20260325

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Justo cuando la economía europea empezaba a ganar tracción, gracias al aumento de la confianza y de las inversiones en Alemania, la eurozona vuelve a asomarse a la estanflación, a raíz de la guerra en Irán. “El Flash del Índice PMI de la zona euro está activando las alarmas de estanflación a medida que la guerra en Oriente Próximo impulsa los precios intensamente al alza mientras desalienta el crecimiento”, sostiene Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence y responsable del informe sobre la actividad económica publicado ayer por esta institución. En concreto, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la actividad total de la eurozona se moderó significativamente en marzo, pasando de 51,9 puntos en febrero a 50,5 enteros en este último mes, lo que supone el mínimo en diez meses. La cota de los 50 puntos marca la división entre el crecimiento económico y la contracción, y una cifra como la registrada en marzo apuntaría a un avance muy débil, con lo que “el crecimiento de la actividad total se ha ralentizado hasta casi estancarse”, señala Williamson. “Los datos de la encuesta indican que el crecimiento del PIB de la eurozona se desacelerará hasta una tasa trimestral de casi 0,1 % en marzo [el ritmo más débil desde el segundo trimestre del año], y los indicadores a futuro apuntan a un mayor riesgo de recesión en los próximos meses”, advierte Williamson, debido a “la caída de la confianza empresarial y el deterioro de los nuevos pedidos”. De hecho, “la caída en las expectativas de actividad futura [en marzo] fue la mayor registrada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022”.

El estrecho de Ormuz no es un telón ni una barrera que se abre y cierra con facilidad. Este estratégico enclave se asemeja más a un tubo de pasta de dientes. El tráfico se paralizó de forma fulminante cuando se conoció el ataque de EE UU e Israel sobre Irán, cuando navieras y aseguradoras vieron el peligro antes incluso de las represalias iraníes. Su reapertura, sin embargo, va a ser mucho más lenta y complicada, aun cuando se cumplan las previsiones más optimistas. Si la guerra en Oriente Próximo acabara hoy mismo, el mundo tardará meses en recuperar una mínima normalidad en el suministro petrolífero. Llevará tiempo reactivar las instalaciones ahora paralizadas, reparar las dañadas y organizar el tráfico marítimo de todos los barcos ahora atrapados en el golfo Pérsico, alrededor de 2.000. Y persistirá en el precio del petróleo y el gas una prima de riesgo, reflejo de un shock desconocido en décadas. La total recuperación de la industria no se contará en meses, sino en años. Ayer mismo Qatar se acogió a causa de fuerza mayor para anunciar que no podrá cumplir los contratos de suministro a largo plazo con China, Corea del Sur, Italia y Bélgica, durante un plazo de cinco años. “Si mañana se reabriera el estrecho de Ormuz, se tardaría de tres a cinco meses en recuperar cierta normalidad desde el punto de vista de la oferta de petróleo”, explica Jorge León, analista de la consultora Rystad Energy. El cierre de ese paso marítimo se ha convertido ya en “la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”, según reconoció la semana pasada el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. 

El presidente de Estados Unidos dio ayer por ganada la guerra contra Irán. Al menos, sobre el papel, porque el envío de tropas de élite al Golfo persiste. Donald Trump insistió en que está negociando con la «gente apropiada» en Teherán, y recordó que el régimen de los ayatolás ha perdido su Marina, su fuerza aérea, las comunicaciones y la mayor parte de sus misiles. Aseguró además que Irán se ha comprometido a no fabricar «nunca» armas nucleares. Sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, vital para el mercado energético, dijo que Teherán les había hecho «un regalo muy grande», aunque sin desvelar a qué se refería. Según ‘Financial Times’, Irán permitirá el paso por Ormuz a todos los barcos de países «no hostiles». Eso aliviaría en buena parte el bloqueo y rebajaría la presión sobre los mercados del petróleo, el gas y los fertilizantes. En la ceremonia de jura del cargo de su nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en el Despacho Oval, Trump llegó incluso a dar por hecho el final del sistema de gobierno islamista. «Hemos matado a todos sus líderes. Se reunieron para elegir a otros y los volvimos a matar. Hay un nuevo grupo, podríamos eliminarlos fácilmente, pero vamos a ver cómo salen las cosas. Esto es un cambio en el régimen porque sus líderes son muy distintos», declaró. En esta situación, diversos medios estadounidenses informaron ayer, citando fuentes diplomáticas, de que Washington ha hecho llegar a Irán a través de Pakistán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, que incluiría el fin del enriquecimiento de uranio y la entrega del material ya enriquecido, el control de los misiles balísticos y la apertura del estrecho de Ormuz. A cambio se levantarían las sanciones contra Irán, que además recibiría asistencia para desarrollar energía nuclear civil en Bushehr, la planta que precisamente ayer fue atacada por Israel, según Teherán. 

Tubos Reunidos entra en unas horas clave para su futuro. Con el calendario descontando días de marzo, la tubera apura los plazos para presentar las cuentas auditadas de 2025. La compañía llega a este punto con un frente laboral resuelto a medias y, de momento, sin rastro de la refinanciación que necesita para asegurarse su continuidad. La dirección de Carlos López de las Heras no ha escondido la realidad en las últimas semanas. En la documentación con la que depositó el lunes el ERE ante Trabajo la compañía admitió sin tapujos que su viabilidad «se halla seriamente comprometida». La enorme deuda del grupo –que, a falta de cifras definitivas, asciende de momento a 263 millones– y la inminencia de los pagos a la Sepi asoman a la empresa a un horizonte muy complicado en el que, salvo sorpresas de última hora, todo parece abocado a un proceso concursal. El documento del ERE es muy elocuente. Ahí, la dirección argumenta que con el despido colectivo «Tubos Reunidos trata de apurar sus opciones para conseguir un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y entidades bancarias para tratar de conseguir una viabilidad que se halla seriamente comprometida». Sin embargo, la realidad es tozuda. Tanto la tubera como el Gobierno vasco han tratado de pedir a la Sepi, principal acreedor de la compañía, una quita sobre la deuda de 150 millones que mantiene con el Ejecutivo central. Ese es el planteamiento que subyace detrás de las «medidas extraordinarias» que pidió el consejero Jauregi hace una semana. Pero la Sepi no puede optar por esa vía. 

Con el ERE ya en firme, la mayoría sindical de Amurrio se encamina ya hacia una impugnación del despido colectivo. Tanto ELA como ESK manifestaron ayer su voluntad de llevar el expediente a los tribunales. «Al final no nos han dejado otra opción, impugnaremos el ERE y lucharemos hasta el final», señaló en Llodio Zuriñe Miranda, delegada de ELA en la planta alavesa. Antes, a primera hora, Gorka Abascal, de ESK, ya apuntó a esa vía. «El camino sigue siendo la impugnación de este ERE, la lucha en la huelga y las movilizaciones para conseguir un futuro para la empresa y para nuestros puestos de trabajo», añadió. LAB, por su parte, aseguró que el sindicato «está analizando jurídicamente la decisión adoptada por la empresa y no descarta ninguna vía de actuación en defensa de los derechos de las personas trabajadoras». Desde la central de Garbiñe Aranburu, pusieron ayer el caso de los 80 eventuales despedidos como prueba de «que no estamos ante salidas voluntarias». Desde UGT, fuentes de la sección de Amurrio afirmaron en declaraciones a Europa Press que están «analizando y valorando cómo enfocar una posible impugnación». En el lado contrario a esta mayoría en Amurrio está CCOO. La central insiste en que la plantilla debería votar la huelga indefinida, algo que impidieron ELA, LAB y ESK en una tensa asamblea hace dos semanas. 

Las empresas en Euskadi desafían la incertidumbre geopolítica y aventuran un buen 2026. Un ejercicio en el que siete de cada diez compañías prevén elevar su facturación, mientras que un 60% reforzarán también sus inversiones y un 42% elevarán las plantillas. Son datos que se desprenden del estudio 'Perspectivas 2026' elaborado por KPMG para Euskadi tras analizar conversaciones con 60 empresas. Según ha explicado este martes, la socia responsable de la firma en País Vasco, María Lacarra, el análisis evidencia «una economía vasca que se muestra muy sólida y consciente de la necesidad de acelerar para ganar competitividad». Una situación desde la que, ha explicado, se mira al futuro con optimismo, aunque reconoce que en la situación geopolítica sigue residiendo, para el 31% de los encuestados, el principal riesgo para la marcha de la empresa. En esa línea, la asesora estratégica de la firma, Arantxa Tapia, ha señalado que «la economía vasca sabe vivir en la incertidumbre y demuestra una base sólida». Para la exconsejera de Industria del Gobierno vasco, el componente de innovación es una clave para el futuro que abre puertas para sectores estratégicos como la Defensa. En ese sector, Europa ha anunciado importantes inversiones en tecnologías de uso dual, como los satélites, los drones, la aeronáutica o la navegación GPS. Un ámbito en el que el País Vasco cuenta con empresas líderes en el mundo y una importante cadena de proveedores. Por lo demás, la pérdida de competitividad es para el 45% de las compañías el primer reto de 2026. Una competitividad que también se ve afectada por el absentismo. De hecho la propia Lacarra ha señalado que unos ratios del 10% «pesan mucho y condicionan la productividad y afectan a decisiones de inversión de las empresas».

Nuevo choque inminente entre la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro Carlos Cuerpo. Esta vez a cuenta de las reservas del Ministerio de Economía sobre la aprobación del reglamento con el que se pretende endurecer el registro horario, mediante la obligatoriedad de implantar sistemas de control digitales y que sean accesibles para la Inspección de Trabajo. Tras el demoledor dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto que ha pergeñado el Ministerio de Trabajo, el departamento de Yolanda Díaz mantiene intacta su intención de seguir adelante con su aprobación. A pesar de que el órgano consultivo llega a desaconsejar que el texto vea la luz por considerar que se extralimita en las capacidades normativas de un reglamento, que va contra la protección de datos de los trabajadores y que invade las competencias de la negociación colectiva. Además, señala, en contra del criterio de los técnicos del Ministerio, que la norma sí tendrá un impacto económico en las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, de casi 1.000 millones de euros (867 millones, concretamente). Fuentes de Trabajo consultadas señalan que el germen del dictamen desfavorable del Consejo de Estado está en dos informes, también contrarios, emitidos por el Ministerio de Economía en los que se hace hincapié en la necesidad de realizar cambios sobre el texto para que las pequeñas y medianas empresas cuenten con ayudas para la implantación del nuevo registro horario y para que se prevean plazos más amplios de adaptación en estos pequeños y medianos negocios. Desde el departamento de Yolanda Díaz aseguran que esta postura del Ministerio de Carlos Cuerpo supone una vulneración del acuerdo de Gobierno y se pone del lado de las patronal en lugar de los trabajadores. 

Fuentes de CEOE admiten que el informe da armas a la patronal para buscar la impugnación de la norma ante la Justicia una vez que vea la luz en el BOE. De hecho, desde Trabajo ya dan por descontado que tendrá lugar la batalla judicial. Según trasladan a este medio fuentes empresariales, son cinco los aspectos nucleares del nuevo registro los que refuta el dictamen del Consejo de Estado, sobre los que se da la razón a las organizaciones empresariales: la extralimitación normativa de la vía reglamentaria; la invasión de la negociación colectiva por vulnerar el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; la imposición de que la única posibilidad de aplicación del registro horario sea digital; la vulneración de la protección de datos al no evaluar el impacto sobre la privacidad de los trabajadores; y la injustificada vía de urgencia en la tramitación. Además, desde CEOE ven aceptada su denuncia sobre el coste que sí tendrá para el tejido productivo y la ausencia de un análisis pormenorizado del impacto en función de los diferentes sectores. “El registro horario y el registro telemático tienen una serie de aristas que deberían depurarse en la negociación colectiva, buscando que cada uno de los aspectos que afectan al trabajador y a la organización de la empresa se fijen en un acuerdo social, por cada sector productivo. Que empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo para determinar estos extremos”, señala el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén.

La BIEMH26 ha cerrado sus puertas con fuerzas renovadas en un incierto contexto internacional, donde "el proteccionismo en base a tarifas no es la solución". El presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, destaca la superioridad tecnológica como ventaja competitiva, "siempre y cuando las instituciones garanticen un mercado abierto y justo, con las mismas reglas de juego para todos". "La incertidumbre nunca es buena para la inversión. Y a ello se añade el incre­mento de los costes de energía, que re­percute en la inflación, y el cierre del Estrecho de Ormuz, que, efectivamen­te, afectará al comercio internacional y la logística. Son tres variables, energía, logística e incertidumbre que retraen la actividad, dependiendo de lo que se alargue el conflicto en Oriente Medio. Aún estamos en el inicio del año, pero, de momento, no están evolucionando mal. Hemos arrancado un ejercicio nor­mal, aunque difiere según los subsec­tores. En el sector de arranque la cap­tación es alta y, actualmente, a nivel de maquina y herramienta, nuestro prin­cipal cliente es Estados Unidos....El tiem­po suele mitigar el efecto de los conflic­tos y esperamos que la situación se nor­malice. Estados Unidos fue el primer mercado en 2025 y confiamos en que continúe siéndolo. En Euskadi segui­mos manteniendo una posición dife­renciada gracias a nuestra especializa­ción y también a escala global...la actividad de de­formación tiene una se­rie de retos importantes y depende mucho de la industria de automo­ción. Ellos están hacien­do su trabajo de diver­sificar en otros ámbitos, pero es un sector com­plejo. Hay otros secto­res en los que puedes encontrar máquinas de deformación, pero no destacamos en ellos...Un euro invertido en nuestro sector genera un valor 20 ve­ces superior. Esa es una clave estraté­gica de nuestro sector. Pero una indus­tria sostenible debe ser eficiente y com­petitiva en todos los aspectos...No creo en el proteccionismo en base a tarifas. Exportamos mucho porque tenemos un nivel tecnológico importante, por eso el mercado tiene que ser cierto y justo. Y ahí es donde las instituciones europeas, nacionales, regionales, deben hacer su parte y garantizar que se cumple con lo establecido, que los parámetros definidos en el mercado sean los mismos para todos a nivel mundial..."

Fagor Arrasate y Funditec han decidido dar un paso más en la carrera por la automatización industrial con el lanzamiento de Primus Robotics, una nueva empresa conjunta que aspira a desarrollar y fabricar robots humanoides en Europa. La alianza, participada al 50% por ambas compañías, busca situar a la industria vasca en una de las fronteras tecnológicas más emergentes, con el objetivo de llevar la inteligencia artificial al corazón de los procesos productivos y, de esta manera, agilizarlos. La nueva compañía nace con la ambición de diseñar, desarrollar y fabricar robots humanoides industriales capaces de operar en entornos altamente exigentes, con elevados estándares de precisión, seguridad y disponibilidad. Para ello, según explican en una nota de prensa, combinará la experiencia de Funditec en Inteligencia Artificial aplicada a sistemas autónomos con la capacidad de ingeniería, automatización y fabricación avanzada de Fagor Arrasate. El proyecto prevé una primera fase de industrialización con una capacidad inicial de unas 200 unidades anuales, con la vista puesta en escalar progresivamente la producción hasta alcanzar las 3.000 unidades al año. El primer prototipo funcional está previsto para finales de 2027, momento a partir del cual la compañía espera abrir la puerta a nuevas versiones adaptadas a distintos sectores industriales. La creación de Primus Robotics se produce en un contexto de creciente interés en Europa por integrar robots humanoides en los procesos productivos, especialmente en sectores como la automoción, donde ya se están desarrollando proyectos piloto.

Tal y como se detalla en el último informe de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en febrero a un total de 57.324. Son 109 más que en enero, una subida en línea con la habitual en dicho mes, y 76 más que en febrero del año pasado (+0’1%), siendo el segundo mes consecutivo con una subida interanual del número de empresas.  Eso sí, respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), todavía se registran 1.569 empresas menos (-2,7%), habiéndose recuperado tan solo el 26% de las empresas perdidas en la pandemia. Por lo demás, y en comparativa con la media del Estado, el número de empresas subió en Euskadi un +0,1% en relación a las existentes en febrero del año pasado, frente a una subida del +1,1% interanual en el Estado. Y comparando los datos de febrero con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra un descenso del número de empresas en Euskadi del -2,7%, frente a un incremento en el caso del Estado del +1,3%. En cuanto al número de autónomos creció en febrero en Euskadi en 330 personas, el mejor dato registrado para un mes de febrero, sumando el total de 165.783, lo que supone un descenso interanual del -0,2%. Ver informe completo aquí. 

Después de la presentación de la VLE que fabricará Vitoria, Mercedes empieza a preparar el siguiente paso: la presentación de la VLS, un modelo todavía más lujoso dentro de la nueva gama ‘full-electric’ que llegará a la Avenida de Los Huetos, si nada se tuerce, en mayo de 2027. Como en la VLE, habrá varias versiones del modelo. Dentro de ellas, el gigante alemán anunció ayer que fabricará una Mercedes Maybach. Maybach es la marca que el fabricante guarda solamente para sus modelos más exclusiva. Según dio a conocer ayer la multinacional de Stuttgart, esa versión será lo más parecido a la Vision V, el prototipo de ensueño con hasta fichas de ajedrez personalizadas que presentó hace un año en Shanghái. «Será esa ‘visión’ hecha realidad», prometió la compañía de la estrella en un comunicado. Fuentes de la multinacional confirman que esta versión también se fabricará en Vitoria. Será «una gran limusina incomparable» y pensada «para los clientes con mayores expectativas, juntando un espacio amplio, elegancia y un compromiso inquebrantable con los pasajeros de la zona trasera, que se sentirán como en casa». La compañía seguirá profundizando con esa idea de hacer de sus furgonetas eléctricas una suerte de sala de conferencias sobre ruedas. 

El tráfico de mercancías en el Puerto de Pasaia ha arrancado el año a la baja. En los dos primeros meses del año acumula un descenso del 2,7%, marcado por una fuerte caída de los graneles sólidos (mercancías como minerales, granos, alimentos, productos químicos y materiales como madera o sal, que se transportan sin embalaje y en grandes cantidades). Este apartado cayó en febrero un 24,1%, según los datos facilitados por Puertos del Estado. Aunque el nivel de las exportaciones desde la dársena pasaitarra se ha mantenido, en el caso de los graneles sólidos cayó nada menos que un 34,6%. Febrero marcó una caída del 17,14% del tráfico portuario, en pleno debate sobre si es mejor su desclasificación como puerto de interés general para su traspaso a Euskadi, como defiende el PNV, o es preferible mantenerlo como está, como plantean los socialistas. En lo que va de 2026 Pasaia acumula 529.193 toneladas, por 543.867 del mismo periodo de 2025, un 2,7% menos. Todo ello en un contexto de incertidumbre global que se traduce en una caída del 1,3% en el conjunto de puertos de España, con Bilbao perdiendo un ligero 1%. El tráfico de automóviles, otro de los puntos fuertes de Pasaia, sigue sin remontar, en plena crisis de la automoción europea, y cayó en febrero un 14,3%.

Euskadi se mantiene como región innovadora. Así lo evidencian las 310 solicitudes de registro que partieron del territorio a la Oficina Europea de Patentes (OEP) el año pasado, lo que sitúa al País Vasco entre las cien regiones comunitarias que más peticiones han presentado ocupando el puesto 64 en el ránking. Aunque el dato representa un descenso del 4,9% respecto a 2024, se sitúa como la tercera comunidad autónoma con más peticiones de este tipo, tras Cataluña y Madrid, representando un 13,7% de todas las presentadas. Dentro de la Unión Europea, España ocupa el noveno puesto con 2.255 solicitudes de patentes europeas impulsadas por la innovación, lo que en este caso representa un crecimiento del 2,9% en el último año. Sólo de la región norte del país (País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja) salieron 537 peticiones de patente, por encima de las 484 trasladadas desde Madrid y por debajo de las 754 firmadas en Cataluña. El consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lidera el listado de solicitantes españolas con 55 solicitudes. En el ránking de las 10 primeras entidades se cuela la Universidad del País Vasco, en el número 6, con 22 patentes presentadas el año pasado. Por su parte, la empresa guipuzcoana Multiverse Computing ocupa el tercer puesto, con 26 registros. De hecho, San Sebastián se sitúa entre las ciudades españolas más activas en patentes con 74 presentadas desde la localidad, destacando su papel como uno de los principales núcleos tecnológicos del país.

La incertidumbre vuelve a cernirse sobre la decisión de si la conexión ferroviaria de la ‘Y’ vasca con Navarra se realizará por Ezkio-Itsaso o por Vitoria. Cuando se acerca el momento de que concluyan las catas geológicas que se están desarrollando en el entorno de la sierra de Aralar, unas prospecciones que el Gobierno central se ha comprometido a finalizar «esta primavera», un alto representante del Ministerio de Transportes reconoció ayer que ese hito no será definitivo para que se pueda presentar el informe final sobre el que los gobiernos central, vasco y navarro deben tomar una decisión. El comisionado español del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, apuntó que ese «estudio» aún podría retrasarse cerca de un año, ya que si no surgen nuevos contratiempos, «a finales de este año o principios del año que viene será cuando se pueda conocer» el informe geotécnico que debe servir de base para adoptar una decisión definitiva. Estas palabras echan un jarro de agua fría a las expectativas de instituciones como la Diputación de Gipuzkoa, que reclama una rápida resolución del debate y que defiende sin ambages la conexión por Ezkio-Itsaso. 

La situación de la empresa Juaristi, con sede en Azkoitia, atraviesa uno de sus momentos más críticos. En apenas año y medio, la plantilla ha pasado de 97 trabajadores a 34, una caída drástica que, según las previsiones actuales, no ha tocado fondo y podría reducirse aún más en los próximos meses. Pero más allá de los datos, los representantes de los trabajadores ponen el foco en lo que consideran una gestión «irresponsable» por parte de la dirección. Denuncian una «clara e inaceptable dejación» que, aseguran, ha dejado a la empresa «sin rumbo, sin actividad y sin comunicación interna». Según explican, desde el inicio de la crisis el taller ha permanecido prácticamente paralizado, a la espera de un acuerdo financiero con entidades bancarias que nunca llegó a materializarse. En mayo de 2025, la empresa aplicó un ERTE alegando falta de financiación, una medida que fue prorrogada en diciembre sin que la situación mejorara. Al contrario, sostienen los trabajadores, el deterioro ha sido constante.

Tras más de tres años de movilizaciones y 20 jornadas de huelga, ELA consigue una cláusula inédita que excluye a la CAPV del acuerdo marco con la patronal ARTE. Las personas trabajadoras del comercio textil de Gipuzkoa han logrado una victoria de calado en la pugna que mantenían por sus condiciones laborales. Tras un largo proceso de movilizaciones que ha sumado más de 20 jornadas de huelga en el conjunto de la comunidad, el sector ha conseguido quedar oficialmente excluido del convenio de ámbito estatal. Esta cláusula, calificada de «inédita» en este tipo de negociaciones, permite que las empleadas del territorio sigan rigiéndose por sus convenios provinciales, evitando así la pérdida de poder adquisitivo que hubiera supuesto la aplicación del marco negociado en Madrid. La relevancia de este blindaje se traduce en cifras muy concretas para el bolsillo de los trabajadores vascos. Por ejemplo, según señala ELA, la diferencia salarial para los guipuzcoanos es muy sustancial: las empleadas y empleados del territorio percibirán hasta 6.856 euros anuales más de lo que establece el convenio estatal. El pacto no solo asegura las tablas salariales actuales, sino que protege aspectos clave de la organización del trabajo que corrían peligro con la «estatalización» del sector. Entre ellos destaca la regulación de la jornada de lunes a sábado, lo que garantiza de forma efectiva el cierre de los establecimientos textiles durante los domingos y días festivos en el territorio.

El presidente de la empresa vasca Arteche, Álex Artetxe, y la directora general de la Fundación Novia Salcedo, Isabel Urbano, han presentado este martes la primera edición de los Premios Eraberritu (innovación), para premiar el talento joven en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento del vínculo entre educación, innovación y empresa en Euskadi, gracias a fondos del legado de Maitane Arteche. Los premios repartirán un total de 25.000 euros entre proyectos innovadores desarrollados por estudiantes de diferentes etapas educativas, y reconocerán también la trayectoria de personas que han contribuido a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud. En esta primera edición, los proyectos presentados deberán estar relacionados con la electricidad y las energías renovables, ámbitos clave para el futuro industrial, tecnológico y medioambiental de Euskadi. La iniciativa busca apoyar a las nuevas generaciones que en los próximos años impulsarán la innovación y la transformación tecnológica de las empresas. Cada una de las cuatro primeras categorías contará con un premio de 5.000 euros, mientras que la cuarta estará dotada con 4.000 euros. Los premios destinados a proyectos educativos se entregarán en forma de bonos para los centros, que serán distribuidos entre las personas integrantes del equipo.

Corría finales de 2022 cuando la Comisión Europea dio el plácet al sistema de incentivos fiscales de la Hacienda vizcaína. Se trataba de superar a Navarra y a las islas Canarias como polos de atracción, con deducciones de hasta un 70% si se filma en euskera. «Inversores ajenos al cine podían beneficiarse con una reducción de impuestos. El incremento en las deducciones acreditadas ha sido exponencial desde 2023», constata Antonio Pérez, director general de Hacienda. Gonzalo Vélez de Mendizabal, asesor de PKF Attest especializado en el sector, asiente. «Se han aumentado los límites para aplicar estas deducciones y se permite que la financiación sea más tarde, por lo que podemos estar seguros de que tenemos el marco fiscal más atractivo de España», se congratula. Vélez de Mendizabal apunta, sin embargo, que otras regiones nos pueden aventajar al tener más experiencia: «Llevan más años y este sistema está más impregnado en el terreno empresarial. A pesar de los esfuerzos importantes de las instituciones, todavía tenemos exceso de oferta y falta de demanda; hay más producciones y espectáculos en vivo que inversores. En territorio común es al revés, existen más inversores que producto». Según se vayan venciendo las reticencias de los empresarios ante lo que no deja de ser un nuevo producto financiero, aumentarán las inversiones. Quien lo vio claro desde el principio fue Alfonso del Río, que tras muchos años especializado en el asesoramiento fiscal y financiero en películas de primer nivel (Almodóvar, Álex de la Iglesia, Bayona...), dejó su puesto en una de las grandes consultoras para fundar el fondo de inversión Culture Cap7, el primero de estas características que existe en Europa. 

La decisión de Podemos de abstenerse en la votación de mañana del decreto anticrisis, que busca paliar los daños económicos derivados de la guerra en Irán, obligaba al Gobierno a buscar el apoyo de Junts o del PP para sacarlo adelante. Aunque los de Feijóo ayer aún no habían desvelado cuál será el sentido de su voto, los independentistas catalanes despejaron cualquier duda sobre su aprobación al anunciar su ‘sí’. También el PNV adelantó que se mostrará favorable al decreto porque «sigue la filosofía» de las medias planteadas desde Sabin Etxea. Es cierto que el Gobierno no ha incorporado todas a su propuesta, pero de momento las que sí ha tomado en consideración han sido suficientes para decantar el voto jeltzale. «Si la crisis avanza, pelearemos para que se adopten», avisaron en todo caso fuentes del partido. Tras meses de una relación marcada por el bloqueo y la desconfianza, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que su grupo apoyará el decreto pero no lo hará gratis. Los independentistas condicionan su apoyo a la transposición de una directiva europea para permitir que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar eximidos de pagar IVA. El Gobierno no cuenta, sin embargo, con el apoyo de los independentistas para sacar el segundo decreto, anunciado también tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el viernes pasado, relativo a la vivienda –el PNV aún no ha decidido su voto a este respecto–.

A pesar de que los expertos vaticinaban una bajada del euríbor para este martes tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que había mantenido unas conversaciones «muy productivas» con el régimen iraní para poner fin a la guerra que estalló el pasado 28 de febrero, el indicador hipotecario de referencia para los préstamos variables ha vuelto a pegar un fuerte subidón. Concretamente, escala hasta una tasa diaria del 2,929% tras repuntar 189 milésimas y sube así hasta sus niveles más elevados en año y medio. La guerra en Irán condiciona por completo la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que el pasado 19 de marzo decidió mantener los tipos en el 2% (nivel en el que permanecen desde mediados de 2025). Sin embargo, la advertencia que lanzó la presidencia del organismo, Christine Lagarde, de que la inflación «podría repuntar hasta siete décimas» por la guerra abre la puerta a una subida de tipos muy próximamente. De hecho, tras esta última reunión que mantuvo el BCE en Frankfurt, el euríbor ha repuntado del 2,524% al 2,929% actual, una subida muy pronunciada en un periodo de tiempo muy corto. Esta subida se trasladará muy próximamente a los hipotecados a tipo variable, ya que la media mensual de marzo se sitúa ya en el 2,479% y afrontarán una subida en las cuotas por primera vez desde marzo de 2024, hace exactamente dos años. En este complejo escenario, el impacto no es solamente para quienes tengan contratada una hipoteca, sino para las personas que estén pensando en contratar una próximamente. Y es que las entidades bancarias ya están empezando a endurecer las condiciones tras un año en el que los tipos de las hipotecas han permanecido en niveles especialmente bajos, debajo del 3% en España por varios meses consecutivos.

Tras un 2025 en el que el mercado hipotecario vasco estuvo marcado por una actividad especialmente intensa, llegando incluso a superar los registros de la burbuja inmobiliaria, parece que el nuevo año ha arrancado de manera más pausada. Según los datos publicados ayer por el INE, en enero se firmaron 1.869 pólizas sobre viviendas en Euskadi, lo que supone un retroceso del 2,3% respecto a los datos de hace justo un año. Se trata de la primera caída interanual en 16 meses. El capital que prestaron las entidades ascendió hasta los 350,6 millones, lo que significa que el importe de la póliza media se situó en enero en los 187.607 euros, es decir, un 8,7% más que el año anterior, cuando el importe medio era de 172.589 euros. Sea como sea, esas 1.869 hipotecas siguen representando registros considerablemente elevados. Y es que el escenario actual sigue estando marcado por una altísima demanda para acceder a vivienda (hay 104.000 vascos inscritos en Etxebide) y una oferta muy limitada, factores que parecen estar pesando más que la imparable escalada de los precios de los inmuebles. En todo caso, todo parece indicar que los efectos de la guerra en Irán se convertirán próximamente en una escalada inflacionista, caso en el que las condiciones de financiación empeorarían y podrían producir un frenazo en el número de hipotecas.

El Banco Central Europeo (BCE) sigue estrechando su vigilancia sobre la financiación no bancaria. Las recientes turbulencias que se han detectado en el crédito privado han convertido en prioridad la necesidad de garantizar que las entidades tradicionales son capaces en todo momento de anticiparse a un potencial efecto contagio que pudiera golpearlas. En su informe anual de supervisión, la institución con sede en Fráncfort destaca que “la rápida evolución de las relaciones entre los bancos y las entidades financieras no bancarias, como los fondos del mercado privado, pueden exponer a las entidades a riesgos nuevos directos e indirectos que exigen la atención de los supervisores”. Ante esta circunstancia, el BCE asegura que “los bancos han de continuar esforzándose por mejorar la calidad de sus datos para asegurar la solidez y la fiabilidad de la medición del riesgo de contraparte”, es decir, que deben mejorar el control sobre sus vínculos con las gestoras de crédito privado. “Con frecuencia existen relaciones crediticias entre los bancos y las entidades no bancarias. Por eso, hemos estado muy atentos para comprender cuáles son estos vínculos, cómo podrían los riesgos repercutir en el sector bancario y cuáles son las exposiciones de los bancos”, explicó esta misma semana Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión bancaria del BCE, en su comparecencia ante el Parlamento Europeo.

Santander ha alertado de las tensiones que están surgiendo en la actividad del crédito privado, actualmente en el foco de los supervisores y del mercado. Así lo recoge en el folleto continuado registrado ayer en la CNMV, donde los emisores de valores detallan el conjunto de riesgos a los que está expuesto su negocio. “El grupo realiza habitualmente transacciones con contrapartes del sector de los servicios financieros, entre las que se incluyen corredores y agentes de bolsa, bancos comerciales, bancos de inversión, fondos de inversión, fondos de cobertura y otros clientes institucionales”, indica Santander. “Los impagos por parte de determinadas instituciones financieras, e incluso los rumores o las dudas sobre la solvencia de éstas y del sector de los servicios financieros en general, han provocado problemas de liquidez en todo el mercado y podrían dar lugar a pérdidas o impagos por parte de otras instituciones. Muchas de las operaciones habituales que realiza el grupo lo exponen a un riesgo de crédito significativo en caso de incumplimiento por parte de una de sus principales contrapartes”, señala. Santander recuerda que está expuesto al riesgo de contraparte, además de a los riesgos de crédito asociados a las actividades crediticias: “El riesgo de contraparte puede derivarse, por ejemplo, de la inversión en valores de terceros o de la celebración de contratos de derivados en virtud de los cuales las contrapartes tienen la obligación de efectuar pagos al grupo”.

¿Cómo es posible que la bioenergía pueda contribuir a la mitigación del cambio climático si la quema de biomasa emite dióxido de carbono (CO2)? La explicación es que mientras la quema de combustibles fósiles libera carbono que ha estado atrapado en el suelo durante millones de años y aumenta la cantidad total de carbono en la atmósfera, la combustión de biomasa devuelve a la atmósfera el carbono que fue absorbido a medida que las plantas crecían, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). De ahí que el CO2 biogénico y la Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS) sean utilizados en la descarbonización. La captura de fuentes biogénicas podría alcanzar alrededor de 60 millones de toneladas (Mt) de CO2/año para 2030, cifra muy inferior a las aproximadamente 185 Mt de CO2/año necesarias para cumplir el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE), advierte la Agencia Internacional de la Energía (AIE). “Se requerirá un apoyo específico [a estas tecnologías] para traducir el reciente impulso en capacidad operativa”, dice la Agencia. La Comisión Europea prevé la captura de hasta 450 millones de toneladas de CO2 anuales, con más de la mitad procedente de fuentes biogénicas o atmosféricas. “El CO2 biogénico es un recurso estratégico para Europa y también para España dado el enorme potencial existente de producción de biometano”, explican desde Sedigas. 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Anthony Albanese, primer ministro de Australia, sellaron en la madrugada del lunes al martes un nuevo pacto comercial en la primera visita oficial de la política alemana al país del sur. El acuerdo de libre comercio pone fin a casi ocho años de negociaciones y propulsará el intercambio de bienes y servicios entre la Unión Europea y Australia que, hasta la fecha y a consecuencia de los elevados aranceles que sufría, se limitaba a 47.000 millones de euros. De esa cuantía, además, más de 30.000 millones correspondían a importaciones procedentes del país oceánico, por lo que el papel europeo era casi testimonial para el tamaño de ambas economías. El nuevo acuerdo comercial supondrá la eliminación de un 97,6% de los aranceles que sufren las exportaciones europeas en Australia y un movimiento equivalente por parte del bloque comunitario. Este proceso de liberalización se llevará a cabo a lo largo de una década en el caso de la isla. Bajo las nuevas condiciones, fuentes comunitarias aseguran que las exportaciones de la UE crecerán en hasta un 33% a lo largo de la próxima década, hasta alcanzar un valor de 17.700 millones de euros anuales. Además, destacan que permitirá evitar el pago de más de 1.000 millones de euros al año en tasas comerciales. “La UE y Australia pueden estar geográficamente distantes, pero nuestra visión del mundo es muy similar. Con estas nuevas y dinámicas alianzas en materia de seguridad, Defensa y comercio, nos acercamos aún más y enviamos un claro mensaje al resto del mundo: la amistad y la cooperación son lo que más importa en tiempos de incertidumbre”, expresó Von der Leyen.