20260505

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Crónica de una muerte anunciada. Finalmente, el consejo de administración de Tubos Reunidos comunicó ayer a la sala de lo mercantil del Juzgado de Vitoria y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no puede afrontar los próximos compromisos de pago que tiene encima de la mesa. Una insolvencia que ha llevado a la empresa, tras posponer varias semanas la decisión, a presentar un concurso voluntario de acreedores. El negro futuro de Tubos Reunidos se despejará ahora, o se terminará de cerrar, en función de la decisión de un administrador concursal y bajo el marco de un procedimiento con tutela judicial. Así, unas siglas históricas de la industria vasca nacidas en 1892 se asoman al abismo de la disolución después de que se haya evidenciado que sus problemas no son coyunturales, aunque los aranceles al acero de Estados Unidos hayan agravado la situación, sino estructurales y hasta el punto de comprometer su viabilidad. Así lo advirtió el informe del auditor sobre las cuentas de la empresa e, incluso, el departamento de Trabajo en la tramitación del ERE de 240 trabajadores. Acudir a un proceso concursal no tiene por qué suponer la desaparición de la empresa, pero las pérdidas de 118 millones en 2025, una deuda de 263 millones, entre los que destacan los 150 del rescate de la Sepi, además de unos elevados costes que complican la rentabilidad de la actividad, hacen muy complicado a Tubos Reunidos salir del atolladero. La empresa tiene problemas ya para pagar las nóminas de este mes y no puede afrontar los gastos financieros de sus créditos, que le obligan en junio al abono de más de 20 millones. Ver nota de Tubos Reunidos aquí. 

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha expresado este lunes el compromiso "absoluto" del Gobierno Vasco por apoyar la viabilidad de un nuevo proyecto para Tubos Reunidos, empresa que ha presentado el concurso voluntario de acreedores. El ejecutivo ha manifestado, en un comunicado, su solidaridad y apoyo a los trabajadores, sus familias y a toda la comarca alavesa de Aiaraldea, "que llevan meses sufriendo por la situación de Tubos Reunidos". Tras la presentación del concurso de acreedores "se abre una nueva etapa para Tubos Reunidos", ha destacado Jauregi, quien ha añadido que el Gobierno Vasco ha intentado "que esta situación no llegase a producirse, si bien, desgraciadamente, ha sido imposible". "Hemos asistido con gran preocupación a la evolución de Tubos Reunidos, con un nivel de deuda insostenible, una caída de pedidos por los aranceles de Trump y el encarecimiento de los precios de la energía por la guerra de Irán", ha explicado.

En paralelo a la situación financiera está el conflicto sindical, que se encona un poco más. Después de que un grupo de trabajadores consiguiese las firmas del 25% de la plantilla y convocase una asamblea para votar este jueves el final de la huelga indefinida, la mayoría sindical niega la mayor y respondió ayer que «no hay ninguna asamblea convocada». En un comunicado remitido a la plantilla, el comité –en el que ELA, LAB y ESK tienen mayoría– afirmaron que «las firmas no han sido enseñadas ni trasladadas» a la parte social. «Con lo cual las firmas requeridas para convocar la asamblea no se cumplen. No hay ninguna asamblea general convocada», sostienen. Los sindicatos nacionalistas –que hoy comparecerán ante la prensa en Bilbao– afirman, de hecho, que esa convocatoria «no es válida» y «no respeta la legalidad» de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores o el convenio de la planta alavesa. Consideran que «detrás de esa maniobra está la dirección de la empresa» y que se busca «dividir a la plantilla y atacar a la huelga». Respecto a la huelga, la mayoría del comité de Amurrio llama a continuar con la misma «hasta conseguir sus objetivos» y a «reforzar desde primera hora de la mañana el piquete del jueves». Es ese día cuando el grupo de trabajadores ha convocado a la plantilla a esa asamblea a las 9.00 horas, cuya celebración está en tela de juicio. Tanto es así que los promotores de esa cita remitieron ayer un escrito a la Inspección de Trabajo en el que denunciaron «dudas de la seguridad de la asamblea, dada la situación existente en la entrada de la fábrica», en referencia precisamente a los piquetes que «dificultan o impiden el acceso a planta para parte de la plantilla».

La falta de perfiles y el bajón demográfico lleva al 25% de empresas de Gipuzkoa a contratar fuera de Euskadi. Los datos divulgados ayer por la patronal Adegi –basados en una encuesta realizada en noviembre de 2025– confirman un cambio de paradigma ineludible: una de cada cuatro empresas del territorio ya contrata personal fuera de los límites de Euskadi para mantener operativos sus engranajes productivos. Y más de un tercio se plantea realizar esa búsqueda en otros territorios, comunidades autónomas e incluso en el extranjero. Esta tendencia no responde a un deseo de expansión geográfica casual, sino a una respuesta de supervivencia frente a una doble pinza que amenaza la continuidad del modelo guipuzcoano, marcada por el agotamiento del relevo generacional y una brecha cada vez más profunda entre la oferta formativa y las demandas de una industria de vanguardia. El origen de este fenómeno se encuentra en un invierno demográfico que las estadísticas llevan años advirtiendo y que hoy se manifiesta con toda su crudeza. El vacío dejado por la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’ no está siendo cubierto numéricamente por los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, creando un déficit estructural de activos que las empresas no pueden ignorar. A esta escasez cuantitativa se suma un desafío cualitativo crítico: la paradoja de la especialización. A pesar de contar con un sistema educativo de alto nivel, la velocidad de la digitalización y la implantación de la inteligencia artificial han generado una demanda asfixiante de perfiles STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas– que el entorno local no logra graduar al ritmo que la industria los consume, convirtiendo la búsqueda de talento en una competencia global. Ver más en Adegi aquí. 

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi creció un 2,1% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este incremento es seis décimas inferior al avance del 2,7% de la media española. De hecho, el dato del País Vasco es el segundo más bajo entre comunidades, solo por encima de Asturias (1,9%). En base al avance trimestral del PIB publicado recientemente por el INE, la AIReF estima que, en términos interanuales, la Comunidad Valenciana es la región que registra mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (3,1%) y Andalucía (2,8%).

Por primera vez en lo que va de año, el mercado de matriculaciones de Euskadi ha registrado una caída interanual. En abril salieron de los concesionarios vascos un total de 2.354 turismos, lo que supone una reducción del 4,9% respecto a la cifra obtenida el año pasado, según revelan los datos publicados ayer por las patronales del sector: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). Registros que no dejan de ser llamativos por el hecho de que, con la excepción de diciembre (donde las ventas cayeron un 5,7%), Euskadi llevaba más de doce meses consecutivos registrando un crecimiento en las ventas y recuperándose del duro mazazo que supuso la pandemia del covid en su día, que paralizó el ritmo de las matriculaciones en gran medida y que todavía no se ha podido recuperar del todo. Según explica Alex Rodríguez, director general del Grupo Gaursa, «abril ha sido un mes extraño» en el volumen de matriculaciones. Desde su concesionario no han notado una caída en el número de pedidos y el tráfico de clientes «ha sido superior que el año pasado», incluso pese a la situación geopolítica actual y su impacto sobre el petróleo. Con todo, cree que lo más probable es que este descenso sea «circunstancial», y puede deberse al efecto de la Semana Santa. Volviendo a los datos de Euskadi, estos parecen evidenciar que la caída de las matriculaciones se debe fundamentalmente al bajón de los vehículos de combustión, cuyas ventas siguen en caída libre. 

FF Ventures, socio del gigante británico Octopus Energy y firma especializada en el desarrollo de renovables, y el fondo E Energy Invest (EEI) proyectan en el número 911 de la Avenida Letxumborro de Irun la construcción de una gran planta de almacenamiento de energía mediante baterías. La iniciativa, canalizada a través de la sociedad FFNEV BESS, prevé una inversión de 16,8 millones de euros. El proyecto acaba de dar su primer paso oficial tras salir a información pública, lo que marca el inicio de una compleja tramitación para levantar una instalación que quiere convertirse en un pilar para la estabilidad del sistema eléctrico guipuzcoano. A día de hoy, en Euskadi solo existen dos sistemas de baterías en funcionamiento: uno en la subestación vizcaína de Abadiño (6 MW) y otro vinculado al parque eólico de Elgea-Urkilla, entre Gipuzkoa y Álava (5 MW). Este tipo de sistemas BESS evitan que se desperdicie la energía verde y garantizan la firmeza del suministro porque son capaces de almacenar los excedentes (cuando el viento sopla fuerte y los precios se hunden) para inyectarlos cuando la demanda aprieta. El planteado en Irun, que aún está lejos de poder entrar en fase de construcción y denominado ‘FF1 Bidasoa Bess’, no es un simple recinto eléctrico. La memoria técnica, que es pública, proyecta un auténtico pulmón energético de 30 megavatios (MW) de potencia de generación y algo más de 8,2 MW de consumo. Para lograrlo, la instalación se apoyará en un diseño modular compuesto por 24 grandes contenedores de baterías de iones de litio fabricados por la multinacional Envision, capaces de almacenar un total de 120,72 megavatios hora (MWh).

El Gobierno Vasco ofrecerá 74.963 plazas de Formación Profesional para el curso 2026/27. La cifra marca un nuevo récord histórico, ya que son 7.920 plazas más que el año anterior. La campaña de matriculaciones para acceder a la FP vasca arrancó ayer y concluirá el día 22 de este mes, y en este contexto la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, presentaron ayer las novedades del próximo curso. La oferta alcanza las 74.963 plazas que estarán distribuidas en 184 centros de toda Euskadi, en una apuesta que el Gobierno Vasco sitúa como «pilar estratégico de la transformación económica y social del país». Pedrosa señaló que la Formación Profesional es hoy «una de las palancas más potentes de transformación económica y social de Euskadi» y, en ese sentido, destacó que «el 90% de nuestro alumnado encuentra empleo al terminar sus estudios, y eso no es casualidad, es el resultado de una formación conectada con la realidad, con más de 20.000 empresas que forman parte de este proyecto». La consejera añadió que «la FP del futuro tiene que preparar profesionales con talento, con compromiso y con valores, capaces de liderar los cambios tecnológicos que ya están aquí». «Y tiene que hacerlo sin dejar a nadie atrás, ni a quienes vienen de situaciones más vulnerables, ni a las mujeres que durante demasiado tiempo han quedado fuera de los sectores con más futuro. Esa es nuestra hoja de ruta», apuntó. Según explicaron en la presentación, «la oferta para el próximo curso crece en todas las modalidades formativas». De las 7.920 plazas de nueva creación, 6.035 corresponden a centros de la red pública, lo que representa el 76,2% del incremento total.

Indexa Capital se sumará en breve a la lista de empresas vascas que cotizan en el mercado continuo de la Bolsa española. La firma, especializada en la gestión automatizada de inversiones, ha iniciado el proceso para saltar de BME Growth, donde cotizan las pymes en sus primeros pasos en el parqué a la primera división bursátil. Sigue así la estela de la también vizcaína Arteche, que el pasado 2 de febrero hizo ese mismo tránsito. La decisión la tomó el pasado día 30 de abril el consejo de administración del grupo Indexa, que acordó formalmente comenzar los procedimientos necesarios para hacer efectiva la solicitud de admisión a cotización de todas las acciones de su capital social. Indexa Capital tiene un valor en Bolsa que se acerca a los 185 millones de euros. La compañía fue fundada en 2015 por el bilbaíno Unai Ansejo y dos socios (François Derbaix y Ramón Blanco) con la pretensión de gestionar fondos referenciados a índices, lo que permite aplicar comisiones más bajas y, por tanto, poder ofrecer más rentabilidad al cliente. Hace menos de tres años, el 12 de julio de 2023, decidió convertirse en una cotizada «para aumentarla confianza que proyectas, conseguir financiación para crecer, y dar liquidez a nuestros socios financieros», aseguraba Ansejo a este periódico.

Otra desinversión en Bilbao. All Iron, la socimi –sociedad cotizada de inversión inmobiliaria– fundada por el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha vendido un activo ubicado en la calle Alameda Recalde 1. Se trata de un edificio de nueve apartamentos ubicado frente al Museo Guggenheim. Con esta operación, la compañía avanza en su estrategia de reordenación de la cartera, centrada en edificios de mayor volumen y localizados fundamentalmente en «ubicaciones estratégicas» de Madrid y Barcelona. La venta del céntrico inmueble ha supuesto una plusvalía de más de dos millones de euros tras generar una rentabilidad anual superior al 25%, concretan portavoces de la empresa. Denominado ‘Líbere Bilbao Museo’ , el local cuenta con una superficie de 738 metros cuadrados y alberga 9 apartamentos, distribuidos en planta baja y un primer piso. Pese a la operación, el inmueble continuará siendo gestionado en próximas fechas por la operadora actual, Líbere Hospitality Group. Hay razones que explican la ven- ta de esta propiedad, sobre cuyo precio no se ha pronunciado All Iron, ya que estaba considerado un activo no estratégico. Tras esta operación, la socimi ha pasado a contar con 16 inmuebles en cartera, que suman en conjunto 891 unidades, de las cuales 472 ya están en fase de operación. La compañía ha protagonizado en los últimos meses una fuerte expansión y cuenta con destacados activos en la capital vizcaína, además de en Vitoria, Málaga, Pamplona, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante. Esta misma semana ha adquirido en el barrio madrileño de Chamartín otro edificio de 1.829 metros cuadrados para sacar al mercado 33 apartamentos.

El Consejo Vasco de la Competencia ha multado con casi 900.000 euros a 31 empresas del transporte escolar por «coaccionar» al Gobierno autonómico y «obligar» al Departamento de Educación a cambiar las condiciones del servicio «en su propio beneficio» durante el arranque del curso 2023/24. La resolución considera acreditado que las compañías ejercieron un «boicot» organizado contrario a las leyes. Otras 28 firmas y asociaciones que estaban siendo investigadas han sido exoneradas. La licitación para cubrir el transporte escolar de los colegios públicos abarcaba 483 itinerarios que daban servicio a 18.719 estudiantes. Hubo un concurso por territorio, pero, durante el proceso de adjudicación, la mayoría de rutas quedaron desiertas. El caso más flagrante tuvo lugar en Bizkaia, donde no se cubrió ninguno de los 199 itinerarios previstos. Así las cosas, Educación publicó en septiembre de 2023 una orden de ejecución forzosa para obligar a las empresas a cubrir las rutas en las que habían dado servicio el año anterior, pero las compañías se plantaron y el curso arrancó de forma caótica sin autobuses. La situación se alargó durante una semana, hasta que las empresas y el Gobierno vasco pactaron renegociar al alza las condiciones de la licitación, marcada en aquel momento por la inflación a consecuencia de la guerra en Ucrania.

A tenor de las observaciones realizadas por el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz, en su estudio sobre Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social en el periodo 2019-2025, las constantes subidas del salario mínimo sí estarían teniendo un impacto negativo en las actividades más sensibles a los incrementos. Estas son aquellas que cuentan con un mayor volumen de asalariados en los deciles de renta más próximos al suelo mínimo salarial y en los que los empleadores se ven obligados a reaccionar con cada subida por ley del salario mínimo. Aquí, el estudio publicado por Fedea observa un claro retroceso del empleo que no acompasa a la creación general de puestos de trabajo. Concretamente, en los seis años objeto de estudio por parte del catedrático García Díaz, tanto el régimen del sector agrario (-107.967) como el régimen de empleados del hogar (-57.290) han registrado una fuerte destrucción de empleo. Ambos suman una caída de 165.257 afiliaciones a la Seguridad Social en los últimos años. A estos dos se añaden las ligeras caídas de los regímenes de mar (-1.120) y del carbón (-565), si bien en estos casos concurren circunstancias distintas que explican el retroceso. “En los dos primeros [sector agrario y empleo del hogar], el fuerte incremento del SMI puede haber sido una de las causas de su negativa evolución en el periodo”, señala el experto en el informe. Ambas caídas son de 14,1% y 14,2%, respectivamente. Cabe recordar en este punto que el informe de la Fundación ISEAK que estudió la subida del salario mínimo en 2019 concluyó que si bien había tenido un impacto limitado negativo, estimó una destrucción o menor creación de entre 27.000 y 30.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Aunque no hubo efectos a corto plazo, la destrucción de empleo fue gradual y afectó más a mujeres, jóvenes e inmigrantes. 

El mercado laboral constituye el principal motor de la economía española. La constante creación de puestos de trabajo ha propiciado a España una fortaleza del consumo interno que ha permitido a los principales sectores de actividad mantener el pulso, especialmente en los años posteriores a la pandemia. Sin embargo, en este engranaje una de las piezas principales es la del empleo público, responsable de uno de cada cuatro puestos de trabajo creados en la era Sánchez. Así lo constata el estudio de Fedea, que arroja que en los seis años observados las Administraciones Públicas han sido responsables del 23,7% del incremento total de afiliaciones a la Seguridad Social. Concretamente, 558.199 cotizantes más asociados al sector público del total de 2.357.376 que se han sumado desde 2019. En total, el sector público contaba a finales del pasado año con 3.103.477 empleados, del total de 21.635.194 que registraba la Seguridad Social, lo que supone el 14,3% de todos los cotizantes en España. Si bien, la mayor parte del crecimiento en el sector público se ha localizado en las comunidades autónomas (responsables del 69,7% del total de la contratación del sector público). No obstante, sí resulta relevante la intensidad de la creación de estos puestos en el entorno de la Administración. El aumento de algo más de medio millón de trabajadores en el sector público implica una subida del 21,9%. Este avance casi duplica al total, los 2,3 millones de afiliaciones más suponen un avance del 12,2%, y es justo el doble que el registrado por el sector privado en el mismo periodo, el 10,8%.

Los contribuyentes españoles pagaron durante el año pasado casi 2.300 millones de euros de más en el IRPF por la decisión del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas de no deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta, o lo que es lo mismo, la negativa a adaptar el gravamen a la evolución de la inflación. La cifra es oficial. La han recogido por primera vez los departamentos de Economía y Hacienda en el Informe de Progreso Anual que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea para detallar el cumplimiento de los compromisos macroeconómicos durante 2025 y avanzar las líneas maestras que regirán la política fiscal en el año en curso. Al no realizar el ajuste en el IRPF en 2025, reconoce el documento, el Gobierno ha obtenido un incremento estructural de los ingresos de aproximadamente un 0,1% del producto interior bruto (PIB), consolidando una vía de recaudación que ha sido fundamental para lograr los objetivos fiscales y cuadrar las cuentas. En el texto, el Gobierno detalla que el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, por recomendación del Consejo Europeo para elevar los ingresos fiscales, “estableció una adición” en uno de los hitos del Plan de Recuperación “consistente en un incremento adicional de los ingresos por valor de un 0,1% del PIB hasta el cuarto trimestre de 2028 —y que se logra con la no deflactación del IRPF—. De todo ello se deduce que, salvo sorpresa, el impuesto seguirá sin amoldarse a la inflación al menos hasta entonces.

El Gobierno apuró hasta el límite el plazo comunitario del que disponía para hacer pública, al filo de la medianoche del pasado jueves y en pleno arranque del puente del Primero de Mayo, la hoja de ruta acordada con Bruselas con sus planes tributarios para el ejercicio 2026. El Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que actualiza la situación presupuestaria del país y detalla cómo garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales europeas en el futuro, compromete un incremento de la presión fiscal de unos 8.500 millones de euros para el ejercicio 2026, pese a las relevantes rebajas tributarias aprobadas para paliar el impacto de la guerra en Irán. En concreto, el documento oficial remitido a la Comisión Europea detalla que el conjunto de los ingresos públicos de España se elevará este ejercicio en medio punto de PIB, pasando de un peso relativo sobre el conjunto de la economía española del 41,7% al 42,2%, el equivalente a los citados 8.500 millones. Con todo, el propio Gobierno apunta a que esta cifra de ingresos supone “una leve ralentización de su crecimiento, con una tasa de variación del 6,5%”, debido a la “adopción de las medidas mencionadas para paliar los efectos de la guerra en Irán, de forma que para este año las medidas discrecionales de ingresos serán considerablemente inferiores a las de 2025”. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, también tiene previsto un relevante incremento de la recaudación gracias a medidas desplegadas en materia de IRPF, tributación patrimonial, Impuestos Especiales y, ante todo, el Impuesto de Sociedades. Una cuarta parte de la mejora estructural de la recaudación tributaria procede, no obstante, de la negativa de Hacienda a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, que forma parte de los compromisos del Plan Fiscal y está reportando del orden de 2.300 millones de ingresos anuales.

Las empresas pueden estar haciendo un «uso fraudulento» del contrato indefinido durante el periodo de prácticas al utilizarlo, en muchos casos, para despedir sin tener que pagar indemnizaciones. Así lo denunció ayer UGT durante la presentación del informe ‘El empleo en 2025: un balance en perspectiva’, en el que realizó una valoración del mercado laboral a raíz de la reforma laboral. Pese a que los líderes sindicales volvieron a elogiar las virtudes de esta ley, metieron el dedo en la llaga de los «agujeros» que también deja esta reforma y entre los que destaca el uso recurrente de estas bajas por no superar el periodo de prueba, que se han multiplicado por más de cinco desde 2019. En este sentido creen que «todavía hay margen de mejora en la regulación». En 2025 (con datos hasta noviembre) se produjeron 31.600 bajas de afiliados con un contrato indefinido por no superar el periodo de prueba, frente a los 5.900 de 2019, esto es, 5,3 veces más. Este fuerte repunte se puede explicar parcialmente por el intenso crecimiento del empleo experimentado, lo que también ha venido acompañado de un mayor número de bajas, pero en este caso el avance es inferior ya que en estos cinco años se ha multiplicado por 3,4, dos puntos menos, según recoge el informe de UGT. A esto hay que añadir que en los últimos cuatro años se observa un incremento evidente del porcentaje que supone este tipo de bajas sobre el total desde la aprobación de la reforma, cuando se han registrado los valores máximos de toda la serie.

La guerra en Irán se alarga y la crisis energética, que en un principio se mantenía en el apartado de los precios, puede comenzar a trasladarse a las cadenas de suministro creando una verdadera escasez. Esa es una de las grandes preocupaciones que tiene Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía de España, que teme que se materialice la falta de queroseno sobre la que llevan semanas alertando las aerolíneas. “Lo vemos, por supuesto, con preocupación. Pero creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales de escasez”, expresó Cuerpo en su intervención antes de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) ayer en Bruselas. Los mayores miedos de Cuerpo giran en torno a la cercanía de la temporada turística. El vicepresidente de España afirmó que la escasez de combustible y el temor a enfrentar cancelaciones en Europa podría enfriar los vuelos en un momento en el que las empresas ya ven en el horizonte el inicio de la temporada alta turística, uno de los pilares del crecimiento económico y del empleo en el país. Cuerpo subrayó que España tiene “un punto adicional de tranquilidad” con respecto al suministro de queroseno porque está entre los países de la Unión Europea menos dependientes de su importación gracias a una “gran capacidad de refino” y de sustituirlo por otros combustibles. Sin embargo, como uno de los grandes receptores de turismo, podría ver afectadas sus cuentas si finalmente otros países tienen que imponer restricciones a los vuelos por la escasez o se desincentivan los desplazamientos.

El mercado acogió ayer con escepticismo la primera jornada del intento de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Ormuz en lo que denominó Proyecto Libertad. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, subió un 5,2% en la última sesión, hasta alcanzar los 113,8 dólares por barril, y eso a pesar de que la Armada estadounidense logró facilitar el paso de dos buques petroleros a través del Estrecho, lo que se considera un hito tras dos meses de bloqueo pero resulta insuficiente para las necesidades del mercado. El Comando Central de Estados Unidos informó ayer de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un “primer paso” en la operación anunciada este fin de semana por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní. Aunque no hay datos más detallados, un buque petrolero de gran capacidad, el habitual en esta ruta, puede transportar hasta 2 millones de barriles de crudo, por lo que la carga de ambos buques combinada supondría una tercera parte de la producción diaria perdida durante estos dos meses y tendría un valor de 450 millones de dólares. El Centcom indicó que “destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos operan actualmente en el golfo Arábigo tras cruzar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad” y aseguró que sus fuerzas “están ayudando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial”.

El mundo energético es otro desde hace dos meses. El mercado del crudo ha pasado de un excedente sustancial, que obligaba al cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a mantener a raya sus propios bombeos para evitar que los precios cayesen, a una situación de lo más crítica: de la noche a la mañana, con el cierre del estrecho de Ormuz, ha desaparecido casi un quinto de la producción mundial. Prácticamente la mitad de esa cantidad se ha compensado, tanto por el aumento de los envíos a través de los pocos oleoductos que conectan los países del golfo Pérsico con el exterior como por los aún incipientes aumentos de producción en colosos fósiles ajenos a esa región. Pero el faltante sigue siendo enorme. Cada barril cuenta ante esta súbita escasez, que ha disparado el precio del crudo hasta cifras que no se veían desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022. Pero no siempre fue así. El mercado petrolero tiene incluso un término para las cargas que no encontraban comprador: reservas flotantes. Son buques llenos y listos para las entregas pero sin destino claro, ya fuera porque no había cliente inmediato, porque el vendedor esperaba mejores precios o simplemente por cuellos de botella logísticos. Podían llegar a pasar hasta una semana seguida, a veces más, sin moverse. Con el ancla echada.

El Ibex 35 cayó ayer un 3,39%, hasta 17.356,1 puntos, en su peor sesión desde el pasado 3 de marzo. Fue el índice más dañado entre los principales europeos, en una jornada en la que el precio del petróleo volvió a marcar el tono en los mercados; en este caso en negativo.Las informaciones contradictorias sobre un buque de guerra estadounidense cerca del estrecho de Ormuz empañaron el ánimo de los inversores. La agencia de noticias semioficial iraní Fars aseguró que dos misiles habían impactado en el buque, pero EEUU negó la información. Ante esta confusión, la cotización del petróleo se disparó (más del 5%, por encima de los 114 dólares por barril, al cierre de los mercados europeos) y los inversores activaron las ventas tanto en renta variable como en el mercado de bonos. La salida de papel de los bancos, especialmente de los dos grandes (Santander y BBVA) pasó una alta factura al Ibex. BBVA se dejó un 4,86%, su mayor recorte desde el 5 de febrero, cuando presentó sus resultados de 2025, que decepcionaron al incumplir las expectativas en mercados clave como Turquía y Argentina. Santander restó un 3,86%, un retroceso que no se veía desde el 3 de marzo, al inicio de la guerra de Irán. Las caídas de hicieron extensivas al resto de bancos del Ibex, que cedieron entre el 1,43% de Sabadell y el 3,77% de Unicaja. Sombras sobre la banca. El movimiento a la baja del sector ayer en Bolsa se puede explicar básicamente por la creciente preocupación por el estancamiento en la crisis de Oriente Medio que, si sigue así, va a acabar afectando a la economía, según Joaquín Robles, analista de BiG Banco. “La banca es uno de los sectores más vulnerables a la incertidumbre”. 

BlackRock, la mayor gestora de inversión privada del mundo, sigue siendo el fondo extranjero con más exposición en la Bolsa de España y en toda la economía nacional. Así se desprende de los datos recabados por EXPANSIÓN tras una investigación. BlackRock gestiona activos a escala global valorados en 14 billones de dólares. El grupo, que ha expresado públicamente su firme apuesta por España, ha alcanzado en los últimos meses los 100.000 millones de euros de inversión en este país por primera vez en la historia. A fecha de hoy, tiene invertidos en España 22.300 millones en deuda pública, otros 11.500 millones en deuda privada o corporativa, y 2.800 millones en empresas no cotizadas. A todo ello se suma su enorme inversión bursátil. Ahora acapara 62.000 millones, pero hace unas semanas, cuando el parqué alcanzó un récord histórico, esta cantidad se disparó entre 4.000 y 5.000 millones más, lo que llevó a BlackRock a superar el listón psicológico de los 100.000 millones. La desinversión que ha hecho de Naturgy en los últimos meses, en lo que ha sido la mayor operación corporativa del parqué español de los últimos años, no ha impedido su escalada. BlackRock se ha apoyado en la subida exponencial que han tenido otras participadas, sobre todo Santander e Iberdrola, donde es primer y segundo accionista, respectivamente. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, BlackRock y su gestora de infraestructuras GIP han vendido el grueso del 18% que tenían en Naturgy. La venta ha supuesto una reconfiguración histórica del accionariado de Naturgy ya que dio pie a otras transacciones, protagonizadas por Criteria, que ha aumentado su poder en la energética.

La Comisión Europea recrudece su guerra comercial con China. El campo de batalla lo constituyen ahora los proyectos de energías renovables, a los que el Ejecutivo comunitario quiere blindar de posibles interferencias del gigante asiático. La institución que preside Ursula von der Leyen ha vetado el acceso a fondos comunitarios a proyectos renovables que cuenten con piezas elaboradas en China. La acción proteccionista se centra en los llamados conversores, un componente encargado de convertir la electricidad de corriente continua proveniente de fuentes como paneles solares o baterías en corriente alterna que puede utilizarse para electrodomésticos y la red eléctrica. La Comisión Europea señala que este bloqueo responde a cuestiones de seguridad económica, basada en riesgos de ciberseguridad y dependencia estratégica, y no una medida de política industrial para favorecer solo a las empresas europeas. Según aseguran fuentes comunitarias “se ha identificado que una de las amenazas más urgentes es el riesgo de interrupción de las infraestructuras críticas de la UE por actores extranjeros”. Estas mismas fuentes indican que las evaluaciones de riesgo e información clasificada de los servicios de seguridad de diferentes Estados miembros han confirmado amenazas como la posible manipulación de los parámetros de producción eléctrica, la interrupción de la generación de electricidad e incluso el acceso no autorizado a datos operativos. “En la práctica, esto podría implicar un apagado remoto de las redes de los Estados miembros, provocando apagones a nivel nacional”, aseguran.

El anuncio de que Estados Unidos (EE UU) retirará 5.000 tropas de Alemania fue uno de los asuntos más comentados a la llegada de los líderes a la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván (Armenia). Por primera vez, un líder no europeo fue invitado al evento, el primer ministro canadiense , Mark Carney, un gesto que muestra el acercamiento entre Europa y Canadá, en un momento marcado por la política exterior errática del presidente estadounidense, Donald Trump. Carney, afirmó que «no creemos estar condenados a someternos a un mundo más transnacional, insular y brutal». El primer ministro canadiense celebró que «reuniones como esta nos abren otra vía», de que es posible una alianza de «potencias medias» ante las «hegemónicas» como EE UU o China. Del lado europeo, el presidente del Consejo, António Costa, valoró el «alineamiento creciente» entre el Viejo Continente y Canadá, que recuerda que los principios de un orden internacional basado en reglas y el multilateralismo «son objetivos compartidos a nivel mundial». A su llegada, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los países europeos «han entendido» el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su falta de apoyo en la guerra de Irán y que están dando «un paso al frente».

Donald Trump ha lanzado la llamada ‘Operación Libertad’ para escoltar a buques comerciales atrapados desde hace semanas en el estrecho de Ormuz. Irán ha advertido de que pasan a ser un objetivo militar, lo que ha disparado la tensión en la zona. Trump amenaza con «borrar a Irán de la faz de la Tierra» si ataca a barcos estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz dentro de la llamada ‘Operación Libertad’, el plan con el que Washington pretende guiar a buques comerciales atrapados desde hace semanas y restaurar la navegación en una de las rutas clave del comercio energético mundial. La operación fue presentada como un gesto humanitario para liberar a tripulaciones y mercancías bloqueadas, aunque la Casa Blanca no ha detallado si implicará protección naval directa. En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región mientras intenta mantener abiertas unas negociaciones que siguen estancadas. Mientras, más de 800 buques y 20.000 marineros continúan atrapados por el bloqueo en el Golfo. 

La vida pública de Carlos Garaikoetxea describe una dilatada trayectoria que, según su propio testimonio, se volvió política a mediados de los años 70. Cuando por insistencia de Manuel Irujo primero, y gracias a la confianza de Juan Ajuriaguerra después, pasó de simpatizar con el PNV a militar en ese partido hasta asumir sus primeras responsabilidades orgánicas. Aquella tierra de misiones que para los jeltzales era Navarra propició que, siendo convocada la primera Asamblea Nacional del PNV en Pamplona, en marzo de 1977, Garaikoetxea fuese designado presidente de una reunión que tuvo mucho de fundacional. Momento de notoriedad que le catapultó, seguido, a la presidencia del Euzkadi buru batzar (EBB). Cincuenta años más tarde, en febrero de 2025, el III Congreso de EH Bildu certificaría la desaparición política de Carlos Garaikoetxea. La conversión de la coalición en la que se había integrado Eusko Alkartasuna en un partido sin que sus socios iniciales pudieran reclamar su cuota de representatividad, acabó con ‘el partido de Garaiko’, después de un largo litigio interno y judicial. Ya el verano anterior no era fácil saber qué representaba políticamente aquella figura inconfundible que paseaba por la playa de Zarautz. En su libro de memorias, ‘Euskadi: la transición inacabada’ (Planeta, 2002), Carlos Garaikoetxea, fallecido ayer a los 87 años a consecuencia de un infarto mientras practicaba natación en Pamplona, trató de desmentir, aunque sin demasiada convicción, que su desalojo de Ajuria Enea a finales de 1984 tras cuatro años y medio en el cargo fuese resultado de una incompatibilidad personal con Xabier Arzalluz.