20251222

gunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tras un 2024 en el que la incertidumbre ha sido la principal protagonista en los mercados, Sisteplant abre la puerta al nuevo año cargada de ilusión y con el lanzamiento programado de varios productos. La compañía familiar fundada por Javier Borda y especializada en optimizar procesos productivos, logísticos y organizativos en fábricas usando tecnologías avanzadas ha llevado a cabo una reestructuración en la cúpula. Iñigo Borda, hijo de Javier, asume la presidencia y Alfonso Ganzabal se convierte en el nuevo consejero delegado. "...El de EE.UU es un mercado muy retador. Somos una empresa muy innovadora, y el centro de innovación más grande se encuentra allí. Por otra parte, a nivel negocio el potencial es tremendo. Ya tenemos una oficina en México, pero EE UU es aún más potente y ya tenemos clientes. Lo que queremos es instalarnos y hacer negocio desde allí. Somos una empresa fundada en Bizkaia, pero hace poco más de un año trasladamos la sede social a Madrid, precisamente para ir dando pasos hacia la expansión...Tenemos varios ‘players’. Están los grandes sectores como la automoción, que sigue siendo muy relevante. También tienen mucha potencia en la industria farmacéutica y alimentaria, donde tenemos muchas capacidades, y por último los sectores de defensa y aeroespacial, que están teniendo un impulso muy importante en estos momentos...-¿Contemplan dar entrada a algún socio en el futuro con el fin de ganar escala?– En principio no. La principal consigna desde la propiedad es la innovación. Y aunque un socio externo te pueda aportar capital, también te marca la línea de inversión. Invertimos más del 20% de inversión sobre ventas en I+D+i, algo que Javier Borda ha mantenido durante toda su historia y que se quiere preservar. Realmente, estamos más en el caso contrario, es decir, viendo si nosotros podemos adquirir otras empresas...La dificultad para encontrar perfiles es un gran problema. Todas las revoluciones tecnológicas que hemos tenido, la inteligencia artificial, la industria 4.0., han incrementado mucho la demanda de ingenieros, físicos, matemáticos... El problema es que la oferta no ha crecido al mismo ritmo. Nosotros hacemos mucho trabajo interno en lo que respecta a curva de carrera, es decir, orientar a las personas que contratamos hacia donde queremos. También trabajamos con universidades para identificar oportunidades de captación temprana...Lo que está claro es que hay un problema de talento, y habría que alinear mejor el perfil profesional que dan las universidades y el que demandan las empresas. También se debe trabajar el atractivo de la industria, ya que es empleo de alto conocimiento, bien remunerado y con plena empleabilidad". 

Sapa Placencia quiere jugar un papel fundamental en el desarrollo del tanque europeo del futuro a través del programa Marte (‘Main Armoured Tank of Europe’ o Tanque Principal de Combate de Europa). La compañía guipuzcoana, especializada en sistemas de transmisión avanzada, es parte de un consorcio europeo de once países que incluyen a los principales gigantes del sector, como las alemanas KNDS y Rheinmettal (que lideran el proyecto mediante una empresa conjunta), la sueca Saab, la italiana Leonardo y la española Indra, de la que es, a su vez, uno de los principales accionistas Sapa con el 7,94%. Según ha podido saber este periódico, la iniciativa finalizará su primera fase de diseño conceptual a principios de 2026, y ha recibido una reciente inyección de capital de 200 millones de euros desde el Fondo Europeo de Defensa (FED) para acelerar el desarrollo de los primeros prototipos físicos del blindado que pretende mantener la «ventaja militar cualitativa» europea. Lo cierto es que Bruselas, que anunció en marzo la movilización de 800.000 millones de euros para fortalecer la autonomía estratégica continental, quiere introducir una marcha más en la ejecución del programa para que los primeros blindados de quinta generación se entreguen antes de 2035. La iniciativa, que engloba a un total de 51 empresas, se organiza en paquetes de trabajo que se distribuyen entre las cinco compañías líderes (KNDS, Rheinmettal, Saab, Leonardo e Indra) de los países participantes.

Lurauto, concesionaria de los vehículos BMW y Mini en Gipuzkoa, ha presentado concurso de acreedores voluntario, que evitará la liquidación de la empresa ante los problemas de los últimos meses, y lo hará, además, con medidas para garantizar la actividad empresarial y el cien por cien del empleo, según ha podido saber este periódico de fuentes solventes conocedoras del proceso. Ante este escenario, la actual dirección ha tomado las medidas necesarias para que se garantice el 100% del empleo y la continuidad de la actividad empresarial. Se está barajando la posibilidad de una venta de todas las unidades productivas, con unos 120 trabajadores en Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, manteniendo las mismas condiciones laborales. En Gipuzkoa tiene medio centenar de empleados, casi la mitad. La actual dirección ya ha conseguido regularizar el pago de nóminas retrasadas y hará lo propio con los atrasos de los retrasos actualizados al IPC, con un pago único. El proceso está a la espera del auto judicial del juez de lo Mercantil número 1 de San Sebastián que apruebe el proceso, algo que se espera cumplimentar en breve, ya que el año judicial termina este martes antes del inicio de las vacaciones navideñas en los juzgados.

El empresario Antón Iráculis falleció ayer a los 78 años. Guineano de origen y vitoriano de adopción, será recordado como una figura tan discreta como determinante en el desarrollo urbanístico de varias ciudades españolas, entre ellas las capitales vascas. Trabajador incansable y poco dado al foco mediático, logró levantar a lo largo de décadas un potente emporio ligado a la promoción de viviendas y hoteles, con proyectos tan reconocibles como el Puerta de América, en Madrid; el Gran Domine, en Bilbao; o el hotel Ciudad de Vitoria, todos ellos ligados a la cadena Silken. Su buque insignia fue el grupo Urvasco, con sede en la capital alavesa, desde el que impulsó ambiciosas operaciones inmobiliarias en distintos puntos del país. Entre ellas destacan las Torres Isozaki de Bilbao, uno de los complejos más emblemáticos de la transformación urbana de la villa vizcaína. Quienes trataron con él lo definían como un empresario tenaz, poco proclive a rendirse y acostumbrado a asumir riesgos, aunque no siempre con éxito. En Vitoria, por ejemplo, no logró sacar adelante su proyecto para construir una nueva plaza de toros (un concurso al que se presentó de la mano del arquitecto Jean Nouvel, premio Pritzker de Arquitectura) y fue también en la ciudad donde atravesó uno de los episodios más difíciles de su trayectoria empresarial y personal, un proceso penal del que finalmente resultó absuelto. Iráculis hizo de la reserva una seña de identidad. Jamás concedió una entrevista y evitó siempre a los fotógrafos.

Que el fichaje de Andoni Ortuzar por Telefónica había caído como una bomba en el PNV era un secreto a voces. El malestar y el desconcierto eran palpables tanto en la militancia de base como en los cuadros ante el impacto social de un asunto tan sensible para el electorado como el de las puertas giratorias y el enchufismo en un momento ya de por sí complicado para la formación jeltzale por los escándalos que acosan al Gobierno de Pedro Sánchez, a quien Sabin Etxea ha apoyado desde la moción de censura de 2018. Sin embargo, ningún dirigente lo había verbalizado con tanta claridad como lo hizo este sábado el propio presidente del EBB, Aitor Esteban, en una entrevista en ‘La Sexta’. El líder del PNV no tuvo empacho en reconocer que la incorporación de su predecesor al consejo de administración de Movistar Plus+ ha causado «desasosiego» no ya sólo en la ciudadanía, sino entre la propia militancia jeltzale. Cuestionado por el «rechazo y la incomprensión» que este tipo de saltos desde la política a la empresa privada pueden provocar en el electorado, Esteban no sólo estuvo de acuerdo sino que lo hizo extensivo al cuerpo social de su partido. «Desde luego que sí, pero también entre nuestros propios militantes. Estoy continuamente con ellos y hay un desasosiego», admitió. El líder del PNV confirmó así el estupor que en la actual ejecutiva ha provocado la decisión de Ortuzar de incorporarse a Movistar Plus+, filial de Telefónica, participada por el Gobierno. 

Extremadura vira netamente a la derecha en un 21-D que induce un cambio histórico en una comunidad gobernada 36 años en democracia por el PSOE y que proyecta el cambio de raíl en el conjunto del país con una debacle también sin precedentes de los socialistas después de que el presidente Sánchez se echara a la espalda la campaña de su fallido candidato, Miguel Ángel Gallardo, enjuiciado junto a su hermano por el presunto enchufe laboral en la Diputación de Badajoz. Con el 100% del voto escrutado, María Guardiola gana las elecciones que adelantó como un golpe de mano para afianzarse al frente de la Junta ante sus rivales y endosa una derrota catastrófica a Gallardo, al que ha metido 11 escaños de distancia –29 por 18–, 17 puntos de ventaja y 67.000 sufragios. Pero la victoria para la presidenta extremeña, y por extensión para Alberto Núñez Feijóo, no colma ni la ambición de la mayoría absoluta ni desembarazarse de un Vox desbocado que duplica escaños –de 5 a 11– y papeletas, sumando con los populares el 60% del electorado en la comunidad que fue del puño y la rosa casi ininterrumpidamente desde la Transición. Es, de hecho, el batacazo del PSOE –un resultado «malo sin paliativos», según constató un Gallardo que pospuso cualquier decisión a la ejecutiva regional de este lunes– lo que permite a la candidata del PP salir airosa del órdago que se lanzó a sí misma al adelantar las elecciones por primera vez en la historia de la comunidad ante la imposibilidad de sacar adelante sus Presupuestos por el ‘no’ del PSOE y su propia negativa a ceder a las exigencias de Vox.

Todas las organizaciones empresariales señalan al elevado absentismo laboral como el mayor problema de la economía española en estos momentos. Por encima incluso de la baja productividad –con la que está directamente relacionada–, la asfixiante presión fiscal o la inseguridad jurídica que compromete millones de inversiones cada año. Se trata de un fenómeno en auge que tiene un coste cada vez mayor para las cuentas de las empresas, para las mutuas de accidentes y para la Seguridad Social. Sin embargo, ni es un asunto que forme parte del debate público ni está en la agenda del Gobierno. Según los últimos datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y del Ministerio de Seguridad Social, el coste directo ha pasado de representar 10.134 millones de euros hace diez años a superar los 32.000 millones de euros este ejercicio. Un crecimiento muy superior al de la población activa, que ha pasado en el mismo periodo de 18 millones de personas trabajando a los 22 millones de ocupados recogidos por la Encuesta de Población Activa más reciente, del tercer trimestre, lo que da la medida de cómo se han acelerado las faltas al puesto de trabajo desde la pandemia. En efecto, la crisis del Covid marcó un punto de inflexión en la factura del absentismo, medida por el coste para las mutuas de accidentes y para las empresas, aunque el gasto se ha descontrolado desde el año 2022 (ver gráfico adjunto). Hasta el punto de que según las organizaciones empresariales ya está afectando a los niveles de contratación, sobre todo en los sectores con mayor peso de la mano de obra. La combinación de mayores cotizaciones sociales derivada de las subidas aplicadas por el Gobierno cada año y el creciente coste de las ausencias al puesto de trabajo está disparando el coste de mantener las plantillas, reduciendo con ello el margen de las empresas para incorporar a nuevos trabajadores. Los costes laborales acumulan ya 19 trimestres en ascenso. 

Alrededor de dos millones de trabajadores en España se beneficiarán el próximo año de un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero ni ellos ni las empresas que les pagan la nómina saben todavía de cuánto será el aumento –que se traducirá en más ganancias para los primeros y más costes para los segundos– ni cuándo se aplicará, aunque se haga con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La falta de certeza genera incertidumbre, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y, en especial, en aquellas con muy pocos empleados o para las que los salarios suponen el coste principal. El Ministerio de Trabajo se ha reunido varios días con los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme para conocer la posición de las partes. La última cita tuvo lugar después de que la comisión de expertos de la ministra Yolanda Díaz hubiera presentado su informe de recomendaciones, en el que fijaban que el Salario Mínimo debía subir un 3,1% si seguía exento de tributación en el IRPF o un 4,7% si empezaba a tributar. Dado que fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que están abiertos a ampliar la deducción en el IRPF para que los perceptores del SMI no tengan que pagar el impuesto sobre la renta, todo parece apuntar a que el incremento será más cercano al 3,1%. Con los sindicatos el acuerdo parece asegurado, ya que ellos habían planteado un alza del 7,5% pero si tributaba y, además, el Ejecutivo ha recogido su exigencia de prohibir que las empresas puedan absorber o compensar el incremento en los complementos y está preparando un real decreto separado para aprobar el cambio. Con las patronales, sin embargo, se da por imposible, ya que CEOE y Cepyme proponían un incremento del 1,5% y siempre que no se quitara a la negociación colectiva la capacidad de permitir esas compensaciones y absorciones.

«No tenemos noticias». Ocho meses después del peor apagón de la historia de España, las eléctricas y gasistas que entregaron su energía para levantar y mantener el sistema después del blackout todavía no han cobrado por este servicio. De hecho, en el sector nadie sabe aún a qué precio se les pagará la electricidad que inyectaron a la red en los tres días que duró la reposición. Según varias fuentes próximas al trámite, la deuda seguirá pendiente, al menos, hasta marzo del año que viene. Salvo sorpresa de última hora, todas las compañías afectadas tendrán que asumir el roto en sus próximas cuentas anuales. Los días 28 y 29 de abril, Red Eléctrica, en calidad de operador del sistema eléctrico nacional, ordenó a empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Shell o EDP poner a pleno rendimiento sus centrales hidráulicas y de ciclo combinado (instalaciones que emplean gas y calor para producir electricidad). Se trata de las dos tecnologías más rápidas, pues son capaces de pasar de cero a cien en cuestión de minutos tras una caída total como la que se produjo aquel lunes. A medida que sus máquinas despertaron volvió la luz a hogares, empresas, trenes, hospitales o semáforos. Por ley, los generadores deben ser retribuidos por los costes en los que incurrieron en los tres días que se extendió el proceso de levantamiento del sistema. Solo en el caso del gas, fuentes del mercado estiman la partida en, al menos 40 millones. 

Repsol por un lado, y Naturgy y Moeve, por otro, han conseguido en apenas seis meses 400.000 nuevos clientes con sus agresivas campañas comerciales de multienergía, en las que combinan ofertas de luz, gas y carburantes. Así se desprende de los datos analizados por EXPANSIÓN sobre los movimientos comerciales que se están produciendo desde junio. Ese mes, Naturgy, la primera gasista en España y tercera eléctrica, se alió con Moeve (antigua Cepsa) para comercializar ofertas combinadas de luz, gas y carburantes, bautizadas como Plan Multienergía. Los beneficiarios pueden ahorrar 10 céntimos por litro al repostar en gasolineras de Moeve si tienen un contrato de luz o gas con Naturgy. Añadiendo otros servicios, los ahorros pueden llegar a 30 céntimos por litro. Era una alianza sin precedentes porque unía, por primera vez, a dos de las cinco mayores energéticas españolas, las denominadas Big 5: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve. Hasta ese momento, sólo había habido alianzas de éstas con empresas de otros sectores (seguros, banca, telefonía) para ofertas cruzadas. La alianza Naturgy-Moeve ha conseguido, en apenas seis meses, 100.000 clientes. Es una cifra muy superior a lo que inicialmente se preveía para un acuerdo que tenía más de experimento comercial que de apuesta firme. La positiva evolución ha hecho que la alianza se consolide y aliente lo que ya se considera como una revolución.

Las aerolíneas se preparan para la Navidad con mayor actividad de la historia, ya que más de 300 millones de personas volarán en todo el mundo durante las fiestas. Se espera que el número de pasajeros que tomen un avión desde los 40 países con más tráfico, encabezados por EEUU, alcance los 309 millones entre el 15 de diciembre y el 4 de enero, aproximadamente un 4% más que en las mismas semanas del año pasado, según cifras de la plataforma de datos de aerolíneas OAG. Se prevé que el fuerte crecimiento de la demanda de China, India, Brasil y México impulse este aumento. La recuperación demuestra la creciente demanda de viajes aéreos, que se vio gravemente afectada tras la pandemia del Covid. IATA, la patronal de la industria, espera que en 2026 vuelen más de 5.200 millones de pasajeros a nivel global, a pesar de las tensiones comerciales y las preocupaciones económicas. La Autoridad de Aviación Civil (CAA) de Reino Unido señaló la semana pasada que se preveía que volase un récord de 3 millones de personas desde aeropuertos del país en los siete días previos a Navidad. “En estos momentos hay más gente volando que nunca y vamos camino de registrar la mayor escapada navideña de la historia”, explica la directora de la CAA, Selina Chadha.

El año 2025 ha estado marcado por la simplificación de la normativa de sostenibilidad, especialmente con la aprobación del paquete Ómnibus I. A pesar de la situación de incertidumbre regulatoria, y a la espera de la transposición de los cambios a la legislación nacional, la Ley sobre información no financiera de 2018 sigue aún en vigor y las empresas españolas han seguido incorporando a sus informes de sostenibilidad los nuevos requisitos y poniendo a disposición del mercado un gran volumen de datos ambientales, sociales y de gobernanza que permiten evaluar su evolución de la gestión de la sostenibilidad. El IX Estudio Comparativo de los Informes de Sostenibilidad del Ibex 35, elaborado por la firma EY, ha analizado qué dicen esos datos sobre el impacto real de la sostenibilidad. Y trata de dar respuesta a tres preguntas sobre la sostenibilidad: cuál es la propuesta de valor; cómo las empresas la despliegan; y qué temas concretos se han abordado en 2025. Cuando se trata de la propuesta de valor, el informe ha revisado los rendimientos financieros asociados a la sostenibilidad (en ingresos y en costes), la gestión de los riesgos y los efectos concretos que las empresas generan en su entorno. Así muestra que más de una quinta parte de la facturación de las compañías no financieras del Ibex (21%) procede de actividades sostenibles, una cifra que supera en diez puntos la media europea. La inversión refuerza esta misma lectura. El capex alineado con la sostenibilidad ronda el 30%, catorce puntos más que la media europea, impulsado principalmente por sectores como energía renovable y construcción.

La compra de oro por parte de los bancos centrales, acelerada con el estallido en febrero de 2022 de la guerra en Ucrania, es un elemento crucial en la intensidad del alza de su precio, hasta el punto de que la propiedad de los lingotes y el lugar físico en el que se custodian está cobrando una dimensión diferente, en la que tiene mucho que ver también el nuevo orden mundial y comercial que está imponiendo la Casa Blanca. La convulsa política internacional desplegada por Donald Trump, en confrontación abierta con la Unión Europea, ha activado este año el debate en países como Alemania e Italia sobre la conveniencia de repatriar sus cuantiosas reservas de oro en Estados Unidos. En el año en que Washington declaró la guerra comercial, la arrolladora política de aranceles de la Casa Blanca ha terminado por dejar exento al oro, un activo demasiado sensible para la mayor economía del mundo, pero la simple amenaza de imponerle tasas también contribuyó a disparar el precio y desató un trasiego, a modo preventivo, de lingotes cruzando el Atlántico desde las cámaras acorazadas de Londres a las de Nueva York (para sortear así unos potenciales aranceles al oro en el exterior de Estados Unidos). También China demuestra la importancia del oro en la geopolítica actual: su banco central es uno de los compradores más destacados, en cantidades que se sospecha serían superiores a las declaradas oficialmente. Una falta de transparencia común en definitiva a los activos que se convierten en geoestratégicos. El patrón oro como referencia de las monedas mundiales fue abandonado en la Gran Depresión, y la convertibilidad del dólar en oro, en 1971. Pero aun así, los bancos centrales de todo el mundo tienen ingentes reservas del metal, reservas cuyo valor se ha disparado gracias al alza de precios. El oro se ha revalorizado el 65% en 2025, en su mejor año desde 1979, y suma un alza de casi el 140% en los tres últimos ejercicios. 

La campaña que Estados Unidos inició el pasado verano contra Nicolás Maduro con los ataques a supuestas narcolanchas –y que se ha saldado por ahora con más de treinta embarcaciones hundidas y un centenar de muertos– ha encontrado una nueva vía de presión en la incautación de buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma del negocio del crudo venezolano. Una estrategia que ya ha provocado la espantada de varios operadores que trabajaban con Caracas y las dudas de otros por el riesgo de acabar perseguidos y abordados en alta mar, con las correspondientes pérdidas millonarias en caso de decomiso. Una treintena de tanqueros permanecen amarrados hoy en el país latinoamericano debido a la creciente tensión en aguas del Caribe. La intervención del superpetrolero ‘Skipper’ el pasado 10 de septiembre fue sólo un aviso de las intenciones de Washington, que busca asfixiar al régimen chavista, y sobre todo a su líder, al que acusa de «terrorista». La Guardia Costera de EE UU ejecutó el pasado sábado la segunda operación de esta campaña y ayer, la tercera, en cumplimiento del bloqueo total de los tanqueros venezolanos sancionados –aquellos que se han saltado los controles internacionales y navegan fuera de la legalidad– ordenado el martes por Donald Trump. La última acción fue confirmada por funcionarios norteamericanos bajo condición de anonimato aunque, al cierre de esta edición, la Casa Blanca aún no se había pronunciado al respecto ni habían trascendido muchos detalles sobre lo ocurrido que, al parecer, se redujo a una persecución en aguas caribeñas.