20260127

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La gran apuesta de Petronor por la transición energética ya está en marcha. El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, visitaron ayer la refinería vasca que acaba de iniciar las obras para habilitar su electrolizador de 100 MW, un proyecto que costará 292 millones de euros y que una vez listo, previsiblemente durante la primera mitad de 2029, permitirá producir hasta 16.500 toneladas anuales de hidrógeno renovable. Junto a las instalaciones que Repsol prepara en Cartagena, será la mayor infraestructura de este tipo en España y uno de los principales proyectos de toda Europa. «Es una muestra inequívoca por el futuro de esta refinería que aspira a seguir siendo referencia de competitividad industrial y de sostenibilidad no solo en Euskadi, sino en el conjunto de la UE», felicitó el lehendakari, quien recordó la relevancia que tiene el desarrollo tecnológico-industrial del hidrógeno verde dentro del Plan Industrial de Euskadi. El nuevo electrolizador supone el salto definitivo a una carrera que Petronor inició con el proyecto de 2,5 MW que ya tienen en marcha y el de 10 MW que desarrolla en el Puerto de Bilbao (el primero va dirigido al Energy Intelligence Center (EIC) y el segundo a la planta demostrativa de combustibles sintéticos). Su producción «se va a utilizar no solo para el consumo en la refinería, sustituyendo en parte a otros combustibles convencionales, sino que ayudará a transformar todo el sector al reducir la dependencia de los combustibles fósiles», explicó Pradales. 

La incorporación de la población extranjera al mercado laboral vasco es una de las grandes soluciones que Euskadi tiene en la mesa para paliar el déficit de mano de obra y para sostener el sistema productivo en un contexto de envejecimiento demográfico que preocupa. Con objeto de agilizar este farragoso proceso, el Ejecutivo autonómico asumió el pasado 1 de julio la competencia parcial para tramitar los permisos de trabajo para inmigrantes. La transferencia se ha producido en un momento en el que se han disparado las solicitudes, después de que el 20 de mayo entrara en vigor el nuevo reglamento de Extranjería, que reduce de tres a dos años la exigencia de empadronamiento previo y admite las jornadas parciales que superen las 20 horas, entre otros cambios. De hecho, desde el 1 de julio el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo que dirige el vicelehendakari Mikel Torres ha gestionado directamente 11.171 autorizaciones iniciales de trabajo. Son números que, según afirmó el propio Torres en el balance realizado ayer, «demuestran que la gestión está funcionando de forma ágil y eficaz» y que «está aportando valor real al mercado laboral». Bajando al detalle, el 85% de esos permisos –un total de 9.123– son autorizaciones por arraigo, es decir, se conceden a personas que ya están en Euskadi de manera irregular. La vía más común es el arraigo sociolaboral, que requiere dos años de empadronamiento previo y un contrato. 

El Gobierno iniciará hoy los trámites para regularizar, «de forma inmediata», a alrededor de medio millón de inmigrantes que actualmente se encuentran en situación irregular. Lo hará vía real decreto –lo que permitirá de inicio sortear el aval del Congreso, aunque más adelante sí lo precisará– y con un pacto alcanzado tras varios meses de negociación entre Podemos y el PSOE. De hecho, Moncloa cedió el anuncio de la iniciativa a la eurodiputada y candidata del partido morado a las generales, Irene Montero, que reveló los detalles del acuerdo en un acto en Madrid que llevaba como título precisamente ‘Regularización ya’. «El objetivo es que se regularice a medio millón de personas que han venido a nuestro país a ganarse la vida, que no son ilegales», insistió. El decreto prevé beneficiar a todas los extranjeros que se encontraran residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar la permanencia en el país durante al menos cinco meses. Este último requisito podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o incluso billetes de transporte.

Patronal alavesa y CCOO, LAB, ELA y UGT afrontan desde hoy la negociación de uno de los principales convenios colectivos del territorio, el del Metal, en la medida que afecta a más de 25.000 trabajadores de Álava y a una industria clave. El último convenio del sector fue firmado en 2022 por CCOO, LAB y UGT para el periodo 2022-25 tras una negociación larga y compleja y cuatro jornadas de huelga en el sector. Por de pronto, las partes negociadoras se han citado para el próximo 9 de febrero, lunes, reunión en la que se presentarán las plataformas reivindicativas de cada sindicato. Así, CCOO ha informado mediante un comunicado que los ejes de su propuesta serán "subidas salariales que garanticen el poder adquisitivo de la clase trabajadora", incluida la cláusula de garantía salarial; una reducción de jornada, subrogación para todo el sector, definir claramente los grupos profesionales para evitar encuadramientos inferiores de categorías, medidas de igualdad y para evitar la discriminación de las personas LGTBI, medidas para rejuvenecer las plantillas e "incorporación de las mujeres a un sector tan masculino", acciones para mejorar la salud y seguridad laboral y acciones de fomento del euskera, entre otras. ELA, primera fuerza sindical en la mesa con un 47% de representación, ha explicado que el próximo 3 de febrero, martes, celebrará una asamblea con la militancia "para presentar, debatir, contrastar y definir las principales reivindicaciones acordadas tras las reuniones y dinámicas realizadas en los últimos meses". "El objetivo es mejorar las condiciones laborales, principalmente el poder adquisitivo, la jornada y la estabilidad en el empleo", ha precisado en un comunicado este sindicato, que se desmarcó del anterior acuerdo.

La vivienda sigue a velocidad de vértigo. Aunque el sector atribuye la causa a la falta de oferta acumulada en años anteriores, la sombra de la burbuja emerge mensualmente con los datos de los organismos oficiales. Los últimos sitúan a Euskadi a la cabeza en la firma de hipotecas por habitante en los once primeros meses de 2025 tras un noviembre en el que se formalizaron el mayor número de préstamos de la serie histórica. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó en noviembre 2.408 hipotecas para comprar viviendas en el País Vasco, un 21,6% más que el mismo mes de 2024 con un acumulado de 23.785 compras en los once primeros meses del año (un 22% más que en el ejercicio anterior) y la mayor subida en más de 20 años. Además, atendiendo a los 2,2 millones de habitantes en Euskadi, el ratio de préstamo para comprar una vivienda en función de la población pone a los vascos a la cabeza del país. En los once primeros meses se compró una vivienda por cada 94 personas que viven en el País Vasco.

El Banco Central Europeo (BCE) se conjura para que lo que hizo tambalear al mundo entero en 2008 no vuelva a suceder. El supervisor bancario único europeo lanzará próximamente una revisión, en todas las entidades bajo su jurisdicción, de los criterios de concesión y los precios de las hipotecas. Todo ello en plena guerra hipotecaria en el sector –que ya ha sido criticada por los primeros espadas de algunos bancos– y en un momento en el que el precio de la vivienda no deja de subir en países europeos como España, lo que ha dificultado el acceso de los jóvenes a la misma. Las entidades en las que el BCE detecte debilidades pueden enfrentarse a apercibimientos e incluso a multas o requerimientos de capital más altos de lo previsto. Vigilar la concesión de crédito para evitar que los préstamos firmados hoy puedan elevar las cifras de morosidad del futuro es una de las prioridades supervisoras que el BCE se fijó para el bienio entre 2026 y 2028. En un documento oficial, la institución que preside Christine Lagarde establece como objetivo que los bancos establezcan y mantengan “criterios crediticios sólidos y precios basados en el riesgo”.

Kutxabank refuerza su estrategia digital con el lanzamiento de la campaña Hazte Cliente 700, que premia con 100 euros netos a aquellas personas que se den de alta en la entidad a través de la app. Esta ofensiva comercial acaba el 31 de marzo. Aquellos que, además, tengan 30 años o menos, conseguirán un vuelo gratis de ida y vuelta a Europa (hasta agotar los 4.000 billetes de avión disponibles en la promoción). Para acceder a estas ventajas es imprescindible contratar una cuenta corriente, una tarjeta y usar Bizum antes del 20 de abril. Los 100 euros netos se ingresarán en cuenta automáticamente. La campaña está dirigida a personas que no han sido clientes de Kutxabank (o Cajasur) en los últimos 12 meses. Esta campaña complementa y mejora la ofensiva comercial lanzada hace tres meses bajo el eslógan Trae tu nómina, que premia con 600 euros en metálico brutos la domiciliación de nómina o pensión siempre y cuando se alcancen determinados umbrales. En el caso de jóvenes de hasta 30 años, el importe de la nómina debe ascender a 1.800 euros/mes. En el caso de pensiones de la Seguridad Social, a 2.000 euros/mes. Y a 2.500 euros para el resto de los clientes.

Después de los pueblos, llega la hora de la ciudad. El ‘boom’ de las comunidades energéticas parece no tener fin en el territorio. Tras una oleada de proyectos en las zonas rurales de Álava, ahora son los barrios de Vitoria quienes están impulsando la constitución de cooperativas energéticas en el territorio. El despliegue de proyectos de colocación de placas para autoconsumo hace que sean ya más de 60 las iniciativas funcionando o en fase administrativa en Álava según los datos facilitados a este periódico desde la Red de Comunidades Energéticas. Esta ‘macrocooperativa’, con más de 2.000 socios en toda España, es la principal impulsora de los miniparques fotovoltaicos que se están instalando en Álava. Treinta ya producen energía según el recuento realizado por este periódico con el hasta ahora presidente de la cooperativa Rafa Larreina. Otros 31 proyectos están aún tramitándose, pero en algunos casos es cuestión de semanas que se pongan en marcha. 1.791 hogares encienden sus electrodomésticos con una energía ‘green’ de la que se benefician unas «5.800 personas». «Se está dando un fenómeno ‘urbanizador’ en estos últimos años», apunta el máximo responsable de la cooperativa ‘green’. En 2020 fue Lasierra, en Ribera es el porcentaje de ahorro medio en la factura de la luz que se obtiene con los paneles.

El Gobierno comunicó ayer su decisión definitiva de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros en catorce pagas sin tributación, y se sacó un as de la manga en la mesa de diálogo social para intentar conseguir un pacto tripartito. Ha propuesto aprobar un incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades para las empresas que tienen una plantilla en la que los trabajadores cobran mayoritariamente el SMI, con el objetivo de que la patronal de empresarios apoye el incremento. La medida busca ser la alternativa a la reivindicación histórica de la CEOE de modificar la Ley de Desindexación para permitir que las empresas que tienen contratas con la Administración Pública y en las que la plantilla cobra mayoritariamente el Salario Mínimo puedan actualizar el precio de la contrata para compensar el aumento de gastos por la subida sobrevenida del SMI. Dado que el Ministerio de Hacienda no va a acceder a esta petición, entre otras cosas porque sería censurada por la Comisión Europea por ser inflacionista, plantea esta alternativa. Según explicó a la prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, esta compensación fiscal iría unida, por un lado, a un incentivo para que las compañías suban salarios los próximos años y, por otro, a la obligación de que mantengan empleo. La bonificación fiscal no será sólo para compañías que licitan con la Administración Pública, sino que se aplicaría a los sectores intensivos en SMI, de ahí que el Gobierno la considere «más beneficiosa» que permitir la indexación.

El Gobierno se asoma a su primera gran derrota parlamentaria de 2026. Su real decreto ley para revalorizar las pensiones en un 2,7% está bajo la amenaza de colapsar en el Congreso, y de arrastrar en su caída la subida que percibirían millones de jubilados, por el afán de Pedro Sánchez de colocar esta medida dentro de un paquete indivisible con el que hacer tragar a los grupos otro tipo de propuestas que nada tienen que ver y que generan mucho menos consenso. Así, el Ejecutivo se enfrenta hoy al mismo fantasma del año pasado, cuando un Carles Puigdemont harto de este tipo de tretas llevó a Junts al voto en contra en otro decreto ómnibus –como éste– y endosó al presidente una de las peores derrotas de lo que va de legislatura, dejando al desnudo su debilidad y marcando una tendencia que luego se repitió otras muchas veces. Lejos de aprender de aquello, el Gobierno persiste en la argucia del ómnibus. Sabe que los decretos se convalidan en el Congreso como un todo o nada. Es decir, que los asuntos que lleva el texto, por muy dispares que sean, no se puede separar en votaciones distintas. Y que, de esta forma, la presión social de subir las pensiones tiene la suficiente fuerza como para arrastrar los votos de los grupos para sacar adelante otro tipo de medidas que, de otra forma, tendrían mucho más difícil aprobarse, como es la suspensión de los desahucios por impagos del alquiler a las familias vulnerables sin una alternativa habitacional. Esta prohibición de echar a los inquilinos está dentro de este decreto ómnibus y es el principal detonante de la posición crítica de Junts, que se rebela contra lo que tacha de «chantaje», y que se resume en que para subir las pensiones, hay que aprobar también esto. 

El 3 de noviembre de 2022, Pedro Sánchez y la cúpula de Maersk, la segunda mayor naviera del mundo, oficializaron un «protocolo de colaboración» para levantar dos centros de producción de combustible renovable en las costas españolas. El plan iba a movilizar 10.000 millones de euros y crear hasta 85.000 empleos. La idea era generar en el país hasta dos millones de toneladas anuales de metanol verde para abastecer a la flota de la empresa danesa, responsable de más del 14% del tráfico mundial de contenedores. Después de cuatro años, nada de eso se ha materializado. La falta de demanda y la feroz competencia de Asia, donde la producción es infinitamente más barata, han frenado el proyecto. Hubo reunión y apretón de manos en el Palacio de La Moncloa. También un memorando de entendimiento (MoU), un acuerdo por escrito donde ambas partes dieron carta de naturaleza a su intención de cooperar. Aunque ese tipo de documento no tiene la fuerza legal de un contrato, fuentes gubernamentales repitieron la víspera –dos veces– en un encuentro con prensa que la probabilidad de ejecución era «muy elevada... o no lo estaríamos anunciando». Dijeron, además, que los números salían y que en pocos meses terminarían de pulir los últimos flecos. Faltaba la ingeniería y los modelos financieros de detalle. El Gobierno planteó, incluso, entrar como inversor y dio a entender que el plan contaría con fondos europeos. Las mismas fuentes señalaron a Galicia y Andalucía como futuras localizaciones. El primero de los dos hubs entraría en operación en 2024 y la segunda lo haría en 2027. Iba a ser la mayor inversión industrial de la historia de España, al nivel de la fábrica de baterías y la electrificación de la producción nacional de Volkswagen. Fuentes de Moncloa dicen no disponer de la información solicitada (empleos y volumen de inversión ejecutados hasta la fecha). «No hay nada», indican fuentes autonómicas.

Los buenos datos macroeconómicos de España no se están trasladando al tejido empresarial ni a la economía de los hogares del país. Así lo señala el 73% de los economistas, quienes apuntan a la presión fiscal y los costes laborales como principales frenos a la competitividad. Esta es la principal conclusión del Barómetro Económico del segundo semestre de 2025, presentado ayer por el Consejo General de Economistas (CGE), donde se constata uno de los problemas sobre los que han venido advirtiendo distintas voces en los últimos meses: aunque España es uno de los países que más crece en Europa, sus ciudadanos no están recibiendo estos beneficios. Una realidad que, para el presidente de los economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, “pone de relieve que estas coyunturas exigen decisiones económicas que tengan en cuenta la realidad del contexto europeo y del país, con el fin de afrontar con éxito el ya mencionado retorno marcado por la incertidumbre”. En este entorno de inestabilidad, el número de economistas que detecta una peor situación económica entre sus clientes y ellos mismos crece. Un tercio, el 33,7%, considera que la situación ha empeorado, mientras que más de la mitad, el 57,8%, afirma que la situación general de la economía empeoró en el segundo semestre del año respecto al anterior. Respecto a las causas de esta situación, el 75,3% de los economistas apunta directamente a la presión fiscal sobre empresas y ciudadanos, seguida de los costes salariales (72%) y el precio de la energía (58,5%). Además, el empleo comienza a preocupar al colectivo.

Del 54% valenciano al 44,5% madrileño. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso ayer fecha aproximada a una de sus grandes promesas electorales para esta legislatura: una nueva bajada de medio punto en cada uno de los cinco tramos de la tarifa autonómica del IRPF. Así lo anunció la mandataria regional durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum. Con este nuevo tijeretazo impositivo, cuya entrada en vigor está prevista para 2027 con el fin de que surta efecto en la declaración de la Renta que se efectúe en 2028, el tipo mínimo del IRPF autonómico se situará en el 8%, frente al 8,5% vigente, y el máximo en el 20%, en contraste con el 20,5% actual, afianzando a Madrid como la autonomía con el IRPF más bajo de toda España. “Los madrileños se van a beneficiar de esta medida con la que queremos ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo y que siempre está y estará al servicio de España a través de su sanidad, de sus universidades, de sus empresas”, afirmó Ayuso.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, encargado del descarrilamiento de Adamuz, puso ayer al ministro de Transportes entre la espada y la pared. Mostró su extrañeza ante las explicaciones de Óscar Puente después de días en los que el dirigente socialista aseguraba que la vía afectada había sido renovada íntegramente». «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años y no ha sido así», declaró Barrón a la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. De hecho, la CIAF, que el viernes emitió su primer informe sobre el siniestro y quiere tener esta semana pruebas «contundentes», va a recabar más información al ministerio sobre la edad de las vías. «Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué, y por qué unos tramos sí y otros tramos no», subraya Barrón. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, adelantó el viernes que el carril fracturado era nuevo, pero estaba soldado a otro más antiguo, aunque no podía garantizar que fuera de 1992 o de «renovaciones posteriores». El domingo, el ministro confirmó en la red social X (antigua Twitter) que «el carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo». También hizo público su número de serie, su año de fabricación (2023) y su peso (60 kilos por metro) y detalló que fue instalado durante mayo y junio de 2025, pero no contó que se había soldado a un carril antiguo.

La catástrofe ferroviaria de Adamuz (Córdoba) representa un duro golpe para la imagen de la alta velocidad que tendrá consecuencias sobre la competitividad de la tecnología española, sobre todo, frente a sus rivales europeos (Francia y Alemania). Además, está en juego el papel que desempeñan las compañías estatales, entre las que sobresalen Renfe, Adif e Ineco, las tres dependientes del Ministerio de Transportes, como asesores en alguno de los proyectos de inversión más ambiciosos, como la alta velocidad de Vietnam, Arabia Saudí y Australia, entre otros. Así lo aseguran diferentes expertos del sector, que aconsejan completar lo más rápido posible la investigación sobre las causas del siniestro que se cobró la vida de 45 personas e incorporar los mecanismos correctivos que contribuyan a recuperar la confianza en el sistema ferroviario español. “Hemos perdido la ventaja competitiva que teníamos sobre los rivales franceses y alemanes”, coinciden las empresas consultadas, en referencia al primer accidente en la red de alta velocidad española con víctimas mortales desde la inauguración del AVE Madrid-Sevilla en 1992. La siniestralidad cero ha formado parte de la propuesta española para competir por la alta velocidad de California. También para que Renfe se convirtiese en asesor del proyecto privado para unir Dallas y Houston con un tren de alta velocidad. “En los contratos internacionales donde participan grupos estatales como Adif, Ineco y Renfe se recogen cláusulas de accidentalidad que influyen en el resultado final de las adjudicaciones”, reconocen fuentes inmersas en este tipo de concursos.

Cuando los países del Mar del Norte se reunieron por primera vez en este formato en 2022, se propusieron independizarse de Rusia. En esta tercera edición de la cumbre, celebrada ayer en Hamburgo, el objetivo era además independizarse de Estados Unidos y consolidarse como comunidad con el foco puesto en la defensa y la energía. Los registros de infraestructuras de comunicaciones o energía dañadas por sabotajes o espiadas son diarios y los países en torno al Mar del Norte están creando un marco legal para fijar qué ejército o policía es responsable en qué áreas, y cómo abordar los casos de forma homologada. Por primera vez, la OTAN estuvo presente en esta reunión. «No solo desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania hemos visto un aumento de los ataques a nuestra infraestructura crítica. Las redes eléctricas, los oleoductos y los cables de datos son cruciales para la soberanía digital del continente y van a ser convenientemente protegidos», aseguró el canciller alemán Friedrich Merz. «Esta reunión trata de paz, seguridad y prosperidad de nuestros países. Está en juego nuestro modo de vida y podemos y debemos estar más unidos que nunca», subrayó. La semana pasada en Davos, Trump arremetió expresamente contra la expansión de la energía eólica en la región. «En lugar de construir aerogeneradores ineficientes que pierden dinero, los cerramos y no aprobamos los nuevos, porque sólo arruinan paisajes y matan pájaros», puso como ejemplo a seguir en la política de Estados Unidos.

El oro subía más de un 2%, por encima de los 5.090 dólares la onza, al cierre de Europa por la debilidad del dólar. Continúa la preocupación por las erráticas políticas estadounidenses, que han desatado el apetito por los metales preciosos. “Hemos superado otro umbral, mucho más rápido de lo que pensaba”, afirma Michael Haigh, analista de Société Générale, en Financial Times. “La gente es insensible al precio del oro ahora, ya que espera que este impulso continúe”, añade. Los niveles de incertidumbre global son altos y los inversores buscan activos refugio tradicionales, como el lingote de oro. El billete verde ha caído casi un 2% en seis sesiones, en medio de especulaciones de que EEUU podría ayudar a Japón en sus esfuerzos por fortalecer el yen, lo que se suma a las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y la errática formulación de políticas de Trump. La plata también se ha disparado por encima de 110 dólares la onza, encadenando su tercer día consecutivo de récords. Las espectaculares subidas del oro —el metal se ha más que duplicado en los últimos dos años— subrayan su papel histórico como indicador del miedo en los mercados. Tras registrar su mejor desempeño anual desde 1979, acumula una subida cercana al 17,5% en lo que va de año, en gran parte debido a la llamada operación de depreciación, mediante la cual los inversores se refugian del deterioro de las divisas y de los bonos del Tesoro.

El destino no podía haber elegido una víctima más propicia para tumbar las mentiras de Donald Trump. Alex Pretti no solo era un ciudadano ejemplar. También era un enfermero compasivo que se desvivía por atender a veteranos de guerra en cuidados intensivos. Para colmo, mucho antes de ser acribillado el sábado en Mineápolis por las patrullas fronterizas, dejó testimonio de su amor por EE UU y sus valores democráticos en un vídeo grabado con las palabras de despedida que dedicó a uno de sus pacientes, fallecido en 2024. «Hoy recordamos que la libertad no es gratis. Que tenemos que trabajar por ella, nutrirla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella», recitó solemnemente delante del cadáver del veterano de 77 años tapado con una sábana. Como muchos vecinos de Mineápolis, Pretti estaba indignado con la crueldad de las redadas migratorias y recientemente le dio cien dólares a un hispano que le había ayudado a arreglar la puerta de su garaje, con sentidas disculpas por lo que su país estaba haciendo. A sus padres les había prometido ser un observador diligente sin «meterse en líos». La Avenida Nicollet donde murió tras recibir varios disparos se ha convertido en el frente de una batalla civil contra el auge del autoritarismo de Trump, pero también en el núcleo de un cisma potencial entre el presidente y su partido, que ya le ha hecho bajar el tono.