20260916

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha trasladado esta mañana al Lehendakari Imanol Pradales, dos de las principales preocupaciones de las empresas vascas en este momento. “De una parte, la necesidad de que la sociedad en su conjunto tomemos conciencia del momento presente y de lo que está en juego. La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no están garantizados. De hecho, la competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y el conjunto de Europa. Las empresas en Euskadi tenemos la convicción de que es necesario promover un ‘pacto de país’ por una transformación competitiva que permita la supervivencia de nuestro tejido productivo”. La segunda cuestión que ha transmitido hoy al Lehendakari la presidenta de Confebask, tiene que ver con otra gran preocupación de las empresas vascas: el reto demográfico. “Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas diez años, si no se actúa a tiempo. Y vamos tarde. El 91% de las empresas vascas confiesan tener ya problemas de contratación. De hecho, el reto demográfico se ha convertido en una brecha estructural de talento que condiciona la competitividad de Euskadi”. Ver más en Confebask  Ver declaración Tamara Yagüe

«La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no están garantizados». Así se lo advirtió ayer al lehendakari la presidenta de la Confederación Empresarial Vasca Confebask, Tamara Yagüe, que ha lanzado la alerta de que la competitividad industrial en Euskadi «está actualmente comprometida» ante los desafíos que afronta el territorio y el conjunto de Europa. «Las empresas en Euskadi tenemos la convicción de que es necesario promover un pacto de país por una transformación competitiva que permita la supervivencia de nuestro tejido productivo», reivindicó. «Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas diez años si no se actúa a tiempo, y vamos tarde», apuntó. Como recordó tras el encuentro, el 91% de las empresas vascas admiten tener ya problemas de contratación. De hecho, esta situación se traducido ya en «una brecha estructural de talento que condiciona la competitividad de Euskadi». Desde la patronal recordaron que la situación va más allá de la rentabilidad de las compañías. «La competitividad ya no puede entenderse únicamente como un objetivo empresarial.  Yagüe también recordó que desde la patronal están abiertos a debatir sobre el salario mínimo interprofesional que volvieron a reclamar este lunes los sindicatos ELA y LAB, siempre que sea un SMI de convenio –recordó que ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que impide negociarlo tal y como ambas centrales habían planteado–, y cuando también se pueda debatir sobre «otros elementos relacionados con la competitividad como el absentismo o la flexibilidad». 

El CEO de Multiverse Computing, Enrique Lizaso, no esquivó los oscuros presagios y peligros que rodean a la tecnología que su propia empresa desarrolla. Al ser cuestionado sobre si esta alocada carrera entre potencias nos lleva inexorablemente hacia el colapso –«hasta que venga Terminator y acabe con todos», ironizó con una sonrisa durante el diálogo–, el directivo señaló que «la humanidad ya se ha encontrado otras veces en esta tesitura con las armas atómicas». El primer ejecutivo de la start up pronosticó que la magnitud del asunto obligará a las grandes potencias a sentarse a negociar. «Al final se llegó a un acuerdo de limitar eso», añadió sobre las inspecciones entre los Estados que desarrollan armas nucleares.  Lizaso, máximo responsable de la firma donostiarra valorada en 2.000 millones de euros, reconoció el innegable impacto de la inteligencia artificial y la computación cuántica y destacó que posee «la capacidad de cambiar el mundo no en 10 años, no en 20 años, sino en 5 años o menos». Una ola de innovación que, según advirtió el directivo navarro, reescribirá el tablero internacional a muy corto plazo y será el factor que decidirá de forma ineludible «qué países están arriba y qué países están abajo...Para mantener nuestro nivel de bienestar» y no acabar siendo meros «subsidiarios» de otras potencias, «debemos consolidar un ecosistema local fuerte, un objetivo en el que Multiverse podría asumir el rol de empresa tractora también en Gipuzkoa». «¿Se puede generar un ecosistema en este sentido? Sí que se puede generar», aseguró, recordando que para lograrlo es vital entrar «al comienzo» de la ola. «Tenemos la ocasión de que el desarrollo de la IA en Europa se fije en Donostia», apostilló.

Entre 50.000 y 200.000 euros. Son los sueldos que se pagan en Multiverse Computing, la ‘start up’ de moda que está valorada en 2.000 millones y que sigue apuntando al cielo de la vanguardia. El vertiginoso desarrollo de la industria de la Inteligencia Artificial está marcando un escenario económico sin precedentes, donde la pugna por el talento se ha convertido en una pieza angular para el crecimiento de las compañías punteras. En este contexto, la compañía donostiarra se sitúa en un nicho de altísima exigencia, compitiendo no solo a escala europea, sino también en el radar del ecosistema inversor internacional. Esta ambición global exige rodearse de profesionales altamente cualificados en un momento crítico para las empresas, que se enfrentan a serias dificultades para atraer y retener talento mientras lidian con la inminente jubilación de la generación del ‘baby boom’. Para sostener su crecimiento y mantener su estatus, la compañía invierte de manera decisiva en dos rúbricas fundamentales. Según detalló ayer su CEO, Enrique Lizaso, en el foro ‘Gipuzkoa al Día’, la primera es «la capacidad de computación», que requiere comprar horas a gigantes tecnológicos. Sin embargo, «el otro ámbito, y es el que más afecta aquí seguramente, es el talento, son las personas». Esta apuesta por el capital humano se traduce en un esfuerzo económico considerable, pensado para atraer perfiles de alta especialización a su sede en Donostia.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Euskadi se disparó un 4,5% en agosto en términos interanuales, lo que supone el nivel más elevado desde febrero de 2023, cuando todavía se dejaban sentir con fuerza las consecuencias inflacionistas de la guerra de Ucrania. Ahora, con la tensión en Oriente Medio y la crisis de Ormuz como telón de fondo –el estrecho por el que antes de la guerra de Irán transitaba cerca del 20% del petróleo mundial–, los precios vuelven a coger velocidad. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su mayor volatilidad, también aceleró, aunque con mucha menos intensidad, del 3,1% al 3,3%. Esta brecha respecto al IPC general evidencia que buena parte del repunte está concentrado en los componentes más expuestos a las actuales tensiones energéticas. Sin embargo, que la inflación de fondo siga por encima del 3% muestra que el encarecimiento no se limita únicamente a la energía y continúa extendido a otros bienes y servicios.

El Gobierno vasco ha presentado alegaciones al real decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica ultima para el desarrollo de centros de datos. Un texto ya en exposición pública que ha encendido las alarmas de la propia patronal del sector –que ha amenazado con retirar las millonarias inversiones previstas– y, ahora, del propio Ejecutivo autonómico, que se suma a otros como Aragón. El problema radica en las condiciones energéticas que Madrid quiere imponer a estas instalaciones, enormes consumidoras de electricidad. La propuesta del Gobierno central obliga a que el 80% de su demanda esté respaldada por nueva generación renovable y, además, a que producción y consumo estén acompasados hora a hora. Una exigencia especialmente difícil de cumplir para instalaciones que funcionan de manera ininterrumpida y necesitan garantizar el suministro incluso cuando no hay suficiente producción solar o eólica. Ver nota Gobierno vasco aquí

«A Europa se le ha escapado el primer tren definitivamente, el de la inteligencia artificial (IA) agéntica, donde estamos condicionados por EE UU y China. Pero ahora empieza a arrancar un segundo tren, el de la IA en soportes físicos. Es fundamental para el futuro del continente y de Euskadi que nos montemos en él cuanto antes y sepamos conducirlo para que vaya hacia donde nosotros queramos». Con este mensaje, el exvicepresidente de BBVA y actual miembro de Zedarriak, Pedro Luis Uriarte, señaló la importancia de que el País Vasco comience a adentrarse en una transformación industrial que ya está en marcha –que tiene su epicentro en China, ya que fabrica el 97% de los robots humanoides a escala global–.

Se reduce la brecha entre favorecidos y vulnerables por la enorme caída de los primeros. «No es una buena noticia», alertan Esade y Save the Children. La brecha académica entre el alumnado más vulnerable y el que proviene de los entornos más favorecidos se ha reducido en Euskadi, España y la OCDE en su conjunto, según refleja la última edición del informe PISA, la evaluación educativa más prestigiosa a nivel mundial. En un contexto en el que el rendimiento en Lectura, Ciencias y Matemáticas se ha desplomado en la mayoría de países, las diferencias entre los estratos sociales disminuyen. Pero no lo hacen porque ‘los de abajo’ mejoren (de hecho, empeoran sus resultados); sino porque ‘los de arriba’ caen con mayor fuerza. Este fenómeno se ha producido de forma más acentuada en el País Vasco que en el resto de comunidades españolas y de países del entorno.

El Consejo de Ministros aprobó ayer una inversión de 364 millones de euros durante los próximos cinco años para ampliar el aeropuerto de Bilbao. Una vez asegurada la financiación, la pregunta ahora es cuánto tardará este proceso; es decir, cuándo Loiu podrá estirar sus alas para absorber el incesante aumento de tráfico registrado en el último trienio. Y es que la evolución del número de pasajeros resulta tan espectacular como preocupante. Se corre el riesgo de morir de éxito. El aeródromo vizcaíno sigue creciendo con mucha fuerza. Cerró 2025 con más de 7 millones de pasajeros y este ejercicio se acercará, contra todo pronóstico, a los ocho. ‘La Paloma’ fue inaugurada en noviembre de 2000, sobre un diseño que Santiago Calatrava pensó para 4,5 millones de clientes, aunque sucesivos parches han ido estirando su capacidad hasta los seis millones. El aeropuerto roza la saturación, sobre todo en hora punta. Y todavía faltan varios años para que se presente el proyecto de ingeniería definitivo, se liciten los contratos y se ejecuten unas obras que, a priori, se presumen complejas por la necesidad de compaginar los trabajos con el quehacer diario.

63,2 millones de euros. Ese es el dinero exacto que Aena invertirá en el aeropuerto de Foronda entre 2027 y 2031. El Gobierno central aprobó ayer el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan inversor general para todos los aeródromos nacionales. La versión a la que dio luz verde el Consejo de Ministros plantea para Vitoria exactamente las mismas cifras que avanzó el gestor aeroportuario a principios de año, haciendo oídos sordos a las exigencias de la Diputación alavesa. El texto definitivo se limita a enumerar actuaciones de «mejora de procesos y calidad en el área terminal», intervenciones «en campo de vuelo y plataforma», «mejora de la seguridad» o «sistemas de información y comunicaciones». Son términos casi idénticos a los ya conocidos en el borrador inicial y, sobre todo, dejan sin rastro presupuestario el proyecto para una nueva terminal de pasajeros. En el mismo periodo, el vizcaíno Loiu recibirá una inyección de 364 millones.

Con ese volumen de inversión, Aena proyecta diversas «actuaciones de mejora» en el aeropuerto guipuzcoano. La actuación que más dinero se llevaría, casi la mitad del total invertido, es la destinada al incremento de la seguridad operacional y del equipamiento de seguridad, que superaría los 20 millones. En este apartado se prevén medidas como el refuerzo de la escollera y el recrecido y ranurado de la pista, actuaciones que obligarán a detener toda la actividad del aeropuerto y cerrar la infraestructura durante cuatro semanas. Esas obras están previstas que se ejecuten el primer semestre de 2028. En ese apartado también se abordarían actuaciones de mejora de procesos y calidad en la terminal, como mejoras en la sala de embarque; actuaciones en el campo de vuelo y plataforma, como la remodelación de las plataformas este y oeste; y mejoras en los sistemas de información y comunicaciones.

El tratamiento VIP que otorgará la etiqueta de “inversión estratégica” que adjudicará el Gobierno a los proyectos de interés público condicionará los procesos para captar subvenciones. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que establece una vía rápida para agilizar proyectos que se consideren estratégicos, ha introducido una novedad. Se trata de la concesión de “prioridad en la tramitación de incentivos regionales” a las iniciativas que cuenten con el sello estatal, una novedad respecto a los borradores que han circulado en la tramitación. Con la nueva prevalencia, las comunidades autónomas que apostaban por estos proyectos pero con intereses locales verán su capacidad de influencia muy reducida. Los incentivos regionales son un programa de ayudas públicas que gestiona el Ministerio de Hacienda y que abren la puerta a la financiación de proyectos en determinados territorios que, con criterios de la UE, se considera que necesitan un apoyo extra para lograr la convergencia con la media del bloque comunitario. Los territorios que superan determinados límites económicos (en este caso, Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra) no pueden pedirlos. 

El sector fotovoltaico lanza un SOS al Gobierno. Unef, su patronal, reclamó ayer un programa de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 950 millones, ante el creciente riesgo de que muchos proyectos solares no puedan asumir los intereses de sus deudas en las actuales condiciones de mercado. El objetivo es ganar tiempo para sortear la actual travesía por el desierto: el desplome de precios en las horas de más incidencia solar. Según la patronal, la última gran entidad financiera que aún financiaba el riesgo de mercado se ha sumado al portazo de la banca. «Ese banco considera que ya su riesgo mercado está cubierto», indicó José Donoso, director general de Unef, en un encuentro con medios con motivo de la presentación del último informe anual. Desde Unef han evitado dar nombres, pero varias fuentes empresariales apuntan a Banco Sabadell, entidad que en los últimos años se ha mostrado más proactiva al financiar proyectos fotovoltaicos que no pasaban el examen de riesgo de otras grandes entidades. La petición de Unef busca evitar la asfixia financiera, al menos, hasta que la demanda eléctrica repunte en España, según sus previsiones, dentro de tres años.

Día crucial para el último desembolso de los fondos europeos. El Congreso de los Diputados debate y vota hoy el real decreto-ley que el Gobierno aprobó en agosto para regular a los grupos de interés –o lobbies– y que, entre otras obligaciones, recoge la creación de un registro de entidades que ya ha echado a andar con más de 250 asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales y de consumidores; o grandes empresas. La convalidación del texto está en el aire, después de que Junts haya avanzado que votará en contra y el Partido Popular todavía no haya avanzado el sentido de su decisión, si bien desde el PSOE reconocían ayer las escasas probabilidades de obtener el visto bueno de la Cámara Baja. Si el Parlamento decide hoy tumbar el decreto que aprobó el Gobierno el mes pasado, España podría perder hasta 1.500 millones de euros del último pago de los fondos europeos debido al incumplimiento de uno de los hitos comprometidos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Renault, Tesla o Enagás, entre las empresas inscritas. 

Canadá y los países europeos comparten una narrativa política común. La arquitectura legislativa, la organización federal, un sistema de valores con el Estado del bienestar en el centro, y así un largo etcétera de herencias recibidas de la cultura francesa e inglesa. Pero si en algo difieren es en la estructura económica. Canadá es un país bendecido por las materias primas, el petróleo, las tierras raras y los minerales estratégicos. Estos activos, de los que Europa adolece, se han convertido en el núcleo principal de las conversaciones entre Ottawa y Bruselas, que pueden cristalizar en octubre con el nombramiento como Estado asociado del país americano. El principal problema que tiene Canadá es que no logra transportar sus recursos por un corredor atlántico. No existe un oleoducto que permita la salida del crudo por la costa Este hacia Europa, y muchos de los yacimientos de minerales críticos más valiosos tampoco cuentan con las conexiones adecuadas. Canadá es rico en los minerales protagonistas de la transición energética y las baterías: litio, níquel, cobalto. Históricamente se han priorizado las exportaciones por vías norte-sur, para vender al vecino estadounidense. También el país se enfrenta con problemas internos, como los vetos de los pueblos indígenas a la construcción de estas infraestructuras. Canadá confía en que las empresas españolas logren crear las infraestructuras necesarias, que pueden incluir también puertos, para poder transportar con éxito hasta Europa estos recursos. 

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, se está quedando sin alternativas para dar salida a su producción, lo que va a suponer una escalada adicional en el ya intenso incremento del precio del petróleo. El bloqueo del estrecho de Ormuz con la guerra de Irán ya fue un primer mazazo y ahora, más de seis meses después del inicio de ese conflicto, el país ve amenazada la gran alternativa que había encontrado para sus exportaciones: el oleoducto Este-Oeste que conecta sus yacimientos petrolíferos con el mar Rojo. Esta infraestructura crítica, que estaba funcionando al máximo de su capacidad transportando siete millones de barriles diarios, ha quedado cerrada por un tiempo impreciso. Se agrava aún más la escasez de suministro al mundo del petróleo del golfo Pérsico y el conflicto en Oriente Próximo escala a un nuevo nivel en el que los 150 dólares el barril Brent podrían ser la próxima frontera. El tope al que podría escalar el crudo si se materializa el peor de los escenarios, el de un conflicto más amplio que provoque daños en las infraestructuras energéticas que lleve tiempo subsanar.

Donald Trump no parece tener suerte con la Reserva Federal. En su primer mandato, el presidente de Estados Unidos eligió a Jerome Powell para encabezar el banco central, pero tiempo después el inquilino de la Casa Blanca lo acusó de todos los males posibles y llegó a llamarlo “zopenco” por su negativa a adecuar a sus deseos la política monetaria del país. Tras deshacerse de Powell, ya en su segundo mandato, creyó ver en Kevin Warsh a la persona idónea para lograr unos tipos de interés bajos capaces de impulsar la economía y el empleo. Pero esta segunda jugada también parece que puede salir mal. La mayoría de analistas dan por hecho que Warsh, que solo lleva cuatro meses al frente de la Fed, anunciará hoy la primera subida de tipos de la institución en tres años, presionado por unos datos de inflación que no dan tregua. Los mercados tienen aún menos dudas que los analistas: las operaciones con futuros dan una probabilidad del 90% a la subida de tipos. 

Washington reconoce por primera vez que ha desplegado armas en el espacio. Lo ha anunciado esta semana el secretario de las Fuerzas Aéreas, Troy Meink, durante una conferencia aeroespacial celebrada en Maryland. «Estamos aumentando nuestra preparación frente a las actuales amenazas, Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a sus fuerzas frente a acciones hostiles de adversarios», aseguró Meink. Meink no dio detalles sobre qué tipo de dispositivos ha desplegado Estados Unidos ni sobre cuándo lo ha hecho. Pero se trata de una admisión de gran relevancia, después de muchos años de conjeturas sobre el desarrollo y el uso de armamento en el espacio, tanto por parte de la primera potencia mundial como de sus grandes rivales globales: Rusia y, sobre todo, China. Hasta ahora, ninguno de ellos había reconocido que tiene armas en el espacio. Trump creó la Fuerza Espacial de EE UU durante su primer mandato para reforzar aún más las Fuerzas Aéreas ante la carrera armamentística. El Pentágono tiene puesta la vista sobre Pekín y Moscú porque el espacio ha dejado de ser un entorno pacífico para convertirse en un dominio operativo de guerra.

China sigue pisando el acelerador mientras mira de reojo el freno de emergencia. La segunda economía mundial quiere ganar la carrera de la IA, construir modelos más potentes y recortar cualquier ventaja tecnológica de EEUU. Pero, al mismo tiempo, sus reguladores se preparan para un escenario que hace poco parecía reservado a la ciencia ficción: que esas máquinas se vuelvan demasiado inteligentes para obedecer. Los documentos oficiales chinos ya contemplan sistemas capaces de conseguir recursos por sí mismos, replicarse sin permiso y experimentar repentinos saltos de inteligencia. Y ahora la alarma ha llegado también a uno de los rincones más herméticos de Pekín: el Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de inteligencia, acaba de advertir de que la IA puede convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Su ministro, Chen Yixin, sostiene que esta tecnología representa ya un potencial riesgo para la seguridad política, social y militar del país. «Fuerzas hostiles y personas con segundas intenciones están abusando de tecnologías de IA generativa», advirtió Chen, señalando los «ejércitos de trolls inteligentes» como herramientas para «fabricar rumores políticos a gran escala». El ministro calificó estas operaciones de una forma de «guerra cognitiva» capaz de amenazar la seguridad política, institucional e ideológica del país.