20260911

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tal y como se detalla en el último newsletter de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en agosto a 56.848. Son 224 empresas menos que en julio, pero 376 empresas más que hace un año, esto un +0,7%, el crecimiento interanual más elevado desde abril de 2022.  Eso sí, todavía respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se computan 2.045 empresas menos (-3,5%), habiéndose recuperado el 3% de las empresas perdidas en la pandemia. Volviendo a los datos del mes de agosto, y en comparación con los de agosto de 2025, por territorios, crece el número de empresas en Bizkaia y Araba, y desciende en Gipuzkoa. En cuanto al número de autónomos se redujo en agosto se alcanzó un total de 166.028, con un crecimiento interanual del +0,6%, sumando así cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual. Por último, en cuanto al número de empresas concursadas, ascendió en el primer semestre de 2026 a 159, la misma cifra que en el primer semestre de 2025, mientras que en el Estado se redujo un -0,2%.  Por sectores, en el primer semestre el número de empresas concursadas se redujo en industria, se mantuvo igual en servicios, y creció en construcción. Leer más en Confebask. Leer newsletter completo. 

Los datos trasladados por Confebask no evitan la bajada estacional entre julio y agosto, cuando el número de empresas se redujo en 224 (en la comparativa con agosto del año pasado, sin embargo suma 376) y el de las personas autónomas que lo hizo en 461 (pese a superar el millar –en concreto 1.036– en la evolución anual). Por territorios, en el último año han incrementado su número de empresas Bizkaia y Álava (lo hacen en un 1,2% y en un 1%, respectivamente) mientras que Gipuzkoa ha reducido su cifra ligeramente (apenas un 0,1%). Los datos trasladados por la confederación empresarial reflejan también que durante el primer semestre se mantuvo estable el número de empresas concursadas. Hubo 159, igual que el año pasado, frente al 0,2% que se redujo en todo el Estado. Industria fue el sector menos afectado (36 firmas en total, un 2,6% menos), se estancaron los servicios (sigue en 101) y creció en la construcción (un 16,7% más con 21 empresas).

Las elecciones para el Pleno de las cámaras de comercio de Euskadi se celebrarán el 27 de octubre y la elección del presidente y del Comité Ejecutivo, aunque aún no se ha fijado la fecha de forma definitiva, se llevará a cabo previsiblemente el 19 de noviembre. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó este pasado miércoles la convocatoria de elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y Gipuzkoa, según han informado las cámaras en un comunicado. Las votaciones para la elección de los miembros del Pleno de estas corporaciones se celebrarán el próximo 27 de octubre de 2026. Todas las empresas de la Comunidad Autónoma Vasca están llamadas a participar en el proceso, ya que todas ellas están representadas en las Cámaras de Comercio. Las empresas tendrán opción de elegir a los miembros del Pleno, así como de ser elegidas. El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de las Cámaras de Comercio y está compuesto por 156 vocales --60 de Bizkaia, 60 de Gipuzkoa y 36 de Álava--.

Gregorio Rojo se aparta. El presidente de la Cámara de Comercio no dará la batalla por la reelección a la presidencia de la entidad. «Me gustaría seguir, pero si no tengo el apoyo de SEA no voy a entrar en ninguna disputa. Las cosas son como son», confirmaba ayer. El máximo responsable de la entidad cameral asume de este modo el final de una larga etapa marcada por más de dos décadas de liderazgo empresarial y despeja una incógnita que hasta el pasado junio amenazaba con generar un cisma entre los empresarios alaveses. Porque a Rojo, que mantenía firme su voluntad de encarar un nuevo mandato, le acompañaron una serie de movimientos internos para movilizar apoyos que le permitieran postularse. La patronal SEA ya le había trasladado que no iba a poder darle su cobertura, como hasta ahora. De hecho este periódico avanzaba ya en abril que estaba preparando su relevo a través de una persona vinculada a la propia Ejecutiva de la institución que preside Juan Antonio Sánchez Corchero. En el último gran evento público de la Cámara de Comercio, celebrado en junio, se esperaba que Rojo se despidiese. Pero no lo hizo, lo que generó sorpresa y cierto malestar. 

En el caso guipuzcoano, Mauri Arregui Aulestiarte (Bergara, 1972) tiene el camino perfectamente despejado para repetir en el cargo y asumir las riendas de la Cámara de Comercio durante otros cuatro años. A esta hora no existe ninguna otra candidatura y, salvo sorpresa mayúscula, así al menos lo ha confirmado este periódico de fuentes solventes, nadie la espera. La candidatura del también máximo responsable del grupo constructor y promotor Ormak se presenta así sólida y respaldada por un primer ejercicio de su responsabilidad en el que desde finales de 2022 la institución cameral se ha volcado en intentar apoyar al tejido empresarial del territorio en la mejora de su productividad y su competitividad.

La futura reforma fiscal de Bizkaia arrancó ayer su tramitación. El Consejo de Gobierno foral dio luz verde al paquete de medidas tributarias destinado a favorecer «el arraigo empresarial, facilitar la atracción y fidelización del talento y fortalecer el vínculo entre las personas trabajadoras y sus empresas». Un texto que, sin embargo, no contó con la unanimidad del gabinete dirigido por Elixabete Etxanobe, ya que las dos representantes socialistas optaron por abstenerse. La cuestión es que el texto que llegó a la mesa del Consejo de Gobierno no era el acuerdo de mínimos sellado la semana pasada por PNV y PSE, sino el documento original que Etxanobe y la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, presentaron antes del verano en Madrid. Una propuesta que incluye, entre otras medidas, una deducción fiscal del 20% sobre las primas de los seguros sanitarios privados que los socialistas rechazan de manera frontal. Fuentes del PSE especifican que «siguen sin aceptar algunas de las propuestas planteadas» y que no comparten «ni en el fondo ni en la forma» parte del texto elaborado por su socio de Gobierno. 

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) publicó ayer en su web las bases de la convocatoria para seleccionar una gestora que será la encargada de diseñar y gestionar el nuevo ‘Programa de Inversión en Infraestructuras Avanzadas’ de al menos 400 millones de euros. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del Plan Eraldatuz 2030 que lanzó el Ejecutivo autonómico en octubre, en el que asumió el compromiso de destinar 1.000 millones de inversión pública, con el objetivo de movilizar 3.000 millones de inversión privada, con especial foco en la industria, la innovación y el arraigo empresarial. Esta nueva iniciativa está impulsada a través de Indartuz, la sociedad pública del IVF. Según destacó ayer el Departamento de Hacienda y Finanzas, este programa «constituye un nuevo hito en la colaboración público-privada de Euskadi» y es «una de las apuestas más relevantes del Gobierno vasco para reforzar la capacidad inversora del territorio en ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo económico de las próximas décadas». Bajando al detalle, las inversiones podrán dirigirse a un amplio abanico de infraestructuras avanzadas, entre ellas proyectos relacionados con energías limpias, redes e infraestructuras digitales, centros científico-tecnológicos, transporte sostenible, logística avanzada y otros activos considerados críticos para el futuro de la economía europea y vasca.

La crisis de los trenes Talgo Avril de la serie 106 suma un nuevo capítulo. Renfe ha optado ahora por retirar de la circulación otras cuatro unidades de rodadura fija que cubren el corredor Madrid-Valencia, que se suman a las dos que ya permanecían inmovilizadas, de un total de doce trenes de este tipo. Esta vez la decisión no responde a las fisuras detectadas en los bogies ni a la falta de piezas de recambio, sino a la decisión unilateral de los maquinistas de reducir la velocidad de estos trenes de 300 a 200 kilómetros por hora. La medida estaba provocando retrasos y alteraciones en el servicio, por lo que el operador ha decidido sustituir estas unidades por otros modelos para evitar que las demoras afecten a los viajeros. El Ministerio de Transportes trata de sacudirse las continuas acusaciones por los retrasos que acumula la red. El propio Óscar Puente insistió ayer en que «la puta Renfe» no siempre tiene la culpa de las demoras y recordó que una parte de las incidencias operativas responde a causas ajenas al operador, entre las que citó expresamente los fenómenos meteorológicos. Talgo tampoco quiere quedar señalado. El fabricante vasco recordó el miércoles que ha construido 121 de los 260 trenes de alta velocidad con los que cuenta Renfe, algunos de los cuales llevan hasta 14 años en servicio y recorren «prácticamente toda España» sin problemas.

Las cuarenta entidades que conforman la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea) cerraron el ejercicio 2025 con un volumen de negocio por ventas y servicios de 50 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 8,4%. Este modelo de economía solidaria logró dar ocupación a 2.200 trabajadores durante el pasado año (un 11,9% más), confirmando su papel como una vía fundamental para rescatar a los perfiles más alejados del mercado laboral.

Passion for Knowledge –P4K–, el festival internacional de ciencia organizado por el Donostia International Physics Center (DIPC), celebrará su sexta edición del 28 de septiembre al 3 de octubre en Donostia y Bilbao. El festival reunirá a seis Premios Nobel, cinco Premios Princesa de Asturias y otras destacadas figuras internacionales en una programación abierta y gratuita que busca acercar el conocimiento a la ciudadanía fomentando el diálogo, el pensamiento crítico y la curiosidad. Uno de los grandes atractivos del festival son las conferencias que cada tarde tendrán lugar en el Teatro Victoria Eugenia. Entre los ponentes figuran Anne L’Huillier, galardonada con el Premio Nobel de Física de 2023, una de las pioneras de la ciencia de los attosegundos, un campo que ha permitido observar por primera vez el movimiento de los electrones en el interior de los átomos; Brian Schmidt, Premio Nobel de Física de 2011, astrónomo y astrofísico reconocido por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo; Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, escritora cuya obra explora las conexiones entre literatura, neurociencia, filosofía y psicología; Wolfgang Ketterle, Premio Nobel de Física en 2001, quien observó por primera vez la condensación de BoseEinstein en un gas; o Marcus du Sautoy, uno de los divulgadores más reconocidos que explora cómo las matemáticas dan forma a todo.

El ‘otoño caliente’ que avanzaron en verano los sindicatos sanitarios en Osakidetza para reclamar mejoras laborales para todos los profesionales, y no solo para el colectivo médico, ya tiene fecha de inicio. Será el 30 de octubre. Ese día se celebrará la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas por SATSE, ELA, LAB, CC OO y UGT para exigir condiciones más favorables para toda la plantilla. Las siguientes tendrán lugar el 9, 10, 11 y 14 de diciembre. Las centrales consideran que el acuerdo alcanzado en julio por el Departamento de Salud con el Sindicato Médico de Euskadi ha demostrado dos cosas. La primera, que la actualización de las condiciones de trabajo de los sanitarios «es una cuestión de voluntad política». Y la segunda, que el Gobierno vasco «solo ha mostrado voluntad de mejorar la situación de los facultativos». Es por ello que el resto de sindicatos ha decidido seguir el camino iniciado por los médicos y convocar varias jornadas de huelga estos próximos meses para forzar al Ejecutivo a que estas medidas se extiendan al conjunto de profesionales del Servicio Vasco de Salud.

El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer una nueva subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, un movimiento que deja el precio del dinero en el 2,5% y que supone marcar la cota más alta en la que ha estado desde marzo del pasado año. Con este ajuste, son ya dos las alzas de tasas que ha llevado a cabo la autoridad monetaria en este nuevo ciclo de endurecimiento de sus políticas que dio comienzo con el estallido de la guerra en Irán y el encarecimiento de los precios de la energía. La situación desde entonces no solo no ha ido a mejor, sino que los escenarios más sombríos vuelven a asomar en el horizonte. El conflicto en Oriente Próximo ha enquistado el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha derivado en precios del petróleo que se sitúan ya por encima de los 100 dólares por barril de Brent, la modalidad de referencia en Europa. Con estos mimbres, a la institución que preside Christine Lagarde no le ha temblado el pulso para apretar más las tuercas a la economía. Era una decisión esperada y prácticamente telegrafiada desde hace meses, cuando la tregua entre Irán y Estados Unidos se rompió recrudeciendo el conflicto y devolviendo la presión a la inflación.

Así lo resumen el doctor en Economía de la Universidad de Deusto Massimo Cermelli y el director de Innovación de Adegi, Patxi Sasigain, quienes sin embargo no coinciden en los próximos pasos (al menos los más inmediatos) que pueda dar el supervisor europeo en el corto plazo (esto es, antes de fin de año) en su obligada tarea de intentar enfriar la economía y combatir al IPC hasta llevarlo al entorno del 2%. Cermelli lamenta que la subida de tipos supone «un doble golpe para las familias menos favorecidas». «Más gasto corriente y menos poder adquisitivo», añade, para incidir en esa idea de que «las subidas de tipos no afectan a todos por igual». Y es que, señala, al igual que Sasigain, esos movimientos benefician el ahorro al empujar a los bancos a remunerar mejor los depósitos y a los Estados a ofrecer más su deuda pública. Sasigain coincide también en que, por el momento, los denominados efectos de segunda ronda (cuando la inflación se traslada a los salarios y, como consecuencia, al resto de precios, lo que genera aún más inflación por más tiempo) no se ven. El responsable de Adegi destaca en primer lugar que, con los tipos tensionados y la inflación al alza desde hace ya meses, «el volumen de crédito empresarial, aunque sea más caro, está creciendo, también en España, lo que es una buena noticia». «Eso significa que la economía está resistiendo», insiste. «Ahora –matiza– está también claro que la subida terminará afectando a la inversión de las empresas, también en Euskadi; sobre todo, creo yo, en capítulos como la digitalización y la compra de locales o pabellones». «Al final es lo que quiere el BCE, frenar la economía», concluye.

El fuerte repunte del IPC producto de la guerra en Oriente Próximo y el intenso encarecimiento de los carburantes, con el consecuente traslado al resto de la cesta de bienes de consumo, comienza a hacer estragos en el bolsillo de los trabajadores. Pese a que las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos mantienen el pulso situándose en 3,04% de media hasta el mes de agosto, los esfuerzos para la revalorización de las nóminas resultan ampliamente insuficientes para conservar el poder adquisitivo. En agosto, el IPC interanual escaló hasta el 4,3% y la persistencia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, y el bloqueo del estrecho de Ormuz, no hacen atisbar una moderación en el corto plazo de los combustibles –el componente que está acelerando principalmente la inflación–. Sin embargo, esta circunstancia tiene otra lectura: el aumento de los costes laborales –salariales– para las empresas que están acomodando las retribuciones a la coyuntura inflacionista. Así, esta misma presión del IPC ha llevado a 343.271 empresas a efectuar subidas salariales del 4,08% de media, afectando a 2,72 millones de trabajadores, según los últimos datos sobre convenios colectivos ofrecidos ayer por el Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores de Ford Almussafes (Valencia) ven, ahora sí, la luz al final del túnel. Después de haber firmado cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) desde 2020 tras la pérdida de cuatro de los cinco modelos que producían y llevar dos años en un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) rotatorio gracias al escudo del Mecanismo RED del Gobierno, la empresa presentó ayer una oferta de subida salarial para los próximos ejercicios. La propuesta, que llega poco después de la firma del acuerdo entre Ford y Geely –la china compró el 34% de la factoría valenciana y harán cinco modelos entre ambas–, es la siguiente: en 2027, Ford ofrece un incremento del IPC real más un 1,5%, con un suelo mínimo garantizado del 3% y un máximo del 5%. Para 2028, 2029 y 2030, la subida será del IPC real más un 1%, con una subida mínima garantizada del 2,5% y un tope del 5% en cada año. 

El repunte de la inflación hasta el 4,3% en el mes de agosto ha puesto en guardia al sector de la construcción, intensivo en mano de obra. El índice de precios siente el impacto de combustibles caros por la crisis en Oriente Próximo y anticipa, según la asociación de constructoras no cotizadas ANCI, una repercusión a corto plazo en el coste laboral. La principal fuente de preocupación es que los esperados incrementos salariales no pueden repercutirse en muchos de los contratos en marcha o actualmente en licitación. El escenario para las contratistas en múltiples proyectos de obra pública se agravaría, explica el colectivo en un informe lanzado ayer, cuando no deja de subir la presión de los precios de materiales de construcción básicos. ANCI, al igual que han hecho Seopan o la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), está demandando un reequilibrio de la contratación pública allí donde no se incorpora la cláusula de revisión de previos para evitar desequilibrios financieros y, en definitiva, un colapso en los proyectos.

Menos petróleo y mucho más caro. Son las consecuencias de la guerra que, con grandes dosis de improvisación, decidió desencadenar la Administración Trump en Irán. Un conflicto que en principio iba a durar entre dos y cuatro semanas, pero que ya se prolonga casi siete meses; que no ha conseguido derrocar al régimen de los ayatolás y que, por el contrario, ha derivado en una grave crisis energética cuyas consecuencias para la economía global son solo la punta del iceberg de lo que puede estar por venir, porque lo peor es que todas las señales apuntan a una prolongación y un agravamiento del conflicto. El propio Trump ha postergado ahora el final de la guerra al menos hasta noviembre; esto es, hasta después de las elecciones de medio mandato en EEUU. Será entonces cuando, según el controvertido mandatario estadounidense, empezará a relajarse el precio del petróleo. De momento, ese escenario parece lejano (sin olvidar que los vaticinios de Trump se suelen ver incumplidos sistemáticamente). La cotización del Brent encadenó ayer su quinta subida consecutiva, disparándose un 6%, hasta los 107 dólares por barril, su cota más alta desde mayo, cuando el conflicto estaba en plena ebullición. 

Con sus 16.000 habitantes, el puerto de Mocha, en Yemen, no tuvo hasta ayer relevancia en la economía mundial. Pero ayer, las milicias hutíes, aliadas de Irán, tomaron el pueblo. Eso las pone a solo 50 kilómetros del estrecho de Bab el-Mandeb, la vía de agua que conecta el mar Rojo con el Océano Índico. Por Bab el-Mandeb pasa el 7% del petróleo del mundo. Y es la principal ruta de exportación de crudo que le queda a Arabia Saudí desde que el ataque de Israel y EEUU a Irán hizo que ese último país cerrara –o tratara de cerrar– el estrecho de Ormuz, por el que pasaba, antes de la guerra, el 20% del crudo mundial. La noticia de la toma de Mocha por los hutíes fue uno de los factores que llevó ayer el barril de crudo Brent, que fija el precio de aproximadamente el 75% del petróleo mundial, a su nivel más alto desde el 21 de mayo. Ese petróleo de referencia alcanzó los 107 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), que se usa sobre todo en EEUU pero está ganando importancia a nivel mundial, llegó a los 102 La toma de Mocha no fue la única mala noticia. Bloomberg informó de que Arabia Saudí ha notificado a sus aliados de la OPEP que su producción de petróleo cayó en agosto un espectacular 23,5%, hasta su nivel más bajo desde agosto de 1990. La razón es la guerra, que ha estrangulado su capacidad exportadora por el efecto combinado de los ataques de Irán, en el Golfo Pérsico y en la Provincia Oriental, donde están sus yacimientos de hidrocarburos, y de los hutíes en el mar Rojo.

El alza del crudo coincidió, además, con la decisión del Banco Central Europeo de volver a subir los tipos de interés (hasta el 2,5%) precisamente para tratar de contener las subidas de precios. La combinación provocó una sesión negra en la deuda mundial. El bono de Estados Unidos a 10 años cotizó en el 4,953%, doce puntos básicos más que el miércoles y cerca del umbral del 5%, que, de alcanzarlo, marcaría un máximo desde 2007. El bono español, por su parte, se aproximó al 4% con un alza de siete puntos básicos en el día. Son dos de las pocas referencias entre los países occidentales que no están en niveles de, por lo menos, 2011, como ya ocurre en Francia, Alemania, Japón o Reino Unido. Pese a que la renta fija está viviendo una turbulencia a cámara lenta, la Bolsa se toma la situación con cierta distancia: el Ibex bajó un 0,09%, mientras el Euro Stoxx 50 y el S&P 500 descendieron en torno al medio punto porcentual. El motivo se encuentra, como siempre, en Oriente Próximo. 

Tres compañías internacionales que planean proyectos de data center en España han comunicado que trasladarán sus desarrollos a otros países si la norma se aprueba en los términos en que ha planteado el Gobierno, según asegura Emilio Díaz, presidente de SpainDC, la patronal española de los centros de datos. Díaz prefiere no revelar la identidad de estos tres inversores por confidencialidad, pero explica que la suma de los tres proyectos de centros de datos suponen “una inversión conjunta de 9.000 millones de euros hasta 2029”, según el presidente de SpainDC. Esa cifra se corresponde con casi el 15% de los 67.000 millones de inversión directa acumulada en España prevista hasta 2030 en el desarrollo de centros de datos en un escenario de continuidad, según ha cifrado la patronal de los centros de datos, es decir, sin considerar el posible impacto negativo del futuro decreto. “Son solo las primeras reacciones, solamente con el anuncio de real decreto”, explica Díaz, que teme un mayor impacto en renuncias y traslados a otros países si el decreto se aprueba con las exigencias propuestas por el Gobierno.

El máximo responsable del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS, por sus siglas en inglés), Pablo Hernández de Cos, ha lanzado un serio aviso sobre los riesgos que genera la fiebre por la inteligencia artificial. Según el también exgobernador del Banco de España, “una de las características del mercado de la IA que eleva el riesgo de pinchazo es la carrera armamentística de inversiones entre las empresas, provocada por la intensa competencia, que puede llevar a estas firmas a invertir en exceso”. Si los retornos de la IA decepcionan, las consecuencias del pinchazo pueden ser superiores a otras situaciones similares tras grandes avances tecnológicos, como la fiebre del ferrocarril de 1840, la electricidad en los años veinte o las puntocom en los años noventa. Hoy, los hogares tienen un mayor porcentaje de su riqueza en acciones y los valores estadounidenses suponen una parte muy elevada de las Bolsas mundiales. De Cos ha repetido argumentos habituales en los últimos meses, como la extrema concentración del desarrollo tecnológico en un puñado de empresas y las elevadísimas valoraciones. Pero, además, ha avisado de que el gasto en capital de estas empresas es más elevado que sus flujos de caja, provocando una creciente dependencia de la deuda y del crédito privado. 

En plena eclosión de los servicios digitales, España comienza a mostrar músculo para convertirse en uno de los países líderes en este campo. El año pasado, las empresas nacionales exportaron 83.212 millones de euros en este segmento, lo que supone más de un tercio –el 36,9%– de todas las ventas exteriores de servicios, incluyendo los turísticos y los no turísticos. Este dinamismo, señalan desde la Fundación BBVA, “ha contribuido significativamente a que los ingresos por exportaciones de servicios no turísticos superen a los turísticos desde hace algunos años”, lo que certifica “un cambio estructural”. No obstante, y teniendo en cuenta la evolución de la economía digital en los últimos años, “cabe preguntarse si España está preparada para aprovechar las oportunidades que abre la expansión del comercio de servicios digitales”, afirman desde la Fundación BBVA, “cuál es el papel actual de los mismos en las exportaciones españolas y qué obstáculos debe superar el país para consolidarse como un actor relevante en este mercado”. En contra podría jugar, según explican, el destino de las ventas de servicios digitales de las empresas españolas. Muchas de sus exportaciones –alrededor de la mitad– se dirigen a países fuera del mercado único europeo, como Estados Unidos, Reino Unido o los mercados latinoamericanos, algo que “genera obstáculos y costes adicionales por la existencia de barreras normativas”. Este problema se vería agravado por la disparidad de acuerdos bilaterales, que ha tenido como resultado “una fragmentación normativa que aumenta el coste de entrada a otros mercados”.

Uber, WeRide y Avomo, la división de vehículos autónomos del grupo Moove Cars, han recibido la primera autorización nacional en España de circulación para turismos autónomos de Nivel 4, concedida por la Dirección General de Tráfico (DGT). Este permiso da luz verde a Uber junto a sus socios para iniciar las actividades de preparación del despliegue de robotaxis, entre ellas el mapeo, la validación de rutas y las pruebas de preparación operativa. La fase inicial contará con veinte vehículos con tecnología de conducción autónoma de la compañía china WeRide, que circularán bajo la supervisión de un especialista a bordo y recorrerán distintas zonas de alta demanda de la Comunidad de Madrid. La compañía pretende comenzar el servicio comercial con pasajeros a finales de este año, pero funcionará con conductor por motivos de seguridad y regulación. Según sus cálculos, pasados unos meses los coches podrían comenzar a circular de forma autónoma sin un operario a bordo, es decir, en 2027. Se trata de la primera autorización a nivel nacional en la Unión Europea para el vehículo autónomo GXR de WeRide, el coche que circulará por las calles madrileñas. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prometido que el de este miércoles en la convención republicana de Dallas sería un mitin “como ningún otro”. Durante un discurso de casi dos horas, que en su mayor parte sonó a ya escuchado, no cumplió con esa promesa, pero hizo otra. Dará, dijo, 5.000 dólares (unos 4.300 euros) “a todos los adultos estadounidenses” si los votantes permiten a los republicanos retener el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre. Son las famosas midterms y no pintan bien para los suyos, según las encuestas. “Solo pongo una condición: que ese dinero se gaste en nuestro país. No queremos que vaya para Canadá”, exclamó Trump, inmerso como está en una cruenta guerra comercial con el vecino del norte. No está claro que algo así no vaya a encontrar oposición en los tribunales ni si para poner en práctica esta medida necesitaría el acuerdo del Congreso. La ley federal prohíbe la inversión para influir en el voto, pero el “dividendo de Trump”, como ha sido bautizado por su promotor, podría salvarse porque el pago se haría efectivo una vez cerradas las urnas.