20261109

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha fracturado la unidad del sindicalismo español. La convocatoria de paro por la vivienda de CC OO y UGT, que también contiene reivindicaciones laborales para asegurar su legalidad, está causando una profunda grieta entre las centrales mayoritarias y otras de menor tamaño como, por ejemplo, CSIF, USO, Fetico, Valorian o la sectorial de transportes SLT. Ellas se niegan a secundar una protesta que tuvo su germen en el desahucio de la anciana madrileña Maricarmen Abascal y que precisamente se convocó solo horas después del anuncio de adelanto electoral. Así, aseguran que la jornada tiene claros tintes políticos al producirse solo dos días antes del inicio de la campaña para los comicios generales del 29-N. Además, no solo cuestionan el trasfondo de la movilización, sino también el procedimiento: se ha hecho con «prisas» y «ocultismo», ya que los sindicatos mayoritarios no han descolgado el teléfono para avisarles. En todo caso, auguran una baja participación. Si se cumple esta premisa, el impacto económico de unas protestas que respaldan también el sindicato de inquilinas, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, Co.bas y Solidaridad Obrera e Intersindical será bastante limitado. El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, estima que no llegará a una décima del Producto Interior Bruto español (PIB), lo que representa alrededor de 1.680 millones de euros, ya que este tipo de eventos tienen cada vez menos repercusión.

“Que cada quien tome la parte que le toca”. Este llamamiento realizado por UGT y CCOO hace escasos días bien podría ser el equivalente del quien pueda hacer que haga de cara a la huelga general del próximo 11 de noviembre. Fue tras las grandes movilizaciones desatadas por esta crisis cuando las organizaciones dirigidas por Pepe Álvarez y Unai Sordo tomaron las riendas del conflicto y decidieron junto al Sindicato de Inquilinas impulsar la huelga general. Es a partir de aquí que los sindicatos se han esforzado en abonar el terreno para tratar de garantizar el éxito de concurrencia en un clima de baja conflictividad laboral. De hecho, esta ha sido la principal crítica que la patronal ha realizado, considerando que se trata de una huelga política. Así lo han denunciado desde CEOE, Cepyme, ATA, Foment y Pimec, entre otras. Ni siquiera es secundada por la totalidad de los sindicatos. USO, Fetico, Valorian y la principal organización representante de los funcionarios y trabajadores públicos, CSIF, rechazan la convocatoria. En busca de poder embridar el éxito de la huelga, los comités sindicales sectoriales y de empresa están aprovechando para lanzar a los trabajadores a las protestas del próximo 11 de noviembre. Lo hacen en el marco de conflictos localizados, huelgas que ya vienen de meses atrás, como en el caso del sector del metal de Murcia, donde la negociación se ha enquistado en las últimas semanas, y donde los trabajadores están llamados a protestar el próximo miércoles. Lo mismo ocurre con el sector de conservas de Navarra, Extremadura, Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana, donde cerca de 30.000 empleados están llamados al paro; y el sector de las cárnicas, que tiene un paro previsto del 9 al 13 noviembre, donde son 126.000 los trabajadores llamados a secundar la huelga.

La catástrofe remueve el tablero en puertas de la campaña, con Feijóo al alza a costa de Vox y Sánchez perdiendo pie, según el sondeo de GAD3. El cuadro que dibujan los datos de GAD3 a menos de tres semanas de las generales es el de un bloque de la derecha que gana un escaño con respecto a octubre –199, 23 por encima de la mayoría absoluta– y que ahora rebasa ya el simbólico listón de la mitad de los votos –el 50,5%–, con un PSOE que sufre la erosión por el drama ferroviario dejándose cuatro escaños –de 107 a 103– y medio punto en intención de voto con respecto a las perspectivas del barómetro de hace un mes. Los socialistas pasan en un mes de 107 a 103 escaños, sin posibilidad ni de ser primera fuerza ni de volver a sumar con sus socios. Una cosecha que, de confirmarse, representaría una caída de 18 escaños y 5,8 puntos con respecto al escrutinio de los socialistas en las elecciones del 23 de julio de 2023 y el tercer peor resultado del partido en la historia democrática, tras los de 2015 y 2016 anotados también en el debe de Sánchez en pleno apogeo entonces de Podemos. En Euskadi, EH Bildu lograría su mejor resultado histórico en unas elecciones generales con 8 escaños, dos más que los que tenía hasta ahora y uno más que su récord, cuando en su debut en 2011 consiguió siete bajo la marca de Amaiur. Por el contrario, el PNV firmaría un retroceso que le dejaría en 4 asientos, uno menos de los que cosechó en los comicios de 2023. Esa merma supondría que, sobre el papel, los jeltzales perdieran el grupo parlamentario propio en el Congreso, aunque en la práctica podrían pedir una cesión temporal a algún otro partido.

A tres semanas para que se abran las urnas en España, la ventaja del bloque de la derecha se muestra inalterable. La suma del PP, Vox y UPN en las elecciones generales del próximo día 29 reuniría la mitad de los votos emitidos y rebasaría los 190 escaños, más de 15 por encima de la mayoría absoluta del Congreso, según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER. La mayor incertidumbre en estos momentos reside en quién será el más votado de entre los dos grandes partidos, ya que la diferencia entre PP y PSOE se ha acortado a dos puntos, dentro del margen de error del sondeo. Los socialistas experimentan un importante avance, pese a la catástrofe ferroviaria de Urda, mientras los grupos a su izquierda se sitúan bajo mínimos. La encuesta —cuyos datos internos pueden consultarse en las webs de ambos medios— se realizó los pasados días 2 al 4, en plena conmoción nacional y debate político sobre el trágico choque de dos trenes en la línea del AVE Madrid-Sevilla, con 69 víctimas mortales.

El aumento de la carga fiscal por la no deflactación del IRPF en la última década y la fuerte inflación acumulada desde el año 2022 se han “comido” gran parte de las mejoras salariales aplicadas. Aunque tanto el sueldo medio como los fijados en los convenios colectivos han ido subiendo en los últimos años, hay dos factores que explican que la mayoría de los asalariados perciban un intenso deterioro de su capacidad de compra, y ambas están relacionadas con el Gobierno de PSOE y Sumar al que tanto UGT como CCOO han dado soporte, sin convocar ningún paro total de la actividad productiva hasta la convocatoria anticipada de elecciones para el 29 de noviembre. De un lado, sobresale la no deflactación del IRPF, que supone “congelar” las tarifas pese al aumento de los precios y de los salarios, lo que conlleva que la retención efectiva crezca debido a lo que los fiscalistas denominan “subida fiscal en frío”. Esto es, sin modificar los tramos del gravamen. Teniendo en cuenta que los salarios se han incrementado en promedio un 23% desde 2018, resulta evidente que la carga tributaria sobre los salarios se ha disparado de forma exponencial durante los mandatos de Pedro Sánchez...La otra gran causa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es la histórica subida de los precios de consumo, especialmente a partir de 2022 a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha encarecido la energía y los alimentos. Es cierto que el Gobierno ha aprobado rebajas temporales del IVA a los productos alimenticios más básicos (excluyendo la carne fresca y el pescado) y sobre los carburantes (una rebaja que desde verano es vía impuestos especiales), pero por otra parte ha puesto en marcha medidas con efectos inflacionistas, lo que ensancha el diferencial de precios con el resto de países europeos y provoca que los asalariados en España pierdan capacidad de compra...

Euskadi no se hace más joven. Solo en los últimos diez años la media de edad en la comunidad autónoma ha aumentado en casi dos años –hasta los 46,5 años recoge el INE–, un envejecimiento que ha disparado el número de pensionistas. Desde 2016 los beneficiarios de una prestación contributiva han aumentado en el País Vasco en más de 45.000 personas (un 9,2%), como parte de un fenómeno que viene impulsado por la jubilación de la generación del ‘baby boom’. En cambio, las perceptoras de una prestación de viudedad no han dejado de bajar. En este periodo su cifra se ha reducido en casi 17.000 personas, desde las 102.979 que había en 2016 hasta las 86.151 actuales, un 16,3% menos. La caída es constante y se está acelerando. Solo en el último año su número se redujo en 2.335 personas (un 2,6%). Esta tendencia podría cambiar con el decreto ley que acaba de aprobar la Diputación Permanente del Gobierno central, y que dará derecho a recibir esta prestación a las parejas con hijos que acrediten al menos dos años de convivencia ininterrumpida, sin necesidad de estar casados ni haber constituido una pareja de hecho. En todo caso, los datos de la Seguridad Social ofrecen un factor clave en la caída de prestaciones por viudedad: la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral. Si bien el número de féminas que reciben esta pensión va a la baja –actualmente hay casi un 20% menos que en 2016, mientras el número de hombres ha crecido más de un 30% (son ya más de 11.000)–, la cifra de jubiladas se ha disparado un 41,4%: hay 46.168 más que hace diez años; en total son 157.692.

Las autoridades colombianas dieron este fin de semana luz verde a los tres consorcios internacionales que pujan por las obras y la explotación de la nueva Línea 2 de Metro de Bogotá, uno de los grandes trabajos en Latinoamérica con un presupuesto de inversión de unos 4.000 millones de euros. Sacyr, con el 70% de la sociedad concesionaria, domina un consorcio de la mano de la CAF (30%). Los dos socios han dado entrada a su proyecto a tecnólogos de la categoría de Siemens, a la ingeniería española Sener y a la sociedad que explota el Metro de Santiago de Chile como especialista en la operación. Se enfrentan a dos consorcios que, directa o indirectamente, son de capital chino. Colombia ha precalificado un consorcio monopolizado por Mota Engil, grupo portugués participado por el gigante chino CCCC (China Communications Construction Company), que tiene el 32% del grupo. Además, puja la también estatal china Xi’an Rail Transportation Group. En el consorcio de Sacyr, el material rodante lo pone CAF. Colombia demanda 25 trenes de última generación capaces de transportar cada uno a 1.800 pasajeros repartidos en siete coches. CAF competirá con los trenes Alstom del consorcio de Mota Engil y con los del fabricante chino CRCC, que suministra a Xi’an Rail .

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, renovará más de 230 líneas de transporte de electricidad que suman 1.300 kilómetros en el Estado de Nueva York (Estados Unidos). Las actuaciones, previstas hasta 2031, permitirán modernizar infraestructuras esenciales y preparar la red para atender las necesidades futuras del sistema eléctrico. El plan contribuirá a mejorar la fiabilidad y la resiliencia de la red ante fenómenos meteorológicos extremos y a adaptarla al crecimiento de la demanda eléctrica. A estas actuaciones en redes de transporte se sumarán las inversiones de más de 8.500 millones de euros que Iberdrola prevé destinar a las redes de distribución en Estados Unidos hasta 2028. Iberdrola está presente en Estados Unidos a través de Avangrid, que desarrolla su actividad en 25 Estados. La filial opera siete distribuidoras que suministran electricidad a más de 3,4 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra. Además, cuenta con cerca de 100 instalaciones de generación y más de 173.000 kilómetros de líneas eléctricas.

Álava va a ser un «laboratorio». Uno en el que se investigue sobre el terreno cuáles son las mejores estrategias para responder a la crisis climática y blindar la biodiversidad. Sus resultados luego se compartirán con el resto de países de la Unión Europea (UE) para hacer frente a esta lucha global. El escenario es inmejorable. La mitad del territorio alavés forma parte de la Red Natura 2000 y, por eso, la Diputación ha diseñado una ofensiva ambiental sin precedentes basada en seis proyectos del programa comunitario Life. En conjunto, las iniciativas suman 11,4 millones de euros de presupuesto y, de esa cifra, Bruselas aportará directamente 8,5 millones en subvenciones. Fondos que se inyectan directamente en el patrimonio natural del territorio. Tres de estos proyectos ya están concedidos y en ejecución, mientras que los otros tres han presentado ya su candidatura oficial. No son acciones aisladas, sino que encajan como una especie de puzzle ecológico. «No se busca cumplir con un mero trámite burocrático. El objetivo es ejecutar una verdadera obra pública ambiental. Queremos que Álava sea un referente y un laboratorio demostrativo a escala europea», destaca la directora foral de Medio Natural, María José Madeira.

Los alquileres de temporada y por habitaciones superaban a los residenciales en uno de los principales portales inmobiliarios antes de la aprobación del decreto de vivienda de octubre, que endurece los supuestos en los que pueden realizarse. Entre marzo y septiembre de este año, en los seis meses previos a la entrada en vigor del nuevo marco normativo, el 55,8% de los anuncios publicados en las capitales españolas correspondieron a alguna de estas dos modalidades, frente al 44,2% de viviendas ofertadas para residencia habitual, según un estudio elaborado por el Ministerio de Consumo bajo la coordinación del investigador experto en vivienda Javier Gil, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFSCSIC). Los datos apuntan en la misma dirección que defiende el departamento que dirige Pablo Bustinduy: el mercado de arrendamientos viene desplazándose en los últimos años hacia fórmulas menos estables y con menores garantías para el inquilino. El informe ha analizado 381.997 anuncios de alquiler publicados en el portal Idealista en 53 capitales. Los resultados señalan que solo el 44,2% corresponde a viviendas completas en alquiler residencial, mientras que el 47,7% son habitaciones y el 8,1%, alquiler de temporada.

Los cuatro principales grupos de aerolíneas de Europa han disparado su factura energética entre enero y septiembre en más de 3.500 millones de euros pese a las amplias coberturas que han disfrutado hasta el momento. Este impacto se está mitigando con precios más altos y el tirón de la demanda más prémium. En el resultado neto, ello se ha traducido con caídas entre el 15% y el 35% desde el principio del ejercicio hasta septiembre. Pero si se tiene en cuenta solo el verano (julio-septiembre), Air France-KLM y Lufthansa amplían sus ganancias, mientras que IAG y Lufthansa las recortan, aunque menos que en el trimestre anterior. El encarecimiento del carburante ha oscilado entre el 15% y el 20%. Las coberturas, en la mayoría de los casos muy por encima del 50% y mucho más económicas que al contado, han amortiguado los incrementos en la factura final. Ha ayudado un dólar más barato frente el euro. La alemana Lufthansa es la que más gastó en combustible en los nueve primeros meses (6.722 millones, 1.183 millones más) y la que, en términos porcentuales, más disparó la factura (+21%).

La Unión Europea ha desafiado la clave del éxito de las grandes plataformas de comercio chinas, cuyo modelo de negocio consiste en vender de manera masiva productos de baja calidad a precios muy inferiores a competidores europeos. Compañías como Shein o Temu ven ahora comprometida su viabilidad, teniendo en cuenta la importancia de Europa dentro de su negocio, que se sostiene en márgenes de beneficios tan reducidos que la imposición de aranceles para paquetes de menos de 150 euros puede suponer un grave problema si no saben solventarlo a tiempo. En los últimos cuatro meses las autoridades comunitarias han impuesto dos tipos de aranceles diferentes a los pedidos de bajo valor que provengan de fuera de las fronteras comunitarias. A nadie escapa, y de ahí el sobrenombre de tasa Shein, que las autoridades tratan de frenar los millones de pedidos inferiores a a esa cuantía que inundan las aduanas procedentes de China. El pasado 1 de junio entró en vigor la primera de estas tasas comerciales, que grava con 3 euros cada categoría de producto. Hace una semana, el 1 de noviembre, arrancó un segundo arancel que suma 2 euros más al anterior. Esto implica que por un pedido de tres camisetas y dos pares de zapatos, el coste adicional será de 10 euros, considerando que son dos tipos de categoría distintos. A priori, las compañías dicen asumir el coste de la nueva política arancelaria, pero la realidad es que firmas como Temu cubren solo parte de estas tarifas en pedidos que tengan como origen almacenes fuera de nuestras fronteras. Shein anunció esta misma semana una inversión adicional de 500 millones de euros en el mayor centro logístico que tiene en Europa, que se encuentra en la ciudad polaca de Wroclaw con el objetivo de dotarlo de una mayor capacidad y poder esquivar de este modo los aranceles impuestos por la UE.

En Wall Street ya se materializa el temor a un pinchazo de la burbuja de la inteligencia artificial. El Nasdaq se ha desplomado casi un 11% en el último mes, después de una sucesión de caídas que se aceleraron la semana pasada con la victoria demócrata en las midterms. Los inversores estadounidenses dudan desde hace semanas sobre la rentabilidad de la IA a largo plazo, a lo que ahora se suma la preocupación por un posible endurecimiento de la regulación en el país. Las primeras señales de alarma, sin embargo, no llegaron desde Estados Unidos. Al otro lado del Pacífico, la burbuja bursátil de la IA en China ya llevaba meses desinflándose. El STAR 50 —el índice que reúne a 50 de las principales empresas tecnológicas cotizadas en el mercado STAR de Shanghái— perdió un 47,42% de su valor desde finales de junio al cierre de octubre. El desplome ha evaporado 393.815 millones de euros de valor bursátil del índice. Las empresas que conforman el ecosistema de la IA en China llevan semanas sufriendo fuertes desplomes bursátiles. Moore Threads, que diseña procesadores gráficos, conocidos como GPU, perdió un 53% de su capitalización bursátil entre el cierre de junio y el de octubre. Hygon Information Technology perdió otro 52% durante el mismo periodo. Y el valor de Eoptolink Technology se desplomó un 66% en el mismo lapso, lo que equivale a más de 72.400 millones de euros.

Cuando se acerca cada final de año, el mundo le toma el pulso en las cumbres de la ONU a la lucha internacional contra el cambio climático, un problema que desde hace casi 35 años se intenta abordar desde el multilateralismo. En la conferencia del pasado año, celebrada en la ciudad brasileña de Belém, casi salta todo por los aires. Tras un durísimo enfrentamiento entre países, la cumbre se cerró sin ni siquiera hacer una referencia directa en los textos finales a la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles, que son los principales responsables del calentamiento global. Un año después, los cerca de 200 países que forman parte de estas negociaciones —están obligados a decidir cada palabra por consenso, lo que hace que siempre se diluya la ambición— se reúnen a partir de hoy en la ciudad turca de Antalya, en la COP31, sin casi expectativas sobre la posibilidad de avances. La ola ultra, que incluso niega el calentamiento a pesar de que sus impactos se aceleran, complica cada vez más esta lucha global. Pero el mundo ha cambiado algo en los últimos 12 meses. No precisamente a mejor en el caso de los intereses de los petro-Estados que se apuntaron en Belém el tanto de mantener el tabú sobre las alusiones a los combustibles fósiles. El líder que más se ha significado en la defensa del sector fósil y el negacionismo, Donald Trump, tiene la culpa. Decía la semana pasada J. D. Vance, su vicepresidente, que la razón de la abrumadora derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato fue la guerra que su país inició contra Irán empujado por Israel. El conflicto ha desembocado en una crisis energética mundial.