20260130

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Preguntada en Onda vasca por la próxima regularización de 500.000 inmigrantes promovida por el Gobierno de España,  la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado que “es una medida que, en primer lugar, por humanidad al menos, hay que aceptar”.  “Y además, desde el momento en que son personas que se encuentran ya aquí y no tienen permiso de residencia, ni permiso de trabajo, con las necesidades de personal cualificado que hay en las empresas vascas, me parece bien. Lo que hay que conseguir ahora – añade- es que se inserten plenamente en el mercado laboral”. Sobre el SMI en Euskadi, Tamara Yagüe ha recordado que “ya existe, y se establece en los acuerdos de convenio, tanto colectivos como de empresa. Y, por lo tanto, ya se acuerda entre empresa y sindicatos. Nosotros hemos tendido la mano para hablar de un SMI de convenio, pero siempre y cuando se hablen de otros temas que afectan a la competitividad de las empresas – como el absentismo – y en un foro tripartito como es la mesa de diálogo social”. Y ha recordado que “nosotros no estamos legitimados para negociar un ‘SMI general’ para Euskadi porque es algo que la ley no lo permite”. Ver más en Confebask.  Escuchar entrevista aquí

La regularización de inmigrantes que el Gobierno central prevé activar a partir del próximo mes de abril ha sido recibida con una valoración positiva por parte de Adegi. La organización empresarial guipuzcoana considera que la medida puede convertirse en una herramienta útil para responder a uno de los principales problemas del mercado laboral del territorio: la creciente escasez de mano de obra. Desde la entidad presidida por Isabel Busto subrayan que el proceso permitirá cubrir vacantes de forma legal y estable en un contexto en el que muchas empresas tienen dificultades para encontrar personal. «Es una buena noticia», señalan, tanto para las compañías como para los propios trabajadores, ya que «facilita relaciones laborales más sólidas, reduce la rotación y rebaja los costes asociados a la contratación informal». Además, la patronal guipuzcoana destaca que la regularización aporta mayor seguridad jurídica a las empresas y mejora su capacidad de planificación, al tiempo que puede traducirse en un aumento de la productividad. Para las personas inmigrantes, supone la posibilidad de acceder a un empleo legal «con derechos laborales, protección social y mejores condiciones salariales, además de abrir la puerta a procesos de formación, integración y estabilidad personal y familiar». En conjunto, apuntan, la medida contribuye a reducir la economía sumergida y a avanzar hacia un mercado de trabajo «más justo y eficiente». Por su parte, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, también opinó ayer de manera positiva sobre la regulación extraordinaria de migrantes anunciada dadas las necesidades de personal cualificado y, tras precisar que se debería garantizar que esas personas «estén destinadas al mercado laboral», aseguró que, «al menos, por humanidad, hay que aceptarla». Yagüe aseguró que son personas que se encuentran ya en España, pero que no tienen permiso de residencia, ni permiso de trabajo y, en este sentido, apuntó que le parece bien esta medida teniendo en cuenta las necesidades de personal cualificado que hay en la industria vasca.

El 63,8% de la población asalariada de Euskadi tenía, al finalizar 2025, sus convenios actualizados, con vigencia plena, mientras que el 31,7% tenía sus acuerdos en situación de prórroga y el 4,5% se encontraba con sus convenios decaídos y sin cobertura. El incremento salarial medio pactado para 2025 fue del 3,32%. El año finalizó con una inflación anual del 2,9%. El CRL ha subrayado que, aunque el porcentaje de personas con sus convenios actualizados al finalizar el año es inferior al del ejercicio anterior (67,7%), la situación al cierre de 2025 es "una de las mejores de los últimos años", con un "elevado" porcentaje de personas con sus convenios en vigor, y una población asalariada con sus convenios decaídos que se mantuvo en el 4,5%. La duración de la jornada laboral pactada en los convenios en vigor fue de 1.700 horas, más elevada en los acuerdos estatales con incidencia en Euskadi (1.718 horas) que en los convenios negociados en el País Vasco, que se situó en las 1.693 horas. Y en cuanto al número jornadas no trabajadas por huelgas hasta octubre, creció un 48,41% respecto del año anterior, aunque hay que mencionar que el 78% de todas las jornadas perdidas fueron consecuencia de un único conflicto sectorial, el de la enseñanza pública no universitaria. Ver informe CRL aquí. 

El alza del SMI y las cláusulas de revisión están detrás del empuje de los acuerdos pactados fuera de Euskadi. Euskadi ha registrado por primera vez una inversión en la jerarquía salarial de la negociación colectiva. El año pasado los sueldos ligados a convenios de ámbito estatal aplicados en el territorio crecieron por encima de los pactados en acuerdos negociados en Euskadi, rompiendo así una tendencia que parecía inamovible y poniendo en entredicho el papel decisivo que los sindicatos vascos se atribuyen. Los datos publicados por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) muestran que el incremento salarial medio pactado para 2025 en Euskadi fue del 3,32%. Una cifra que supera al IPC –estimado en el 2,9%–, pero que esconde diferencias relevantes según el lugar en el que se firmó cada convenio. Mientras los negociados en Euskadi recogieron una subida media del 3,21%, los de ámbito estatal aplicados en el territorio elevaron los sueldos un 3,57%. En el trasfondo destaca la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2025 aumentó un 4,4%, hasta situarse en 16.576 euros anuales. Esta revalorización tuvo un efecto especialmente visible en los convenios de ámbito estatal, donde es más habitual que sus tramos salariales más bajos estén directamente referenciados al SMI y solo se actualicen si este se incrementa.

Eider Mendoza habló ayer por primera vez sobre una de las operaciones empresariales más relevantes del último año en Euskadi. En concreto, sobre la venta de la división tecnológica de Ayesa, la antigua Ibermática, por 480 millones de euros a un consorcio vasco formado por Indar Kartera –Kutxabank–, Fundación BBK, el Gobierno Vasco y Teknei. La diputada general también opinó sobre la negativa de Kutxa Fundazioa a participar en la misma, lo que ha dejado a Gipuzkoa fuera de una ecuación en la que se persigue el arraigo. Ante la preocupación de que la sede de Ayesa se pueda trasladar de Donostia a otro territorio, como Bizkaia, Mendoza se mostró ayer tajante y presionó para que la firma continúe en Gipuzkoa: «El objetivo es que se afinque aquí y eso se va a conseguir. No es una variable, bajo ningún concepto, que la compañía pueda trasladarse de un territorio a otro». En una entrevista en euskera en la televisión pública vasca, la máxima representante política de la institución foral se mostró «preocupada» por la disputa que esta operación está generando entre los partidos políticos y lamentó que este asunto, muy mediático por la disputa territorial y el choque que mantienen en público su partido, el PNV, y el PSE, socios en el Gobierno foral, se esté tratando «con ligereza». Con todo, también reconoció cierta «preocupación», sobre todo por si la sede de esta emblemática compañía se traslada a Bizkaia, con el consiguiente efecto negativo en el empleo y la recaudación tributaria. Un caso que vuelve a poner sobre la mesa el debate recurrente en Euskadi sobre hasta dónde deben llegar las instituciones y los instrumentos financieros ligados al territorio en la defensa del arraigo empresarial.

El consejo de administración de Talgo nombró ayer a José Antonio Jainaga nuevo presidente de la compañía. El industrial asume así el puesto con plenos poderes ejecutivos para dirigir el futuro del fabricante de trenes una vez consumada la toma de control de la empresa por parte del consorcio formado por Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital junto al presidente de Sidenor. Jainaga, que ya estaba en el consejo y en un movimiento que se daba por hecho, da este paso después de que el histórico presidente de la compañía, Carlos de Palacio, haya presentado su dimisión. De Palacio ha estado durante 24 años al frente del fabricante de trenes en representación de la familia fundadora del fabricante de trenes. Y es que su figura tiene un peso de gran simbolismo, ya que es nieto de José Luis Oriol, quien puso en marcha Talgo junto al ingeniero Álvaro Goicoechea. Carlos de Palacio deja el cargo tras dar cumplimiento a uno de sus grandes deseos: trasladar de nuevo la empresa a Euskadi. Así, en la notificación del nombramiento señaló que «es una gran satisfacción y una enorme tranquilidad poder retirarme de la presidencia dejando Talgo en manos de un industrial vasco ejemplar como es José Antonio Jainaga, que la llevará muy lejos, y asimismo devolver a Talgo a sus orígenes y a los de mi familia».

Mirai Investments, el vehículo de inversión creado por José Antonio Jainaga y pilotado por Marco Pineda, ha adquirido la empresa hernaniarra Idistek, especializada en diseño, fabricación e industrialización de tarjetas y conjuntos electrónicos complejos. Se trata de la segunda compra por parte del fondo de una empresa guipuzcoana, tras la integración de IDK en diciembre de 2023. Idistek, como IDK, se incorpora a Ohmnia, la división electrónica cuyos accionistas son Mirai, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Vital y el ‘family office’ de Carmen Lequerica. La firma cuenta con una plantilla de 40 personas y factura ocho millones de euros. Según Mirai, tras esta adquisición «podrá ampliar su capacidad de desarrollo en un sector en auge». Junto a Idistek e IDK, las compañías TER, Coycavi, Tectron, IDK, Alcoelectro y Arteixo Telecom conforman el grupo Ohmnia.

Guardian Llodio apagó hace un año su horno y despidió a 171 trabajadores. El calor que existió en aquellas primeras semanas para buscar inversores para la antigua Villosa se fue templando poco a poco, aunque eso no significa que haya desaparecido. Todas las instituciones insistieron ayer en que siguen existiendo contactos y que en estos momentos reina la discreción para que las conversaciones continúen en busca de que alguien recupere uno de los pulmones industriales de la comarca de Aiaraldea. La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate (PNV), señaló que estos procesos son largos, complejos y cuestan más de lo que a todos nos gustaría porque hay muchos agentes implicados». Pero consideró que lo «importante» es que todas las partes están trabajando para buscar una solución y que la actividad vuelva a la planta de vidrio flotado. «El objetivo que todos deseamos es que el proyecto continúe», insistió Zárate, quien destacó que «Guardian está cumpliendo con lo que en su día dijo y sigue en la negociación». El objetivo no es que lleguen inversores industriales y apuesten en solitario por la antigua Villosa, sino que las instituciones están abiertas a poner dinero y acompañarles como ha sucedido con Talgo, Ayesa o Uvesco. El proyecto con más papeletas para hacerse con la antigua Villosa, tal y como avanzó este periódico, pretende fabricar en esta ubicación vidrio para sectores de alto valor añadido como la automoción o el doble acristalamiento para mejorar la eficiencia de los edificios.

Tubos Reunidos anunció ayer un cambio en la presidencia de la compañía, que será asumida sin funciones ejecutivas por el que fuera consejero delegado de Abengoa, Joaquín Fernández de Piérola. Y es que, el hasta ahora presidente no ejecutivo, Josu Calvo, presentó su dimisión por «el aumento considerable de la dedicación que requiere Tubos Reunidos y que le impedirá desempeñar el cargo en las condiciones» que, como añade, «exige el buen gobierno corporativo». Calvo llegó a la presidencia a finales de 2023 después de que Francisco Irazusta abandonara el cargo por un proyecto personal profesional tres años después de ser nombrado con poderes ejecutivos. Así las cosas, Fernández de Piérola, licenciado en Económicas, llega a la compañía que sigue mante- niendo como primer ejecutivo al director general, Carlos López de las Heras, en un momento complicado. Después de generar más de 100 millones de ganancias entre 2022 y 2024, en el primer semestre del año pasado firmó unas pérdidas de 28 millones y sufrió el impacto de los aranceles de Donald Trump en EE UU. En octubre, Tubos Reunidos suspendió su actividad en ese mercado, que representa algo más del 40% de los 767 millones de sus ventas.

 Las antiguas instalaciones de Cegasa, espacio histórico de la industria vitoriana, se han sometido a una rehabilitación para transformarse en un parque logístico. Uno de sus bloques aspira a llenarse de nuevo de trabajadores. Una firma tecnológica opta a instalarse en la remozada nave de Gamarra, «única» en el norte de España dadas sus prestaciones. Así lo adelantó ayer PK Blue Industrial&Logistics, grupo empresarial que ha regenerado el recinto de 26.000 metros cuadrados y otros complejos después de adquirirlos. En concreto, hay tres proyectos industriales que podrían ocupar la que fue nave de Cegasa –llamada ahora PKBL Beta–, pero uno, del sector tecnológico y «grandes dimensiones», es el que tiene las negociaciones más avanzadas. Si la operación sale adelante, previsiblemente a través de un alquiler a largo plazo, acogerá «actividad de producción» y generará empleo. «Esperemos que se desarrolle y se pueda ejecutar en 2026», indicó ayer José de la Calle, CEO de Pulsar Krean y miembro del comité ejecutivo de PK Blue, tras la presentación del recinto con otros responsables de la compañía e instituciones. El portavoz declinó, por discreción, dar detalles de las firmas interesadas.

 La consultora tecnológica Inetum y la firma de Donostia Multiverse Computing, especializada en la compresión de modelos de lenguaje de inteligencia artificial (IA), han suscrito una alianza para acelerar la adopción de modelos de IA "eficientes, seguros y sostenibles" tanto en organizaciones públicas como privadas, han detallado ambas empresas en un comunicado. Las dos empresas trabajarán en la identificación y desarrollo de oportunidades de negocio basadas en CompactifAI, la tecnología de compresión de Multiverse, que también reduce el consumo energético de los modelos de IA sin comprometer su rendimiento. La alianza busca facilitar el despliegue de soluciones de inteligencia artificial en entornos complejos, regulados o con infraestructuras limitadas, como administraciones públicas, transporte, defensa, banca o grandes operadores de servicios. 

En pleno debate por la escasez de suelo industrial, el Gobierno vasco busca tomar más cartas en el asunto. Mientras en la Diputación se perfila la ampliación de Arasur y Lakua busca expandir pulmones industriales de la Llanada como el parque tecnológico de Miñano, Júndiz o Subillabide, el Gobierno vasco pretende extender esta búsqueda a otros polígonos del territorio. Con este fin, Sprilur ha reservado 250.000 euros para «detectar suelos» al sur de la provincia para incorporarlo a la reserva para ofrecer parcelas industriales. A través de la empresa pública Arabako Industrialdea, Industria pretende, además, alquilar a lo largo de este año tres naves de su propiedad (dos en Júndiz y otra en Maskuribai, en Amurrio) y cuatro oficinas (dos en Vitoria y la misma cantidad en Amurrio). No será la única inversión. Esta semana pasada, Sprilur hizo público su plan de contratación para este año. Un programa que invertirá, al menos, 49 millones y que centrará sus actuaciones en Gipuzkoa y Bizkaia. Se levantará, por ejemplo, un edificio industrial en el puerto de Pasaia, se seguirá trabajando en los terrenos de ArcelorMittal en Zumarraga o se reurbanizará un polígono industrial en Zumaia. Pero también habrá actuaciones en Álava.

Con tractores, horcas y cencerros. El sector primario llevó ayer el campo al centro de Bilbao con un tono muy alejado del habitual ambiente de feria. Ganaderos de toda Bizkaia se movilizaron durante la mañana por el centro de la capital vizcaína en una marcha de protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La manifestación organizada en Euskadi por los sindicatos ENHE y ENBA advirtió que hablar de alimentación no es lo mismo que hacerlo de piezas de automoción o tornillos. «La alimentación no es una mercancía, es un derecho básico y tiene que haber otro tipo de sensibilidad», denunció el responsable de ENHE en Bizkaia, Unzalu Salterain, recordando que este tratado les convierte en «moneda de cambio» para favorecer a la industria. La marcha, que sumó decenas de tractores y centenares de agricultores llegados desde Carranza, Mungia, Markina, Abadiño, Gernika o Derio, entre otras localidades, lanzó un mensaje de protesta que recorrió la Gran Vía de Bilbao con lemas como ‘Los del campo comeremos, los de la ciudad ya veremos’ o ‘Sembramos trabajo y cosechamos ruina’. De esta forma manifestaron el pesimismo del sector ante las decisiones adoptadas en Europa. Y es que, aunque la pasada semana el Parlamento comunitario rechazó el acuerdo –con una mayoría mínima de 10 votos de un total de 669– y acordó llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), todo apunta a que el tratado firmado en Paraguay el pasado día 17 se pondrá en práctica de manera provisional, facilitando la entrada de carne procedente de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con una rebaja de aranceles que también se trasladarán a sectores clave de la industria como la automoción o la maquinaria.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a los profesores en su pleito contra las patronales Kristau Eskola y Aice-Izea. En concreto, les obliga a reducir una hora lectiva semanal a los educadores en beneficio de una hora complementaria para trabajo personal, que incluye labores como preparación y seguimiento del alumnado. Los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT llevaron a los centros de enseñanza de iniciativa social de Euskadi –unos 200– a los tribunales para exigir la reducción de la citada hora lectiva semanal, tal y como las partes acordaron hace casi dos años como parte de un pacto que puso fin a meses de huelgas. Esta medida se aplicó en algunos centros educativos pero no en otros, así que los representantes de los trabajadores acudieron a la Justicia. Lo que buscaban las centrales sindicales es repetir lo que ya sucedió el año pasado con el pago de las subidas salariales pactadas en el acuerdo de fin de huelga. El documento establecía que el incremento del 16% repartido en tres años debía comenzar a aplicarse al mes siguiente, es decir, en marzo de ese ejercicio. En algunos colegios no fue así y ELA judicializó el asunto. El TSJPV le dio la razón. Ahora, con la reducción de la hora lectiva, los sindicatos volvieron a acudir a los tribunales. 

La inmunización infantil con vacunas Vaxelis caducadas en Euskadi no afecta a un único lote de la hexavalente. Según reconoció ayer el consejero de Salud, Alberto Martínez, se han detectado otras dos partidas de preparados distintos que también se han inoculado una vez expirada su fecha de indicación. Entre ambos sueros hay 78 niños afectados: 49 recibieron la vacuna tetravalente y 29 la triple vírica. El Departamento de Salud los considera aún casos potenciales de vacunación fallida y confirmará uno a uno, con la cartilla vacunal que tienen las familias, si realmente recibieron esas profilaxis fuera de plazo. Estos casos los ha conocido el departamento en las últimas horas tras recibir los avisos dados por una madre y una unidad de farmacia de Osakidetza. Tras analizar la información y cotejar los datos de inoculación de esos lotes, Salud ha determinado que el número de nuevos posibles afectados rondaría los 80, que se sumarían a los 254 (ayer se conoció un caso más) que recibieron inyecciones caducadas de la hexavalente. Osakidetza mantiene abierta una investigación para aclarar todos estos fallos en la inmunización de la población infantil. «Tenemos mucha información ya, pero no toda», apuntó el consejero. Por este motivo reconoció que, según avancen las indagaciones, «podrían aparecer más casos» de vacunaciones realizadas con partidas caducadas. Uno de los problemas a los que la consejería atribuye esta cadena de fallos en el control de las profilaxis es el sistema informático empleado en Osakidetza para registrar las inyecciones administradas, para su traslado a la historia clínica. Al parecer, graba por defecto los datos del primer suero que se pincha al paciente. El problema viene cuando se trata de preparados con pautas de dos o tres dosis. Por lo visto, se quedan guardados los datos de la primera vacuna para los pinchazos posteriores. Los del resto no se registran y, aunque se introduzcan a posteriori por los sanitarios, en ocasiones no se guarda bien esta información y se replican los datos de la dosis inicial. 

Por sexto año consecutivo la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no contará con el concierto de los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO pactaron este jueves un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros en catorce pagas, y exento del pago de IRPF. Con la nueva revalorización, el salario mínimo acumula un incremento del 66% desde 2018. La subida de 37 euros al mes tendrá carácter retroactivo a enero de 2026, por lo que en la nómina de los 2,5 millones de trabajadores afectados por la subida se incluirá tanto la revalorización con el devengo correspondiente al primer mes del año. Además, un elemento crucial de la subida será limitar la posibilidad de que esta se absorba a través de los pluses y complementos salariales que perciben los trabajadores. Esta medida se articulará de forma paralela al decreto de revalorización del salario mínimo mediante desarrollo reglamentario. Por lo que esta limitación de la absorción no precisará de superar el trámite parlamentario al no tener rango de ley. CEOE y Cepyme proponían un incremento del 1,5%. “Ni propuesta de incentivos fiscales en la mesa, ni mucho menos indexación del salario mínimo a los contratos públicos”, señala el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, una vez conocido el acuerdo bilateral. Apunta entre las causas de la negativa empresarial a una subida desproporcionada por encima de la inflación media del año 2025, que ha sido del 2,7% “y usando un trilerismo estadístico para buscar esa cifra del 3,1% que estaba premeditada”. Ver notas de CEOE aquí. 

«La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada». «El riesgo cero no existe pero estamos cercanos. Tenemos un sistema muy seguro»... Ni dejación en la renovación ni un solo error en la supervisión ni en el control de las infraestructuras de la línea Madrid-Sevilla. Es más, según Óscar Puente, en el tramo de Adamuz donde el 18 de enero la rotura de un raíl provocó el accidente ferroviario que se saldó con 45 víctimas mortales y decenas de heridos, los exámenes sobre el estado de ese tramo «sobrepasaron» incluso los que fija la normativa vigente. En el Pleno del Senado, el titular de Transportes, durante su primera comparecencia parlamentaria tras el choque del Iryo (Málaga-Madrid) y el Alvia (Madrid-Huelva), insistió en su afirmación de que la infraestructura donde se produjo el siniestro había sido objeto de una «renovación integral». «Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla, es impensable. Significa actuar de manera progresiva, ordenada y compatible con la explotación ferroviaria, sustituyendo aquellos elementos que lo requieren», clamó el ministro.

El dinero deberá ser devuelto si no está asignado a proyectos antes de agosto. Cataluña y Canarias son las más rezagadas. A menos de un año para que se agote el maná de los fondos europeos de recuperación, ideados para amortiguar los perjuicios económicos derivados de la pandemia, las comunidades autónomas tienen aún una bolsa importante de ayudas sin gastar: cerca del 45% de los recursos que les corresponden, equivalentes a unos 13.000 millones de euros, permanece sin ejecutar, y más de un tercio de esa cifra ni siquiera se ha asignado a proyectos concretos. Así se desprende de los últimos datos que el Gobierno acaba de publicar sobre el avance del plan de recuperación, con información hasta el pasado 30 de noviembre. Madrid y Cantabria destacan como las autonomías más cumplidoras: son las únicas que han convocado todas las ayudas. 

Los alcaldes de la zona esperan la llegada de hasta 2.000 trabajadores chinos para poner en marcha una gigafactoría de baterías para coches eléctricos que constituye la mayor inversión histórica del país asiático en España, justo al lado de la planta que hace más de cuatro décadas era de General Motors y hoy es del conglomerado multinacional Stellantis. Los nuevos vecinos pondrán a prueba la capacidad de acogida de los pequeños pueblos que salpican la zona. “No tanto como algunos temen, pero va a ser un desafío”, dice Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola (PSOE), pensando sobre todo en la posible tensión del mercado de la vivienda y de los servicios sanitarios. Desde que en 1982 salió el primer Opel Corsa de la planta, en Figueruelas (1.300 habitantes) no han dejado de fabricarse coches. Pero el fabricante ha ido cambiando. En 2017, el grupo PSA, propietario de Peugeot y Citroën, compró Opel a General Motors. Adiós a los americanos. Cuatro años después, al frente de la planta quedó Stellantis, grupo nacido de la unión de PSA y Fiat Chrysler, que actualmente tiene unos 4.000 trabajadores y fabrica unos 300.000 coches al año en la planta zaragozana, entre Peugeot 208, Opel Corsa y Lancia Ypsilon en versiones de combustión y eléctricas. La noticia bomba llegó hace poco más de un año, cuando Stellantis y CATL anunciaron la inversión conjunta de “hasta 4.100 millones de euros” en una planta de baterías de litio para coches eléctricos.

Las aerolíneas europeas, entre las que destacan Ryanair, IAG, Lufthansa, Air France-KLM y easyJet por número de pasajeros, incrementaron el año pasado su tráfico un 5,3%, en línea con el crecimiento que registró la industria en todo el mundo, según datos que ayer publicó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). El avance de las compañías europeas contrasta con el estancamiento de las de Norteamérica (+0,4%), que es el tercer gran mercado mundial, tras Asia y Europa. En cambio, los grupos europeos se quedaron por detrás de los de África (+9%) y Asia (+7,8%), con dinámicas diferentes. La demanda en el Viejo Continente, medida en pasajeros-kilómetro (RPK, en la jerga del sector), subió ligeramente por encima de la oferta (+5,2%), de manera que la ocupación media de los aviones se disparó al 84,8%, el nivel más alto alcanzado desde que hay registros. Es el mayor índice entre todas las regiones que analiza el estudio, que no proporciona datos sobre la cifra absoluta de viajeros. “El retraso en las entregas de aviones desempeñó un papel fundamental en este resultado”, explica IATA. Su director general Willie Walsh, afirmó que “el incremento de la demanda es fuerte y continuado. Ello sitúa muy en el foco dos retos como son la descarbonización y la cadena de suministro”.

Repsol ha iniciado 2026 en el momento más propicio para el negocio petrolero en décadas, con el foco puesto en Estados Unidos. La multinacional se comprometió en 2022 a buscar una venta parcial de su filial a partir de este año y, según aseguran fuentes al tanto de la situación, la compañía liderada por Josu Jon Imaz y Antonio Brufau está sondeando potenciales inversores para buscar una ventana de liquidez que le permita maximizar el valor de este negocio. También cumplir con su socio, EIG, propietario del 25% de la filial de upstream desde hace cuatro años, con quien pactó esa posibilidad. Otras fuentes confirman que la compañía está sondeando el mercado, si bien matizan el movimiento no es sinónimo de una operación a corto plazo. Aunque no se descarta ningún escenario, creen que aún pueden pasar meses -o incluso irse a 2027para la potencial venta u otro tipo de transacción. Los plazos no son instantáneos. Sea como fuere, la compañía ha estrenado este 2026 en un escenario inigualable y que pocos podían imaginar cuando se pactó esta opción con sus socios inversores. En el sector comparten que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha sido un catalizador para el sector petrolero. 

Si la evolución del precio del petróleo atendiera únicamente a la situación de la economía y a la correlación entre oferta y demanda, la presión debería ser a la baja (o al equilibrio), no al alza, ya que si bien las perspectivas de crecimiento de la demanda han mejorado de cara a este 2026, los principales organismos mundiales, como la Agencia Internacional de la Energía (AIE), todavía atisban un exceso de producción, lo que debería contener el avance de la cotización del crudo. Sin embargo, el factor económico no es el único en liza. La prima de riesgo geopolítica, que se ha comportado como una montaña rusa en los últimos meses, sigue jugando un papel primordial en este nuevo desorden internacional que, junto a la guerra en Ucrania o las tensiones en Oriente Medio, han generado las erráticas y vehementes políticas de la Administración Trump. Ahora, todas las miradas apuntan a Irán, donde las crecientes amenazas de un nuevo ataque por parte de Estados Unidos mantienen en vilo al mercado y a los inversores y empujan al alza el precio del petróleo. La cotización del Brent, crudo de referencia en Europa, subió ayer más de un 3%, hasta la cota de los 70,7 dólares por barril en los contratos de futuros para entrega en marzo y registrando sus niveles más altos en varios meses. Es evidente que el precio del petróleo reacciona con fuerza a la tensión geopolítica, y prueba de ello es que acumula una subida superior al 16% solo en lo que va de este año, en medio de la renovada incertidumbre sobre un eventual alto el fuego en Ucrania, la ofensiva de Trump para hacerse con el control de Groenlandia (después aparentemente atemperada) y ahora con las amenazas cruzadas entre EEUU e Irán.

Pese a este respiro, todo apunta a que las cuotas de las hipotecas se encarecerán a partir de esta primavera. «Es probable que en las primeras reuniones de 2026 veamos continuidad en la política monetaria del BCE y que el euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales, lo que provocaría subidas en la cuota de las hipotecas variables que se revisen anualmente de cara a la próxima primavera», explica Pedro Ruiz, portavoz de finanzas personales de Kelisto.es. «El mercado está comprando una narrativa de hibernación monetaria: tipos estables, con microajustes solo si los datos obligan, con lo que el euríbor se moverá en bandas y no en tendencias agresivas», coincide Pablo Vega, experto en finanzas de Roams. Bajo esa expectativa de que el indicador no sufrirá vaivenes, Miquel Riera, analista hipotecario de Helpmycash.com, apunta a que los contratos con revisión anual se encarecerán si se actualiza el tipo a partir de primavera, «dado que el euríbor empezó a situarse en abril por debajo del 2,3%». Ese repunte de las cuotas ya lleva meses presionando las revisiones semestrales, que este enero también verán subir sus mensualidades pues, pese al estancamiento del euríbor, se superan con holgura los registros de hace seis meses, cuando el indicador se movía en el 2,079%.

“Es Europa la que decide quién viene a la Unión Europea y en qué circunstancias lo hace”. Esa frase pertenece a la estrategia de migración para los próximos cinco años que presentó ayer la Comisión Europea y resume a la perfección el objetivo del plan de desgranado por Bruselas. El Ejecutivo comunitario ha endurecido su postura en esta materia en la segunda legislatura de Ursula von der Leyen adaptándose al tono de una gran parte de los gobiernos de los Estados Miembros. Con su nueva estrategia, la Comisión Europea explica que mejorará la prevención de la migración ilegal y el desmantelamiento de las redes de tráfico de personas pero, al mismo tiempo, atraer talento a la UE para impulsar la competitividad de la economía. Esta estrategia parte de un refuerzo de las fronteras comunitarias. Se implementarán controles físicos y legales más estrictos, destacando el screening obligatorio y los nuevos procedimientos fronterizos, que se aplicarán a todas las llegadas ilegales a partir de junio de 2026. Junto a esto, la estrategia busca un sistema común de retornos que explora soluciones como los centros de retorno que, aunque se encuentran actualmente bajo negociación y exploración, se consideran una prioridad de la agenda política actual. Finalmente, la seguridad se reforzará con sistemas digitales de vigilancia que refuercen su efectividad.

La caza al inmigrante que Donald Trump ha desplegado en su segundo mandato, con agentes deteniendo de forma indiscriminada a personas por su color de piel, va a tener hoy su respuesta en la calle. Minneapolis y otras ciudades del país van a protestar contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), un cuerpo policial que está en el ojo del huracán tras la muerte de dos ciudadanos. La campaña de control de daños de Donald Trump por la crisis de imagen provocada, también entre los suyos, por la operación contra la inmigración en la ciudad de Minneapolis se encarnó ayer a primera hora de Minnesota (siete más en la España peninsular) en la estampa anodina de Tom Homan. El llamado zar de la frontera de la Casa Blanca adoptó un discurso menos agresivo que el de su predecesor, Gregory Bovino, y, con tono monocorde, explicó a la prensa que las autoridades federales, que han desplegado 3.000 agentes en este Estado del Medio Oeste, están “trabajando en un plan de desescalada”. El anuncio no impedirá que hoy Minneapolis y otras ciudades por todo el país salgan a la calle para protestar contra el terror migratorio de Trump.