20260615

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La ceremonia oficial que validará el pacto tendrá lugar este viernes en Suiza. Más de cien días después del ataque que Donald Trump y Benjamín Netanyahu lanzaron contra el régimen de los ayatolás, y tras varios intentos fallidos de poner fin a un conflicto que ha impactado en la economía mundial, Estados Unidos e Irán cerraron ayer un acuerdo. Fue el inquilino de la Casa Blanca, en plena celebración de su 80 cumpleaños, el encargado de anunciar el pacto. «¡Ya está completo!», escribió en su red social, Truth, cerca de la medianoche española. El documento, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, será sellado el próximo viernes (19 de junio) en una ceremonia en Suiza, detalló Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país que ha ejercido de mediador entre Washington y Teherán en los últimos meses. Trump había asegurado a lo largo del fin de semana que el acuerdo con la República Islámica estaba a punto de cerrarse –«en las próximas horas», llegó a decir el sábado– pero los antecedentes, con varios falsos anuncios de un inminente pacto, no invitaban al optimismo. Tampoco llevaba a ello el último episodio ocurrido en Líbano, donde un ataque israelí contra Beirut se cobró tres vidas y desató de nuevo las amenazas de Irán. Pero esta vez las negociaciones, que en abril ya alumbraron el actual fuego, dieron frutos. El contenido del documento que firmarán estadounidenses y persas en unos días en Suiza –no se concretó el lugar– no había trascendido al cierre de esta edición pero, según Pakistán, contempla el cese de las hostilidades en territorio libanés. 

Garbiñe Biurrun Expresidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, asegura que «no tiene ningún prejuicio» respecto a los empresarios y alerta del colapso en los juzgados. Miembro de Jueces por la Democracia, feminista y euskaldun, Biurrun ha tenido una destacada exposición pública en debates y tertulias y nunca ha ocultado sus posiciones políticas progresistas, pero defiende que eso no condiciona sus resoluciones judiciales. "...Tengo 66. Si estoy bien de salud seguiré trabajando. Que no se asuste nadie. – No sé si lo dice por los empresarios, que en repetidas ocasiones se han quejado de que ven ideología en sus fallos, al inclinarse en exceso por la parte social. – Es que no quiero ni contestar a eso. Todavía no sé por qué dicen esas cosas. – ¿Cuál es su imagen del empresario? – Es que hay de todo. Aquí vemos empresas minúsculas; un empresario es un señor o señora que tiene un empleado del hogar. Y un empresario es Tubos Reunidos o Siemens Gamesa. Yo no tengo ningún prejuicio de ninguna clase. Aquí se dictan sentencias de todos los colores. Además, si alguien tiene interiorizado que te corrijan somos los jueces. Nadie recibe tantos palos como nosotros por resoluciones revocadas. Y no nos mosqueamos...– En la reclamación de ELA y LAB contra Confebask por negarse a negociar un salario mínimo vasco le dio la razón a la patronal. ¿No es posible negociar un SMI entre empresas y sindicatos que se aplique a todos los trabajadores en Euskadi? – Eso es, no es posible porque es competencia del Gobierno del Estado. Solamente se podría negociar un salario mínimo para los convenios pactados en Euskadi. Pero siempre quedaría la posibilidad de que el Gobierno vasco reclame una delegación de competencias...– ¿Están recibiendo más casos de despidos colectivos (ERE)? – Quizás unos pocos más, pero no demasiados. – ¿Les llegan ERE justificados por el avance de la inteligencia artificial? – Aquí todavía eso no ha llegado. – Las empresas recurren cada vez más a detectives para controlar las bajas laborales. Ha habido varios fallos de lo Social en este sentido. ¿Se nota el aumento de este tipo de casos? – Sí se ven casos. Han aumentado los despidos en los que la empresa alega que un trabajador de baja estaba haciendo una actividad ‘x’ y cada vez más, en estos casos, se recurre a la utilización de pruebas de detectives..."Hemos fijado una indemnización de 5.500 euros por el abuso de temporalidad..."

Se acaba de cumplir un año desde que Ternua Group, emblemática compañía textil de Arrasate con las enseñas de Ternua, Loreak Mendian, Astore y Lorpen, entrara en concurso de acreedores por no poder hacer frente a una deuda de 16 millones de euros. Tras meses de incertidumbre y negociaciones, hoy es el día en el que se puede afirmar que las marcas encaran el futuro con ilusión y nuevos propietarios. Tal y como este periódico les ha venido contando en exclusiva a lo largo de los últimos doce meses, Dikar, de la Corporación Mondragon, adquirió Ternua por 1,5 millones de euros; Loreak Mendian fue comprada por 800.000 euros por Borobitex, creada por Víctor Serna –antiguo fundador de la marca– y otros dos socios, y los calcetines Lorpen se siguen produciendo en la planta navarra de Etxalar gracias a la inversión de 400.000 euros de su plantilla. Estas tres operaciones se cerraron el pasado otoño. La última en venderse ha sido Astore, que está en manos de empresarios riojanos a través de Oxium y Más Por Menos, que apostaron por el logotipo y el stock, respectivamente, en varios movimientos que arrancaron en enero y finalizaron en primavera. El tránsito hasta este punto no ha estado exento de dificultades ni de un profundo desgaste emocional para unas plantillas que vieron tambalearse el trabajo de muchos años.

Lointek ingeniaritza enpresak 30 urte bete berri ditu. Serafín (sortzailea eta zuzendari exekutiboa), Javier (zuzendari exekutiboa) eta José Antonio Loroño anaiek gidatutako enpresa Urdulizen kokatu zen aspaldi, eta ez dio hazteari utzi orduz geroztik. Berriki, haren laguntzarekin sortu dute Erresuma Batuko iraupen luzeko energia-biltegiratze planta handiena, aire likidozkoa. Munduko liderra den Highview enpresarentzat garatutako sistema termikoak datozen asteetan entregatuko ditu Lointekek. Energia berriztagarria epe luzeetan biltegiratzea ahalbidetuko du plantak, airea tenperatura oso baxuetan hoztuz eta likido bihurtuz. 2027an hasiko da lanean azpiegitura, eta 50 urtetik gorako bizitza erabilgarriarekin diseinatu da. LAES (Liquid Air Energy Storage) teknologiari esker, energia berriztagarria denbora luzez biltegiratu ahalko da. Gehiago irakurri hemen. 

Las empresas afrontan el reto de adaptarse a una generación, la de los 'centennials', que cambia más de empleo y que prioriza la flexibilidad horaria, la cercanía en el trato, y el bienestar por delante del salario y la carrera profesional. Durante décadas, millones de personas han seguido el mismo camino: formación, acceso al empleo y permanencia en una misma empresa hasta la jubilación. Ese modelo se ha resquebrajado con la llegada al mercado laboral de la generación Z —personas nacidas entre 1997 y 2012—. Su incorporación tiene lugar en un contexto radicalmente distinto al de las generaciones anteriores, marcado por la digitalización, las guerras, pandemias y una creciente incertidumbre económica. Estos condicionantes, hacen más difícil el acceso a un puesto de trabajo.

El no del PSOE durante meses, la primacía de otros proyectos y la falta de respaldo de la mayoría de investidura mantienen esta iniciativa en el limbo, sin traslación al Boletín Oficial del Estado pese al extenso periodo que lleva en la agenda de Trabajo. El proyecto ideado para atenuar la precariedad de los becarios inició su diseño en la primavera de 2022, con el comienzo de la negociación del ministerio, los sindicatos y las patronales. El primer episodio extraño de esta historia llega en otoño del mismo año, cuando los sindicatos y Trabajo alcanzaron un primer pacto, pero que anularon después para intentar atraer a la patronal. Aquel acuerdo eliminaba las prácticas extracurriculares, las que no forman parte del plan de estudios y cronifican etapas de precariedad ante la vaga esperanza del estudiante de acceder a un empleo. Entonces la mayoría parlamentaria era más favorable para PSOE y Unidas Podemos, sin la necesidad del concurso de Junts para cada iniciativa. Se reabrió la negociación y sindicatos y Trabajo acordaron un nuevo texto que no eliminaba las extracurriculares, pero sí las limitaba, concesión que no sirvió para atraer a la CEOE y a Cepyme. El proyecto, que también contempla la compensación de gastos de transporte o alimentación en los que incurran los estudiantes, fue presentado el 15 de junio de 2023, con las elecciones generales del 23 de julio en el horizonte. En torno a una hora antes del acto en Trabajo, fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Economía trasladaron a los medios que el estatuto del becario estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”.

El envejecimiento de la población permea ya toda la economía. La edad media en España supera los 45 años y la más frecuente –la moda– ha alcanzado los 49 en un contexto en el que el 20% de los ciudadanos tiene ya más de 65 años. Y esto no solo cae a plomo sobre el sistema público de las pensiones, que cada vez soporta más jubilados con las aportaciones de menos trabajadores, sino que empieza a pesar también en las empresas, que ven ya el envejecimiento de sus plantillas como un riesgo organizativo de primer nivel. La fuerza laboral envejece y los datos lo atestiguan: el 51% de los trabajadores tienen en la actualidad más de 45 años, frente al 36% de 2010. En algo más de tres lustros la proporción de mano de obra en ese rango de edad ha aumentado nada menos que 15 puntos, prácticamente a un ritmo de un punto por año. Y el problema se acentuará en cuestión de pocos años, ya que se prevé que a lo largo de la próxima década se jubilen 5,2 millones de trabajadores y se incorporen al mercado laboral apenas 1,8 millones. Dicho de forma más directa: por cada nuevo empleado habrá tres jubilados. Los datos los recoge EY en un informe interno. Bajo el título Brújula del talento sénior, la firma de servicios de consultoría ha puesto negro sobre blanco para sus socios el reto del envejecimiento y todas sus aristas. Y sitúa este fenómeno en un contexto de «replanteamiento y reforma de nuestro actual sistema de pensiones para orientarse hacia una prolongación de la vida laboral» en el que «la edad efectiva de jubilación se está desplazando hacia los 65-67 años y cada vez hay más incentivos a su demora y mayores restricciones para la jubilación anticipada».

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que acabará el día 30 ya ha permitido que 900.000 personas extranjeras residentes en España hayan presentado su solicitud a 15 días de que expire el plazo. Hasta 360.000 de estos expedientes ya se han tramitado. El proceso, que facilitará a los solicitantes obtener un permiso de trabajo y de residencia y contar con los derechos y deberes consecuentes, está alcanzando cotas que van más allá de las previsiones iniciales del Gobierno, que manejaba la cifra de medio millón de beneficiarios. La cifra de solicitudes ya supera en más de 200.000 el anterior récord, que data de 2005. Si todo sale como está previsto, esta regularización será la más amplia de las cuatro que se han hecho en España. Con todo, los trámites no se cerrarán antes de otoño.

Cuando José Donoso asumió la dirección general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), en 2012, el sector atravesaba su particular viacrucis. El Gobierno de Mariano Rajoy había recortado drásticamente las primas a las renovables, frenando en seco su desarrollo. Catorce años después, la foto es otra. La fotovoltaica se ha desplegado a velocidad de crucero hasta convertirse en la mayor baza para atraer inversiones a España. Pero hay una cara B. Las rápidas entradas y salidas de energía solar han disparado los desequilibrios en la red, un desafío sin precedentes que rasgó las costuras del sistema eléctrico el día del gran apagón. El incidente reavivó el discurso antirrenovable y obligó a Unef a salir en defensa de una tecnología clave para la competitividad nacional. "Es una tecnología sencilla con un recurso homogéneo. Si mueves 200 metros un aerogenerador, pueden caer sus horas de producción y su rentabilidad. Pero el sol es el mismo aquí que a 50 kilómetros al sur, al este o al oeste. Es su gran ventaja. A ello se suman las características de España. Más del 90% del sector se ha desarrollado en los últimos años en condiciones de mercado, porque aquí una planta produce entre 1.900 o 2.000 horas al año, el doble que en el norte de Europa. Además, tenemos territorio para desarrollar grandes plantas y economías de escala...En lo económico supone que España, por primera vez en su historia, tiene una ventaja competitiva en energía... Las renovables están regalando, incluso pagando, toda la energía que consume España en horas de sol. El actual sistema de fijación de precios marginalista no funciona con las renovables porque se basa en costes variables, que estas no tienen. Llegar a un mix 100% renovable en 2050 haría que el precio fuese cero todo el tiempo. Parece la panacea, pero no llegaremos porque no se dan las señales para seguir invirtiendo. Toca esperar a que suba la demanda por encima de la oferta..."

Acuerdos para financiar coches eléctricos; para vender luz y móviles al mismo tiempo; para coinvertir miles de millones en renovables; para renovar calderas; para instalar placas fotovoltaicas; incluso para plantar árboles; o para iluminar la Sagrada Familia en la visita del Papa. Es solo una parte de la frenética carrera en la que se han enzarzado las energéticas españolas para firmar alianzas de todo tipo con decenas de empresas de otros sectores, muchas de ellas variopintas. Solo en los últimos meses se han anunciado un centenar de acuerdos, en muchos casos con apenas minutos de diferencia, como si lo importante fuera más exhibir músculo que el rival, al margen de la consistencia de las alianzas. El bombardeo es incesante. Sobre todo por parte de las cinco grandes energéticas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve. Pero también se extiende a otros grupos, como una epidemia sin control. Acciona Energía, Audax, BP, EDP, Galp, Grenergy, Imagina Energía, Plenitude, Redeia, Solaria y Totalenergies son solo algunas de las empresas que han entrado en esta dinámica.

El mandato de la actual presidenta, Cani Fernández, expira mañana martes, 16 de junio, y con él concluyen también el de otros tres consejeros de un total de nueve miembros efectivos: Josep María Salas (ligado al entorno de ERC), Carlos Aguilar (vinculado a Podemos) y la vacante que dejó Pilar Sánchez en enero para incorporarse como consejera independiente a Cajamar. En total, son cuatro asientos que han abierto cuatro frentes en el Ministerio de Economía, Moncloa y algunos socios del Gobierno para negociar entre bambalinas el nombre del sucesor que tendrá en su mano regular, sancionar y fijar las reglas del juego de sectores que mueven miles de millones de euros al año. Aunque sobre el papel se trata de un regulador independiente, en la práctica su Consejo es un mapa político tan detallado como el hemiciclo del Congreso y los partidos saben que cada renovación es una oportunidad para colocar perfiles afines en un organismo que, entre otras atribuciones, decide cuánto cobran Iberdrola, Endesa o Naturgy por mantener sus redes. El proceso formal es el siguiente: primero, el Gobierno presenta su candidato a propuesta del Ministerio de Economía; después, la Comisión de Economía del Congreso examina la idoneidad de los candidatos –puede vetar, pero sin mayoría suficiente, fijada en 18 votos sobre un total de 35, el veto no prospera–; y, finalmente, el cónclave ministerial firma los decretos de nombramiento como paso previo a la toma de posesión de los designados.

La cuenta atrás ha terminado para buena parte de las grandes empresas españolas. La obligación contemplada en la ley de paridad (aprobada en 2024) de que las mayores cotizadas del país tengan una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus consejos de administración comienza a correr a partir del próximo 30 de junio. Esto se traduce en que, al menos, el 40% de estos asientos deben estar ocupados por el sexo menos representado. Tras dos años de transición, la fotografía ofrece una conclusión clara: la mayoría de las compañías del Ibex 35 ha hecho los deberes. Pero también revela otra realidad: las mujeres siguen siendo una minoría en los puestos donde se concentra el poder ejecutivo y en la alta dirección. Los datos recopilados a partir de la información publicada por las compañías en sus páginas corporativas muestran que los consejos de administración de las 35 sociedades que componen el selectivo español están integrados por un total de 423 personas. De ellas, 181 son mujeres. Es decir, la representación femenina alcanza así el 42,8%, por encima del umbral exigido por la ley. La cifra supone un gran cambio respecto al escenario que presentaban las grandes cotizadas españolas hace apenas una década, cuando la presencia de mujeres en los consejos era todavía testimonial en numerosos casos. Sin embargo, el avance pierde fuerza cuando se observa quién ocupa los puestos de gestión diaria dentro de los órganos de gobierno. De los 52 consejeros ejecutivos presentes en el Ibex 35, solo cuatro asientos están ocupados por mujeres, apenas un 7,7%.

El préstamo a las grandes empresas españolas es cosa de tres. CaixaBank, BBVA y Santander han disparado su dominio sobre las operaciones sindicadas a un nivel histórico en los cinco primeros meses de 2026, y eso que JPMorgan, ING y Sabadell han reforzado su presencia en el negocio. Más de seis de cada 10 euros prestados han pasado por las manos de CaixaBank, BBVA y Santander. La cuota conjunta roza el 62%, con 8.944 millones de euros concedidos en crédito corporativo. Son 20 puntos más que el peso que tenían el año pasado a cierre de mayo, según los datos de Bloomberg. No es un triple empate. CaixaBank está por delante de los demás después de adelantar a BBVA, que lideró el grupo durante los primeros meses del año. Santander ocupa la tercera posición, pero cualquiera de los tres está a años luz del resto de los contendientes en el negocio de los préstamos sindicados. Son los tres únicos bancos que superan la cota de los 2.000 millones en crédito, y lo hacen por mucho. CaixaBank ha concedido 3.633 millones de euros entre enero y mayo, BBVA se queda en 3.121 millones y Santander, en 2.190 millones. Entre los tres han participado en la práctica totalidad de las grandes operaciones del año. 

"Hasta el momento presente, la inteligencia artificial (IA) ha venido circulando por una autopista libre de señales de tráfico. Los algoritmos han campeado a su antojo en un placentero vacío legal. Pero, como era de esperar, el equilibro se ha vuelto inestable y las dudas han hecho su aparición. Ha progresado la conciencia de que la IA alberga un peligro extremo con profundos interrogantes en el ámbito de la responsabilidad, que resulta inaplazable contestar. El próximo 2 de agosto, la Unión Europea responderá a ellos mediante el ‘Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial’. Sin embargo, al confrontar la expectación inicial con los documentos oficiales, sorprende la extrema meticulosidad del legislador. Europa no solo prohíbe las prácticas de riesgo intolerable –como puntuar a los ciudadanos según su conducta para premiarles o penalizarles, o la veterana manipulación subliminal–, sino que veta también el rastreo facial público o el control de las emociones en el trabajo. El reglamento regula con igual firmeza los sistemas de alto riesgo que impactan en el empleo, las finanzas o la salud. Pero el verdadero núcleo habita en su arquitectura de responsabilidades: la ley no persigue al algoritmo en abstracto, sino a la conducta de los agentes que integran su cadena de valor...Más allá de su impacto técnico, el próximo mes de agosto marcará la mayoría de edad de esta tecnología. Se emplaza a la inteligencia artificial a dirimir la gran controversia de nuestro tiempo: si prevalecerá la sutil dominación colonizadora de sus creadores o si habrá de someterse, sin distingos, al servicio de las personas". 

Leire Díez Exmilitante del PSOE y ‘fontanera’ de Ferraz Asegura que vale más «por lo que callo que por lo que digo» y está convencida de que la están «utilizando» para llegar a Sánchez. "Lo que tengo absolutamente claro es que nada es delito, ¿vale? Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más. Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Todo esto es una guerra mucho más profunda de lo que parece. He visto casi de todo, pero hace solo 48 horas he salido en ‘shock’ de un sitio donde he pensado: ‘Lo llaman democracia y no lo es’...Aquí se compra y se vende la vida de la gente. El problema que tiene Pedro Sánchez es que, por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada. Yo no lo sé porque es cierto que nunca he estado con él...En mi vida he estado con él. En Moncloa estuve una vez en un acto de Igualdad cuando Carmen Calvo era ministra... Pero si por tener mal carácter no le vas a decir lo que piensas, pues poca lealtad tienes entonces. Pedro Sánchez tiene muchas virtudes, pero también un defecto: se rodea de gente que no es capaz de decirle las cosas. Cuando llegas a determinados niveles no decir es lo mismo que... no sé. A estas alturas, desconozco si tiene algún conejo en la chistera o no. Pero se han equivocado en esta estrategia absolutamente y absurdamente...¿Dónde está la patrimonial de Cerdán que lleva un año para salir? Cinco millones no se pueden guardar en cualquier ladrillo. Han metido a un tío en la cárcel seis meses porque, supuestamente, a dedo alzado, según el magistrado, se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones. O sea, cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado..."

Suiza rechazó ayer en referéndum imponer en su Constitución un tope de 10 millones de personas a la población del país en el horizonte de 2050. La iniciativa del PP suizo (SVP/UDC en sus siglas en alemán y francés), el mayor partido del país (con un 30% de los escaños del Parlamento) y defensor de un programa marcadamente antiinmigración y asilo, ha dividido profundamente a una sociedad que ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas dos décadas, al pasar de 7,5 millones de personas a 9,1 millones. Ese aumento de población se ha producido en gran medida por la entrada de ciudadanos comunitarios gracias al acuerdo de libre circulación de personas acordado entre Suiza y la UE. Un 54,8% de los votantes desestimó la idea de poner un candado al número de habitantes para frenar las entradas de migrantes, frente a un 45,2% que la apoyó, según los datos del escrutinio, ya finalizado. Los proponentes admitieron su derrota. En caso de haber prosperado la medida, Suiza se habría convertido en el primer país en establecer por la vía constitucional una cifra máxima de población. Gracias a los acuerdos bilaterales con Bruselas, Suiza tiene acceso al mercado único, aunque no forma parte de la Unión Europea. Con una economía que demanda trabajadores, especialmente los cualificados, han entrado en el país más de un millón de personas de la Unión Europea desde 2002. La población extranjera supone el 27,6% del total; y, de ellos, el 67% son comunitarios. La propuesta populista ponía en riesgo la relación con Bruselas porque, en última instancia, exigía la ruptura con la libre circulación de personas del bloque comunitario.