20250625

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido este martes que el cierre de la operación para la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor en Talgo se está enfrentando a más obstáculos de los esperados, fundamentalmente por el impacto de la multa de 116 millones de euros impuesta por Renfe a la compañía ferroviaria. Aun así, el lehendakari se mostró “optimista” y aseguró que el desenlace está “cerca”.  En su comparecencia para hacer balance del primer año de legislatura tras la reunión semanal del Consejo del Gobierno celebrada en Gasteiz, Pradales explicó que los avances en la denominada operación Talgo han sido más lentos de lo previsto inicialmente. “Pensábamos que iba a ser más sencillo, por las conversaciones previas a todos los niveles, tanto institucionales como privados”, afirmó. Uno de los principales escollos es la sanción millonaria de Renfe, que afecta directamente al balance de Talgo y complica la estructura financiera del acuerdo. “Legalmente no se puede quitar”, puntualizó el lehendakari, quien admitió que se subestimó el impacto de la sanción. “Sinceramente, está siendo mucho más complicado porque no se puede eliminar algo que cuenta con todos los informes justificativos para que se aplique”, señaló.

Entre las «muchísimas cuestiones» que Pradales pondrá encima de la mesa, hay una que destaca sobre las demás y que, para Lehendakaritza, es crucial por su profundo calado simbólico: arrancar al presidente un primer bloque de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, de gran complejidad y volumen. Ese paquete inicial que Pradales pondrá sobre la mesa –aproximadamente una cuarta parte del traspaso íntegro–, y que la consejera Maria Ubarretxena trabaja ya en distintas reuniones con sus homólogos en Madrid, incluiría las políticas pasivas de empleo, es decir, las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo no contributivo y el contributivo, así como las funciones en manos del SEPE (Servicio Estatal de Empleo Público) que pasarían a ser ejercidas por Lanbide. Imanol Pradales arrancó ayer su alocución tras el Consejo de Gobierno –una comparecencia que asumió en persona para conmemorar, de nuevo, el primer aniversario de la constitución de su Gabinete– con una alusión a cómo ha cambiado el mundo en estos doce meses. Estados Unidos tenía otro presidente, en el Vaticano había otro Papa –recordó– y «en el Estado español, a pesar de las dificultades, el Gobierno de Sánchez tenía estabilidad». El lehendakari asumió así sin paños calientes la precaria situación en que se ha adentrado la legislatura española tras el estallido del ‘caso Cerdán’ e incluso reconoció que las próximas semanas serán «decisivas» para el mandato de Pedro Sánchez y para despejar si es viable su continuidad en La Moncloa, a expensas de posibles nuevas revelaciones que se desprendan de los audios grabados por Koldo y de la investigación de la UCO. En esa clave debe entenderse la máxima trascendencia que Lehendakaritza concede a la cita que anunció ayer Pradales, la reunión, el próximo 15 de julio, de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre los gobiernos central y vasco, el órgano surgido a raíz de los acuerdos de investidura firmados por el PSOE y el PNV a finales de 2023. 

Lo cierto es que la norma establecida deja la puerta abierta a demasiada interpretación. El Gobierno sube el listón para que BBVA culmine su plan de integrar a Banco Sabadell. El Consejo de Ministros ha decidido endurecer las condiciones a la operación, en un momento de extrema debilidad política por la crisis del ‘caso Koldo’ que ha obligado a actuar con mayor contundencia de lo esperado. Tras varias semanas de análisis y una inédita consulta pública de por medio, el Ejecutivo aprueba la opa, pero obliga a BBVA a mantener a Sabadell por separado durante tres años, prorrogables otros dos. Además, prohíbe los despidos y cierres de sucursales masivos, que son habituales en este tipo de operaciones y sobre los que se basaban partes de las sinergias estimadas inicialmente por BBVA. La medida, amparada en el «interés general», deja en el aire el futuro de la operación, con unos límites que obligan a que la entidad mantenga «la personalidad jurídica, el patrimonio y la autonomía de gestión» del Sabadell durante el plazo establecido. Pero es este último punto –el de la autonomía de gestión– sobre el que la entidad vasca podría apoyarse para no desistir en sus planes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, detalló ayer que la idea del pliego de condiciones es la de «maximizar el valor de las dos entidades por separado», por lo que cada una de ellas podrá tomar las decisiones que considere mejor para sus objetivos en cinco ámbitos: la financiación, especialmente a pymes, los servicios bancarios, la obra social y, lo más importante, la red de oficinas y los recursos humanos. «Pretendemos que, a través de esa gestión autónoma e independiente, se protejan los intereses generales», indicó. Es decir, se podrá despedir en casos puntuales por motivos ajenos a la opa. 

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntó ayer que la intervención del Gobierno en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell ha terminado con la decisión del consejo de ministros. Las condiciones –basadas en mantener la autonomía en la gestión, la personalidad jurídica y el patrimonio separado de ambos bancos–, en palabras del ministro, no suponen “impedir la operación”, sino que abren la puerta a que BBVA decida si prosigue con la operación y, si lo hace, que los accionistas de Sabadell decidan, tal y como ha pedido insistentemente el presidente del banco vasco, Carlos Torres, en los últimos meses. Cuerpo explicó que la condición extra no busca entrar en el detalle de cada actuación específica de los consejos de administración de BBVA y Sabadell, sino imponer un marco “efectista y general” que marque el día a día de ambas entidades. ”Pretendemos que, a través de esa gestión autónoma e independiente, se protejan los intereses generales”, explicó. Para Cuerpo, blindar esta gestión autónoma es fundamental para que se proteja a las pymes, el empleo o la red de oficinas, así como que BBVA adopte con Sabadell una línea continuista. Sí concretó que, como resultado de esta gestión autónoma, el Gobierno limita que BBVA reduzca las plantillas de los bancos como consecuencia de la transacción, así como que recorte el número de oficinas. No inhabilita a las entidades, eso sí, a despedir por motivos no vinculados con la opa, ni tampoco a nombrar un nuevo consejo de administración en el Sabadell.

La Generalitat, ERC y las organizaciones empresariales catalanas valoraron ayer positivamente las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa del BBVA al Sabadell y confiaron en que sirvan para hacer descarrilar la operación. El más explícito fue ERC, que se mostró confiado en que la compra del banco vallesano acabe «fracasando». Igual que la patronal Foment del Treball, que dio por «amortizada» la opa. El primero en pronunciarse fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que «celebró» de inmediato el anuncio del Gobierno. Según defendió, el Ejecutivo central ha puesto por delante el interés general y ha protegido el sistema bancario catalán. A su juicio, ha impuesto unas condiciones que desde su punto de vista «garantizan la competencia, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas». «Se ha actuado con respeto transparente y escrupuloso a las reglas y los tiempos», dijo. «La gestión rigurosa, dialogante y discreta ha dado sus frutos», destacó. Illa se colgó una parte de la medalla de la decisión del Gobierno. Desde el primer día, el presidente del Govern catalán afirmó que rechazaba la operación de compra y se comprometió a que trataría de influir en el Ejecutivo central para que obstaculizara la opa. En las últimas semanas, la oposición en Cataluña reclamaba al dirigente socialista que se implicara más para frenar la adquisición. Mientras en Cataluña se celebraba la decisión, desde la Comisión Europea volvieron a llegar advertencias contra la intervención gubernamental en la operación. «Tomamos nota de la decisión adoptada por el Gobierno español», señaló un portavoz del organismo. El Ejecutivo de Ursula von der Leyen insistió en que «usará sus poderes como guardiana de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembros».

Carlos Torres, con la ayuda del resto del consejo de BBVA, tiene ante sí la difícil decisión de si tiene sentido financiero para sus accionistas seguir adelante con la opa de Sabadell. Hace un año, BBVA cuantificó en 850 millones de euros el ahorro de costes que podía conseguir con la compra de Sabadell. De esa cifra, 300 millones de euros vendrían directamente de ajuste de costes de personal, 100 millones de ahorros de coste de financiación y 450 millones de ahorros tecnológicos. A priori, el bloqueo temporal a la fusión elimina los 300 millones de ahorros de costes ligados al recorte de empleo. Existen dudas sobre qué sucederá con las sinergias vinculadas con los ahorros de tipo tecnológico. BBVA ha señalado en las últimas semanas que se veía capaz de extraer dos tercios de las sinergias totales de 850 millones en caso de no fusión. Los equipos de BBVA, con el apoyo de Deloitte y de otros asesores, analizarán en los próximos días la letra pequeña del acuerdo del Consejo de Ministros para hacer números mucho más precisos y decidir si siguen adelante o no con la opa. Para BBVA es clave dilucidar si durante los próximos tres años podrá prescindir o no de la plataforma tecnológica de Sabadell, que además cuenta con unos plazos de amortización muy largos. César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, señaló hace unos meses que dar de baja la plataforma del banco y cerrar sus centros de datos podría suponer un cargo negativo de 900 millones para BBVA. A esa cifra habría que añadir los 200 millones necesarios para hacer la migración de sus clientes a la plataforma de BBVA.

EH Bildu anunció ayer que ha llegado a un acuerdo para que el Gobierno central liderado por el presidente Pedro Sánchez introduzca ayudas de 250 millones para la industria electrointensiva dentro del decreto ley para reforzar el sistema eléctrico y evitar nuevos apagones que el Consejo de Ministros aprobó ayer. Mediante un comunicado, la izquierda soberanista señaló que el acuerdo alcanzado con el Gobierno también incluye medidas para flexibilizar y modificar la planificación de Red Eléctrica para agilizar los procesos de electrificación, acabar con la discriminación fiscal sobre los hornos industriales eléctricos y una línea de financiación para ayudar a la electrificación industrial, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Todas estas medidas, señaló la coalición abertzale, son «ampliamente exigidas y esperadas» por la industria vasca para poder avanzar en el objetivo de reconversión industrial y electrificación que el sector debe acometer para asegurar su presente y futuro. «Estas medidas supondrán un espaldarazo hacia la reconversión de futuro de un sector clave en la consecución de los objetivos climáticos y energéticos que se deberán alcanzar como garantía de fortalecimiento del tejido productivo, económico y social vasco», subrayó la coalición.

Una delegación de 14 empresas guipuzcoanas está ya en México para empezar una misión empresarial estratégica con los objetivos de «explorar nuevas oportunidades» y de potenciar la «proyección internacional» del territorio, La principal ventaja del país azteca está en su rol comercial con Estados Unidos, explicaban ayer. La iniciativa, que comenzó el lunes y que está liderada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Cámara de Gipuzkoa, aglutina a empresas de sectores diversos y con potencial internacional como la Real Sociedad de Fútbol, L&L Rotary Solutions, Grupo TTT, Stern Hidráulica, Sortek, Fundiciones Aizpurua, Loiri, EzcurraEsko, Zubiola S. Coop., Reiner, Electrotécnica Urumea, Tecnipesa, Safeloc Systems y Elmubas . En el país norteamericano se han reunido con otras marcas guipuzcoanas ya establecidas, tales como Fagor Arrasate, Irizar, UR Global o Mondragon Unibertsitatea. Junto a las empresas han viajado miembros de las instituciones organizadoras. Unai Andueza, diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación foral de Gipuzkoa: «La internacionalización no es una opción, es una necesidad para seguir siendo competitivos».

Los vinos de Rioja encaran una nueva etapa con Raquel Pérez Cuevas al frente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. La bodeguera, vinculada al proyecto familiar Ontañón, se convirtió ayer en la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta de este organismo en sus 100 años de historia. La llegada de esta ingeniera agrónoma y licenciada en Enología a la presidencia del Consejo de Rioja se produce en un momento “desafiante” para el sector. “Estamos en un momento de incertidumbre a nivel internacional, y el vino huye de la incertidumbre, lo que necesita es alegría, calma y sosiego”, explica Pérez Cuevas. La directiva señala que 2024 “no fue un mal año” para Rioja, que “resistió a la coyuntura adversa” y registró un incremento de ventas del 1%, con unos 330 millones de botellas comercializadas, lo que se traduce en unos 1.500 millones de euros. Rioja vendió el año pasado 141,2 millones de litros en el mercado nacional, un 1,8% menos que en 2023. De todos los vinos que se elaboran en Rioja, el 41% se exporta fuera del país, lo que supone el 31% en volumen y el 42% en valor de todos los vinos con denominación de origen vendidos en el exterior. Con un destacado peso de las exportaciones, EEUU es para Rioja el tercer mercado en volumen, solo por detrás de Reino Unido y Alemania, y el segundo en valor. Según los datos de 2024, un 11% de todas las exportaciones de Rioja se envió a EEUU. La amenaza arancelaria preocupa. “Para nosotros, Estados Unidos es un mercado absolutamente estratégico. Nuestra posición ante los aranceles es que todo lo que sea gravar la entrada de nuestros vinos a cualquier país es perjudicial para nosotros”, apunta la nueva presidenta del Consejo Regulador. “Quiero pensar que estas decisiones van a ser coyunturales y trabajamos codo con codo con todas las administraciones para que se reduzcan o anulen”, añade. Solo en 2024, Rioja elevó un 17% sus ventas en Estados Unidos: “Seguimos trabajando en promoción en el país. Una de las fuerzas que tenemos es que nuestros vinos no son reemplazables. En EEUU no puede haber un autoabastecimiento, y Rioja es reconocida. Ese trabajo que venimos haciendo nos permite estar en una posición mejor, y es la que nos permitió crecer el año pasado”, relata Pérez Cuevas.

El tráfico del Puerto de Bilbao va a la baja. Durante los primeros cinco meses del año las instalaciones portuarias han movido 13,3 millones de toneladas, un 11,1% menos que durante el mismo periodo del año pasado. Caen principalmente los combustibles de Petronor y el transporte de gas. Los graneles líquidos, la principal partida del puerto, han reducido su carga en casi 1,7 millones de toneladas, de los que la mitad se perdieron el mes pasado. También va a la baja la mercancía en contenedores, que se ha reducido casi un 7% este año hasta los 1,96 millones por la competencia cercana, con unas instalaciones en Santander que van al alza tras la ampliación de su terminal. Por su parte, el Consejo del Gobierno vasco aprobó ayer el nombramiento de Ivan Jiménez como nuevo presidente del Puerto de Bilbao, que relevará en el cargo a Ricardo Barkala el próximo 17 de julio. Precisamente este martes, durante la celebración de la primera asamblea general del clúster multimodal Uniport que representa a 145 empresas, éstas agradecieron los «siete años formando parte de esta gran familia logística industrial».

El tráfico de mercancías del Puerto de Pasaia suma ya cinco meses de crecimiento en este 2025 y mejora hasta mayo las cifras acumuladas en un ligero 1,3%. Y ello pese a la caída del transporte de vehículos con ruedas (tráfico ro-ro), que cae un 15% en plena crisis de la automoción europea. Hasta mayo la dársena guipuzcoana ha descargado en sus muelles un total de 1.425.240 toneladas frente a las 1.406.715 del mismo periodo de 2024. Unos datos que sirven para consolidar las previsiones que tiene el Puerto de mejorar las cifras del año pasado y situarse en el torno de los 3,5 millones de toneladas movidas. Aún así, en este quinto mes, que es ya un termómetro fiable de cómo marcha el ejercicio, la mejora no alcanza los más de 1,5 millones de toneladas de 2023, que fue un año muy bueno para Pasaia. En todo caso, el Puerto pasaitarra esquiva la tendencia negativa del conjunto de puertos del Estado, que descienden en global casi un 3%, y de su vecino Bilbao, con una caída del 11% hasta mayo. El tráfico de graneles sólidos (mercancías como minerales, granos, alimentos, productos químicos y materiales como madera o sal, que se transportan sin embalaje y en grandes cantidades) es el que tira de Pasaia con un aumento acumulado en lo que va de curso del 32,6%, hasta los 425.695 toneladas. El buen comportamiento de la siderurgia (perfiles y chatarra) explica estas cifras verdes. Se trata de una de las mercancías clásicas de la instalación portuaria.

La compañía de energías renovables Solaria vuelve a los despachos para intentar sacar adelante una versión modificada del proyecto que planteó hace un año. En mayo de 2024, la empresa propuso la construcción de una línea de alta tensión para volcar en el Puerto de Bilbao la energía producida en tres plantas solares de Álava. Aquella propuesta de tendido puso en pie de guerra a la Diputación y a los nueve ayuntamientos del territorio por los que iba a atravesar (Orduña, Gordexola, Güeñes, Barakaldo, Ortuella, Galdames, Trapagaran, Abanto y Zierbena), además de a diversos colectivos sociales. La institución foral llegó a calificar la iniciativa de «destructiva». Un año después, Solaria plantea una serie de modificaciones y medidas correctoras para intentar que el plan pase el filtro de Medio Ambiente y pueda llevarse a efecto. Lo más llamativo del nuevo proyecto, al que ha tenido acceso EL CORREO, es que el tendido se alargaría de 100,5 kilómetros a 124,5. Y otra novedad reseñable es que se soterraría en algunos puntos en los que el impacto era difícilmente asumible. El nuevo plan, por lo tanto, plantea una línea aérea de 94 kilómetros y tramos soterrados de 29,8 kilómetros (el 25%). La mayor longitud radica, sobre todo, en la necesidad de dar rodeos para salvar zonas que resultan controvertidas desde el punto de vista ecológico. Según la documentación entregada, Solaria habría aceptado un buen número de alegaciones que fueron presentadas por instituciones y particulares, a pesar de que el coste del plan pasaría de 149 a 204 millones. Entrando al detalle en Bizkaia, destaca que la parte final de la línea se vaya a meter bajo tierra, en el término municipal de Zierbena. 

Iberdrola ha anunciado que Pedro Azagra, hasta ahora máximo responsable de Avangrid, la filial de la eléctrica en Estados Unidos, asumirá la función de consejero delegado del grupo, en sustitución de Armando Martínez, que ha puesto su cargo a disposición, así como su posición como consejero de la compañía energética. Pedro Azagra, un directivo histórico en Iberdrola, será miembro de la comisión ejecutiva delegada de la sociedad, cuyo número de integrantes queda fijado en seis. Por otra parte, la consejera independiente Mary Brewer será la nueva presidenta de la comisión de desarrollo sostenible de la sociedad, en sustitución de Sara de la Rica Goiricelaya, quien continuará siendo vocal de esa comisión. Azagra lleva gran parte de su vida profesional vinculado a Iberdrola, pero ha sido en las últimas dos décadas cuando el directivo ha adquirido más relevancia. Desde 2008, ha sido el director general de desarrollo y miembro del comité ejecutivo. Entre otras funciones, previamente tuvo a su cargo los negocios del grupo Iberdrola en los EEUU y sirvió como director de estrategia, responsable de las actividades de fusiones y adquisiciones.

El Pacto de Salud encara su recta final con pocos visos de concitar grandes acuerdos. La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, advirtió ayer de que reducir la «dependencia» de Osakidetza respecto del sector privado es una línea roja en la que no está dispuesta a ceder. Su líder en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, criticó las «prisas» del Gobierno por cerrar un acuerdo antes del viernes y acusó al Departamento de «instrumentalizar» el foro con «intereses partidistas». Otxandiano compareció en la sede de EH Bildu en Bilbao para explicar el análisis que su formación hace del momento en el que se encuentra el Pacto de Salud. Este viernes se votarán las 24 ponencias que han elaborado otros tantos grupos de trabajo. Pero hay un área fundamental en la que la falta de consenso puede hacer descarrilar la mesa, y sobre la que EH Bildu quiso poner el foco: la relación público-privada del sistema vasco de salud, el «nudo gordiano» que «atraviesa» el resto de ámbitos analizados para reforzar Osakidetza. La coalición soberanista ha presentado una enmienda al documento propuesto por el Departamento con el objetivo de solucionar una situación que está «atascada». Plantea varias cuestiones: realizar un inventario en los próximos seis meses, con la ayuda del Tribunal Vasco de Cuentas, de los convenios, conciertos y subvenciones de Osakidetza con el sector privado; evaluar dicha relación para ver si es la mejor opción para prestar esos servicios; constituir un «marco integrado» que acoja a representantes de la Administración, de los pacientes, sindicatos, etc. para analizar y aprobar posibles externalizaciones siempre que sean «puntuales y justificadas»; elaborar un plan de integración de servicios, tanto sanitarios como complementarios, que deben ser provistos por el sector público; y reforzar, en definitiva, la capacidad pública de planificación, organización y contratación.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, instructor del ‘caso Begoña Gómez’, dio ayer un paso más al pedir al Tribunal Supremo que abra una causa al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por mentir en su declaración como testigo en abril pasado. Peinado remitió una exposición razonada a la Sala Segunda, competente para juzgar a los aforados, en la que atribuye al ministro los delitos de falso testimonio y malversación de caudales públicos por la contratación en junio de 2018 en los servicios de Moncloa de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez. La persona que luego acabó trabajando para la cátedra universitaria de Begoña Gómez, entre otros cometidos laborales. En su escrito de 32 páginas, Peinado afirma que su investigación ha acreditado que Álvarez fue nombrada como personal eventual para el cargo de directora de Programas «para asistencia a la esposa del presidente del Gobierno», habiendo realizado «funciones de atención» a Gómez «de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa» del jefe del Ejecutivo. Y todo ello, añade, «percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público». Ello, pese a que la propia afectada declaró que su cometido fue dirigir la agenda pública y privada de la investigada. El nombre de Cristina Álvarez saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. 

La Comisión Europea alerta sobre el futuro fiscal de España. El gasto en pensiones amenaza con “comerse” un pedazo cada vez más grande de todo el pastel de ingresos del Estado, algo que podría acabar poniendo a las finanzas públicas en una situación comprometida, tal y como alerta Bruselas en su Informe Anual sobre Impuestos. “El gasto en pensiones públicas pondrá bajo presión a las finanzas públicas de algunos Estados miembros”, indica el texto de la Comisión, que destaca en ese apartado a España al considerar que es el país “en el que se espera que se produzcan los mayores aumentos del gasto en pensiones como porcentaje de los ingresos fiscales hasta 2050”. Según los datos recopilados por la institución europea, en el periodo hasta 2050 España tendrá que destinar una media del 41,0% de sus ingresos fiscales al pago de las pensiones públicas. Su situación es especialmente compleja pues, además de tener que dedicar a las pensiones una proporción cada vez mayor de sus ingresos, se encuentra en el grupo de países del bloque con un mayor desequilibrio en sus finanzas públicas debido a su alto endeudamiento. “Se trata de un contexto especialmente peligroso”, advierte la institución presidida por Ursula von der Leyen.

El precio del petróleo marca la secuencia de la grave crisis bélica que se ha vivido, y que aún late en Oriente Próximo, y las consecuencias que un conflicto militar en la región puede tener a escala mundial. El barril Brent cerró ayer con un recorte del 6%, al filo de los 67 dólares, y regresa a los niveles del 10 de junio, cuando comenzaban a sonar los tambores de guerra, en 24 horas ha bajado un 17%. El descenso en el precio del gas fue más rotundo y el contrato que se negocia en Países Bajos (TTF) se desplomó el 13.3%, hasta los 35 euros por megavatio hora. El alivio llega a los precios de estas materias primas, pero la volatilidad de las últimas 24 horas ha sido extrema, sin que se hayan disipado los temores a un nuevo encarecimiento de los hidrocarburos. El Brent se desploma cerca del 12% desde la apertura de mercado del lunes. La semana comenzó con un repunte inmediato del 5,7%, por encima de los 81 dólares el barril, como respuesta al ataque de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares de Irán. La decisión de Donald Trump de intervenir en el conflicto entre Tel Aviv y Teherán, iniciado por su aliado israelí, hizo temer en principio lo peor: una escalada bélica imprevisible y una contundente represalia iraní. Irán ya había avanzado que respondería sin dudar al ataque estadounidense, y amenazó con el cierre del estrecho de Ormuz.

Aún no había aterrizado en La Haya, a donde llegó a media tarde de ayer, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya había revolucionado la cumbre de la OTAN. Mientras sobrevolaba el Océano Atlántico a bordo del Air Force One, Trump señaló ya que “España es un problema” en la OTAN por su rechazo a elevar el gasto militar. Una posición cada vez más solitaria después de que Alemania y Francia abrazaran públicamente ayer la propuesta de incrementar su inversión en Defensa hasta el 5% del PIB. A su vez, para reivindicar el éxito de sus pretensiones, Trump hizo público un mensaje privado que le había enviado el secretario general de la OTAN, que explicita su servilismo al inquilino de la Casa Blanca. “Europa va a pagar A LO GRANDE, como debe ser, y será tu victoria”, prometió Mark Rutte a Trump. La asistencia de Trump a la Cumbre de La Haya, en el aire hasta el último momento tras el bombardeo de EEUU sobre las bases nucleares de Irán, era esperada y temida a partes iguales. Su presencia era clave para terminar de dar empaque a un cónclave en el que la Alianza pactará acometer un rearme histórico, pero su carácter airado e impredecible amenaza el delicado equilibrio de intereses que dio forma al borrador de declaración conjunta que los líderes aspiran a rubricar hoy por unanimidad. 

El Gobierno alemán, liderado por el democristiano Friedrich Merz en coalición con los socialdemócratas, ha acordado aumentar el gasto en defensa gradualmente hasta 2029 y ya este año espera alcanzar el 2,4%, según el proyecto de presupuestos para 2025. El Ejecutivo prevé que el gasto militar alcance en 2029 los 153.000 millones de euros, el triple del que tenía Alemania cinco años antes. Para el canciller alemán no se trata de invertir más para complacer a Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, que exige un 5% del PIB en gasto militar, a debate ayer y hoy en la cumbre de la OTAN en La Haya. Merz argumenta que el aumento alemán de la inversión se debe a que “Rusia, sobre todo, amenaza de forma activa y agresiva la seguridad y libertad de todo el espacio euroatlántico. Porque tememos que Rusia continúe la guerra más allá de Ucrania”, enfatiza. “Compartimos la convicción de que debemos ser tan fuertes juntos que nadie se atreva a atacarnos. Por eso nos encontramos en una situación histórica. En esta situación, Alemania también debe asumir su responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó ayer Merz en la declaración de Gobierno en el Parlamento alemán previa a la cumbre de la OTAN, que calificó de “histórica”.