20221104

Cebek busca con ekinBarri impulsar la consolidación de un nuevo estilo de relaciones internas, una cultura y un nuevo liderazgo en la empresa. ekinBarri celebró su acto anual en el Centro Internacional de Emprendimiento de la Torre Bizkaia BAT. Abrió el acto Carolina Pérez Toledo (Presidenta de Cebek)  que destacó que “queremos extender el espíritu ekinBarri y lograr la transformación empresarial de Bizkaia. Para ello buscamos impulsar la consolidación de un nuevo estilo de relaciones internas, una cultura y un nuevo liderazgo en la empresa”. La presidenta de Cebek señaló también que “ekinBarri, además de relaciones saludables y constructivas, propone espacios creativos y participativos donde el talento se puede expresar”. Y añadió “Tras cuatro años de proyecto podemos hablar con conocimiento sobre cómo se ha extendido la filosofía y la cultura ekinbarri entre las empresas del Bizkaia. EkinBarri es un reto global de todos los sectores y el propósito es crecer, compartir y extenderlo a toda Bizkaia.” A continuación Marta Martínez, responsable de proyectos en Cebek y una de las personas que lidera ekinBarri, trasladó la última hora y la situación de ekinBarri. Los asistentes al acto pudieron visionar el Video “Conversaciones de futuro” en el que participaron los 5 secretarios generales de Cebek, Fvem, Ascobi, Cecobi y Aveq-Kimika y diferentes agentes de ekinBarri. Después se celebró una mesa debate titulada “La experiencia ekinBarri” con la participación de varia empresas de Bizkaia . Ver más en Cebek aquí

La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, defendió ayer, en los actuales tiempos «convulsos», la iniciativa ekinBarri para fomentar un nuevo modelo de empresa basado en la participación y en las relaciones «saludables y positivas» con el fin de poder «atraer talento». «Buscamos impulsar la consolidación de un nuevo estilo de relaciones internas, una cultura y un nuevo liderazgo de empresa», resumió. La responsable de la patronal vizcaína abrió así, en la Torre Bizkaia de Bilbao, el acto anual de ekinBarri, donde se presentaron algunos resultados de esta iniciativa nacida hace cuatro años impulsada por las organizaciones empresariales de Bizkaia, lideradas por Cebek, junto con FVEM, Cecobi, Ascobi y Aveq, con el apoyo de la Diputación de Bizkaia. En este tiempo han participado 1.600 personas en los eventos organizados bajo una fórmula que ya aplican una cincuentena de compañías. Durante el acto se mostró un vídeo con la presencia de los secretarios generales de las organizaciones convocantes y se celebró un debate con la participación de representantes del Transbordador de Bizkaia, la firma Einnek y Cementos Lemona, que compartieron experiencias e impresiones como empresas que ya se han sumado a ekinBarri. En la charla se puso de manifiesto que hay diferencias notables entre dirigir y liderar para que las personas que forman parte de una compañía crean en el proyecto y hagan piña en torno a él.

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado que “los datos conocidos del mercado laboral vasco en octubre son moderadamente positivos". El responsable de Economía de Confebask ha añadido que, de hecho, los datos “constatan una caída del paro de casi un 6% menos, mientras que por el lado de la creación de empleo hay casi 16.000 afiliados más que hace un año (+1,6%). Así las cosas, Pablo Martín asegura que "se mantiene un poco la tendencia de los últimos meses. Se crea empleo y se reduce el paro. Pero, a medida que pasan los meses, se hace a un ritmo ligeramente menor. La desaceleración del crecimiento económico se traduce también, de alguna manera, en el mercado laboral vasco, que sigue mostrando dinamismo, pero progresivamente menor si se compara con el que había a principio de año”. Ver más en Confebask

 En plena convulsión económica por la guerra y cuando suenan tambores de recesión, el mercado laboral sigue dando muestras de fortaleza. Hasta el punto de que este octubre, Euskadi alcanzó un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social: 989.690. Nunca antes ha habido tantos trabajadores cotizando. Aunque resulta algo extraordinario en el actual contexto, la explicación es ordinaria. El mes pasado se reprodujo el mismo fenómeno de todos los años de contrataciones masivas de profesores, sobre todo en academias, tras las bajas del verano. En este caso Educación sumó 9.844 cotizantes, el grueso de los 13.801 empleos generados en octubre. El aumento en esta ocasión es inferior al del año anterior, cuando se incorporaron más de 15.000 afiliados, también por el tirón de educación. Estas altas masivas en el sector con el nuevo curso revelan que se mantiene la ‘costumbre’ de dar de baja a los trabajadores en verano para volverles a contratar en otoño. No obstante, esto es algo que supuestamente va a cambiar la reforma laboral, especialmente a través de la modalidad de los fijos discontinuos (van al paro en los periodos de inactividad), un objetivo que ya se está consiguiendo. En octubre, el 30,4% de los contratos tuvieron carácter indefinido, una tasa que contrasta con el 9% de antes de la reforma. La fuerte generación de empleo no impidió, sin embargo, un ligero repunte del paro en 65 personas, un 0,06%, hasta situarse el total en 111.745, según los datos publicados por Lanbide. El incremento contrasta con el descenso de un millar de desempleados registrado el año anterior y también con la bajada experimentada en el conjunto nacional.

El mercado laboral es uno de los grandes misterios de las estadísticas macroeconómicas, ya que es uno de los pocos elementos que todavía mantiene un cierto crecimiento en una economía al borde del estancamiento, si bien hay que tener en cuenta que desde este verano ya se observa una cierta desaceleración y que la fórmula de los contratos fijos discontinuos encubre el repunte del paro tras la campaña turística estival. En octubre el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 103.499 personas, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social, hasta los 20.283.786 trabajadores, gracias fundamentalmente al empuje de la educación, que ha sumado 143.518 afiliados respecto a septiembre tras el inicio de las clases, debido tanto a la contratación para academias y extraescolares como a la cobertura de bajas. El avance de este sector contrasta con el deterioro en buena parte de las ramas de actividad, encabezadas por la hostelería (que pierde 58.968 trabajadores), la agricultura (42.203) y la sanidad (38.511). Sin embargo, bajo esta aparente fortaleza en la cifra general empiezan a asomar ciertas grietas. En primer lugar, aunque la cifra mensual del empleo es positiva, este incremento se produce de forma similar todos los años en esta época debido a la estacionalidad del mercado laboral español y, de hecho, está en la línea de los meses de octubre de los últimos años. Sin embargo, también habría que tener en cuenta que la creación de empleo turístico durante el verano ha sido inferior a la de otros ejercicios y, por lo tanto, su destrucción en octubre también debería ser inferior. A esto hay que sumar que la creación de empleo en tasas interanuales se ha desacelerado de forma muy significativa en los últimos meses. 

«Nos encontramos en una encrucijada en la que parecía que estábamos ya fuera de la crisis de la pandemia y nos hemos visto en el centro de las turbulencias provocadas por una guerra injusta de incierta duración y problemático final. Pero, más allá de las circunstancias que no podemos controlar, desde aquí hay retos que debemos afrontar y que sí dependen en mayor medida de nosotros: la formación para los nuevos empleos, el envejecimiento de la población, la renovación de nuestro tejido industrial y la falta de relevo generacional para los ‘capitanes’ de empresas». Con esta reflexión, planteada por el director general de El Correo, Íñigo Barrenechea, comenzó ayer la cuarta edición del Foro Empresarial Bizkaia, que, organizado por este periódico junto a Laboral Kutxa, protagonizó el presidente del Círculo de Empresarios Vascos, José Galíndez. Previamente, Txomin García, presidente de la entidad financiera, coincidió en poner el foco sobre la crisis demográfica y la preparación de los jóvenes. «Euskadi se enfrenta a un claro reto ante el estancamiento y envejecimiento de su población, que puede afectar a la caída del potencial de crecimiento de la economía vasca y, en consecuencia, al bienestar de nuestra sociedad», advirtió. Por su parte, Galíndez dividió su intervención en tres bloques: dónde estamos, crisis energética e inflación y retos como sociedad. El primero lo enfocó con optimismo. No dudó en asegurar que no solo «vivimos mejor que nuestros abuelos y padres», sino que también «nuestros hijos y nietos vivirán mejor». Respecto a la crisis energética, el presidente del Círculo extrae tres lecciones: «La energía y los materiales estratégicos necesarios para la economía son críticos y tenemos que asegurar su suministro; la defensa de nuestras fronteras y líneas de suministros han estado confiadas a Estados Unidos, que no nos necesita; y debemos asegurarnos de que tenemos activas todas las palancas que nos ayuden a paliar las consecuencias de cualquier catástrofe». Los retos a medio y largo plazo de Euskadi y de las empresas vascas los resumió en tres capítulos: «La percepción y la imagen que de la empresa y los empresarios tiene la sociedad vasca, que no es buena»; la retención y atracción de talento; y la gestión del déficit demográfico». Sobre el primero, abogó por «explicar mejor» la empresa y su función a la sociedad. Y entiende que el mejor espacio para ello lo proporciona la educación. «La formación dual es un elemento básico –precisó–. Tenemos que conseguir mejor consideración social de la empresa para lograr más empresarios». 

La concisa exposición realizada por José Galíndez tuvo su continuación en una ronda de cuestiones planteadas por algunos asistentes, que le fueron trasladadas por el corresponsal económico Manu Alvarez. Asuntos relacionados principalmente con las fuentes de energía y algunos de los problemas de los que adolecen las empresas vascas, como la falta de vocaciones empresariales o la deslocalización de importantes compañías. En el ámbito energético, el presidente del Círculo de Empresarios Vascos considera que al hidrógeno verde, sobre el que hay depositadas grandes esperanzas, «todavía le quedan unos años para que se pueda producir a un coste razonable». Habló de «4, 5 o 6», tiempo de «maduración» para «ver las posibilidades reales de esta tecnología». No obstante, recordó que lo mismo le ocurrió a la energía fotovoltaica, de la que él fue precisamente uno de los pioneros en España. Entretanto, y «si de verdad el problema de suministro se hace insufrible», Galíndez avanza que la energía nuclear «va a pasar a la parte de arriba de nuestras prioridades», si bien observa tres problemas relevantes: «El coste, la seguridad y los residuos que genera». Aunque la guerra de Ucrania acabe más pronto que tarde, «vamos a seguir necesitando gas todo este siglo –auguró–. Casi seguro». Respecto al proceso de implantación de la eólica y la fotovoltaica, el fundador de Solarpack criticó la lentitud de las administraciones. También los problemas de desarrollo de las redes de transporte y distribución, cuya «reglamentación va igualmente bastante lenta». Resuelto a mostrar de nuevo su optimismo, afirmó con rotundidad que la industria vasca «tiene futuro». Y ello, a pesar de que las adquisiciones de empresas vascas de éxito por sociedades extranjeras «nos debe preocupar y ocupar». En su opinión, lo más importante es «crear empresas muy competitivas y generar las condiciones para que Euskadi sea un sitio magnífico para tener aquí los centros de decisión de las compañías, más que si son nuestras o no».

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert participaron ayer en un encuentro en Londres para mostrar la «fortaleza y capacidad de acción» de Euskadi para atraer talento. La jornada estuvo centrada en promocionar los atractivos de la industria vasca y en dar a conocer la situación del talento en el País Vasco, analizando las medidas puestas en marcha para cubrir las necesidades en este ámbito.

Bilbao debe apostar por forjar talento, retenerlo y atraer a jóvenes cualificados de cara a convertirse en una urbe innovadora y con peso internacional. Así lo ve Bruce J. Katz (1959, Nueva York), experto en desarrollo de ciudades y responsable del equipo de vivienda y transición urbana de la Administración Obama. Invitado por Bilbao Metropoli-30, abordará hoy los retos de las ciudades, que deben buscar sus propios «nichos» para competir en una sociedad global, y diferentes fórmulas para su financiación. "Lo que buscan las empresas es talento, personas cualificadas, un entorno empresarial que les apoye... Las universidades y los centros tecnológicos pueden contribuir a que haya un flujo cada vez mayor de gente cualificada... Hay que hacer lo mejor que puedas con la población que tienes, pero, a la vez, pensar en convertirte en un gran imán que atraiga talento...Cuando pienso en un lugar como Bilbao... Podéis convertíos en un imán para jóvenes cualificados de habla hispana. Yo pensaría en eso y solucionaría el problema de la vivienda, que se puede hacer. Se debería dar ayudas para el alquiler a gente que se traslade durante un año o dos aquí. Eso lo hacemos en Estados Unidos constantemente..."

La Hacienda foral de Bizkaia tiene que afrontar ya el pago de 218 millones de euros al grupo Coca-Cola, como consecuencia de una vieja querella entre administraciones tributarias –el fisco foral vizcaíno y la Agencia Tributaria del Estado–, que la empresa ha vivido como sujeto paciente. Ambas ventanillas señalaban a la otra como responsable de unas devoluciones de IVA. La Junta Arbitral del Concierto, el órgano formado por tres expertos en fiscalidad y que es el encargado de dirimir este tipo de discrepancias entre administraciones, ha dado la razón a la Administración central. La Diputación de Bizkaia ha confirmado que presentará ahora un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que reproduce el camino seguido en otros casos similares. El más conocido, el denominado ‘caso Rover’, que estalló en 2009 y que obligaría a la Hacienda de Álava a entregar al Estado 435 millones de euros. Pese al recurso al Supremo, la Diputación de Bizkaia está forzada a devolver ya este dinero a la compañía de bebidas, sin esperar a lo que pueda suceder en la resolución del alto tribunal. La decisión de la Junta Arbitral se adoptó el pasado mes de julio, pero no había trascendido hasta ahora. El problema surgió a partir de 2013, debido a una nueva estructura interna del grupo Coca-Cola en España. En síntesis, la filial radicada en el País Vasco realizaba todas las importaciones del concentrado base –llegaban de Irlanda y como operación intracomunitaria estaban exentas de IVA– y distribuía posteriormente esos productos a otras sociedades del grupo situadas en territorio común. Fruto de esa estructura, adoptada tras la integración en un único grupo de todas las embotelladoras de Coca-Cola en España y Portugal, la Diputación de Bizkaia recaudaba el IVA de las ventas de la filial vasca y el resto de empresas nacionales trataban de deducirlo, como hay que hacer con todos los gastos de aprovisionamiento, en sus declaraciones ante la Agencia Tributaria. Algo a lo que la Hacienda central se negó, al considerar que debía ser la Hacienda vizcaína la que efectuase esas devoluciones.

El proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para 2023 ha dejado en evidencia su intención de distanciarse del Guggenheim de Urdaibai. Días después de que el PNV reclamara al Ejecutivo central, a través de sus enmiendas, que aporte 25 millones a la ampliación del museo en la reserva de la biosfera, el Gabinete de Iñigo Urkullu confirma que no ha consignado partida alguna en sus propias Cuentas. «No está lo suficientemente desarrollado como para traerlo al presupuesto de Cultura», explicaron ayer fuentes del departamento tras la comparecencia parlamentaria del consejero Bingen Zupiria para exponer las previsiones del próximo año. Quedaba la duda de si el impulso podía llegar de otra consejería, dentro de las políticas de desarrollo sostenible en la reserva. Sin embargo, a preguntas de este periódico, un portavoz oficial expuso varios condicionantes para justificar la decisión de no implicarse aún a fondo con el proyecto. Según dijo, el Ejecutivo autonómico «está comprometido con la dinamización económica, medioambiental, cultural y social» de la comarca, pero considera el Guggenheim de Urdaibai «un proyecto más en tal contexto» ; un plan, recalca, «impulsado inicialmente por la Diputación foral de Bizkaia» y «de gestión compleja, que partía también con la esperanza de ser beneficiario de fondos europeos». Los mismo medios dejan claro que el Gobierno vasco definirá su participación en el Guggenheim de Urdaibai «una vez confirmada definitivamente su planificación, proyecto de gestión y construcción» y cuando «cuente con un plan económico-financiero y la garantía de la tramitación necesaria».

Los sindicatos CC OO y UGT se movilizaron ayer en las calles de Madrid para exigir a los empresarios subidas salariales que permitan a los trabajadores hacer frente al encarecimiento de la vida por el repunte de la inflación, ahora mismo por encima del 7%. Bajo el lema ‘Salario o conflicto’, las organizaciones sindicales reclamaron a la patronal (CEOE) una subida salarial «justa» para todos los trabajadores del sector privado en una marcha a la que acudieron unas 50.000 personas, según los convocantes. El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, explicó antes del inicio de la manifestación que no pretenden que los sueldos suban al mismo ritmo que la inflación, pero sí plantean incrementos del 4% o 4,5% este año y del 3,5% el que viene. «Los empresarios están acostumbrados a que las crisis se solucionen a costa de los trabajadores», denunció. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, enfatizó que las empresas pueden hacer estas subidas porque «en general sus beneficios están creciendo», lo que a su juicio se demuestra porque la inflación subyacente –la que no tiene en cuenta los precios de la energía ni los alimentos frescos– se mantiene en el 6,5%. «Las empresas están trasladando el aumento de costes a los precios finales y aumentando sus márgenes de beneficios», señaló.

Han pasado casi tres años de una fotografía que ahora sería difícil (cuando no imposible) de repetir porque los dos principales sindicatos abertzales de Euskadi se han adentrado en una dinámica de enfrentamiento constante entre duras acusaciones cruzadas. Las diferencias de enfoque empezaron a aflorar en la era pospandemia. Pasado lo peor de la crisis sanitaria, las centrales abertzales naufragaron en su intención de convocar una nueva huelga general conjunta en 2021, esta vez ante la constatación de que la reforma laboral del PP no iba a ser derogada, sino reformada. En el último año, además, ambos sindicatos han celebrado sus respectivos congresos para renovar los proyectos. ELA lo hizo en noviembre de 2021 en Bilbao y LAB, este pasado junio entre Baiona y Biarritz. Y de sendas citas han salido estrategias dispares que no han tardado en colisionar en el plano organizativo y también en el discursivo.La mecha acabó por prender hace un mes, cuando ELA anunció movilizaciones en el sector público para exigir mejoras; entre ellas, una subida salarial más alta que la permitida por el Gobierno central. Fue entonces cuando la líder de LAB, Garbiñe Aranburu, le reprochó que hubiera optado por la «unilateralidad» y por «priorizar los intereses corporativos por encima del interés general». Al otro lado, Mitxel Lakuntza se mostró sorprendido por la beligerancia de unas palabras que, dijo, «hasta ahora habíamos oído de la boca de la patronal». La escalada de acusaciones mutuas no ha terminado ahí. Ayer mismo Igor Arroyo, coordinador general de LAB desde que se implantó el nuevo modelo bicéfalo junto a Aranburu, recrudecía la pugna entre las dos centrales. «Hay que trabajar en clave de clase trabajadora, no velar sólo por los intereses corporativos de cada sindicato», opinaba en Radio Euskadi. Es más, criticaba que ELA esté «mirándose mucho a su ombligo» y «no esté a la altura de las circunstancias». Unas declaraciones que se producían tan sólo tres días después de que LAB se reuniera con el lehendakari, Iñigo Urkullu, por primera vez en casi una década.

Maersk, una de las mayores compañías de transporte de mercancías por mar del planeta, tendrá en España uno de sus principales centros de producción mundial de metanol verde, su mayor apuesta para descarbonizar su flota. El gigante danés invertirá 10.000 millones en Andalucía y Galicia para el desarrollo de dos de los “cinco o seis” núcleos de producción de este combustible neutro en carbono para alimentar sus ingentes necesidades energéticas. Ambos centros de fabricación de metanol, que tiene en el hidrógeno verde un ingrediente esencial, serán el segundo y el tercero de Maersk a escala global, tras el de Egipto, anunciado en marzo. El proyecto, pactado con el Gobierno, contará con fondos europeos —todavía sin cuantificar— y el Ejecutivo no descarta participar como inversor, lo que sería una novedad. Fuentes gubernamentales calculan en entre 4.500 y 5.000 los empleos directos que se crearán entre ambos emplazamientos, a los que habrá que sumar otros 40.000 indirectos y alrededor de 35.000 o 40.000 solo en la fase de construcción. El Gobierno y Maersk firmaron ayer un memorando que contiene las líneas básicas del proyecto tras una reunión entre Pedro Sánchez y el primer ejecutivo de la compañía, Soren Skou. 

Europa está viviendo un breve idilio en el mercado del gas ya que cuenta con unos inventarios casi repletos a pesar del corte del suministro ruso, pero la situación se podría empezar a torcer cuando comience el frío y dar al traste a lo largo de 2023, cuando pueden estallar los problemas de abastecimiento. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) alertó ayer de que Europa corre el riesgo de no conseguir suficiente gas el próximo año si Rusia cierra más los grifos y la recuperación económica de China incrementa su demanda de gas, desplazando hacia el gigante asiático buena parte de los flujos de gas natural licuado provenientes del golfo Pérsico y América. Así, en caso de que Moscú suspendiera totalmente los envíos de gas a los países europeos y los volúmenes de importaciones de gas natural licuado por parte de China volvieran a los niveles de 2021, Europa podría encontrarse con un déficit de abastecimiento de 30.000 millones de metros cúbicos que le impediría rellenar sus inventarios de cara al próximo invierno. De esta forma, ambos factores combinados supondrían que los almacenes de gas europeos cayeran a lo largo del próximo año del 95% actual, en máximos históricos, al 65% en noviembre del próximo año. Y eso supone un gran riesgo de que haya problemas de suministro en el próximo invierno de 2023/2024. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, señaló que por el momento Europa se ha beneficiado de un otoño cálido, a lo que hay que sumar el esfuerzo hecho en verano para rellenar los inventarios aunque fuera a precios muy elevados, lo que ha provocado que muchos buques metaneros no tengan espacio para descargar su producto, lo que ha llevado la cotización del gas a niveles un 60% por debajo de las cifras de agosto, antes de que Rusia cortara el suministro a Europa. Y el problema es que esto podría derivar en una cierta “complacencia” en el desafío que supone la seguridad de suministro de cara al futuro cuando en realidad “no estamos de ninguna manera fuera de peligro todavía”, señaló Birol.

El gigante energético Uniper, que va a ser nacionalizado por el Gobierno alemán, ha perdido 40.375 millones de euros hasta septiembre tras el corte del suministro de gas ruso como represalia de Vladimir Putin ante las sanciones internacionales después de la invasión de Ucrania. Se trata de unas de las mayores pérdidas corporativas de la historia y refleja la dependencia del gas ruso por parte de la principal economía de Europa, que obligó a Berlín en septiembre a lanzar un plan de rescate de 29.000 millones para nacionalizar Uniper. La compañía, cuyo principal accionista era la finlandesa Fortum, pasará a manos públicas antes de que concluya 2022 y no se descartan nuevas inyecciones de dinero público dado el grave deterioro de sus finanzas. Tras el drástico recorte del suministro ruso, Uniper, que perdió 4.770 millones de euros en el mismo periodo de 2021, ha tenido que comprar gas a precios muy superiores para mantener el suministro doméstico “sin repercutirlos a los consumidores” y esto le ha empujado a unas “pérdidas considerables”, según explicó la directora financiera, Tiina Tuomela. La compañía casi triplicó los ingresos, hasta 213.300 millones de euros, y cerró septiembre con una deuda neta de 10.900 millones, frente a los 324 millones que tenía hace un año. Entre julio y septiembre, Uniper perdió 27.956 millones de euros, lo que refleja el rápido empeoramiento de sus finanzas en los últimos meses.

Una nueva batalla se avecina entre el sector eléctrico y la CNMC, que ha puesto encima de la mesa sus discrepancias sobre cómo las compañías están aplicando la minoración de ingresos aprobada hace más de un año por el Gobierno para contener los beneficios extraordinarios obtenidos en el pool eléctrico al amparo de las fuertes subidas de los precios del gas natural. Estas diferencias se traducirían, según fuentes del sector, en la devolución de unos 1.000 millones de euros en el caso de Iberdrola. En el de Endesa y Naturgy, las mismas fuentes señalan que les afectaría poco. En septiembre del año pasado el Gobierno aprobó un polémico real decreto ley (el 17/2021) que establecía “un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado”. Se consideró exceso de retribución la cobrada cuando el precio del gas superase los 20 euros/MWh. La norma fue corregida poco después, en noviembre, para excluir del recorte los contratos bilaterales intragrupo (los firmados entre la generadora y las comercializadoras del mismo grupo energético), que, según demostraron las empresas, se habían firmado a un precio muy inferior a los del mercado mayorista. De esta manera, se exceptuaron del recorte todos los contratos a plazo (de un año como mínimo) y a precio fijo. O, lo que es lo mismo, solo quedó afectada la electricidad vendida directamente en el mercado mayorista, cuyo volumen es tan irrelevante que lo que el Gobierno pretendía recaudar por la minoración ha sido prácticamente testimonial. 

Varapalo comunitario al nuevo impuesto del Gobierno a la banca, que a su juicio terminará por recaer sobre los clientes. El Banco Central Europeo (BCE) pidió ayer al Ejecutivo español un «análisis exhaustivo» del tributo, que en ese momento se discutía en el Congreso, lo que dio munición a la oposición mientras el Gabinete precisó que no alterará sus planes ante lo que a su juicio sólo son simples «recomendaciones». El eurobanco exige a España un estudio a fondo de las «posibles consecuencias negativas» de la norma sobre el sector, con el fin de que «no plantee riesgos para la estabilidad financiera», para la banca y para la concesión de crédito. Al organismo presidido por Christine Lagarde le preocupa, del mismo modo, que el nuevo tributo ponga en peligro el crecimiento económico. Esta no es la primera vez que el BCE se pronuncia sobre proyectos que introducen tributos dirigidos a las entidades de crédito. El organismo ha manifestado sus dudas a varios Estados miembro y asegura que «no sería deseable» utilizar ingresos procedentes de entidades de crédito con fines presupuestarios generales, ya que los bancos serían «menos resilientes» a las perturbaciones. Esto podría provocar condiciones «menos favorables» de préstamo para sus clientes, lo que crearía «incertidumbre» y, en definitiva, «afectaría negativamente el crecimiento económico».

“La crisis va a tener un impacto y va a causar daños a la banca”. Así de contundente se mostró el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, este jueves durante la Conferencia Internacional de Banca organizada por Banco Santander. Hernández de Cos ha hablado en este tono durante un coloquio en el que ha conversado con el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez. El gobernador del Banco de España ha aprovechado el foro para lanzar un mensaje de prudencia, precisamente, a todas las entidades. Las subidas de tipos –abruptas– han mejorado considerablemente la cuenta de resultados, pero el supervisor insta a extremar la prudencia, ya que estos vientos de cara se pueden volver en su contra. Hernández de Cos ha explicado que la mejora de los márgenes se debe al fin de la era de los tipos negativos, lo que tiene “un efecto positivo” para el sistema financiero, pero también advirtió de que el incremento del precio del dinero también está produciendo una “ralentización de la economía”, que se traduce en “menores volúmenes de crédito, un aumento de la mora y también en un incremento de los costes de financiación”. “Lo prudente sería aumentar la resiliencia de los bancos a corto plazo para enfrentarse a la segunda fase de la crisis”, alertó Hernández de Cos.

El Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés) subió ayer un 0,75% su tipo básico de interés, para situarlo en el 3%. Se trata de la mayor subida acordada en más de 30 años (desde 1989) por parte de la institución monetaria británica, pero está en línea con las previsiones de los mercados y los analistas financieros. En sus últimas decisiones de política monetaria, también el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal estadounidense (la Fed) elevaron en 0,75 puntos básicos sus tipos oficiales. Eso sí, hay diferencias en el nivel de unos y otros: mientras en Europa el precio oficial del dinero es del 2%, en EE UU se sitúa ya en una horquilla entre el 3,75% y el 4%. Mucho más relevantes que la subida son las palabras que acompañaron a la decisión, en el comunicado del Comité de Política Monetaria del BoE: “La mayoría de los miembros del comité estima que, si la economía evoluciona en general de acuerdo con nuestras proyecciones, pueden ser necesarios nuevos incrementos del tipo de interés para lograr un retorno sostenido al objetivo de inflación, pero hasta picos inferiores a los marcados en los precios del mercado financiero”. La inflación en el Reino Unido se sitúa en el 10,1%, y el BoE asegura en su comunicado que persistirá por un tiempo la presión en los precios. Sin embargo, la llegada a Downing Street del nuevo primer ministro, Rishi Sunak, y la marcha atrás de la rebaja histórica de impuestos anunciada por su predecesora, Liz Truss, han transmitido cierta calma y estabilidad a los mercados. Si en un primer momento las previsiones de los analistas apuntaban a tipos de interés cercanos al 6% para 2023, el consenso de los expertos sugiere que las subidas se prolongarán hasta acercarse al 5%.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba ayer que su equipo trabaja para que la segunda fase de la reforma de pensiones esté lista “en plazo”. Esto significaría que debería aprobarse antes de fin de año para estar en vigor desde 2023. Sin embargo, distintas fuentes de las negociaciones aseguran que los contactos entre el departamento de Escrivá y los agentes sociales están siendo aún “tanteos bilaterales” y “sin papeles ni documentos de propuestas”. En teoría, esta segunda fase de la reforma debería incluir una posible ampliación del número de años que computan para determinar las pensiones de jubilación, en combinación con una mejora de la cobertura de lagunas de cotización. No obstante, parece que estas cuestiones, que defiende el Gobierno, no solo no serían las únicas que se están abordando sino que el diálogo con patronal y sindicatos incluye otros asuntos que para algunos de los actores de la negociación son imprescindibles. En concreto, el responsable de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo, apuntaba ayer durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dos asuntos que en opinión de sindicato deben formar parte indiscutiblemente del “contenido mínimo” de un eventual pacto para la segunda fase de la reforma de pensiones. Se trataría, por un lado, de la eliminación progresiva de los topes de las bases máximas de cotización; y, en segundo lugar, de una reformulación del actual mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para que pase de ser semiautomático a automático, tal y como reclama Bruselas a Escrivá.

El caudal de fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia comunitario que España aspira a acabar recibiendo hasta 2026 ha terminado por incrementarse más de un 17% respecto a las estimaciones iniciales. En concreto, de los cerca de 140.000 millones de euros entre transferencias directas y créditos blandos que la Unión Europea asignó originalmente al país, se ha pasado finalmente a una cuantía de 163.820 millones, según los cálculos realizados por EY a los que ha tenido acceso Expansión. Un aumento de 24.000 millones de euros que responde a una peor evolución del PIB frente a lo proyectado, al aumento del volumen de préstamos asociados a la renta nacional bruta y a las aportaciones adicionales para transición ecológica aprobadas en el marco del plan REPowerEU. El Consejo Europeo aprobó oficialmente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español el 13 de julio de 2021, con una financiación de 69.528 millones de euros en ayudas directas no reembolsables a cuenta del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A partir de ahí, sin embargo, una serie de hitos y ajustes han terminado elevando la cuantía de estas transferencias y terminado de definir el montante disponible en forma de créditos.

De los 69.528 millones de euros en transferencias europeas solicitadas de momento por España (que los adelanta presupuestariamente vía deuda mientras Bruselas va efectuando los desembolsos ligados a hitos), el Gobierno ha autorizado el uso de 43.686 millones, comprometido 37.213 y reconocido obligaciones por 32.989 millones, transfiriendo a las comunidades 18.920 millones. Pese a la magnitud de las cifras, buena parte de los movimientos son meros traspasos de caja entre administraciones que retrasan la llegada de los fondos a la economía real, mientras que el incumplimiento de los planes de auditoría exigidos por Bruselas amenaza con bloquear parte de los próximos desembolsos europeos (de momento se han ingresado 31.000 millones y se ultima la petición del tercer pago ligado a objetivos). Pese a ello, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, negó ayer que se estén produciendo incumplimientos del Plan de Recuperación y aseguró que la ejecución de los fondos avanza “a buen ritmo”. “Es normal que el foco haya estado muy puesto en España porque es el país más avanzado en el despliegue del Plan de Recuperación”, asumió, destacando su diálogo permanente con Bruselas en torno al cumplimiento de los hitos y asegurando que puede haber países en “situación de incumplimiento parcial, pero no es el caso de España”, aunque admitió que ha detectado “cuellos de botella” que buscan solventar. A su vez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que España “está a la cola en la ejecución de los fondos” y está “siendo advertida por la UE de dificultades para los desembolsos posteriores”.

El presidente de Seat Cupra, Wayne Griffiths, insistió ayer en la urgencia de transformar la industria española del automóvil hacia el coche eléctrico: “En España no hay plan b, no se puede posponer”, dijo en un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) en Madrid. Si Europa no lidera la fabricación de coches pequeños eléctricos, ha señalado el también presidente de la patronal española de fabricantes de coches (Anfac), “lo hará China”. Griffiths advirtió de que el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado (VEC) movilizado por el Gobierno “no es suficiente”. “El grupo va a movilizar 10.000 millones para fabricar coches eléctricos en España y cuando te llega el PERTE, no llega a la mitad”, dijo. El pasado 21 de octubre el Gobierno anunció que elevará la cuantía de la primera tanda de subvenciones vinculadas al PERTE del vehículo y conectado (VEC) hasta los 877,2 millones, después de que Volkswagen amenazase con retirar su inversión en la factoría de celdas de baterías de Sagunto (Valencia) si no recibía más. Griffiths señaló que de los casi 3.000 millones de dotación para el PERTE solo se va a gastar un tercio con lo asignado en la primera convocatoria, “muy lejos del potencial de estos fondos para nuestra industria”. 

La Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes recibió ayer el respaldo de los principales grupos políticos en el Congreso de los Diputados. La normativa, más conocida como la ley de start up, establece un conjunto de incentivos fiscales sobre las necesidades específicas de este tipo de empresas. El texto sale adelante para su remisión al Senado tras la aprobación de 80 de las 271 enmiendas que se han introducido en el texto a lo largo de la tramitación. El beneficio más conocido es la adaptación de algo que ya es realidad en otros países del ámbito europeo. La ley suaviza la tributación inicial de las empresas emergentes, reduciendo el tipo del Impuesto de Sociedades del actual 25% al 15%, durante un máximo de cuatro años. Entre los cambios introducidos por las enmiendas, destacan la incorporación de las cooperativas al régimen de empresas emergentes, permitir el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de la Enisa (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.) de una start up o la profundización de los criterios a la hora de evaluar el grado de innovación y de escalabilidad de un negocio. Otros cambios reconocen la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen y mantienen vigentes los requisitos necesarios para beneficiarse a los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, que sólo se aplicaría si el condenado cuenta con, al menos, un 5% del capital.

Elon Musk ya tiene su lista negra. El magnate ha pedido a los responsables de los diferentes departamentos de Twitter que identificasen a las personas más valiosas y, por defecto, a aquellas de las que podría prescindir. Con esa información, el nuevo dueño de la compañía ultima sus planes para poner en marcha un agresivo recorte de plantilla. Según avanzaron el miércoles por la noche (madrugada de ayer en España) la agencia Bloomberg y el medio Insider, Musk planea despedir a 3.700 trabajadores, casi la mitad de la plantilla de 7.500 empleados con los que cuenta la empresa. El recorte no llega al 75% que llegó a manejar en reuniones con algún inversor, y que luego desmintió al visitar Twitter, pero nada garantiza que este sea el final del camino. Por otro lado, cientos de trabajadores ya han salido de la compañía en los últimos meses ante la perspectiva de que Musk se convirtiese en su nuevo jefe. El multimillonario y su equipo pretenden informar hoy a los empleados afectados, según las fuentes de Bloomberg, que pidieron el anonimato. Con el carácter voluble de Musk, no hay nada garantizado hasta que se produzca y la cifra podría variar. Musk también tiene la intención de revertir la actual política de teletrabajo generalizado que permite a los empleados llevar a cabo sus tareas desde cualquier sitio e impondrá la presencialidad en las oficinas, aunque se podrían hacer algunas excepciones. El empresario nunca ha sido partidario del teletrabajo. En Tesla envió un mensaje a los empleados en el que les advertía de que debían pasar al menos 40 horas semanales en la oficina.