20230719

Relevo sorpresivo en la dirección de Lanbide cuando el organismo se haya inmerso en el mayor proceso de transformación de su historia para mejorar su tasa de inserción, que ahora apenas llega al 4%. La socialista Gloria Múgica deja el cargo que asumió a finales de 2020 y toma el testigo Francisco Pedraza, actual director de Empleo e Inclusión. Él tendrá que culminar la reestructuración del organismo público, que es el gran proyecto de la vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia. El departamento informó ayer del cambio a los agentes sociales en una reunión de la Mesa de Diálogo Social y el martes de la semana que viene será aprobado por el Consejo de Gobierno. Múgica deja Lanbide para asumir la dirección de DEMA, la agencia de Empleo y Emprendimiento de la Diputación de Bizkaia, dentro del área que dirige Teresa Laespada en el nuevo equipo foral liderado por la peneuvista Elixabete Etxanobe. Es un puesto con el que está muy familiarizada ya que lo ocupó entre 2015 y 2019. Tras un breve paso por el Ayuntamiento de Bilbao, en el área de Regeneración Urbana, pasó a Lanbide, con el reto de encabezar su transformación. Resulta llamativo que se marche con el proceso abierto. Mendia lo lanzó de forma oficial a principios de 2021, con el compromiso de aumentar la eficacia del servicio público. «Lanbide comienza hoy un nuevo camino, pero tardará en recorrerlo», dijo entonces. Desde entonces se han dado algunos pasos, entre los que cabe destacar la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos para agilizar su gestión. La idea del plan, bautizado como Lanbide Hobetzen, es que el organismo deje de estar tan volcado en la tramitación de la RGI, a la que se ha sumado el Ingreso Mínimo Vital, para reforzar su papel como intermediador entre los que buscan trabajo y las empresas. De hecho, la Ley de Empleo, cuya aprobación se prevé para finales de este año, recoge el compromiso de que todos los parados vascos tengan un orientador laboral asignado y en tres meses cuenten con un plan integral con acciones formativas para encontrar empleo. Es todo un reto por mucho que el número de parados haya bajado a 105.379 personas, mínimo desde 2008, y la cifra de cotizantes esté en récord histórico.

Euskadi cuenta ya con el visto bueno para poner en marcha su plan de transformación de la Formación Profesional para alcanzar un nuevo sistema más flexible y accesible en su oferta educativa con el objetivo de facilitar la formación continua. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que permite una nueva ordenación del sistema educativo de FP. Era el trámite que estaban esperando los responsables de la FP vasca para activar los cambios que pretenden sean una realidad para el curso 2024-25 y que suponen una auténtica revolución. Así, Euskadi se convertirá en el primer territorio del Estado en dar la vuelta a su estructura educativa en la FP. Los principales cambios radican en los accesos y en la composición de los grados, que se fragmentarán por módulos. Además, las horas de aprendizaje estarán siempre acreditadas y serán acumuladas. El objetivo es que quienes quieran estudiar en la FP vasca tengan el máximo de facilidades para poder hacerlo y que el límite en su formación lo pongan ellos mismos. El motivo de realizar estos cambios viene dado por la rápida transformación de los puestos de trabajo, fruto de los avances tecnológicos. Para evitar una previsible sangría de puestos de trabajo, desde la FP vasca se apuesta por el reciclaje formativo continuo. De ahí que una de las máximas prioridades sea facilitar la llegada de nuevos estudiantes a la FP en la medida que su tiempo de trabajo les permita. Y siempre con la exigencia de calidad que tan buenos resultados en materia de empleo está dando a quienes optan a día de hoy por esta vía formativa (el 85,6% de empleabilidad con ramas de FP que alcanzan el 90% e incluso rozan el 100%). Los principales ejes del futuro de la FP vasca pasarán por una formación constantemente actualizada para poder dar respuesta a la demanda de las empresas y a lo que se prevé que puedan solicitar en un futuro cercano. Los centros trabajarán la innovación y la investigación, para lo que estarán plenamente digitalizados. Fomentarán el emprendimiento y promoverán la sostenibilidad. La flexibilidad se aplicará tanto en la oferta académica como en los horarios o planteamientos de calendarios escolares y quedará sujeta a la decisión de los propios centros y sus necesidades. La división de los ciclos en módulos permitirá a las personas decidir cuántos puede estudiar cada año. Toda la formación será progresiva y acumulable. Y se apostará por una evaluación individualizada a través de metodologías activas de aprendizaje.

La falta de mano de obra ha provocado que los permisos de trabajo concedidos a extranjeros se hayan disparado un 72% en Gipuzkoa en el primer trimestre, muy por encima del crecimiento del 48% que ha experimentado el conjunto de Euskadi. La falta de mano de obra autóctona está haciendo cada vez más evidente la necesidad de contratar a trabajadores extranjeros para muchos puestos de trabajo que de otra manera no se cubren. Es tal el problema que el Gobierno central ha flexibilizado en el último año la legislación para facilitar esas contrataciones. Euskadi, no es ajena a esa realidad y los datos revelan que también está aprovechando esa ventana de oportunidad que se ha abierto al calor de la nueva normativa. De hecho, en el primer trimestre las autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros se han incrementado un 47,9% en relación al mismo periodo del año anterior. Y es que entre enero y marzo se han concedido 3.180 autorizaciones de trabajo en el País Vasco frente a las 2.150 del mismo periodo del año anterior. Se trata en cualquier caso de un aumento ligeramente superior al del conjunto del Estado, donde ha crecido un 45,5%. En el caso de Gipuzkoa las autorizaciones concedidas en el primer trimestre ascienden a 1.183, frente a las 688 de 2022. Esto supone un aumento del 71,94%. Se trata en ambos casos de incrementos muy superiores a los registrados en años anteriores. Si se compara los últimos ejercicios –como se puede observar en el gráfico adjunto, con datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y a cierre de cada año– se observa que en 2022 se produjo un aumento significativo, al concederse en el País Vasco un total de 9.925 autorizaciones de trabajo a extranjeros frente a las 7.845 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 26,81%. En Gipuzkoa el incremento fue mayor, del 36,9% al tramitarse 3.710 el año pasado, 1.000 más que el anterior, cuando se concedieron 2.710.

Los inmigrantes están ganando presencia en el mercado laboral vasco al cubrir en gran medida la falta de profesionales, especialmente en los sectores más precarios como hostelería, servicio doméstico y cuidados. Prueba de ello es que su sueldo medio es de solo 20.096 euros frente a los 31.628 de los autóctonos, es decir, cobran un 36% menos, de acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de cotizantes extranjeros lleva tiempo encadenando máximos históricos hasta el punto de que más del 60% de los nuevos afiliados incorporados a la Seguridad Social en los últimos doce meses viene de fuera. Así, los inmigrantes han sumado 9.539 cotizantes en ese periodo sobre un incremento total de 15.775. Esto se debe a que en el caso de los autóctonos las jubilaciones casi superan la entrada de jóvenes en el mercado laboral debido a la bajísima tasa de natalidad. Euskadi está entre las regiones con mayor crecimiento de trabajadores inmigrantes en el último año. Solo superan su incremento interanual del 11,85% Galicia (15,9%), Aragón (12,42%) y Baleares (12,13%). La media nacional está en el 9,57%. Pese a este espectacular crecimiento, su peso en el total de cotizantes es solo del 9%, todavía muy por debajo del 13% que alcanza en el conjunto de España. Los inmigrantes están ganando presencia especialmente en la hostelería, donde ya suman 15.560. Su segundo nicho de empleo es el servicio doméstico, con 12.512 cotizantes, la inmensa mayoría mujeres. En tercer lugar está el comercio (11.895) y muy cerca la construcción (11.040).

La nueva regulación del teletrabajo aprobada ayer por el Gobierno Vasco, vía decreto, y que cuenta con el rechazo de todos los sindicatos, abre la posibilidad de acceder a esta modalidad a un mayor número de empleados públicos vascos, ya que se extiende a todos los entes, organismos y sectores, como son Educación, Salud, Seguridad y Justicia, pero en la práctica se va a reducir mucho su aplicación ya que establece una serie de requisitos. Así, no podrán acogerse los puestos de trabajo cuya prestación efectiva solo quede garantizada con presencia física del empleado en el centro de trabajo. Asimismo, quienes quieran acogerse a esta modalidad de trabajo deberán acreditar un conocimiento suficiente de su puesto gracias a haber acumulado una experiencia total de al menos un año en esas funciones durante el último lustro. A ello se añaden otras cuestiones como acreditar competencias digitales necesarias y tener la formación de teletrabajo. Todas estas exigencias reducen mucho el potencial de empleados públicos que puedan acogerse finalmente al teletrabajo. Ni desde el Departamento de Gobernanza y Autogobierno del Ejecutivo vasco se atreven a aventurar una cifra, ni desde las organizaciones sindicales. En la actualidad son 900 los empleados públicos vascos que están teletrabajando en base a una regulación que data de 2012 y que fue pionera en el Estado, según indican desde la consejería. Una cifra que se espera sea mayor, ya que en estos momentos está limitada de facto a la Administración General vasca, a alguna sociedad pública y de forma muy residual en Osakidetza, ya que en Educación no hay nadie, según explican desde ELA.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el reglamento que desarrolla los nuevos planes de pensiones de empleo, en las empresas, de promoción pública. Esto quiere decir que la gestión y la financiación de los fondos y los planes que se integran en los mismos serán privados, pero bajo la tutela de la Seguridad Social. Es la cuarta pata de la reforma del sistema de pensiones que ha hecho el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante esta legislatura. La novedad más relevante del reglamento que aprobó el Consejo de Ministros es la apertura de dichos planes a todos los trabajadores, incluidos los temporales. El Gobierno ha recortado de dos años a un mes el tiempo mínimo de duración en la empresa para poder acceder a un plan de pensiones o a otro proyecto de ahorro. Por lo tanto, también entran los trabajadores temporales en estos planes de empleo simplificados. Si el trabajador temporal deja la empresa, se lleva el ahorro conseguido y podrá trasladarlo a otra empresa, si es el caso. Si obtiene trabajo en otra compañía que cuente con un plan de empleo. Los planes de empleo nuevos se dirigen a todos los niveles salariales. Ese es el objetivo de la reforma que ha puesto en marcha el Gobierno. Que también puedan beneficiarse los trabajadores con salarios medios y bajos; los autónomos y los funcionarios de todas las administraciones. El instrumento escogido por el Gobierno para su extensión por el tejido productivo es la negociación colectiva, en la empresa y en el sector. Los planes de ahorro son un instrumento más de la negociación salarial. Son retribución diferida, del trabajador, que tiene sus incentivos correspondientes. Las empresas tienen una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades del 10% por las contribuciones empresariales a los planes de trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros. Si se trata de empleados con una retribución superior, entonces la deducción se aplica sobre la parte proporcional de las aportaciones empresariales. Además, este año, las firmas tienen derecho a una reducción máxima anual en las cotizaciones sociales de 364,92 euros por trabajador...

La inversión en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en Euskadi continúa con su ascenso imparable. Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, ha crecido un 9,1% en 2022. El personal dedicado en exclusiva a ello también se ha incrementado un 4,9%, según estos datos, que son un avance de los números que se presentarán detalladamente tras el verano. El año anterior, 2021, este capítulo logró el máximo en su serie histórica (que empezó en 1993), con un gasto de 1.647 millones de euros y con 20.804 profesionales dedicados específicamente a este cometido. A tenor de este registro provisional, se volverá a batir el récord. Esta estadística es importante porque revela el grado de competencia o progreso científico de una comunidad. Y el País Vasco continúa en el grupo de cabeza. Por sectores, las empresas aumentaron un 8,9% su gasto interno y emplearon un 4,4% más de personal. En la enseñanza superior, la inversión fue un 8,5% mayor y en la Administración pública, un 9,6%.

Un informe elaborado por el observatorio ‘barrixe’, creado por la Cámara de Comercio de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, desvela que las exportaciones de alto contenido tecnológico crecieron el pasado año el 10,8% en Bizkaia, en comparación con el ejercicio anterior. Con ello, este tipo de ventas en el exterior, que también coinciden con las de mayor valor añadido, han alcanzado ya las cifras previas a la pandemia. El estudio toma como base las estadísticas elaboradas por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Entre este tipo de productos destacan las exportaciones de productos farmacéuticos, que aumentaron el 12,1%. También sube, aunque con menor intensidad, la exportación de componentes aeronáuticos y de la industria espacial (+2,9%), mientras bajan productos informáticos, electrónicos y ópticos. Los buenos resultados, sin embargo, no deben ocultar la realidad del mercado de exportación vizcaíno, ya que son las ventas de productos calificados como ‘de nivel bajo’, de limitado valor añadido y tecnología madura, lo que han experimentado un mayor crecimiento. En concreto han subido un 43,5%. Los principales incrementos se registraron en ‘coquería y refino’, que también están en el segmento de tecnología ‘media-baja’. Han pasado a suponer el 38,2% de todas las exportaciones, cuatro puntos más que en 2021.

La natalidad se desploma, la esperanza de vida crece de manera significativa y la población, por lo tanto, envejece. Eso provoca que cada haya una demanda creciente en el sector servicios, con más trabajos de poco valor añadido, caiga la productividad y el crecimiento, en última estancia, se estanque. Es la trampa en la que ha caído España, que aboca al país a un estancamiento secular, a destinar una cantidad creciente al pago de pensiones a costa de la Educación o la Investigación, y que, además, ahuyenta los grandes flujos de inversión internacional que buscan economías más jóvenes, tecnológicas y productivas. «Cuando hay una mayor proporción de personas de mayor edad, el crecimiento se parece más a esa parte de la población. Y cuando hay más jóvenes, se parece más a los jóvenes. Y lo que sabemos, con la experiencia de muchas décadas, es que la productividad crece mucho más en los primeros años de tu edad. En cambio, con una población envejecida, el crecimiento agregado de la productividad es menor», explica Juan Francisco Jimeno, doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), asesor de la dirección general de Economía y Estadística del Banco de España y uno de los firmantes del extenso documento La economía española ante el reto demográfico que Funcas publicó la pasada semana. «Y hay un segundo efecto que es todavía más interesante y problemático: en sociedades más envejecidas, con un mercado de trabajo más envejecido, el crecimiento de productividad de los jóvenes es menor. Con menos salario, menos emprendimiento y menos innovación», incide Jimeno. Lo que dicen los datos es que la tasa de fecundidad en España es de apenas 1,3 hijos por mujer, la segunda cifra más baja de Europa según las cifras de la ONU, también uno de los números más bajos del mundo y, muy importante, un dato que se queda muy lejos de los 2,1 hijos de media que las mujeres españolas afirman que les gustaría tener. Y aquí, el documento de Funcas mira al mercado laboral como una clave para que la primera cifra se acerque a la segunda y atajar la compleja situación descrita.

La deuda pública vuelve a incrementarse con fuerza en el mes de mayo, después de una pequeña tregua en abril, elevando el tamaño de los pasivos a un nuevo máximo histórico, en 1,542 billones de euros, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Banco de España, sumando 15.206 millones respecto al mes anterior. Aunque el Gobierno ha tratado de sacar pecho de que, a pesar de este incremento, la deuda sigue en torno al 113% del PIB, lo cierto es que los datos muestran un cierto acelerón de la escalada de la deuda: si en abril crecía en 81.035 millones de euros respecto al año anterior, ahora sube 85.176 millones. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, el volumen de deuda pública se incrementó en 15.206 millones de euros entre abril y mayo, hasta alcanzar los 1,542 billones de euros, justo en el momento previo a la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales. De esta cifra, la mayor parte corresponde a la Administración Central (14.840 millones de euros este último mes), seguida de las comunidades autónomas (3.894 millones), mientras que las corporaciones locales se han mantenido relativamente estables (170 millones) y la Seguridad Social incluso ha rebajado sus pasivos en un millón de euros. La diferencia entre la suma de todas estas cantidades y la cifra total se debe a la deuda de unas entidades en manos de otras ramas de la propia Administración Pública. Con este avance, la deuda pública se sitúa en torno al 113% del PIB, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía, lo que indicaría una moderación que permitiría reducir la ratio hasta el 112,4% del PIB en los próximos meses, gracias al efecto del crecimiento económico. 

La rebaja del IVA es una de las causas que argumenta el Gobierno para la contención de la inflación de los alimentos que se está registrando desde hace tres meses. En junio, los precios de los alimentos cerraron con una subida del 10,3%, según los datos confirmados del INE, aún muy altos pero moderándose desde los incrementos de hasta el 16,5% que llegaron a registrarse en los meses de febrero y marzo. Sin embargo, detrás de esta contención hay alimentos afectados por la rebaja del IVA que siguen subiendo de precio en los lineales de grandes supermercados. En concreto, en julio fueron más de 400 productos los que subieron de precio respecto al que tenían el 31 de diciembre, antes de que entrara en vigor la rebaja del IVA. Los datos de la asociación de consumidores Facua revelan que casi la mitad de los productos analizados (463 de los 985 precios revisados, el 47%) han subido estos meses. Por ello, la asociación anunció que va a ampliar las denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ya presentó en meses anteriores contra las ocho grandes cadenas donde ha hallado las irregularidades (Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona). Hasta ahora no han recibido respuesta por Competencia. Los productos que encabezan las subidas fueron las frutas y verduras (33% del total de los precios analizados), los aceites de oliva (20%) y los arroces y pastas (14%). Les siguieron la leche y las legumbres. Unos precios que están provocando que los españoles se dejen casi un 10% más en hacer la compra que hace un año. 

El volumen de fondos europeos comprometidos en el primer semestre del año ha caído a la mitad respecto al anterior. “En general, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en lo que llevamos del año 2023, ha tenido una ralentización en el ritmo de compromiso de fondos, sobre todo en relación a 2022, cuando se produjo una importante aceleración en el lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones”, revela el último informe de balance de gestión de los fondos Next Generation elaborado por LLYC y publicado ayer. El Observatorio hace seguimiento del Plan computando como comprometidos los fondos cuando se publica su convocatoria o anuncio de licitación, aunque el inicio del plazo para registrar solicitudes sea posterior. Esta evaluación indica que durante 2021 se comprometieron 20.620 millones de euros, el grueso de los mismos en la segunda mitad del año puesto que el Plan no se aprobó hasta abril, y que durante los dos semestres de 2022 el volumen comprometido superó de media los 14.000 millones (12.856 millones en el primer semestre y 15.540 millones en el segundo). Durante la primera mitad de 2023, la cifra descendió a 7.700 millones. “A nivel de convocatorias se han resuelto más que en el semestre anterior, porque las convocatorias abiertas han ido saliendo adelante, pero los fondos comprometidos han caído” a la mitad, matiza Paloma Baena, autora del informe y directora senior de European Affairs and Next Generation EU. Entre los principales motivos a los que Baena achaca esta desaceleración destacan “la convocatoria de elecciones, que siempre ralentiza lo que depende de la función pública”, junto con los cambios organizativos en ministerios clave para la ejecución del Plan, y la necesidad de “esperar al cambio del marco de ayudas de Estado europeas para poder decidir los montos que puedes destinar a cada convocatoria”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Apple la sanción individual más alta de la historia en España fijada por este organismo, con un total de 143,6 millones de euros, por restringir la competencia en la web de Amazon en España. El gigante del comercio electrónico también ha sido sancionado con 50,1 millones de euros, la cuarta multa individual más alta. En total, la sanción a ambas empresas asciende a 194,15 millones de euros. En un comunicado, la CNMC explicó ayer que ambas empresas acordaron incluir una serie de cláusulas en los contratos que regulan las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple. Este acuerdo habría afectado a la venta de productos de Apple y de otras marcas en la web de Amazon en España. Por un lado, restringieron injustificadamente el número de revendedores de productos Apple en la web de Amazon en España y, por otro, limitaron los espacios publicitarios donde pueden anunciarse productos competidores de Apple en esa misma plataforma. Por último, habrían limitado la posibilidad de que Amazon dirigiera campañas de marketing a clientes de productos de Apple en su web para ofrecerles productos alternativos de otras marcas. La sanción repartida entre las sociedades del grupo Apple es la multa individual más alta que han impuesto las autoridades de Competencia en España en toda su historia a una empresa.

The Phone House Spain ha comunicado a la plantilla su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 304 trabajadores de 67 centros en España en los que trabajan 452 personas. La cifra supone en torno al 15% de su plantilla. En su conjunto, la empresa cuenta con más de 500 centros por toda España, en los que trabajan unos 2.000 empleados. En un comunicado, UGT señaló ayer que la empresa ha justificado este nuevo despido colectivo por causas económicas, productivas y organizativas. “La compañía pretende realizar 304 extinciones de contratos de trabajo”, explicó el sindicato. UGT recordó que The Phone House Spain, compañía controlada por Grupo Dominion, realizó un despido colectivo en noviembre de 2020, llegando a un acuerdo entre la parte social y empresarial para extinguir un total de hasta 435 contratos de trabajo de los que integran los 148 centros de trabajo. En aquel caso, la empresa abonó una indemnización de 30 días por año de servicio, con un tope de 17 mensualidades y un importe máximo de 48.000 euros. La compañía explicó que, desde el inicio de la guerra de Ucrania y de “manera sostenida” hasta el momento actual el gran consumo ha sufrido “una fuerte presión inflacionista” que ha afectado de “manera directa a los resultados de las empresas del sector minorista, en el que The Phone House desarrolla su actividad”. La empresa precisó que ha comunicado a la plantilla y a las autoridades pertinentes su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo por causas económicas, organizativas y productivas, tras haber implementado medidas de reducción de costes y de reorganización de equipos internos.

El director financiero de Gestamp, Ignacio Mosquera, prevé que la división Nafta del grupo, con siete fábricas en México y otras nueve en Estados Unidos, consiga una rentabilidad a doble dígito para 2026 “o antes”. Una estimación que se apoya en el tirón industrial y comercial que vive Estados Unidos al amparo de las subvenciones a la inversión del plan IRA de Joe Biden. Además, la multinacional de componentes de automoción de la familia Riberas entró en este país siguiendo a las marcas europeas y ya ha conseguido una relación estrecha con los fabricantes locales en un mercado que es el segundo del mundo por matriculaciones, después de China. La estrategia de Gestamp a 2027 incluye una reducción de la deuda financiera neta (DFN). Si el año pasado fue el equivalente a 1,8 veces el beneficio bruto de explotación (ebitda), la meta es bajarlo a una o 1,5 veces. El ratio que los analistas consideran óptimo en la industria es el de las dos veces. Una economía que se busca sin bajar el ritmo de inversión, que incluye la construcción de cinco nuevas fábricas (sobre las 115 actuales en 24 países), en ubicaciones por determinar. Incluso “no descartamos más aperturas”, dice Mosquera. Ignacio Mosquera añade que “no es un ritmo de inversión crítico, porque se basa en una programación industrial que primero busca la máxima utilización” de la capacidad instalada. Para luego recolocar en los nuevos centros los pedidos de las marcas de automoción.

El nuevo Gobierno de Baleares aprobó ayer mediante un decreto ley la derogación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges, así como la rebaja de hasta un 50% entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Además, también dio luz verde a la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de una primera vivienda de hasta 270.000 euros para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad. “Lo aprobamos con urgencia, porque es urgente bajar los impuestos a las familias de las islas en un momento en el que todo sube y que a las familias les cuesta cada vez más llegar a final de mes” dijo la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens. La derogación de este impuesto a lo largo del mes de julio era una de las principales promesas esgrimidas por el PP de las islas durante la campaña electoral. La medida entró en vigor ayer, tras su publicación en el Boletín Oficial de las islas, y tendrá que ser convalidada en el Parlamento autonómico en un plazo de un mes. Ninguna otra comunidad autónoma hasta el momento ha ido tan allá en sus rebajas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, un tributo cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, al igual que el de patrimonio. Sí hay territorios que contemplan descuentos a través de generosas bonificaciones, deducciones y reducciones. De hecho, este tributo fue el primero en ser objeto de una competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas hace ya más de una década. Según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que cada año elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), hay hasta seis comunidades autónomas que, en la práctica, casi no cobran el impuesto de sucesiones y donaciones, al bonificar la cuota un 99% y sin fijar límites de importe para acceder al beneficio fiscal. Es el caso de Cantabria, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla y León.

El fiscal especial que investiga la presunta participación de Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y sus intentos de falsear el resultado de las elecciones que perdió frente a Joe Biden le ha informado de que es «un objetivo de la investigación». Esa expresión significa que los investigadores han conseguido pruebas que vinculan a una persona que era «sujeto de interés» con uno o varios delitos. Es, más o menos, el equivalente a ser declarado «sospechoso». Ser «objetivo de la investigación» no es sinónimo de estar imputado. Pero sí lo es de tener muchas probabilidades de serlo. El mes pasado, Trump recibió la carta apenas tres días antes de ser formalmente acusado en un juzgado de Miami por la retención de una serie de documentos secretos de la Casa Blanca. Al igual que entonces, ha sido el propio Trump quien ha informado de la recepción del documento de la oficina del fiscal especial Jack Smith, que investiga el asalto al Capitolio y los intentos de Trump de alterar el resultado electoral. Y, al igual que en aquella ocasión, Trump aderezó la información llamando «enloquecido» a Smith, y escribiendo «Departamento de Injusticia» en referencia a la unidad del Gobierno que se ocupa de la lucha contra la delincuencia. Trump ya ha sido imputado por dos presuntos delitos: fraude de la financiación de su campaña por el pago de 130.000 dólares (123.000 euros) a la actriz pornográfica Stormy Daniels y por la retención de secretos de Estado. El primero de los casos es del Estado de Nueva York, mientras que el Segundo lo es del Estado federal, lo que comporta una mayor gravedad de las acusaciones. De ser imputado por el asalto al Congreso y por las elecciones, también sería un caso federal. Las imputaciones han sido decisivas para que la popularidad de Trump en las elecciones de 2024 se dispare.