20260922

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El histórico fabricante de cadenas que salvaron Dámaso Quintana y el Gobierno vasco ha perdido dos contratos en México que se ha llevado China. Según fuentes de toda solvencia, en octubre podría quedarse sin carga de trabajo en la planta de Sestao, con 140 trabajadores, si se confirma la pérdida de dos grandes pedidos con los que contaba. De ser así, se vería forzada a implantar un nuevo ERTE para toda la plantilla e incluso no se descarta un ERE a medio plazo. El fabricante de cadenas ha convocado hoy al comité de empresa para informarle sobre la situación de los pedidos y las medidas que se barajan. Los encargos en cuestión son de British Petroleum para un yacimiento en el Golfo de México, el primero en 16 años que la petrolera desarrolla en ese enclave. Según las fuentes consultadas, Vicinay daba por hecho que se los iba a adjudicar puesto que su principal rival, un grupo chino, debe afrontar un arancel mucho más elevado en Estados Unidos. Sin embargo, esas mismas fuentes apuntan a que no se habrían logrado los pedidos, aunque ayer la compañía seguía peleando por ellos. El fabricante de cadenas ha pedido a BP que le explique las razones de haberle dejado fuera.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa abierta contra el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la compañía por las ventas de acero a la empresa armamentística israelí, IMI Systems. El Ministerio Público considera que la investigación abierta por el juez instructor Francisco de Jorge por los delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio ha cumplido un año de diligencias y «no hay una base indiciaria suficientemente sólida para sostener racionalmente la acusación». Sostiene que no se ha acreditado que las exportaciones analizadas vulnerasen la normativa sobre comercio exterior para los productos de doble uso, civil y de defensa. Rechaza, por tanto, la apertura de juicio oral. La petición de sobreseimiento provisional fue presentada el pasado mes de julio ante el juez Francisco de Jorge, que abrió la causa en julio de 2025. El magistrado todavía no ha respondido a la solicitud de la Fiscalía. La causa ya había quedado circunscrita al delito de contrabando después de que la Sala de Apelación excluyera otras líneas de investigación abiertas.

La red eléctrica de Euskadi se reforzará finalmente con una ampliación que elevará su potencia un 50% más. Una mejora en la distribución de energía que en los próximos cinco años elevará la potencia actual de 12.000 MW hasta los 18.000. Así lo anunció ayer el consejero de Industria del Gobierno vasco. Mikel Jauregi confirmó de este modo que Euskadi ha logrado resolver uno de los principales problemas para la industria, lo que él mismo llamó «la falta de enchufe». Y es que la red de distribución y transporte de electricidad en Euskadi está colmatada por encima del 95%, especialmente en Álava y Bizkaia. Se trata de una situación que impide el desarrollo de nuevos proyectos industriales por la falta de subestaciones con la disponibilidad de conexión para obtener la energía suficiente. Por eso, el responsable de la cartera de Industria del Gobierno vasco señaló ayer que «hemos dado un paso de gigante para conseguir las redes que necesitábamos». Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, agradeció el trabajo con el Ejecutivo vasco para plasmar los detalles y soluciones finales del acuerdo. 

La interconexión eléctrica entre España y Francia mediante un gran cable submarino de 272 kilómetros para unir las localidades vizcaína de Gatika y la francesa de Cubnezais avanza según lo previsto. Así lo aseguró ayer Roberto García Merino, el CEO de Red Eléctrica, el operador del Estado, que confirmó que entrará en funcionamiento a finales de 2027 o en 2028. Las obras están presupuestadas en 3.100 millones y servirán para elevar el flujo eléctrico entre los dos países de 2.800 MW a 5.000, un elemento determinante garantizar la robustez al sistema, como se comprobó en el apagón, y asegurar un mayor rendimiento de las renovables. En una vista a las obras realizada ayer en la que participó el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, Red Eléctrica confirmó que las obras están ya a un 70% de ejecución y cuentan ya con 65 kilómetros de cable instalados en el fondo marino.

Euskadi sigue suspendiendo en la asignatura de atraer capital extranjero. Así lo revelan los datos publicados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno, que cifra en 96,7 millones la inversión foránea llegada al País Vasco en el primer semestre de este año. Se trata, ni más ni menos, de un descenso del 66,5% respecto a los números del año pasado, y que deja a Euskadi como la decimocuarta comunidad autónoma en España en atracción de capital. La tendencia apunta ya a convertirse en estructural y no responder a coyunturas económicas, ya que los malos datos vienen de lejos. Si bien en 2022 la comunidad logró un récord al captar más de 5.500 millones –dato muy influenciado por la compra de Siemens Gamesa por parte de Siemens Energy y las ventas de Euskaltel e ITP Aero–, desde entonces la cifra ha caído en picado. En 2023 el capital extranjero que llegó a Euskadi fue de 1.561 millones, en 2024 la suma cayó hasta los 1.047 y finalmente, el año pasado descendió hasta los 531, registrando así el peor bagaje desde 2019. Todo apunta, sin embargo, a que este año el dato será aún peor. Por poner estos datos en contexto, Euskadi queda ahora por detrás de trece comunidades a la hora de atraer inversiones. Madrid lidera la clasificación con 5.635 millones hasta junio, seguida por Cataluña (2.359) y la Comunidad Valenciana (1.846). Es más, solo dos comunidades están por detrás del País Vasco. Estas son Navarra, con 27 millones y Cantabria, únicamente con 1,6 millones.

Entre enero y junio de este año, la inversión extranjera bruta en España superó los 12.446 millones, un 31,2% más que en el mismo periodo de 2025, que fue un año especialmente aciago para la economía en este ámbito. Así lo reflejan los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, actualizados ayer, en los que queda patente que ese repunte se debió en gran medida al impulso de la inversión procedente de EEUU, que entre enero y junio superó los 2.857 millones, un 84% más que en igual periodo del año pasado y el 23% de la inversión foránea total en ese lapso. Le siguieron Francia y Reino Unido, cuyas empresas invirtieron en España 2.129 y 1.845 millones de euros, respectivamente. Pero hay sombras. Primero, porque, tras el mal dato de 2025, es el volumen semestral de inversión extranjera más bajo desde la primera mitad de 2021. Segundo, porque si bien la inversión extranjera ha repuntado con fuerza, también lo ha hecho, y con mucha mayor intensidad, la desinversión, que en el primer semestre se disparó hasta los 9.038 millones de euros, un 142,7% más que en el mismo periodo de 2025. Esto es, si de la inversión que llegó se descuenta la que se fue, el resultado es una cifra neta de apenas 3.407 millones, lo que supone un desplome del 40,8%. Y tercero, porque en el caso concreto de EEUU, aunque sus inversiones repuntaron con fuerza respecto a 2025, las desinversiones fueron muy superiores, superando los 3.851 millones de euros y arrojando un saldo negativo de 993 millones. Esto es, se fue mucho más dinero del que llegó.

Bizkaia convertirá la basura en biogas en Artigas, junto a la actual planta de compostaje. La diputada general, Elixabete Etxanobe; el director general del Ente Vasco de la Energía, Mikel Amundarain; y Borja Martín Zorita, director de Desarrollo de Negocio de PreZero, inauguraron ayer Metabarri, la primera planta de biometano de Euskadi. En la actualidad hay 25 en España, pero esta será la única que generará combustible a partir de residuos procedentes del contenedor marrón. La instalación, uno de los proyectos estratégicos de la Diputación en el ámbito de la gestión de basuras, arrancó en pruebas en junio y empezará a producir biometano la próxima semana. Al estreno también acudió la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, además de otros cargos institucionales. La Diputación espera que la instalación dé respuesta al crecimiento de la recogida selectiva de la fracción orgánica, que según sus cálculos, se multiplicará a corto plazo y pasará de las 13.000 toneladas anuales actuales a las 59.000 en 2030.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao la presentación del Fondo Social de Vivienda (FSV), un acto dirigido a representantes del tejido empresarial vasco y europeo, en el que también han participado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou. El lehendakari se ha referido al Fondo Social de Vivienda como una "nueva herramienta financiera" que marcará "un antes y un después", instando a los agentes financieros de Euskadi y Europa a sumarse a este proyecto de colaboración público-privada, que pretende movilizar 2.000 millones de euros para construir en ocho años en torno a 10.000 viviendas de alquiler asequible para la juventud y las familias. Además de contar con una aportación pública minoritaria, el FSV se complementará con la participación de fondos de pensiones vascos, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito oficial (ICO) y otros actores comprometidos con abordar el reto habitacional. La primera fase de esta iniciativa, incluida en el Plan Director de Vivienda 2025-2027, arrancará en 2027 con la inversión de 450 millones de euros para la promoción de los primeras 2.100 inmuebles de alquiler asequible en distintos municipios de la CAV. Estos se sumarán a las distintas promociones que se están llevando a cabo.

El Gobierno Vasco lo atribuye a «problemas de personal» y solicita ayuda a Empleo Público. «La estabilización de puestos y las bajas merman mucho nuestra capacidad», explica Miguel De los Toyos, viceconsejero del departamento de Vivienda. El dueño tiene un plazo de un mes para devolver la fianza al inquilino y el Ejecutivo, tres, que ya supera. El colapso se extiende también a la espera para recibir ayudas para instalar ascensores.  El problema, admite de los Toyos, «es que no tenemos recursos humanos suficientes para atender la demanda actual de trabajo, por eso estamos necesitando más tiempo del que requeríamos hace un año». El conflicto es de calado, porque en el verano del año pasado estos trámites se solventaban en unas cinco o seis semanas, mientras que ahora, reconoce este alto cargo, «estamos tardando de media unas 18 semanas». Los plazos se han triplicado en apenas un año y esta demora está causando «una inquietud y una incertidumbre en propietarios, inquilinos e inmobiliarias de la que somos perfectamente conscientes», acepta el viceconsejero. El colapso en las oficinas de la consejería es evidente y continúa muy focalizado en Gipuzkoa, aunque De los Toyos señala que «en Bizkaia, donde están un poco mejor, también estamos tardando más de tres meses».

La gran industria española teme uno de los peores inviernos por la crisis energética. Diez patronales que representan a sectores estratégicos han advertido al Ejecutivo de que los elevados precios de luz, gas y carburantes les están restando competitividad, y alertan de paradas de fábricas. La gran industria española teme uno de los peores inviernos para sus fábricas por la crisis energética. Diez patronales que representan a sectores estratégicos han advertido al Ejecutivo de que los elevados precios de luz, gas y carburantes les están restando competitividad y obligando ya a hacer paradas selectivas de sus plantas manufactureras, según aseguran fuentes del sector. En línea con lo anterior, advierten de que la situación irá a peor en los próximos meses, dadas las alertas de altos precios que se avecinan. Asociaciones como Anfac (automoción), Sernauto (proveedores de automoción), Aspapel (papel y cartón), Feique (química), AEGE (gran consumo), Gas Industrial (consumidores industriales de gas natural, gases renovables e hidrógeno), Sercobe (bienes de equipo), Oficemen (cemento), Unesid (acero y siderurgia) o Ascer (azulejos) acudieron ayer a un encuentro con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, en el que trasladaron sus preocupaciones.

El precio de crudo cayó ayer con fuerza ante la esperanza de un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, algo que allana el camino hacia la reapertura de las negociaciones y, en último término, hacia la paz entre ambos países y el desbloqueo del estrecho de Ormuz. Por ello, el barril de Brent, de referencia en Europa, llegó a caer más de un 4,5%, llegando a perder los 100 dólares (que luego recuperó). El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acude esta semana a Nueva York para participar esta semana en la Asamblea de la ONU, un encuentro en el que también quiere aprovechar para reunirse con otros líderes internacionales para ganar simpatías para su causa. Y entre ellos se encuentra Donald Trump, que dijo “estar abierto” a una reunión con Pezeshkian durante este evento, que se prolongará hasta el próximo lunes. Con ello, ambos mandatarios abren la puerta a un posible entendimiento, si bien hay que tener en cuenta que estas declaraciones tienen lugar pocos días después de que ambas partes prometieran recrudecer las hostilidades. 

El nuevo alza de los precios de la gasolina y el diésel ligado al conflicto en Oriente Próximo, que está sacudiendo el bolsillo de medio planeta y alimentando las protestas en muchos países, pone el foco sobre el peligro que implica la dependencia de los combustibles fósiles, los principales responsables del cambio climático. Y la vía que se perfila para protegerse frente a ambos problemas —el climático y el alza de los precios— es la misma: la electrificación de la economía mundial para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. Murat Kurum, presidente de la próxima cumbre del clima, la COP31 —en Antalya (Turquía)—, lanzó ayer una propuesta que pretende que asuman los casi 200 países que participan en estas conferencias de la ONU: que el 35% del consumo energético final en el mundo se cubra con electricidad para 2035. “Cumplirlo requerirá un enfoque urgente en los edificios, el transporte y la industria, respaldados por redes y finanzas resilientes”, dijo, con motivo de la presentación de un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). 

El Gobierno prevé aprobar en octubre el real decreto que regulará los centros de datos, una norma que ha generado una fuerte oposición en el sector y que el Ejecutivo considera clave para ordenar el despliegue de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial. La regulación se encuentra actualmente en fase de análisis de alegaciones tras cerrarse el proceso de audiencia pública el 10 de septiembre. El calendario de aprobación en octubre figura como uno de los hitos del plan IA360 presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar la inteligencia artificial. Con este plan, el Ejecutivo ha diseñado una hoja de ruta para los próximos doce meses que se articula en torno al refuerzo de las infraestructuras tecnológicas, el impulso a la adopción de la IA por parte de empresas y trabajadores, el fortalecimiento de la ciberseguridad, el desarrollo de mecanismos de gobernanza y la consecución de un contrato social alrededor de la IA con sindicatos y patronal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que buscará un acuerdo con sindicatos y patronales para arbitrar el impacto de la IA en la economía. Este pacto, según La Moncloa, “impulsará una adopción acelerada bajo una gobernanza que refuerce la seguridad y la confianza”. A la espera del planteamiento del Ejecutivo, los sindicatos celebraron la convocatoria y reclamaron “ambición” en esa negociación. UGT pidió abrir el debate sobre la aportación de esta tecnología a la Seguridad Social y CC OO puso el foco en la necesidad de que su uso sea “ético”. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró esta mesa de diálogo “una muy buena iniciativa” en la que espera “hablar de todo”. “Se empezó diciendo que la IA no destruiría empleo, pero no es verdad. Es imposible que se pueda crear suficiente empleo alternativo”, alertó en la Universidad de Alcalá, durante el primer día de las jornadas confederales de UGT Los especialistas difieren sobre este augurio, con algunas proyecciones igual de pesimistas que la de Álvarez y otras que anticipan una generación de puestos alternativos suficientes.

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) Fabio Panetta advierte de que unas valoraciones excesivamente optimistas de las compañías tecnológicas podrían dejar a los mercados expuestos a fuertes correcciones. “Los precios actuales de los activos reflejan unas expectativas optimistas sobre la rentabilidad futura de la inteligencia artificial”, afirma el gobernador del Banco de Italia en un discurso pronunciado ayer lunes. “Estas valoraciones permiten a las empresas tecnológicas captar capital y mantener sus inversiones, pero también dejan a los mercados vulnerables a fuertes correcciones cuando las expectativas no se cumplen, como ha puesto de manifiesto la reciente volatilidad de las acciones tecnológica”. Las preocupaciones sobre los riesgos asociados a la IA se han intensificado a medida que miles de millones de dólares fluyen hacia esta tecnología, alimentando el debate sobre si las valoraciones se han tensionado en exceso y sobre las consecuencias que una fuerte corrección de los mercados podría tener para la economía mundial.

El pago con Bizum en las tiendas avanza su despliegue en España. Alrededor de un 60% de los usuarios de la plataforma, es decir, casi 20 millones, ya pueden abonar sus compras con Bizum a través de la aplicación del banco o de la cartera digital Bizum Pay . La funcionalidad está llegando tanto a negocios pequeños como a grandes comercios. Más de 1,6 millones de establecimientos ya aceptan pagos presenciales con Bizum, lo que representa en torno al 75% de terminales bancarios en España. A esta cifra hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con Bizum, aunque con distintos grados de despliegue. Bizum asegura que la acogida del pago presencial está siendo positiva, con un crecimiento progresivo de número de operaciones, en torno a tres pagos a la semana por usuario activo. El funcionamiento es idéntico al de las otras soluciones de pago que se apoyan en la tecnología NFC , como las billeteras de Apple y Google, que permite pagar en una tienda física acercando su móvil al datáfono. CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja y Abanca ya han completado el despliegue de Bizum Pay. 

Nik Storonsky, el enérgico empresario de origen ruso de 42 años que cofundó Revolut en 2015 y sigue siendo su dinámico consejero delegado, me espera en el edificio en plena reforma de la nueva sede del banco en París. El mes pasado, las autoridades francesas otorgaron a Revolut una licencia bancaria, dando un impulso a su reputación con respecto a la autorización paneuropea que ya posee desde hace casi una década de Lituania. En marzo, tras cinco años de espera, el grupo –que ahora cuenta con 80 millones de clientes en 40 países– finalmente obtuvo la autorización bancaria en Reino Unido, su mercado nacional. A la reciente licencia francesa le siguió poco después la aprobación de la OCC, el principal regulador estadounidense. Revolut, con diferencia la start up más exitosa de Europa, está valorada en 115.000 millones de dólares (100.000 millones de euros). Y la fortuna de Storonsky asciende a 33.000 millones de dólares. ¿Qué puede aprender Europa del auge del banco? “Casi todo es posible”, responde el ejecutivo sin dudarlo. “Tradicionalmente, se pensaba que las empresas más grandes y mejores se fundaban en Estados Unidos, en California. Probablemente siga siendo así si nos fijamos en la IA, en todas estas nuevas empresas: Anthropic, OpenAI, etcétera. Pero esto demuestra que también es posible crear una gran empresa en Europa”.

Después de un primer semestre bastante positivo, la economía alemana parece estar perdiendo impulso durante el tercer trimestre del año aunque podría experimentar un rebote entre octubre y diciembre, de acuerdo con los pronósticos del banco central germano, el Bundesbank. “Tras el significativo aumento de los dos trimestres anteriores [del 0,4% entre enero y marzo y del 0,3% entre abril y junio, la mejor racha desde 2022], el Producto Interior Bruto (PIB) real se expandirá solo ligeramente en el trimestre actual”, señalaron los economistas del Bundesbank en su boletín económico de septiembre, publicado ayer. Este frenazo se debe a dos grandes factores: el bajo caudal del Rin y sus afluentes, que limitó el tráfico fluvial de mercancías, y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que provocó un encarecimiento de los carburantes lo que, sumado al fin de las bonificaciones fiscales a los carburantes, limitó el poder adquisitivo de los consumidores. Con todo, el Bundebank sostiene que la economía alemana no perderá la trayectoria de recuperación porque esta ralentización “refleja en gran medida obstáculos temporales” y por ello se debería comenzar a notar una recuperación en cuanto se superen.

El Ministerio del Interior confirmó ayer que ordenará a la Oficina Federal de Migración y Refugiados en las próximas semanas que revoque el estatus de protección de los refugiados sirios. El portavoz de política interna del grupo parlamentario de la CDU, Alexander Throm, precisó que «la revisión debería comenzar con jóvenes que viajen solos, que reciban asistencia social, es decir, que no trabajen y dependan del Estado». «Personas como médicos o enfermeros que trabajan tendrán la opción de un permiso de residencia laboral», añadió. Se trata del golpe final a la puerta que abrió Angela Merkel a la población llegada de Siria en plena crisis de los refugiados. Throm asumió que «es necesario un mejor programa para promover el retorno voluntario de refugiados sirios», que actualmente reciben del Estado alemán primas de 1.700 euros por persona, hasta 4.000 por familia, más la cobertura de los gastos del viaje si deciden volver ‘motu proprio’. «Es más barato que las deportaciones», justificó. El Gobierno de Merz inició la revisión en enero y un total de 1.900 sirios perdieron su estatus de protección hasta junio. Actualmente hay 912.386 ciudadanos de ese país en territorio germano, de los que 14.579 han recibido la notificación y deben marcharse. 

El juez Juan Carlos Peinado acusa a Begoña Gómez de «prevalerse» de la condición de presidente del Gobierno de su marido para «beneficiarse» en su esfera privada. Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, también se sentará ante el tribunal popular. Fuentes oficiales del Gobierno «condenaron» esta decisión y denunciaron «la persecución judicial» que está sufriendo Begoña Gómez pese a ser «inocente». El magistrado, que se jubila el próximo domingo, considera que existen indicios suficientes para que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por tres grandes bloques de hechos: las gestiones para la creación y desarrollo de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); la utilización para actividades privadas de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y el presunto desvío hacia una esfera privada del software desarrollado dentro de ese proyecto universitario.

El juez del ‘caso Plus Ultra’, José Luis Calama, dio ayer uno de los pasos procesales más delicados para José Luis Rodríguez Zapatero desde que comenzó la investigación: citó como investigadas a sus dos hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. La causa entra así de lleno en el núcleo familiar del expresidente y abre el escenario que más podía tensionar hasta ahora su estrategia de defensa. Está por ver si el movimiento del magistrado obliga a Zapatero a modificar una línea basada durante estos meses en combatir la extensión de las pesquisas y denunciar que la Policía ha convertido la causa en una investigación general sobre su patrimonio y su actividad profesional. Laura y Alba deberán comparecer el próximo 30 de noviembre. Las dos acudirán en calidad de investigadas dentro de las diligencias en las que Calama trata de reconstruir el supuesto tráfico de influencias atribuido al expresidente, el movimiento del dinero generado alrededor de esas gestiones y la utilización de diferentes sociedades para canalizar los fondos. Asimismo, han pasado más de tres meses y José Luis Calama ha dejado de esperar a que la explicación del origen de las joyas llegue por iniciativa del expresidente. El magistrado se ha hartado y le ha dado tres días para entregar toda la documentación que tenga sobre las alhajas y ha encargado a la histórica joyería Yanes un nuevo examen destinado, entre otras cosas, a intentar determinar de dónde proceden.