20260619

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi quiere aprobar antes de que acabe el año la 'autopista regulatoria' que permitiría reducir los trámites administrativos hasta seis meses. Una vía de aceleración para aquellos proyectos considerados de interés público superior que incluye iniciativas «transformadoras» de la industria, la ampliación de redes eléctricas, los proyectos de renovables, la tecnologías de cero emisiones, las materias primas y los residuos. Una catalogación de nuevo cuño que establecería el Gobierno vasco en base a los informes técnicos vinculantes que así lo justifiquen y que no se establecería de forma indiscriminada, sino para proyectos seleccionados por su importancia. Así se busca que, por ejemplo, la tramitación de una línea eléctrica de cinco kilómetros, una fábrica de baterías o un parque eólico pase de dos años de trámites a seis meses y el tiempo de espera no acabe 'ahogando' a la empresa que lo impulsa. Supone simplificar la burocracia, aunque sin descuidar ningún requisito urbanístico ni medioambiental, pero sí evitando las duplicidades que alargan los plazos, como vienen denunciando distintos agentes en los últimos años. Para eso, ya se tramita en el Parlamento vasco la 'Ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible', que hace unas semanas presentaron el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE, Eneko Andueza. Este jueves, los consejeros Mikel Jauregi y Amaia Barredo se lo han presentado a representantes de instituciones patronales, agentes económicos y responsables de la industria en el Parque Tecnológico de Miñano. «Con esta iniciativa vamos a lograr acelerar los trámites y acortar los procesos administrativos para que Euskadi avance más rápido», ha defendido Jauregi en lo que ha considerado como una de las leyes más importantes de la actual legislatura a nivel autonómico. Ver más en Gobierno vasco aquí. 

La expansión de los fabricantes de automoción chinos va más allá del vehículo privado y llega al transporte público. Y es que Euskotren ha adjudicado al fabricante chino BYD tres unidades 100% eléctricas para las líneas de Bizkaibus que opera como concesionaria. La firma del gigante asiático lidera no solamente la fabricación de coches eléctricos a nivel mundial sino también la de autobuses de esta tecnología. La licitación fue aprobada el 3 de septiembre de 2024 por un importe máximo de 1,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de un año desde la fecha del acta de inicio de los trabajos. La oferta que se impuso sobre el resto fue la de BYD, ya que el pliego valoraba la propuesta económica con un 65% de la nota, y el coste de los tres vehículos completos de la firma china fue el más reducido de todos, de 1,51 millones de euros, concretamente. Se trata de un importe menor al del resto de fabricantes que se presentaron al concurso: MAN (1,79 millones), KL Buses (1,77), Daimler (1,8), CAF Solaris (1,79) e Irizar (1,6). Precisamente, estas dos últimas firmas, Solaris (filial de CAF) e Irizar (que fabrica sus autobuses eléctricos a través de su división e-mobility) son vascas y compiten globalmente en el sector de la electromovilidad pública, creciendo exponencialmente en los últimos años gracias al impulso de los ayuntamientos y ciudades europeas a favor de la movilidad sostenible, amarrando numerosos contratos. Sobre la adjudicación del contrato a BYD, la ley es clara al respecto y, como es lógico, obliga a elegir la oferta con la mejor relación calidad-precio y, a su vez, no permite discriminar por origen. 

A los constructores alaveses no les falta trabajo, les falta suelo disponible sobre el que levantar casas, según ha denunciado hoy la patronal SEA Uneca tras las celebración de su asamblea general en «un contexto marcado por la creciente preocupación ante la insuficiencia de vivienda nueva en Álava y especialmente en Vitoria-Gasteiz». De acuerdo con los datos del Barómetro Empresarial 2026 y el Informe de Indicadores de la asociación que preside Luis Alba, la promoción de vivienda libre se desplomó un 60% el pasado año, una «fuerte contracción» que también salpica, aunque en mucha menor medida, a la vivienda protegida. Cabe recordar que el peso de la VPO y las tasadas de nueva ejecución en la capital alavesa sigue siendo del 65%.  Esta situación, dicen los empresarios, «amenaza con agravar aún más las dificultades de acceso a la vivienda». Y es que mientras cae la oferta, sostiene Uneca, aumenta la demanda y curiosamente también las compraventas. Se vendieron un 46% más de casas nuevas en 2025 que en el ejercicio anterior. Lo que significa que a las inmobiliarias no les cuesta nada encontrar comprador para cada promoción que sale al mercado a precios cada vez más desorbitados. ¿Y qué proponen los constructores? La patronal apunta hacia las instituciones y les pide mejorar «las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar nuevas promociones». En concreto, reclama al Ayuntamiento de Vitoria «una estrategia» para aumentar la oferta de vivienda «mediante una gestión eficaz del suelo residencial» y agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos.

El precio medio para alojarse en una habitación de hotel donostiarra superó al de Barcelona. Fueron una media de 178,7 euros los que el turista se dejó por noche en San Sebastián, ligeramente superior a los 177 euros de la capital catalana. La tendencia de encarecimiento de los precios es clara. Tanto es así que Donostia también ha escalado un puesto en el ranking de precios por noche durante el primer cuatrimestre de 2026, un periodo en el que, hasta ahora, la llegada de turistas a la capital guipuzcoana no solía ser tan masiva como en verano. Ha subido 10 euros respecto al año anterior, hasta los 122 euros por pernoctación, y en ese periodo se coloca ya en la quinta posición, por detrás de Barcelona (169 euros), Madrid (164), Sevilla (146) y Málaga (133), según el barómetro más reciente de Exceltur, que analiza la rentabilidad de los destinos turísticos españoles desde enero hasta abril de este año. El año pasado supuso un cambio de tendencia en cuanto al turismo en Donostia se refiere. Por primera vez en diez años –descontando 2020, año anómalo por las restricciones de movimiento por la pandemia– la capital registró cifras descendentes (-1% en las entradas y -0,5% en las pernoctaciones), y si bien la bajada es mínima, los números sugieren que el turismo en San Sebastián atraviesa un cambio de guion. La llegada de turistas se reparte de manera más equilibrada a lo largo del año –y concentra menos picos en los tres meses de verano– y muchos de ellos apuestan por hacer noche fuera de la capital, atraídos por la oferta cultural y turística del resto del territorio, así como por sus precios más competitivos. Con todo, a pesar de esta ligera caída, Donostia continúa rompiendo récords, al menos en cuanto a precios se refiere.

La batería de medidas fiscales presentadas hace una semana por Elixabete Etxanobe y la diputada foral de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, y posteriormente ‘vendidas’ en un acto en Madrid para atraer a inversores y a trabajadores de alta cualificación a Bizkaia no han convencido a EH Bildu. El principal partido de la oposición criticó ayer duramente el proyecto al asegurar que «es una nueva vuelta de tuerca regresiva a la involución fiscal que ya se puso en marcha en el año anterior», subrayó Iker Casanova, portavoz de la coalición soberanista en las Juntas Generales. «Son un traje a medida para los sectores más acomodados de la sociedad y van en detrimento de los intereses de la mayoría», censuró. El cambio fiscal más novedoso es el que afecta a los impatriados, las personas que llegan a Bizkaia tras recibir una oferta laboral, que acrediten una FP Superior o un grado universitario. Se modificará el régimen fiscal para incrementar del 30 al 50% la exención básica sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, que se elevará hasta el 60% en el caso de los menores de 36 años. El paquete de propuestas también contempla una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas o el acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa. Asimismo, recoge deducciones por seguros sanitarios privados, la compra de un nuevo vehículo o la cuota del gimnasio.

Uno de los aspectos que va a determinar con más fuerza en las próximas décadas, en la economía y en las relaciones internacionales, es el suministro energético. Controlar las fuentes de energía, ya sean fósiles o renovables, ya es, no obstante, una cuestión de seguridad tanto pública como económica. Y Euskadi, como territorio con alta dependencia de los recursos del exterior, necesita seguir dando pasos en el campo de la electrificación y las renovables. Para ello juega un rol central el sector energético, compuesto por empresas, centros tecnológicos y espacios de conocimiento. En total, ese sector se compone en Euskadi de casi 500 empresas (497), que facturaron el pasado año 17.090 millones de euros. Esta cifra de negocio representa ya un 25% del epígrafe bajo el cual se cobijan la actividad de los sectores industrial y energético en la CAV. "Las cifras reflejan la competitividad del sector" indicó José Ignacio Hormaeche, director general de Basquenergy Cluster. Los desafíos son múltiples. "Nos falta tener claras las líneas de actuación ante China y su dominio en las cadenas de valor", dijo Hormaeche, que citó como oportunidades de negocio para la industria vasca el nuevo tratado de comercio suscrito por la Unión Europea con India, así como las propuestas de Bruselas para estimular a toda la industria del continente.

El sector ha consolidado su crecimiento con una facturación que superó los 3.460 millones de euros en 2025, un 5% más. Marca así su cuarto año consecutivo de mejora, según trasladó ayer la Asamblea General del clúster Foro Marítimo Vasco (FMV). El encuentro, en el que participaron más de 90 representantes industriales e institucionales, puso de relieve el momento positivo que atraviesa la industria marítima vasca impulsada por la diversidad de proyectos, su tecnología puntera y el trabajo de las más de 150 entidades que tiene asociadas. Frente a un contexto de ralentización e incertidumbre económica global, el FMV ha destacado que el 65% de sus empresas han incrementado su facturación y el 61% prevé seguir haciéndolo a lo largo del presente ejercicio. Actualmente la flota bajo control de armadores vascos cuenta con 243 buques que operan por todo el mundo, generan una facturación que ronda los 600 millones de euros y crean empleo directo para 2.850 personas. El sector se completa con unos astilleros especializados en buques de alta tecnología. La cartera conjunta de estos últimos ha generado una facturación que supera los 1.100 millones de euros entre los años 2020 y 2024, gracias a su apuesta por las tecnología innovadora, las embarcaciones de cero emisiones y el liderazgo alcanzado en la eólica marina. Euskadi se ha posicionado también como polo tecnológico en ámbitos como la propulsión alternativa, la gestión energética y la digitalización marina.

Eroski cerró a finales del pasado año una refinanciación histórica de su deuda, que asciende a 782 millones, reduciendo de forma notable los intereses con los que tenía que afrontar su devolución; en el caso de su bono la tasa se redujo de un 10,6% a un 5,7%. Una solución que permitirá a la empresa ahorrarse cada año 25 millones en esos pagos y algo que no ha tardado en notarse en la cuenta de resultados. Así en este primer trimestre de 2026 la cooperativa registró unos beneficios de 17,8 millones, un 35% más que el año pasado. Es un crecimiento que, tal y como comunicó ayer a los mercados la compañía dirigida por Rosa Carabel, supera de largo el comportamiento de la facturación en los tres primeros meses del ejercicio. Las ventas brutas de Eroski crecieron un 3,5% alcanzando los 1.434 millones de euros, de los que 1.356 corresponden a su negocio de alimentación. Unos datos que se dieron con un crecimiento de precios del 2,6% en abril, por debajo del 3,2% del IPC general. El producto de marca blanca sigue ganando cuota y representa ya el 37,6% de la cesta de la compra. Las ventas han dejado, por lo tanto, 48 millones más que el año pasado, con los que la empresa ha tenido que hacer frente a un fuerte encarecimiento de sus costes energéticos y materias primas. 

2007an sortu zen Innobasque, EAEko berrikuntza agentzia, eta 2017az geroztik erakundeko zuzendari nagusia da Leire Bilbao (Bilbo, 1969). Innobasquek plan estrategiko berria abiarazi du orain gutxi, zeinetan berrikuntzaren azelerazioa eta EAEk Europan duen posizioa indartzeko premia zehazten diren, besteak beste.  Innobasqueko zuzendari orokorraren esanetan, Europako berrikuntza ekosistemak 'deeptech' eta 'deep science' esparruak ditu jomugan. Eragileen arteko kolaborazioaren garrantzia ere azpimarratu du. Gehiago irakurri hemen. 

Mercedes-Benz no quiere contratiempos en su programa de producción de la nueva furgoneta eléctrica VLE y ha comunicado a la plantilla su decisión de activar tres sábados de julio. En concreto, en las tres fases principales de la cadena de producción (Montaje Bruto, Montaje Final y Pintura) los trabajadores tendrán que fichar el 4 y el 18 de julio. Los operarios de Montaje Bruto de la VAN.EA (la arquitectura diseñada específicamente por Mercedes-Benz y que sirve de base para esa primera furgoneta 'full electric') deberán estar en sus puesto además del 4, el 11 de julio. También se aplica el tercer turno desde el lunes 13 de julio todas las áreas. El lanzamiento de esta nueva furgoneta -de la que Mercedes prevé producir unas 7.000 unidades a lo largo de este curso- pone fin a cinco años de arduo trabajo y una inversión de mil millones de euros que la firma tiene expectativas de poder amortizar en apenas cuatro años. La VLE es el modelo que restablece una posición relevante de la planta de Vitoria dentro del grupo. Tanto es así que la firma celebró su lanzamiento al mercado la pasada semana con un evento al más alto nivel, con el 'descorche' protagonizado por la plana mayor de la compañía de la estrella y de la clase política vasca.

Al edificio del número 50 de la Gran Vía bilbaína todavía le queda trabajo por cumplimentar, pero su vuelta está cada vez más cerca. Según ha podido saber este periódico de fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, propietario del inmueble, las obras concluirán, con toda probabilidad, a finales de este año. Quedan, por tanto, en torno a seis meses para la conclusión definitiva de unos trabajos que arrancaron hace más de dos años y medio. El regreso de las entidades y organizaciones, muchas de carácter empresarial, que ocupaban el viejo inmueble, tardará algo más. No será escalonado, se llevará a cabo de una sola vez y tendrá lugar a principios de 2027, barajándose el mes de enero como fecha más probable. Cientos de trabajadores trasegaban a diario por un inmueble que presentaba, no obstante, un aspecto «muy obsoleto», según confirmaron a este periódico algunos inquilinos. Las dependencias pedían a gritos una reforma en materia de ventilación, climatización, aislamiento e impermeabilización. Algunas fuentes reconocían en privado que el edificio incumplía «los pertinentes requisitos de seguridad». Entre las organizaciones empresariales que regresarán figuran Cebek, Cecobi y Confebask. También conservan el billete de vuelta algunas empresas dedicadas a la impartición de cursos formativos.

El fenómeno, lejos de mejorar, empeora, y prueba de ello es que la tasa de absentismo del cuarto trimestre de 2025 fue incluso superior a la del promedio del año: se disparó hasta el 7,88%, a un tiro de piedra de alcanzar el 8%, un porcentaje que, de materializarse, prácticamente duplicaría la tasa que se registró en 2013 (4,1%) y superaría en tres puntos porcentuales los niveles pre-Covid: en 2018, el absentismo rondaba el 5%. El Covid desbordó los diques de contención del absentismo laboral y, aunque ya han transcurrido seis años desde lo peor de la pandemia, el problema no solo no se ha reconducido, sino que incluso se ha agravado, convirtiéndose, según CEOE, en un verdadero “problema país” y en un “lastre definitivo” para la productividad del tejido empresarial español, tal como afirmó el martes pasado Antonio Garamendi, presidente de la patronal. No es una advertencia gratuita ni exagerada: el mercado laboral español despidió 2025 con una tasa de absentismo del 7,68% en el conjunto del año, 0,42 puntos más que el año anterior y un nuevo máximo histórico, de acuerdo con el indicador adelantado que recoge el Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, publicado ayer, que pone de relieve la magnitud del desafío al que se enfrentan las empresas españolas. Y es que esas tasas desbocadas de absentismo laboral (entendido como la proporción de horas no trabajadas respecto al total de horas pactadas) se traducen en que entre 1,6 y 1,7 millones de asalariados faltan cada día a su puesto de trabajo, cifras de las que alrededor de 1,27 millones de empleados se encuentran de baja médica por incapacidad temporal. “El dato del 7,68% confirma que el absentismo se ha consolidado como uno de los principales retos estructurales del mercado laboral español. Ya no hablamos de un fenómeno coyuntural, sino de una realidad con impacto directo sobre la productividad, la competitividad y la organización de las empresas”, alertó ayer Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute. 

El economista español Arturo Bris (Guadalajara, 1967) dirige en Lausana el Centro Competitividad Mundial de la escuela de negocios suiza IMD. Su índice es de los que pocos de referencia internacional que miden la competitividad de los países y tiene como asociado en España a CEOE. En la edición de este año se ve a España estancada (39 de las 70 principales economías) y cómo los países autocráticos logran mejores resultados que las democracias liberales en una dinámica preocupante. "...El problema es que la cultura en España es muy funcionarial. Tengo 59 años y todos mis compañeros de colegio están pensando en jubilarse. Mucha gente depende del sector público y eso crea una cultura de falta de dinamismo, porque no hay ningún incentivo individualmente, a hacer las cosas mejor, pues al final lo que quieren es jubilarse y su pensión depende del Gobierno, no depende nada más. Esa cultura va incluso a peor y es muy negativa. Cuando el sector público es el motor principal, la competitividad depende enormemente de la calidad del gobierno. Si ese gobierno es ineficiente, todo el sistema se resiente. En cambio, en el norte de Europa es el sector privdo el que tira del público. Por eso, sin cambios culturales e institucionales profundos, es difícil que España y otros países del sur de Europa mejoren significativamente su posición en los rankings de competitividad.- ¿Qué fortalezas identifica en España en el índice?- Principalmente tres: talento, infraestructuras y capacidad tecnológica. España dispone de excelentes infraestructuras físicas y digitales, una economía dinámica y fuerte capacidad para atraer inversión internacional. También destaca el sector financiero. El acceso al capital y la calidad del sistema bancario es un punto fuerte..."

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) reclamó ayer al Gobierno central que adopte las nuevas medidas anticrisis por la guerra en Irán con carácter «estructural» y que eleve a 1.000 millones de euros la partida presupuestaria asignada a la compensación por sobrecostes de CO2. La patronal del acero realizó estas reclamaciones durante la rueda de prensa previa a su junta general, en la que reclamó «más protección» para un sector que sufre una competencia feroz, ya que una de cada tres toneladas de acero consumidas en España procede de terceros países. La patronal siderúrgica mantuvo una reunión este miércoles con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a los que transmitieron que era «el momento» de que las rebajas fiscales para mitigar los efectos de la crisis en Oriente Próximo pasen a ser estructurales y no temporales. Ese mismo día, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un nuevo decreto ley con medidas de ayudas fiscales y económicas para finales de junio. «Necesitamos que las medidas se adopten con carácter estructural» para ayudar a la industria y a los consumidores, declaró la directora general de Unesid, Carola Hermoso. «Tenemos un problema estructural de base de coste energético elevado que tenemos que atacar». 

Tras meses de rumores y negociaciones, se están cerrando los primeros acuerdos bilaterales entre automóvil y Defensa para colaborar en proyectos concretos, con el fin de aprovechar las sinergias industriales y elevar la actividad productiva para responder en plazo al fuerte aumento de la carga de trabajo. Gigantes del motor como Renault, General Motors, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, Scania, Hyundai o Seat han detectado oportunidades de crecimiento mediante su desembarco en el sector de la Defensa y han decidido lanzarse a este negocio con el objetivo de compensar los bajos niveles de actividad que se están experimentando, sobre todo en Europa, que afronta un problema de sobrecapacidad instalada para el nivel actual de producción de vehículos. Lo que parece un matrimonio obvio entre Defensa y automoción tiene más complicaciones de lo que parece a primera vista, ya que los tiempos, los volúmenes de producción y las certificaciones son muy diferentes entre ambos sectores. Por ejemplo, una fábrica de coches de tamaño medio en Europa tiene una producción anual de unas 300.000 unidades, mientras que una planta de vehículos militares con suerte llega al centenar de unidades al año.

El Banco de España señaló ayer a la vivienda como uno de los principales “desafíos estructurales de la economía española”, e instó a las diferentes administraciones públicas a actuar coordinadamente para encarar el mayor problema socieconómico de nuestros días. El país, calcula, padece un déficit de 750.000 viviendas, lo que ha disparado el precio de compraventas y alquileres. La gravedad de la situación es tal que, más allá de instar a dinamizar la gestión urbanística, la liberalización de suelos y la construcción del parque público, el supervisor financiero abre la puerta a limitar los pisos turísticos e intervenir –quirúrgicamente– el mercado en las zonas más tensionadas. “Una política de vivienda efectiva requiere una estrecha coordinación entre las Administraciones Públicas competentes para reducir cuellos de botella regulatorios y administrativos en el ámbito urbanístico y en las políticas de suelo, así como para acelerar y mejorar la ejecución de los recursos públicos ya disponibles”, reivindica el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en el arranque del informe anual del organismo, que pone el foco en esta ocasión en el problema de la vivienda. Para atajarlo, apunta, “las políticas de demanda pueden mitigar en el corto plazo las situaciones de mayor vulnerabilidad”, aunque avisa de que “deben diseñarse y evaluarse con cuidado para evitar efectos adversos sobre la oferta de vivienda en el medio plazo”. El origen del problema radica en la confluencia de una fuerte demanda y una oferta restringida, lo que ha disparado precios dificultando la accesibilidad a la vivienda. Así, de un lado, el supervisor achaca la fortaleza de la demanda a un enorme dinamismo demográfico; las condiciones financieras favorables para los hogares; un crecimiento económico que se traduce en avances sostenidos en términos de empleo y renta de los hogares; y la presión adicional que ejerce las viviendas turísticas y los no residentes. Del lado de la oferta, a su vez, el supervisor denuncia restricciones en la gestión urbanística y del suelo; la productividad y rentabilidad del sector constructor; y la escasa disponibilidad de mano de obra.

La productividad de la economía española sigue lejos de la media de la zona euro, pero la brecha ha comenzado a reducirse de forma consistente desde 2014. La mejora se explica porque el país cuenta cada vez con empresas de mayor tamaño en sectores clave; con el incremento de las inversiones; y la velocidad de maduración de las empresas jóvenes (que triplican tamaño a los cinco años, y solo lo duplicaban a inicios de siglo). Todo, en un entorno de desapalancamiento mejor asignación del crédito bancario, y la proliferación de financiación alternativa, como el capital riesgo. Para seguir atajando la diferencia, sin embargo, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, insta en su escrito a las administraciones públicas a “abordar las ineficiencias persistentes asociadas al entorno regulatorio” y, “en particular, las derivadas de la fragmentación y la complejidad normativa, que limitan la unidad de mercado y el crecimiento de las empresas más productivas”. Por otra parte, advierte el Banco de España en el Informe Anual 2025, publicado ayer, “el principal riesgo para los mercados financieros internacionales reside en una posible corrección abrupta de los precios de los activos con riesgo en un contexto de incertidumbre y valoraciones elevadas, especialmente en empresas relacionadas con la Inteligencia Artificial”. El supervisor financiero advierte de que la valoración de determinados activos de riesgo siegue siendo “históricamente elevada”, como también ocurre con los llamados “Siete Magníficos” (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla). En este marco, el Banco de España pide cautela al mercado frente a la IA ante el “elevado optimismo sobre su expansión” y “su posible impacto negativo en los sectores más expuestos a esta tecnología”. Con todo, el supervisor financiero también ve esta revolución tecnológica como una oportunidad para mejorar la productividad. 

La inflación subyacente preocupa al Banco de España. Pese al reciente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el shock energético provocado por el cierre del estrecho de Ormuz se ha trasladado al índice de precios que excluye precisamente los elementos más volátiles, como son la energía o los alimentos no elaborados. Es por ello que el banco central elevó ayer su previsión de inflación para 2026 en España al 3,6%, 0,6 puntos porcentuales más que en el mes de marzo, cuando la situó en un 3%. El incremento en el pronóstico de encarecimiento de precios se debe principalmente a la revisión al alza de los supuestos relativos a los precios de la energía, así como a los mayores precios de los bienes industriales no energéticos y de los servicios, según explicó la institución en la presentación del informe trimestral de la economía española, que incluye sus proyecciones macroeconómicas. A pesar de que el Banco de España mantuvo su previsión de crecimiento del PIB en el 2,3% para 2026 y en el 1,7% para 2027, mostró su preocupación por «el elemento inflacionista que subyace al crecimiento» como consecuencia del shock de precios de la energía, que sube más que el de la zona euro.

La economía española creció un 2,8% en 2025, duplicando la media de la eurozona (1,4%), y mantuvo un avance trimestral promedio del 0,8% en los últimos dos años frente al 0,3% de sus vecinos. Este comportamiento excepcional responde en buena medida a los flujos migratorios, que han sido el motor del crecimiento, del empleo y del consumo. Entre 2018 y 2025, el producto interior bruto (PIB) aumentó un 12,3% en términos reales, de los que casi tres cuartas partes (9,1 puntos porcentuales) son atribuibles a la contribución de la población extranjera, frente a los 3,2 puntos aportados por la población nacida en territorio nacional. Esta es una de las conclusiones del informe titulado El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico, presentado ayer por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a CEOE. Los expertos ponen énfasis en que, ante el invierno demográfico que enfrenta el país, la inmigración sostiene la base de la actividad económica. Tan solo entre 2018 y 2025 la población nacida en España descendió un 1,9%, mientras que la de los residentes nacidos en el extranjero aumentó un 52,5%, hasta los 9,5 millones de personas. Sin este aporte migratorio, España habría registrado descensos demográficos y una capacidad de expansión del PIB muy inferior.

El ‘caso Plus Ultra’ desembocó ayer en el terreno que José Luis Rodríguez Zapatero trataba de mantener fuera de la causa desde el primer día: su entorno familiar y su oficina personal. Apenas veinticuatro horas después de que el expresidente declarara como investigado en la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama acordó imputar a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, administradoras solidarias de Whathefav SL (la empresa supuestamente usada para canalizar parte de los pagos por el rescate), y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, a la que el magistrado y la UDEF sitúan en el vértice operativo de esta supuesta trama corrupta. La imputación, dictada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, abre un nuevo frente en la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno durante la pandemia a Plus Ultra y sobre la supuesta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que, según el juez, habría rodeado aquella ayuda pública que estuvo en cuestión casi desde el primer momento. Calama no fija todavía fecha para estas tres nuevas declaraciones. El instructor aclara que la imputación de las hermanas Rodríguez y de la secretaria no está vinculado al rescate en sí, sino a los delitos conexos para desviar supuestamente este dinero público a través de su empresa de comunicación, casi desconocida en el sector. 

Pedro Sánchez abandonó ayer por primera vez su insistencia, aparentemente inamovible, en agotar la legislatura y llevarla hasta su fin natural, en julio o como mucho agosto de 2027. Un día después de que el PNV le exigiera en el Congreso convocar elecciones si no logra aprobar los Presupuestos para el próximo ejercicio, el presidente del Gobierno dejó ayer la puerta abierta a disolver las Cámaras si, como todo parece augurar, el Congreso da un portazo a las Cuentas públicas y el proyecto decae por falta de apoyos. «Si se tienen que tomar decisiones las tomaremos cuando se produzcan esas hipótesis», concedió el presidente del Gobierno al ser preguntado por los periodistas por la presión de los socios a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas. Con Junts levantado en armas y coqueteando con el PP para forzar un pronunciamiento institucional en favor del adelanto de los comicios; Sabin Etxea intentando que las generales se alejen todo lo posible de las municipales y forales de mayo de 2027; Sumar tratando de que no le salpique el rosario de escándalos de corrupción que acorralan a Sánchez y EH Bildu como único socio favorable a estirar la legislatura, en Moncloa son perfectamente conscientes de la dificultad que entraña esta negociación.

La Unión Europea vuelve a conjurarse para tratar de ofrecer un frente unificado ante una amenaza común. En la nueva cumbre del Consejo Europeo que cita en Bruselas a los presidentes y los jefes de Estado, los veintisiete Estados miembros aprovecharon el debate durante la cena para conversar sobre los desequilibrios comerciales que mantienen con China. El gigante asiático se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el bloque comunitario con la sobrecapacidad de su economía que amenaza la continuidad de diferentes industrias europeas. El déficit comercial de bienes con China asciende ya a alrededor de 1.000 millones de euros cada día y, por primera vez en la historia, todos los países registraron déficit comercial con Pekín a lo largo de todo el pasado ejercicio. “Existe consenso en la Unión Europea respecto a que esta situación es insostenible y hay que trabajar para encontrar una solución y revertirla”, indican fuentes diplomáticas .Pero en el diagnóstico del problema es donde se acaba la posición común. Los diferentes países de la Unión Europea, afectados por su mayor o menor dependencia a China y otras cuestiones geopolíticas y de seguridad económica, plantean soluciones distintas para abordar estos desequilibrios y redefinir las relaciones con China. Un grupo más agresivo, liderado por Francia y apoyado recientemente por Alemania, valora la posibilidad de responder a los desequilibrios con China a través de medidas de choque como aranceles y cuotas.

El Banco Central Europeo (BCE) mueve ficha en su cruzada para proteger a la banca de la amenaza que supone para el sector la llegada del nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) creado por la multinacional estadounidense Anthropic, conocido como Mythos. Tras varias rondas de reuniones con las entidades para tratar el asunto, el supervisor ha decidido remitir una remesa de cartas dirigidas directamente a los presidentes ejecutivos y consejeros delegados de los bancos en las que les reclama que asuman el asunto como una de sus mayores prioridades. Según explica Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, no solo se les pide que lo debatan al más alto nivel, sino que se propone una guía con una serie de recomendaciones sobre cómo abordar la cuestión. El temor se centra en la potencia del nuevo modelo de IA para detectar vulnerabilidades en los softwares, al punto de que si cae en malas manos puede poner al descubierto los datos y el dinero de los clientes. Las entidades europeas aún no tienen acceso a probar el modelo, como algunas compañías estadounidenses. 

La Casa Blanca ha pasado a la ofensiva para intentar contener las críticas al acuerdo con Irán y presentarlo no como una concesión a Teherán, sino como el inicio de una negociación desde una posición de fuerza. El vicepresidente, JD Vance, defendió ayer que el programa nuclear persa ha quedado destruido, que el alivio económico sólo llegará si el régimen cumple y que EE UU conserva la capacidad de volver a apretar el cerco si la República Islámica engaña. El mensaje del equipo de Trump fue claro: el presidente no ha premiado a Irán, sino que le ha dado una última oportunidad bajo vigilancia, mientras advierte a Israel de que no ponga en peligro un proceso que Washington considera decisivo para rehacer el equilibrio de Oriente Medio. Aun así, las críticas crecen a medida que se conocen más detalles, tanto entre republicanos escépticos ante la posibilidad de darle oxígeno económico a la teocracia como entre aliados, sobre todo Tel Aviv. Pero es imposible ocultar que la postura y la percepción dentro de la Administración Trump han cambiado. Lo que hacía unas semanas era una exigencia de rendición incondicional de Irán, con la voluntad declarada de destruir la teocracia, se ha convertido ahora en una fase negociadora con plazos, verificación y hasta posibles incentivos. Y el aliado israelí, casi inquebrantable, recibe críticas de una dureza poco habitual.