20251212

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tal y como se detalla en el último informe de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en noviembre en 57.640 empresas, 207 más que en octubre. Si bien esta cifra de crecimiento- con respecto al mes anterior- supone aumento superior al habitual, en comparativa interanual (noviembre de 2024) sigue habiendo menos firmas registradas (-0’4%). Esta reducción interanual en Euskadi contrasta además con la situación que se vive en el conjunto del Estado, en donde el número de empresas registradas en la Seguridad Social ha subido un +0’3% con respecto al que había en noviembre del año pasado. Por lo demás, en Euskadi, y respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran -1.253 empresas menos (-2,1%). Respecto a esa misma fecha, la caída más pronunciada la sigue protagonizando la Industria (-7,7% y 509 empresas menos), seguida de Servicios (-1,6% y 741 empresas menos), en tanto que en Construcción se registran 143 empresas más que en febrero de 2020 (+2’8%). Ver más en Confebask. 

«¿Qué aporta ELA al país?». La reflexión pública que planteó recientemente la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, como crítica a la apuesta por la conflictividad del sindicato mayoritario, no sentó bien al lehendakari, Imanol Pradales, que el miércoles en el Foro Expectativas Económicas organizado por El Correo reprochó a la patronal que vaya al choque con la central liderada por Mitxel Lakuntza. «No creo que sea positivo alimentar la confrontación por parte de ninguno de los agentes sociales», dijo al ser preguntado por las palabras de Yagüe durante el evento. El malestar en la patronal era evidente y ayer le dio voz el presidente de Cebek, Guillermo Buces, en la red social LinkedIn. «El lehendakari dice que en Confebask nos hemos equivocado al fomentar la confrontación cuando hemos preguntado qué aporta ELA al país», señaló, para después contraponer este reproche con la parte del discurso en la que Pradales defendió la publicación del origen de los delincuentes con el argumento de que «la sociedad es madura y hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre». Según defendió Buces, en Confebask están siguiendo precisamente esa línea de decir las cosas y llamarlas por su nombre. «Solo hemos dicho que la estrategia de confrontación de ELA no lleva a ninguna parte, está haciendo un daño terrible al país y lo que queremos es que cambie para poder retomar un diálogo constructivo y eficaz que permita llegar a acuerdos», explicó en su entrada en la red social. «No puede ser que el sindicato mayoritario de Euskadi esté en esta dinámica belicosa», aseveró y reivindicó que «su obligación, lo mismo que en Cebek, es trabajar para que las empresas avancen y se puedan ofrecer buenas condiciones laborales». En esa misma línea, el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, lamentó en una entrevista radiofónica «el problema que tenemos en Euskadi desde hace tiempo porque parte del sindicalismo –en referencia a ELA– entiende la confrontación como una estrategia de relación con los empresarios». Denunció que «es una anomalía que no ocurre en el resto del Estado ni en Europa, donde sindicatos y empresarios se reúnen, discrepan, hablan y llegan a acuerdos». Puso como ejemplo de las consecuencias de esta tensión laboral que en el País Vasco «el tiempo de negociación y firma de un convenio colectivo es de dos años», sin olvidar el liderazgo del territorio en conflictividad.

 Un 1.300 estudiantes, 45 empresas y 17 centros han participado este jueves en la séptima edición de la iniciativa Industria Eguna, que impulsa Adegi con el propósito de acercar a la juventud a la realidad de la industria. Según ha explicado la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, el evento busca "destacar el rol de la industria como motor económico, poner en valor su atractivo y futuro para el desarrollo profesional de los jóvenes", así como promocionar los perfiles técnicos tanto de Formación Profesional (FP) como universitarios e impulsar los conocimientos en ciencia y tecnología (STEM) entre los estudiantes.A lo largo de sus siete ediciones, la iniciativa ha logrado reunir a 8.000 estudiantes.   Ver más en Adegi

El secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, ha denunciado el planteamiento sindical de "imposición" en la negociación colectiva y ha asegurado que hay que "modernizar" los convenios si no se quiere "dificultar" la competitividad empresarial. En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Azpiazu ha reflexionado sobre la "apuesta por la confrontación" por parte de algunos sindicatos y ha recordado que recientemente la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, hacía una pregunta "muy pertinente": ¿Qué aporta ELA a este país?. "Tenemos un problema en Euskadi desde hace mucho tiempo porque parte del sindicalismo entiende la confrontación como una estrategia de relación con los empresarios. Es una anomalía que no ocurre en el resto del Estado ni en Europa. En Europa y en el resto del Estado los sindicatos y los empresarios se reúnen, discrepan, hablan y llegan a acuerdos. En Euskadi el tiempo de negociación y firma de un convenio colectivo es de dos años. ¿Cómo es posible que estemos dos años negociando un convenio colectivo?", se ha preguntado. Según ha indicado, eso es algo que "no pasa en ninguna parte de Europa" y ocurre porque el planteamiento sindical "nace de una premisa que no es cierta", la de que Euskadi es "un país precario". "Cuando desde el mundo sindical se habla de que en Euskadi hay precariedad, es que los datos refutan absolutamente esta afirmación", ha remarcado. Ante la demanda planteada por ELA y LAB, entre otros sindicatos, contra Confebask por negarse a negociar un SMI propio en Euskadi, ha señalado que no tienen "capacidad legal para definir un salario mínimo interprofesional, sino que "la tiene el Consejo de ministros". Asimismo, ha apuntado que los salarios ya se definen en los convenios colectivos y ha agregado que, si los sindicatos quieren hablar de esta cuestión, el foro es la mesa de diálogo social y hablando también de otros temas que afectan a la competitividad y sostenibilidad, entre ellos, el absentismo laboral. En relación al absentismo, ha indicado que en 2024 en Euskadi la media de días perdidos por IT es de 24,5, "la cifra más alta en todo el Estado". "No nos estamos inventando ninguna cifra. Este dato supone un 30% más de la media del Estado y un 58% más que en Madrid", ha agregado. Ver más en Cebek. 

Según han confirmado fuentes de toda solvencia, se vienen manteniendo contactos en las últimas semanas para terminar de concretar el cauce por el que las EPSV canalizarán su aportación a las herramientas de la Alianza Financiera Vasca. La fórmula logra esquivar uno de los principales problemas que pesa en los órganos de gobierno de estos organismos. Y es que gestionan un capital que proviene del ahorro de sus socios para la jubilación y que, por lo tanto, es poco sensible a inversiones de riesgo al estilo de las del ‘private equity’, habitual actor en las operaciones de compra de empresas. Por eso se hacía necesaria una figura financiera con plazos de recuperación más largos y riesgos más moderados. Era una de las claves para lograr la participación de las EPSV en esta apuesta con la que el lehendakari se propuesto movilizar 15.900 millones de inversión público-privada hasta 2028. Las mismas fuentes explican que las aportaciones de las EPSV se harán a través de dos de los fondos enmarcados en la herramienta creada el pasado noviembre por el Ejecutivo, ‘Indartuz Kapitala’. Indartuz forma junto a Finkatuz –donde se residencian las participaciones de CAF, ITP o Talgo– la principal herramienta con la que el Gobierno movilizará los mil millones de euros que ha obtenido del endeudamiento para realizar inversiones en el tejido empresarial.

Apenas queda una semana para cerrar la compraventa de Astilleros Balenciaga y la operación continúa enquistada. La plantilla de la empresa zumaiarra compareció ayer ante un numeroso grupo de medios para trasladar un mensaje de unidad y firmeza. David Tejera, presidente del comité de empresa, recalcó que «nosotros no somos los responsables de los retrasos en la operación de compra», y expresó la «profunda preocupación y agotamiento» que embargaba a los trabajadores tras meses de negociaciones marcadas por promesas incumplidas y propuestas cada vez más agresivas. Tejera recordó que la plantilla otorgó su visto bueno inicial a la oferta el 22 de julio del presente año, siempre que se garantizara la subrogación de los empleados y el mantenimiento de las condiciones laborales existentes. Desde entonces, semanas de espera se sucedieron sin apenas avances sustanciales, hasta que en una reunión mantenida en Madrid el pasado 12 de noviembre con los inversores árabes la negociación dio un importante giro de 180 grados. En ese encuentro, Abu Dhabi Ports presentó una oferta que desbarató las expectativas de la plantilla. El grupo propuso siete despidos y un reajuste salarial a la baja del 25% en los casos menos severos, alcanzando reducciones del 50% para algunos trabajadores. La propuesta fue rechazada de «manera tajante» por la representación sindical.

La negociación para el plan de rescate de Vicinay Marine, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde el pasado julio, avanza a contrarreloj. El empresario Dámaso Quintana, uno de los fundadores y presidente de Haizea Wind, ha realizado una oferta vinculante para hacerse con la propiedad del grupo, ahora en manos de la familia Vicinay, tras inyectar cerca de 60 millones de euros. Pero esta propuesta para evitar la liquidación de la emblemática compañía iría acompañada de una reestructuración de la deuda con la banca, a la que se ha solicitado una quita del 90%, y también implicaría una renegociación con los trabajadores del pacto de empresa, según in- dican fuentes sindicales. No obstante, en principio se mantendrían los empleos, que suman 200 solo en las plantas de Sestao y Galdames y llegan a un total de 400 en el conjunto del grupo. El calendario apremia porque la operación debería cerrarse antes de que acabe el año por cuestiones fiscales y porque a finales de enero termina la prórroga para el preconcurso. La empresa, líder mundial en el negocio de cadenas de amarres para la industria petrolera y la eólica marina flotante, tuvo que acogerse a esta figura tras años de dificultades que se vieron agravadas por la pandemia y el alza de costes tras la guerra de Ucrania. El año pasado registró unas pérdidas de 18 millones de euros ante la parálisis del negocio de ‘oil & gas’, que solo ahora empieza a remontar.

Talgo completa hoy el fin de una etapa con la celebración de una junta extraordinaria en la que se aprobará la nacionalización de la empresa con la entrada efectiva del Estado a través Sepi (7,9%) y del Gobierno vasco, que es parte de un consorcio público-privado liderado por el inversor José Antonio Jainaga y que tomará las riendas del grupo (29%) en sustitución de la familia Oriol, los fundadores. El desembarco supondrá cambios relevantes, entre ellos la mudanza de la sede de Madrid a Álava, donde esta su principal factoría. Trilantic venderá su 29,8% por 156,7 millones de euros (4,25 euros por acción). A pesar de que juntos suman más del 30% de la compañía, el Gobierno vasco y el hólding estatal descartan lanzar una opa. El nuevo núcleo duro de Talgo compra con la opción de incrementar el precio en función de unas condiciones posteriores de mercado. Las acciones de Talgo cerraron ayer en Bolsa a 2,8 euros, con una caída en el año del 16,6%. El retroceso bursátil está relacionado con los problemas del grupo para ejecutar una cartera de pedidos de más de 4.000 millones y el impacto de penalizaciones por retrasos en la entrega de unidades a sus principales clientes, entre ellos Renfe. En la junta se prevé aprobar el rescate de Talgo mediante un aumento del capital por 45 millones de euros suscrito por Sepi. El rescate incluye dos emisiones de bonos convertibles de Talgo. Una ampliación para Sepi equivalente a 300 bonos convertibles en acciones de Talgo por valor de 30 millones y otra del consorcio conformado por Jainaga, Gobierno vasco y las entidades Vital y BBK de 750 bonos equivalentes a 75 millones de euros.

Multiverse Computing, la firma vasca líder en computación cuántica y modelos de Inteligencia Artificial (IA), ha recibido un nuevo espaldarazo a su proyecto. El Ministerio de Industria, que ha llegado a calificar a esta empresa donostiarra como el «Google español», le adjudicó ayer una inversión de 12,7 millones de euros para el diseño de chips destinados a infraestructuras críticas. Esta nueva inyección se suma a los 67 millones otorgados por el Ministerio de Transformación Digital en marzo para «situar a España a la cabeza de Europa» en modelos de IA y a los 189 obtenidos en junio mediante colaboración público-privada, en la mayor ronda de inversión recibida por una ‘start up’ vasca. La cantidad anunciada ayer proviene del denominado Perte Chip, un plan de ayudas financiado con fondos europeos cuyo objetivo es reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España. Con una dotación total de 30,5 millones, el programa ha repartido el montante entre 33 proyectos con capacidades para «fomentar la autonomía estratégica europea». Una apuesta que llega en un momento en el que los países comunitarios buscan reducir su independencia de Estados Unidos y aumentar su competitividad ante el avance imparable de China. La compañía, que ha recibido un tercio de estos fondos del PERTE, refuerza con esta inyección la aplicación práctica de sus complejos sistemas de compresión de IA. Su finalidad es mejorar el rendimiento de los chips que se utilizan en infraestructuras clave –como las redes eléctricas o los sistemas de defensa–, con el objetivo de que estas sean más resilientes y seguras frente a posibles fallos o ciberamenazas.

Los Premios Azurmendi volvieron a cumplir con la tradición. La cita, que habitualmente constituye una especie de fin de año informal para los empresarios alaveses, echó el telón anoche en el Palacio Europa. En una gala nutrida de importantes directivos del territorio, SEA rindió homenaje a José Luis Bengoechea y a Julio Sampedro. El galardón al primero llega en un año especial. Jolben echa el cierre en primavera de 2026 después de más de cuatro décadas siendo la joyería de referencia para muchos vitorianos. La patronal le distingue precisamente por eso, por la habilidad de Bengoechea para hacer de su empresa «toda una referencia en el mundo de la joyería tanto en Álava como en Euskadi». «Su establecimiento ubicado en la calle Dato, Jolben, se ha convertido en parada habitual en la principal arteria peatonal del centro de la capital alavesa», argumentó SEA. Julio Sampedro, por su parte, ha desarrollado su carrera en Forza Herramientas, «una empresa industrial de la que este ingeniero asumió los mandos hace cuatro décadas». La patronal destacó su papel a los mandos de esta compañía cogiendo el relevo a su padre José Luis y cómo ha compaginado durante estos años «esta ocupación con su amor por el sector vitivinícola». Además de los directivos, la patronal ha distinguido a dos empresas vinculadísimas a Álava: Pepsico y Fernández de Nograro. En sectores muy distintos, ambas firmas son referentes. Ver nota SEA Empresas Alavesas aquí. 

"Estudios como ‘Estado del Malestar: el giro laboral hacia el sector público’ (OpositaTest, 2025) subrayan un fuerte desplazamiento aspiracional hacia la función pública en España, asociado sobre todo a la percepción de mejores salarios y estabilidad. Euskadi, junto con Murcia, está a la cabeza en las encuestas realizadas en ese trabajo, con un 78% de interés en ser funcionario, frente a comunidades como Madrid, que está a la cola con un 57%...En ese marco, el caso vasco tiene singularidades derivadas de la evolución de su economía, que ha sufrido una importante contracción relativa en las últimas cinco décadas (pérdida de casi el 30% de PIB) y que ha supuesto un crecimiento raquítico de la población activa y de la oferta de empleo de alta cualificación en el sector privado. Esa caída supone salarios menos competitivos y genera un incentivo adicional hacia lo público...Un informe del Banco de España (2024), señalaba que los empleados públicos ganaban de media un 24% más que los trabajadores del sector privado, una diferencia que coloca al Estado a la cabeza de Europa en este ámbito. Mientras en la eurozona la media de diferencia salarial entre ambos sectores se sitúa en un 8%, en España la brecha triplica esa cifra. En el caso vasco, el dato es aún más distante, ya que los salarios públicos son, adicionalmente, bastante superiores a la media estatal, superando en algunos casos el 25%...No es lógico que un empleador que garantiza ocupación de por vida (sector público) pague más que otro que está sometido a los avatares y riesgos del mercado. Es como si un bono del Estado tuviera que pagar más intereses que una deuda privada (que tiene su prima de riesgo). En el caso vasco, la combinación de los salarios relativos más altos del sector público a nivel estatal (y europeo), junto con el pobre crecimiento de la oferta de empleo privado, explica en gran parte el titular citado al comienzo del artículo..."

El Parlamento vasco dio ayer luz verde a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, norma que salió adelante gracias a los votos favorables de los partidos que sustentan el Gobierno (PNV y PSE) frente al rechazo de toda la oposición. Una vez que el texto entre en vigor, algo que previsiblemente ocurrirá «antes de que termine el año», según aseguró el consejero socialista Denis Itxaso, los ayuntamientos tendrán la posibilidad de rebajar la exigencia de VPO en la obra nueva del 75% hasta el 60%. La medida busca impulsar la construcción de pisos en un momento en el que la demanda supera las 100.000 solicitudes. La ley también permitirá que, por primera vez en la historia, el Gobierno vasco cuente con suelos propios para la construcción de VPO y reducir los trámites burocráticos para rebajar los plazos del urbanismo «a la mitad». Asimismo, prohíbe abrir más pisos turísticos en los municipios declarados tensionados, como Bilbao, Barakaldo o Galdakao. El Departamento de Turismo rechazará de forma automática las casas que intenten inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi.

Euskadi superó el año pasado por primera vez la barrera de los 2.000 millones de euros en inversión en ciencia. En concreto, alcanzó los 2.100 millones en I+D (un 11,5% más que el ejercicio anterior) lo que equivale al 2,35% del PIB. El País Vasco, de esta manera, se sitúa una vez más a la cabeza de España en inversión en ciencia, por encima de la media de la zona euro. Así se desprende del Informe sobre la Ciencia en Euskadi que presentó ayer en Bilbao el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. Juan Ignacio Pérez Iglesias estuvo acompañado por la directora de Política Científica de su departamento, Amaia Esquisabel; y por el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío. El informe refleja el buen estado de salud de la actividad científica en Euskadi. En términos absolutos, el País Vasco produjo el año pasado 8.190 publicaciones científicas. El 64% de estos trabajos vio la luz en revistas especializadas del primer cuartil, consideradas las más prestigiosas. Además, el 55% de esas investigaciones se produjo en colaboración con universidades o grupos investigadores extranjeros. Las áreas en las que el ecosistema científico vasco es más prolífico son, por este orden, Medicina, Ingeniería, Ciencias de Materiales, Ciencias Computacionales, Física y astronomía y Química. Según explicó el consejero, otro indicador que muestra la fortaleza actual de la investigación en Euskadi es que el 7,3% de las publicaciones científicas vascas son citadas cuando salen patentes. Otro elemento a tener en cuenta es la capacidad de atracción de fondos europeos. El año pasado, los investigadores radicados en Euskadi captaron 124 millones de los fondos Horizon Europe para financiar 57 proyectos. En los últimos diez años, la cifra escala a los 1.378 millones, lo que, dividido per cápita, vuelve a situar al País Vasco a la cabeza de España.

Seis años de protestas y 54 jornadas de movilizaciones finalmente han dado fruto. A falta de rematar los últimos detalles, la patronal de las residencias privadas y los sindicatos se disponen a firmar su primer convenio provincial. Un acuerdo que servirá para que las gerocultoras –aquellas que prestan la atención más directa a los internos– dejen de cobrar menos que el salario mínimo interprofesinal (SMI). ELA anunció este jueves un preacuerdo para que Álava cuente con un convenio provincial propio que supondrá una subida salarial del 32,5% para dejar atrás las precarias condiciones laborales que sufren sus trabajadoras. Así, las trabajadoras del sector pasarán a cobrar 1.500 euros mensuales en 2028 frente a los 1.160,37 euros actuales. El preacuerdo también incluye una reducción de jornada de 100 horas anuales, así como otro tipo de condiciones. «Este pacto es fruto de la lucha incansable de más de seis años que han protagonizado las trabajadoras del sector. Con las casi 60 jornadas de huelga, han demostrado que la lucha es el camino para lograr mejoras laborales y constituyen un ejemplo de compromiso solidario y sindical», subraya ELA, el principal sindicato del sector, sobre un convenio que tendrá cuatro años de vigencia.

Abenduaren 4an urtebete egin du EIC Energy Intelligence Center Fundazioak. Haren egitekoetan da EIC zentroaren kudeaketa, I+G+b elkarlanean garatzea bilatzen duena trantsizio energetikoari bultzada eman eta Bizkaia eta EAE nazioarteko erreferente bezala kudeatzeko. Urtebetean eginiko lanarekin pozik agertu da Joseba García EIC Fundazioko zuzendaria, baina argi du elkarlan publiko pribatuaren eta ematen ari diren sinergien emaitza dela. EIC Fundazioko zuzendariak azaldutakoaren arabera, EIC zentroa ia goraino beteta dago eta bigarren fasea abiaraztea gakotzat jotzen du. Gehiago irakurri hemen. 

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que acota particularmente la exigencia en las subcontratas, la central mayoritaria, ELA, se refirió ayer a CC OO, promotora del recurso en cuestión, como el «Manos Limpias contra los derechos lingüísticos de los vascoparlantes». Lo comparó así con el pseudosindicato de extrema derecha que lidera numerosos frentes judiciales contra el PSOE y el Gobierno. El TSJPV ha anulado varios puntos de una resolución del Ejecutivo autonómico que establece los criterios de uso del castellano y el euskera en el trabajo interno al subrayar que «ninguna de las lenguas cooficiales puede tener preferencia sobre la otra». El fallo alcanza también a las empresas privadas a las que las instituciones públicas conceden adjudicaciones para desarrollar servicios. Los magistrados consideran «improcedente» que las subcontratas deban «acreditar que pueden prestar» ese servicio «en las mismas condiciones exigibles a la administración titular». CC OO se felicitó ayer de los términos de la sentencia, máxime porque «cierra la puerta a una cascada de despidos que a buen seguro iban a producirse en las subcontratas al no poder acreditar perfil». Los sindicatos nacionalistas lo ven de otra manera. Para LAB, los jueces «hacen política lingüística contra el euskera de forma consciente y militante». Por su parte, ELA quiso cargar las tintas contra CC OO y su «posición supremacista». «Hay que denunciar estas actitudes euskarafobas y no blanquear a este sindicato mediante una relación normalizada mientras actúe en los juzgados de la misma forma que sindicatos ultraderechistas», aseguró en una nota.

Uno de los pocos puntos de encuentro entre los partidos sobre Rioja Alavesa es su promoción para recibir visitantes y así hacer frente a la crisis global que está sufriendo el vino. En ese sentido apuntaba la multimillonaria familia francesa Rothschild cuando en 2020 abrió un exclusivo hotel de nueve habitaciones en el municipio de Samaniego, donde ya eran copropietarios de la bodega Macán. Esa transformación de este palacete del siglo XVIII en un establecimiento de lujo ha resultado un auténtico éxito a la vista de que apenas tres años después de su inauguración barajaban una ambiciosa ampliación. Sin embargo, ese proyecto no tiene visos de prosperar, pues ha chocado de frente con la Diputación y el Ayuntamiento, que gobierna Pilar Garmendia, de EH Bildu. La mercantil Samaniego Luxury Resort que ahora preside Alexis de la Palme presentó el 20 de diciembre de 2023 –hace ya dos años– una solicitud de adquisición a la Administración foral de una parcela. Y es que el hotel de los Rothschild sólo puede crecer haciéndose con terrenos que ahora están ocupados por el jardín de la residencia de mayores que el Instituto de Bienestar Social de la Diputación (IFBS), pues en el resto de direcciones hay casas o las calles del Cristo y de la Constitución. Precisamente, el geriátrico se encuentra desde principios de 2024 en plena transformación, que ha supuesto la demolición interior del edificio, además del replanteamiento de los distintos espacios.La institución a través del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos –el competente para la tramitación de una posible enajenación– no les cerró la puerta, pero el Servicio de Ordenación del Territorio emitió meses después un informe indicando que el terreno está clasificado como ‘sistema general de equipamiento comunitario’ y que el nuevo plan de ordenación urbana lo fija como ‘equipamiento comunitario de servicios sociales’. Es decir, salvo que existiese una modificación parcial en el Ayuntamiento que gobierna EH Bildu desde 2019, sería incompatible para albergar un hotel. Una cuestión que no supone un impedimento insalvable, pues son habituales

La delicada situación que atraviesa el Gobierno en esta recta final del año le está llevando a sopesar un cambio de guion y acelerar la subida del salario mínimo para aprobarla antes de que termine 2025 y dar así un golpe de efecto, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a esta negociación. Y eso pese a las discrepancias que hay dentro del propio Ejecutivo sobre cómo calcular la nueva subida del SMI: los ministerio de Economía y Hacienda se enfrentan al criterio de Trabajo. La aprobación exprés no estaba en un principio en los planes de Moncloa, puesto que su idea inicial era llevarlo en un real decreto junto con los cambios que se propone la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la ley para evitar que los nuevos incrementos de esta renta mínima sean absorbidos por ciertos complementos salariales. Una modificación que se enfrenta al rechazo de la patronal y que tampoco tiene un respaldo unánime dentro del propio Gobierno. Incluso podría terminar en los tribunales si, tal y como pretende Díaz, lo hace no como proyecto de ley sino como reglamento, para evitar su paso –y previsible naufragio– por el Congreso. Por ello, los sindicatos siempre han defendido llevar ambas medidas en un único real decreto para aprobarse en el mismo Consejo de Ministros, aun a sabiendas de que esto podría retrasar la subida unos meses. Sin embargo, la vicepresidenta Yolanda Díaz llama ahora a las puertas de UGT y CC OO para pedirles desgajar ambas medidas con el objetivo de aprobar cuanto antes una subida del salario mínimo que puede insuflarles un poco de aire en este final de año tan complicado. 

España se enfrenta al riesgo de tener que devolver más de 600 millones de euros a Bruselas al no haber justificado la concesión de ayudas a la compra de coches eléctricos con cargo a fondos comunitarios. La articulación del Plan Moves III, de incentivo a la adquisición de vehículos eléctricos con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el marco de los fondos Next Generation EU, ha sido un quebradero de cabeza desde la gestación del programa, puesto que la gestión está transferida a las comunidades autónomas, lo que se ha traducido en un nivel de implementación dispar entre las regiones. Los fondos europeos, lanzados tras la pandemia del Covid, estaban vinculados a una debida justificación en la concesión de las ayudas y, en el caso del Plan Moves III, que finalizó el año pasado, dicha verificación está siendo escasa por parte de muchas comunidades. Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 8 de diciembre se habían recibido solicitudes de ayuda dentro del Plan Moves III (de 2021 pero finalizado en 2024) por más de 1.600 millones, lo que representa un 120% del presupuesto asignado (1.335 millones). Sin embargo, solo se habría pagado y justificado un 45% de la ayuda concedida desde la comunidades autónomas a los clientes sobre el presupuesto total resuelto.

La Policía Nacional detuvo ayer al presidente y accionista de Plus Ultra, Julio Martínez, así como al CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli, para tomarles declaración tras registrar la sede de la aerolínea en busca de documentación, en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones en 2021 que fue muy polémico por su consideración de empresa estratégica y por la supuesta vinculación de parte de sus accionistas y responsables con el Gobierno de Venezuela, algo que la compañía siempre ha negado. El citado juzgado de instrucción desbloqueó en agosto de 2021 los últimos 34 millones del rescate de la Sepi tras no detectar indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros, como denunciaron entonces el PP y Vox. El rescate se aprobó el 9 de marzo de 2021 y fue el segundo a una aerolínea, tras el de Air Europa. En enero de 2023, ese mismo juzgado archivó la causa por el rescate al considerar que “no aparece debidamente justificada la comisión de un delito” (malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falseamiento de requisitos), como sostenían las querellas presentadas por los dos partidos citados y el sindicato Manos Limpias. Previamente, la Audiencia Provincial de Madrid había rechazado las querellas al entender que había vencido el plazo de doce meses para instruir el caso.

La nueva red corrupta estaba dirigida por un triunvirato, implicaba a numerosas personas más allá de los detenidos y extendió sus tentáculos a varias instituciones y a empresas de distintas comunidades autónomas, fundamentalmente firmas de renovables y tecnológicas. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) detuvieron a última hora del miércoles en Bizkaia al empresario Antxon Alonso como tercer cabecilla de esta trama que supuestamente lideraban la exmilitante socialista Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, ambos arrestados poco antes. El periodo investigado va de junio de 2018 a octubre de 2019. Y tras toda esta telaraña que vendría operando casi desde la misma llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en el verano de 2018, relatan mandos de la investigación, planea la sombra una vez más de Santos Cerdán, que por el momento no está imputado en esta causa. Los agentes al mando del teniente coronel Antonio Balas otorgan un papel muy relevante en el nuevo entramado ahora destapado a Alonso, socio en secreto de Santos Cerdán en Servinabar, la empresa en el epicentro del cobro de mordidas del ‘caso Ábalos-Cerdán-Koldo’ que investiga por su parte el Supremo. La Guardia Civil va a ampliar la detención de Díez, Alonso y Fernández en dependencias policiales para su interrogatorio hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando pasen a disposición de la Audiencia Nacional.

Repsol, la primera petrolera española, ha cerrado un nuevo acuerdo en renovables en Estados Unidos con el fondo de infraestructuras Stonepeak para la venta de una participación del 43,8% en su proyecto solar Outpost, de 629 megavatios (MW), por 252,5 millones de dólares (220 millones de euros). La transacción implica una valoración del activo de 775 millones de dólares (675 millones de euros). Stonepeak, con sede en Nueva York, se convierte así en el gran socio de Repsol en renovables en EEUU. En abril, Repsol firmó un primer acuerdo con ese fondo para venderle una participación del 46,3% en una cartera de 777 MW fotovoltaicos en Nuevo México y Texas, por 340 millones de dólares (300 millones de euros). La transacción valoraba estos activos solares –que incluyen almacenamiento de energía– en 735 millones de dólares (650 millones de euros). Con las dos transacciones, Repsol ha rotado activos valorando esa cartera en 1.325 millones y ha obtenido un total de ingresos de 520 millones. Outpost, el proyecto que se vende ahora, comenzó su explotación comercial el pasado agosto y se beneficia de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), lo que refuerza su atractivo de cara a los inversores. La energética dirigida por Josu Jon Imaz indicó que se espera que la transacción se cierre en los próximos meses, sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales.

Tras meses de trabajo, el documento más esperado por el sector bancario ya es una realidad. El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer sus recomendaciones para la simplificación bancaria, un informe en el que plantea la reducción del número de colchones de capital que se les exige a las entidades y un régimen regulatorio más ventajoso para los bancos más pequeños. El informe, dirigido por el español Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, describe las vías por las que la institución considera que puede aligerarse la carga normativa manteniendo un adecuado nivel de seguridad y robustez del sistema. En ese ejercicio, el supervisor ha detectado que “la estructura actual de capital de la UE excede en número de elementos a la prevista por Basilea [los estándares internacionales aceptados], lo que potencialmente genera solapamientos e inconsistencias”.

A pesar de todos los anuncios e intentos por dejar atrás la etapa de debilidad y estancamiento económico, la lentitud a la hora de poner en marcha reformas estructurales y la política arancelaria de Estados Unidos siguen pasando factura a la economía alemana, muy orientada a las exportaciones, lo que ha llevado a los principales institutos económicos del país a reducir a la baja sus pronósticos de crecimiento de la economía alemana publicados ayer. El instituto económico Ifo es el que más recortó sus previsiones y solo espera un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 0,8% para 2026, frente al 1,3% previsto en otoño. Mientras, para este año, apenas espera un crecimiento del 0,1%, 0,1 puntos porcentuales menos. Según señaló el Ifo, la economía alemana se encuentra inmersa en un profundo cambio estructural, marcado por la descarbonización, la digitalización, los cambios demográficos y los trastornos geopolíticos. También revisó a la baja su pronóstico para 2027, donde fijó un crecimiento del 1,1% en lugar del 1,6% anterior. “La política arancelaria de EE UU sigue afectando notablemente a la economía exportadora alemana”, escribieron en su comunicado.

El Gabinete minimiza el paro contra un proyecto que pretende aumentar la temporalidad. Pasados 12 años desde la última gran movilización,  Si la reforma saliese adelante, aumentaría la precariedad laboral ya que los contratos temporales podrán durar más (hasta un máximo de tres o cinco años, según la modalidad). Se abriría también una puerta para ampliar la jornada laboral sin compensación económica, a través de la creación de un banco de horas individual, negociado entre empresario y trabajador. Esto permitiría a los empresarios ampliar dos horas al día la jornada (hasta 50 horas semanales) aunque limitado a 150 horas al año. El trabajador solo cobraría estas horas extraordinarias si la empresa no le devuelve las horas en tiempo. En general, la protesta fue masiva en el sector público —se suspendió también la actividad informativa en la agencia pública de noticias Lusa— y limitado en el privado, donde la implantación sindical es menor. “

Giorgia Meloni está logrando proyectar una imagen de solidez en la política internacional de Italia como primera ministra. Lo cual se debe a una estabilidad gubernamental –interna, a través de una sólida mayoría parlamentaria y evitando toda volatilidad política; e internacional, reafirmando al país como europeísta y occidental– que ha conllevado, consecuentemente, una estabilidad macroeconómica. Aún así Italia a nivel macroeconómico Italia tiene, tanto coyuntural como estructuralmente, una asignatura pendiente: un bajo crecimiento. Uno de los factores positivos de los últimos años en relación a la economía italiana es la progresiva reducción de su prima de riesgo. Si cuando arrancó el Ejecutivo de Meloni en octubre de 2022 la prima de riesgo se situaba en torno a los 230 puntos básicos, en la actualidad se coloca en torno a los 70 puntos básicos. Las tres principales agencias de calificación de riesgos –Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s– han calificado positivamente la deuda soberana transalpina. Moody’s, la más severa de todas, que ha elevado su nota acerca de Italia por primera vez en 23 años; algo que Meloni celebró como «la confirmación de la confianza de los mercados», «no sólo hacia el Gobierno, sino hacia toda Italia». El crecimiento de Italia, sin embargo, está estancado. La Comisión Europea, en su última previsión, ha estimado para el país transalpino un 0,4% para 2025, un 0,8% para 2026 y nuevamente un 0,8% para 2027. De las grandes economías europeas, sólo Alemania –alrededor del 0,2% para 2025– está peor que Italia, con ambos territorios a la cola del crecimiento dentro de la Unión Europea. Según algunos expertos económicos italianos, si no fuera por las inversiones fruto del Fondo de Recuperación Europeo, Italia ya estaría en recesión.

“Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”, advirtió ayer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien añadió un barniz aún más oscuro a su mensaje al señalar que los países miembros de la Alianza, y en especial los europeos, deben prepararse para guerras como las que sufrieron “nuestros abuelos y bisabuelos”, en referencia a los grandes y devastadores conflictos bélicos del siglo XX. En un discurso sin paños calientes e inusualmente estremecedor, pronunciado durante su intervención ayer en un evento de la Conferencia de Seguridad de Múnich en el marco de su visita a Alemania, Rutte alertó de que “con su economía de guerra, Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de cinco años”, por lo que sus Estados miembros “deben estar preparados para la escala de guerra que nuestros abuelos y bisabuelos soportaron”. Para hacer aún más convincente su aterrador mensaje, el máximo responsable de la OTAN invitó a imaginar un conflicto bélico a tal escala que afectara “a cada hogar, a cada lugar de trabajo”, y en el que Europa quedara marcada por “la destrucción, el reclutamiento masivo y millones de desplazados”. En el perturbador relato de Rutte subyace un nuevo llamamiento a incrementar exponencialmente el gasto en Defensa hasta alcanzar al menos el 5% del PIB pactado en el seno de la OTAN.