20250623

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

EE UU ha entrado en guerra. La ‘Operación Martillo de la Medianoche’ ordenada por Trump, que se había dado dos semanas para tomar una decisión, puede tener consecuencias imprevisibles. «Hemos destruido las plantas nucleares de Irán», afirmó. La entrada de EE UU en la guerra con Irán alienta la mayor escalada bélica desde la Segunda Guerra Mundial. A la respuesta militar del régimen de los ayatolás se suma su amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz y colapsar el comercio mundial. Inquieta, además, la reacción de Rusia y China, aliados de los iraníes. Donald Trump ordenó repentinamente el sábado que su fuerza aérea atacara a Irán con el objetivo de sorprender a Teherán. Y ha sorprendido al mundo entero. El presidente de Estados Unidos envió 125 cazas y bombarderos a arrasar las tres principales instalaciones de procesamiento de uranio en la república islámica en lo que más tarde calificó como una operación «exitosa». Las plantas de Fordo, Natanz e Isfahán, estas dos últimas bombardeadas en varias ocasiones antes por los F-15 y F16 israelíes, sufrieron «daños muy graves», según el Pentágono.

Estados Unidos empleó 125 aviones, cazas fantasma y de inteligencia, un submarino, numerosas recargas de combustible en el aire, vuelos de señuelo por el Pacífico y 75 armas con un alto poder de penetración, incluidas 14 superbombas de casi 14.000 kilos que nunca habían sido utilizadas en combate. Ese arsenal cruzó el planeta en silencio, de puntillas. Sin apenas comunicarse para no alertar al enemigo, todas las piezas de la misión cumplieron su parte del plan, no tuvieron ninguna respuesta por parte de las sorprendidas defensas iraníes, lograron su objetivo y regresaron a sus bases. La ‘Operación Martillo de Medianoche’ «devastó» el programa nuclear iraní y fue un «éxito aplastante», aseguró el secretario de Defensa de Estados Unidos. Pete Hegseth desveló que el plan se había diseñado durante meses y que permaneció al ralentí sólo a la espera de la decisión del presidente, Donald Trump. El magnate, como una pieza más del engranaje, también jugó al despiste al dar el pasado jueves «dos semanas» de plazo a Teherán para retomar las negociaciones sobre su programa atómico. La supuesta tregua sólo duró dos días. Hubo otro elemento de distracción: el sábado, bombarderos norteamericanos sobrevolaron el Pacífico. ¿Hacia dónde? A ninguna parte. La operación real iba por otra vía. Hegseth y el jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense, el general Dan Caine, detallaron ayer los pormenores de una misión protagonizada por siete bombarderos B-2, cada uno con dos tripulantes. Estas aeronaves fueron las encargadas de atacar las instalaciones nucleares de Natanz y, especialmente, Fordo, alcanzada por las bombas de alta penetración ‘Massive Ordnance Penetrator’ (MOP) GBU-57 y las superbombas guiadas MOAB. Fordo era el gran objetivo. Esta planta, construida en secreto y descubierta por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en 2009, era la joya de la corona del sistema nuclear de Teherán.

Desde el inicio de las hostilidades entre Irán e Israel el pasado 13 de junio, los expertos venían advirtiendo de que un conflicto de tal magnitud, y más con la participación estadounidense de por medio, podría desestabilizar la economía mundial e impactar de manera directa en nuestros bolsillos. La amenaza es ahora más real que nunca. El Parlamento de Irán votó ayer a favor del cierre del estrecho de Ormuz, aunque la última decisión recaerá sobre el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, o lo que es lo mismo, sobre el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Para entender la importancia de este punto estratégico en el conflicto solo hace falta saber que, por sus 252 kilómetros de largo y 33 de ancho en su punto más angosto, circula una quinta parte del comercio global de petróleo –unos 20 millones de barriles al día–. Ubicado al sur de Irán, por sus aguas también navega una quinta parte del gas natural que se comercia mundialmente y su importancia radica en que es la única vía marítima desde el Golfo Pérsico para llegar a los océanos del mundo. El potencial cierre de este paso marítimo acarrearía consecuencias directas a escala global. Una de las principales perjudicadas sería la región asiática y, más concretamente, China. Cerca de la mitad del petróleo que importa el gigante oriental proviene directamente de la república islámica. Paradójicamente, si se produce el cerrojazo, Irán sería otra de las grandes afectadas, ya que exporta el 90% de su producción (3,2 millones de barriles al día) a Pekín. En este sentido, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, instó ayer a los chinos a hablar con Teherán para impedir el cierre, «ya que dependen en gran medida del estrecho para abastecerse». El precio del barril de petróleo podría volver a los 100 dólares. 

Entrevista con Michael I. Jordan, doctor en Ciencias Cognitivas y premio BBVA Fronteras del Conocimiento. Científico importante para herramientas como ChatGPT porque ayudó a construir las bases matemáticas y conceptuales del aprendizaje automático moderno. Aunque no las inventó, sin su legado no existirían tal como las conocemos. Ha sentado las bases matemáticas de la Inteligencia Artificial». Profesor en centros tan prestigiosos como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Berkeley y el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (INRIA) francés, su trabajo está también detrás del sistema de recomendación de Amazon. "– ¿Podemos confiar de lo que nos dice Chat GPT?– No. Estas herramientas no razonan con la incertidumbre. Creo que su objetivo debería ser ayudar a gestionar esa incertidumbre y si no estás seguro sobre algo, lo dices, que es lo que hacemos los humanos, como cuando pedimos una segunda opinión médica. No tenemos que fiarnos solo porque lo dice Google –su equivalente a ChatGPT se llama Gemini–. Lo que hacen es adivinar la siguiente palabra en una frase en función de las palabras anteriores. Los algoritmos existen desde hace 30 años, pero normalmente cogían las diez o cien palabras anteriores. No eran muy buenos. Lo que ha ocurrido en los últimos cinco años es que ha aumentado muy rápidamente la escala y cogen decenas de miles de palabras. Y lo hacen sorprendentemente bien...No nos va a superar. Los ordenadores ya son mejores que nosotros en los cálculos y en las búsquedas y eso no hace que les tenga miedo. Me hace sentir que es una herramienta poderosa que puedo utilizar. La superinteligencia no es una noción muy bien definida. Como con todas las tecnologías, nos ayudará en algunas situaciones y nos limitará en otras. Lo que más me preocupa es el mercado laboral...Musk hace promesas que no puede cumplir. Prometió los coches autónomos hace cinco años. Todos los expertos sabíamos que no se podría desarrollar tan rápido pero se le escuchó. No son tan buenos como la generación anterior de Silicon Valley, la de Bill Gates o Larry Page. – La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha provocado un terremoto de consecuencias impredecibles. – No tengo mucho que decir. Vivo en Francia y no le presto mucha atención, pero es un movimiento claramente populista el que le ha elegido con el apoyo de grupos fascistas. Ha sido una decepción ver que le apoyaron tecnólogos, quizás porque querían menos regulación. Ahora lamentan el caos que ha generado. Creo que en tres años habrá un cambio..."

Existe dificultad para cubrir vacantes en sectores esenciales como la hostelería, el comercio, la construcción, los hoteles y los servicios turísticos. A pesar de que la afiliación a la Seguridad Social en el territorio aumenta cada verano entre 4.000 y 6.000 personas y Gipuzkoa viene encadenando dos récord de cotizantes este mismo año, estos repuntes no logran satisfacer completamente las necesidades del mercado laboral y los distintos sectores entablan una pelea para pescar en los caladeros de posibles trabajadores. El incremento de la actividad económica propio de los meses de julio y agosto se traduce en un alza de contrataciones, especialmente en los sectores vinculados al turismo y los servicios. Sin embargo, la oferta de empleo supera a la demanda de trabajadores disponibles, lo que obliga a muchos negocios a funcionar con menos personal del deseado o a reducir sus servicios. Según fuentes de diferentes sectores, la escasez se debe a varios factores, entre ellos la falta de relevo generacional, las condiciones laborales poco atractivas para algunos perfiles, y la competencia entre empresas para captar a un número limitado de profesionales. En el caso de la hostelería, por ejemplo, algunos empresarios reconocen que la dificultad para encontrar camareros o cocineros formados es una constante, mientras que en el comercio minorista se teme no poder mantener los horarios extendidos en temporada alta. El fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años tras la pandemia, con un mercado laboral más cambiante y trabajadores que priorizan sectores con mayor estabilidad o mejores condiciones.

El futuro de los inmigrantes que quieran incorporarse al mercado laboral en Euskadi se decidirá en el País Vasco a partir de la próxima semana. El 1 de julio el Gobierno autonómico asumirá la competencia para otorgar los permisos de trabajo a los extranjeros, al menos parcialmente, ya que participará en una resolución conjunta con la Administración central. Así el Estado seguirá siendo el encargado de emitir la autorización de residencia, si bien el Ejecutivo vasco pasará a conceder los permisos de trabajo que se desempeñen exclusivamente en su territorio. De esta manera, a la Administración local le corresponderá verificar el cumplimiento de los requisitos a la hora de obtener el arraigo sociolaboral (por trabajo) y el socioformativo (por formación), así como autorizar las contrataciones en el país de origen o en las actividades de temporada. La asunción de estas responsabilidades llega en un momento crítico. Hace un mes (el 20 de mayo) entró en vigor el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, una normativa que quiere facilitar el acceso a los permisos de residencia y de trabajo para aportar sangre nueva a una economía que padece la falta de relevo generacional. Entre otras ventajas reduce de tres a dos los años de empadronamiento previo y permite las jornadas laborales parciales, siempre que sean de al menos 20 horas semanales. Todavía es pronto para saber cuánto crecerá la demanda de estos permisos en Euskadi, pero en el último mes los expedientes en toda España se han disparado un 40%.

Los extranjeros quieren abrirse camino en Euskadi, también por su propia cuenta. Así lo reflejan los datos de autónomos recopilados por la Seguridad Social. En los últimos diez años la población inmigrante ha multiplicado por dos su presencia en este régimen de actividad. De los casi 8.000 registrados en mayo de 2015 se ha pasado ahora a más de 16.000, con una presencia destacada en los sectores de la construcción, el comercio y la hostelería. El fenómeno no se produce solo en el País Vasco. Ocurre algo similar en toda España (se dispara desde los 254.717 autónomos extranjeros hasta los 484.061), aunque con una diferencia. En todo el país su entrada en el mercado ayuda a que el número total de trabajadores por cuenta propia gane volumen y suba un 7,8%, mientras que en el territorio pierde presencia –se dejan 13.500– y su cifra sumada a los locales todavía cae un 4%. Algo que ocurre principalmente fruto de un comercio que baja la persiana a consecuencia de las jubilaciones de los propietarios y del constante incremento de las compras ‘online’. Esta realidad, en cambio, no se ha trasladado de la misma manera a los negocios que los extranjeros han puesto en marcha en el País Vasco. Si bien los autónomos totales dedicados al comercio se han reducido en la última década un 16% (en mayo había 36.500), los regentados por inmigrantes han engordado más de un 50%, y algo parecido ocurre en el ámbito de la hostelería. Aquí el total de establecimientos se reduce en un 9,5% (hay algo más de 14.500 autónomos), aunque la parcela que ocupan los foráneos crece un 86%. Y todo esto ocurre en un formato que está cambiando. Aunque la población China mantiene la segunda plaza en número de autónomos en Euskadi, la antigua proliferación de bazares parece haber menguado tras el éxito de plataformas como Temu o Aliexpress –procedentes del mismo país y que cubren el mismo tipo de compras de bajo coste–, aunque a cambio parecen haberse disparado los centros de estética y los salones de belleza que ofrecen manicura.

Fagor Multimedia Perspectives está dando forma a la revolución digital de las telecomunicaciones. La unidad, lanzada el pasado mes de mayo de 2025 como una marca con personalidad propia dentro de Fagor Electrónica, ha nacido con músculo industrial, visión global y una apuesta decidida por las soluciones que conectan edificios, personas y datos en tiempo real. El proyecto es el resultado de la compra en abril de 2024 de Triax Digital Solutions, empresa guipuzcoana especializada en infraestructuras de distribución de señal audiovisual, un referente en su campo. «Estamos súper contentos», resume Gorka Guerra, director general de la nueva unidad. «Hemos logrado una integración real de equipos, catálogo y producción». El origen de Fagor Multimedia Perspectives está en la tecnología necesaria para llevar la televisión —por satélite, terrestre o IP— a viviendas, hoteles, hospitales o residencias. Pero el campo se ha expandido con fuerza hacia un futuro digitalizado. «El sector ha evolucionado de forma radical», explica Guerra. Hoy, además del tratamiento de señal, desarrollan soluciones de conectividad de banda ancha y sensórica para edificios inteligentes. En el ámbito residencial, proveen infraestructuras que integran TV y fibra óptica, pero también sensores que permiten monitorizar el comportamiento energético de los edificios. «La sostenibilidad y eficiencia energética son demandas crecientes, y solo se pueden alcanzar con edificios conectados que generen datos útiles para las ciudades inteligentes», destaca.

El presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, Ignacio Etxebarria, reflexiona sobre la intención de la Alianza Financiera de que eleve su participación en el tejido empresarial vasco. La Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi (EPSV) tiene 68 entidades, con un patrimonio que rebasa los 30.800 millones de euros. Según los datos, un 6% de esa cantidad está invertida en Euskadi, principalmente en deuda pública, mientras que un 1,14% (unos 350 millones) lo está en empresas de la CAV siendo las más destacadas, además de las propias entidades financieras, Iberdrola, Tubacex, CIE Automotive y CAF. La Alianza pretende que se incremente la participación de ese ahorro privado en el tejido empresarial vasco, con la intención de fomentar una transformación del mismo. "Nosotros suscribimos el documento por el cual se constituyó en marzo la Alianza, que ha delegado en el Instituto Vasco de Finanzas la gestión. En la Alianza, además de las EPSV, están los bancos BBVA y Kutxabank, la sociedad de garantía recíproca Elkargi, las fundaciones de las cajas de ahorros... Todos ellos no tienen la misma política de inversión. Pero entendemos que el objetivo es posibilitar proyectos atractivos para las entidades que están ahí, buscando esa colaboración público-privada. Nosotros, como Federación, no invertimos. Son las entidades las que deciden como lo hacen, y existen muchos aspectos técnicos que cada entidad tendrá que analizar...Siempre hemos dicho que la Federación, a priori y siempre que se respeten los criterios de riesgo y rentabilidad, lógicamente tiene interés en invertir en Euskadi. En la actualidad hay un 6% invertido en Euskadi, bien en empresas o en deuda pública. Las limitaciones no tienen que ver con el ámbito en el que se invierte, sino en el tipo de instrumento a través del cual se invierte, de forma que su elección proporcione ciertas garantías...Tenemos toda la voluntad de colaborar, pero lógicamente hay un tema clave: nuestro principal cometido es pagar pensiones, no fortalecer empresas. Esa es la realidad, pero a partir de ahí estamos abiertos a lo que se pueda plantear..."

Pasa den ekainaren 12an, Ekonomiaz aldizkarian argitaratutako finantza jasangarriei buruzko ale monografikoaren aurkezpena egin zen EHUko Udako Ikastaroen baitan. Iñaki Ruiz, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako sailburuordea eta Ibon Galarraga Gallastegui BC3ko ikertzailea izan ziren ekitaldian. Galarragak ikuspuntu klimatiko eta soziala kontuan hartu beharra azpimarratu du. Bere aburuz, klima-aldaketari aurre egiteko borondate politikoa ez ezik, finantza-baliabide gehiago behar dira. Gehiago irakurri hemen. 

La UPV/EHU pretende edificar una residencia de estudiantes en las instalaciones del campus de Leioa. Por el momento no es más que un proyecto. No se sabe cuántas plazas tendrá ni cuánto costará financiar su construcción. Pero el nuevo equipo rectoral que lidera Joxerramon Bengoetxea ha fijado la cuestión del alojamiento como una de sus prioridades en sus tres campus. De hecho, ya está en marcha un proyecto para levantar una residencia en Gipuzkoa con capacidad para acoger 200 alumnos y también se va a ampliar de 230 a 450 las plazas de la residencia Tomás Alfaro, en Álava. En Bizkaia, la Universidad cuenta con 180 camas en el colegio mayor Unamuno y con otras 220 en la residencia Blas de Otero, ambos en Bilbao. También dispone de proyectos intergeneracionales para compartir piso, que tienen una gran acogida; pero, con todo, no es suficiente. Según ha podido saber este periódico, la Universidad ya ha recibido una oferta de una empresa alemana interesada en edificar una residencia en la zona del parque tecnológico del campus, pegada a la carretera Leioa-Unbegana. Las conversaciones en estos momentos giran en torno a cómo podría encajar este proyecto con la visión que le quiere dar el equipo rectoral. La idea de los responsables universitarios es que la residencia acoja una mezcla de usuarios. Algunas plazas se ofertarán a precio de mercado, pero otras estarían reservadas a familias de bajos ingresos y jóvenes desarraigados, a quienes se ofrecerá un itinerario académico y acompañamiento personal hasta que se integren en el mercado laboral. Se trata de dar a la residencia «una perspectiva inclusiva», en palabras del rector. Por otra parte, La Universidad acometerá en los próximos dos años la reforma de varias infraestructuras con una inversión de cinco millones de euros. En teoría, estas obras se llevan a cabo con el dinero que el Gobierno vasco destina a la UPV/EHU a través de diversos contratos programa. El último abarcaba el periodo 2023-2026. El problema es que ese presupuesto se ha quedado obsoleto.

La trayectoria de Loli García y Mari Cruz Vicente, dos sindicalistas de referencia en Comisiones Obreras, se ha cruzado en el XIII Congreso Confederal de la central, que reeligió el sábado a Unai Sordo como secretario general para un tercer y último mandato. En esta cita se ha renovado la dirección a nivel estatal y se ha dado entrada a Loli García, que recientemente dejó el liderazgo en Euskadi tras ocho años en el cargo y que ahora asumirá el área de Formación y Empleo. A la vez se ha despedido con una afectuosa ovación a Mari Cruz Vicente, que se jubila después de haber dado en 2018 el salto del País Vasco a Madrid para convertirse en la secretaria de Acción Sindical. Las dos sindicalistas han marcado la evolución de CC OO. García se convirtió en la primera mujer en liderar la central en Euskadi. Asumió ese cargo en 2017, en sustitución de Unai Sordo, que pasó a ocupar la máxima responsabilidad a escala nacional. En ese traslado a Madrid le acompañó Mari Cruz Vicente, que pasó a ser su ‘número dos’ tras haber desempeñado diversos puestos en la estructura del sindicato en Euskadi. Como secretaria de Acción Sindical a nivel confederal, ha sido la principal negociadora de CC OO en los últimos años de medidas tan relevantes como los ERTE en la pandemia, la reforma laboral o la reducción de jornada. De hecho, ha sido probablemente la mujer con mayor responsabilidad en la historia de la central.

Iberdrola, la mayor energética española, ha pedido a PwC, una de las grandes consultoras y auditoras en España, un análisis exhaustivo de las circunstancias que concurrieron el pasado 28 de abril en el sistema eléctrico español para determinar las causas exactas del apagón masivo que se produjo ese día en toda la España peninsular. En términos técnicos, ese tipo de auditorías o investigaciones se conoce como análisis forensic. Iberdrola, además del respaldo de bufetes como Hogan Lovels y Garrigues, quiere tener su propio informe técnico independiente para esclarecer los hechos. Y en todo caso, de esta forma se va armando de cara a una más que previsible guerra jurídica sin precedentes en los tribunales. En la práctica, esa guerra jurídica ya ha empezado con un zafarrancho de combate de informes desde uno y otro bando. Hasta ahora, se han presentado dos informes sobre el apagón, ambos la pasada semana. Uno es el que ha elaborado el Gobierno, realizado por distintos ministerios y organismos de la Administración, entre ellos Transición Ecológica, Interior, CNI y Estado Mayor de la Defensa. Este documento descarta definitivamente que la razón del apagón estuviera en un ciberataque. Apunta a que se debió a razones estrictamente técnicas del sector energético. Y reparte culpas entre Redeia y las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy. Otro informe es el de Redeia, grupo del que depende Red Eléctrica, gestor de la red de alta tensión. El informe de Redeia, elaborado por sus propios técnicos, descarga todas las culpas del apagón sobre las eléctricas.

El cerebro que garantiza que las más de 1.670 tiendas de Mercadona funcionen sin sobresaltos se encuentra en plena renovación. Se trata de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) del grupo, una infraestructura crítica que, con capacidad de resistir ante catástrofes naturales, cuenta con sistemas de refrigeración extra y un acceso controlado por análisis biométrico. Mercadona, el líder de la distribución en España por cuota de mercado, trabaja ya en la renovación de sus dos centros, ubicados en Albalat del Sorells (Valencia) y Villadangos (León). Se trata de un proyecto estratégico para la compañía en el que prevé invertir 20 millones de euros y en el que Mercadona está colaborando con alrededor de 15 proveedores tecnológicos nacionales e internacionales. Los CPD resultan esenciales para el correcto funcionamiento de los supermercados, ya que albergan, gestionan y operan los sistemas de tecnología de la información y comunicaciones que permiten abrir cada día sus tiendas. ¿En qué se traduce esto? “Nuestros CPD permiten que, cuando se levantan las persianas de nuestras más de 1.600 tiendas, éstas dispongan de los productos necesarios y ajustados a la demanda que prevemos tener ese día”, afirma Juanjo López, coordinador de Seguridad e Infraestructura Informática de Mercadona. Mercadona IT multiplica por cuatro su equipo y ya tiene 1.200 trabajadores. 

A cinco años del horizonte de cumplir la Agenda 2030 existe una alta probabilidad de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y muchas de sus metas, no se alcancen. El octavo Informe sobre la Contribución de las Empresas Españolas a los ODS, Sostenibilidad, competitividad y disrupción geopolítica, elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade y el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, señala que en la actualidad solo el 17% registra un ritmo de progreso suficiente para llegar a cumplirse, pero el 83% está estancado o en retroceso. De hecho, el 18% de los objetivos presenta un avance moderado y el 30% muestra un progreso marginal, mientras que el 18% está estancado y el 17% retrocede respecto a 2015. El informe atribuye este estancamiento a un entorno internacional marcado por las tensiones entre bloques económicos, conflictos armados, las crisis climáticas y ambientales que amenazan cada vez más los ecosistemas y la parálisis de las cumbres multilaterales. Las estrategias nacionales también divergen: Europa revisa su agenda verde por razones de competitividad y seguridad, Estados Unidos retrocede en sostenibilidad por presiones internas y China avanza en la transición energética pese a las contradicciones de su modelo. El ritmo del progreso de los objetivos varía significativamente dependiendo del país. Los países nórdicos continúan liderando su avance, encabezados por Finlandia, Suecia y Dinamarca, que tienen los indicadores más elevados en el índice de los ODS. En España, casi el 58% de los objetivos va camino de ser alcanzado, el 18% muestra un progreso limitado y el 24% está en retroceso. 

Se cumplen dos años de la obligación de que las grandes compañías cuenten con un canal de denuncias anónimo. Un aniversario que llega en plena polémica por el enésimo caso de corrupción que envuelve a una constructora y que somete a un importante test a estos canales creados inicialmente para proteger a los denunciantes internos, pero cuyo uso final está siendo mucho más diverso. Según un análisis, en el año 2024, las empresas del Ibex recibieron 16.433 denuncias, una cifra que supera en un 70% las registradas en el año anterior, si bien la mayoría de estas reclamaciones no se están remitiendo para denunciar fraudes o sobornos (apenas 50), sino para situaciones más relacionadas con el ámbito laboral. «En la práctica, por un tema lógico si tienes que establecer un canal de denuncias no estableces un canal de denuncias para una cosa u otro para otra. Normalmente tienes uno único y luego ya, en función de la naturaleza de la denuncia, lo diriges al equipo de recursos humanos, laborales o compliance y jurídico. Muchas veces se confunden un poco», explica la responsable de la práctica de Derecho Laboral de EY Abogados, Silvia Bauzá. Esto hace que la cantidad de reclamaciones no parezca un indicador fiable del clima interno de una compañía. De hecho, las empresas están obligadas a fomentar su conocimiento. «Tienes que acreditar que los trabajadores conocen esa política y canal de denuncias, si no es como si no lo tuvieras para la ley», señala.

Las denuncias por fraude en la contratación pública se han disparado un 87% desde el año 2019, pero siguen siendo muy pocas en proporción al volumen de operaciones, apenas se investigan y prácticamente ninguna acaba judicializada. Es información que maneja el propio Gobierno a través de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que cuelga del Ministerio de Hacienda y es responsable de fiscalizar la contratación pública y de combatir las ilegalidades en los procesos de adjudicación. Es la principal y más contundente conclusión del último informe anual de supervisión elaborado por el organismo, y pone en evidencia la funcionalidad de los propios sistemas de control frente a prácticas corruptas como las que ha señalado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su demoledor informe sobre el cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública que presuntamente se repartían el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y quien fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García. Con los datos más recientes, recopilados de las distintas oficinas territoriales de lucha contra la corrupción y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, el informe revela que entre 2019 y 2023 las denuncias por fraude relacionadas con la contratación pública pasaron de 118 a 221. Dentro de esta última cifra, las que señalan prácticas corruptas, que incluyen el tráfico de influencias, el trato a favor de empresas o el conflicto de intereses, han aumentado un 53%, al pasar de 28 a 43; mientras, las que apuntan a irregularidades en las adjudicaciones se han disparado un 260%, pasando de 20 a 72.

José Manuel Campa (Oviedo, 60 años) es uno de los españoles clave en las instituciones europeas. Desde 2019 preside la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), una de las cabezas de Bruselas en regulación bancaria. Antes fue secretario de Estado de Economía de 2009 a 2011. Atiende a este diario desde la sede de París, a través de videoconferencia, a unas semanas de que se publiquen unos nuevos test de estrés, que darán prueba de la resistencia de la banca ante la incertidumbre geopolítica. "El punto de partida de las entidades es bueno, con el ratio de capital más alto desde que existe la EBA, morosidad baja y una rentabilidad que ha subido en los últimos cuatro años de forma consistente. De hecho, nuestra percepción es que no será sostenible en el tiempo, porque dependerá de cómo evolucionen los tipos de interés...Los dos grandes bancos españoles tienen mucha exposición internacional y eso les afectará, aunque están muy diversificados geográficamente. El shock geopolítico les afectará de una forma distinta dependiendo de ese grado de diversificación. Mirando los datos del pasado, todos los bancos españoles, y sobre todo los más grandes, tienen mucha capacidad de absorción del shock a través de su generación recurrente de beneficios. El impacto final en capital suele ser pequeño..."

Las instituciones de la UE han llegado a un acuerdo para simplificar el arancel contra la importación de productos de terceros países fabricados con altas emisiones de CO2 y que, en la práctica, eximirá el 90% de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026. El acuerdo político ha sido alcanzado entre los equipos negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los Estados miembros) y la medida forma parte de la primera ronda de propuestas que la Comisión Europea presentó en febrero para simplificar la legislación. La modificación sitúa en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que las empresas importadoras estén obligadas a abonar este arancel, denominado mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), limitando al 10% las compañías afectadas. La Eurocámara destacó que “la ambición climática del mecanismo no sufre cambios, dado que el 99% de las emisiones totales de CO2 de las importaciones de hierro, acero, aluminio, cemento y fertilizantes seguirá cubierto por el CBAM”. Además, se simplifican los trámites de autorización para los operadores que importen bienes sujetos al arancel, facilitando el cálculo de las emisiones y mejorando la gestión de la responsabilidad financiera, además de reforzar las medidas destinadas a prevenir abusos. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben ahora aprobar formalmente el acuerdo. El objetivo del arancel climático de la UE es conseguir que las compañías europeas sujetas a las normas climáticas del bloque y que tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

Finalmente no ha hecho falta un enfrentamiento cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN que se celebra mañana y pasado en La Haya. El jefe del Ejecutivo anunció de urgencia ayer por la tarde, en una declaración institucional, que España ha pactado con la Alianza una «mayor flexibilidad» para no alcanzar el objetivo de elevar el gasto militar al 5% de su PIB previsto en la declaración final de la reunión. Sánchez y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acordaron sacar al socio del sur de esta ecuación y fijaron su inversión en Defensa en el 2,1%, que vendrá acompañado no obstante de una mayor contribución de tropas y material militar en las misiones. España, a la cola de la OTAN en inversiones militares, fue el país que más fuertemente rechazó el plan de Rutte y de Estados Unidos para elevar el gasto en Defensa al 5%. Sánchez admitió ayer que el acuerdo alcanzado es «muy positivo», ya que va a permitir a España «cumplir con sus compromisos y preservar la unidad de la Alianza» sin empeñar la economía nacional. Los retoques hechos a la declaración final de la cumbre, fruto de una «negociación diplomática discreta», permitirán dedicar el porcentaje del PIB acordado bajo la condición de que cumpla con los objetivos de capacidades militares.