20260319

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El ejército de Israel, tras informar a Estados Unidos, ha protagonizado este miércoles un salto cualitativo en la guerra desatada el 28 de febrero contra Irán. Atacó las instalaciones del yacimiento de gas de South Pars, situado en el Golfo Pérsico y el más grande del mundo. Es una infraestructura, además, compartida por Irán y Catar, aliado de Washington. Tras sofocar el incendio, la autoridades de Teherán clamaron venganza: advirtieron de que se había traspasado una línea roja y anunciaron ofensivas sobre infraestructuras energéticas de otros socios de EE UU en la región, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de Catar. Cumplió. Lanzó misiles sobre la refinería catarí de Ras Laffan y un depósito de combustible en Riad (Arabia Saudí). La energía, que es el gran tesoro de esta zona, ya no es intocable. El mundo se pone a temblar. Esta escalada provocó que se dispararan por encima del 6% los precios del gas y el petróleo. El barril de Brent sobrepasó los 110 dólares, un nivel que no se veía desde junio de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania cumplía cuatro meses. Antes de la guerra en Irán, estaba en 72 dólares. El gas natural europeo, TTF, también subió ayer hasta los 55 euros. Las Bolsas mundiales siguieron la estela de pérdidas de Wall Street y cayeron los valores del oro y el Bitcoin. La economía del planeta se está hundiendo en el Golfo Pérsico.

La Reserva Federal estadounidense decidió ayer mantener los tipos de interés en el rango del 3,50-3,75%. Es la segunda vez este año, tras tres bajadas consecutivas en el último tercio de 2025, y consecuencia de las profundas dudas sobre el desempeño de la economía en los próximos meses, especialmente por la Guerra en Irán. «El Comité busca lograr el máximo empleo y una inflación del 2% a largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas se mantiene elevada. Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas. El Comité se mantiene atento a los riesgos para ambos aspectos de su doble mandato», señaló la Fed en un comunicado.Era lo que todo el mercado esperaba en la penúltima reunión encabezada por Jerome Powell, antes de que acabe su mandato. En enero, la Junta de Gobernadores recalcó que si bien la actividad económica se había ido expandiendo a un ritmo sólido, la creación de empleo era baja y la inflación seguía algo elevada. Mirando hacia adelante, los economistas afirmaban que «la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada». Ahora, mantienen punto por punto ese diagnóstico, pero la guerra desatada por EEUU e Israel en Oriente Próximo ha reventado cualquier esperanza de previsibilidad, estabilidad y control de la situación. Ayer, el precio del barril se volvió a disparar por encima de los 110 dólares tras el bombardeo israelí a la parte iraní del mayor depósito de gas natural del mundo. En febrero, los estadounidenses pagaban en torno a 2,90 por cada galón (3,8 litros) de gasolina y ahora el precio supera los 3,70 dólares. Y la inflación mayorista ha alcanzado el 3,4%, su nivel más alto en un año, según informó el Departamento de Trabajo ayer. Un indicador que la Fed mira con atención.

No hay tregua para los bolsillos de los conductores vascos. Los precios de los carburantes siguen disparados en Euskadi debido al conflicto en Oriente Medio y la decisión de Irán de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo global. Una medida drástica que ha tensionado por completo las cadenas de suministro y ha disparado la cotización del petróleo Brent, que ayer sufrió un repunte hasta cerca de los 110 dólares por barril tras denunciar Irán que el mayor yacimiento de gas del mundo había sido atacado. En este adverso escenario, los fantasmas de 2022, cuando tanto el litro de gasolina como el de gasóleo superaron los dos euros por culpa de la invasión rusa de Ucrania han vuelto a aparecer. Y es que ayer, un total de 54 estaciones de servicio de Euskadi (28 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 14 en Álava) ya reflejaban en los surtidores que el litro de diésel había sobrepasado este inusitado umbral, según el portal ‘Diésel o Gasolina’, que monitoriza los precios de las gasolineras diariamente. Según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –actualizados al martes– el litro de diésel cuesta de media 1,91 euros en Euskadi, lo que significa que se ha encarecido un 31% desde el 28 de febrero, cuando estalló el conflicto, lo que supone 45 céntimos más por litro. La gasolina, por su parte, también ha registrado una subida notoria, aunque menor que la del diésel. Concretamente, el litro alcanza los 1,77 euros, 28 céntimos más (un 18% más).

El encarecimiento del gas por la guerra en Oriente Medio ha tensionado los mercados eléctricos en las últimas semanas, pero el peso de las energías renovables en el mix energético español está permitiendo contener los precios de la electricidad por debajo de los niveles que registran otras economías del norte de Europa. Desde el inicio del ataque estadounidense a Irán el 28 de febrero, el mercado mayorista se ha instalado en una auténtica montaña rusa. Tras el máximo que se alcanzó el 10 de marzo, cuando el megavatio hora (MWh) en España alcanzó los 136 euros, el precio se hundió a 6,44 euros el domingo, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Esta tendencia se ha ido normalizando esta semana hasta el entorno de los 28,88 euros de ayer al cierre de los mercados europeos. La meteorología está soplando a favor de esta moderación con las renovables funcionando como una suerte de escudo frente a la escalada del gas, cuyo precio llegó a dispararse casi un 50% en apenas diez días, pese a que en la última semana también se ha atenuado hasta los 51,55 euros por MWh. En concreto, según los datos de Red Eléctrica, la hidraúlica está aportando en lo que llevamos de marzo el 23% de la generación, seguida de la eólica (19,5%), la solar fotovoltaica (17,7%) y la nuclear (15,8%) y desplazando a los ciclos combinados a la quinta posición con un 15,6%.

Europa Banku Zentralak interes tasak bere horretan mantentzea erabaki du azken bost bileretan, eta badirudi gaurkoan ere hala egingo duela. Dena den, itxuraz berebiziko garrantzirik ez zuen bilkurak jakin-mina sortu du azken asteetan Ekialde Hurbilean hedatutako gerra dela eta. Petrolioaren eta gasaren prezioaren igoerak hornikuntza kateak dardarka jarri eta energia krisi baten atarian jarri du mundua, eta gerra luzatzeko zantzuak geroz eta agerikoagoak badira ere, ez dute Frankfurteko erakundearen norabidea aldaraziko. Oraingoz, behintzat. Gehiago irakurri hemen. 

En plena carrera europea para reducir emisiones sin perder competitividad, Euskadi ha dado este miércoles «un primer paso» para articular una solución conjunta al dióxido de carbono que generan las industrias más contaminantes. El Gobierno vasco ha firmado junto a varias compañías energéticas e industriales un memorando de entendimiento para diseñar una cadena de valor completa del CO2 –desde su captura hasta su transporte, distribución, uso y almacenamiento– con el objetivo de dar respuesta a los sectores donde la electrificación no es suficiente y convertir este reto en una nueva palanca de competitividad. Se trata, en esencia, de desplegar un sistema que permita gestionar el CO2 que hoy emiten las industrias más contaminantes. Esto implica instalar tecnologías de captura en las propias fábricas para retener ese gas antes de que llegue a la atmósfera y, después, transportarlo hasta instalaciones donde pueda almacenarse de forma segura bajo tierra o reutilizarse como materia prima para, por ejemplo, fabricar combustibles sintéticos. Una apuesta con la que el Gobierno vasco busca «avanzar en autonomía estratégica», reduciendo la dependencia exterior en materia energética y reforzando la competitividad de su industria. La voluntad de avanzar en este ámbito se ha concretado este miércoles en la firma de un memorando de entendimiento para impulsar el denominado 'Hub COnet2 Norte'. En el proyecto participan el Gobierno vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), junto a Petronor; Heidelberg Materials, multinacional del cemento; Calcinor, grupo vasco especializado en la producción de cal y soluciones para la industria; y Terresis, sociedad vinculada a Magnesitas Navarras centrada en la extracción y tratamiento de magnesita. A ellos se suman Nortegas, operador de redes de distribución de gas, y Enagás, gestor del sistema gasista y de infraestructuras energéticas en España.

La empresa vasca Vidrala, líder en la fabricación de envases de vidrio para la industria de bebidas y alimentación, proyecta un fuerte plan de inversiones para su planta de Caudete (Albacete) que supera los 180 millones de euros en total. El anuncio lo hizo ayer, durante la visita del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a las instalaciones y coincide con una fuerte crisis en el Valle de Ayala donde la compañía tiene su sede. El plan de inversiones esbozado por Vidrala en Albacete incluye actuaciones destinadas a modernizar la planta. En concreto, la factoría renovará a partir de junio el primero de sus dos hornos, lo que ampliará en un 10% su capacidad anual. Mientras tanto, la segunda fase -condicionada a la competitividad de la planta y las condiciones de mercado- incluye la actualización del segundo horno de fusión, la ampliación de las infraestructuras eléctricas y el desarrollo de nuevas soluciones de generación de energía renovable en la planta. Además, se introduciría maquinaria de moldeo de gran tamaño, lo que permitiría adaptar la producción a envases más ligeros y sostenibles. Son inversiones que la compañía también está realizando en su planta de Euskadi y que tienen por objeto mantener actualizados los hornos. Sin ir más lejos, hace un año la empresa anunció un plan de inversión de 75 millones de euros en la fábrica alavesa, el grueso del cual está destinado a un nuevo horno más electrificado y menos contaminante, que ha requerido un desembolso de 45 millones. Además de este aparato, que sustituye a uno de los dos que hay en la planta, se contemplaba la colocación de una instalación fotovoltaica y un nuevo edificio para maximizar el reciclaje. No obstante, la inversión en Castilla-La Mancha también pone de relieve la competencia por atraer inversiones en un momento muy convulso para el Valle de Ayala por conflictos como el de Tubos Reunidos y maderas de Llodio. No hay que olvidar, además que Vidrala tiene presencia en el Sur de Europa, Reino Unido e Irlanda, Brasil y Chile.

Más trabajo para Michelin Vitoria. En el 60 aniversario de la factoría alavesa, el gigante francés ha asignado a la Avenida del Cantábrico la fabricación de uno de los modelos más punteros para sus talleres de turismo. La dirección de la multinacional ha anunciado este miércoles en un evento con medios de comunicación que la fábrica ha sido seleccionada para producir los neumáticos Primacy 5 Energy, uno de los más punteros del grupo francés. La planta alavesa elaborará unas 200.000 cubiertas de estas gomas a lo largo de este año, algo que supondría alrededor de un 2,5% de la carga de trabajo en ruedas para turismos en este 2026. «Para nosotros es un gran orgullo estar al avance de un gran producto y estar fabricándolo en la planta», ha indicado el director de Michelin Vitoria, David Udakiola. Se espera que a lo largo de los próximos cursos esa demanda crezca conforme esta nueva cubierta se imponga sobre modelos similares de Michelin pero con mayor antigüedad. «Lo lógico sería que si se va vendiendo bien, aumente el volumen de fabricación conforme vayamos industrializando dimensiones nuevas», ha detallado el ejecutivo. La compañía cuenta ahora mismo con 3.350 trabajadores en nómina en la Avenida del Cantábrico. Entre ellos, las encuestas internas están mostrando un mayor compromiso, según la empresa. El resultado de esos 'tests' fue uno de los indicadores a los que se agarró Michelin hace tres años para hablar de «pérdida de confianza» en Vitoria tras el conflicto laboral por el convenio.

En paralelo a los encargos a Michelin está el lanzamiento de las nuevas furgonetas eléctricas de Mercedes en Vitoria. Aunque la empresa ya ha revelado cómo será el primer modelo (el VLE), en la planta alavesa todavía se está testando la fabricación industrial de estas unidades con el objetivo de arrancar la producción en serie en junio. El trabajo de la factoría vitoriana ha sido un secreto custodiado durante más de un año, sin referencias al eléctrico en ningún comunicado de la empresa. Una vez desvelado el modelo, la compañía ha anunciado este miércoles la activación de tres jornadas de trabajo y, esta vez sí, ha incluido entre los empleados movilizados a los responsables de armar los chasis de la plataforma eléctrica VAN.EA. Tendrán que personarse en la Avenida de Los Huetos los días 11, 18 y 25 de abril.

En plena intensificación del apoyo español a Ucrania –tras el compromiso de Pedro Sánchez de destinar otros 1.000 millones de euros en ayuda militar–, el presidente Volodímir Zelenski ha visitado este miércoles las instalaciones de la compañía vasca Sener en Tres Cantos. Lo ha hecho minutos antes de acudir a La Moncloa, en un movimiento de gran calado político que materializa el compromiso del Gobierno de avanzar hacia la producción conjunta de material militar con la industria ucraniana. Sener y las compañías ucranianas Fire Point, Luch y Radionix han firmado acuerdos de colaboración para desarrollar tecnologías de defensa en ámbitos clave como los misiles, las comunicaciones y los sistemas autónomos, áreas en las que el grupo español cuenta con una sólida especialización. En un momento en el que Ucrania busca reforzar su posición ante el riesgo de que grandes potencias negocien su futuro al margen de Kiev, Zelenski ha instado a que «todos los acuerdos entre fabricantes ucranianos y españoles se implementen cuanto antes». Zelenski ha subrayado que «reforzar la defensa aérea y proteger vidas» son las prioridades de su Gobierno, tras más de cuatro años de guerra con Rusia. Un conflicto que ya había tensionado la estabilidad internacional y al que ahora se suma la crisis en Oriente Medio. Este nuevo escenario, advirtió durante su visita a España, está provocando una reducción en el envío de material armamentístico a su país, por lo que urge sellar nuevas alianzas.

El sector del mecanizado y la transformación metalmecánica cerró el ejercicio 2025 con una ligera caída en su facturación; en concreto, del 1,67% sobre los datos de 2024. En el análisis por subsectores, el mecanizado quedó estable (-0,25%), mientras que la calderería y la deformación registró un descenso del 4,35%. El sector, con una presencia muy elevada en Euskadi y en Gipuzkoa, territorio que acoge a casi la mitad de todas las empresas de España, mira con atención al conflicto abierto en Oriente Medio, temeroso de que tanto el petróleo como las materias primas disparen su precio. «En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la desaceleración de algunos sectores industriales, el ejercicio refleja una evolución contenida de la actividad», reconoció Fernando Gastaldo, presidente de Afmec, la asociación que agrupa a 215 firmas del sector, de las que 109 son vascas y 78, guipuzcoanas. Las exportaciones representan el 24,98% de la facturación total del sector, aunque después de un 2024 que registró una cifra récord en los mercados exteriores, en 2025 se ha producido un descenso significativo del 9,97%. Los principales destinos fueron Francia (28,17%), Alemania (15,73%) y Estados Unidos (9,07%), seguidos por Irlanda (5,28%) y Finlandia (4,18%). «Las exportaciones continúan siendo un pilar clave para muchas empresas del sector. A pesar de la complejidad e incertidumbre del entorno internacional, que ha afectado notablemente a nuestras ventas en el exterior, nuestras empresas mantienen una posición competitiva en mercados exigentes, lo que demuestra su alto nivel tecnológico y de especialización», resaltó. En cuanto a la inversión en maquinaria, 2025 cerró con un desplome del 24,88%.

La renovación del convenio colectivo de artes gráficas de Bizkaia, sin actualizarse desde el año 2012 y que afecta a cerca de 1.900 trabajadores, se ha vuelto a ver frustrada esta semana después de que la última reunión celebrada el lunes se cerrara sin acuerdo. Los sindicatos ELA, LAB y UGT han iniciado un periodo de huelgas que por el momento se mantendrá todos los días hasta el 1 de abril. Este mismo miércoles han acudido piquetes a la Imprenta Universal (en Derio) y se ha organizado una manifestación en la que han participado más de un centenar de representantes por el centro de Bilbao, para finalizar frente a la sede de la patronal vizcaína Cebek. Según advierten los sindicatos, el acuerdo se habría visto frustrado tras incluir un tope a la subida salarial para el próximo 2027 del 3%, al margen de lo que suba el coste de la vida y una cláusula de absorción y compensación que permitiría a las empresas computar cualquier incremento salarial aplicado por su parte durante estos 14 años sin convenio para actualizar los salarios. Esto, denuncian, no solo limitaría la actualización hasta la fecha, sino que permanecería vigente de cara al futuro «metiendo en el congelador la subida salarial en algunos casos casi de por vida», alertan. Desde Cebek han remarcado que la asociación empresarial de Artes Gráficas ya ha presentado su propuesta final -que caducaba este mismo lunes- con una subida salarial acumulada que roza el 25% en apenas un año y nueve meses, «una de las mayores actualizaciones del sector en décadas». Según detallan, el incremento presentado alcanza este año un 19,53% sobre las tablas actuales para compensar estos 14 años sin renovación, y una actualización salarial del IPC hasta ese máximo de un 3% este año, al que se añade un incremento adicional del 2,12% con efectos del 1 de enero de 2028. «A ello se suma un complemento extraordinario de hasta 3.200 euros para trabajadores que durante estos años no hayan recibido incrementos» apuntan.

«En los convenios en los que están implantadas las aportaciones a una EPSV de empleo, ya no se discute en las siguientes renovaciones; como tampoco nadie negocia con la cotización a la Seguridad Social». Es el mensaje que el presidente de la Federación Vasca de EPSV, Ignacio Etxebarria, ha trasladado este miércoles para que empresas y sindicatos aborden esta cuestión en la negociación colectiva. Un llamamiento que llega justo cuando se ha iniciado la renovación del convenio más numeroso de Euskadi, el del Metal en Bizkaia, que afecta a casi 70.000 trabajadores. Y es que la apuesta de Gobierno vasco, de las diputaciones y de los gestores sigue pasando por los planes de empleo, aquellos en los que aporta la empresa y el trabajador. Es lo que han defendido los gestores de estas figuras de ahorro al presentar el balance del año pasado. Un 2025 en el que lograron un récord de patrimonio con 31.667 millones gracias a las aportaciones de los socios de los 1,192 millones de planes abiertos en Euskadi y a una rentabilidad media de algo más que el 6%. El presidente de la federación ha defendido que con la entrada plena en vigor de la reforma fiscal «se añade un aliciente por las deducciones que tendrán las aportaciones y la exención del cobro de los intereses generados». Además, Etxebarria ha destacado que la creación de figuras nuevas, como la EPSV de autónomos y la impulsada por la patronal vizcaína Cebek, Etorkizuna, han abierto nuevas ventanas de participación sumando 605 y 7.820 socios respectivamente.

El indiscutible arraigo de Geroa en Gipuzkoa hace que, según los datos facilitados ayer por la Federación de EPSV de Euskadi y por el Gobierno Vasco, el porcentaje de trabajadores que tienen suscrita una entidad de previsión social de empleo sea infinitamente más alto que en el resto de Euskadi. Tanto que esa tasa se eleva al 41,14% en el territorio, por encima de la media europea, frente al 15,36% de Bizkaia y el 17,8% de Álava, con un promedio en el conjunto de la comunidad autónoma del 24,2%. A la luz de esos datos, el presidente de la Federación, Ignacio Etxebarria, reiteró su llamamiento a que las EPSV de empleo preferentes (en las que aporta tanto el trabajador como la empresa) entren de lleno en la negociación colectiva, algo que ya sucede de manera natural en el territorio histórico guipuzcoano y que el sector –igual que el Ejecutivo vasco– quieren trasladar al resto de Euskadi. «En los convenios en los que están implantadas las aportaciones a una ESPV de empleo, ya no se discute en las siguientes renovaciones; como tampoco nadie negocia con la cotización a la Seguridad Social», declaró Etxebarria en clara alusión a Geroa, que tras nacer en 1996 de la mano del Convenio del Metal está presente en otros 23 convenios del territorio. El mensaje del máximo responsable de las EPSV vascas tenía como destinatarios principales a las empresas y los sindicatos en Bizkaia, donde se negocia de nuevo el Convenio del Metal, que afecta de manera directa a 70.000 personas. Sin embargo, la imitación de la fórmula Geroa no es tan sencilla, puesto que los empresarios lo ven como un gasto y a los representantes de los trabajadores tampoco les motiva demasiado la idea de restar euros al salario que cada mes llega al bolsillo de los trabajadores.

El patrimonio gestionado por las entidades de previsión social voluntaria (Epsv), la versión vasca de los planes de pensiones, rebasa el listón de 32.000 millones de euros, tras cerrar 2025 en 32.696 millones, un 6% más. Este importe equivale a un tercio (el 33,2%) del PIB de Euskadi, lejos del promedio nacional del 8,3%. El ahorro de los vascos para complementar sus pensiones futuras ronda de media los 25.000 euros, una cuantía que “debe mejorarse” ya que sólo supone 145 euros al mes en un horizonte de 15 años, según el presidente de la federación de Epsv, Ignacio Etxebarria. Los responsables del sector de entidades de previsión y el director de Política Financiera del Gobierno vasco, Juan Alberdi, presentaron ayer los datos de las Epsv en 2025 y valoraron las mejoras fiscales aprobadas por las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Estas ventajas tributarias –algunas vigentes ya en 2025 y otras estrenadas este 2026– buscan impulsar las entidades de empleo y el rescate en forma de renta. Así, para los cobros en forma de renta vitalicia o en más de 15 años las Haciendas forales aplican distinto tratamiento a las partes correspondientes a la aportación y a la rentabilidad: la aportación se integra en la base general, y la rentabilidad queda exenta. Esta exoneración se aplica desde el 1 de enero de 2026. Si el rescate es en forma de capital la parte aportada se integra como rendimiento de trabajo en la base imponible al 70%, y la parte correspondiente a los intereses acumulados va a la base del ahorro. En Euskadi, la tarifa máxima del ahorro es del 25%, y el tipo marginal del IRPF es el 49%.

Artículo de Ángel Baguer Alcalá, doctor ingeniero industrial y profesor emérito de Tecnun: "El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país. Se entiende por absentismo las ausencias de un trabajador respecto al tiempo previsto de su jornada, estén o no justificadas. Más allá del debate ideológico, los datos muestran que estamos ante un fenómeno estructural con efectos preocupantes sobre la competitividad, el empleo y la sostenibilidad del sistema productivo... En este contexto, Euskadi destaca negativamente, manteniéndose durante todo el año entre las comunidades con mayor absentismo, cercana en momentos al 10%...No todo se explica por la salud individual. Existen factores estructurales y sociales que agravan el problema. Las demoras en diagnósticos, tratamientos y revisiones, dentro de la sanidad pública, prolongan bajas más allá de lo necesario. El envejecimiento de la población activa incrementa la frecuencia de enfermedades crónicas. Las condiciones laborales —sobrecarga de trabajo, precariedad, desmotivación, dificultades de conciliación— afectan directamente al bienestar y al compromiso del trabajador...En cuanto a los factores estructurales, la respuesta pasa por una mayor inversión en centros hospitalarios y personal sanitario. Sanidad, educación y justicia deben ser prioridades estratégicas de cualquier país avanzado. Respecto al cambio climático es preciso adaptar protocolos de prevención para proteger a los trabajadores. Referente a las condiciones de trabajo, conviene desterrar simplificaciones. El absentismo no siempre es subversión ni picaresca, ni tampoco responsabilidad exclusiva de las empresas. Con frecuencia es consecuencia de desmotivación, mala gestión, culturas organizativas deficientes y comportamientos fraudulentos...En cuanto a las bajas médicas, el rigor es compatible con la humanidad. Los médicos deben contar con protección institucional para evitar presiones, y los inspectores asumir un papel activo. Por último, frente a los abusos deliberados, la legislación debe ser firme, proteger a quien deniega o acorta bajas laborales de manera justa y penalizar al engañador. Proteger al trabajador honesto implica actuar contra quienes parasitan el sistema. Los sindicatos, si realmente defienden el empleo, deberían ser los primeros en asumir esta responsabilidad. El absentismo es una bomba silenciosa que exige decisiones valientes antes de que el coste económico y social sea irreversible". 

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se reunió ayer con el Círculo de Empresarios Vascos en Getxo, donde abordaron, sobre todo, la compleja coyuntura internacional como consecuencia de la guerra de Irán. Durante la reunión, a la que también asistió la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, Torres, que mañana presidirá la junta de accionistas que se celebra en Bilbao, aprovechó la ocasión para destacar la fortaleza económica de Euskadi y la relevancia que el territorio tiene en los planes del banco. En este sentido, detalló que el pasado año puso a disposición de las empresas vascas 3.614 millones en nueva financiación, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, y acompañó a 5.000 compañías en su internacionalización. Además, desveló que más de 2.000 nuevas pymes y grandes empresas del territorio eligieron a BBVA como su banco en 2025.

«Entendemos la huelga y las reivindicaciones, pero no la forma en la actuaron algunos piquetes. Nos pareció violento, nos quedamos en shock». Es la sensación que comparten los trabajadores y comerciantes de algunas tiendas de Bilbao que ayer martes tuvieron que bajar la persiana y arreglar los desperfectos causados por la huelga general convocada por los sindicatos ELA y LAB por un salario mínimo propio. «Nos parece perfecto que luchen por un salario mínimo de 1.500 euros, pero no es la manera. No pudimos abrir en todo el día y hemos tenido que apañar todo entre los empleados de la tienda. No se dan cuenta de que los que acabamos pagando somos nosotros, los trabajadores», lamentan desde Pull&Bear, uno de los comercios donde se generó la mayor tensión durante la jornada de la huelga. A pesar de que la Ertzaintza hizo barrera en la mayoría de los comercios que recorrieron los piquetes, en este punto de la Gran Vía no encontraron agentes que les detuvieran y se adentraron en el interior del establecimiento, donde generaron importantes destrozos. Además de los gritos y el lanzamiento de pasquines, golpearon la persiana, desordenaron las mesas, lanzaron pintura y arrojaron al suelo varios percheros, burros con ropa y algunos maniquís. También provocaron daños en las columnas que están situadas en los accesos del comercio para evitar robos. Numerosas prendas quedaron tiradas por toda la tienda y se generaron momentos de «tensión» entre los trabajadores.

Escala la tensión en el campus alavés de la UPV/EHU. Estudiantes radicales han enviado en los últimos días correos electrónicos a profesores y trabajadores en los que anuncian su intención de acudir a sus despachos para recabar apoyos a sus posiciones y en contra de «la campaña de criminalización a la que se ha visto sometido el movimiento estudiantil en las últimas semanas». Un paso que ha sido interpretado en ámbitos académicos y sindicales como una forma de presión directa sobre el profesorado, en un clima que se ha enrarecido más desde la publicación del manifiesto firmado por 40 docentes contra la deriva del campus. En ese escrito denunciaban el cierre de las instalaciones el pasado 23 de febrero con motivo del acto convocado por VOX al mismo tiempo que el Rectorado permitía que «grupos ultranacionalistas campen a sus anchas» por los centros. Este envío masivo de emails, en algunos casos remitido por IAS, sección estudiantil vinculada a GKS, y en otros por particulares, ha provocado las primeras reacciones. Docentes y personal administrativo han trasladado a EL CORREO su alarma por «las amenazas crecientes» de este colectivo, mientras el sindicato UGT ha puesto los hechos en conocimiento del rector, la secretaria general de la UPV/EHU y el adezle (defensor universitario) reclamando que se adopten medidas. Tanto UGT como CC OO han denunciado en las últimas semanas pintadas amenazantes.

El veto de AEK a CC OO en la Korrika ha desatado una tormenta política con la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, pidiendo evitar las «trincheras» en torno al euskera, el PSE renunciando a participar en la carrera y el PNV criticando las exclusiones pero también el «uso político» del euskera. ELA, por su parte, avaló el veto a CC OO. La Korrika, una movilización en principio lúdica, festiva y plural en defensa del euskera, destapó ayer, bajo la superficie reivindicativa y colorista, una enorme fractura política, social y sindical en Euskadi, con los requisitos lingüísticos para acceder a un empleo público como telón de fondo. Hasta tal punto que el veto de los organizadores a la participación de CC OO en la carrera popular acabó precipitando la renuncia del PSE-EE a participar en la edición de este año, que comienza hoy en Atharratze (Iparralde). Los socialistas vascos consideran que la exclusión del sindicato es una «manifestación de intolerancia que no se merece el euskera» y que, lejos de promover «consensos» amplios en torno al aprendizaje y uso de la lengua vasca, «sitúa la iniciativa en un terreno muy apartado de la pluralidad que dice promover». La exhibición de carteles y fotografías de los presos de ETA en ediciones anteriores ya había situado a la Korrika en el ojo del huracán –y provocado el distanciamiento de partidos como el PP, que sí tomaron parte años atrás–, pero la decisión de expulsar a Comisiones de la carrera por el papel protagonista del sindicato en los recursos judiciales contra las exigencias «excesivas» de euskera en las ofertas públicas de empleo, llevó la polémica este miércoles a un nivel superior. 

ELA ha afirmado que CCOO es el "principal agente para obstaculizar la normalización del euskera en las administraciones, ha buscado fórmulas jurídicas ocultando sus siglas para eliminar perfiles lingüísticos en oposiciones en las que no había ningún tipo de interés o de personal afectado para recurrir, quiere posicionarse como víctima de ataques y está criminalizando la legítima crítica política". ELA ha asegurado que "es perfectamente legítimo criticar la postura contra el euskera del sindicato CCOO y eso no es ningún ataque". "Decir en una pancarta que CCOO es enemigo del euskera es una crítica meramente política, algo que los sindicatos hacemos muy a menudo en nuestra acción", ha señalado en un comunicado, en el que ha acusado a CCOO de querer utilizar Korrika para "justificar una actuación contraria a los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes", por lo que ha considerado que AEK ha tomado una decisión "absolutamente coherente". Por su parte, LAB asegura que "al igual que en las últimas ediciones, la Korrika de este año se celebrará en un contexto de ofensiva contra el euskera y contra los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes. Es más, en los últimos días se ha hecho público que esta ofensiva ha sido organizada y promovida por diversos sindicatos, partidos y agentes euskera-fóbicos, tal y como LAB ha denunciado en repetidas ocasiones", ha indicado el sindicato abertzale.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para el expresidente del BBVA, Francisco González (82 años), por la contratación de José Manuel Villarejo presuntamente para espiar a empresarios de la competencia, políticos y periodistas entre 2004 y 2016. El Ministerio Público ha presentado su petición de prisión para González después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmase que debe sentarse en el banquillo. La elevada pena de prisión responde a la solicitud de cinco años de prisión por el delito continuado de cohecho activo y cuatro por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero por los que se le acusa. En realidad, el límite de cumplimiento es el triple de la pena más grave que se pida para él, por lo que no podría ser superior a los 15 años. El escrito de acusación de la pieza 9 del caso Villarejo también se dirige contra el BBVA como persona jurídica responsable, solicitando para la entidad la pena de multa de 5 años a razón de 5.000 euros al día por el delito continuado de cohecho activo y 5.000 euros al día durante dos años por los 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero. Un total de 181,1 millones de euros. Anticorrupción también solicita el archivo para al exconsejero delegado del banco en aquella etapa, Ángel Cano, pero reclama diez años de prisión para Villarejo por los mismos delitos que González. 

Después de un par de meses de especulaciones, el Gobierno ha hecho oficial su descontento con la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha trasladado a la ejecutiva de Indra su “preocupación” por el conflicto de intereses que supone que la compañía adquiera la empresa de su propio presidente, Ángel Escribano, y que hoy dirige su hermano, Javier, quien también está sentado en el consejo de administración de Indra. “En la comunicación remitida, SEPI ha trasladado a Indra su preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha“, ha dicho la SEPI en un documento remitido anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La SEPI ha señalado que este conflicto de intereses “debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación. Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra“. Esto significaría que el Estado no está dispuesto a seguir adelante con la operación mientras Escribano siga siendo el presidente de Indra. Esta semana, los mercados reaccionaron negativamente ante los rumores que apuntaban a que Moncloa quería desplazar de su puesto al directivo, con una caída en Bolsa del 4,19% el martes. Ayer, su valor se mantuvo casi plano, con una bajada mínima del 0,2% a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo, que ha llegado finalmente al cierre de los mercados.

El efecto dominó sobre los precios de la guerra en Irán ya se empieza a notar. Y mientras el Gobierno se afana por diseñar el primer paquete de medidas de alivio que llevará mañana viernes al Consejo de Ministros, crecen las llamadas de auxilio sectoriales para que no se les olvide. Es el caso del sector de la construcción, que temiendo quedar fuera del escudo del Ejecutivo, recuerda su «vulnerabilidad» ante subidas de precios energéticas y de materias primas y de cómo estas pueden acabar por paralizar obras públicas o proyectos de vivienda estratégica, tan necesarios hoy en nuestro país. Así se lo ha trasladado Pedro C. Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta remitida este miércoles y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. «El sector de la construcción tiene una profunda preocupación por la previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales –así como por su creciente escasez– como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, cuestiones que podrían incrementar los costes de producción para las empresas y agravar la situación de incertidumbre e inestabilidad», apunta. El presidente de la CNC recuerda a Sánchez que las empresas de su sector muestran una gran exposición a los precios de las materias primas, pero también a los la energía, que ya representan cerca del 30% del total de los gastos de producción de sus empresas. En determinados proyectos de obra pública, en los que utiliza mucha maquinaria pesada, el gasto en gasóleo llega a suponer hasta el 40% del presupuesto, explica.

El incremento de las retribuciones medias y la fuerte subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sumadas a las subidas de cotizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos años ha elevado notablemente el coste de las contrataciones que afrontan los empleadores. Precisamente, por este motivo, las organizaciones empresariales vienen poniendo de relieve la resiliencia del tejido productivo para mantener una senda pujante de creación de empleo en un contexto de incremento de costes laborales, a los que se suman el encarecimiento de los costes de producción por efecto de la inflación. En este sentido, los últimos datos de la Encuesta de Costes Laborales publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de un incremento notable de las cotizaciones que los empleadores abonan a la Seguridad Social. En los últimos siete años, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, el coste de las cotizaciones sociales se ha incrementado en cerca de un 30% (29,2%, concretamente), pasando de 650,4 euros de media por trabajador al mes en el cuarto trimestre de 2018 a 840,9 euros en el mismo periodo de 2025. Estas cotizaciones comprenden las aportaciones legalmente establecidas que el empleador hace a la Seguridad Social en favor de sus empleados para cubrir las prestaciones derivadas de situaciones de enfermedad, maternidad, accidente laboral, invalidez, jubilación, familia, supervivencia, desempleo, formación profesional, garantía salarial, o cualquier otra contingencia cubierta por el sistema.

El Gobierno español y el británico firmaron ayer un pacto de colaboración que busca facilitar los traslados de profesionales y empresas entre ambos territorios, mediante la agilización de trámites o la eliminación de la exigencia de visados para los profesionales británicos que lleguen a España para prestar sus servicios profesionales en periodos inferiores a 90 días. En una declaración conjunta, firmada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra británica de Economía y Hacienda, Rachel Reeves, ambos gobiernos mostraron su compromiso de “adoptar medidas bilaterales para aumentar la prestación de servicios entre Reino Unido y España”. El pacto se articula en el marco de la estrategia del gobierno británico de recuperar las relaciones entre Reino Unido y la UE tras el Brexit, y después de que el país anglosajón haya experimentado una importante caída en el total de visados de entrada concedidos. Según Reeves, ambos territorios “tienen muchísimo que ganar de una relación más sólida. Y apreciamos enormemente el apoyo del Gobierno español a la hora de ayudar a Reino Unido a desempeñar un nuevo papel más fuerte en Europa, porque somos un país europeo y nos vemos a nosotros mismos en el corazón de Europa”, afirmó. Por su parte, Cuerpo destacó en la rueda de prensa posterior a la firma que “es precisamente en los momentos de mayor volatilidad e incertidumbre global cuando más necesitamos estar cerca de nuestros aliados. Reino Unido es el socio más importante de la Unión Europea fuera de sus fronteras, y España ocupa un lugar privilegiado en esa relación”.

El Banco Central Europeo (BCE) está analizando “con mucha atención” los últimos acontecimientos relacionados con los fondos de crédito privado. Compañías como BlackRock o Morgan Stanley han paralizado los reembolsos de algunos de sus fondos ante la tensión en los mercados y el supervisor bancario está pendiente de los posibles efectos que esto pudiera tener sobre la estabilidad del sector, según reconoció Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión bancaria del BCE ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. “Con frecuencia existen relaciones crediticias entre los bancos y las entidades no bancarias. Por eso, hemos estado muy atentos para comprender cuáles son estos vínculos, cómo podrían los riesgos repercutir en el sector bancario y cuáles son las exposiciones de los bancos”, expresó la banquera central. El BCE no tiene competencias sobre la supervisión del crédito privado y otras entidades de financiación no bancarias, pero lleva alertando años sobre sus potenciales riesgos en sus diferentes Informes de Estabilidad Financiera, en los que ha reclamado medidas para mejorar la transparencia del sector. “Hemos observado mejoras, pero desde la perspectiva de un supervisor, siempre se encuentran aspectos que se pueden mejorar”, aseguró ayer Buch.

Profundizar en el mercado único pasa también por eliminar barreras administrativas y homogeneizar normas para que las empresas puedan moverse con más facilidad. Este es el objetivo de lo que la Comisión Europea denomina Régimen 28, una iniciativa que pretende acelerar la creación de una empresa para que pueda hacerse, exclusivamente por vía digital, en 48 horas y con un coste máximo de 100 euros. También propone una vía acelerada para resolver las bancarrotas en seis meses para las “empresas innovadoras”, estandarizando el proceso para que no sea necesario buscar abogado. El reglamento que lanza el Ejecutivo de la UE, sin embargo, no entra en las regulaciones laborales o fiscales de cada Estado miembro. Bruselas confía en que el proyecto esté listo para final de año. El Régimen 28, en alusión a uno nuevo —más allá de los 27 miembros de la UE— que no fuera exclusivo de ningún país, es una idea que lanzó el ex primer ministro italiano Enrico Letta en su informe para avanzar en la integración del mercado único. La idea es que las empresas que opten por él —será opcional y no elimina los que hay en cada país— tengan más libertad a la hora de desarrollar su actividad en la Unión. Por ejemplo, sin tener la obligación de crear una filial o designar un representante local que le abra la puerta a recibir ayudas; o poder operar con la cuenta corriente bancaria abierta en otro Estado miembro. Las sociedades que se creen tendrán el apellido de EU Inc.