20260630

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Gobierno empieza a levantar el pie del escudo energético. El Consejo de Ministros aprobó ayer, en una convocatoria extraordinaria adelantada un día para que las medidas lleguen a tiempo al Boletín Oficial del Estado, el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El texto, que necesitará del visto bueno del Congreso de los Diputados, inicia la retirada gradual de la ayuda general a los carburantes, mantiene el apoyo a los sectores más expuestos y deja preparadas cláusulas de reactivación si los precios vuelven a dispararse. El nuevo paquete moviliza 1.825 millones de euros en 2026, a los que se suman otros 2.700 millones derivados de la reducción progresiva hasta su eliminación del impuesto sobre la producción energética. El Ejecutivo busca así renovar el escudo anticrisis en un contexto en el que la inflación se mantuvo en el 3,2% en junio y en el que, según sus cálculos, las ayudas y rebajas fiscales aprobadas el pasado 20 de marzo permitieron contener los precios en un punto porcentual adicional. «En las últimas semanas hemos visto una moderación de la incertidumbre, pero todavía no encontramos unos niveles de precios similares a los de antes de la guerra», señaló Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno. 

Dentro del segundo real decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, el Gobierno aprobó ayer la desaparición progresiva del impuesto a la generación eléctrica del 7%, “la única rebaja fiscal estructural del escudo anticrisis”, como señaló la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también se aprobó la revisión del cuadro económico que servirá como referencia para elaborar los PGE. Al igual que en el caso de las rebajas temporales a los carburantes, el Ejecutivo ha establecido un plan en varias fases. En este caso, concluirá en 2028, con la desaparición total del impuesto a la generación eléctrica; pasando por una reducción del 30% desde mañana y hasta septiembre; del 40% en el cuarto trimestre del año; y del 50% en el conjunto de 2027. De esta forma, el tributo alcanzará el 4,9% en el tercer trimestre del año y se reducirá al 4,2% entre octubre y diciembre antes de alcanzar el 3,5% durante el próximo año, antes de su extinción definitiva desde el 1 de enero de 2028. El fin del impuesto a la generación eléctrica era una de las principales reclamaciones de las organizaciones empresariales y, en el caso del sector industrial, “permitirá aumentar la producción en 2.600 millones de euros y crear unos 3.700 empleos”, según apuntó Aagesen.

El Gobierno confía en que la economía española cerrará 2026 con un crecimiento del 2,6% pese a la incertidumbre geopolítica y la presión inflacionista de la guerra en Oriente Medio. Se trata de su previsión más optimista desde noviembre –cuando estimó un 2,2% antes de que comenzara el conflicto– que supera lo que anticipan los principales organismos nacionales e internacionales. Con esta revisión de las proyecciones macroeconómicas, refrendada por primera vez por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Moncloa reivindica el impacto positivo de su escudo anticrisis y pone la primera piedra para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2027, los primeros de esta legislatura. Según los cálculos del Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, España crecerá un 2,2% para 2027 y se mantendrá por encima del 2% en 2028 y 2029. La actualización del crecimiento proyectado para el PIB de España incluye el impacto de los fondos europeos –a la espera de que Bruselas dé luz verde al desembolso del sexto pago– y contando con que la Comisión Europea apruebe el séptimo y último desembolso después de que el Gobierno cumpla con los hitos del Plan de Recuperación comprometidos antes de agosto. Mientras tanto, la inflación vuelve a situarse en el 3,2% en junio por tercer mes consecutivo en plena desescalada de medidas anticrisis por la guerra de Irán, según los datos avanzados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este mes la electricidad y el gas pasaron a contribuir al alza de la inflación debido a la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio. Sin embargo, los combustibles y lubricantes para vehículos personales mantuvieron sus bonificaciones en el sexto mes del año y tiraron a la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La mancha de aceite de las sospechas sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se extiende ya hasta la actual cúspide del organismo. Después de que los tribunales hayan puesto en su punto de mira los rescates de Plus Ultra o Air Europa durante la pandemia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio ayer el paso de imputar directamente a la presidenta actual Belén Gualda. Lo hizo en la investigación sobre la ‘trama Hirurok’ de amaños de expedientes públicos que lideraban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente del organismo Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, y en la que también estuvo encuadrado Santos Cerdán. Además de a Gualda, el instructor encausa a otras 24 personas, después de que la Fiscalía Anticorrupción apreciara indicios de criminalidad en una red que, según el Ministerio Público, habría influido en ayudas públicas, contratos, adjudicaciones y operaciones en el entorno de la Sepi. Entre los imputados conocidos ayer están el director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, el expresidente de la compañía Francisco Irazusta y el que fuera miembro del consejo de administración hasta hace dos semanas Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Serían responsables de haber abonado un total de 250.000 euros entre 2021 y 2025 por beneficiarse de un presunto tráfico de influencias para el rescate público de la empresa y el aplazamiento de un pago de 12 millones.

La maraña de corrupción que se cierne sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha acabado por salpicar a su presidenta, Belén Gualda (Granada, 52 años), que fue imputada ayer por la Audiencia Nacional en el marco del conocido como caso Leire Díez, en el que la supuesta fontanera del PSOE trató de influir en el rescate a empresas públicas. Después de que el anterior presidente de la SEPI y el vicepresidente del brazo empresarial del Estado fueran imputados, la máxima representante del holding también deberá prestar declaración ante el juez, Santiago Pedraz, en calidad de investigada. Gualda ocupa el puesto de presidenta de la SEPI desde marzo de 2021, donde se ejerce control e influencia —al menos sobre el papel— de grandes empresas como Telefónica, Red Eléctrica, Enagás, Indra, Correos, RTVE o Navantia. Su nombramiento llegó después de meses en los que el puesto estuvo vacante. María Jesús Montero, entonces vicepresidenta que, como ministra de Hacienda, era la máxima responsable del conglomerado de participaciones empresariales del Estado, quería recuperar a Vicente Fernández, que dimitido por su supuesta participación en el caso Aznalcóllar, del que fue absuelto en 2025. Pero fue entonces cuando se destapó su relación con Leire Díez y la presunta trama de corrupción.

La jueza de lo mercantil de Vitoria y el administrador concursal de Tubos Reunidos, PKF Attest, abrieron ayer formalmente la ventana para recibir las ofertas por la compañía, inmersa en un concurso de acreedores desde el 4 de mayo. Quedaba pendiente incorporar al proceso a la matriz, la compañía que consolida los resultados de todas las empresas del grupo y que cotiza en Bolsa. Un trámite que comunicó ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La situación, tras varios retrasos, ha hecho que las primeras ofertas vinculantes de los interesados por Tubos Reunidos no estén encima de la mesa hasta septiembre. La documentación que concreta el auto de reglas que rigen el concurso señala que el 7 de septiembre es la fecha en la que se cerrará el acceso a los libros de cuentas de Tubos Reunidos. A partir de ahí, los interesados tendrán cinco días hábiles para enviar su primera oferta formal de adquisición, es decir, el 15 de septiembre. La extensión de plazos afecta de lleno a la caja de la empresa que, según explicó el administrador concursal a la plantilla, tiene lo justo para aguantar hasta septiembre con los pagos a proveedores básicos para la actividad y las nóminas. El caso es que hasta ese mes la jueza y el administrador concursal no podrán empezar a analizar las ofertas presentadas. En cuanto a las prioridades, como ya apuntó el auto con las reglas del concurso del pasado 15 de junio, por encima del precio, se priorizarán las ofertas que lleguen al conjunto del grupo y que se comprometan a mantener su viabilidad y plantilla.

Astore sigue vivo. En las calles y en las tiendas. Y también en las líneas de producción. Más Por Menos, la empresa riojana que compró los derechos de la marca deportiva de Arrasate que pertenecía a Ternua Group antes de entrar en concurso de acreedores, ya fabrica calzado con aquella enseña en la localidad riojana de Arnedo. En concreto, botas y sandalias. Además, los nuevos propietarios, que desembolsaron 60.000 euros por la marca en primavera además de hacerse con un stock de 45.000 prendas en enero, estudian fórmulas para recuperar el icónico pantalón largo de color blanco que los pelotaris de Aspe y Asegarce lucieron durante cerca de tres décadas durante sus partidos profesionales, según ha podido saber DV de fuentes solventes. Más Por Menos, que atesora tres tiendas en Gipuzkoa –Oiartzun, Zarautz y Anoeta–, además de otras en La Rioja, Navarra, Álava, Barcelona y Madrid, sigue a la espera de cerrar el proceso de patentes y marcas. Un trámite burocrático y legal obligatorio en el que se formaliza el cambio de titularidad para que el nombre, el logotipo y los diseños de Astore pasen oficialmente de Ternua Group a Más por Menos. Un paso puramente administrativo pero indispensable para que los nuevos dueños puedan explotar y proteger legalmente la firma sin riesgos.

El plazo para presentar las solicitudes a la regularización extraordinaria de las personas extranjeras finaliza hoy, pero las colas y las listas de espera todavía no han terminado ni siquiera para quienes ya han obtenido el permiso. Aunque los consulados (donde se recogía documentación), las oficinas de correos (en las que se podían entregar) y los consistorios (donde se solicitaban los certificados de empadronamiento) ya vuelven a la normalidad, ahora el cuello de botella parece haberse trasladado a las instalaciones de la Policía Nacional donde se toman las huellas digitales. Las listas de espera para registrarlas y obtener así la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) que acredita su permanencia legal en España se alargan durante meses. Finalmente, frente a los 500.000 potenciales beneficiarios previstos por el Gobierno central, y a falta de verificar los casos y resolver duplicidades, ayer se trasladó que las solicitudes han superado los 1,2 millones. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran no tener datos concretos para el País Vasco y señalan que «el proceso se está desarrollando con absoluta normalidad», algo que el presidente Pedro Sánchez prevé abordar hoy en una comparecencia.

Después de más de un año de bloqueo, el personal laboral de las diferentes administraciones ya puede acceder de nuevo a la jubilación parcial. Se trata de los empleados contratados por organismos como ayuntamientos, diputaciones, universidades o el propio Gobierno vasco mediante un contrato laboral, y no como funcionarios. El desbloqueo ha sido posible después de que el Gobierno aprobara ayer un real decreto-ley que permite a los entes públicos contratar a los trabajadores relevistas necesarios para sustituir a quienes opten por reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros extraordinario, que ahora deberá ser convalidado por el Congreso, desbloquea miles de solicitudes de jubilación parcial que permanecían paralizadas desde abril del año pasado. El motivo fue la entrada en vigor de una reforma que obligaba a que el trabajador relevista fuera contratado de forma indefinida y a jornada completa.

El Gobierno Vasco y el Gobierno central retomarán mañana, miércoles, las negociaciones para avanzar en dos encuentros las transferencias más complejas y sensibles que aún permanecen pendientes de desarrollo del Estatuto de Gernika: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y el traspaso de los puertos de interés general de Bilbao y Pasaia. Ambas cuestiones concentran desde hace años buena parte del debate político e institucional entre Vitoria y Madrid, y representan el principal escollo para culminar el calendario ante su próxima cita, la Comisión Bilateral presidida por el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez prevista en principio la última semana de julio. El Ejecutivo autonómico estará representado en ambas reuniones por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, acompañada por responsables de su departamento. Por parte del Gobierno central participarán el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quienes mantienen desde hace meses contactos periódicos con el Ejecutivo vasco para tratar de acercar posiciones. El Gobierno Vasco ha optado por mantener un estricto hermetismo sobre el contenido de las conversaciones, consciente de la sensibilidad política e institucional de los asuntos que se encuentran sobre la mesa. La discreción Promoción, apoyo y financiación de la pequeña y mediana empresa ha presidido las reuniones celebradas en los últimos meses, tanto a nivel político como técnico, con el objetivo de evitar filtraciones que dificulten el desarrollo de unas negociaciones especialmente complejas.

La resolución no afecta a todos, solo a las decenas de estudiantes que recurrieron ante los tribunales . El fallo dice que no se garantiza el anonimato en la corrección, como exige el decreto que regula la PAU, La EHU recurrirá la decisión y alerta de que las medidas cautelares son de «imposible cumplimiento». La polémica por los ceros y las bajísimas calificaciones en el examen de Euskera de la PAU apunta a convertirse en un problema de endiablada solución. Ayer, en un giro de guion que casi nadie esperaba, la Justicia estimó las medidas cautelares solicitadas por las familias de los estudiantes afectados por el aluvión de malas notas en Lengua Vasca y Literatura. Lo hicieron varios tribunales que, en esencia, ordenaron lo mismo: que el resultado que obtuvieron los alumnos en esa prueba no sea tenido en cuenta de cara a elaborar la puntuación media que se utiliza en el proceso de matriculación en cualquier universidad del país –ya que el acceso a los estudios superiores se rige en España por el criterio de distrito único–.La decisión se ha tomado de forma acelerada porque en el caso de la EHU el plazo de inscripción concluye hoy mismo. En todo caso, las medidas cautelares sólo afectan a las familias que presentaron una demanda judicial por la vía de lo Contencioso-Administrativo, no son de aplicación general. Según las fuentes consultadas, son varias decenas las que, representadas por el bufete Picaza Legal, recurrieron a los juzgados. Los tribunales (son, al menos, tres diferentes) obligan a la EHU a adoptar dos medidas cautelares, según señalan en autos idénticos. La primera, que las notas del examen de Euskera «no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos del cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula». En segundo lugar, exigen a la EHU la «efectividad inmediata de la medida» y le requieren «la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso».

El Consejo de Ministros aprobará “en próximas semanas” un nuevo decreto con “medidas estructurales” en materia de vivienda que llevará al Congreso de los Diputados en julio, antes del cierre del curso político, con el que pretende alcanzar el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios y que incluirá, entre otras iniciativas, la subida del IVA de los alquileres turísticos al 21% o la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, entre otras. “Se trata de un texto ambicioso y transversal que ataca al problema de acceso a la vivienda de forma integral con soluciones que se pueden agrupar en dos grandes bloques”, anunció ayer la ministra portavoz del Gobierno y titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en este sentido. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana especificaron que el decreto que prepara el Gobierno incluirá, de un lado, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, así como la prórroga de alquileres que la Cámara Baja tumbó a mediados de abril. También la obligatoriedad de que todos los contratos sean por escrito y un paquete de bonificaciones en el IRPF para los caseros que bajen el precio de sus arrendamientos. Con estas medidas, el Gobierno busca “bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler”, señalan.

Nuevo varapalo a España en el pulso judicial que mantiene con los fondos de inversión internacionales por los recortes de las primas prometidas a las energías renovables. El Supremo de EE UU ha rechazado la petición de amparo presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez dejando «firme» la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y poniendo fin al último intento del Estado español de bloquear la ejecución de los laudos arbitrales derivados de la eliminación de estas ayudas. La decisión del Alto Tribunal norteamericano deja intacta la sentencia para que los fondos acreedores puedan seguir adelante con los procedimientos para hacer efectivas las condenas en territorio estadounidense por un importe total de 700 millones de euros. La estrategia española consistía en argumentar que los tribunales federales no tenían competencia para conocer estos asuntos y que el Circuito de Columbia había interpretado mal la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). El caso en cuestión al que afecta esta decisión es el que enfrenta al Gobierno de España con la firma Blasket Renewable Investments, que ha canalizado parte importante de las denuncias presentadas por el grupo de empresas acreedoras, a las que España debe más de 2.300 millones de euros por esos recortes. Estas fuentes aseguran que esta resolución supone una «importante victoria» para los inversores afectados por los cambios regulatorios retroactivos introducidos por España.

Héctor Hernández, director general de Finanzas, de Relaciones Externas y Legado, ha dejado de formar parte del comité de dirección de Mercadona, al que ha pertenecido durante los últimos 23 años, y se ha desvinculado de la compañía de distribución. La empresa señaló ayer en un comunicado que la salida se produce tras alcanzar un acuerdo. Héctor Hernández agradeció al presidente de Mercadona, Juan Roig, “la confianza que la compañía siempre ha depositado” en él, lo que le ha permitido consolidar “una carrera profesional basada en la promoción interna y ejercer diferentes responsabilidades dentro de la empresa”. Hernández también dio las gracias a sus compañeros del comité de dirección, así como a todos aquellos empleados del grupo con quienes ha colaborado estrechamente durante las últimas dos décadas. La empresa reconoció ayer “su dedicación y esfuerzo durante todo este tiempo, y su contribución a construir el proyecto empresarial que hoy representa Mercadona”. Fuentes cercanas a la compañía señalan que la salida de Hernández se ha producido de mutuo acuerdo con Juan Roig, con el que aseguran que se mantiene una buena relación, aunque, tras 23 años en el equipo directivo, seguramente han podido surgir diferencias.

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo confirmó ayer una multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso a Indra por la creación de un cártel para diversas licitaciones públicas para el suministro de servicios tecnológicos a la Administración española. “La resolución sancionadora de la CNMC de 26 de julio de 2018 declaró acreditada una infracción única y continuada muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva de cártel, en licitaciones convocadas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además de a Indra, declaró responsables a otras empresas y situó las prácticas acreditadas entre 2005 y 2015”, detalló ayer el Tribunal Supremo en su comunicado. La resolución de la CNMC considera que el modo de operar de las empresas comprendía el conocimiento anticipado de las licitaciones gracias a contactos en el seno de las administraciones contratantes y la formalización de acuerdos privados de colaboración –no comunicados a la Administración– con porcentajes de reparto que no siempre coincidían con los notificados en los acuerdos públicos de constitución de las uniones temporales de empresas (UTE).

Europa ha decidido redoblar su apuesta por Airbus. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una línea de financiación de hasta 3.000 millones de euros para el fabricante aeronáutico, en la mayor operación corporativa autorizada hasta la fecha por la institución. Con el préstamo histórico para la compañía paneuropea —con programas en Alemania, Francia y España— la UE busca, a través de su órgano financiero, lanzar una señal de que la industria aeroespacial, tanto civil como de defensa, es un activo estratégico para competir en la nueva era de rivalidad tecnológica y geopolítica. La primera fase del acuerdo, firmada ayer en Bruselas, consiste en un préstamo de 1.000 millones de euros destinado a financiar investigación y desarrollo hasta 2030 en Francia, Alemania y España. El dinero respaldará tecnologías de doble uso —civil y militar— que abarcan desde la próxima generación de aviones comerciales hasta sistemas avanzados de defensa, espacio y fabricación digital. “Estamos desplegando toda nuestra capacidad financiera para reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad europea”, afirmó la presidenta del BEI, Nadia Calviño. 

La Unión Europea cumplió ayer el último trámite para adoptar formalmente la reforma que obligará a los fabricantes europeos a utilizar al menos un 25% de plástico reciclado en la composición de los coches nuevos que saquen al mercado a los diez años de la entrada en vigor de la norma, con un primer objetivo intermedio de un 15% a los seis años. El pleno del Parlamento Europeo dio su visto bueno hace dos semanas y sólo quedaba el aval del Consejo (gobiernos) para su formalización, el cual se produjo ayer en una reunión de ministros en Luxemburgo, lo que permitirá su entrada en vigor una vez se publique en el Diario Oficial de la UE (DOUE) durante los próximos días. Los Estados miembros tendrán a partir de entonces un plazo de dos años para trasladar la norma a su legislación natural, con el objetivo de dar también a la industria margen para adaptarse a los cambios. La Comisión Europea, por su parte, deberá establecer objetivos futuros para otros materiales –como el acero reciclado, el aluminio o las materias primas críticas– a partir de un estudio de viabilidad que deberá finalizar al cabo de un año de la aplicación de esta norma. Las nuevas pautas también prohibirán exportar vehículos que ya no sean aptos para circular en la UE, con el objetivo de recuperar materiales críticos.

El Banco Central Europeo (BCE) está cómodo en el escenario actual de la política monetaria pese a la subida de la inflación derivada de la guerra en Oriente Medio. Christine Lagarde, la presidenta de la institución con sede en Fráncfort, entiende que tiene la sartén por el mango y que no tiene por qué precipitarse, pues puede modificar las tasas para aplacar los precios sin temor a causar un terremoto financiero, algo que en el pasado era una auténtica pesadilla. Así lo señaló ayer en su discurso en la apertura del Foro de Bancos Centrales, que celebra su decimotercera edición en el ya habitual resort Penha Longa de Sintra (Portugal). En la cena inaugural de la versión europea de Jackson Hole, la banquera central ha afirmado con convicción que “podemos subir las tasas para combatir la inflación sin preocuparnos de que el propio endurecimiento de la política monetaria se convierta en una fuente de tensión financiera”. El mundo ha cambiado enormemente desde aquel momento de 2011 en el que Jean Claude Trichet, entonces presidente del BCE, generó una tormenta en la deuda soberana europea al elevar las tasas ligeramente cuando las primas de riesgo se encontraban bajo presión. Ahora, Lagarde asegura que el BCE tiene la capacidad para “recurrir a los tipos de interés como su herramienta principal de acción”, en lugar de estar pendiente de los bandazos de los diferenciales de los bonos.

A medida que transcurren los días desde el devastador doble terremoto que asoló Venezuela el pasado miércoles, el malestar crece y las quejas sobre el procedimiento de emergencia activado por el Gobierno de Delcy Rodríguez resultan más intensas. Poblaciones a las que ayer todavía no había llegado el auxilio del Estado, cadáveres rescatados de los escombros que han sido extraviados después de ser entregados a los servicios médicos y morgues atestadas sin patólogos ni medios suficientes de conservación se cuelan en mitad de una tragedia que mantiene al país conmocionado. El miedo sigue muy presente. Un seísmo de magnitud 4,6 azotó este lunes de nuevo el devastado Estado de La Guaira. De las 500 réplicas registradas desde el doble temblor de 7,2 y 7,5 grados de la semana pasada, este último fenómeno –localizado a diez kilómetros de profundidad y a 27 al norte de la maltratada localidad de Caraballeda– hizo que los ciudadanos salieran aterrorizados a los descampados. A los bomberos y equipos de salvamento se les heló la sangre ante el movimiento súbito de las montañas de escombros que les rodeaban. La ventana de supervivencia ha sido superada y ahora cualquier persona recuperada con vida entra en la categoría de milagro. «Somos cautelosos pero urge seguir buscando aunque las ruinas se caigan a pedazos a tu lado. Ya es un rastreo desesperado», explica el rescatista Nestor Humanes, un veterano ‘topo’ mexicano.