20261004

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, apela a patronal y sindicatos «a salir de las trincheras» ante el desafío de la competitividad en la industria para, dejando a un lado sus (enormes) diferencias, encontrar soluciones a los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Sólo así, asegura, se puede buscar el pacto de país que reclama, entre otros muchos, Adegi. "...-En los últimos meses, Adegi y Confebask, además de otros importantes agentes económicos vascos, alertan de la pérdida de competitividad y piden un pacto de país. ¿Se siente interpelado?- ...Yo creo que si salimos de las trincheras se podrá construir una solución mejor para la industria. Yo en esos momentos veo a muchos agentes bastante cómodos en las trincheras. Unos diciendo que hay que trabajar menos para vivir mejor y que hay que subir los sueldos y bajar las horas de trabajo, y otros diciendo que quieren más ganancias y menos impuestos. Patronal y sindicatos han de salir de la trinchera para que podamos ayudar a la industria. Sólo hay que ver como difieren en absentismo o fiscalidad...-El lehendakari ha pedido que se cuide a la «cantera». ¿Se paga mal a los jóvenes en Euskadi?- Mire, no tengo datos, pero le voy a dar mi caso personal. Yo hace 25 años me fui a Londres, pero antes tuve una oferta de una consultora aquí en Euskadi por más dinero del que se paga hoy, tomando en cuenta lo que ha subido el coste de la vida en este tiempo. Eso me sorprende. Confebask dice que todavía se pagan los mejores sueldos del Estado...Cuidar a la cantera, que es la mejor preparada que hayamos tenido nunca, significa que los sueldos que se ofrecen a los jóvenes sean atractivos para que ellos puedan hacer su proyecto vital y profesional en Euskadi. ¿Peor? Confebask dice que no, pero muchos de los que se marchan alegan como motivo los salarios...-–¿Ve factible un SMI vasco de 1.500 euros como piden ELA y LAB? –Volvemos a las trincheras. Es un tema legítimo de sacar, pero hay que buscar acuerdos entre todos..."

Continuación de la entrevista con Mikel Jauregi. "-–Hablemos de energía, consejero. ¿Qué va a pasar con el proyecto en busca de hidrógeno y helio en Aralar? ¿Va para adelante? –El hidrógeno blanco es una fuente de energía limpia pero no renovable, porque no se autogenera. Es una tecnología muy incipiente, no hay pozos de extracción en el mundo. Hay uno en Mali que lo hicieron por casualidad; buscaban agua y salió. –¿Tiene futuro? –Es, como se dice en inglés, ‘Too early to say’ (demasiado pronto para dar una opinión). Y luego está Aralar, donde tenemos una reserva natural protegida. –Aralar no se toca, y punto. El futuro pasa por no tocar Aralar...-  ¿Cómo valora el plan aprobado esta semana por el Gobierno central para paliar los efectos de la guerra en Irán? Yo estoy preocupado con esto. El Gobierno ha planteado un escudo claramente insuficiente, y lo que necesitamos en realidad es una verdadera catapulta para defender la industria. En su día les planteamos un montón de medidas y no las vemos. Insuficiente..."

El Gobierno vasco reunirá de nuevo la mesa para la defensa de la industria y las diputaciones analizarán medidas de alivio fiscal que se puedan añadir para concretarlas en el Consejo Vasco de Finanzas de mediados de octubre, donde, además, fijarán la deflactación en el IRPF. desde junio la gasolina ha subido un 35% y la tarifa de último recurso (TUR) del gas más de un 20%. Además, la industria electrointensiva agrava su problema de competitividad y esta misma semana su patronal, AEGE, ha alertado de una brecha que hace que las empresas vascas paguen por la energía un 33% más que las francesas. En el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores llevan tiempo advirtiendo de que se acercan a una situación en la que trabajar les cuesta dinero y los transportistas han amagado con iniciar movilizaciones. La herida en el cobro de impuestos de la pandemia se había recuperado y había margen fiscal para medidas de alivio, como el ajuste en el IRPF que las diputaciones realizaron en 2022 con una deflactación que superó el 7%. Ahora, en cambio, el margen fiscal para soportar el coste de las medidas de apoyo se reduce. Así lo evidencia la recaudación que hasta agosto de este año ha crecido, sí, pero un 2,7%, que es un ritmo mucho menor que el de ejercicios anteriores. El porcentaje, además, está por debajo de lo previsto en los presupuestos, que contemplan un avance del 4% para este 2026. Aunque queden cuatro meses para cerrar el año, desde la pandemia nunca se había dado una situación como esta en la que los ingresos por impuestos de las diputaciones estuvieran en agosto por debajo de lo presupuestado. De llegar así al 31 de diciembre las arcas públicas vascas dejarían de ingresar 264 millones que están presupuestados en el gasto, eso si la crisis de precios no erosiona más la recaudación hasta final de año.

Con poco margen en el IVA, ayudas, avales y aplazamientos fiscales son las principales vías de actuación para Gobierno y diputaciones. Las diputaciones analizan de modo conjunto el impacto de las medidas ya aprobadas el pasado mes de abril. Entonces cuantificaron en 540 millones una serie de actuaciones que contemplaban desde el aplazamiento de pagos hasta un incremento de la deducción por la creación de empleo y las inversiones, pasando por la agilización en las devoluciones del IVA. Los gobiernos forales, en función del impacto de ese primer paquete y de la situación económica, adoptarán nuevas medidas. Entre ellas la estrella es el ajuste del IRPF a la subida de precios, un alivio fiscal que se conoce como deflactación y que este 2026 se ha quedado en un 2%, muy por debajo de la inflación, que está en el 4,9%. 1.047 millones es la cantidad con la que el Ejecutivo cifró el primer escudo frente a la crisis de Ormuz. Una medida que presentó en marzo uniendo proyectos del Presupuesto y medidas no consumidas de las que se activaron ante los aranceles de EE UU.

La crisis económica, los vaivenes políticos y el acoso terrorista han lastrado estas dos décadas la llegada de la alta velocidad a Euskadi. Ha habido hasta una docena de fechas de inauguración fallidas. Desde que empezara a materializarse la ‘Y’ vasca han pasado por el cargo tres presidentes del Gobierno, cuatro lehendakaris, cinco consejeros de Transportes y siete ministros de Fomento. Sobre el proyecto empezó a debatirse en los años 80, y aunque se ideó casi a la vez que el AVE Madrid-Sevilla que lleva 34 años funcionando, fue aquella primera piedra que se colocó el otoño de 2006 en la localidad alavesa de Arrazua-Ubarrundia la que puso en marcha un contador que sigue sin detenerse. Pese a ser declarada «prioritaria» por la UE y por el Gobierno central para facilitar el tránsito de pasajeros y mercancías hacia Francia y Europa, el desarrollo de la ‘Y’ vasca se ha visto frenado por todos los condicionantes socioeconómicos y técnicos imaginables. Y por una cierta dosis de desidia institucional en algunos momentos que alimenta la sensación de agravio.  En estas dos décadas en España se han construido 2.850 kilómetros de AVE y una treintena de estaciones. La alta velocidad ha llegado a capitales como Málaga, Zaragoza, Valencia y Burgos –competencia directa para las urbes vascas en la atracción de empresas y eventos–, pero también a ciudades mucho más modestas como Calatayud, Villena, Antequera y Otero de Sanabria.

Nuria López de Guereñu (PNV) Consejera de Transportes entre 2005 y 2009. Cuando se le pide que exprese lo primero que se le pasa por la cabeza a la hora de hablar sobre el TAV, lo tiene claro. «Retrasos». Fue consejera vasca de Transportes y Obras Públicas en el Gobierno de Juan José Ibarretxe de 2005 y 2009, ese periodo en el que todo echó a andar y en el que asegura que ya percibió «falta de compromiso económico» de Madrid para progresar al ritmo adecuado. López de Guereñu cree que las obras pudieron empezar antes –«el trazado estaba aprobado desde el 1998 y la UE lo declaró prioritario poco después»–, y se duele de los retrasos acumulados que han generado la situación actual dos décadas después. «Todo ha funcionado a impulsos políticos en este proyecto, sin visión y planificación a largo plazo». La demora, dice, «es una irresponsabilidad que tiene sus consecuencias». Entre ellas una merma de competitividad para el territorio. «Es un agravio como vascos y europeos». Por su parte, Arantxa Tapia, consejera de Infraestructuras de 2016 a 2024 con el lehendakari Iñigo Urkullu, forma parte de la última camada de representantes institucionales que se atrevió a hablar públicamente de plazos para inaugurar el TAV. Los augurios se acabaron después, y ella lo entiende. «Frustrante no, lo siguiente», califica la sensación que tenía cada vez que una estimación sobre la ‘Y’ vasca fallaba. «Nuestros cálculos siempre eran realistas y nada ajustados», defiende. Atribuyendo la responsabilidad a las decisiones que se tomaban en Madrid. Tapia es una voz más que autorizada para hablar de lo que ha pasado con la alta velocidad en Euskadi porque, además de sus dos mandatos como consejera, fue viceconsejera de Transportes durante los años en los que Euskadi se sumó al proyecto. «Ya se veía que a 2010 no llegábamos, pero a 2013 o 2015 era posible, nosotros teníamos lo nuestro planificado. A ver si se consigue para 2030», desliza bastante convencida.

En septiembre, de los 3.018 coches que salieron de los concesionarios vascos, el 20% fueron vendidos por marcas chinas. Hacen así un total de 604 unidades, alcanzando un nuevo máximo histórico para un solo mes en Euskadi. Gran parte de la penetración que están consiguiendo los fabricantes del gigante asiático en el mercado de matriculaciones vasco viene impulsada por el avance de la electrificación. En septiembre, el 35% de los vehículos vendidos en Euskadi fueron electrificados (contando eléctricos puros e híbridos enchufables), una tecnología en la que, precisamente, los fabricantes chinos pujan más fuerte que los competidores europeos gracias, por una parte, a los subsidios masivos e incentivos fiscales que han recibido durante décadas del gobierno de Pekín y, por la otra, al dominio absoluto en la cadena de valor y suministro.

El productor CATL, que roza el 40% del mercado, quiere llevar a Europa el ecosistema levantado en la ciudad china. “Uno de cada 2,5 coches eléctricos del mundo está equipado con nuestras baterías”, aseguraba el 20 de septiembre Chen Qingrong, ingeniero sénior, durante una visita a la sede central. El dato coincide, en términos generales, con las cifras de SNE Research, que atribuye a CATL una cuota mundial del 39,9%. Viajar a Ningde permite entender el modelo que CATL intenta trasladar al exterior. Junto al grupo automovilístico Stellantis, construye en Figueruelas (Zaragoza) una gigafactoría de hasta 50 GWh anuales, cuyo arranque está previsto para 2027. En Europa, produce celdas desde 2022 en Arnstadt (Alemania) y fabrica módulos en Debrecen (Hungría), donde el 22 de septiembre comenzaron las pruebas. La planta húngara podría alcanzar los 100 GWh una vez acabada. CATL cuenta, además, con otra en Indonesia, operativa desde julio. Su capacidad mundial alcanzó 772 GWh en 2025 y espera superar los 1.000 GWh este año.

Europa envejece y empieza a hacer cuentas. Con cada vez más jubilados y menos trabajadores para sostener las pensiones, el grueso de los países del Viejo Continente ha comenzado a tomar decisiones incómodas: trabajar durante más años, endurecer el acceso a la jubilación o limitar las prestaciones. El último en recorrer este camino ha sido el Reino Unido. Esta misma semana su primer ministro, el laborista Andy Burnham, ha dado un giro a una política que parecía intocable. Desde 2011, la denominada ‘triple lock’ garantiza que las pensiones suban cada año lo que más aumente entre los salarios, la inflación o un mínimo del 2,5%. La combinación de años de fuerte inflación con otros en los que los salarios han marcado la mayor subida ha generado un efecto escalera que cuesta ya cerca de 16.000 millones de libras adicionales al año. Para contenerlo, el Gobierno británico dejará de tener en cuenta desde 2030 las subidas medias de las retribuciones cuando sean la referencia más alta.

La subida que experimentarán las nóminas de los más de 10,2 millones de perceptores de una prestación pública (incluyendo aquí los funcionarios de las clases pasivas) se situará en el entorno del 3,6% –según los cálculos realizados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) para este periódico–, lo que provocará una mayor tensión financiera a un sistema que lleva en déficit desde 2012 y que no consigue cuadrar las cuentas pese a las reformas puestas en marcha. Es más, solo por esta actualización de las pensiones la factura anual para el sistema crecerá unos 7.000 millones de euros, a la que se sumarán otros 1.000 millones por las clases pasivas. Desde 2022 las pensiones contributivas se elevan de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida. El impacto será especialmente elevado en Euskadi, donde las pensiones se encuentran entre las más altas de España. La prestación media se sitúa actualmente en 1.685,58 euros mensuales y, si finalmente se confirma una revalorización del 3,6%, aumentaría en 60,68 euros a partir de enero, hasta alcanzar los 1.746,26 euros. La subida sería todavía mayor entre los jubilados, que pasarían a cobrar 1.979,08 euros, casi 69 más al mes. Las pensiones por incapacidad permanente subirían desde los 1.590,64 hasta los 1.647,90 euros, mientras que las de viudedad avanzarían 42,15 euros, de 1.170,88 a 1.213,03 euros. En Euskadi se abonan actualmente 592.807 pensiones, que suponen un desembolso mensual de más de 999,2 millones de euros para la Seguridad Social, prácticamente en máximos históricos y ya a las puertas de superar por primera vez la barrera de los 1.000 millones.

Fue corto, pero intenso. Explosivo. Un fuerte chaparrón anegó la tarde de ayer el Casco Viejo de Bilbao y provocó múltiples incidencias a lo largo y ancho de Bizkaia. Euskalmet activó el aviso naranja a las 18.00 horas por lluvias persistentes, aunque rebajó el nivel de alarma hasta el amarillo a partir de la medianoche. La lluvia llegó puntual y se fue intensificando pasadas las seis y cuarto de la tarde. De repente, por sorpresa, varios puntos de la ciudad, que no recobró la tranquilidad hasta tres horas después, se inundaron. El aguacero pilló de improviso a transeúntes y turistas que habían lucido la manga corta durante buena parte de la jornada. Mientras el Sagrado Corazón y la Gran Vía se convirtieron en piscinas, complicándoles la vida a los conductores, el Casco Viejo quedó totalmente tomado por el agua, con calles impracticables porque llegaba a la altura de las rodillas. Algunos afectados culparon a las arquetas, que no dieron abasto a la hora de canalizar semejante aporte repentino.

El modelo que ha hecho de la capital de Austria un referente en política de vivienda no es extrapolable a Euskadi, pero sí algunas de sus líneas maestras. Suelo controlado y para el interés general, no como fuente de financiación: en Euskadi el suelo es un tesoro y una fuente de enriquecimiento. Para particulares y para ayuntamientos, que durante décadas han visto en las recalificaciones y ventas de terreno público a promotoras inmobiliarias una fuente de ingresos tan potente como rápida y sencilla...El 80% de la población puede acceder a los pisos públicos de alquiler: del en torno al millón de viviendas que hay en Viena, 220.000 son propiedad del Ayuntamiento y otras 200.000 han sido construidas con subvenciones municipales y están gestionadas por cooperativas sin ánimo de lucro. Considerando otras ayudas, el 60% de los vieneses residen en viviendas municipales o subvencionadas. Todas de alquiler. Y sumando los arrendamientos libres, el 76% de la población vive de alquiler. En Euskadi, un «país de propietarios», solo el 16%...Capacidad de decisión: un alcalde con poderes de lehendakari: Viena es la capital del país, pero a la vez uno de los nueve estados federados que conforman Austria. Su alcalde tiene el cargo oficial de burgomaestre del estado. Se equipara más a un lehendakari que a un alcalde. Concentra las competencias, entre otras, de vivienda y transporte local, lo que permite al gobierno regional dibujar los desarrollos urbanísticos y su conectividad sin depender de la aprobación de otras administraciones como sucede en Euskadi, donde estas atribuciones se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco...

El problema es que a veces hay cambios normativos de efectos contraproducentes. Tras la anterior maniobra legislativa relevante, la aprobación de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, el mercado de pisos en alquiler cayó en Vitoria un 20%. Y, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis), se avecina un desplome todavía mayor. Esta misma semana, antes de que el Congreso tumbara los nuevos decretos del Gobierno, «hemos tenido varios clientes que se han acercado a las inmobiliarias para sacar del mercado pisos que tenían en el alquiler», asegura el presidente de los agentes de la propiedad alaveses, Ramón Sáenz de Valluerca. Temen la inseguridad jurídica y que la defensa del inquilino acabe por condenarles a 'cargar' con morosos, trasladándole a los propietarios una protección social que, opinan, corresponde a las administraciones. «Se está destruyendo el mercado de alquiler», resume el presidente. De fondo, una situación de emergencia social derivada de los precios desorbitados del mercado inmobiliario, que está lastrando el futuro de toda una generación de alaveses. Incluso contando con un trabajo fijo, los jóvenes ven imposible adquirir una vivienda en propiedad. Según las últimas cifras de una consultora inmobiliaria, comprar un piso en Vitoria es hoy un 12,4% más caro que hace un año y ya se alcanzan los 2.599 euros el metro cuadrado. Basta con revisar los anuncios publicados en los principales portales para comprobar que encontrar un inmueble –incluso de una habitación y a reformar– por debajo de los 200.000 euros en la capital alavesa es cada vez más difícil.

El clamor social por el acceso asequible a la vivienda libra un pulso este fin de semana a lo largo y ancho del país, con el presidente del Gobierno sopesando si llama a las urnas tras la derrota de sus dos reales decretos en el Congreso. Desde primera hora de la mañana de ayer, miles de manifestantes comenzaron a articularse para tomar las calles de medio centenar de ciudades. Solo en Madrid, donde cuatro columnas salieron de diferentes barrios de la capital hasta converger en el centro, se movilizaron unas 70.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno. Una multitud que superó con creces los cerca de 25.000 asistentes de las marchas del sábado anterior y que el Sindicato de Inquilinas elevó a medio millón de participantes. Por todo el país se pudo escuchar al unísono una exigencia: soluciones inmediatas frente a la escalada imparable del coste de los alquileres y de los pisos en propiedad. Y los convocantes volvieron a amenazar, además, con una huelga general si las medidas que reclaman no llegan pronto. Una presión con la que interpelan al Gobierno de Sánchez, pero también al resto de administraciones autonómicas y locales concernidas, a los partidos –con señalamiento a la derecha por tumbar los decretos– y a los sindicatos tradicionales para que promuevan un paro en toda España.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no ve "dentro de la legalidad" una posible huelga general por la vivienda ya que "no está dentro de un conflicto laboral". Así lo ha señalado ante los medios de comunicación preguntado por las voces que apuntan a la convocatoria de un paro en protesta por la situación actual. Para él, el problema de la vivienda es "real" y "complejo", por lo que no se puede solucionar con "planteamientos simples" porque estos "no arreglan absolutamente nada". Garamendi ha subrayado que si personas quieren manifestarse, los empresarios "no tienen nada que decir", pero una huelga "está regulada por la ley" y solo se da cuando hay un "conflicto laboral". "Creo que es muy malo para España y también digo algo que no entiendo. ¿Es una huelga contra la oposición, contra las empresas? Es la primera vez que lo veo. Yo creo que son los gobiernos los que tienen capacidad de decisiones y los que tienen que actuar", ha sentenciado.

La gran mayoría de los dirigentes del PSOE y de los miembros socialistas del Gobierno ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es adelantar ya las elecciones para el 29 de noviembre, la primera fecha posible. Por eso casi todos los que están hablando con el presidente, Pedro Sánchez, le están animando a hacerlo, según coinciden diversas fuentes. Él continúa con una larga ronda de llamadas que ya empezó el jueves por la tarde, cuando en el núcleo duro empezaron a saber que Junts iba a tumbar los decretos sobre vivienda. Ahí ya empezó una larga lista de consultas sobre el posible adelanto electoral, que se intensificó el viernes y siguió el sábado. Como es habitual, Sánchez escucha pero no comparte con nadie su posición, y por tanto siempre puede haber una sorpresa, pero los ministros y dirigentes consultados creen que al final acabará anunciando mañana la convocatoria. Sin embargo, algunos también creen que podría aún intentar llevar otros decretos al Consejo de Ministros para frenar los desahucios, como reclamaron ayer decenas de miles de personas en toda España. Sería una manera de no convocar inmediatamente e intentar retratar aún más claramente a la derecha.

La vicepresidenta segunda ha resaltado igualmente que el 44,3% de los contratos firmados en septiembre fueron indefinidos y que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo se situó en el 87,1%, 4,6 puntos más que un año antes y más de 26 puntos por encima de 2018. "Detrás de estas cifras hay personas, vidas que son hoy más dignas y más seguras", ha afirmado Díaz, que ha defendido que el Gobierno no se conforma con estos datos y quiere "más estabilidad en el empleo", "mejores condiciones laborales" y "mejores salarios". En este sentido, ha avanzado que el Ejecutivo "va a volver a subir el SMI" y ha anunciado que sacará adelante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Registro Horario.

“¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”. Estas palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunciadas este martes en un acto empresarial en Terrassa (Barcelona), han sido el último revolcón a un debate muy divisivo en la economía española. Hace tiempo que se habla de incapacidad temporal por los niveles récord de los últimos años, pero no tanto del papel que las mutuas juegan en el sistema. Desde la orilla patronal se confía en que darles más poder aliviará el problema, mientras que desde la sindical se advierte del efecto negativo en la salud de los trabajadores. Es un conflicto basado en la desconfianza: la de los empresarios hacia los trabajadores enfermos, con la esperanza de que las mutuas acorten procesos que creen que se alargan en la sanidad pública; y la de los representantes de los empleados hacia esas mutuas, que ven una correa de transmisión de empresarios que priorizan la rentabilidad a la salud. Las mutuas “funcionan desde la ley de accidentes de trabajo del año 1900, que fija por primera vez la responsabilidad de los empresarios por los accidentes de los trabajadores durante su jornada laboral”, explica Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears. Dada esa nueva responsabilidad, hay empresas que impulsan asociaciones privadas para “mutualizar” ese riesgo, apostilla.

Los expertos vislumbran más reconversión de empleos que despidos masivos, pese a las predicciones catastrofistas de la industria, y alertan del alza de la desigualdad....Las visiones hiperbólicas son interesadas. La mayor parte de esos miedos los están inoculando las propias empresas o los gobernantes que las protegen, pensando en su poder y en su cuenta de resultados. El sociólogo y exministro Manuel Castells apunta que el miedo a la IA “es legítimo y hasta cierto punto lógico, porque los riesgos están ahí”, pero en declaraciones a este diario añade que es “sospechoso” que sean las propias empresas del sector “las que están sembrando esos miedos en los legajos de papeles que presentan para sus salidas a Bolsa: meter miedo es una de las maneras de ganar dinero a espuertas”. “Y es aún más sospechoso que China, que está replicando en seis meses las innovaciones en frontera, no parezca tener ni el más mínimo temor a ese supuesto armagedón protagonizado por la IA sin control”, añade por teléfono, recién llegado de China, desmontando el primero de esos escenarios de pesadilla. Al otro lado del Atlántico, Wall Street rebaja también la tesis de la crisis financiera, el segundo riesgo catastrófico: “No, no hay burbuja”, despachan en pocas palabras fuentes financieras; “las empresas están invirtiendo sumas exorbitantes y en algún momento la burbuja aparecerá, como ocurre con todas las innovaciones disruptivas, pero de momento tanto las ganancias proyectadas como sus ingresos reales son sólidos”.

En plena escalada de la inflación por la guerra en Irán, que ha disparado el IPC en España hasta casi el 5%, existe un ‘paraíso’ en Europa donde los precios aún están contenidos a pesar de estas tensiones geopolíticas. Suecia mantiene una tasa de IPC armonizada –homogeneizada para todos los países de la Unión Europea– del 0,3%, la más baja de todo el Viejo Continente y muy lejos de la media comunitaria del 3,2%, con datos de agosto, los últimos publicados. Las políticas fiscales promovidas por su Gobierno desde la invasión rusa de Ucrania se han dirigido a apoyar a los hogares para sortear la incertidumbre derivada de las diversas crisis que han sacudido los mercados. A pesar de ello, la inflación sueca rondaba el 3% a principios de 2025, por lo que este marcado descenso destaca especialmente en un contexto geopolítico muy incierto. Este considerable recorte se explica gracias a las rebajas fiscales en los alimentos, el combustible y la electricidad, así como a las ayudas al transporte público. «Sin estas intervenciones de política fiscal, la inflación habría sido considerablemente más alta», explica Erik Glans, responsable de Inflación en el Instituto Nacional de Investigación Económica (NIER). El modelo sueco de rebajas fiscales da, por ahora, resultados mucho mejores que el español. Este país escandinavo redujo el tipo impositivo sobre los alimentos del 12% al 6% el pasado abril, iniciativa que mantendrá hasta finales de 2027. Además, subvenciona el 50% del coste del transporte público desde julio y lo seguirá haciendo hasta cierre del año. El litro de combustible también cuenta con un alivio fiscal de unas tres coronas suecas (27 céntimos) y hay paquetes para mitigar las fluctuaciones de los precios eléctricos.

En toda China, los funcionarios tributarios han intensificado sus esfuerzos para aumentar la recaudación de impuestos de las personas más ricas y las empresas más grandes del país. Han modificado las normas sobre fideicomisos extraterritoriales, han lanzado la mayor operación de los últimos años para cobrar impuestos atrasados a empresas y han puesto su mira en los más de 1,7 billones de dólares de riqueza que los residentes chinos poseen solo en Hong Kong. También han formado una serie de equipos especiales dedicados a rastrear y gravar a las grandes fortunas, y algunas de estas unidades se centran en un solo multimillonario, según fuentes cercanas a este departamento. Estos equipos constituyen una fuerza de contención frente al ejército de abogados, asesores fiscales y consultores que los multimillonarios chinos contratan para reducir sus impuestos. En su persecución, reúnen a funcionarios locales de ciudades o provincias, expertos en inspección e incluso reguladores. Desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 2001, el ingreso promedio de sus ciudadanos ha aumentado de poco más de 1.000 dólares a más de 14.000 dólares en la actualidad. Han surgido cientos de nuevos multimillonarios, deseosos de derrochar su dinero en subastas de arte europeas, operaciones inmobiliarias en Londres y en inversiones en los mercados de capitales estadounidenses. Ahora, según apuntan decenas de entrevistas con asesores fiscales, abogados, banqueros e inversores de alto patrimonio, esta bonanza económica está llegando a su fin.

Europa se prepara para un ciclo político lleno de citas electorales. Francia es una de las más importantes. Gane quien gane, experimentará un profundo cambio de gobierno con la salida de su presidente, Emmanuel Macron, que no puede repetir por tercera vez y que ha impreso un carácter personalista a su liderazgo. Si la ultra derecha de Le Pen vence en las urnas, como advierte un buen puñado de análisis, el giro será radical. Para Francia y la Unión Europea. En el horizonte también aparecen las generales en España, así como elecciones parlamentarias en Finlandia, Grecia y los países bálticos. Todos estos comicios pondrán a prueba el avance de la ultraderecha en un continente que todavía metaboliza el triunfo de Alternativa para Alemania (AfD) en la región de Sajonia. El pistoletazo de salida lo dio hace dos semanas Suecia. Los socialdemócratas recibieron la mayoría de los votos. Los progresistas europeos –que actualmente sólo cuentan con tres gobiernos socialistas (España, Dinamarca y Malta)– volcaron sus esperanzas sobre la líder Magdalena Andersson. Sin embargo, con una ajustada ventaja sobre los conservadores y tras los primeros contactos con las fuerzas de izquierda, Andersson ha constatado que, de momento, «no existe ninguna posibilidad» para formar gobierno.