finales de 2026 o principios de 2027. El problema es que, en su propuesta de compromisos voluntarios, Telefónica quiere subir los precios actuales –aún fijados por la CNMC– en una senda que los elevaría un 30% el primer año, hasta un 116% en total en un periodo de cinco años. El sector espera con la respiración contenida la decisión de la CNMC de señalar con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Los observadores sostienen que sólo el hecho de que el regulador haya permitido dar inicio al proceso ya presupone un veredicto favorable por su parte a la propuesta de Telefónica, aunque fuera suavizando los incrementos de precios.

Las petroleras Repsol, Shell y Total acudieron ayer al Palacio Berlaymont que da sede a la Comisión Europea. En su diálogo de alto nivel con Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, y con Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio, las compañías lograron cerrar la promesa de un plan anticrisis para atajar el cierre de refinerías en suelo comunitario en el marco de una estrategia para recortar el precio de los combustibles. En esa reunión, a la que acudieron también otros 15 participantes entre compañías y asociaciones empresariales, los comisarios pusieron el foco en la necesidad de abaratar el precio del combustible en esta situación de crisis. Las compañías, por su parte, hicieron sugerencias que el Ejecutivo comunitario ha prometido estudiar y que, en último término, buscan incrementar la capacidad de producción de productos petrolíferos refinados, especialmente diésel y combustible de aviación. “Este diálogo ha sido muy fructífero, pero es solo un primer paso”, señaló Jørgensen, que emplazó a las petroleras europeas a una segunda reunión en el arranque del nuevo año para valorar los avances logrados. Entre las medidas que se valorarán próximamente, la Comisión Europea destacó la posibilidad de relajar de forma temporal ciertos estándares técnicos de los combustibles con el objetivo permitir que las refinerías aumenten rápidamente la producción y alivien la presión sobre la oferta. Por el lado de la demanda de combustibles, se trabajará con los Estados miembros para facilitar incentivos para moderar la demanda, como ayudas a una electrificación acelerada.

Las empresas eléctricas han escrito su carta de deseos a los ministros de Energía de la Unión Europea, que se reúnen hoy en Luxemburgo para. En la misiva, firmado por Markus Rauramo, el presidente de Eurelectric –la patronal europea del sector– y por Kristian Ruby, el secretario general, las compañías reclaman una rebaja de impuestos para poder recortar el precio de la factura eléctrica. “La electricidad nunca debería estar sujeta a una mayor carga impositiva que el gas, y los impuestos y gravámenes sobre la electricidad deberían reducirse al mínimo legal”, aseguran las empresas del sector en su carta a los ministros. Si se analiza el impacto total agregado de los diferentes impuestos en la factura, la carga sobre la electricidad llega a ser hasta 4,5 veces mayor que la del gas dependiendo del Estado miembro observado. Para combatir esta situación, las compañías proponen eliminar todas las tasas no relacionadas con el coste directo de la electricidad, como los subsidios a las energías renovables, el apoyo al gas o el impuesto especial sobre la electricidad que no tienen otros tipos de energía. Para las eléctricas, estos cargos deberían desaparacer de la factura y ser financiados por otras vías, como los presupuestos de cada país de la Unión Europea. 

El precio del gas natural en Europa ha perforado la barrera de los 100 euros el megavatio hora (MWh) por primera vez desde la crisis energética de 2022. La escalada coincide con la proximidad del invierno y aviva el temor a una subida de los precios de los carburantes que impacte de lleno en una inflación ya elevada y que se situó en septiembre en el 3,8%. Todo en un momento en el que EE UU ha advertido a sus aliados en el golfo Pérsico del posible endurecimiento del conflicto con Irán una vez pasen las elecciones de mitad de mandato. El futuro del TTF en el mercado de Ámsterdam, referencia para el mercado europeo, ha avanzado más del 4% y ha rebasado un umbral que no se superaba desde diciembre de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. El temor a que una escalada de la guerra de Irán una vez pasen las citadas elecciones en EE UU, según publicó ayer The Wall Street Journal, altere aún más el suministro mundial de gas se une a la dificultad de hacer acopio de reservas de cara al invierno, que se sitúan por debajo de los niveles de hace un año.

Son muchas las dudas y grandes las expectativas para la Cumbre UE-Canadá que se celebra hoy y mañana en Montreal, y en la que se espera que se sienten las bases de una nueva alianza entre ambas potencias. Y aunque el estatus de “miembro asociado” que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó para Canadá ha quedado finalmente fuera del borrador final, la ambición compartida para la cumbre es lograr acuerdos de carácter histórico que reconfiguren el tablero de influencias. El primer ministro canadiense, Mark Carney, que prefiere enmarcar la nueva relación en lo que ambas partes llaman “alianza para el futuro”, dejó claro el domingo en un comunicado que el contexto determina la urgencia: “El mundo se ha vuelto más peligroso y más polarizado”, decía la nota. Una preocupación que también se destila en la agenda de la cumbre, publicada el martes y que prioriza la geopolítica.

El Gobierno británico presentó ayer unos presupuestos –los primeros con el laborista Andy Burnham como ‘premier’– orientados s aliviar la presión económica sobre millones de hogares mediante ayudas para pagar la energía, una subida del salario mínimo y nuevas medidas para reducir los gastos cotidianos, en un contexto de débil crecimiento, inflación persistente y encarecimiento de la deuda pública. El ministro de Economía, John Healey, anunció ante la Cámara de los Comunes un aumento temporal de los impuestos a la banca para financiar parte de estas iniciativas. El ‘autumn budget’, como se conoce al presupuesto de otoño británico, en el que el Gobierno establece sus prioridades fiscales y de gasto, contempla una ayuda extraordinaria de 100 libras (casi 120 euros) para hasta 20 millones de hogares de Inglaterra situados en las cuatro categorías inferiores del impuesto municipal sobre la vivienda, conocido como ‘council tax’. El pago, previsto a partir de 2027, tendrá un coste estimado de 2.600 millones de libras (3.100 millones de euros). Escocia, Gales e Irlanda del Norte recibirán financiación para establecer medidas equivalentes.  Además, Healey prolongó hasta el próximo julio la eliminación temporal del IVA sobre la electricidad –que pasó del 5% al 0%– para mantener un ahorro aproximado de 50 libras anuales (cerca de 60 euros) en la factura de un hogar medio.

Un pueblo de Pensilvania está en la primera línea de oposición a una infraestructura decisiva para la IA. La voracidad de esta tecnología requiere más y más centros de datos. Su desarrollo, sin embargo, está despertando fricciones en comunidades de Arizona, Virginia, Ohio, Míchigan... Y esa guerra tiene gran importancia política. En un territorio cada vez más polarizado, es uno de los pocos asuntos que pone de acuerdo a votantes republicanos y demócratas y, a pocos días de las elecciones de medio mandato, podría estallar en las manos del gran abogado de la IA en EE UU: su presidente, Donald Trump. Los vecinos de Hazle Township repiten como una letanía las razones para oponerse a Project Hazelnut, el complejo de centros de datos que la compañía quiere colocar en un paraje natural del pueblo: el ruido de los procesadores, un consumo tremendo de agua en una zona que sufre desabastecimiento, presión sobre el suministro eléctrico, impacto medioambiental y pérdida de valor de sus propiedades. NorthPoint niega esas afecciones y promete cientos de empleos para los residentes.

Israel acudió a las urnas el martes para elegir a su nuevo Gobierno; fue la primera cita electoral en el país tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior invasión de Gaza por parte del ejército israelí. Al cierre de esta edición y con la mayor parte del voto escrutado, el Likud, el partido del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, lideraba el recuento con holgura, aunque la actual coalición de gobierno (formada por el Likud y otros partidos ultraortodoxos y de extrema derecha) no sumará para reeditar el ejecutivo, por lo que se abre en el país un periodo de incertidumbre política. La participación fue la más alta registrada nunca desde 1999: llegó al 77,7%. Los resultados definitivos se esperan para los próximos días, incluyendo los de los cientos de miles de votos en ausencia que aún no se han contabilizado. Entre ellos hay personal militar, diplomáticos y otros. Sin embargo, los resultados preliminares dibujan un escenario incierto, sin mayorías claras. El bloque liderado por Netanyahu habría conseguido 53 escaños, mientras que el bloque opositor, encabezado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, habría obtenido 48 asientos en la Knéset, el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en el país. Ninguno de los dos bloques se acerca a los 61 asientos indispensables para conseguir la mayoría absoluta. El bando de Netanyahu suma al Likud, los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo de la Torá y las formaciones supremacistas judías de extrema derecha Poder Judío y Sionismo Religioso. El bloque de Eisenkot aglutina partidos de todo tipo, desde la extrema derecha hasta la izquierda, unidos por el deseo de derrotar a Netanyahu y expulsarlo del poder.