20261101

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Gobierno vasco ha presentado esta semana el tercer Presupuesto de la legislatura del lehendakari Imanol Pradales, una guía continuista con la política del Ejecutivo y que su consejero de Hacienda, Nöel d’Anjou, defiende como una respuesta que busca seguir manteniendo la inversión que necesita la industria y elevando la dotación al Estado del Bienestar, que ya absorbe el 74% del gasto público. D’Anjou defiende que el bajo endeudamiento permite mantener la apuesta reservando un margen para responder si durante el año que viene repunta la crisis de precios. Sobre el debate del aumento salarial del 4,5% a los funcionarios, que los sindicatos consideran escaso y la patronal vasca una competencia desleal, se escuda en la normativa básica del Estado. Eso sí, si tuviera competencias para marcar criterio propio, desliza que lo más seguro es que se quedaría en un punto intermedio. Sobre las herramientas de inversión, avanza que en 2027 las EPSV participarán ya con aportación de dinero. "La buena noticia es que no tenemos que elegir entre inversión en industria y bienestar social. Es necesario que las dos vayan acompasadas y eso lo vamos a poder hacer. Además, hay que recordar que este año hemos aprobado un endeudamiento de mil millones para las inversiones, que ya están ahí aseguradas y fuera de los Presupuestos de 2027. Así que no hay que elegir entre ambos...Es verdad que en el ciclo que hemos vivido en los últimos años el consumo ha sido un gran tractor. Y la industria no acaba de tirar por su exposición a Alemania y Francia...Conocíamos que Vicinay dependía de conseguir un pedido de BP. Ahí hemos entrado con un industrial pensando que va a ser un proyecto con viabilidad. Y no es una inversión en Vicinay, sino en el holding ECN All Wind, que es una estrategia que va más allá de esa empresa. Es una situación preocupante para los trabajadores y hay que mostrar cercanía por lo que están sufriendo, pero el compromiso del Gobierno es con un proyecto industrial y trabajaremos para que sea viable porque hay un plan de negocio detrás..."

El responsable de la Hacienda vasca admite que la situación es «muy, muy complicada», pero espera resultados de las reuniones. El Gabinete del lehendakari Imanol Pradales ha fijado en una flexibilización de la posición de la Sepi la única posibilidad de salvar la continuidad, al menos, de una parte de la compañía. "Invertiríamos en proyectos viables con un socio industrial que tenga un plan de negocio. Sobre esa base, por supuesto que invertiríamos. Pero es fundamental para que surjan esos socios que se aclare cuál es la situación con la Sepi... El proyecto de Tubos Reunidos no puede seguir adelante si la Sepi no modifica la calificación de su crédito o hace una quita...Creo que es un tema de voluntad política. De momento, la Sepi ha apoyado su posición en un informe de la Comisión Europea, pero que no es definitivo. Hay alternativas y debemos encontrarlas. Además, cuando vea la realidad que hay detrás, los 1.300 trabajadores, espero que flexibilice de alguna manera la posición y tome una decisión en ese sentido. No lo comprendería de otra manera. Tengo la esperanza de que reine el sentido común. Ahora sí, el contexto es muy complejo..."

Lidera junto a Navarra y La Rioja el ranking del INE, que además de la seguridad, el paro o el PIB mide la satisfacción ciudadana. Las condiciones de vida, relaciones sociales o educación están detrás de ese diagnóstico. De entre todas las comunidades, Navarra, el País Vasco y La Rioja son las que lideran este particular ranking, que pone el foco no solo en la esperanza de vida, el índice de criminalidad o la tasa de abandono escolar, sino también en el entretenimiento, el medio ambiente, la confianza en las instituciones o las relaciones sociales. Son magnitudes estas últimas que entran en el terreno de lo subjetivo y que permiten concluir que vivir bien va más allá del PIB de un país y entran en el terreno de la percepción ciudadana, en el grado de satisfacción que supone tener acceso a los servicios de los que disfrutamos. En Euskadi, el informe vincula esa mejoría a un liderazgo estructural sostenido y la alta resiliencia frente a recesiones, los altos niveles registrados en educación y empleo (la tasa de paro es del 7,17%, solo por debajo de Baleares) y a factores subjetivos como la confianza institucional y la gobernanza. El estudio, que toma como valor referencial el año 2008 –el de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis económica– y le asigna un índice de 100, refleja que el grado de satisfacción global de los españoles está en línea con los registros europeos. Pues bien, mientras a nivel nacional esta se sitúa de media en 101,74, en el País Vasco escala hasta 104,30. Casi tres puntos de diferencia.

Chóferes, soldadores, electricistas, mecánicos, carroceros o especialistas en mantenimiento industrial. Son profesiones vinculadas al trabajo manual, los conocimientos técnicos y los oficios de siempre que durante años han tenido dificultades para atraer a las nuevas generaciones. Hoy, sin embargo, se han convertido en algunos de los perfiles más buscados por las empresas vascas. Para los jóvenes que optan por estas ramas de la Formación Profesional (FP), las perspectivas son especialmente favorables, hasta el punto de que algunas compañías contactan con ellos antes de que terminen sus estudios. Detrás de esta demanda se encuentra la falta de relevo en actividades esenciales para la industria y los servicios. Son trabajos que requieren destreza, experiencia y formación práctica, pero que no siempre han contado con el atractivo suficiente entre los estudiantes. La situación ha cambiado y las empresas necesitan profesionales capaces de manejar maquinaria, reparar vehículos, realizar instalaciones o trabajar con metal y componentes electrónicos. Según Confebask, el 75% de la demanda empresarial de jóvenes con estudios de FP se concentra en ocho familias profesionales. Sin embargo, la oferta formativa no cubre las necesidades del tejido productivo. La demanda media anual en estas áreas alcanza las 10.390 personas, frente a los 6.614 egresados que salen cada año de los centros. El CIFP Don Bosco de Errenteria es un reflejo del creciente interés por estas especialidades.

Las profesiones de siempre demandan sangre nueva. Lo notan las empresas que buscan albañiles, la industria que pide soldadores o electricistas y los hogares que quieren hacer una reforma o que buscan un carpintero que les prepare un armario a medida. Son empleos que cada vez cuesta más atender debido a una oleada de jubilaciones que está llevando al retiro a miles de trabajadores sin garantizar un relevo. La Formación Profesional vasca cubre cada vez más estos puestos, pero a la falta de jóvenes que se dejen atraer a estas ramas se suma también una alta tasa de abandono en muchos de estos cursos, con estudiantes que salen rebotados de la educación reglada sin tener a menudo decidido un empleo, lo que hace más escasa la oferta. En todo caso, el número de los alumnos que pasan por la FP vasca va en aumento. Según recoge el Instituto Vasco de Estadística, en el curso 2024/2025 se matricularon 25.913 personas de los que 5.612 realizaron una Formación Básica, 17.395 desarrollaron un curso de Grado Medio y otras 25.913 se inscribieron en un Grado Superior. El dato del Eustat representa 4.820 estudiantes más que cinco años antes, lo que supone un incremento del 12%. La falta de profesionales también se está cubriendo gracias a la llegada de trabajadores extranjeros, que cobran un alto peso en la construcción –en Euskadi son ya el 25,8% de todos los afiliados a la Seguridad Social dentro de esta rama– y cada vez ocupan más puestos dentro de la industria vasca: son ya el 6,7%.

Bilbao, al igual que el resto de capitales vascas y otras ciudades de España, vivió ayer una jornada de calma tensa. La amenaza de estallidos violentos provocados por el movimiento antisistema Blocus condicionó una fiesta de Halloween que quedó deslucida. En el caso de la capital vizcaína, la Gran Vía presentaba por la tarde un ambiente mucho menos ajetreado de lo habitual en un sábado de otoño donde el tiempo y la temperatura acompañaron durante todo el día. El fantasma de la violencia pasó de largo, quién sabe si de forma definitiva o si resurgirá aprovechando el cobijo de convocatorias multitudinarias como la huelga general o el próximo partido de la Euskal Selekzioa. En el centro de Vitoria algunos comercios y sucursales bancarias optaron por tapiar sus escaparates por temor al vandalismo en una imagen inaudita. Hubo quien optó por vaciar sus escaparates y recoger todo el género de los estantes. Finalmente no se reportaron incidentes. Y en  Gipuzkoa, al cierre de esta edición, tampoco. Eso sí, la imagen en las principales calles comerciales era del todo insólita y surrealista. La mayoría de los escaparates lucían completamente tapiados con grandes tablones de madera, mientras mantenían sus puertas abiertas con carteles que informaban a la clientela: ‘Estamos abiertos’, ‘¡Continuamos abiertos! Por seguridad nuestros escaparates permanecerán cubiertos’. Otros, en cambio, avisaban: ‘Hoy por la tarde cerramos para evitar daños’. 

Europa está siendo atacada militarmente por Rusia, económicamente por China y políticamente por Estados Unidos. Pero los mayores líos están en casa, con un arreón formidable de protestas callejeras que tiene patas arriba al continente más grande y más pequeño, más antiguo y más nuevo, más unido y más dividido del mundo. Y con un superaño electoral por delante (España, Polonia, Italia y la guinda, Francia, junto con varios países más), que examinará cómo digiere ese malestar la vieja democracia liberal. No pinta bien. Los jóvenes expresan su frustración en manifestaciones masivas. Los ciudadanos reclaman seguridad, servicios públicos, un refuerzo del poder adquisitivo y cada vez más control de la inmigración. La política no termina de atender esas demandas, y tanto en Bruselas como en los gobiernos nacionales el centro se desmorona. La pujanza de la extrema derecha parece irresistible. La Gran Recesión sacó ese fantasma del armario ropero de la historia: los ultras pasaron entonces de la anécdota a la categoría, pero solo en un puñado de países y con apoyos titubeantes. Aquella crisis nunca se fue del todo: ha dejado algo parecido a una Gran Insatisfacción entre los jóvenes, y una suerte de angustia socioeconómica en todos los demás. La extrema derecha se ha ido asentando en ese lecho fértil para sus propuestas: los ultras alcanzan ya apoyos del 30%, en algunos países incluso más. Y a día de hoy esa marea extremista convive con otro viejo conocido de Europa, las protestas callejeras, a veces incluso violentas, protagonizadas por jóvenes en media docena de países.

El choque de dos trenes en Urda (Toledo) el pasado miércoles, con 69 muertos hasta el momento, ha elevado a nueve los accidentes de trenes de alta velocidad con víctimas mortales en el mundo desde que el primero empezó a circular en Japón en 1964. En total han muerto al menos 359 personas. España cuenta con la segunda mayor red del mundo, después de China, y los tres accidentes que han ocurrido —Urda; Adamuz (Córdoba), en enero de este año; y Angrois (Santiago), en 2013— suman 195 muertos, el 54% de las víctimas mortales en los principales siniestros de la historia de la alta velocidad. En Angrois descarriló un tren Alvia, que corre hasta 250 kilómetros por hora y está catalogado como de alta velocidad por Renfe. Sucedió en una línea de altas prestaciones, según la calificación de la Agencia Ferroviaria Europea, pero en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora. También el atlas de alta velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles cataloga el tren y el trayecto como alta velocidad. Durante sus primeros 34 años, la alta velocidad no registró ningún choque ni descarrilamiento mortal.

La Unión Europea movilizó miles de millones de euros para que España modernizara su red ferroviaria, pero la ejecución de esos recursos y los controles sobre las obras han terminado bajo el escrutinio de los organismos fiscalizadores y judiciales. La tragedia de Adamuz y ahora la de Urda han puesto el foco sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la gestión económica de esos recursos. Contratos, inspecciones y decisiones técnicas están siendo examinados. Por un lado, la Fiscalía Europea investiga posibles delitos de fraude y malversación de fondos comunitarios destinados a la infraestructura, mientras el Tribunal de Cuentas ha documentado irregularidades en procedimientos de contratación de Adif. Solo Adif y Adif-Alta Velocidad han sido gestores de más de 5.900 millones de euros en fondos del Plan de Recuperación como entidades ejecutoras para infraestructuras ferroviarias en toda España, según el órgano fiscalizador. Pero la controversia no gira solo en torno a cuánto dinero recibieron, sino también a qué trabajos se destinaron estas partidas, cómo se certificaron y qué controles garantizaron su correcta ejecución.  A cierre de 2025, el ministerio de Puente dejó de ejecutar 62 euros de cada 100 de los fondos de recuperación (un 61,8% de inejecución). De un montante total presupuestado de 1.935 millones de euros en el ejercicio, se movilizaron 739 millones (38,2%) y quedaron sin ejecutar cerca de 1.196 millones de euros. La diferencia entre ambos indicadores resulta fundamental: licitar un contrato no significa haberlo adjudicado, ejecutado ni pagado; ni mucho menos que la obra esté terminada y en servicio.

Óscar Puente insistió una y otra vez, tanto el miércoles como el viernes, en sus dos comparecencias públicas, en señalar a los controladores de Adif en Atocha por el accidente ferroviario de Urda. Pero las investigaciones de la Guardia Civil y de la autoridad técnica ferroviaria van mucho más allá de la «evidente orden equivocada» al AVE de que retomara la marcha a toda velocidad sin tener en cuenta que el Iryo seguía bloqueado unos kilómetros más adelante. Y es que mandos de la investigación han revelado a este periódico en las últimas horas que las pesquisas sobre las causas del siniestro se concentran ahora, además de lo ocurrido la mañana del miércoles en el Centro de Regulación y Control (CRC) de alta velocidad, en los supuestos fallos de cinco barreras de seguridad que debían impedir que una avería terminara provocando una colisión catastrófica. El listado de supuestos errores en los sistemas ya localizados es largo: el LZB perdió la transmisión; el bloqueo lateral no impidió una autorización peligrosa; un telefonema (una comunicación reglamentaria entre el centro de control y el maquinista con instrucciones formalizadas) permitió circular con «marcha normal»; el AVE encontró una señal verde que no provocó la intervención del ASFA; y el centro de control de Atocha no rectificó tras conocer que el Iryo seguía inmovilizado.

La invasión rusa de Ucrania de 2022, además de suponer el asilo en España de 130.000 refugiados, provocó otros movimientos sísmicos en los despachos nobles de grandes empresas. Cuando estalló el conflicto, Enagás, el operador de las redes gasistas, avanzaba en la reestructuración de su consejo de administración. Arturo Gonzalo Aizpiri, que había desarrollado la mayor parte de su carrera en Repsol y que llegó a ocupar un cargo en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sucedería al exeurodiputado del PP Marcelino Oreja como consejero delegado en la compañía, en manos de grandes fondos de inversión y participada por la SEPI (en el consejo se sientan tradicionalmente expolíticos de los dos partidos mayoritarios). Europa caía en la cuenta de su dependencia del gas ruso y buscaba soluciones urgentes a un problema que no tenía una salida fácil. España, con una potente red de plantas capaces de regasificar el gas natural licuado (GNL) que llegaba por barco de terceros países, era el lugar perfecto para convertirse en un punto de recepción de combustible para sacar a Rusia de la matriz energética. Pero había que replantearse muchas cosas. Eso es lo que ha estado haciendo la compañía presidida por Antonio Llardén estos años bajo la mirada de Bruselas. Enagás centró sus inversiones en Europa y fue abandonando, poco a poco, las de América. 

Tener abierta una cuenta en el banco que apenas se usa puede salir muy caro. La banca española llega a cobrar hasta 276 euros al año por el mantenimiento de una cuenta corriente y una tarjeta de débito a los clientes menos vinculados. Es el precio más elevado de entre las 11 entidades analizadas para el supuesto de un cliente que no cumple con ninguna de las condiciones que exigen las entidades para librarse de las comisiones que figuran en la letra del contrato al abrir una cuenta. La fórmula que aplica buena parte de la banca tradicional consiste en cobrar por las cuentas convencionales a los clientes menos vinculados y ofrecer esos mismos servicios gratuitamente a quienes domicilian su nómina, realizan compras con tarjeta o contratan otros productos, como seguros o fondos de inversión. La lógica comercial de las entidades es que mantener una cuenta abierta supone un coste, que los bancos intentan compensar con los ingresos que genera el cliente. Una nómina domiciliada, un saldo estable o el uso habitual de las tarjetas pueden resultar rentables para el banco y eximen de pagar comisiones. El porcentaje de clientes que paga estas comisiones es mínimo, según las fuentes bancarias consultadas, que explican que la mayoría cumplen con los requisitos y que la tendencia es a cobrar comisiones por servicios que realmente aportan un valor extra que se prestan al cliente.

"...El consumo público y el turismo explican la mitad del avance en el trimestre. La inflación persiste...El buen momento de la economía, aunque empañado por indicios de desaceleración y por la inflación, es un activo que podrá aprovechar el Gobierno que surja de las urnas. Ahora bien, sería erróneo considerar que la expansión puede prolongarse sin hacer esfuerzos. En primer lugar, porque el tirón del consumo público y del turismo —pilares que han sustentado la actividad, explicando exactamente la mitad del resultado del tercer trimestre— se enfrenta a limitaciones. Parece difícil sostener incrementos tan elevados del gasto corriente de las administraciones sin encontrar un contrapeso del lado de los ingresos, so pena de elevar el déficit y tener que apelar a unos mercados cada vez más recelosos. En cuanto al turismo, los fenómenos de saturación se han multiplicado. Uno de los más preocupantes: el tensionamiento de las infraestructuras, cuyo mantenimiento se ha descuidado, como lo evidencian el apagón eléctrico del año pasado y las tragedias que asolan al transporte ferroviario. Otro condicionante, probablemente el principal y el más complejo de resolver en el corto plazo, radica en la persistencia del brote inflacionario..."

Virgin Media O2, la operadora británica participada al 50% por Telefónica y al 50% por Liberty Global, prepara un ajuste de plantilla que podría alcanzar los 4.000 empleos, una cuarta parte de sus aproximadamente 16.000 trabajadores. La información, adelantada ayer por Sky News, que cita a fuentes conocedoras de los planes de la compañía, apunta a una profunda reestructuración para reducir su base de costes y hacer frente a las crecientes dificultades financieras derivadas de su elevado endeudamiento. Fuentes de Telefónica declinaron comentar la noticia. La cifra definitiva de salidas todavía no está cerrada, según las fuentes consultadas por la cadena británica. No obstante, estas apuntan a que los despidos se contarán por miles y se materializarán durante los próximos meses. La mayor parte de los puestos afectados no mantienen contacto directo con los clientes, y el plan también contempla una revisión de la estructura directiva. De hecho, algunos cambios en los puestos de alta dirección ya están en marcha bajo el liderazgo de su consejero delegado, Lutz Schuler.

Merlin Properties prevé invertir 7.776 millones de euros en centros de datos para convertirse en el gran casero de la IA en la Península. Su apuesta afronta una doble incertidumbre: la capacidad de su principal inquilino, CoreWeave, para financiar su expansión y el coste del nuevo capital que Merlin necesita para completar la suya. A ello se suma un decreto, pendiente de aprobación, que contiene exigencias energéticas más duras para los nuevos centros de datos en España. El 3 de agosto, los analistas del banco de inversión Jefferies rebajaron su recomendación sobre la socimi de comprar a mantener. Advertían en su informe de que el 85% de la capacidad prealquilada en sus centros de datos estaba en manos de neoclouds, operadores de nube especializados en IA. En ese momento, los seguros contra un posible impago de CoreWeave, su principal cliente, cotizaban a 675 puntos básicos, y la acción de Merlin valía 14,86 euros. El 14 de octubre, Jefferies volvió a recomendar comprar: tras una caída de las acciones del 20%, consideraba que los riesgos estaban descontados. Seis días después, según Renta 4, los inversores exigían más del 15% de rentabilidad para comprar bonos de CoreWeave con vencimiento en 2031, casi el triple que el 5,12% de la deuda estadounidense a 10 años. El coste de asegurarse contra su impago había pasado de 368 puntos básicos el 6 de octubre a más de 1.000. Detrás de esa escalada está el modelo de negocio de CoreWeave: se endeuda para comprar procesadores de Nvidia, que es a la vez proveedor y accionista, y vende capacidad de cálculo a clientes como OpenAI.

Más del 80% del comercio mundial de mercancías se transporta por mar, un enorme porcentaje que en tiempos de paz permite que los intercambios comerciales fluyan en calma, pero que en tiempos convulsos muestra con crudeza el poder de los océanos sobre la economía y la capacidad de compra de los ciudadanos. El bloqueo del estrecho de Ormuz, una lengua de agua de poco más de 30 kilómetros de ancho por la que hasta febrero circulaba el 20% del petróleo que se consume en el mundo, es un ejemplo traumático y sin precedentes de cómo la interrupción del tráfico marítimo por un paso estratégico puede desencadenar un gigantesco efecto bola de nieve. Menos suministro de energía al mundo, súbito encarecimiento de los combustibles, coste disparado del transporte marítimo y más inflación. Imposible que la economía funcione de espaldas al mar. La onda expansiva del bloqueo de Ormuz es planetaria y ha afectado también de lleno a la economía de Estados Unidos, donde Donald Trump probablemente ni imaginó que el conflicto desatado junto con Israel contra Irán fuera a durar tanto ni que fuese a encarecer hasta niveles récord el precio de la gasolina y el diésel para los estadounidenses. El desplome del tráfico marítimo por Ormuz ha impactado en las exportaciones de petróleo desde el golfo Pérsico y ha encarecido también su transporte por todo el globo: el aumento de los fletes es responsable de más de 30 dólares del precio del crudo, 10 veces más que antes del conflicto.