20260318

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El coste al que tienen que hacer frente las empresas vascas para mantener a sus empleados sigue situándose muy por encima del que asumen las compañías de otras comunidades. Gastos que cada vez son mayores, tal y como constatan los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifran en 3.878,71 euros mensuales el coste por trabajador en Euskadi en el cuarto trimestre del año pasado. La cifra incluye remuneraciones y cotizaciones a la Seguridad Social y es un 3,8% superior a la registrada el año anterior. Al mismo tiempo, el número marca un nuevo récord de la serie histórica para la comunidad, y se sitúa 466,23 euros por encima de la media nacional. Esta pronunciada brecha se explica por varios motivos. Por una parte, Euskadi es la segunda comunidad con los salarios más altos (las empresas abonan 2.860 euros de media al mes por cada trabajador), siendo superada exclusivamente por Madrid (3.099 euros). Y por otra parte, el País Vasco ocupa la primera posición en el coste de las cargas laboral, que llegan a los 988,65 euros, un 2,5% más que el ejercicio anterior. El grueso de esta cuantía –93,3%– se va a las cotizaciones. La industria, que es el gran motor productivo de la comunidad, concentra los costes laborales más elevados –llegan a los 4.702 euros– debido a los mayores sueldos. Se sitúan así bastante por encima de los costes laborales que asumen las empresas de construcción (4.281 euros) y del sector servicios (3.602 euros). . Los datos publicados por el INE también revelan que Euskadi se sitúa como la comunidad con menos tiempo efectivo trabajado, solo por detrás de Asturias.  Así, si las horas pactadas ascienden a 147,8 al mes, las horas efectivas fueron 123.

Se trata de una batería de actuaciones en el terreno industrial que básicamente se dirigen a la protección de los empleos, el apoyo financiero a las pymes, a la diversificación de negocios y a la autonomía energética. El plan de Lakua ha quedado aprobado este martes en el Consejo de Gobierno –la reunión semanal del lehendakari con sus quince consejeros, diez del PNV y cinco del PSE-EE– y ha sido presentado en rueda de prensa por los titulares de Economía y Empleo (Mikel Torres), Hacienda (Noël d'Anjou) e Industria (Mikel Jauregi). Este último ha explicado que se trata de «anticiparse» y «actuar rápido» en todo lo que depende del Ejecutivo autonómico. Es, en cualquier caso, un primer paquete de medidas abierto a ampliarse en el futuro, ya que se desconoce la duración del conflicto bélico emprendido por Estados Unidos e Israel contra Irán. El grueso del importe se destinará a las pequeñas y medianas empresas, las que menos músculo tienen para afrontar sobrecostes coyunturales o la caída de mercados y pedidos ante la incertidumbre geopolítica. Elkargi gestionará una línea de avales por un máximo de 450 millones de euros –por ahora, el primer tramo es de 100– que beneficiará a quienes operen en sectores con «exposición significativa» al mercado de Estados Unidos y al conflicto en Oriente Medio. Se concederán importes de entre 100.000 y 1,5 millones de euros a empresas, y de 30.000 a 120.000 a autónomos. Tendrán un plazo de hasta cinco años, con máximo dos de carencia. Ver más aquí. Presentación Gobierno vasco aquí. 

Jauregi mantuvo en la tarde de este martes una reunión con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para analizar una alternativa. Lo hizo al día siguiente de que la empresa lograra este lunes reducir la plantilla en los 301 puestos que se había fijado a través de bajas voluntarias y tras fracasar la negociación con los sindicatos. Este ajuste era un paso recogido en el plan de viabilidad de la firma y que da «una paz social -señaló Jaruregi- que es bienvenida para nuestra búsqueda de un inversor industrial». Pero antes es necesario una reestructuración de la deuda. Para ello, en el encuentro mantenido en la tarde de este martes con la Sepi, el Gobierno vasco ofreció una solución, que Jauregi no quiso desvelar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Una alternativa de base legal que recoge una fórmula «original», señaló sin ir más allá. La propuesta del Ejecutivo autonómico considera que el impacto que la crisis arancelaria de EE UU ha tenido en Tubos Reunidos es un hecho excepcional, como lo fue la pandemia. Es «el primer ERE de la era Trump», explicó Jauregi citando al vicelehendakari y consejero de Economía y Empleo, Mikel Torres. 

El vicelehendakari y consejero de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres, fue ayer muy duro con el papel de los sindicatos en las negociaciones del ERE de 301 trabajadores que planteó Tubos Reunidos sobre su plantilla de 1.300 personas. Torres reclamó «una reflexión a los sindicatos» y acusó a algunos de los representantes de actuar «con criterios que no son sociolaborales». Además, una vez que más de 300 empleados sí aceptaron la propuesta de la empresa, aseguró que «ahora entendemos porque no dejaron hablar a la plantilla». El ERE fue rechazado por la mayoría de delegados sindicales, encabezados por los de ELA, ESK y LAB de la planta de Amurrio, que impidieron, además, que la plantilla votara sobre la oferta. La cuestión es que la dirección hizo un ofrecimiento abierto a toda la plantilla con las condiciones de su última propuesta: indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades y un incentivo adicional de hasta 15.000 euros. En el caso de los empleados desde 57 años, una prejubilación con el 70% del salario hasta los 63. Y a partir de esa edad, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Un planteamiento que, en cambio, sí aceptaron muchos empleados hasta cubrir el ajuste de las 301 plazas planteado por la dirección. Actualmente, el comité de empresa mantiene una huelga indefinida contra un ERE que ha quedado desactivado tras las suscripciones voluntarias de la plantilla.

La plantilla de Talgo ha convocado paros de dos horas en cada turno para los días 8 y 15 de abril, así como para el 6 de mayo. El comité intercentros quiere manifestar con esta medida su rechazo a la posición de la dirección a la que achaca no querer revisar la remuneración salarial en 2026. Los trabajadores de Talgo han venido aumentando su nómina en los años 2023, 2024 y 2025 en un importe del IPC más un extra con el que ha acumulado un total de 1% en esos tres años. Pero en la reunión celebrada con la dirección de la empresa no se ha concretado una ninguna subida salarial para 2026. El comité ha reclamado que «la plantilla debe estar en el centro de las medidas de futuro que se tomen en el plan industrial». Los empleados no han cobrado tampoco en los dos últimos años un complemento salarial, que equivale al 12% de su retribución, por las pérdidas cosechadas. Con la llegada de José Antonio Jainaga a la presidencia de Talgo, la empresa ha anunciado inversiones de 90 millones para los dos próximos años y la creación de 200 empleos en este año.

Los paros convocados por ELA y LAB en defensa de un salario mínimo vasco se dejaron notar en educación y en el transporte, aunque apenas afectaron a la industria y a la administración pública. Tuvo un impacto limitado en las empresas de Bizkaia y Álava. Se dejó notar en el transporte a primera hora con retenciones en las carreteras por la presencia de piquetes, un metro que alargó algunas esperas –aunque las frecuencias no bajaron del 60%, el doble de lo recogido por los servicios mínimos– y un Bizkaibus que registró una incidencia aún menor. En sanidad hubo un seguimiento desigual. Algunos ambulatorios presentaron carteles avisando a los pacientes de que sus consultas habían sido anuladas, aunque sin afectar a los principales servicios, y en los colegios el seguimiento del profesorado superó el 50%, con unos comedores sin cocinas y con falta de monitores. En industria la afección fue reducida en Bizkaia y Álava. En firmas clave como Mercedes el seguimiento quedó por debajo del 10%, en Petronor apenas se registró afección entre el personal propio, y en Michelin, Arcelor Mittal Sestao, Iberdrola, Talgo, Bridgestone, ITP Aero y Sidenor ocurrió lo mismo. Sí se vivió con intensidad en Tubacex, donde se alcanzó un 75% de seguimiento, en plena negociación de su convenio y en un valle de Ayala sacudido por los cierres y la crisis de Tubos Reunidos. También tuvo un seguimiento considerable en Gestamp y CIE Automotive. Por su parte, en el Puerto de Bilbao señalaron que la operativa se mantuvo con normalidad. El impacto fue mucho mayor en Gipuzkoa.

En Gipuzkoa se celebraron marchas en Donostia y Eibar, además de movilizaciones en otros municipios, en una jornada con especial seguimiento en la industria, la educación, y el transporte público, según los sindicatos convocantes. La huelga registró paros en empresas como el Grupo Inda, Elmubas, Corrugados, Arcelor Bergara, CIE Legazpi o CAF Irun y Beasain. También hubo cierres parciales en cooperativas como Irizar, Orona, Fagor Electrónica, Ulma Embedded y Ampo, según las centrales. En los centros educativos públicos el seguimiento fue amplio: más del 80% en haurreskolas e ikastolas, más del 60% entre el profesorado público y más del 65% entre el personal de servicios. Numerosos colegios, como Urdaneta (Ordizia), Egape (Urnieta), Karmengo Ama (Donostia) o Garaikoetxea Landaberri (Lasarte-Oria) funcionaron con servicios mínimos.

La presión de los piquetes y de la huelga convocada este martes por los sindicatos ELA y LAB por un SMI propio se ha notado especialmente en los comercios que han levantado la persiana en la Gran Vía bilbaína. La mayoría de las tiendas se han visto obligadas a cerrar al paso de los manifestantes. Uno de los numerosos actos de protesta convocados en la capital vizcaína ha tenido como objetivo Primark, donde se han mostrado más agresivos y lanzado papeles y petardos bajo el grito de 'Gora langileon borroka'. Los insultos a los agentes que allí vigilaban la calle han elevado el tono de la protesta. Posteriormente se han parado junto a la Torre BAT y el Corte Inglés, donde también han golpeado la persiana, aunque el momento más tenso se ha registrado a la altura de Pull&Bear. En este punto se ha unido a la columna que venía desde Sagrado Corazón. Los piquetes no han encontrado en este lugar agentes que les detuvieran y se han adentrado en el interior de la tienda del gigante Inditex, donde han generado importantes destrozos. Además de los gritos y el lanzamiento de pasquines, varios de los manifestantes han golpeado la persiana, han desordenado las mesas, han lanzado pintura y han arrojado al suelo varios percheros, burros con ropa y algunos maniquís. Numerosas prendas han quedado tiradas por toda la tienda. Ante los destrozos registrados, los trabajadores han intentado bajar la persiana para bloquear el acceso a los piquetes y entonces varios de ellos han intentado impedirlo. Al empujar la estructura han provocado daños en las columnas que están en los accesos al comercio para evitar robos de prendas.

La huelga general convocada por ELA y LAB es la primera a la que se enfrenta el Gobierno de Imanol Pradales. Pese a que el lehendakari trató de escenificar un acercamiento con los sindicatos a su llegada a Ajuria Enea hace año y medio –tras un final de mandato de Iñigo Urkullu marcado por duros desencuentros–, ese intento no ha evitado un nuevo pulso con las centrales, que instaron a Lakua a «rectificar» una posición que «va en contra del autogobierno». El Ejecutivo autonómico, que considera errónea la huelga y la enmarca como una herramienta de presión política, reiteró ayer que la vía para que Euskadi logre un salario mínimo propio pasa por el diálogo social «y no por la confrontación». Lakua ha insistido durante todo el proceso en que este SMI –que, según un estudio elaborado por la consejería de Trabajo, debería situarse entre 1.268 y 1.385 euros brutos mensuales– debe articularse a través de la negociación colectiva con la patronal. Confebask, sin embargo, rechaza siquiera sentarse a hablar si no se lleva el debate a la mesa de diálogo social –donde ELA y LAB se niegan a participar– y se vincula a otras cuestiones como el absentismo. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, insistió en que «Euskadi debe poder contar con un salario mínimo propio y con las competencias para ello», remitiendo esa posibilidad a una eventual reforma normativa.

La patronal vasca optó ayer por guardar un cauteloso silencio. La elocuente ausencia de valoraciones por parte de Confebask, en una jornada en la que los dos principales sindicatos del territorio dirigían la protesta contra ella, refleja un cambio de fase en este pulso. Tras el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que avala que no existe obligación de sentarse a negociar, la organización empresarial parece dar por encauzado el conflicto en el plano jurídico y evita reabrirlo en el terreno público. La patronal dirigida por Tamara Yagüe sigue sin aclarar, en todo caso, si acudirá a la reunión que ELA y LAB han vuelto a convocar para el próximo 24 de marzo en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), con el objetivo de reabrir la negociación sobre un SMI a través de la negociación colectiva. En esta ocasión, las centrales soberanistas tratan de sortear los obstáculos jurídicos señalados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al plantear que el debate se limite al ámbito estrictamente laboral y «sin afectar a las prestaciones sociales». La sentencia advertía de que este tipo de acuerdos no puede incidir en materias como la Seguridad Social o las indemnizaciones del FOGASA. Aunque los sindicatos buscan una nueva reunión bajo este marco, lo cierto es que la patronal se sigue negando a abordar el debate sobre el SMI si no se vincula a otras cuestiones como la competitividad o el absentismo. Confebask, además, quiere hacerlo en la mesa de diálogo social, donde no participan ELA y LAB.

"La huelga general convocada para este martes por los sindicatos nacionalistas, en Euskadi y Navarra, y únicamente apoyada por los partidos de izquierda (Bildu, Sumar y Podemos), se ha planteado como una gran demostración de fuerza social. Sin embargo, el seguimiento registrado a lo largo de la jornada ha estado lejos de las expectativas generadas por los convocantes. Salvo algunos focos de incidencia en el sector público, el comercio y el transporte, garantizados por la acción de los piquetes; y las movilizaciones organizadas en las capitales vascas, la actividad económica y laboral ha continuado con relativa normalidad en buena parte del país. Lo que invita a una reflexión que va más allá del propio seguimiento de una huelga que tenía, desde su convocatoria, un marcado carácter político...Las huelgas nacen de un conflicto entre trabajadores y empresas y tienen por objeto reivindicaciones concretas de índole económica: salarios, condiciones de trabajo, despidos… Son un instrumento de presión dentro del marco de las relaciones laborales. Pero lo vivido este martes no encaja en ese esquema, porque la reivindicación de un SMI vasco de 1.500 euros mensuales excede el ámbito de la negociación sectorial y las actuales competencias del autogobierno vasco. Dicho de otro modo, no es una cuestión que pueda resolverse en una mesa de negociación entre sindicatos y empresarios, sino una decisión que depende de una modificación del marco legal estatutario, vinculada a un debate sobre el modelo territorial. Hacerlo realidad exige trenzar mayorías y acuerdos parlamentarios hasta ahora inexistentes. Por lo que este martes no se trataba tanto de paralizar la producción para presionar a la patronal a aceptar un aumento del salario mínimo más o menos razonable, como de echarle un pulso a Imanol Pradales y María Chivite poniendo en evidencia la incapacidad de Euskadi y Navarra para decidir...Nada impide a ELA y LAB defender un determinado modelo territorial y de país. Forma parte de la pluralidad democrática. Pero conviene no confundir los planos y la huelga de este martes no es tanto una protesta laboral, como una forma de hacer política por otros medios". 

Pese a la compleja situación de la automoción, el proyecto alavés para fabricar baterías en Euskadi, Basquevolt, sigue sumando accionistas en su capital. Según ha dado a conocer la firma este martes, el fondo Axon Partners ha entrado en el capital de la empresa. La operación cuenta con el apoyo de Ventures EPM y el CDTI, un organismo del Gobierno central para impulsar nuevos desarrollos tecnológicos. La inversión, según la empresa de Miñano, servirá para «avanzar en su hoja de ruta industrial incluyendo el escalado de la producción de electrolito y el refuerzo de sus capacidades de fabricación y validación». El nuevo inversor, según Basquevolt, «aporta un valor estratégico gracias a su experiencia invirtiendo en compañías tecnológicas, especialmente en tecnologías 'deep tech' vinculadas a la transición energética, así como a su sólida trayectoria apoyando el escalado industrial de proyectos innovadores». «La entrada de Axon Partners y el apoyo continuado del CDTI representan un hito clave para Basquevolt en esta fase de nuestro desarrollo», ha señalado Pablo Fernández, director general de Basquevolt. «Esta operación nos permite acelerar nuestra hoja de ruta industrial y avanzar con mayor confianza hacia la preindustrialización de nuestra tecnología, respaldados por socios que comparten nuestra visión a largo plazo y nuestra ambición estratégica», ha añadido. La compañía alavesa suma así otro hito tras anunciar hace tres semanas que Renault trabaja con las baterías de Basquevolt. El fabricante vitoriano firmó un acuerdo de desarrollo en enero con Ampere, la división de vehículos eléctricos y software, y aseguró entonces que trabaja con tres fabricantes del sector automotriz.

El proceso de reconfiguración accionarial del mayor operador de telecomunicaciones en España por número de clientes ha entrado en su etapa administrativa decisiva. Tras el registro oficial de la solicitud de adquisición el viernes, 13 de marzo, la Comisión Europea dispone de un plazo que expira el 22 de abril para pronunciarse sobre la operación mediante la cual el grupo Orange pasará a controlar el 100% de MasOrange. Este movimiento supone la ejecución de los mecanismos de salida previstos para los fondos de inversión agrupados en Lorca JVCO (KKR, Cinven y Providence), propietarios de MásMóvil, quienes hasta ahora compartían el control de la entidad al 50% con la multinacional francesa. La decisión que emane de Bruselas es un trámite de competencia necesario, ya que la transición de un “control conjunto” a un “control exclusivo” requiere un nuevo análisis sobre el impacto que esta consolidación de la propiedad puede tener en la gobernanza y la estrategia de inversión en el mercado español. El hecho de que la petición se haya registrado formalmente el 13 de marzo, como adelantó El Economista, indica que Orange ha decidido acelerar la toma de control total, asumiendo la totalidad del capital y, por ende, la gestión absoluta de los activos, la red y la estrategia comercial del operador en territorio español.

La tasa turística empezará a cobrarse en todos los establecimientos hoteleros de Euskadi el 1 de enero de 2027. Las tres diputaciones, que se encuentran elaborando ahora mismo las correspondientes normas forales que regularán el tributo, han pactado un calendario común que contempla la aprobación de la normativa durante el verano y su entrada en vigor a partir del año que viene. Los Gobiernos forales avanzan casi en paralelo desde que dieran a conocer el mes pasado los principales detalles de la tasa turística. Su aplicación será obligatoria y los responsables de recaudarlo serán los ayuntamientos con independencia del peso que tenga el sector en la economía y la vida local. Los únicos municipios que podrán no cobrar a los turistas serán aquellos que dispongan de 25 o menos plazas alojativas. El importe del impuesto oscilará entre 0,75 y los 5 euros por persona y noche, aunque variará según el tipo de establecimiento en el que se pernocte. Es decir, no se cobrará lo mismo en un camping o un albergue que en un hotel de lujo. Además del rango fijado por las tres diputaciones, los municipios que superen las 750 plazas podrán establecer un recargo extra de hasta el 50%, lo que elevaría el importe máximo a cobrar hasta los 7,50 euros. Todo el dinero que se recaude debe revertir en mejorar los servicios de las localidades.

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado los nuevos estatutos de Azpilur Euskadi, que da el relevo a la entidad pública Sprilur. Azpilur tiene como objetivo desarrollar actividades relacionadas con la promoción, ejecución y gestión de infraestructuras, equipamientos y servicios de interés público. La entidad podrá recibir encargos del Gobierno Vasco y de los organismos que de él dependen para el desarrollo de infraestructuras públicas. La experiencia de Azpilur en estas labores contrubuirá a la mejorara de la eficiencia de los proyectos de construcción.

El precio de la gasolina y del gasoil, en escalada descontrolada desde hace días, ha batido esta semana los dos euros por litro en cientos de gasolineras en España. Aunque la media sigue estando por debajo, numerosos establecimientos empezaron este lunes a marcar los dos euros o más en sus monolitos (el luminoso donde se anuncian los precios). Así se desprende del análisis estadístico con el medio millón de datos que aparecen en el Geoportal, el servicio online del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) donde se recogen a diario todos los precios de los carburantes en España. El Geoportal recoge información de las 12.220 gasolineras en España por marcas, población, localización exacta, horarios y coste de todos productos. El pasado lunes, se rebasó por primera vez en algunas gasolineras la barrera de los dos euros por litro. Es un listón histórico que no se superaba desde mediados de 2022, cuando se rompió el mercado energético por la guerra de Rusia contra Ucrania. La barrera de los dos euros es también psicológica. Mientras el precio está entre 1,8 y 2 euros, los usuarios apenas cambian su comportamiento porque el de los carburantes es un mercado muy inelástico (la demanda varía poco aunque suba el precio, siempre que esté dentro de un umbral). El descontrol de precios está ocurriendo en todos los productos, aunque con distintas manifestaciones. Tanto en gasoil A (de automoción), como en gasolinas, de 98 (la más cara) y 95 (la más usada). El lunes fueron apenas un puñado de gasolineras en España las que rebasaron los dos euros por litro. Pero lo que empezó siendo una anécdota, se ha convertido en tendencia. 

El Gobierno ultima el plan anticrisis con el que aspira a frenar le golpe de la guerra en Oriente Medio sobre la economía nacional. El objetivo del paquete de medidas que el viernes presentará el presidente Pedro Sánchez no es otro que evitar posibles efectos de segunda ronda con el barril de petróleo manteniéndose en el entorno de los 100 dólares. Pero el mensaje es claro: ni esto es la guerra de Ucrania ni España necesita tanto soporte público como entonces. El titular de Economía reconoció que algunas de las medidas que se implementaron durante la anterior crisis, como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, fue «la medida que más efectos regresivos tuvo, así como un impacto negativo en las estaciones de servicio, sobre todo las más pequeñas». Es decir, descarta repetirla. Y también aleja la posibilidad de una rebaja del IVA generalizada de los alimentos, como han reclamado los supermercados ante el aumento de sus costes. De las palabras de Cuerpo también se desprende que tampoco habrá medidas de protección en el mercado de la vivienda. Aunque los detalles se conocerán el viernes, el Ejecutivo centrará las medidas en limitar le impacto de la subida de la gasolina y la electricidad en sectores específicos, como el transporte, el campo o la pesca, además de las industrias intensivas en el uso de energía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en desbloquear el estrecho de Ormuz con una escolta militar, para la que ha pedido sin éxito la implicación de la UE. Pero las mismas autoridades y organizaciones marítimas que velan por la seguridad del tránsito a nivel mundial continúan desaconsejando el paso por el Estrecho y desconfían de la viabilidad de la propuesta. Irán, por su parte, mantiene los ataques en el Golfo y el control de la zona, aunque sí podría estar permitiendo el puntual de algunos buques, y solo de países amigos. El cierre de Ormuz es la gran baza de un régimen de Teherán sin opciones militares. El bloqueo ya pasa factura a la economía global con un encarecimiento súbito del petróleo, el gas y todos sus derivados, con impacto directo en el sensible bolsillo de los ciudadanos de EE UU. El precio del diésel en Estados Unidos ha superado los cinco dólares el galón (equivalente a 3,785 litros) por primera vez desde diciembre de 2022. Con las elecciones de noviembre a la vista, la Casa Blanca ha prometido desbloquear el tráfico de los petroleros por la vía militar y ha pedido la implicación de la OTAN. La Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU responsable de regular la seguridad y protección del transporte marítimo, ha advertido que la escolta militar no es garantía suficiente de seguridad. Según ha asegurado su director general, Arsenio Domínguez, al Financial Times, “los buques mercantes y los marineros pueden verse afectados” y ha añadido que “la situación es preocupante, sobre todo porque los barcos no pueden operar libremente en el estrecho de Ormuz ni en la región del Golfo. El acceso a los puertos también está limitado, ya que las instalaciones portuarias están siendo atacadas”.

El cierre del estrecho de Ormuz amenaza con provocar una tormenta perfecta con impacto en el bolsillo de los consumidores, pero también en las cosechas, el envasado de productos de consumo diario o el uso de ChatGPT, Gemini o Copilot. Cada día que se extiende la guerra de EE UU e Israel contra Irán se restringe el comercio mundial de productos que van más allá del petróleo y el gas natural, y cuyo impacto en la economía global es tanto o más relevante, aunque mucho más silencioso. “La verdadera vulnerabilidad son los derivados, no el crudo”, sostiene en un informe Felipe Elink Schuurman, cofundador de la firma de compraventa de materias primas Sparta, que advierte de que están próximos los efectos de segunda ronda que impactan ya en las cadenas de suministro y de que “esta crisis va mucho más allá del barril de petróleo”. Cinco millones de barriles de derivados de petróleo cruzaban cada día Ormuz antes de la crisis. Fertilizantes, helio, combustible para barcos y aviones, aluminio o destilados como la nafta han dejado de circular libremente por este paso. Steve Gordon, director global de investigación de Clarksons, calcula en un informe publicado el lunes que el tránsito de embarcaciones se ha reducido un 95%: de las 125 diarias que atravesaban la zona hace poco más de dos semanas se ha pasado a cinco. El parón impacta en el 19% de todos los productos refinados del petróleo que se consumen en todo el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Y también afecta al 13% de todos los productos químicos, incluidos los fertilizantes, y al 2% del grano seco.

La ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel ha congestionado el estrecho de Ormuz, tensando el mercado energético mundial y poniendo en jaque contadores y facturas de la luz. Este contratiempo energético se suma a otro directamente vinculado a la construcción de vivienda, que en España adolece —según lamenta el sector— de una enorme incapacidad para abastecer la actual demanda. Levantar obra nueva pasa por ser uno de los remedios para combatir la crisis de acceso que más consenso generan entre los actores del sector inmobiliario. Aumentar la oferta supone poner la primera piedra para afrontar la situación actual, aunque la colocación de todos los demás ladrillos resulta un proceso tedioso, en el que intervienen distintas administraciones, y al que se suma últimamente la incapacidad de la red eléctrica española para abastecer a las nuevas urbanizaciones, según denuncian los promotores. Este colectivo advierte de que en 2025 apenas se atendió el 12% de las solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica que realizaron las empresas eléctricas. Así, solo se concedieron 4,5 gigavatios de acceso y conexión; mientras que el 66% (25 GW) no pudieron ser atendidos, y el 22% restante (8,5 GW) continúan en tramitación.

“Ofrecemos transparencia, honestidad y un servicio personal.” Así concluye la propia presentación de LinkedIn de Market Financial Solutions (MFS), que desde el pasado 25 de febrero se encuentra en concurso de acreedores entre sospechas de fraude y, según informaciones no confirmadas, la escapada de su consejero delegado a Dubái justo antes de que estallara la crisis. La firma obtuvo 2.500 millones de libras (unos 2.900 millones de euros) de entidades como Barclays, Apollo y Santander. El caso tiene antecedentes en EEUU, de manera que los analistas se preguntan si habrá más sorpresas y, sobre todo, la afectación que puede tener una mayor crisis del crédito privado en la banca tradicional, más regulada. MFS fue fundada en 2006 por Paresh Raja, junto con su esposa, Tiba. Los principales productos que ofrecía eran créditos puente e hipotecas para comprar viviendas que luego se alquilan. Uno de sus principales clientes era Saifuzzaman Chowdhury, exministro de Bangladés, cuyas propiedades investiga la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), aunque no existe ninguna acusación. La información, que se va conociendo con cuentagotas, señala a un agujero en el balance de unos 930 millones de libras....La presidenta de Santander, Ana Botín, comparó recientemente esta situación con las picaduras de las medusas: “A veces te pican un poco, pero si tienes cuidado, no importa. Aun así, puedes nadar. Puedes dar un préstamo que no funciona. Pero no sales y simplemente te vas al mar. Eres muy cuidadoso. Te pones algo de protección. Eso es lo que hacemos y así vemos la situación actual”, declaró a Bloomberg. Lo que Botín ha descrito como medusas son “cucarachas” para Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan. Al frente del mayor banco de EEUU, Dimon ya alertó hace meses de este tipo de quiebras, adelantando que surgirán más casos a medida que el ciclo económico se vuelve menos favorable. En su opinión, está lejos todavía de generar un problema sistémico, pero reconoció que “cuando ves una cucaracha, generalmente hay más”. En Wall Street, las primeras señales de alerta saltaron con la quiebra de Tricolor Holdings el año pasado.

La polémica integración de Escribano Mechanical Engineering, la empresa de Ángel Escribano, presidente de Indra, y su hermano, en la cotizada sigue generando una fractura en el Consejo de Administración que ayer se agrandó un poco más y provocó nuevas turbulencias en Bolsa. La acción de Indra se llegó a desplomar un 8% y cerró finalmente con caídas del 4,19%, lo que supone evaporar 440 millones de euros de valor en bolsa en una sesión en la que se ha negociado el doble de títulos de la compañía que de media. De fondo, los rumores de un inminente cese de Ángel Escribano a instancias del Gobierno, al igual que ocurrió en febrero. En ese momento, la acción llegó a acumular más de un 15% de caídas en varios días por las dudas de la fusión. Sin embargo, el tajante respaldo del Gobierno al presidente de Indra cortó la sangría en bolsa y esa fue la principal diferencia respecto a lo ocurrido ayer. Ni desde la Sociedad Estatal para las Participaciones Industriales (Sepi), ni desde del Gobierno respaldaron la gestión de Escribano, bajo cuyo mandato la compañía multiplicó por tres su valor. Fuentes de Moncloa se desmarcaron de cualquier intento de cese inmediato de Escribano, pero eludieron respaldar públicamente la continuidad del presidente de Indra. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llamó a la «prudencia» y puso el foco sobre el consejo de la compañía. «Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa», incidió el ministro.

Israel recuperó los asesinatos selectivos de altos cargos de Irán para descabezar al régimen islámico. El ejército israelí informó ayer de la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán y auténtico hombre fuerte del sistema desde la muerte de Alí Jamenei durante el primer día de guerra. Los militares anunciaron además que habían matado al máximo responsable de los basiyíes, Gholamreza Soleimani. Los basiyíes son el cuerpo vinculado a la Guardia Revolucionaria que se encarga del control y la represión en las calles del país y Soleimani estaba al frente de la organización paramilitar desde 2019. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, celebró que Larijani y Soleimani se habían «unido al jefe del programa de aniquilación, Jamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno». Teherán se demoró varias horas, pero acabó confirmando ambos asesinatos. Primero el de Soleimani, a través de un comunicado de la Guardia Revolucionaria en el que elogió su papel «estratégico e inigualable» y advirtió de que la Basij no cesará en la lucha.

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, ha presentado su dimisión en rechazo a la guerra contra Irán que iniciaron su país e Israel hace más de dos semanas. Su renuncia evidencia la división que la contienda genera en territorio estadounidense y también dentro de la Administración Trump, donde hasta ahora no se había escuchado ninguna voz discordante. «No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense», ha explicado en una carta dirigida al inquilino de la Casa Blanca. Kent se encontraba al frente de un organismo dependiente de Inteligencia y que fue creado a raíz de los atentados del 11-S con el fin de recabar información sobre terrorismo internacional.