20250621

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La histórica planta es pasto de las llamas en un fuego que colapsó el tráfico, provocó confinamientos y alteró a toda Vitoria. El gigantesco incendio se desataba a las 13.45 horas en la sección oleoquímica -en la que se trabajan con grasas de origen animal y vegetal- de esta emblemática factoría de productos cosméticos. Toda la ciudad vio una enorme columna vertical de humo negro. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Pero los materiales «son cuantiosos». La empresa, que cuenta con una plantilla de 120 trabajadores, ha quedado devastada, como confirmaron las imágenes del interior difundidas seis horas después, cuando se dio oficialmente por controlado el fuego. El primer impacto lo sufrieron en las calles cercanas. Los cristales de las viviendas de Arriaga y Abetxuko empezaban a retumbar primero con un gran estallido y posteriormente con una cadena de deflagraciones, provocadas por contenedores de hidrógeno que se encontraban en el interior de una nave, explicaron desde el Ayuntamiento-.

El impacto real del gran incendio que se ha desatado este viernes a las 13.45 horas en la emblemática planta de Portal de Arriaga, en Vitoria, requerirá días de investigación. Aunque se admite ya desde la dirección de LEA que «los daños materiales son cuantiosos». Es la expresión que utilizan en una comunicación en la que insisten en que «habrá que esperar a que finalicen los trabajos de los servicios de bomberos para conocer su alcance», aunque las imágenes que ha dejado este suceso permiten advertir que las pérdidas económicas serán significativas. La empresa, con alrededor de 120 trabajadores en plantilla, lanza en todo caso un mensaje de tranquilidad a los clientes. Asegura que «la distribución (de sus productos) no se verá afectada en el corto plazo». Y que se está «trabajando» para conseguir «garantizar totalmente el suministro». En el relato de lo sucedido, se insiste en que las causas del fuego «se desconocen». No confirma (al menos en esta primera fase) la hipótesis con la que trabaja el Ayuntamiento de Vitoria y que apuntaba públicamente en la primera hora de intervención de los servicios de extinción de incendios: «las labores que llevaba a cabo un camión cisterna con producto químico». La dirección de la compañía sostiene que las alarmas saltaban a las dos menos cuarto de la tarde »en la zona oleoquímica» (donde se trabaja con sustancias derivadas de grasas animales y vegetales). «Las causas se desconocen y están siendo investigadas para esclarecer los hechos acontecidos», subrayan.

Lascaray S.A, célebre por sus productos LEA, cumplió en 2023 la impactante cifra de 200 años como la firma más longeva de todo el País Vasco. Su larga historia comenzó en 1823 con la fabricación de velas de sebo para los carruajes de caballos, luego se dedicó a producir jabones y se hizo especialmente célebre por su crema de afeitar. Se trasladó a las instalaciones de Portal de Arriaga en los años setenta. Juan Bernardo Lascaray, el fundador, llegó desde Ciboure (Francia) para producir unas velas de sebo muy primarias pero imprescindibles en el día a día de los alaveses: eran la única fuente de iluminación que existía y se empleaban, entre otras cosas, en los faroles de los carruajes de caballos. Cuando la electricidad llegó a Vitoria en 1892 parecía que esta firma estaba condenada de forma inevitable a la desaparición. Nada más lejos de la realidad. Casimiro Lascaray, ya la segunda generación, puso en marcha en 1855 una nueva factoría a la que llamó La Estrella Alavesa para fabricar los primeros jabones. Aquel producto de primeras extraño para la población pronto se convirtió en un bien de primera necesidad y por aquella época se creó el jabón Marfil. Aquellos pedazos grandes que se utilizaban en los hogares un poco para todo todavía perduran en la memoria de los alaveses más veteranos. En 1905 un incendio arrasó la fábrica ubicada por aquel entonces en la calle Portal de Castilla, en las inmediaciones del actual Palacio de Justicia, y tardaron dos años en volver a funcionar. Cuando resurgió lo hizo como una de las factorías más modernas de la España de la época y casi un par de décadas después, Lucio Lascaray, un reputadísimo químico formado en Berlín empezó a moldear la empresa tal y como hoy se conoce, con una división dedicada a la industria oleoquímica y a la cosmética.

El Gobierno vasco quiso escenificar ayer el viraje de su estrategia financiera e industrial. En un contexto global marcado por la volatilidad –con Estados Unidos emitiendo señales contradictorias entre los pulsos arancelarios y las tensiones geopolíticas–, el lehendakari defendió la colaboración público-privada como la palanca esencial para blindar la economía frente a los vaivenes externos. Prueba de ello, subrayó Pradales, es que la Alianza Financiera Vasca –la herramienta que agrupa a entidades, fundaciones bancarias, EPSV y al propio Ejecutivo autonómico– ya ha logrado movilizar mil millones de euros de inversión privada en menos de tres meses. La cuestión de fondo, considera el Gobierno vasco, es que el capital privado ha comenzado a movilizarse gracias a otros mil millones de inversión pública activados por el Ejecutivo hace apenas tres meses. Ese impulso inicial, diseñado como palanca financiera, busca generar un efecto arrastre mucho mayor, pues el objetivo de Lakua es que sirva para dirigir a proyectos estratégicos hasta 3.000 millones adicionales de capital privado a lo largo de la legislatura. Esta arquitectura financiera –que combina recursos propios, alianzas institucionales y el respaldo del ahorro vasco– constituye, en palabras del lehendakari, la base para construir «un nuevo contrato social» que tenga como pilares el desarrollo industrial y los empleos de valor añadido. El giro estratégico adoptado por Kutxabank es representativo del cambio de paradigma que atraviesa el sector financiero en Euskadi. El banco creó el pasado marzo Indar, una sociedad con 500 millones que se dedicará a tomar participaciones en empresas, preferiblemente de Euskadi. El propio presidente de la entidad, Anton Arriola, defendió ayer en un acto del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) la necesidad de contar con vehículos propios «para que el componente de capital local aporte todo lo posible». «Prefiero tener una compañía de tamaño mediano aquí, que meterme en un gran grupo e ir a la desaparición», argumentó. Juan María Nin Presidente de ITP Aero «La burocracia europea es mayor impedimento que cualquier barrera aduanera que podamos negociar con Trump». Cristina Ortega Directora de Espacio de AVS «Sin inversión pública, o entra capital externo o acabamos integrados en una empresa más grande». Pablo Echart CEO de Stellum Capital «Tenemos fondos de inversión pequeños. No tenemos capacidad para competir con medianos». Amaia del Villar Directora del IVF «Debemos dirigir la inversión hacia sectores estratégicos, también ser más ágiles y simplificar». 

La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, lanzó ayer un mensaje claro: «Con la revisión de impuestos recientemente aprobada, no se ha terminado la política fiscal». Así lo señaló en un encuentro con empresas en la Cámara de Comercio de Bilbao en el que recordó que la reforma tributaria aprobada esta primavera centraba sus objetivos en «retos de ciudadanía, como la demografía, la igualdad, el desarrollo de la previsión social (EPSV) y el apoyo a las empresas en las inversiones de transición». Pero ahora el foco se pondrá sobre las empresas para crecer en competitividad. Ese será el centro de los siguientes cambios, para los que la Diputación ha creado varios grupos de trabajo. En eso se apoyó Berrojalbiz para considerar que «la contestación de muchos agentes empresariales a la revisión fiscal no estaba justificada». Respecto al futuro, la diputada de Hacienda anunció una norma con cambios en IRPF y Sociedades para finales de año con el objetivo de tratar de captar talento. Incorporará también la capacidad de regulación recientemente acordada en el Concierto sobre el IRPF de los no residentes. Esta del talento es una de las medidas que ha surgido de tres grandes foros creados por la Diputación de Bizkaia. Unos órganos que comenzaron a trabajar en abril y se han reunido ya al menos en dos ocasiones. En uno de ellos participa Cebek. En otro, las principales empresas de Bizkaia. Ahí están las cotizadas Iberdrola o BBVA, así como firmas que van desde Petronor, Arteche, Ingeteam, Ormazabal y hasta las ingenierías Idom y Sener. Incluso el Athletic.

La empresa Rugui Squares & Special Profiles, ubicada en Azkoitia, ha decidido no seguir adelante con un proyecto de electrificación industrial al que se le había asignado provisionalmente una ayuda de 5,68 millones de euros dentro del Perte de Descarbonización Industrial. La firma no afrontará la inversión debido a «los plazos imposibles que presentan» las convocatorias y a la «coyuntura económica» actual, tal y como explican a este periódico. En paralelo, Euskadi encara la recta final para ejecutar cerca de 965 millones de euros en fondos europeos adjudicados, cuyo plazo expira –si no hay cambios– en agosto de 2026. El caso de Rugui, que lideraba por cuantía la última tanda de ayudas provisionales anunciadas por el Ministerio de Industria, ilustra las dificultades con las que tropiezan algunas empresas para adaptar sus procesos a las exigencias de descarbonización en los plazos marcados por Bruselas. Según ha podido saber este periódico, varias compañías en Euskadi están optando por desistir de estas subvenciones ante la imposibilidad práctica de cumplir los requisitos técnicos y temporales. Cabe subrayar que la CAV ha sido la comunidad autónoma más ágil en la concesión de este tipo de ayudas, ya que ha asignado el 80% de los 1.299 millones recibidos. El Gobierno central tampoco percibe una dinámica generalizada de rechazo a este tipo de subvenciones. La electrificación completa de procesos industriales —como el paso del gas a la electricidad— requiere habitualmente inversiones que van más allá del propio cambio tecnológico. Por ejemplo, en muchos casos las empresas deben financiar centros de transformación eléctrica que luego no pueden incorporar como activos propios, lo que los excluye de las ayudas. En otros, se necesitan ampliaciones físicas de las instalaciones productivas que dependen de planes urbanísticos municipales con ciclos de aprobación lentos y complejos.

Multiverse Computing, la firma con sede en Donostia especializada en inteligencia artificial y computación cuántica, forma parte del consorcio que ha propuesto el Gobierno español a la Unión Europea para instalar en la localidad catalana de Móra la Nova (Tarragona) una de las primeras gigafactorías europeas de IA. La noticia, adelantada ayer por La Vanguardia y confirmada a El Diario Vasco por Enrique Lizaso-Olmos, cofundador de la tecnológica guipuzcoana, supone un paso adelante de España para situarse como nodo estratégico de Europa en computación avanzada. El proyecto ha sido presentado oficialmente por el Ejecutivo como parte de la convocatoria de interés lanzada por la Comisión Europea para desarrollar estas grandes infraestructuras estratégicas en el continente. La propuesta española, liderada por Telefónica en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital, la Oficina Económica del Presidente y la Generalitat, contempla una inversión público-privada de hasta 5.000 millones de euros. «Es una muy buena noticia, un notición», valoró Lizaso-Olmos. «Nosotros estamos en ese consorcio por, entre otras cosas, nuestro modelo de compresión. La zona ha sido elegida por su acceso a grandes potencias de electricidad y es una señal más de que España está bien considerada en Europa, y Multiverse también», explicó. 

Fundada en 2019 en Donostia, la compañía Multiverse Computing ha pasado en tan sólo cinco años de prometedora startup a convertirse en el 'unicornio' vasco que aspira a liderar el campo de la inteligencia artificial (IA) en Europa. En el mundo empresarial se denominan 'unicornios' a aquellas empresas privadas que alcanzan una valoración de al menos mil millones sin haber salido a bolsa, algo tan inusual que les llega a equiparar, por su rareza, a estos animales míticos. Así lo describe en una entrevista a Enrique Lizaso, uno de los cuatro fundadores de Multiverse Computing y director ejecutivo de esta compañía que en un tiempo récord ha logrado cerrar una ronda de financiación cercana a los 200 millones de euros para la compresión de modelos de IA, a la que, además de inversores internacionales estratégicos, se ha sumado el Gobierno español a través de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT). "Tienes que ir a querer ser el mejor, el más grande, el más potente. Esta es la filosofía que tenemos nosotros", comenta Lizaso, porque -como detalla-, el de las startup "es un juego muy americano" al que "se juega con reglas americanas" y en el que "lo que importa es el crecimiento rápido", ya que los fondos invierten en aquellas que tienen una capacidad espectacular y exponencial de ir hacia arriba. "En este momento, somos con diferencia los mejores en lo nuestro". 

ELA, sindicato que cuenta con el 74% de representación en el sector de la Construcción de Gipuzkoa, ha alcanzado un preacuerdo con la patronal Adegi sobre el convenio que incluye subidas salariales por encima del IPC, reducción de jornada y otros avances, según indica la central nacionalista en una nota. Un pacto que afecta a un total de 14.000 trabajadores. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años (2025-2028) y, según la central, recoge las principales reivindicaciones del sector. Así, explica que para este año se incluye una subida salarial del IPC más 0,9 puntos, así como una reducción de jornada de ocho horas. Asimismo, se amplía el derecho de subrogación y se prohíbe la contratación a través de ETT. ELA subraya que incluye, además, contenidos novedosos para avanzar hacia una sociedad más justa. Así, el pacto incluye avances en cuanto a los protocolos de acoso, artículos a favor de las personas LGTBI y el compromiso para realizar planes de euskera en las empresas. Por su parte, UGT tildó la última propuesta que puso ayer Adegi sobre la mesa como «insuficiente». Apunta que cuando el sector «está cosechando importantes beneficios los salarios deberían incrementarse por encima del IPC, algo que la patronal ha rehusado hacer hasta el momento».

Las empresas de Gipuzkoa prevén estabilidad pese al complejo contexto internacional e incluso algunos sectores auguran un crecimiento, aunque otros como la industria presentan mayores dificultades. Con todo, las previsiones para este año son «moderadamente optimistas», según indicó ayer el director general de la Cámara de Gipuzkoa, Javier Zubía, durante la presentación de la Encuesta cuatrimestral de perspectivas económicas. Una encuesta que la institución cameral elabora a partir de las respuestas de más de 500 empresas de los sectores industrial, construcción, Servicios y Comercio Local. Tanto Zubía como el presidente de la Cámara, Mauri Arregui, se mostraron gratamente sorprendidos por estos resultados dado el complejo entorno internacional derivado de la guerra arancelaria, que se ha agravado en los últimos diez días con la escalada belicista entre Israel e Irán. De hecho, la Cámara mantiene las previsiones de crecimiento económico de Gipuzkoa para este año realizadas en enero y que fijaban el avance en el 2,1%, aunque su presidente destacó «que hay que ser prudentes hasta ver cómo se concretan los aranceles que imponga EE UU a Europa y que no sean mayores que a sus competidores». Ver encuesta aquí. 

En lo que respecta a los principales desafíos o preocupaciones que señalan las empresas en la encuesta, destacan el incremento de los costes laborales, la reducción de márgenes, la desaceleración de la demanda, la dificultad para captar talento y el exceso de carga regulatoria y burocrática que, aunque se sitúa en el quinto lugar, es la que más crece proporcionalmente. De hecho, el 31% de las empresas encuestadas se muestra preocupada por esta cuestión, nueve puntos más que un año antes. El sector de la construcción es el que más levanta la mano al respecto, ya que el 37% lo considera como uno de sus principales condicionantes, porcentaje que baja al 28% en la industria y en servicios y al 26% en el comercio. Con todo, es una cuestión que cada vez mencionan más sectores. Al respecto, el presidente de la Cámara abogó por un «ecosistema menos burocrático en aras a reforzar la competitividad empresarial y del territorio». Los costes laborales siguen siendo la principal preocupación para el 74% de las empresas, un porcentaje que se mantiene estable; seguida de cerca por el margen de rentabilidad, que mencionan el 73%, sin variación en el ultimo año, aunque había bajado al 60% en la encuesta anterior. La debilidad de la demanda, en el tercer puesto, sube cuatro puntos hasta el 59%, y la escasez de personal cualificado también aumenta tres puntos hasta el 48%.

A pesar de que 2024 fue un año positivo para el sector de la máquina-herramienta en lo que a ventas se refiere, con un récord de facturación de 2.323 millones –un 7,7% más que en 2023–, también fue especialmente negativo en lo relativo a insolvencias empresariales. De hecho, según los datos de Solunion, el año pasado se registraron 173 concursos de acreedores, récord en los últimos diez años. Un fuerte aumento que se debe a la ralentización de un sector que cerró el curso con una fuerte caída –23%– en la cartera de pedidos, lo que, según Solunion, traerá consigo un ajuste de ventas en el sector. El mismo diagnóstico compartió el Clúster de Máquina-Herramienta de Euskadi (AFM) en mayo, cuando alertó sobre la incertidumbre que rodea al sector y que está haciendo que los pedidos disminuyan. Según su director general, Xabier Ortueta, «existen muchos más factores que generan incertidumbre y preocupación que indicadores que apunten a una estabilización en el panorama industrial».

La cifra de negocios de la industria bajó en Euskadi un 9,7% en abril respecto al mismo periodo del año anterior, la tercera mayor caída del conjunto de España y un 2,7% más que la media nacional, que retrocedió un 7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año la cifra de negocios de la industria ha descendido un 2,8% en País Vasco, 2,7 puntos de diferencia con la media nacional (-0,1%).

El Parlamento vasco aprobó en el pleno celebrado el jueves, con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, una proposición no de ley «de reconocimiento al papel que desempeña el cooperativismo vasco en la construcción de un modelo económico más democrático, sostenible y arraigado en nuestro territorio». Se trata de un acuerdo que insta al Ejecutivo autonómico a reconocer a las cooperativas como agentes decisivos en el diálogo institucional y social. De hecho, la Asamblea General de la ONU ha declarado este 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas, una iniciativa institucional que destaca su papel crucial como modelo empresarial centrado en las personas, que reduce las desigualdades y que genera prosperidad económica y social. Según los datos de Konfekoop (Confederación de Cooperativas de Euskadi) el número de empleos generados por las cooperativas ha aumentado un 9% desde 2021, alcanzando los 61.000 empleos directos y más del 10% del PIB industrial.

La ‘Euskadi berria’ que abandera Imanol Pradales no les parece tan nueva a los ciudadanos. El lehendakari, apuesta del PNV para ofrecer un aire fresco tras doce años de mandato de Iñigo Urkullu, aspiraba a «reconectar con la sociedad» y atender asuntos enquistados como el desprestigio de Osakidetza enmendando, si era necesario, la gestión anterior. Pero parece que, al menos por el momento, no ha conseguido el aval de los vascos, que suspenden el primer año de su legislatura. Un 4,7 es la nota que le otorgan los consultados por el Deustobarómetro. Y dos de cada tres, además, creen que el nuevo gabinete está cambiando «poco o nada» las políticas anteriores. ¿Y en qué ha estado centrado el Gobierno vasco este año? Según los encuestados, en mejorar la sanidad, que era hasta ahora la principal preocupación de los ciudadanos. El 26,3% cree que ha sido una de las dos principales prioridades del Ejecutivo autonómico. Pero entre los asuntos que más esfuerzo ha puesto la Administración se encuentran también otras dos cuestiones: el autogobierno (25,9%) y el euskera (25,5%), que no aparecen, sin embargo, entre las inquietudes más relevantes. Por primera vez, el mayor problema de los vascos es el acceso a la vivienda. Y lo es para un 44% de la población (la sanidad ha descendido hasta un 36,2%). Sin embargo, solo el 16% cree que ha sido una prioridad para el Gobierno. Ver Deustobarómetro aquí. 

El día en que hacía exactamente un año como lehendakari, Imanol Pradales se presentó ayer en el Parlamento vasco con la intención de presumir de sus logros en estos doce meses y del cumplimiento del acuerdo de gobierno entre PNV y PSE-EE que permitió su investidura. Pues bien, ni siquiera había terminado la sesión de control –la última del curso político antes del parón veraniego– cuando los socialistas dieron por «incumplido» ese pacto. Entre medias, los jeltzales habían hecho algo inédito en la legislatura y del todo extraordinario en la dinámica de la coalición: presentar una propuesta de reforma legal por su cuenta, sin la firma de su socio de gobierno. Después de semanas de negociación infructuosa, con amagos y ultimátums de por medio, el PNV optó por romper definitivamente la baraja y registrar en solitario una iniciativa para tratar de blindar por ley la exigencia del euskera en las OPE. La formación de Aitor Esteban había tomado la decisión la víspera, cuando se celebró la última reunión con el PSE-EE y se constató el bloqueo de las conversaciones. El propio líder del EBB llamó ayer por la mañana a Eneko Andueza para comunicarle que en cuestión de minutos Markel Olano, parlamentario y burukide encargado del área de Euskera, formalizaría la propuesta con el único membrete del grupo jeltzale. La medida consiste, según desgranó después el dirigente guipuzcoano, en una «sencilla» pero significativa modificación de un artículo de la Ley de Empleo Público Vasco que ambos partidos impulsaron en 2022.

La investigación desatada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en torno a las actividades presuntamente delictivas de Santos Cerdán dio ayer un salto cualitativo por orden del juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Los agentes entraron en el cuartel general del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, y en la sede del Ministerio de Transportes y se personaron en dos organismos dependientes de este, Adif y la Dirección General de Carreteras, en busca de pruebas de las presuntas mordidas en las adjudicaciones de obra pública que se atribuyen al exsecretario de Organización de los socialistas, al exministro José Luis Ábalos y al exasesor de éste, Koldo García. La decisión del juez llegó en la misma resolución en la que imputó a Cerdán, señalado por los delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho, tras renunciar a su acta de diputado. La entrada en Ferraz y Transportes, de consecuencias procesales y políticas impredecibles, fue lanzada por el magistrado con la encomienda a los investigadores de que clonasen los mensajes de correo electrónico corporativo de quien era la mano derecha del presidente Pedro Sánchez hasta su forzosa renuncia hace una semana. La misma diligencia con Ábalos en el Ministerio de Transportes, que encabezó entre junio de 2018 y julio de 2021. En su auto de 46 páginas, el juez requirió al PSOE que facilitase a los agentes la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado de los contenidos que pudieran hallarse en el ‘mail’ de Cerdán. Unas diligencias que les llevó unas tres horas. La justificación del juez es que el informe de la UCO del pasado 5 de junio destacó que Cerdán habría facilitado su correo del partido a Koldo García para que dirigiera a dicha dirección «ciertas comunicaciones relevantes» con respecto a los presuntos pagos por el amaño de obra pública.

Los hoteles de Canarias y de Baleares fueron los primeros que dieron la voz de alerta. Desde que se inició la recuperación pospandemia en 2021, las grandes cadenas hoteleras, como Meliá, Barceló, Riu o Iberostar, han tenido problemas para cubrir sus vacantes de verano por el elevado precio del alquiler en los archipiélagos, que prácticamente absorbe una parte significativa del salario e impide que los empleados eventuales puedan hospedarse en plena temporada alta. Para completar sus plantillas, los hoteles han tenido que optar forzosamente a ofrecer alojamiento gratuito para convencer a sus trabajadores. Solo este año, Meliá, Barceló e Iberostar prevén lanzar esa oferta a 5.000 empleados. El último informe del portal inmobiliario Idealista, correspondiente al mes de mayo, situaba el precio medio del alquiler en España en 14,5 euros por metro cuadrado, con lo que el coste de una vivienda de 50 metros cuadrados se sitúa en 725 euros y una de 100 metros cuadrados en 1.500 euros. Unas cifras que se disparan en el caso de Barcelona o Madrid (23,7 o 21,7 euros por metro cuadrado) o Baleares y San Sebastián (19,7 y 18,5). Pero las cadenas hoteleras solo ocupan a poco más de 455.000 trabajadores. Bares, restaurantes y cafeterías ocupan a otros 1,5 millones, que no solo están censados en Baleares y Canarias, sino que se dispersan a lo largo de todo el territorio nacional. Y cerca de otro millón están ocupados en las denominadas “otras actividades turísticas”, en la que se encuadran transporte, ocio, actividades deportivas o de entretenimiento, hasta completar los tres millones de afiliados del turismo en mayo, lo que supuso un nuevo máximo histórico. Ninguna de estas actividades tiene la posibilidad de ofrecer alojamiento gratuito a sus empleados, como sucede con los hoteles, y todas están teniendo problemas para cuadrar plantillas, en especial cuando tienen que buscar trabajadores que tengan que venir de otras comunidades autónomas.

A la crisis de vivienda que atraviesa el país se suma otra: la que sufre el propio sector de la construcción, que se ve incapaz de atraer a los jóvenes. La edad media de sus ocupados es de las más altas del país, 45,1 años, y la llegada de extranjeros, aunque alivia, todavía está lejos de corregir esta situación. El 65% de los albañiles en España tiene hoy más de 45 años, 15 puntos por encima de la media de otros sectores de la economía. La incorporación de inmigrantes está siendo una tabla de salvación para la construcción, pero aún no consigue cubrir la falta de mano de obra ni el mencionado problema de envejecimiento, según un informe de BBVA Research. El sector, que aporta un 5,4% del PIB español, acusa una falta de mano de obra que no para de agravarse y que podría ser la causa que más está dificultando que los empresarios ejecuten sus proyectos en todo el país. Los puestos vacantes en el sector de la construcción han aumentado significativamente en los últimos años y es la actividad donde más trabajos hay sin cubrirse, según el informe que presentó ayer BBVA Research. «No hay trabajadores. Hay obras paradas esperando a que haya mano de obra disponible», asegura el secretario general de la patronal del sector de Alicante, Jesualdo Ros. El número de ocupados en el sector se encuentra muy por debajo del promedio de los últimos 30 años.

Nemat Shafik, ex directora gerente adjunta del FMI. Ha sido la vicepresidenta más joven del Banco Mundial, directora gerente adjunta del FMI y rectora de la Universidad de Columbia, cargo del que tuvo que dimitir tras meses de protesta por la guerra en Gaza. Advierte de que «es un tiempo muy difícil» para unas instituciones multilaterales que deben «adaptarse» a las embestidas de Trump. En su visita a Bilbao, motivada por el encuentro del Instituto Vasco de Finanzas, advierte que aunque «Euskadi está en mejor posición que otros territorios» para abordar un escenario cada vez más incierto, «vendrá una ralentización y será clave ser flexibles y dinámicos». "Quienes más sufrirán los aranceles son los estadounidenses. Trump tiene el objetivo de lograr mejores acuerdos comerciales y restaurar la manufactura de EE UU. No creo que ninguno funcione y menos con las constantes rectificaciones, que hacen inviable la planificación de las empresas...La respuesta debe ser como bloque y seguir defendiendo un comercio internacional basado en las reglas y no en las presiones. También tiene que mirar hacia dentro e impulsar un mercado único más integrado, sobre todo en los servicios, donde hay muchos obstáculos...China se está beneficiando más que nadie del comercio exterior, aunque no siempre ha sido justo. Ha robado propiedad intelectual, subsidiado industrias... Hay que presionarle para que comercie en igualdad de condiciones. Si se logra, será beneficioso para ambos lados..."

La guerra comercial con Estados Unidos no ha resuelto los roces que la Unión Europea tiene con la otra gran potencia mundial, China. La Comisión Europea ha decidido excluir las compras públicas de dispositivos sanitarios por valor de más de cinco millones de euros y, además, no permite que en las ofertas ganadoras de los concursos haya más de la mitad de productos chinos. Con esta decisión, anunciada el viernes, Bruselas estrena su Instrumento de Contratación Pública Internacional, una nueva herramienta para defender las posiciones comunitarias en un contexto de creciente guerra comercial. La Unión Europea creó en la pasada legislatura un mecanismo con el que pretende vigilar que haya reciprocidad en la contratación pública internacional. Es decir, controlar que las empresas europeas que se presentan a concursos en Administraciones de terceros países tengan el mismo trato y condiciones que las firmas no europeas reciben en la UE. Esto permite a la Comisión, si después de una investigación llega a la conclusión de que no es así, responder con represalias equivalentes. La herramienta, como también lo es el Instrumento Anticoerción, más vinculado al comercio, se creó pensando sobre todo en China, como método de disuasión. Y ha sido precisamente con China con el país que se ha estrenado, en una decisión que viene a demostrar que el acercamiento entre la UE y el gigante asiático no va a ser tan sencillo como podría pensarse en principio ahora que hay una guerra comercial abierta con Estados Unidos.

ArcelorMittal no seguirá adelante con sus planes de construir instalaciones de reducción directa de mineral de hierro (DRI) y un horno eléctrico para descarbonizar sus plantas en Bremen y Eisenhüttenstadt, en Alemania, que fabrican productos planos. El segundo productor de acero del mundo apunta a la incertidumbre y a que los precios de la electricidad en Alemania se sitúan actualmente en niveles elevados, comparado con el ámbito internacional y otros países europeos. Con esta decisión, renuncia a una ayuda de 1.300 millones de euros, ya que el contrato con el Gobierno alemán exigía que las obras de las instalaciones comenzasen, como muy tarde, en junio de 2025. ArcelorMittal Alemania se ha visto obligada a notificar al Gobierno que no puede acometer esas inversiones, a la vista de las realidades del mercado y las condiciones económicas que rodean a la producción de acero con bajas emisiones. El grupo señala que, para impulsar la descarbonización gradual en Europa, se concentrará en Bremen y Eisenhüttenstadt en planificar la construcción de hornos de arco eléctrico para estar preparado cuando la producción con esta tecnología “sea económicamente viable”. El grupo afirma que los primeros hornos de arco eléctrico se construirán “en países que puedan ofrecer un suministro de electricidad competitivo y predecible”. El próximo será en Dunkerque (Francia). La empresa recalca que mantiene el objetivo de seguir mejorando la huella de carbono de sus plantas, pese a que, como se anunció en abril, “cada vez es menos probable que se alcancen los objetivos de reducción de CO2 para 2030”. En abril, apuntó que los proyectos de descarbonización de Gijón (Asturias) y Sestao (Bizkaia) estaban avanzando.

El director general de Sberbank, el principal banco de Rusia, pronosticó ayer que la economía rusa vivirá próximamente momentos difíciles. Desde el Foro Económico de San Petersburgo, German Gref dijo que el país euroasiático «se enfrenta a una serie de problemas que se pueden considerar una tormenta perfecta». La principal razón es el hecho de que las altas tasas de interés ejercen una gran presión sobre las compañías y estas se ven obligadas a posponer sus inversiones. Según su pronóstico, estas condiciones «son una amenaza no para el crecimiento económico de este año, sino también para los próximos dos o tres años». Gref señaló como inconveniente el fortalecimiento del rublo, que «está dañando las exportaciones». Este año ha entrado en vigor una subida de impuestos aprobada en 2024 que grava los ingresos de forma progresiva y aumenta la carga impositiva a las empresas. Según el Ministerio de Finanzas, con esta medida se ingresarán cerca de 30.000 millones de euros más. Desde el mismo Foro, el ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, advirtió de que la economía del país está en una situación comprometida. «Creo que estamos al borde de la recesión», alertó. En su discurso de ayer en el Foro, el presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió a estos pronósticos. «Algunos especialistas señalan el riesgo de estancamiento o incluso de recesión. No debemos dejar que ocurra bajo ninguna circunstancia», declaró.

Israel ha decidido cambiar de estrategia con Irán. Si durante la primera semana de ataques puso en su punto de mira el programa nuclear de la república islámica, con acciones contra diversas instalaciones, ahora considera que es el momento de dirigirse contra el aparato de seguridad nacional persa. Su objetivo final es «desestabilizar» al régimen de los ayatolás y hacer caer al Líder Supremo, Alí Jamenei, a quien ha marcado como su enemigo número uno. «Debe dejar de existir», dijo el jueves el ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, tras los bombardeos iraníes sobre un hospital en Bersheba y zonas residenciales. Katz informó ayer sobre las nuevas directrices que ha dado al ejército israelí, al que ha ordenado comenzar una campaña específicamente dirigida contra el aparato de seguridad nacional de Irán. Sin olvidar, eso sí, el objetivo nuclear, el argumento que utilizó para el inicio de la ofensiva. La medida fue compartida en una reunión con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. El ministro mencionó, en concreto, al Basij –la fuerza paramilitar fundada en 1979 por el primer Líder Supremo, Ruholá Jomeini– como una de las piezas a cobrarse y emplazó a los militares a «atacar a todos los símbolos del régimen y a sus mecanismos de opresión». El Gobierno de Tel Aviv quiere ir contra «la base de poder» de la república islámica y eso incluye a la Guardia Revolucionaria, de la que depende la seguridad interna persa. Ya el 13 de junio, cuando Israel lanzó la actual ofensiva, el ejército hebreo trató de descabezar la cúpula militar de Teherán, con el asesinato de tres generales. La cifra se eleva una semana después a once.