20260728

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi ya tiene su primer 'unicornio', el nombre bajo el que operan las 'start ups' tecnológicas que alcanzan una valoración de mil millones de euros sin llegar a cotizar en Bolsa. Y Multiverse Computing ya forma parte de ese selecto club. La compañía donostiarra ha cerrado una nueva ronda de financiación de 500 millones de euros que confirma su vertiginoso crecimiento y eleva su valoración hasta los 2.000 millones. El salto ha sido meteórico. Hace apenas un año, cuando cerró su anterior ronda de financiación, el mercado valoraba Multiverse en torno a 300 millones de euros. Ahora, antes incluso de incorporar los 500 millones de nuevo capital, los inversores sitúan su valor en 1.500 millones, cinco veces más. Una cifra que permite a la tecnológica superar holgadamente el umbral de los 1.000 millones que da acceso a este reducido club de los 'unicornios'. La operación es, de hecho, una de las mayores rondas de financiación de la historia reciente en España. Detrás de esta apuesta millonaria está también la carrera de Europa por ganar terreno en una inteligencia artificial dominada hasta ahora por gigantes estadounidenses como OpenAI y Anthropic o por el chino DeepSeek. Una dependencia tecnológica que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas y que ayuda a explicar las importantes inyecciones públicas recibidas por Multiverse, convertida ya en una de las grandes apuestas europeas para desarrollar una IA propia, más eficiente y capaz de funcionar sin depender de las infraestructuras de las grandes tecnológicas extranjeras. Ver nota de Multiverse aquí. 

Multiverse Computing ya es ese 'unicornio' al que aspiraba a convertirse hace muy poco tiempo; esa 'start up' de rápido crecimiento que sin cotizar en Bolsa logra una valoración de al menos 1.000 millones de euros. El primero visto en Gipuzkoa en toda la historia. De hecho, se puede decir que la compañía, referente mundial en inteligencia artificial y computación cuántica, es en realidad dos unicornios en uno. Y es que, aunque parezca mentira, pues nació hace sólo seis años, la firma ultima (con un enorme éxito de demanda) una nueva ronda de financiación con compromisos cerrados de hasta 500 millones de euros que le ofrece un valor 'pre-money' (anterior a esa inyección de capital) de 1.500 millones de euros, que sumados a lo que ahora va a ingresar elevan su tamaño a 2.000 millones. Un orden de capitalización muy próximo al de veteranas cotizadas vascas como, por ejemplo, CAF. La firma, que sigue recibiendo el interés de inversores de todo el mundo, mantiene abierta la ronda y espera cerrarla en breve. Su tecnología (denominada CompactifAI) logra, apoyada en la computación cuántica, reducir al extremo el tamaño de los modelos de inteligencia artificial sin apenas perder rendimiento, con lo que eso supone en términos de ahorro energético y nuevas oportunidades de aplicarse en dispositivos muchísimo más pequeños. «Durante años, la industria de la IA ha dado por válida una falsa limitación: que los modelos potentes requieren infraestructuras costosas», afirmó Enrique Lizaso, CEO de Multiverse. «Esa limitación ya no existe. Hemos demostrado que la IA puede funcionar a pleno rendimiento en un smartphone, dentro de un centro de datos soberano o en una planta industrial sin conexión a la nube. Esta ronda marca el momento de escalar esa capacidad en todos los sectores que la necesitan», ha añadido.

Las oficinas de Multiverse Computing son tan ‘sui géneris’ como cabe imaginar al pensar en una compañía que crece como la espuma dedicada a la Inteligencia Artificial y los algoritmos cuánticos, repleta de gente joven y brillante. La decoración es más bien ecléctica y todo el mobiliario es de distintos colores, como la tez de los 120 trabajadores de 45 países distintos que allí se afanan con sus portátiles, en sus sillas reglamentarias, tirados en el suelo recostados en un puff o en pequeñas salas insonorizadas. El formalismo se queda fuera y ganan la eficiencia, la libertad y la ambición en un negocio «que no para nunca y va a toda velocidad». Así lo confiesa el CEO, Enrique Lizaso, que calza bermudas y reparte su tiempo en conferencias de pocos minutos llegadas de medio mundo con la intención de invertir en la empresa, mientras desde una estantería junto a su mesa le vigilan un Maestro Yoda de Lego y un contador geiger que, afortunadamente, marca 0,0. –Van a recibir una inyección de 500 millones de euros. ¿A qué la van a dedicar? ¿Contratarán a más gente? –Primero, a duplicar la plantilla en Donostia, porque somos ‘giputxis’, hasta unas 240 personas. Lo queremos hacer a lo largo de 2026 y como mucho en el primer trimestre del ejercicio que viene, en menos de un año. Piense en que en el universo de la Inteligencia Artificial todo va a gran velocidad. Nuestra vocación, es crecer desde aquí y anclar el talento aquí hasta donde podamos llegar. En este país, en el País Vasco, contamos con instrumentos que te ayudan también para anclar el talento, pero no hay que ser tontos, necesitamos más y el talento va a ser caro. Porque son puestos de trabajo de calidad, que es lo que queremos traer al territorio..."

Para sacar adelante la operación, valorada en 244 millones, el industrial vizcaíno va a aportar más capital que Gobierno vasco, Kutxabank, BBK o el vehículo inversor de la familia de Carmen Lequerica. En el caso de la banca, su financiación rondaría los 80 millones. La oferta del consorcio vasco liderado por el industrial José Antonio Jainaga para hacerse con el 100% de Azkoyen asciende a un total de 244 millones. Ese sería el desembolso necesario para hacerse con las acciones necesarias de la firma navarra especializada en maquinaria y tecnología de vending, medios de pago y seguridad en los accesos, tal y como se recoge en la documentación de la opa que se presentó el viernes de la semana pasada. En el reparto de las aportaciones para financiar la operación, según fuentes conocedoras de la negociación, un tercio descansa en la banca, que prestaría unos 80 millones para completar la compra. En este capítulo el papel más destacado es el de Caixabank, que también acompañó a Jainaga en la operación de Talgo. El banco Sabadell es la otra entidad que completa la financiación bancaria. En cuanto al resto del dinero necesario en el caso de tener que llegar hasta esos 244 millones, el desembolso se lo reparten el propio Jainaga, el Gobierno vasco, la fundación BBK y el vehículo para las participaciones industriales de Kutxabank, Indar Kartera. En la estructura financiera, señalan las mismas fuentes, el papel del presidente de Talgo y Sidenor es el principal a la hora de aportar capital. 

La cotización de Azkoyen cerró ayer a 11,1 euros (-2,6%) euros, después de que el pasado viernes, con el mercado ya cerrado, Ohmnia Electronics anunciara una oferta pública de adquisición (opa) sobre la firma con sede en Peralta (Navarra) a 10 euros por acción, lo que implica una valoración de 245 millones para el 100% del capital. La opa por parte de Ohmnia, firma vitoriana controlada por José Antonio Jainaga –presidente de Talgo– y en la que participa el Gobierno vasco, ha sorprendido al formularse por debajo del precio de la cotización de Azkoyen, que era de 11,4 euros al concluir la sesión bursátil del viernes. A principios de julio llegó a tocar los 14,75 euros. La legislación española permite pagar un precio por debajo de la cotización cuando no se trata de opas obligatorias –porque el inversor supera el umbral del 30% del capital de una cotizada– o no buscan la exclusión de Bolsa. Ohmnia cumple ambos requisitos –es voluntaria porque no tiene acciones en Azkoyen y su objetivo es seguir cotizando tras fusionar las dos firmas–, pero incluso en estos casos suele pagarse una prima para atraer a los accionistas. En el caso de Azkoyen, los principales son las familia Ruiz Lafita, Masaveu y Troyas, junto a la gestora de fondos de Santander. No es la primera opa con prima negativa que se formula en España. Entre los precedentes están la reciente oferta de Neinor Homes por la inmobiliaria Aedas (2025), la de Carlos Slim por Realia (2015) y la de Juan Miguel Villar Mir sobre OHL en (2006).

En una entrevista a Radio Vitoria (EiTB), Ramiro González ha puesto en valor el trabajo desarrollado en la mesa de Aiaraldea, donde se ha trabajado "con lealtad, con discreción, y siempre con buena voluntad". Cree que se han logrado "unas muy buenas conclusiones", que pretenden constituir un "mínimo común" de todos estos agentes en torno a lo que hay que hacer para garantizar que haya un futuro industrial en distintos ámbitos. Sobre la situación de Guardian, una de las empresas de la comarca, el diputado general de Araba, ha reconocido que hay proyectos "muy complejos", y ha señalado que cuando se publicó que el acuerdo estaba "muy avanzado y cerca de cerrarse" no se hizo "ningún favor" y ya trasladó que "no se podían echar las campanas al vuelo". El diputado general de Álava ha asegurado que ahora mismo siguen "muy cerca del acuerdo" pero todavía "no está cerrado ese acuerdo" porque "hay flecos pendientes". "Lo importante no es que el acuerdo se produzca una semana antes o después, sino que el acuerdo final sea un buen acuerdo. Se sigue estando cerca de cerrar este acuerdo, pero yo vuelvo a hacer lo mismo que hice en aquel momento, pedir prudencia y discreción. Es la mejor manera de que esto llegue a buen término y que lo haga en un periodo razonable, además", ha añadido. Por otra parte, ante la memoria de Baskonia-Alavés que justifica la compra a la Diputación del Buesa Arena, ha señalado que este grupo les viene trasladando que quiere ampliar su actividad en ese entorno del pabellón Fernando Buesa, que "lo usa en exclusiva el club". A juicio del grupo, ese espacio tiene algunas limitaciones y necesita una obra "importante" de modernización para "aprovecharlo mejor, generar recursos y, sobre todo, generar actividad casi todos los días del año".

Una de las preocupaciones del tejido empresarial vasco, tal y como resaltó la semana pasada Confebask, es la mejora de la competitividad. Las empresas vascas afrontan una coyuntura en la que los costes crecen por efecto de una inflación que no termina de estar bajo control y en la que, al igual que las del resto de Europa, se encuentran ante la amenaza del efecto sandwich que supone la competencia de las firmas de Estados Unidos y China, que aventajan a las del Viejo Continente en muchas facetas críticas. Ante esta situación, una de las vías que puede ayudar a las empresas a crecer en su competitividad es la de ganar tamaño. “Pero no se trata de crecer porque sí, sino teniendo claro el propósito. Tienen que analizar su mercado, el sector en el que operan, y comprobar si tienen la necesidad para crecer y los recursos para ello”, explica Pablo Martín, responsable de Economía de la patronal vasca. El Gobierno Vasco también ha divulgado con insistencia el mensaje en los últimos años de que el tejido empresarial, compuesto en más del 90% por pymes, debe incrementar el tamaño de sus empresas como método para garantizar su futuro, elevar su competitividad y consolidar su empleo. “Se trata de un paso relevante, porque cuanto mayor es una empresa dispone de mayores capacidades para afrontar retos como las políticas de I+D, la internacionalización, y la mejora de la calidad, además de que permite disponer de más recursos que permiten ser más competitivos”, apunta el analista de Confebask. En definitiva, se trata de “ganar músculo” con el objetivo de, además de hacer frente a todas esas tareas, encarar las transiciones obligatorias ya para Europa, como la energética, la digital y la demográfica. El último boletín de Confebask dedicado a analizar la dimensión empresarial resalta que el tamaño medio de las empresas vascas se situó al comenzar el pasado año en 6,55 empleados por empresa, alcanzando así un nuevo máximo, y continuando la tendencia creciente iniciada en 2015, que tan sólo fue interrumpida en el año 2021 como consecuencia del parón económico de la pandemia. Desde el año 2008, el tamaño medio ha subido un 28%, de 5,11 empleados a 6,55 empleados. Ver newsletter Confebask aquí

El primer parque eólico que se va a construir en Euskadi en dos décadas ya ha dado sus primeros pasos con la adecuación de los terrenos y las instalaciones iniciales. Ayer fue una jornada especial dentro de todo este operativo de montaje, ya que se trasladó hasta la cima de la sierra de Marañón la primera de las 24 palas con las que contarán los ocho aerogeneradores ubicados en el término de Labraza. Una puesta en escena espectacular que se desarrolló a lo largo de nueve horas y en la que se aplicó tecnología de última generación para el transporte de esa pieza de 72 metros de largo a través de carreteras estrechas y reviradas y de vías forestales empinadas. Se trata de la parte más delicada de un proceso de ensamblaje que se alargará durante alrededor de seis meses. La previsión, según fuentes consultadas, es que estos molinos de viento comiencen a girar y producir energía antes de que finalice el año. Ayer se transportó la primera pala, que ya reposa junto a la base de uno de los futuros ocho generadores que sumarán una potencia de 40 megavatios y producirán cerca de 100.000 MWh de energía limpia al año, suficiente para abastecer a 75.000 personas y evitar la emisión de aproximadamente 16.300 toneladas de CO2 anuales. Al parque tienen que llegar aún otras 23 en una operación que ya no se detendrá y que prevé realizar los traslados de estos elementos de mayor volumen los lunes, miércoles y viernes si las condiciones climáticas lo permiten. Se intentarán llevar dos cada día para poder completar todo el proceso para principios de septiembre.

Tras meses de incertidumbre, movilizaciones y un procedimiento concursal exprés, CL Grupo Industrial ha asumido de manera efectiva este lunes, 27 de julio, la operación directa de la fábrica de Papresa en Errenteria. La transacción, formalizada por un importe final de 39,2 millones de euros, abre oficialmente una nueva etapa para la histórica compañía de Oarsoaldea, que pasa a estar gestionada mercantilmente a través de la sociedad de nueva constitución Papelera del Oiartzun S.L., aunque mantendrá 'Papresa' como marca comercial de referencia frente al mercado. Desde primera hora de esta jornada, la actividad en la factoría guipuzcoana ha echado a andar con total normalidad. Las dos grandes líneas productivas de la planta, tanto la de papel prensa como la de cartón para embalaje, se encuentran plenamente operativas para atender la cartera de clientes y la relación con los proveedores. Durante el proceso concursal, la operatividad también se mantuvo con normalidad, lo que ha facilitado el periodo de transición al nuevo propietario. Por eso, este arranque sin interrupciones responde en buena medida al blindaje operativo que la propia compradora aplicó durante el periodo de concurso de acreedores. Durante ese impasse de gestión, el grupo inyectó liquidez, garantizó el suministro de materias primas esenciales como el papelote, prestó apoyo financiero a proveedores estratégicos y realizó pedidos industriales para sostener la carga de trabajo de las máquinas antes del traspaso definitivo.

La electrificación de la economía y la transición energética mundial siguen empujando las cifras del Grupo Elecnor al alza. La compañía ha cerrado el primer semestre con un beneficio neto de 68,1 millones, lo que supone un considerable salto del 35,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La facturación ha caído un leve 0,2% hasta los 1.997 millones. Según destacaron ayer desde la compañía dedicada al desarrollo, la construcción y la gestión de proyectos de infraestructuras, energías renovables, las cifras «consolidan la tendencia de crecimiento registrada en los últimos trimestres e indica una mejora estructural en la rentabilidad del grupo». Asimismo, la cartera de producción ejecutable en los próximos 12 meses se sitúa en 3.002,5 millones, es decir, un 5,6% más que al cierre de 2025. El 56% de esta cantidad corresponde al área de Servicios y el 44% restante a la unidad de Proyectos. En cuanto a la distribución geográfica, el 67,6% de la cartera corresponde al mercado internacional mientras el 32,4% restante se dirige al mercado nacional.

La reconocida cooperativa ciclista Orbea ha dado un paso definitivo en su estrategia de impacto social con la presentación oficial de la Orbea Foundation. Esta nueva entidad tiene como objetivo principal articular «proyectos propios» y apoyar activamente iniciativas para «mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer las comunidades y contribuir al desarrollo sostenible del territorio». La creación de esta fundación supone la culminación de un compromiso que forma parte de la identidad de la marca desde su constitución como cooperativa en la década de los setenta. Según señala Arrate Vidarte, directora de la nueva entidad, la iniciativa nace bajo la convicción de que «los cambios más duraderos se consiguen cooperando y sumando capacidades». Con esta nueva estructura propia, Orbea amplía su capacidad de actuación y destinará mayores recursos para consolidar el trabajo que venía realizando junto a diversas asociaciones, centros educativos y organizaciones sociales. Para canalizar de forma eficaz este esfuerzo, la hoja de ruta de la organización estructurará su actividad en torno a cinco ámbitos estratégicos de actuación: «la movilidad sostenible; el deporte y el bienestar; la formación, la actividad económica y el cooperativismo; la justicia social; y la conservación del patrimonio cultural y deportivo».

Los residuos orgánicos que los guipuzcoanos depositan en el contenedor marrón y que hasta ahora se transformaban en electricidad o compost, se convertirán a partir de ahora también en gas 100% verde para abastecer los propios hogares. El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa ha puesto en marcha una nueva instalación que permitirá inyectar biometano en la red de gas del territorio y que, de momento, suministrará el equivalente al consumo medio anual de gas de 9.000 hogares, según destacó ayer el diputado de Sostenibilidad y presidente de GHK, José Ignacio Asensio, durante la inauguración de esta nueva infraestructura, acompañado del CEO de Nortegas, Juan Villar, y el director de la zona centro norte de FCC Medio Ambiente, Javier Rivas. Mediante este nueva instalación, ubicada en un contenedor en la explanada de entrada del CMG-2, el biogás que se genera a partir de los residuos orgánicos que recicla la ciudadanía se transformará en biometano, un gas renovable con la misma calidad que el gas natural convencional y apto para ser inyectado directamente en la red. Desde ayer mismo, esta energía limpia ya circula por el circuito gasístico del territorio.

Neinor dispara sus resultados tras la integración de Aedas. La promotora ha cerrado el primer semestre con un beneficio neto de 14 millones, lo que representa casi cinco veces más respecto a los 3,3 millones de un año antes, y unos ingresos totales de 679,9 millones, un 359% más. Excluyendo el impacto contable no monetario de 30 millones derivado de la asignación del precio de compra asociada a la adquisición de Aedas, el beneficio neto ajustado de Neinor alcanzó los 54 millones, frente a los 6,3 millones de un año anterior. La compañía mantiene el objetivo de alcanzar un beneficio neto ajustado de entre 120 y 140 millones en 2026. En lo que se refiere a su negocio de promoción residencial, obtuvo 660 millones de ingresos, incluyendo 632 millones procedentes de la entrega de 1.565 viviendas, con un precio medio de venta de 404.000 euros por unidad, y 28 millones generados por los negocios auxiliares, principalmente la división de construcción. En el área de gestión de activos, Neinor incrementó sus ingresos por comisiones un 119% interanual, hasta aproximadamente los 20 millones, superando ya la cifra obtenida en el conjunto del ejercicio 2025 .

La renta media de los nuevos contratos de alquiler libre aumentó en Bizkaia un 2,1% en el último trimestre del pasado año. Por primera, vez desde 2016, cuando arranca la serie de la Estadística del Mercado del Alquiler (EMAL), elaborada a partir del registro obligatorio de fianzas que los propietarios deben depositar ante el Gobierno vasco, las cuantías de los arrendamientos firmados fueron más elevadas en este territorio que en Gipuzkoa. En este caso, se anotó un descenso del 3,5%, coincidiendo el último trimestre del pasado año con el primer periodo en el que se aplicaron íntegramente en esa provincia las herramientas previstas para topar los precios en las zonas de mercado residencial tensionado. El balance lo ofreció ayer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que destacó que, si bien «sería prematuro convertir un trimestre en una tendencia consolidada», las cifras «hablan con claridad y nos invitan a la esperanza». El titular del departamento subrayó que los principales núcleos urbanos de Gipuzkoa (San Sebastián, Irún, Rentería y Lasarte-Oria) experimentaron descensos en el coste de los nuevos contratos «sin que el número de viviendas registradas en alquiler se haya visto resentido», puesto que en ese territorio crecieron un 3,2%.

La activación el pasado 1 de octubre de los índices de precios de referencia del alquiler en Gipuzkoa tuvo impacto desde el primer momento, especialmente en los municipios declarados zonas tensionadas, donde esos índices actúan como topes de precios legales para los nuevos contratos que se firman y para los grandes tenedores. En los tres principales municipios del territorio, San Sebastián, Irun y Errenteria (todos zona tensionada), las rentas medias de los nuevos arrendamientos suscritos entre octubre y diciembre del año pasado fueron inferiores en un 3,7%, un 3% y un 4,1% respectivamente a las del trimestre anterior, según subrayó ayer el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, durante una comparecencia para presentar los datos de la Estadística del Mercado del Alquiler Libre (EMAL) en Euskadi correspondiente a 2025. En cifras concretas, si entre julio y septiembre los nuevos alquileres se acordaron con una renta media de 1.175 euros en Donostia, 878 en Irun y 835 en Errenteria, los firmados en el tramo final del año se hicieron a un promedio de 1.132, 851 y 800 euros, respectivamente. El elevado peso que tienen estas tres localidades empujó a la baja el nuevo alquiler medio de Gipuzkoa, siempre en comparación con el trimestre anterior, no en términos interanuales. En este caso un 3,5%, desde 926 a 894 euros. Itxaso también citó a Lasarte-Oria, donde los nuevos alquileres bajaron un más moderado 0,6%, de 898 a 893 euros de promedio. El cambio de curva se produjo además, recalcó el titular de Vivienda, «sin que se haya registrado una fuga de propietarios que dejan de alquilar sus pisos, como aseguran algunos». 

Los bancos españoles cada vez rechazan más peticiones de hipotecas y confiesan que la demanda de los hogares está desplomada. Los datos de la Encuesta de Préstamos Bancarios elaborada por el Banco Central Europeo reflejan cómo la caída de las peticiones de hipotecas por parte de las familias alcanzó el 30% entre los meses de abril y junio si se compara con el trimestre anterior, cuando ya se contrajo otro 10%, y es el doble que la media contabilizada en la zona euro. Tan solo los bancos alemanes registraron durante el segundo trimestre una contracción similar, de otro 30%. Todo ello viene acompañado de unas condiciones financieras que continúan endureciéndose en España por segundo trimestre consecutivo. No es ninguna novedad. Las propias entidades anunciaban a principios de 2026 el inicio de una nueva senda de un coste superior de los préstamos para comprar vivienda y de un escrutinio mucho mayor a la hora de concederlos teniendo en cuenta los niveles que está alcanzando el mercado residencial en España. Las entidades, según recoge el Banco de España, justifican el desplome de la demanda «ante las peores perspectivas del mercado de la vivienda y, en menor medida, un uso más elevado de fondos propios [ahorro] y los mayores créditos concedidos por otras entidades». También reconocen que ha aumentado «ligeramente» el número de peticiones rechazadas a los hogares españoles. A las puertas de conocer la decisión sobre política monetaria que el Banco Central Europeo (BCE) desvelará hoy tras dos días de reunión en Fráncfort, las entidades financieras llevan meses elevando el tipo medio de concesión de hipotecas ante el nuevo ciclo abierto por los bancos centrales y que tuvo como desencadenante la guerra de Irán. 

El real decreto ley de vivienda, la medida estrella con la que el Gobierno pensaba cerrar el curso político, no irá en el Consejo de Ministros de hoy. El Ejecutivo ha decidido retrasarlo para después de verano tras constatar que no cuenta con los apoyos para su aprobación en el Congreso debido a la división de los socios del bloque de la investidura en cuestiones tan sensibles como la ley del suelo o los incentivos fiscales. El Ejecutivo confirmó oficialmente la decisión de retrasar la aprobación. Sumar adelantó el miércoles de la semana pasada que el Gobierno ya había consensuado el contenido del futuro decreto de vivienda, con el que La Moncloa pretendía dar respuesta a la crisis habitacional que se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía, según reflejan numerosas encuestas. El borrador remitido a los grupos parlamentarios incluía, entre otras medidas, la congelación del precio de los alquileres durante dos años, que podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2028. El anuncio fue contraproducente, según fuentes socialistas, porque precipitó que las distintas formaciones del bloque de la investidura, con sus matices o encontronazos directos, tuviesen que fijar posición justo a las puertas del último pleno antes del parón del verano.

La investigación detectó en Euskadi un total de 101 contratos por un valor de 3,3 millones en los que las consultoras amañaron la adjudicación. Entre las firmas multadas estaban Deloitte, S&F Consultans, BMASI, PwC, KPMG, Innovisions 21, Indra e Idom, aunque el recurso de esta última ha sido parcialmente estimado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. El mecanismo consistía en que una de las consultoras invitaba a otras dos a participar en un proceso negociado de adjudicación de contratos menores con una oferta inflada o que retiraba y que denominaban de ‘cobertura’. Así se iban favoreciendo unas a otras en diferentes adjudicaciones dando una falsa imagen de concurrencia. La principal institución afectada fue el Gobierno vasco con el 36% del importe (1,2 millones de euros), seguido del Ayuntamiento de Bilbao con un 33% de las cantidades (1,085 millones). La Diputación de Bizkaia tuvo 502.000 euros en licitaciones detectadas en la investigación y el Puerto de Bilbao 189.000 euros. Otras instituciones cuyas licitaciones fueron objeto de este amaño fueron la Diputación de Gipuzkoa o la de Álava. Las multas se dirigieron contra las propias empresas y también a título personal sobre los directivos responsables de cada una de ellas. Las sancionadas fueron recurriendo los expedientes en un proceso judicial contencioso-administrativo que la Audiencia Nacional ha comenzado a resolver. De las alegaciones rechazadas hasta ahora la más elevada es la de la consultora vasca de Sabin Azua, BMASI Strategy. El tribunal ratifica la multa de 153.529 euros a la empresa y los 35.000 al propio Azua. Hace lo mismo con KPMG con una resolución que mantiene la multa de 50.000 euros. En el caso de Idom, la sala reconoce parcialmente las alegaciones y pide a la CNMC que revise los 24.000 euros de multa que se habían establecido al responsable de la compañía. Las alegaciones de Innovisions también han sido rechazadas. Las multas más cuantiosas de la CNMC fueron para la entonces responsable de consultoría pública en Deloitte para Euskadi, Ana Andueza, con 55.000 euros; y para Leandro Ardanza, de 97 S&F, con la misma cantidad. Esta consultora, lo mismo que ocurriera con la de Sabin Azua –BMASI– cambió de nombre tras el expediente de la CNMC. Un movimiento para tratar de esquivar la prohibición de contratar con la Administración. Una medida que la Audiencia Nacional está ratificando y trasladando a la junta de contratación pública del Ministerio de Hacienda el encargo de fijar la duración de esa sanción.

Yolanda Díaz relanza su agenda. Tras verse obligada a posponer la aprobación del registro horario hasta después del verano, la vicepresidenta ha reactivado algunas de las medidas que tenía en cartera, como el blindaje de los trabajadores que denuncien corrupción en las empresas. En paralelo, ha configurado otras nuevas, como la prestación extraordinaria para los afectados por los incendios. Todo, mientras la Comisión Europea ha concedido algo más de margen a los países para trasponer la directiva sobre transparencia retributiva, lo que permite a España evitar una multa millonaria inmediata y retomar la iniciativa después de las vacaciones. El último Consejo de Ministros del curso aprueba hoy dos medidas de calado a propuesta de la vicepresidenta segunda. Por un lado, el Ejecutivo dará luz verde a un real decreto ley que activa una prestación especial para cubrir los sueldos y las cotizaciones de los trabajadores que no puedan acudir a sus puestos por circunstancias derivadas de los incendios. Y por otro lado, se va a aprobar un anteproyecto de ley para hacer nulo el despido de los denunciantes de casos de corrupción en las empresas.

Las grandes energéticas españolas están tomando posiciones en el tablero europeo. Ante la corriente cada vez más extendida que apuesta por la creación de corporaciones transeuropeas capaces de competir con gigantes de Estados Unidos, China o Rusia, las multinacionales españolas bscan tener un papel destacado. Así lo están demostrando multinacionales como Iberdrola, Naturgy, Enagás, Acciona, Repsol, Moeve o Exolum, cuyos pasos de estos últimos años siguen una lógica parecida: deshacer posiciones en América para centrar sus esfuerzos en el Viejo Continente y plantar así cara a las grandes potencias en uno de los momentos de mayor inestabilidad geopolítica de las últimas décadas, con consecuencias muy palpables en el ámbito energético. Con menos ruido que en otros sectores, como el bancario o el de las telecomunicaciones, las energéticas españolas desarrollan ese patrón de hacer caja al otro lado del charco a fin de, posteriormente, ensanchar su perímetro europeo. Iberdrola es una de las firmas que con mayor antelación ha leído este escenario promovido, desde el punto de vista académico, por los informes Draghi y Letta, que apuestan por ganar tamaño y escala en pro de tener mayor competitividad global. La eléctrica vasca vendió todos sus activos en México por alrededor de 10.000 millones y en un año ha comprado dos grandes distribuidoras de redes en Reino Unido (ENW) y Finlandia (Caruna), valoradas conjuntamente en unos 10.000 millones de euros.

Galp, la mayor petrolera portuguesa, ha adquirido a Acciona Energía una cartera de energía eólica terrestre con 361 megavatios (MW) de capacidad instalada en España, reforzando así su posición en el mercado ibérico de las energías renovables. Esta operación, valorada en 432 millones de euros, supone un vuelco al mapa de las energías eólicas en España, con Galp escalando posiciones y arrebatando el puesto a varias empresas. La petrolera portuguesa ya realizó otra gran operación en abril en España, cuando adquirió a Bankinter y Plenium otra cartera eólica operativa de 351 MW. Compuesta por activos situados en las regiones de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, esa otra operación estaba valorada en 320 millones de euros. En total, Galp va a desembolsar 750 millones de euros en apenas unos meses para hacerse con más de 700 mevagatios eólicos. Con los activos que ya tenía, Galp suma más de 700 MW de capacidad eólica en España, distribuidos entre 32 parques eólicos, reforzando así su capacidad de generación de electricidad baja en carbono en la península ibérica. De ser un actor prácticamente invisible en eólica en España, estos dos saltos le sitúan como el octavo operador, por encima de Vapat, China Three Gorges, Statkraft y Masdar (Saeta Yield). Galp se queda a un paso de Repsol, que controla en torno a 1.000 megavatios eólicos. Por encima están Iberdrola, Endesa y Naturgy. Precisamente la carrera con Repsol es una de las obsesiones de Galp en estos momentos.

Habitualmente acostumbrada al sosiego y la pasividad, la sociedad mallorquina contempló con perplejidad el pasado domingo un hecho sin precedentes recientes en la isla: la imagen de un contingente de policías nacionales cargando, defensas en mano, contra un grupo de manifestantes en el casco histórico de Palma. Un altercado violento desatado durante una manifestación multitudinaria organizada, sobre el papel, para protestar contra los efectos de la masificación turística. Pero que acabó en un altercado tumultuoso entre un grupo de manifestantes (con presencia de un grupúsculo de extrema izquierda) y policías nacionales. El episodio ha provocado una oleada de estupefacción y repulsa, con la propia presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), mostrándose durante el día de ayer «impactada» por unas imágenes insólitas. Y con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), calificando de «innecesarias» y «desproporcionadas» las actuaciones de la Policía Nacional, una institución que depende del mismo Estado que, políticamente, él representa en las Islas. Rodríguez se niega a asumir responsabilidades y se desmarca de la actuación policial, alegando que las cargas policiales dependen del operativo que estaba allí. El incidente se saldó con un joven de 19 años detenido –se le imputan desórdenes y atentado a la autoridad– y 12 heridos, cuatro de ellos policías. 

El fabricante alemán de coches de lujo Porsche recortará otros 5.000 puestos de trabajo en los próximos años, una cifra que se suma a los ya anunciados el pasado ejercicio y que implica la supresión de casi 9.000 empleos hasta el año 2035, según informaron ayer la dirección de la automotriz y el comité de empresa tras una reunión en la planta principal de Stuttgart. Porsche pertenece al Grupo Volkswagen, que planea reducir en unos 100.000 empleados su plantilla global de aquí a final de década. Se prevé que los empleados abandonen la empresa de forma “socialmente responsable”, es decir, mediante la rotación de personal, la jubilación parcial y los acuerdos de rescisión. Las medidas afectarán a la planta principal de Stuttgart-Zuffenhausen y al centro de desarrollo de la cercana localidad de Weissach. Durante este periodo quedan descartados los despidos por motivos operativos, tal y como comunicaron tanto Porsche como el comité de empresa. A cambio, se prorroga la garantía de continuidad de la planta por cinco años, hasta finales de 2035.

El grupo automovilístico Renault tendrá que comparecer ante la justicia francesa por las sospechas de haber trucado motores diésel, como otros fabricantes, para superar las normas de contaminación en los test de homologación. Tras la comunicación a las partes este lunes de la decisión de los jueces de instrucción de llevarlo a juicio, Renault replicó en un comunicado que "rechaza firmemente haber cometido la menor infracción". Aseguró que "los límites de funcionamiento de los sistemas de control de emisiones concilian estrictamente la reducción de las emisiones y la seguridad de los conductores". Renault, que se sentará en el banquillo ante el Tribunal Correccional de París, es la segunda compañía automovilística después de Volkswagen que ha sido encausada en el conocido como el escándalo del 'dieselgate'. En su caso, se le reprocha haber modificado sus vehículos con motores de gasóleo de las normas Euro 5 y Euro 6 comercializados entre 2009 y 2017 para que cuando detectaban los procedimientos de test de homologación funcionaban de forma diferente a como lo hacían durante el régimen de conducción convencional. De esa forma, el nivel de emisiones mientras se sometían a esas pruebas se situaba por debajo de los umbrales máximos autorizados, algo que no ocurría en las condiciones habituales de funcionamiento de los vehículos.

Tras dos semanas de agresiones diarias cruzadas que habían dado al traste con el acuerdo de alto el fuego sellado en junio, Estados Unidos ha decidido cesar sus ataques sobre Irán durante el fin de semana, a lo que Teherán ha respondido con la misma contención, dando oxígeno a la vía negociada. El enfriamiento de las tensiones permitió rebajar ayer el precio del petróleo por debajo de los 90 dólares, tras superar los 100 la pasada semana por primera vez desde mayo. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que ha ordenado detener los ataques para tratar de encontrar una solución negociada, que aseguró le han solicitado los ayatolás. “Nos pidieron muy amablemente: Por favor, paremos, reunámonos”, declaró el presidente estadounidense a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en ruta a un evento en Míchigan. “Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, aseguró, aunque advirtió de que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones no llegan a buen término. Medios como la CNN, sin embargo, han informado de que la tregua concedida por EEUU responde en buena medida a la preocupación que impera en la Casa Blanca por la bajada de las reservas de munición que ha ocasionado la ofensiva contra Irán.