20260217

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Según el último informe de la Air Transport Association (IATA), el promedio anual de entrega de aviones hasta 2031 es de 2.100 unidades. Unas cifras que, como explicó este lunes el 'número dos' de ITP Aero, Carlos Alzola, se van a disparar en la próxima década hasta alcanzar una renovación de la flota aérea mundial con la construcción de 42.000 nuevos aviones. La expansión del sector, tras el parón de la pandemia, parece no tener techo y el hecho de que Euskadi cuente con referentes internacionales de la aeronáutica, como el fabricante de motores ITP Aero, ha llevado al lehendakari, Imanol Pradales, a reivindicar el papel del PaísVasco en esta industria. Lo hizo este lunes, precisamente, en la sede de la firma vasca, propiedad del fondo estadounidense BainCapital y en la que el Ejecutivo participa con un 6%. Pradales reivindicó que «el sector aeronáutico y aeroespacial vasco está, por méritos propios, situado en una excelente posición». Este ámbito es en el que se centra la puesta en marcha del primer proyecto tractor de la veintena que contempla el plan Industrial delGobierno vasco. Una propuesta que liderará la propia ITP con una inversión que lanzará la empresa de 110 millones y que desarrollará con una docena de compañías vascas del sector generando 200 empleos directos y otros 600 indirectos. El objetivo es canalizar todas las capacidades del sector aeronáutico vasco para fabricar y contar con el desarrollo tecnológico del «avión del futuro». Según afirmó Pradales, una suma de fuerzas en la que están seis centros tecnológicos vascos y la UPV/EHU, y que conforma un «dream team que vuela alto con el objetivo de llevar la aviación 'Made in Euskadi' al futuro». ITP Aero es uno de los fabricantes de componentes de motores para aeronaves líder en el mundo. 

Euskadi logró en 2025 frenar el éxodo empresarial que venía arrastrando los últimos años, y es que por primera vez desde 2020, el saldo de las empresas instaladas en el territorio fue positivo. Concretamente, 192 compañías decidieron trasladar su sede de Euskadi a otras autonomías y 204 realizaron el camino inverso, es decir, dejaron su comunidad de origen para recalar en territorio vasco. Así lo revela un estudio elaborado por Informa D&B (filial de Cesce), que deja el balance de Euskadi en una ganancia neta de 12 empresas. No es un número excesivamente elevado, pero no deja de ser importante y positivo, teniendo en cuenta que el País Vasco llevaba once años consecutivos con registros negativos (con la única excepción de 2020, cuando llegaron dos empresas más de las que se fueron). De hecho, los datos acumulados en la última década dejan una lectura claramente negativa, ya que se trata de un saldo negativo de 327 empresas. La operación más relevante del último año ha sido el regreso de Talgo a Ribabellosa (Álava) tras la operación de control accionario del consorcio vasco liderada por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, junto con Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital. Eso sí, durante 2025 y pese al saldo positivo en la cifra de sedes empresariales, los cambios representan un saldo neto de facturación negativo de 115 millones. Madrid es el destino favorito de las empresas que deciden abandonar Euskadi. Concretamente, 73 de las 192 compañías que se fueron recalaron en la capital, que se ha consolidado claramente como un polo de atracción empresarial en estos últimos años. En la clasificación le siguen Cataluña, a la que se fueron otras 21 firmas y en tercera posición Cantabria, donde recalaron otras 17. Por contra, Madrid también fue protagonista en el número de procedencias, ya que desde la capital llegaron 81 firmas al País Vasco. Otra lectura interesante que deja el informe es el balance de Cataluña, que aún sigue padeciendo los efectos del 'procés' de 2017 y que, otro año más, fue la comunidad con el mayor saldo negativo. Ver informe completo aquí

Artículo del director general de SEA Empresas Alavesas, Juan Ugarte: "...Las empresas alavesas comienzan a percibir un cambio de tendencia tras un largo periodo de desaceleración. No hablamos aún de un punto de inflexión claro —solo el tiempo lo confirmará—, pero sí de una incipiente reactivación del mercado que invita a un moderado optimismo, siempre acompañado de la prudencia que exige el contexto económico actual...Los datos muestran una mejora relativa, tanto de la visualización del mercado como de la cartera de pedidos de las empresas, respecto al cierre de 2025. Por el contrario, no podemos obviar que el 60% de las empresas continúa sufriendo incrementos en el coste de sus aprovisionamientos, con una subida media del 8%, un factor que erosiona de una forma clara la rentabilidad de las empresas.... El absentismo laboral continúa siendo el principal motivo de preocupación para la inmensa mayoría de las empresas alavesas. Una media de 25 días de ausencia por trabajador y año supone un serio problema organizativo, productivo y de competitividad que requiere un abordaje urgente y compartido. En SEA, este problema capital fue uno de los principales caballos de batalla a lo largo del ejercicio pasado y, por ello, activamos un programa que tendrá continuidad este año con nuevas acciones orientadas a combatir el absentismo en nuestras empresas. A este problema se le suma la dificultad para encontrar perfiles adecuados para nuevas contrataciones, un obstáculo relevante en un momento en el que una de cada cinco empresas prevé crear empleo en los próximos meses...Ante este contexto, las demandas empresariales a las instituciones son claras. El 70% de las compañías reclama una reducción de la fiscalidad empresarial que permita reforzar la competitividad y facilitar la inversión. Asimismo, más de la mitad de las empresas pide una menor intervención en el ámbito de las relaciones laborales y la negociación colectiva, apostando por marcos más flexibles y adaptados a la realidad de cada sector y empresa..."

Malestar ante el distanciamiento de posturas entre sindicatos y patronal en la tercera reunión de negociación del convenio del metal para Bizkaia. Las cuatro centrales mayoritarias del sector –ELA, CC OO, LAB y UGT– calificaron de inaceptables las propuestas de la Federación Vizcaína del Metal (FVEM), en la que ven un intento de recortar derechos ya consolidados de los 60.000 trabajadores que se podrían ver afectados por el acuerdo. Desde la FVEM han decidido no trasladar por el momento ningún mensaje fuera de la mesa de negociación, pero los sindicatos critican que en la reunión dibujaron un escenario pesimista de un sector que este año prevé incrementar sus plantillas y en el que la mayoría de las empresas cerraron 2025 con beneficios. La propuesta de la patronal pasa por firmar un convenio hasta 2030, con una subida salarial del 2% entre 2026 y 2028, y del 1,5% para los dos ejercicios posteriores. Además, pidieron a las centrales una plataforma única que agrupe a las cuatro presentadas el pasado mes. La próxima reunión será el 12 de marzo. ELA criticó los aspectos «regresivos» que ven en la propuesta, con medidas como doblar el número de horas de flexibilidad –pasando de 100 a 200– y unos incrementos salariales «que no garantizan el IPC». «Vamos a defender un convenio sectorial que mejore las condiciones actuales, que reparta de manera más justa la riqueza y que contenga medidas para acabar con la precariedad existente», apuntaron. CC OO de Euskadi trasladó su «preocupación» y pidió «sensatez» frente a unas propuestas con falta de avances en materia de jornadas, la eliminación de garantías, una ampliación de la disponibilidad horaria para los trabajadores y, en definitiva, la voluntad de otorgar «más poder unilateral» a las empresas. «Su propuesta no responde a la realidad del sector ni al esfuerzo de las plantillas del metal en Bizkaia». LAB criticó que de los diez puntos presentados por la patronal, «siete suponen un empeoramiento claro del convenio actual».

El fabricante de neumáticos japonés Bridgestone obtuvo un beneficio neto atribuible de 1.740 millones de euros en 2025, lo que se traduce en un 11,3% más que lo que consiguió el año pasado, a pesar de ver su resultado afectado por «un entorno global altamente volátil» y los aranceles de Estados Unidos que «afectaron en las exportaciones» en este mercado, según informó ayer la compañía nipona. En este periodo, Bridgestone logró una facturación de 24.305 millones de euros, prácticamente la misma cifra del año pasado. Por mercados, el norteamericano volvió a ser donde el fabricante obtuvo sus mejores resultados, al concluir el año con 11.692 millones de euros en ventas, aunque con una reducción del 2% fruto del efecto de los aranceles. Su mercado nacional, Japón, fue el segundo mercado, con un volumen de ventas valorado en 6.949 millones, un 3% más. En Europa, Oriente Próximo y África su facturación creció un 2% hasta los 4.682 millones. Para este año, la compañía espera así un aumento del 3,9% en el beneficio neto. Cabe recordar que Bridgestone cerró en mayo de 2025 un ERE para su planta en Basauri (Bizkaia) que resultó en la salida de 232 trabajadores. Entonces, la firma justificó esta decisión por «la difícil situación del mercado, así como los cambios estructurales del mismo», que «hacen necesario un ajuste de la capacidad de producción para mejorar nuestra competitividad».

Papresa, propiedad desde 2020 del fondo alemán Quantum Capital, se encuentra en preconcurso de acreedores. Este mecanismo legal, que busca tiempo para negociar con bancos y proveedores, ha abierto una fase de incertidumbre sobre su continuidad. La empresa mantiene su actividad, pero afronta tensiones financieras tras la caída estructural de la demanda de papel prensa y la paralización de una de sus máquinas productivas. El interés del grupo industrial CL Grupo se centra únicamente en el área de embalaje, considerada más rentable, mientras la producción de papel quedaría fuera del acuerdo. El comité de empresa –integrado por LAB, ELA, ESK y CCOO– ha convocado cuatro días de paros desde hoy hasta el viernes de la semana que viene en horario de 12.00 a 16.00 horas. La preocupación se percibe en todos los barrios.  La posible aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 110 trabajadores ha encendido las alarmas en una comarca que conoce bien la importancia de la fábrica como motor económico y social.

Hace unos días, la empresa planteó un expediente de regulación de empleo para 301 trabajadores de sus plantas de Amurrio (Álava) y Trapagarán (Bizkaia), frente a una plantilla total de 1.300 operarios; anunció unas pérdidas de 71 millones en 2025; y avanzó un plan de viabilidad que pasa por la reestructuración de su deuda de 263 millones, además de la diversificación y la reducción de costes. Desde el Gobierno vasco y la Diputación de Álava llevan un tiempo reclamando a Sepi que renegocie su deuda con TR por los 113 millones concedidos por el fondo de rescate del Covid. El portavoz nacionalista en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, insistió ayer en esta demanda, “fundamental” para el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo. A su juicio, la reestructuración es necesaria para que entren socios privados. Actualmente, los principales accionistas son BBVA y las familias Ybarra y Lecquerica. Según dijo, tanto el Ejecutivo vasco como la Diputación de Álava (responsable en materia fiscal) están dispuestos a renegociar la deuda y “lo que falta es que lo esté el Gobierno español, a través de Sepi”. 

XPO Logistics, multinacional que ofrece soluciones integrales de transporte y logística, se encuentra en pleno proceso de expandir su presencia en Euskadi. La compañía ha adquirido un nuevo almacén, que se sitúa en el polígono industrial de Júndiz (Vitoria-Gasteiz), y que ha sido promovido por PK Blue Logistics. En estos momentos, la nave se está construyendo, puesto que las obras comenzaron en julio de 2025 y la previsión es que finalicen el próximo mes de mayo, de tal manera que pueda estar operativa en verano. La instalación contará con 9.600 metros cuadrados, además tendrá 37 muelles de carga, así como una capacidad superior a 8.200 palets europeos. Tal y como apuntan desde la organización, se trata de un proyecto que integra criterios de sostenibilidad con iluminación LED, paneles solares y sistemas de alta eficiencia energética, con certificación ‘LEED Gold’ y objetivo ‘LEED Platinum’. Por lo tanto, cumple con los requisitos establecidos en favor del medioambiente. La planta de XPO Logistics, además de ubicarse en una localización estratégica desde el punto de vista logístico como Júndiz, centro neurálgico para el sector, es concebida como pionera por su diseño orientado a la eficiencia operativa. Los operadores de nueva generación podrán encontrar en el almacén de XPO la respuesta a sus necesidades, ya que llevará incorporada tecnología punta. 

Cebek destaca que más de 20.000 alumnos/as FP Bizkaia tienen que hacer estancia formativa en Empresas este 2026. Gracias a este compromiso, el alumnado de FP obtiene una experiencia práctica alineada con los puestos que probablemente desempeñará al incorporarse al mercado laboral. Además, esta inmersión en la empresa contribuye a ajustar mejor sus expectativas. La estancia del alumnado de Formación Profesional (FP) en las empresas es una vía directa para acercar el talento joven a las necesidades reales del tejido productivo. En Bizkaia, la FP Dual —tanto en régimen general como en régimen intensivo— se consolida como una oportunidad para planificar relevo generacional, incorporar perfiles cualificados y mejorar la empleabilidad juvenil. En este contexto, Cebek acompaña a las empresas en los aspectos clave de estas estancias: elección de modalidad, encaje legal, trámites laborales y de Seguridad Social, y aprovechamiento de incentivos cuando proceda. Además de ello, ofrece asesoramiento jurídico a los centros formativos sobre aspectos legales a tener en cuenta para articular la estancia del alumnado en las Empresas, junto con el Gobierno Vasco. La FP Dual ya tiene un impacto muy relevante: en el curso 2023–2024, 10.586 alumnos/as realizaron Dual general o intensiva en 5.352 empresas, de los cuales 8.041 participaron en Dual general y 2.545 en Dual intensiva.  En 2024–2025 (dato de diciembre 2024), 2.801 alumnos/as estaban realizando Dual intensiva en 1.461 empresas, con incrementos respecto al curso anterior. Ver nota Cebek. 

Biolid Industrias Gráficas, empresa especializada en la fabricación de etiquetas para diferentes sectores, ha instalado una planta solar fotovoltaica de autoconsumo en su planta productiva en Basauri. De esta manera, la compañía da un nuevo paso en materia de sostenibilidad. Concretamente, el proyecto, que ha supuesto una inversión de 200.000 euros, ha consistido en la instalación de 447 paneles cuya producción anual estimada es de 232.000 kWh, lo que ayudará a reducir sus emisiones en 38 toneladas de CO2 al año. Así, Biolid optimizará el consumo eléctrico en horario productivo, generará un ahorro directo en costes energéticos y reducirá la dependencia de la red eléctrica.

¿Puede una empresa apropiarse de un topónimo si lo registra primero? El Tribunal Supremo acaba de resolver esta duda con un rotundo no. Cierra de esta manera el enconado pulso judicial de seis años entre dos bodegas de Laguardia, separadas por apenas tres kilómetros en lo geográfico y por un mundo respecto a estrategia comercial. Bodegas El Solar de Samaniego registró en 2008 la marca ‘Valcavada’ para uno de sus productos estrella. Acumuló una decena de premios internacionales con esta referencia directa a un conocido paraje de Rioja Alavesa. Hasta que en 2016, otra firma de la misma localidad inició la producción en serie – a través de Bodegas 1808– de lo que denominó ‘1808 Temperamento Natural Valcavada Singular Vineyard’. En las etiquetas de ambas botellas, la referencia al topónimo resultaba claramente visible. Esa era la única coincidencia. El resto –grafía, colores, envase– seguía caminos distintos. En enero de 2020, El Solar presentó una demanda contra su competidora en el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, sala especializada en estos pleitos de naturaleza civil. En aquella primera reclamación, el demandante recordaba que producía «entre 15.000 y 20.000 botellas» por añada con esta marca. Y que el perjuicio de que le saliera un competidor con idéntica –en la práctica, parecida– denominación le perjudicaba sobremanera. En este contexto exigía a su competidor «cesar en el uso de la marca», «retirar del mercado» todos los productos publicitarios o comerciales con referencia al paraje en cuestión, así como en su página web. Lo más relevante de la demanda, no obstante, se refería a la exigencia de «un 1% de la cifra de negocio realizada con 1808 Valcavada en los cinco años anteriores» o, en su defecto, «el beneficio» obtenido en ese mismo periodo.

El fondo Impar Capital irrumpe en San Sebastián con la compra de un edificio en el centro de la ciudad para el desarrollo de viviendas de lujo. El proyecto de Impar, que cuenta con la participación de clientes de private wealth de Banco Santander (Santander Private Banking Advisory, Sprea), supondrá una inversión total aproximada de 85 millones de euros, incluyendo la compra del inmueble y la reforma. En concreto, Impar y Sprea se han hecho con un edificio histórico ubicado en el número 1 de la calle Camino, en la convergencia con las calles Okendo y Santa Catalina, que pasará de uso mixto a un residencial de lujo con 34 viviendas exclusivas. El edificio contará además con un local comercial y dos plantas de sótano con garaje y trasteros. El proyecto será financiado por Banco Santander. El edificio adquirido se encuentra frente al Hotel María Cristina, junto al Teatro Victoria Eugenia y el río Urumea, en una de las zonas más emblemáticas y demandadas de San Sebastián, a pocos minutos de la playa y del casco antiguo. “Esta localización estratégica refuerza el carácter prime del proyecto y su atractivo para inversores y residentes”, indicó la empresa ayer en un comunicado. El proyecto contempla la conservación de la fachada histórica, combinada con una rehabilitación integral del interior, que incluirá una nueva estructura, instalaciones completamente renovadas y acabados de alta calidad.

La crisis demográfica se agudiza: apenas una de cada dos familias tiene hijos y se disparan los hogares monoparentales.  El Gobierno vasco aprobará hoy el quinto plan de familias, infancia y adolescencia, que regirá las políticas del Ejecutivo durante los próximos cuatro años y, en un contexto de grave crisis demográfica, recoge 17 medidas para fomentar la natalidad, la conciliación, garantizar unos recursos mínimos a los menores, reducir las desigualdades en salud y educación y abordar precozmente la violencia hacia la infancia. La iniciativa trata de responder a un momento crítico: Euskadi se enfrenta a un reto mayúsculo porque hay la mitad de niños que hace cuarenta años, las personas que viven solas se han disparado un 90% en poco más de dos décadas y las parejas sin hijos han crecido casi un 50%. Mientras, los hogares monoparentales y reconstituidos están al alza. Esta es la radiografía de cómo somos en este momento concreto. Euskadi, con una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo, vive una crisis de natalidad sin precedentes. La pirámide poblacional dejó hace tiempo de tener esa forma triangular. Algo que las instituciones achacan, entre otros factores, al retraso en la emancipación. La edad media de abandonar el hogar familiar en Euskadi es a los 29,8 años, tres y medio más que la media europea. De hecho, el 30% de los vascos de entre 25 y 34 años no puede independizarse por la precaridad salarial y las dificultades de acceso a una vivienda. Ello lleva a una primera maternidad muy tardía.

La Inspección de Trabajo de Euskadi cerró 2025 con algo más de 20.000 actuaciones que derivaron en 1.862 infracciones a las empresas, unas cifras ligeramente más bajas que durante el año anterior pero con un claro incremento en el ámbito de la seguridad y la salud. En esta materia se detectaron 570 infracciones, un 19,5% más que durante 2024, con unas sanciones que rozaron los 3 millones de euros (crecieron un 17%). Se trata de una área en la que el Gobierno vasco puso un especial ahínco. Llevó a cabo más de 11.500 intervenciones disparando los requerimientos hasta los 2.754, un 41% más que durante los doce meses anteriores. Así se traduce del balance realizado ayer por el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González. Torres defendió que pese a las cifras, «los comportamientos fraudulentos detectados afectan a porcentajes muy reducidos de empresas, lo que demuestra que el tejido empresarial vasco cumple la ley pero también evidencia que donde hay fraude actuamos con firmeza». Con todo, Pérez Barredo añadió que han notado un aumento considerable de denuncias tras la campaña realizada en diciembre para recordar que hay disponible un buzón anónimo del trabajador. «Esto pone de manifiesto la necesidad de llegar a estas personas que creen que están siendo vulnerados sus derechos», aseguró. Por su parte, la subdirectora de la Inspección de Trabajo explicó que las obras de construcción tanto públicas como privadas se llevan el mayor número de actuaciones inspectoras. . «Es donde más accidentes se producen y de mayor gravedad por los riesgos que existen, como las de caída de altura», detalló Iciar González.

Los procesos iniciados de incapacidad temporal por contingencias comunes registraron un incremento interanual de algo más del 7% en 2025, lo que supone 610.106 procesos más que en 2024, hasta alcanzarse los 9.162.372 –un 132% más que hace una década–. Estas son bajas laborales que se producen por enfermedades ajenas al puesto de trabajo, es decir, aquellas faltas al puesto que no se producen por contingencias profesionales. Solo estos procesos tienen una factura de 33.000 millones de euros para las empresas y la Seguridad Social, y sobre los que la patronal exige al Gobierno que actúe a la mayor celeridad posible. Así lo pone de manifiesto el último informe sobre coyuntura económica y laboral publicado por Confemetal, en el que además de advertir de estas cifras se reclaman al Gobierno medidas para lo que consideran “una cuestión de Estado”, clave para proteger al tejido productivo, aliviar el gasto público y dinamizar la productividad. En este contexto, desde la patronal de la industria del metal advierten de que el coste para las empresas del sector asciende a casi 3.000 millones de euros, lo que supone prácticamente el 10% de la factura global del absentismo a nivel nacional. Solo en el último año, la factura se ha incrementado en más de un 14% y en la última década en un 248%. Además, cabe recordar que según los datos de AMAT, la industria manufacturera registra uno de los niveles de incidencia mensual por cada mil trabajadores más elevado en términos de bajas por contingencias comunes. Concretamente, 38,11 casos por cada mil empleados, solo superado por 41,9 casos de la Administración Pública. 

La mesa de negociación para abordar los problemas derivados del aumento de los procesos de incapacidad temporal se mantiene prácticamente sin avances. La última reunión de ayer se saldó sin nuevas propuestas por parte del Ministerio de Seguridad Social, que insiste en el planteamiento de las bajas progresivas que ya ha sido reiteradamente cuestionado tanto por los empresarios como los sindicatos. En este sentido, fuentes del diálogo social aseguran que las conversaciones siguen circunscritas a la primera versión del texto que puso sobre la mesa el pasado mes de octubre el departamento de la portavoz del Gobierno y ministra, Elma Saiz. Esto es, la propuesta que pasar por promover la reincorporación de los trabajadores cuya baja supera los 180 días, de modo que puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la prestación por incapacidad temporal de la Seguridad Social. Una progresividad que tendría una duración máxima de 30 días y sería aplicable a trabajadores a jornada completa y también trabajadores a tiempo parcial con una jornada superior al 80%. Durante el periodo de reincorporación el empleado trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y una prestación equivalente al 50% de la prestación por la mitad de la jornada que no trabaja. Es sobre esta misma propuesta sobre la que siguen trabajando los agentes sociales, sin visos de poder llegar a un acuerdo. De hecho, para las próximas semanas se han convocados varias mesas de negociación de carácter técnico para abordar el papel de todos los agentes que participan en el proceso de gestión y control de las bajas: servicios públicos de salud, inspección de trabajo, inspección médica del INSS.

El nivel de afiliación sindical en España se ha reducido de forma paulatina desde comienzos de la década de 2000, desde cerca del 15% de los asalariados, un nivel ya relativamente bajo, al 12%-13% actual. Son datos de la OCDE sobre la tasa de afiliación sindical -medida como el porcentaje de los asalariados que están afiliados a un sindicato- que analiza Funcas. La trayectoria de España contrasta con la de Suecia, donde la afiliación a sindicatos también ha disminuido, pero se mantiene en niveles elevados -en torno a dos tercios de los asalariados-, y con la de Italia, con tasas también notables, y estables, cercanas al 30%. Alemania ocupa una posición intermedia, con un descenso desde algo más del 20% hasta cerca del 14%. Los sindicatos mantienen una presencia más sólida entre los trabajadores con trayectorias estables, pero afrontan dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado de trabajo y a quienes ocupan posiciones más vulnerables. Entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años. Este patrón supone un desafío para la sostenibilidad de la representación sindical a medio plazo. La baja afiliación en esos segmentos limita la renovación generacional de las organizaciones y puede contribuir al progresivo envejecimiento de su base social. Asimismo, incrementa el riesgo de que una gran parte de la población asalariada quede poco representada en los mecanismos de diálogo social. Ver nota Funcas aquí. 

La patronal se convirtió en el blanco de las críticas de Sánchez por haber rechazado, por sexto año consecutivo, apoyar este nuevo incremento de 37 euros al mes del salario mínimo (del que cerca de 50.000 vascos se verán beneficiados) en un discurso que, sin duda, provocará una nueva fisura en sus relaciones –más tensas que nunca– con la CEOE. El líder del PSOE quiso agradecer –en presencia de las dos vicepresidentas primeras, María Jesús Montero y Yolanda Díaz y en un auditorio repleto de ministros, sindicatos y autoridades varias– «a los que sí estáis» y se dirigió específicamente «a aquellos que han decidido no estar aquí y, por tanto, no participar de la firma». «Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. ¿Dónde está?», denunció en un claro reproche a la organización empresarial. Sánchez se preguntó por qué la CEOE ha optado por «borrarse» de la subida del SMI, cuando «no es admisible» que, en un contexto de años de bonanza económica, «se mire con lupa» el sueldo de trabajadores que cobran lo mínimo y «se mire hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios». Así, Sánchez dedicó gran parte de su intervención a criticar la actitud de la patronal y recalcó que «cuando el Ibex alcanza máximos históricos», «cuando la economía española crece al 2,8% y, por tanto, muy por encima de la media europea», «cuando las empresas consiguen beneficios multimillonarios»… «ahí sí están». Pero el presidente dio un paso más e incluso se atrevió a interferir en la negociación colectiva, una competencia exclusiva de sindicatos y empresarios, al lanzar una petición a la CEOE: «Yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy, por desgracia, no hay aumentos en el SMI». En esta línea, recalcó que «cuando toca apretarse el cinturón, lo hacemos todos; y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen», defendió.

España Crece, el nuevo fondo soberano con el que el Gobierno aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada, se ha diseñado en “clave verde, tecnológica y social”. Así lo subrayó ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anticipando que el instrumento ideado para dar continuidad a grandes inversiones estratégicas tras el fin de los fondos europeos permitirá destinar 23.000 millones para la construcción de 15.000 viviendas anuales. “Tenemos que construir más vivienda pública y asequible, y la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que nos impida construir más. Por eso el fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar el mercado de la vivienda, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año”, detalló Sánchez, acompañado de la plana mayor de su Gobierno, en la puesta de largo de la nueva herramienta, cuya presentación, inicialmente prevista para el 19 de enero, fue pospuesta por el accidente ferroviario de Adamuz. El presidente aseguró que el Ejecutivo “extenderá una alfombra roja al inversor privado”, pero no para especular, sino para construir hogares para quien los necesita. El fondo España Crece ha sido diseñado por el Ejecutivo para dar continuidad a grandes inversiones transformadoras tras el fin de los fondos europeos Next Generation, que se agotan este año. El plan pasa por recapitalizar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 13.300 millones en el segundo trimestre de este año, tomando 2.800 millones en ayudas no reembolsables de la UE y 10.500 millones de los préstamos blandos asociados al Plan de Recuperación.

La aplicación de la inteligencia artificial en los principales bancos españoles puede provocar, en el medio plazo, un ajuste del empleo que asesores y consultores calculan puede estar en el entorno del 15% del total. La mejora de la eficiencia de los procedimientos derivada de la implantación de la inteligencia artificial se estima que provoque un aumento de la eficiencia de esa magnitud pero, como señalan algunos expertos “una cosa es que se pueda mejorar la eficiencia y otra es capturar dichas mejoras” de manera que se conviertan en una realidad. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, señaló durante la reciente presentación de resultados de la entidad que el desarrollo de la inteligencia artificial en los procedimientos del sector financiero permitirá “hacer lo mismo de manera más eficiente o hacer más cosas”. Su entidad se inclina por conseguir esto último. El tiempo dirá cómo se reparte esa mejora de la eficiencia entre una mayor actividad y una menor necesidad de empleos. El desarrollo de la inteligencia artificial está teniendo lugar, en primer lugar, mediatizado por los elevados costes de inversión que conlleva y en unos momentos en los que “la presión de costes que tienen los bancos es muy elevada”, señalan consultores que están trabajando para las entidades, porque el actual nivel de los tipos de interés y la competencia por ganar cuota de mercado no permiten pensar en un crecimiento relevante de los ingresos en el medio plazo. Por eso, continúan, “conseguir contener los costes es algo relevante” para mantener los niveles de resultados de los últimos años.

La banca exhibe en sus balances una salud de hierro. El sector continuó en 2025 con el proceso de reducción de sus activos problemáticos que inició hace más de una década, durante la crisis financiera. El dato a cierre de 2025 se situó ligeramente por debajo de los 230.000 millones, un 1,4% menos que en el año anterior, de acuerdo a los datos de los balances de las instituciones financieras recopilados por la consultora Accuracy. El sector se apoya en la buena marcha de la macroeconomía, que compensa el incremento en los volúmenes de concesión de préstamos de todas las entidades. Las seis principales enseñas bancarias españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) registraron en 2025 un nuevo récord de beneficios, en 34.000 millones, con la rentabilidad también al alza. La cifra, aunque abultada, supuso una ralentización del crecimiento de las ganancias, que el año anterior se incrementaron un 20%. El sector se enfrentó en la primera parte del año pasado a varias bajadas en los tipos de interés, que se sitúan ahora estables en el 2%. Para compensarlo, tiraron, por un lado, de potenciar los ingresos por comisiones, pero también con un aumento en los volúmenes de crédito. Esto ha elevado la competencia en el sector y también las críticas de algunos bancos, fundamentalmente en lo que se refiere a las hipotecas. Una de las más contundentes ha sido la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha puesto el acento en el precio al que se están concediendo los nuevos préstamos, incluso por debajo del euríbor. Esto provoca, según su visión, que se estén constituyendo carteras deficitarias, que pueden poner a las entidades en problemas. También Carlos Torres, presidente del BBVA, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, afirman que han cedido cuota de mercado en este segmento.

La producción industrial de la eurozona retrocedió un 1,4% el pasado mes de diciembre en comparación a noviembre, según los datos publicados ayer por Eurostat. Eso sí, en comparativa interanual, la actividad se situó un 1,2% por encima. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera decreció un 0,8% frente a noviembre, mes en el que ya disminuyó una décima. En cifras interanuales, la actividad industrial se elevó, aun así, un 1,4%. Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores incrementos mensuales se registraron en Luxemburgo (+6,4%), Suecia (+4,4%) y Malta (+4,2%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Eslovaquia (-4,9%), Alemania (-2,9%) y España (-2,6%). Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Polonia (+6,9%), Suecia (+4,8%) y Croacia (+4,5%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Eslovaquia (-8,5%), Luxemburgo (-7,9%) y Bulgaria (6,8%).