20260624

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Los motores principales del sector exterior vasco se mantienen gripados en esta primera fase del año. Tras las caídas registradas en enero y febrero, y el puntual repunte en marzo por el fuerte tirón de Petronor, los envíos a terceros países han vuelto a descender en abril, según los datos publicados por el Eustat este martes. Concretamente, cayeron un 2,3% hasta los 2.591,9 millones de euros, lo que hace que en lo acumulado del año se registre una caída del 1,3% hasta los 10.165,4 millones. Volviendo al dato del cuarto mes del año, los envíos de la automoción registraron una subida del 2,1%, en medio de la crisis que vive un sector que en Euskadi resulta esencial para el tejido productivo y el empleo, y que genera por sí solo cerca del 10% del PIB de la comunidad. En concreto, las ventas de Mercedes en Vitoria repuntaron hasta los 373,2 millones. Estos envíos incluyen tanto los turismos de menos de diez personas como los vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Por otra parte, los envíos de componentes, otra partida importante, retrocedieron un 5,4% hasta los 159,6 millones, mientras que los neumáticos de caucho se anotaron un destacado crecimiento del 19,2% hasta los 77,2 millones. Por otra parte, cayeron los envíos del otro gran motor del sector exterior vasco, que incluye a los bienes de equipo, maquinaria y productos siderúrgicos. Destaca sobre todo la caída de los perfiles de hierro o acero sin alear, un 25% hasta los 34,8 millones. Se trata de un sector que además de depender de la situación de los grandes socios europeos, se enfrenta ahora a la masiva llegada de acero 'low-cost' procedente de China, que con su sobreproducción ha inundado el mercado común con producto más barato y acusado de competencia desleal.

El comercio exterior de Gipuzkoa registró en abril un batacazo monumental, registrando los peores datos de toda Euskadi. Con unas exportaciones por valor de 800 millones de euros, el envío de mercancias al extranjero sufrieron un retroceso de casi el 12% con respecto a abril de 2025, según ha publicado este martes el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Unos malos resultados condicionados por los efectos de la guerra en Oriente Medio, que empezó a finales de febrero, pese a que hasta ahora el tejido económico guipuzcoano venía resistiendo la evolución del conflicto. Estas estadísticas se explican dentro de la tendencia negativa de las exportaciones en el conjunto de Euskadi, que en abril sufrieron un retroceso interanual del 2,3%. Álava, con un descenso del 2,6%, sigue a Gipuzkoa en el ranking de territorios con mayores caídas, mientras que Bizkaia, con un aumento del 6,7%, es el único territorio en el que aumentaron las exportaciones. La coyuntura económica en lo que a exportaciones se refiere también es negativa en el acumulado del primer cuatrimestre del año. 

Luz verde a la reestructuración de la deuda de Vicinay. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha homologado el acuerdo alcanzado entre la compañía y sus acreedores, que contempla una quita del 93%. Una vez superado este trámite, queda despejado el camino para que desembarque en el capital Dámaso Quintana, que ofreció una inyección de 60 millones para hacerse con la propiedad y evitar la quiebra después de que la centenaria compañía, líder mundial en el negocio de cadenas para la industria petrolera, entrara en preconcurso de acreedores en julio de 2025. Pocas empresas logran remontar tras asomarse al abismo de un proceso concursal. La situación era de extrema gravedad a principios de 2025, cuando Vicinay, que ya arrastraba años de dificultades, ahondaba en sus pérdidas por los efectos de la pandemia, el alza de los costes y el parón del segmento ‘oil & gas’. Entabló entonces negociaciones con un posible inversor, que se retiró. Poco después apareció Dámaso Quintana, uno de los fundadores y presidente de Haizea Wind. Ofreció 60 millones para reflotar la compañía y quedarse con su propiedad, hasta ahora en manos de la familia Vicinay. Pero puso varias condiciones, entre ellas que se pactase una severa reestructuración de la deuda. La empresa inició entonces una negociación con los acreedores, a los que debía un total de 170 millones, de los que 100 correspondían a los bancos. En la lista también figuraba la Sepi, con 32 millones, porque Vicinay fue, al igual que Tubos Reunidos, rescatada por el fondo FASEE, destinado a empresas afectadas por la pandemia. El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, solo accedió a retrasar los pagos y a rebajar los tipos de interés, del 7% al 4%, dado que no puede acceder a quitas salvo forzada dentro de un concurso de acreedores. El grupo, por tanto, tuvo que apretar a las entidades financieras y al final logró que aceptaran una quita del 93%. El Gobierno vasco, al que debe siete millones, no se adhirió a la firma del acuerdo pero se verá arrastrado en la homologación.

El grupo ejercía de lobby y ‘vendía’ su influencia en la Administración pública y en partidos como el PNV. Acceso directo al despacho del secretario de Organización del partido que preside el Gobierno de España y control de lo que ocurría en la toma de decisiones de la Sepi, el banco público del país. Esos privilegios disfrutados entre 2021 y 2025 son, según la Guardia Civil, los que llevaron a los investigados en la conocida como‘trama Leire’, a perseverar en la búsqueda de enriquecimiento ilícito. Y es que, según los detalles del sumario conocidos ayer, el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, la exafiliada del PSOE Leire Díez, y Antxon Alonso, socio en Servinabar del ‘número dos’ del partido, Santos Cerdán, no se contentaron en Euskadi con los 247.459 euros que cobraron por el rescate de Tubos Reunidos (cifra que, por cierto, las nuevas piezas desclasificadas ayer elevaron en más de cien mil euros). Conforme pasan los días, la investigación evidencia nuevas y graves irregularidades en el rescate de la firma alavesa, que buscó un atajo con la consultoría ilegal del expresidente de la Sepi al que firmó cuatro contratos entre 2021 y 2025. Mientras tanto, la trama autodenominada ‘Hirurok’ siguió buscando oportunidades de negocio en el País Vasco. El sumario dibuja múltiples reuniones, una especie de ejemplo de ‘hiperactividad comercial’. Entre 2021 y 2024 no había operación empresarial de cierto calado que dependiera de una autorización administrativa o en la que pudiera participar la Sepi que no entrara en su radar. Así, quisieron incluso jugar un papel en la venta de ITP Aero en 2021. Su plan, que no tuvo éxito, pasaba por diseñar el consorcio que se hiciera con la aeronáutica vasca acercándose al fabricante de aeroestructuras Aciturri, que estuvo hasta el último momento en la puja. 

El PNV defiende sus gestiones «tanto en el ámbito público como en el privado» para salvar empresas «estratégicas» vascas en dificultades, como era el caso de Tubos Reunidos en enero de 2025, la fecha en la que, según constata la UCO en un nuevo atestado, los exdirigentes jeltzales Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea se habrían reunido con Carlos López de las Heras, directivo de la tubera alavesa, y con Vicente Fernández, expresidente de la Sepi investigado en la red Hirurok. El informe recoge además indicios de contactos anteriores entre el entorno del PNV y la trama de Leire Díez ya en 2021, durante la fase inicial del rescate. En una nota difundida este martes, Sabin Etxea no desmiente la existencia de esa cita ni niega contactos para el rescate de la empresa o para aliviar la posterior devolución de los 112,8 millones de ayuda pública, actividades que encuadra en la actividad ordinaria de partidos políticos de todo ámbito e ideología, pero sí se desvincula expresamente de «las actividades que, en paralelo, pudieran esta realizando terceras personas». Esa es la única alusión, implícita, a la trama corrupta que liderarían la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la Sepi junto al empresario navarro y socio en la sombra de Santos Cerdán Antxon Alonso. El resto de la nota se vuelca en defender y justificar las gestiones, alejadas del foco público en muchas ocasiones, para aliviar la situación de «empresas estratégicas, de las que dependen muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que tienen un gran impacto en el tejido económico de sus comarcas y, por tanto, en el bienestar de un número importante de ciudadanas y ciudadanos».

Leire Díez, la conocida como ‘fontanera’de Ferraz y cuyo nombre aparece vinculado por la UCO al rescate de Tubos Reunidos, intercambió 1.288 mensajes con Mikel Torres, vicelehendakari segundo, líder del PSE vizcaíno y máximo representante de los socialistas en el Gobierno vasco. Los agentes de la Guardia Civil sitúan estos contactos entre 2020 y 2025, justo cuando se estaban negociando las ayudas a la empresa y la posible reducción de la deuda contraída por la Sepi. Desde el entorno de Torres se asegura que «es una vecina de Portugalete a la que conoce de toda la vida». El vicelehendakari fue alcalde de la villa vizcaína entre 2008 y 2024. La UCO no aclara su papel en el rescate de Tubos. Desde que el nombre de Díez salió a la palestra, los socialistas vascos han tratado de marcar distancias con ella. Aunque nacida en Portugalete, la exmilitante socialista desarrolló su carrera política en Cantabria. Aun así, sigue viviendo en Portugalete. Que Díez no haya tenido un cargo orgánico o público con el PSE ha permitido a la formación ahora liderada por Eneko Andueza establecer un cortafuegos para tratar de evitar que les salpique los escándalos de corrupción de la trama’. Torres ya había admitido que la conocía, pero el alto número de mensajes localizado por la UCO, desvelados por ‘eldiario.es’, y su contenido debilita en parte esa estrategia. El informe de la UCO, entre otras cuestiones, señala que a partir de octubre de 2024 –cuando Torres apenas llevaba cuatro meses como vicelehendakari y consejero de Economía– Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, y Leire Díez «iniciaron contactos con el Gobierno vasco, en particular con Mikel Torres Lorenzo, y trasladaron la situación a Santos Cerdán, con el objetivo de facilitar reuniones e impulsar la operación» sobre Tubos Reunidos. En esta misma línea, y según los datos aportados por la Guardia Civil, la ‘fontanera’ le mandó este mensaje a Torres: «¿Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver al consejero coordinador de Tubos Reunidos? Tú podrías verle el miércoles. Me dices cuando puedas. La situación de TTRR es complicada».

La Cámara de Gipuzkoa apuesta entre otras cosas por «utilizar con intensidad y de manera responsable» la fiscalidad que ofrece el Concierto Económico para «seguir favoreciendo la competitividad» de nuestras empresas y también para «evitar que la inversión, el talento y las personas tengan la tentación de ir a otros territorios». La fotografía presentada por Mauricio Arregui y Javier Zubía, presidente y director general del organismo cameral, respectivamente, que presentaban la Encuesta de Coyuntura correspondiente al primer cuatrimestre, pasa por un horizonte con «perspectivas positivas» pero «muy condicionadas por la incertidumbre económica y geopolítica internacional». De hecho, recordaron «los buenos datos de empleo y recaudación» del territorio, y explicaron que la Cámara mantiene en el 2% su previsión de crecimiento del PIB del territorio para este año, «con perspectivas positivas en empleo e inversión». «Gipuzkoa mantiene el pulso y tiene un sólido tejido industrial y exportador». La confianza en la coyuntura económica global, revela la encuesta, se ha deteriorado durante los últimos meses. Casi la mitad de las empresas considera que el contexto económico internacional ha empeorado, una percepción especialmente acusada en la industria. La incertidumbre económica y geopolítica continúa siendo el principal condicionante de la actividad empresarial, mencionada por el 66% de las compañías. Le siguen el encarecimiento de las materias primas (51%), la caída de la demanda (46%) y los costes laborales (46%).

Desde la patronal desligaron este adelanto electoral a la noticia publicada este martes por el Confidencial en la que vuelven a hablar de las acusaciones por parte de un exdirigente de la patronal de graves irregularidades en la organización -aunque no hay ninguna denuncia formal ante ningún tribunal- y aseguraron que prefieren que los comicios se celebren antes para que no coincidan con la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid a principios de noviembre. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha decidido por sorpresa adelantar las elecciones para la presidencia de la patronal y se convocarán a principios del próximo otoño, previsiblemente para el último día de septiembre o principios de octubre, en lugar de en noviembre que es cuando tocaba por calendario, cuatro años después de las últimas, que celebraron el 23 de noviembre de 2022, según confirmaron fuentes cercanas a la patronal. Los miembros del Comité Ejecutivo de CEOE recibieron a mediodía de este martes sin previo aviso un email en el que se les convocaba de forma repentina para el próximo miércoles, 1 de julio, a las 5 de la tarde a una reunión extraordinaria; una hora más tarde se celebrara la Junta Directiva -que estaba prevista para el 15 de julio-, en la que se tratará de forma monográfica el proceso electoral y se tratará de fijar la fecha. Comienza así a contar el reloj para ese plazo mínimo de tres meses (90 días) que establecen los estatutos entre esta asamblea general y la celebración de elecciones, por lo que todo hace indicar que la CEOE tendrá una nueva cita con las urnas el 30 de septiembre o en los primeros días de octubre y que Garamendi volverá a optar a un tercer mandato, tras cambiar los estatutos en junio de 2023 para poder hacerlo. 

La actividad del puerto de Bilbao crece este año con el impulso de las cargas líquidas -el gas y el crudo- y un aumento de la actividad en el ámbito de los contenedores. Desde enero a mayo han pasado por la infraestructura vasca más de 14,9 millones de toneladas, un 9,1% más que en el mismo periodo del año pasado fruto principalmente de la parada técnica que tuvo que realizar Petronor en el arranque de 2025 para revisar y modernizar sus instalaciones. La buena demanda en el sector del refino, así como el funcionamiento de Bahía Bizkaia Gas, ha disparado este área un 17%, superando los 9,3 millones de toneladas (casi el 63% de todo el tráfico movilizado). Con todo, destaca también el buen comportamiento que manifiesta el área de los contenedores. Bilbao se sitúa en el sexto puesto entre los puertos que más mercancías movilizan en España tras Algeciras (41,3 millones de toneladas), Valencia (32,9 millones), Barcelona (30,1) y Cartagena (14,87), seguido muy de cerca por Las Palmas (14,86). El Puerto de Bilbao ve una caída en graneles sólidos, un modelo de transporte que engloba entre otras partidas elementos como el cemento, una industria energéticamente muy demandante en un contexto que ha sufrido especialmente estos costes por el conflicto vivido en Irán.

En pleno ecuador de la legislatura, el lehendakari ha exigido este martes a todos sus consejeros –diez del PNV y cinco del PSE-EE– que «no bajen el ritmo» de cara a la segunda mitad del mandato y que sean «humildes» para escuchar en busca de soluciones a los principales problemas de la ciudadanía. A la sociedad, por su parte, le pide «confianza» en el propio Ejecutivo y también que se «implique» en el futuro del país porque «la nueva Euskadi es un reto de todos y no podemos hacer solos ese camino». Exactamente dos años y un día después de jurar su cargo en la Casa de Juntas de Gernika, Pradales se ha presentado en Ajuria Enea ante más de 200 representantes institucionales, políticos, económicos y culturales para ofrecer su balance de mitad de mandato. De estos dos primeros años de mandato, Pradales resume en tres los principales objetivos que ha tenido su Gabinete: «Fortalecer los servicios públicos, invertir en las transformaciones para preparar el futuro de Euskadi y reforzar nuestro sentido de comunidad». Y lo ha hecho, bajo su punto de vista, «sin escondernos, mirando a los problemas de frente, siendo ejemplares en nuestra acción diaria, facilitando espacios para el diálogo y arriesgando en la búsqueda de nuevas soluciones». Este último fue precisamente el mensaje que les lanzó a los consejeros desde el primer día, cuando les pidió «medidas valientes y arriesgadas» que mejoren el «bienestar», una de sus palabras fetiche y que ayer fue el ‘leitmotiv’ del acto. De cara a los dos siguientes ejercicios, el lehendakari les pone más deberes, entre los cuales está el impulso al calendario legislativo. En ese horizonte temporal se espera aprobar nuevas normas de Universidades, Sistema Vasco de Cultura, Agilización y Simplificación Administrativa, Turismo o Justicia Restaurativa.

En medio de la incertidumbre global sobre el fin de la guerra de Irán que obligará al Gobierno a renovar el paquete de medidas anticrisis la semana que viene, España podría encarar la segunda mitad del año con un deterioro considerable de la economía. Así lo aseguran desde el Consejo General de Economistas (CGE), que ayer presentó su Barómetro Económico correspondiente al primer semestre de 2026, donde se constata la moderación de las expectativas de los profesionales. Seis de cada diez consideran que la economía ya ha empeorado respecto a hace seis meses, mientras que el 64,3% anticipa que lo hará aún más en la segunda mitad de 2026. En este sentido, el índice de expectativas económicas desciende de 67,7 a -72,9 puntos. La actualización de la organización de economistas se produce a escasos días de que el Gobierno renueve el cuadro macroeconómico con las previsiones para lo que resta de 2026 y 2027, el próximo lunes en el Consejo de Ministros. En esta ocasión, las cifras que contenga el informe que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de Carlos Cuerpo serán especialmente relevantes, puesto que será la base sobre la que el Ministerio de Hacienda que lidera Arcadi España comenzará a elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, para los que anticipa un techo de gasto inédito con el que el Gobierno buscará convencer a sus socios de investidura.

El posible final de la guerra en Oriente Próximo que se atisba con el proceso de negociación abierto entre Estados Unidos e Irán y con la reapertura del estrecho de Ormuz no ha llegado a tiempo para contener los efectos secundarios del aumento de los precios experimentado en los últimos meses. Por el contrario, el Banco de España ya descuenta un contagio a toda la cadena de suministros por el abrupto encarecimiento de los combustibles –subieron el 40% en las dos primeras semanas de conflicto–, que ha provocado un incremento de precios de bienes y servicios en general. Es decir, el supervisor constata la aparición de los denominados como efectos de segunda ronda de la inflación. A pesar de que durante su comparecencia de ayer en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso el gobernador del supervisor, José Luis Escrivá, subrayó las dificultades para realizar proyecciones a corto plazo por el alto grado de incertidumbre que rodea al escenario geopolítico, confirmó que los daños para la economía tardarán en restañarse. En cuanto a la inflación, advirtió de que el escenario de incremento de precios por encima de lo inicialmente estimado se extenderá durante 2027. E hizo hincapié en que las correcciones al alza del IPC subyacente para 2026 y el año próximo dan cuenta de cómo los bienes y servicios se han encarecido de forma general y tardarán al menos dos años en retomar su senda regular.

La tormenta perfecta que está azotando el mercado inmobiliario ha llevado al Banco de España a tratar la vivienda en su último informe anual como uno de los grandes retos estructurales que acechan a la economía nacional. El gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, pidió ayer en el Congreso abordar el asunto como una “emergencia nacional”, asegurando que el organismo está estudiando “con muchísimo cuidado” la posibilidad de intervenir los estándares bancarios para otorgar hipotecas y que próximamente publicará su marco analítico al respecto. “Vamos a ser prudentes”, aseguró en una comparecencia en la Comisión de Economía. “Pero es nuestra responsabilidad hacer un seguimiento máximo del mercado inmobiliario”, zanjó. En este momento de tensión máxima en el mercado inmobiliario, con escasez de oferta y precios por las nubes, el Banco de España ha tomado cartas en el asunto y lleva un tiempo estudiando la posibilidad de intervenir la concesión de créditos hipotecarios de más riesgo. El objetivo es evitar una burbuja y un aumento excesivo de la morosidad bancaria como ocurrió a inicios de este siglo, pero hay miedo a que la medicina sea peor que la enfermedad. “Estamos hablando de medidas intrusivas”, recordó Escrivá, que pueden generar efectos indeseados, como empeorar el acceso a la vivienda de los jóvenes y la población de menores recursos. “Lo vemos como un dilema, como un binomio entre eficiencia y eficacia”, resumió el exministro. “Lo estamos estudiando y vamos a tomar las decisiones con toda la evidencia”.

Una semana después de que el Banco de España publicara un informe en el que ya cargaba contra el diseño del subsidio para mayores de 52 años por reducir las probabilidades de sus beneficiarios de encontrar empleo -y que corroboró este mismo lunes Fedea con otro estudio con similares conclusiones-, el gobernador dio un paso más y sugirió la necesidad de reducir las cotizaciones de los desempleados ya que desincentiva la búsqueda de un empleo. En concreto, quien fuera también presidente de la Airef llamó la atención sobre el tipo de cotización por desempleo, fijado en el 7,05%, un nivel que duplica al de otros grandes países europeos. Es decir, que el SEPE cotiza el doble por estos trabajadores en paro que lo que abonan otros socios comunitarios. De igual manera, el exministro también dejó caer su oposición a la sobrecotización que hace el Estado por los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo, más de 450.000 a cierre de 2025, por los que el SEPE cotiza por una base del 125% del salario mínimo interprofesional, frente al 100% que se pagaba antes de la reforma de 2019 aprobada por Pedro Sánchez. De igual manera, considera que el hecho de ser una prestación indefinida, que pueden mantener hasta su jubilación, desincentiva que este colectivo se reincorpore al mercado laboral y se haya convertido en una especie de pasarela hasta llegar al retiro. «"¿Generamos los incentivos suficientes para volver al mercado laboral o no? Hay análisis empíricos que ponen de manifiesto que no», señaló Escrivá, que recordó además que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo creció hasta el 80% en 2025, unos 20 puntos por encima de 2004, cuando la tasa de paro era similar.

España no consigue recuperar los volúmenes de producción de vehículos de años anteriores y se enfrenta a otro año de caída en las cifras de fabricación de sus plantas. Los motivos principales son dos: la adaptación de las plantas españolas a la fabricación de modelos eléctricos, con trabajos que conllevan la paralización temporal de la actividad en algunas instalaciones, y la ralentización de las matriculaciones de automóviles en los principales mercados de exportación de las factorías nacionales. Entre enero y mayo, las fábricas españolas de vehículos alcanzaron una cifra de producción de 994.400 unidades, lo que representa una disminución del 1% en comparación con el dato del mismo período del año anterior, según datos publicados ayer por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que vuelve a achacar a la transformación a la electrificación de las instalaciones productivas este retroceso interanual. El director general de la asociación, José López- Tafall, afirmó que la producción nacional de vehículos a cierre del pasado mes de mayo mantiene la tendencia de los últimos meses, por lo que anticipa un cierre de 2026 con un volumen acumulado de menos de 2,27 millones de vehículos, lo que representa una cifra menor que la de 2025, que ya experimentó una caída respecto a 2024, motivando la segunda caída anual de producción consecutiva. Solo en mayo, la producción total en las plantas españolas alcanzó 211.642 unidades, lo que se traduce en un retroceso del 4% respecto al mismo mes de 2025.

Aunque el tamaño de la economía aragonesa es relativamente pequeño en el conjunto de la economía española, apenas el 2,9% del PIB español, la región ha destacado en los últimos años por su gran capacidad para atraer inversiones, algo que le está permitiendo crecer a un ritmo superior a la media nacional. “En Aragón nos hemos convertido en un polo de atracción de inversiones, con más de 90.000 millones de euros comprometidos” para los próximos años, esgrimió ayer el presidente de la región, Jorge Azcón, en la clausura del Encuentro Aragón: Crecimiento, inversión, innovación. Azcón dibujó un panorama del pasado, presente y futuro de la inversión en Aragón como algo capaz de reconfigurar la economía regional en un periodo relativamente breve. Así, si hasta los años 80 del siglo pasado el peso de la industria en Aragón era inferior a la media española, todo cambió “con la inauguración de la General Motors en Figueruelas, que tuvo lugar en noviembre de 1982. Aquella inversión generó miles de puestos de trabajo, creó un ecosistema en torno a la industria del motor, y supuso la primera gran transformación de la economía aragonesa”, explicó el presidente Azcón. El segundo paso llegó a principios de siglo, cuando “Inditex nos ayudó a consolidar e impulsar la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) como una de las grandes superficies en Europa”. 

Con la escalada del conflicto en Oriente Medio, las alertas se han encendido en todos los sectores y el de la construcción no ha sido la excepción. El aumento de costes de producción ya afecta a nueve de cada 10 constructoras españolas, mientras que al menos el 56% ha ralentizado su actividad desde el inicio de la guerra y el 22% advierte de las repercusiones que tenga en el empleo si el conflicto continúa a largo plazo. Por esto, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) elevó su preocupación hasta el Ejecutivo a través de una carta a Pedro Sáncheza la que ha tenido acceso este periódico donde exige «adaptar el marco regulatorio de la contratación pública a la realidad económica actual». La situación ha escalado a tal punto que incluso con la firma de un acuerdo de paz, que supone reducir parte de la incertidumbre geopolítica, «el encarecimiento de las materias primas, la energía, el transporte y otros insumos esenciales sigue ejerciendo una presión significativa sobre la actividad económica y, de forma particular, sobre la contratación pública», explica la patronal; sobre todo en el contexto de las proyecciones del Banco de España que sitúan la inflación en un 3,6%. Todo esto frena la construcción tanto del desarrollo de infraestructuras «necesarias para reforzar la competitividad y la cohesión territorial de España», como para ampliar el parque de viviendas en medio de la crisis residencial que ya tiene varios activos sin promover por los costes de construcción.

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, a cuyo frente está Sara Aagesen, aprobó ayer un real decreto que establece el marco normativo para el otorgamiento del régimen retributivo específico a las denominadas instalaciones de cogeneración. El plan es histórico. Prevé retribuir con cerca de 6.000 millones de euros a las plantas de generación eléctrica ahora propiedad de un centenar de grupos industriales. Las plantas de cogeneración son aquellas instalaciones que usan el calor sobrante de determinados procesos productivos (petroquímicas, siderúrgicas, papeleras, azulejeras...) para generar electricidad, la cual se vierte a la red a cambio de unos pagos. Esta retribución específica era aprobada anualmente por el Gobierno. Algunos ejercicios, en los mejores tiempos, esa retribución llegó a rondar los 1.000 millones anuales. Sin embargo, con los años, muchas plantas han ido finalizando su vida útil regulatoria y han ido quedando fuera de esas ayudas. Se hacía necesario un plan que volviera a restituir la vida útil legal de las plantas para que pudieran reactivarse y, de esta manera, que sus propietarios pudieran reutilizarlas y cobrar por ello. La cogeneración afecta a más de un centenar de grandes empresas con actividad industrial, como Azucarera, Atlantic Copper, Borges, BP, Canal de Isabel II, Cargill, Covestro, Dow Chemical, Moeve, Repsol, Saica, Seat, Solvay, Torraspapel y Unilever, entre otras firmas. Ayer, algunos sectores industriales, como el papelero, celebraron el nuevo real decreto.

El CEO de Iberdrola España Mario Ruiz-Tagle ha defendido con contundencia la electrificación de la economía como una herramienta clave para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y proteger al país frente a las consecuencias de crisis internacionales, como los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Según ha señalado, estos enfrentamientos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Europa en materia de autonomía energética y cómo dicha dependencia afecta negativamente a la competitividad a través del aumento de los costes energéticos. A su juicio, «el mundo ha entrado en una era de electrificación», impulsada por la digitalización, la automatización industrial y el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial y los centros de datos. Este proceso exige adaptar la regulación y acelerar el desarrollo de infraestructuras para responder a una demanda eléctrica cada vez mayor. En este sentido, alertó de que la lentitud administrativa puede provocar un «retraso estructural» si no se ajustan los ritmos de planificación e inversión a la nueva realidad económica.

Santander comenzó ayer a negociar con los sindicatos un plan de prejubilaciones en España que establezca un marco colectivo con condiciones homogéneas para todas las salidas. El banco llevaba años abordando este tipo de salidas de manera individual con cada empleado, a pesar de que el número de desvinculaciones por esta vía siempre fue muy elevado. En 2025, por ejemplo, salieron de la entidad más de 800 trabajadores. Se trata del primer plan de prejubilaciones formal puesto en marcha por la entidad en más de 20 años, sin considerar acuerdos incluidos dentro de expedientes de regulación de empleo (ERE), como el de Popular. El banco y los sindicatos constituyeron ayer la mesa de negociación. El próximo encuentro está previsto para el 2 de julio. La expectativa es alcanzar un consenso en torno al 15 de julio, con vistas a que pueda empezar a aplicarse en septiembre. La adhesión será voluntaria y Santander tendrá derecho de veto. Las organizaciones sindicales venían solicitando desde hace tiempo a Santander la puesta en marcha de un plan de este tipo. A través de la negociación individual, los empleados se han prejubilado en los últimos años con prestaciones entre el 63% y el 69% del sueldo bruto anual, según las fuentes consultadas. El sector ha perdido un 40% de su plantilla desde 2008. 

Alemania lleva tiempo debatiendo y analizando la mejor manera de reformar su sistema de pensiones público para poder garantizar las jubilaciones a largo plazo ante el cambio demográfico y la actual debilidad de la economía. Una comisión de expertos presentó ayer al Gobierno alemán un informe con una lista de propuestas, que Berlín quiere aplicar íntegramente. Los cambios más novedosos son la creación de una pensión de capitalización (privada) obligatoria, complementaria a la pública, a la que trabajadores y empresas destinarán hasta el 2% de su salario anual; y, en segundo lugar, la extensión de la edad de jubilación. A partir de 2031, cuando se alcanzarán los 67 años como edad legal de retiro, se vinculará a la esperanza de vida, de forma que pueda llegar, según las actuales proyecciones, a los 70 años en 2092.

El temor a caer desde la cima va in crescendo conforme la altura es cada vez mayor. El mercado se encuentra en plena transición hacia la segunda parte del año y lo hace sacudiéndose los excesos. Con el foco puesto, literalmente, sobre el estrecho de Ormuz, el rally protagonizado por bolsas como la surcoreana o la taiwanesa había pasado de puntillas ante el elevado peso de compañías de semiconductores, claves para el desarrollo de la inteligencia artificial y cuya producción se encuentra en media decena de empresas, entre ellas Nvidia, Micron Technologies, Samsung o SK Hynix. De pronto, la sacudida bajista en Asia había hecho despertar a los inversores europeos de su propia realidad, entre la dimisión en Reino Unido del séptimo primer ministro en diez años de Brexit y la reciente subida de tipos de interés del BCE. La inteligencia artificial, que todo lo envuelve y todo lo ocupa, sigue siendo la gran protagonista de los mercados, tras la salida a escena de SpaceX, compañía especializada en el uso de cohetes reutilizados y satélites espaciales, pero cuyo grueso de negocio a futuro pasa por la IA. La velocidad que alcanza el mercado ha desbordado a los pequeños inversores, muchos de los cuales han vendido sus posiciones en las últimas semanas ante el temor de lo que pueda estar por venir en términos de burbuja en las bolsas. Punto que los expertos desmienten, aunque cada vez son más quienes lo hacen con matices. 

Poco a poco, la cotización del petróleo se acerca a los niveles anteriores al inicio de la guerra en Irán, pero esta desescalada es solo uno de los pasos que hay que dar para avanzar en un proceso de normalización todavía cogido con pinzas. Sin olvidar que estos cuatro meses de conflicto, ahora en aparente vía de resolución, han provocado numerosos trastornos en las cadenas de suministros, alterando el flujo de materias primas críticas como el petróleo, el gas natural o los fertilizantes, disparando sus precios y golpeando a la economía internacional con un rebrote inflacionario. En el marco del proceso negociador abierto en Suiza, confuso, trufado de mensajes contradictorios e incluso de amenazas, sobre todo por parte de Trump, las últimas señales apuntan a avances en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz en agosto. De momento, la decisión de EEUU de permitir temporalmente la venta de petróleo por parte de Irán, suavizando así sus sanciones sobre la República Islámica, y la reapertura del estrecho de Ormuz han permitido desinflar los precios energéticos. El Brent, que ya venía moderándose desde finales de mayo (bajó de los 100 dólares el día 25 de ese mes), aceleró su caída tras el anuncio del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán efectuado por Trump el 14 de junio. Desde entonces, su cotización se ha desinflado desde los 87,3 dólares previos a ese día hasta los 76-77 dólares actuales. Y otro tanto ha sucedido con el precio del gas natural, que hoy ronda los 42 euros por Mwh cuando el 20 de marzo superó los 59.

«Tarde o temprano llegará el día en que los repartidores ya no sean necesarios». La frase la pronunció hace unos días Richard Liu, fundador y presidente de JD.com, uno de los gigantes chinos del comercio electrónico. Delante de una audiencia de empresarios en Shenzhen, Liu puso palabras a una inquietud que lleva tiempo creciendo en la superpotencia asiática: qué ocurrirá cuando la segunda economía del mundo consiga materializar su gran proyecto tecnológico y millones de trabajadores descubran que una máquina puede hacer su trabajo mejor, más rápido y más barato. JD.com emplea a unos 700.000 repartidores. Liu aseguró que la compañía ya trabaja con alrededor de 120 escuelas para formar a esos trabajadores en nuevas ocupaciones, como el mantenimiento y reparación de robots. El mensaje pretendía ser tranquilizador. Pero la advertencia era imposible de ignorar. Si una de las mayores empresas privadas del país asume públicamente que sus mensajeros acabarán siendo sustituidos por máquinas, muchos chinos se preguntan quién será el siguiente. Esta cuestión llega en un momento delicado. China atraviesa una desaceleración económica prolongada, el desempleo juvenil continúa siendo elevado y el mercado laboral se ha vuelto cada vez más precario. Según estimaciones de centros de investigación chinos, alrededor de 320 millones de personas trabajan en los sectores más amenazados a corto plazo –repartidores y taxistas– por la automatización.