20260925

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las instalaciones y el negocio de Tubos Reunidos en su planta de Amurrio, donde se localiza la acería de la compañía y se emplea a unas 900 personas, no seducen a los diferentes inversores que se han personado en el concurso de acreedores de la empresa. Las 14 firmas que han entrado al ‘data room’ para analizar el grupo siderúrgico vasco, visitar las instalaciones y entrevistarse con sus responsables están concentrando todas las peticiones de documentación sobre la otra planta, la de Trapagaran. Las instalaciones vizcaínas de Tubos Reunidos en las que trabajan unas 350 personas están centradas en la fabricación de grandes productos tubulares, tienen mejores datos de rentabilidad y su producción, más diversificada en sectores, está encontrando demanda. Un conjunto de elementos que se han terminado por perfilar como el principal gancho que ha atraído a 14 posibles inversores. La situación ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno vasco y la Diputación de Álava.

21 Next, la recién creada plataforma de inversión de la familia Benetton, ha cerrado su primera gran operación industrial en España con la adquisición del grupo vasco Celesa, especializado en la distribución y venta de herramienta de corte y de mano. La entrada del hólding familiar italiano, accionista de control de Abertis a través de Mundys, representa el primer paso en España de una estrategia de crecimiento en varios países de la UE, donde también sobresale Italia y Francia. El fondo de inversión está presidido por Alessandro Benetton, artífice del nuevo gigante de la inversión europeo, que ya dispone de una cartera bajo gestión de 3.000 millones de euros a través de distintos fondos y prevé llegar a 10.000 millones en los próximos años. Según fuentes financieras próximas a la adquisición, el valor de la operación de Celesa ronda los 100 millones de euros. La compañía vasca, de origen familiar, facturó más de 20 millones de euros en 2025 y prevé superar los 25 millones este año, con un resultado bruto de explotación (ebitda) de unos ocho millones de euros, donde el negocio internacional se abre camino. En torno al 15% de los ingresos procede ya de otros mercados europeos, entre los que destaca Francia.

En concreto, la promotora Premier ESPF proyecta dos grandes aerogeneradores y una línea de evacuación de 11,5 kilómetros entre Villabona y Hernani, aunque, a tenor de los recientes precedentes en el territorio, de rechazo social, recelos de los ayuntamientos y complejos trámites, todo apunta a que la iniciativa se encontrará con dificultades. Detrás de esta solicitud se encuentra la promotora con sede en Zaragoza Premier ESPF Renovables, S.L., una de las múltiples sociedades que en los últimos años han lanzado propuestas de este tipo a la Administración. El diseño técnico plantea la creación de dos parques eólicos autónomos («Hernani I» y «Hernani II»), ubicados íntegramente en el término municipal de Villabona. Todo ello se plantea bajo un presupuesto de ejecución estimado de 9.760.493 euros. Cada uno de ellos contaría con un imponente aerogenerador del modelo Siemens Gamesa de 4,99 megavatios (MW) de potencia instalada, unas estructuras que alcanzan los 127,50 metros de altura hasta el buje y cuentan con un diámetro de rotor de 145 metros, según el documento público del proyecto. La infraestructura de evacuación eléctrica diseñada para verter la energía a la red general dibuja una línea aéreo-subterránea de 11,5 kilómetros de longitud. Este tendido atravesaría terrenos pertenecientes a los municipios de Villabona, Andoain, Urnieta y Hernani, hasta desembocar en la subestación transformadora de esta última localidad.

La ‘guerra de los vestuarios’ de Petronor ha dado un nuevo vuelco. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a la compañía y ha revocado la sentencia que le obligó a recuperar el anterior sistema de fichaje –por el que los operarios registraban su entrada con ropa de calle y se colocaban después los equipos de protección ya dentro de su jornada laboral– tras un conflicto que provocó 83 días de huelga en la refinería de Muskiz. Los magistrados consideran ahora que el traslado de los vestuarios a la entrada de la planta, que obliga a los trabajadores a ponerse los equipos de protección antes de fichar y deja por tanto ese tiempo fuera de su jornada, no supone una modificación sustancial de sus condiciones laborales. Los sindicatos sostienen que este cambio les obliga a dedicar entre «15 y 30 minutos diarios» más al trabajo, una tesis que sí había asumido en primera instancia el Juzgado de lo Social de Bilbao. La sentencia, dictada por unanimidad, supone un espaldarazo a la decisión tomada hace un año por Petronor de trasladar a la entrada de la refinería los vestuarios utilizados por los cerca de 400 empleados de producción a turnos. La compañía invirtió seis millones de euros en las nuevas instalaciones y justificó el cambio por motivos de seguridad, al considerar que concentrar allí a los trabajadores antes de acceder a la planta permitía reducir los desplazamientos por su interior sin los equipos de protección individual. Los sindicatos, sin embargo, consideraron que este cambio –que en principio podía parecer una simple medida organizativa– cruzaba una línea roja al aumentar el tiempo efectivo de trabajo y elevaron el pulso hasta una huelga indefinida, la primera de estas características en la refinería desde 1979. 

Ayesa Digital ha logrado retener el liderazgo en el competitivo sector tecnológico español. Por segundo año consecutivo (tras lograrlo en 2025), la compañía se ha posicionado como el proveedor de servicios IT mejor valorado por sus propios clientes. Así lo certifica el último informe independiente elaborado por las consultoras Eraneos y Whitelane Research, un estudio que toma el pulso al mercado analizando más de 1.000 relaciones de abastecimiento tecnológico (sourcing) entre 34 grandes proveedores y 337 corporaciones empresariales. El escrutinio sobre Ayesa Digital ha abarcado un volumen representativo de su actividad. Las consultoras han evaluado 57 de sus relaciones comerciales, acuerdos que, por los criterios del estudio, superan siempre el millón de euros de valor, otorgándole la máxima calificación con una puntuación del 86%. Esta nota la consolida como líder en solitario en parámetros como el cumplimiento de plazos y expectativas, así como en las competencias técnicas.

Astilleros de Murueta celebró ayer la botadura del buque salmonero ‘Frøy Frohav’, que construye para el propio grupo noruego Frøy en sus instalaciones de Erandio. La nueva embarcación se suma a una cartera en la que el astillero cuenta con otros tres buques, tras haber entregado más de 300 unidades a armadores internacionales. Una construcción con la que la firma considera que «da un paso más en la relevancia de la apuesta por la innovación para afrontar desde Euskadi el reto de la transición energética mediante el desarrollo de tecnología punta». La cuestión es que el nuevo buque, con 87 metros de eslora y una entrega que está prevista para el segundo semestre de 2027, cuenta con un diseño sostenible basado en un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico y baterías de gran capacidad que le permiten operar y maniobrar en modo «cero emisiones». Además, cumple «con los mayores estándares» en materia de seguridad y sostenibilidad e incorpora tecnología de vanguardia para garantizar la calidad del pescado vivo durante todo el proceso.

Tubacex ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la salida de Iván Martén de su consejo de administración «por motivos personales». Martén pone así punto final a ocho años en el órgano de gobierno de la compañía alavesa, al que se incorporó en 2018 como consejero independiente. La renuncia se produce, además, apenas cuatro meses después de que la junta de accionistas de la tuber alavesa aprobara su reelección por un mandato de cuatro años. Martén, presidente de Orkestra y también consejero independiente de Repsol, consejero del Ente Vasco de la Energía y miembro del Consejo Rector de Laboral Kutxa, cuenta con una larga trayectoria vinculada al mundo empresarial y energético. Su salida supone un nuevo movimiento en un consejo de administración que ha experimentado importantes cambios en los últimos meses. La junta celebrada en mayo dio entrada a Ángel Soria como consejero dominical y a Xabier Sagredo, Cristina Álvarez y Rafael Martín de Bustamante como independientes.

En una nueva edición del ciclo 'Hablemos de…', organizado por El Correo y con el apoyo de Orange Empresas, diversas pymes y expertos se reunieron para ahondar en los retos de la ciberseguridad, porque la transformación digital -también de la sociedad- y el auge de la Inteligencia Artificial (IA) han reformulado las reglas del juego en este ámbito. Aitor Otaola, director adjunto de SEA Empresas Alavesas, alertó sobre la invisibilidad de las amenazas en el tejido empresarial alavés al señalar que «más del 80% de las empresas están sufriendo ataques, pero lo más preocupante es que no lo saben». En la misma línea, Lorenzo Díaz de Apodaca coincidió en que los atacantes buscan de manera constante el «eslabón más débil», rol que suelen ocupar las pymes, y advirtió que el «phishing sigue siendo la vía de entrada que más preocupa» a este modelo de empresas. Una falsa sensación de protección que Ander López de Bikuña resumió con contundencia: «Si no tienes gente experta o no dispones de los medios adecuados, la gente va a creer que vive segura»...A la hora de definir la estrategia de respuesta, los tres participantes priorizaron la «resiliencia operativa sobre la idea irreal de un riesgo cero». Otaola recomendó realizar auditorías periódicas para fijar prioridades y enfatizó el cambio de mentalidad necesario: «No nos tenemos que preocupar de si nos van a atacar o no, sino de cuándo lo harán y de cuánto tiempo nos va a costar reponernos de ese ataque». 

No hay ninguna opción de mantener la actividad en Derio. Así han concluido las negociaciones que mantenía la empresa Divipa con la parte laboral. Se zanjan por lo tanto sin acuerdo las reuniones en torno al ERE presentado por la compañía de fabricación y distribución de materiales autoadhesivos, principalmente etiquetas, de la que dependen 56 trabajadores que mantienen una huelga indefinida desde la semana pasada. Este martes se dio por concluido el periodo de consultas y sigue adelante el plan previsto por la multinacional italiana Fredigoni, propietaria de la compañía, que recoge el despido de casi la mitad de la plantilla (27 personas), la rescisión de un contrato con una ETT (que emplea a otras 13 personas) y el traslado de 16 trabajadores a una planta de Girona.

El lehendakari, Imanol Pradales, hizo ayer un llamamiento a «profundizar en una educación de excelencia» y a «mejorar los resultados del sistema» en un momento en el que el desplome del nivel académico del alumnado vasco revelado por el informe PISA ha supuesto un auténtico shock para la comunidad educativa. El lehendakari considera que esta responsabilidad de corregir el rumbo y apostar por la excelencia es «de todos», «agentes públicos y privados». Pradales presidió ayer la apertura del curso académico de la Universidad de Deusto, que este año cumple 140 años. Por otra parte, el consejo rector de la Universidad de Mondragon, reunido ayer con carácter extraordinario, acordó designar a Lander Beloki, decano de la Facultad de Empresariales, nuevo rector de la institución académica. El nombramiento entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Sustituirá en el cargo a Vicente Atxa, que ha liderado la universidad durante tres mandatos y doce años.

Poco margen fiscal para otro plan anticrisis, como advirtió la semana pasada la Airef, y mucha presión social, política y empresarial para que lo haga ante los estragos que está causando la escalada de los precios energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo. Es la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno, que ha prometido aprobar un nuevo decreto para mitigar el impacto que el rally energético está provocando en los costes operativos del tejido productivo y en la inflación, que castiga cada vez con más dureza el poder adquisitivo de familias y empresas. La fecha marcada en el calendario es el próximo martes, 29 de septiembre; esto es, la víspera de que expiren las medidas aún en vigor del plan aprobado en marzo y cuya retirada parcial comenzó al inicio del verano. Sin embargo, la tormenta, lejos de escampar, ha vuelto a arreciar desde entonces, con los precios de la gasolina y el gasóleo en máximos anuales y el petróleo afianzándose de nuevo por encima de los 100 dólares por barril (ayer llegó a rebasar los 108 dólares, aunque luego se moderó), lo que preludia un mayor efecto contagio sobre los carburantes. Y más cuando Trump amenaza con frenar las exportaciones de diésel de EEUU a la UE. Este fuerte encarecimiento de la energía y los efectos de su onda expansiva en la actividad económica se han convertido en una verdadera olla a presión para el Gobierno, cuyo esfuerzo presupuestario para mitigar el impacto de la crisis supera ya los 10.000 millones de euros, según señaló el miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El sector del transporte ha llegado al límite. Si la semana pasada fueron los agricultores y ganaderos, esta semana son los camioneros quienes amenazan con paros indefinidos si el Gobierno no regula de forma urgente la contratación para protegerles frente a los grandes operadores e intermediarios. La situación se ha visto agravada desde marzo por el aumento del precio de los combustibles que ha provocado la guerra en Irán. Su principal demanda es que el Observatorio de Costes del Ministerio se convierta en una referencia oficial para impedir que los transportistas trabajen por debajo de sus costes de explotación. El sector no pide fijar una tarifa concreta, sino establecer mecanismos de control y sanción cuando se demuestre que un servicio se presta a pérdidas. Hernández alertó también de que buena parte del sector denuncia que no ha cobrado las ayudas aprobadas en marzo para paliar las subidas de precio de los carburantes, o no las ha recibido en su totalidad. No rechaza las subvenciones, pero cree que no pueden tapar el origen del problema: «Cuando mi cargador sabe que el litro de gasoil me va a costar 20 céntimos menos... en mis tarifas de transporte, que ya son insuficientes, me hace la misma proporción de descuento».

Se trata de una medida que la Comisión Europea observa con «preocupación», según indicó ayer un portavoz comunitario, quien avisó a Washington de que «la cooperación entre la UE y Estados Unidos en materia de energía es sólida, estable y mutuamente beneficiosa» y que, por lo tanto, «toda interrupción podría afectar negativamente a ambas partes». Si bien todavía no se sabe si la medida se aprobará, Trump deslizó en su encuentro con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, durante la asamblea general de la ONU, que «será una decisión que llegará rápidamente, de una forma u otra». Sin embargo, su propuesta genera recelos y desconfianza en su propio gabinete. El secretario de Energía, Chris Wright, precisó que la medida «definitivamente no funcionaría», ya que «si no se puede exportar el diésel que sale de nuestras refinerías, se agotan los lugares para almacenarlo y hay que reducir la refinación en EE UU, lo que ejercería presión al alza sobre los precios de la gasolina y el queroseno». Además, rebajó la tensión al añadir que el veto podría no ser total, sino parcial, en forma de una batería de restricciones parciales a las exportaciones.

El precio del gas natural que pagan unos tres millones de consumidores subirá más del 50% en octubre si el Gobierno no toma medidas para evitarlo. La Tarifa de Último Recurso (TUR) se revisa según una fórmula que recoge el alza de los precios energéticos internacionales. El Ejecutivo, que fijó un tope al precio del gas entre 2021 y 2023, guarda silencio sobre si repetirá ese modelo, para lo que tiene menos margen. La Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, que se revisa trimestralmente, apunta a una subida superior al 50% entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, en pleno otoño. Este incremento resulta de la aplicación de la fórmula oficial que sirve para determinar el precio de esta tarifa regulada a la que están acogidos más de tres millones de consumidores (casi un 40% del total, que ronda los ocho millones). Aquel porcentaje va variando y el definitivo se conocerá el último día de este mes, aunque la asociación de consumidores OCU ya calculaba esta semana un incremento del 54% y las compañías del sector algo menos, pero, en cualquier caso, por encima del 50%. Y es que la fórmula recoge el fuerte incremento de los precios internacionales de la energía en los últimos meses, esencialmente el del brent.

Entre enero y agosto de este año, el mercado de coches nuevos en Europa creció un 5,8%, hasta 9,2 millones. En el mismo periodo, las operaciones de las marcas chinas, o propiedad de algún grupo de aquel país, lo hicieron 12 veces más (+68%) hasta totalizar 1,034 millones de unidades, lo que les ha permitido hacerse ya con una cuota del 11,2%. Es decir más de uno de cada 10 automóviles. Hace un año, esa cifra era del 7%. La fuente de los datos es la patronal Acea y se refieren a la fotografía territorial más amplia: la UE, Reino Unido y EFTA (Islandia, Finlandia y Noruega). Además, se han considerado las cifras de la sueca Volvo Cars, propiedad de Geely. Unas 155.000 unidades, más concretamente. El empujón del gigante asiático (420.000 coches más) también está detrás del avance del mercado total. Si se toman los datos de los grandes grupos, los que crecen (VW, Stellantis, BMW, Toyota, Mercedes-Benz) lo hacen de forma tímida salvo el segundo de ellos; y hay varios que retroceden (Renault, Hyundai y Ford), por lo que el saldo positivo se queda en solo 17.941 automóviles. Es más, la presión no desciende entre estos fabricantes y los anuncios de profit warning por la revisión a la baja de sus objetivos anuales se suceden con las caídas en Bolsa, generalizadas ayer, y advertencias como el de Mercedes-Benz. La compañía alemana tendrá que ahorrar 800 millones de euros en costes o, señala, podría tener que cerrar dos fábricas en Alemania, donde VW todavía no tiene claro el futuro de cuatro de ellas. Una situación que contrasta con la de España, donde Renault realizará nuevas inversiones 

Made in Europe, sí, pero no tan estricto como desea Bruselas. Ese es el concepto que resume la posición adoptada por el Gobierno de España respecto a la Ley de Aceleración Industrial (IAA), la regulación propuesta a comienzos de año por la Comisión Europea para reindustrializar el bloque comunitario a través de restricciones a terceros países. Los ministros de Industria se citaron ayer en la capital europea para discutir esta legislación clave en el futuro de la actividad económica del continente. Aunque todos coinciden en la necesidad de reforzar la llamada preferencia europea –que se fabrique en Europa y a través de firmas comunitarias– el grado de proteccionismo que se desea adoptar genera un choque entre las posturas más estrictas, como la francesa, y la que representan España o Alemania. “Somos partidarios de reforzar el espacio europeo como un ámbito de producción industrial porque nuestra estrategia básica es la reindustrialización, pero a la vez añadimos una visión pragmática de que en muchas cadenas de valor podemos contar con otras áreas y otros países del mundo”, señaló el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a su llegada a la cita con sus homólogos comunitarios. El debate es clave. La Comisión Europea plantea dejar fuera de los sectores críticos a China y otros países que se cierran a la participación de empresas europeas en igualdad de condiciones en su territorio. Pero esa relación con el gigante asiático es especialmente delicada, pues España ha desarrollado sólidos vínculos comerciales e industriales y es receptora de inversiones millonarias.

No es nuevo que Pedro Sánchez defienda el multilateralismo. Lo ha hecho en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años. Pero ayer, ante el plenario de la Asamblea General de la ONU, lo hizo con ímpetu y una beligerancia inusuales, con ataques claros y directos hacia Donald Trump –al que evitó mencionar–. «No hace falta señalarlos. Todos sabemos quiénes son y cuál es su ‘modus operandi’. Empiezan cuestionando las reglas. Después las incumplen, a sabiendas de que nadie se atreverá a pedirles cuentas. Recortan sus contribuciones a organismos multilaterales como este. Señalan a sus líderes y trabajadores. Bloquean su capacidad de acción, para luego describirlos como entidades inútiles de las que podemos prescindir», clamó. La descripción encaja como anillo al dedo con el inquilino de la Casa Blanca, quien en ese mismo atril, la víspera, reivindicó la soberanía estadounidense frente a las estructuras multilaterales como la propia ONU, nacida con el objetivo de evitar guerras, y amenazó con «aniquilar» Irán. 

Un desahucio de una desvalida anciana de 87 años, una conmoción social como no se recordaba desde los estragos de la Gran Recesión y un aldabonazo político que persuade al Gobierno de Pedro Sánchez de que puede ser el momento de aprobar el real decreto ley de medidas sobre vivienda que permanecía varado, hasta ahora, por el disenso de los grupos parlamentarios; y en un momento, además, en el que la legislatura se adentra en un año electoral. El desgarrador desalojo, por resolución judicial, de Maricarmen Abascal del piso del barrio de Retiro en Madrid en el que ha vivido de alquiler durante siete décadas ha levantado una oleada de solidaridad y de indignación que ha reavivado las brasas de la incomprensión ciudadana por el cada vez más empinado acceso a una vivienda digna y el operativo de los fondos de inversión en el encarecido mercado inmobiliario.

El Ejecutivo se ha puesto de nuevo manos a la obra con el texto del real decreto ley de vivienda que circuló en julio y que no logró los apoyos suficientes en las conversaciones preliminares para presentarlo en el Congreso. El borrador, de 69 páginas, incide en puntos muy diversos que afectan al mercado inmobiliario: desde la ley de arrendamientos urbanos a la ley del suelo, pasando por la de enjuiciamiento civil, la de haciendas locales y todo tipo de tributos que pueden penalizar o incentivar los arrendamientos. La diferente aproximación, casi filosófica, de los grupos políticos sobre los derechos y deberes alrededor de la propiedad de la vivienda hace que algunas de sus visiones sean irreconciliables a la hora de conseguir una mayoría parlamentaria. Los puntos más candentes son precisamente la limitación a los desahucios —que algunos temen abra la puerta a la okupación—, la congelación de los alquileres, el uso de la fiscalidad o la flexibilidad en las licencias para acelerar la construcción de viviendas.

El aeropuerto de Son Sant Joan de Palma batió el pasado mes de agosto su récord absoluto de pasajeros al registrar 4,8 millones de viajeros. El de Ibiza rozó su máximo histórico el mismo mes con 1,5 millones de pasajeros. Hace tiempo que la cantidad dejó de ser un parámetro anhelado por las administraciones para tratar el asunto turístico en Baleares, donde el debate sobre la masificación del territorio ha dado un giro en las últimas semanas y ha puesto en la diana de todas las críticas a la entidad pública gestora de los aeropuertos Aena, cuyo 51% está en manos del Estado a través de la empresa pública Enaire. La aprobación el pasado día 15 del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (conocido como DORA III), que prevé más pasajeros en esos aeropuertos, ha puesto en pie de guerra a los movimientos sociales de las islas y ha desatado un nuevo episodio de confrontación política por los planes de expansión y crecimiento de capacidad de los aeropuertos contemplados en el texto. El DORA III estima un aumento de más de dos millones de pasajeros en el conjunto de aeropuertos de Baleares en apenas cuatro años, pasando de los 47,7 millones previstos en 2027 a los 49,8 que contempla el documento para 2031. El año pasado, que también fue de récord, los tres aeropuertos de las islas ya recibieron 47,1 millones de pasajeros.

Al Gobierno se le acabó el tiempo para tomar medidas que pongan fin al abuso de la temporalidad. Así se lo transmitió el consejero económico de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, Eduardo Gómez, a las asociaciones y sindicatos de interinos que protestaban ayer en las puertas de esta institución para reclamar de nuevo a Bruselas que actúe para proteger sus derechos. Gómez trasladó a la Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad, convocantes de las protestas de ayer, que «no hay ninguna prórroga ya concedida al Gobierno de Pedro Sánchez», por lo que el procedimiento de infracción «sigue avanzando» y la Comisión está estudiando toda la documentación aportada –sin que vaya a admitir más información al expediente–, con el objetivo de que en un horizonte de «tres o cuatro meses» avance al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La alfombra roja que Donald Trump ha desplegado, literalmente, para recibir a Xi Jinping, en la primera visita del mandatario chino a Estados Unidos en más de diez años, ha comenzado a dar sus frutos. Ambos países han acordado prorrogar la tregua arancelaria que mantenían para dar aire a las negociaciones comerciales, mientras sus presidentes se han comprometido a “colaborar” en ámbitos como la economía, la inteligencia artificial o la resolución de conflictos internacionales para garantizar “un futuro mejor”. Tras acudir a recibir a Xi al pie del avión en la Base Andrews, rompiendo la costumbre de los presidentes estadounidenses de esperar en la Casa Blanca la llegada de sus invitados, Trump ofreció ayer una ceremonia de honor al presidente de China en Washington que busca replicar la pompa con la que él mismo fue atendido en mayo durante su visita a Pekín. El acto incluyó maniobras de cazas, exhibición de rifles de los marines o el toque de tambores de la vieja guardia del Ejército. Durante el día de ayer, ambos ofrecieron una de las pocas comparecencias públicas que mantendrán durante los tres días de visita oficial, para poner en valor su buena relación mientras aguardan a discutir a puerta cerrada los asuntos más delicados, como la competencia en la carrera tecnológica y empresarial, la soberanía de Taiwán, el devenir de la guerra de Irán o su propia batalla comercial.

Vuelven las tensiones a los mercados de deuda. La preocupación por el alargamiento de la guerra con Irán y su impacto en la inflación, junto a datos económicos mejores de lo esperado en EE UU, desencadenaron este miércoles una venta masiva de bonos del Tesoro (lo que provoca caídas de precio y subidas de rentabilidad), que se ha contagiado a Europa y Asia. El bono español a 10 años ha concluido la sesión en el 4,08%, según Bloomberg, el cierre más alto desde 2013. Durante la jornada, ha tocado el 4,1%. El riesgo inflacionista está elevando las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y los tipos del bono estadounidense a diez años superan el 5%, hasta situarse en torno al 5,22%, su nivel más alto desde 2007. Otros plazos más largos sufren también presión vendedora. El bono estadounidense a 30 años ha alcanzado el 5,49%, cota no vista desde 2004. Y el español a igual plazo se sitúa en el 4,533%. El movimiento es global: el aumento ha superado los 10 puntos básicos en los rendimientos de Japón, Australia y Nueva Zelanda. El japonés a diez años ha escalado hasta su pico más alto en 30 años.

Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI accedió sin autorización al portal de datos de Medicare, el sistema público de salud de Australia, según declaró el primer ministro del país, Anthony Albanese, desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. El incidente sucedió en junio, cuando el agente sin intervención humana vulneró el portal del Servicio de Informes Estadísticos de Medicare y, según Albanese, accedió tanto a archivos públicos como a privados. OpenAI ha explicado que el propio agente tomó decisiones que la compañía no había previsto ni autorizado. El laboratorio de IA no detectó el problema hasta agosto, dos meses después de producirse, durante una revisión interna del comportamiento de sus agentes puesta en marcha tras el ataque al servicio Hugging Face a finales de julio. En ese caso, OpenAI tardó más de una semana en detectar lo ocurrido. De hecho, uno de los puntos más criticados por el Gobierno australiano es la tardanza de OpenAI en comunicar lo sucedido.