20260626

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

"El hecho de que el 54% de las empresas alavesas afirme haber visto reducidos sus márgenes de explotación constituye una señal de alerta para el tejido productivo del territorio, especialmente en un contexto en el que los costes siguen creciendo de forma sostenida. La rentabilidad de las empresas es mucho más que un indicador económico: es la base sobre la que se sustentan las inversiones, la innovación, el crecimiento y la creación de empleo del futuro". Así lo refleja el último Observatorio Empresarial elaborado por SEA Empresas Alavesas durante el mes de junio, una encuesta en la que han participado más de 300 empresas segmentadas en cinco sectores de actividad y que ofrece una fotografía precisa de la evolución de la economía alavesa y de las perspectivas para los próximos meses. Los datos muestran un escenario de moderado optimismo en la actividad empresarial. El 59% de las empresas considera que la situación del mercado es de normalidad, mientras que un 30% aprecia una desaceleración, mejorando los registros obtenidos en el informe de enero. Además, las previsiones para los próximos meses apuntan a una evolución similar. También mejora la cartera de pedidos. El 72% de las empresas declara contar con un volumen de pedidos normal o alto, doce puntos más que en el anterior Observatorio, mientras que ocho de cada diez mantienen una capacidad productiva superior al 60%. Para el 67% de las compañías, esta capacidad se ha mantenido o incluso ha aumentado durante los últimos meses. Ver más en SEA Empresas Alavesas aquí. 

El comité ejecutivo de Confebask, del que también forman parte sus asociaciones miembro (la alavesa SEA, la vizcaína Cebek y la guipuzcoana Adegi), ha acordado «por unanimidad» mostrar su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi para su renovación como presidente de la CEOE en la próxima cita electoral que se celebrará este otoño, y cuya convocatoria se ha decidido adelantar para no coincidir con una Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a comienzos de noviembre. La patronal vasca destacó ayer que Antonio Garamendi ya recibió hace cuatro años el mismo apoyo unánime para mantener el cargo de presidente. Este miércoles el presidente de la CEOE manifestó su intención de optar a una tercera legislatura, una posibilidad que abrió en 2023 suprimiendo la limitación previa de no superar los dos mandatos.«Como entonces, Confebask valora su trayectoria y reconocida capacidad profesional y empresarial, así como su especial conocimiento y sensibilidad respecto al tejido empresarial vasco», trasladaron desde la asociación, donde señalaron que confían en que finalmente Garamendi «salga elegido de nuevo para presidir la CEOE durante los próximos años». Faltan por conocerse otros posibles candidatos. Desde la CEOE destacaron que el proceso, iniciado repentinamente esta semana para evitar coincidir con la cumbre que se desarrollará del 3 al 5 de noviembre, en la que participarán empresarios y donde la patronal jugará un papel clave, facilitará el mes de julio a quienes decidan presentarse para que puedan obtener los avales. Ver en Confebask aquí.  

Arteche culminó ayer la colocación acelerada de 100 millones con la que pretende ganar tamaño en Bolsa y obtener recursos para impulsar su crecimiento en los próximos años. La operación tiene una estructura mixta en la que cerca de un tercio del importe procede de la emisión de nuevas acciones y los dos tercios restantes corresponden a la venta de títulos de sus accionistas de referencia, que han ingresado conjuntamente otros 66,7 millones de euros. Esta reducción de la participación se ha distribuido entre todos los socios con más del 5% del capital, manteniendo inalterado el equilibrio accionarial de la empresa. La familia Artetxe, que hasta ahora controlaba el 52,38% a través de Ziskua Ber, continuará al frente del grupo. Le sigue Velora Investa, con un 20,21%, sociedad del empresario Dámaso Quintana, promotor del rescate del histórico fabricante vizcaíno de cadenas Vicinay. Entre los principales socios también figura el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), dependiente del Gobierno vasco, con un 6,4% del capital. Y Carmen Ybarra, con un 5,6%. Álex Artetxe, CEO del grupo, subrayó que esta colocación «no responde a la decisión de un único vendedor», sino que representa «un esfuerzo coordinado» para ampliar el ‘free float’. Es decir, el porcentaje de acciones que cotiza libremente en el mercado y que cualquier inversor puede comprar o vender.

Con 15 millones de euros bajo el brazo y el sueño de invertir en ‘start up’ vascas a las que ayudar a crecer, era casi un bicho raro impulsado por reconocidos profesionales e inversores locales que apostaban por crear una industria de inversión en Euskadi. Hoy, ochos años después, esa industria es una realidad y Easo Ventures, según ha confirmado DV, ultima el lanzamiento del que será ya su tercer fondo, esta vez dotado con 50 millones. Un capital con el que, según explica su director general, Pedro MuñozBaroja, se pretende «acompañar a empresas tecnológicas», principalmente vascas y españolas con propuestas rompedoras, modelos de negocio escalables y capacidades de crecimiento y desarrollo internacional. El nuevo fondo prestará especial atención a las firmas que se mueven en eso que se conoce como ‘deep tech’ (tecnología profunda), esa por la que apuesta Europa para tratar de liberarse de la dependencia exterior, y en todo lo que se refiere a digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad y transición energética. En este tiempo, Easo Ventures (que pertenece al universo de Stellum Capital y la Fundación Artizarra) ha invertido más de 32 millones de euros en cerca de 90 jóvenes empresas, principalmente firmas innovadoras en fases iniciales y de crecimiento.

A mediados de los 80, Euskadi se encontraba inmersa en una dura crisis económica debido a la reconversión industrial. La obsolescencia del modelo siderúrgico hizo que el sector sufriera una drástica reducción de capacidad productiva y con ello, el inicio del fin de empresas históricas como Altos Hornos de Vizcaya. Ante la necesidad de reinventarse, el Gobierno vasco, junto a la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Zamudio, concibió el que es hoy el Campus Zamudio/Derio del Parque Tecnológico de Euskadi, que con el paso de los años se ha convertido en un motor industrial de alta tecnología y uno de los grandes polos de innovación del territorio, y que ya tiene un índice de ocupación del 97%. Precisamente, ayer se celebró el acto oficial de los 40 años del parque, en el que se anunció la expansión del campus, que casi duplicará su tamaño con la incorporación de 1,2 millones de metros cuadrados y con las primeras empresas implantándose a partir de 2030. Actualmente cuenta con ocho campus repartidos en el territorio: Vitoria-Gasteiz, Hernani, Hondarribia, San Sebastián, Zamudio/Derio, Abanto, Leioa y Bilbao. De hecho, en el caso de Bizkaia, la operación más destacada tiene que ver con Campus Bilbao, donde se ha culminado la Punta Norte de Zorrotzaurre con la reciente incorporación de Lantek, que se une a IDOM, Mondragon, Vicomtech e Ikerlan. Según destacó ayer Basurko, se trata de «una apuesta a favor de los servicios tecnológicos avanzados que necesita la industria para hacer frente a sus retos». Este campus urbano pionero será el espacio de referencia para tecnologías que apuntan a contar con una relevancia especial en el presente y futuro de Euskadi, como la inteligencia artificial, la analítica de datos o la ciberseguridad.

Ignacio Galán, presidente del grupo, da así otro paso en la progresiva reordenación que está haciendo en la cúpula del grupo. Los cambios empezaron con el nombramiento de directores adjuntos, o codirectores (figura de deputy en inglés) en áreas clave, como la propia dirección financiera, a cuyo frente está Sainz Armada. Tal como adelantó EXPANSIÓN el 13 de junio, junto a Armada estará David Mesonero. Ese esquema dual se repite también en la secretaría general (ver EXPANSIÓN del pasado lunes 22 de junio). Ahora, Sainz Armada además se pone al frente de la filial Iberdrola España como presidente. El actual presidente, Alberto Alonso Ureba, pasa a ser vicepresidente, puesto de nueva creación en esa subsidiaria. En Iberdrola justifican este nuevo movimiento con el argumento de situar como presidentes de las filiales más relevantes a ejecutivos del grupo. Es lo que ocurre por ejemplo en ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (Estados Unidos) y Neoenergia (Brasil), presididas todas ellas por Ignacio Galán, o Iberdrola Energía Internacional, presidida por Hugh Elliott. Por su parte, Mario Ruiz-Tagle continuará siendo consejero delegado de la filial española del grupo, cargo en el que está al frente desde el año 2022. Ver nota Iberdrola aquí. 

El operador logístico integral de primera línea, Algeposa, con sede en Pasaia y una de las más importantes empresas de Gipuzkoa y de Euskadi, anunció ayer el nombramiento de Daniel Iceta Ortueta como nuevo director general. Asumió el cargo tras la jubilación de Carlos González, al que la firma ha agradecido su «compromiso y dedicación durante estos 40 años de trayectoria profesional y los 18 años al frente de la compañía». El nombramiento de Daniel Iceta, un histórico de la casa, «refuerza el proyecto empresarial de la compañía y es parte de la estrategia que afrontará los retos del futuro», resaltó la firma presidida por María Luisa Guibert. El nuevo director general cuenta con un amplio conocimiento del negocio, del sector y de la organización. Esto fue puesto en valor por parte de la empresa. «Le permitirá afrontar los retos del futuro y ser parte fundamental del nuevo plan estratégico», comentaron sobre Iceta ayer en su nombramiento.

La fina línea entre «reducir la burocracia» y «eliminar garantías» de control administrativo. Sobre ese delicado equilibrio giró ayer el debate parlamentario sobre la toma en consideración de la ley vasca de ‘Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica’. La norma, anunciada por el lehendakari Pradales al inicio del curso político, busca crear una «autopista administrativa» para acelerar la tramitación de proyectos estratégicos hasta un máximo de seis meses con el objetivo de reforzar la competitividad de Euskadi. La iniciativa, sin embargo, ha arrancado su recorrido parlamentario únicamente con el respaldo de PNV y PSE-EE, que en esta ocasión –y a diferencia de lo que ocurrió en la reforma para blindar los requisitos lingüísticos en la Administración– votaron de forma conjunta. Toda la oposición, por el contrario, rechazó el texto. La cuestión es que los partidos que sustentan al Gobierno vasco quieren tener aprobada antes de que acabe el año una norma largamente reclamada por empresas y patronales, que llevan años denunciando la lentitud administrativa como uno de los principales frenos para atraer nuevas inversiones. La reforma plantea reducir entre un 30% y un 75% los plazos de tramitación de procedimientos tan relevantes como las autorizaciones ambientales mediante la integración de trámites o la eliminación de duplicidades. El objetivo es acabar con un cuello de botella burocrático que ha favorecido que algunos proyectos hayan acabado instalándose en comunidades vecinas como Aragón.

Sólo el tiempo determinará si va a servir para frenar las sentencias o si, por el contrario, no ha sido más que un cierre en falso. Por lo pronto, el Parlamento vasco aprobó ayer una reforma de la Ley de Empleo Público que tratará de blindar la exigencia del euskera para conseguir un puesto de trabajo fijo en la Administración. Lo que sí está claro a la vista del mapa de votaciones es que este proceso ha alumbrado una infrecuente alianza abertzale entre PNV y EH Bildu, que aun así se muestra endeble al estar forjada más por necesidad que por convicción, y de paso ha consumado la mayor fractura entre jeltzales y socialistas desde que hace una década regresaron a su histórica coalición de gobierno. El último pleno ordinario del curso antes de las vacaciones de verano –hoy se lleva a cabo la última sesión de control− sirvió ayer, entre otros cometidos, para ratificar el cambio del marco legal sobre el euskera en las OPE. El visto bueno estaba garantizado desde que la víspera PNV y EH Bildu escenificaron un acuerdo por el cual el segundo se comprometía a facilitar la iniciativa del primero vía abstención a cambio de constituir una comisión de seguimiento que durante al menos tres años evalúe la aplicación de la reforma. Un pacto calculadamente ambiguo y abierto a interpretaciones diversas pero que, sea como fuere, aseguraba los 27 ‘síes’ de los jeltzales y las 27 abstenciones de la coalición soberanista, más que suficientes para hacer frente a los 21 ‘noes’ de PSE-EE,

Enpresa berritzaile, lehiakor eta nazioartekotuei buruz pentsatzen dugunean, normalean marka jakin batzuk etortzen zaizkigu burura: plataforma teknologiko handiak, hala nola Meta, Amazon, Google edo Microsoft; kontsumo-elektronikako erraldoiak, Apple, Samsung edo Huawei kasu; auto-markak, Volkswagen, Tesla, Toyota edo BYD, besteak beste; edo, energia sektoreko enpresa handiak, Saudi Aramco, Iberdrola edo Shell, adibidez. Gehiago irakurri hemen. 

La economía española mantiene la senda de crecimiento, pero da síntomas de fatiga. Al menos así lo reflejan los datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) que registraron una expansión del PIB del 0,6% gracias a la demanda interna, pero con una leve ralentización de dos décimas porcentuales con respecto a las cifras anotadas en el último trimestre de 2025. Detrás de esta pérdida de dinamismo de la economía están el menor consumo de los hogares, que moderó su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, y la formación bruta de capital, que también echó el freno al registrar una variación del 0,1%, su peor dato desde el tercer trimestre de 2024. Por su lado, el gasto público aceleró su ritmo de crecimiento tres décimas, hasta el 0,5%, y el de las instituciones sin fines de lucro avanzó 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%. Todos los sectores de actividad tuvieron avances trimestrales, salvo la construcción, que se estancó. La agricultura lideró el alza, con un avance del 3,3%, seguida de los servicios, con un 0,8%, y de la industria, con un 0,3%. Con el avance del primer trimestre, la economía española acumula 23 trimestres consecutivos de incrementos.

La economía española vuelve a desafiar las previsiones. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, anticipó ayer en Santander que la institución revisará al alza su previsión de crecimiento para 2026 (actualmente en el 2,2%) hasta el entorno del 2,4% del PIB en su próxima actualización de mediados de julio, tras constatar que los indicadores económicos están saliendo de forma sistemática por encima de lo que sus modelos contemplaban. «Sorpresivamente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional, aparece un indicador y dices: parece que es algo mejor de lo previsto», señaló sin precisar cuántas décimas. Pero en el mismo movimiento lanzó una crítica directa al Ejecutivo: aunque las previsiones son similares, el Gobierno ha utilizado deflactores que inflan las cifras de variación del PIB nominal sin que eso se corresponda con un crecimiento real equivalente. En su opinión, se trata de una forma de «mejorar artificialmente» el aspecto de las ratios fiscales. Fue en la cuarta jornada de los cursos de verano de la UIMP organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinados por BBVA. El empleo –sostenido en buena medida por los flujos migratorios– y la fortaleza del consumo interno están tirando de una economía que defrauda a quienes esperaban su desaceleración. Pero ese impulso tiene fecha de caducidad, según sus cálculos.

El comprometido horizonte financiero del sistema público de pensiones, a causa del aumento del número de jubilados con prestaciones de mayor cuantía (y revalorizadas cada año con el IPC) mientras se reduce el peso de la población en edad de trabajar, parece haber calado entre la población. Casi siete de cada diez españoles (68%) consideran que el pago de pensiones generará problemas para la economía en el corto plazo. Así lo revela la Encuesta Funcas 2026 sobre Pensiones y Educación Financiera presentada ayer, que arroja cómo en la conciencia de la población está cada vez más presente la idea de que el mantenimiento y la financiación de las pensiones constituyen un reto. Además, aunque la gran mayoría considera que serán necesarias reformas para poder garantizar la viabilidad del sistema, también son más quienes se oponen a la adopción de medidas concretas –especialmente las dirigidas a alargar la vida laboral–. Los resultados de la encuesta arrojan que el 68% declaran estar muy o bastante de acuerdo con que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para la economía. Y aunque no se observan diferencias entre hombres y mujeres, sí se aprecian algunas divergencias entre los grupos de edad. La conciencia sobre el problema de las pensiones se encuentra muy extendida en la población joven, de 18 a 30 años, y también entre quienes tienen de 31 a 45 años, donde cerca del 75% piensa que las pensiones se convertirán pronto en un problema económico importante. 

La mayor plataforma cripto del planeta afronta el cierre efectivo de su actividad en la Unión Europea el próximo martes tras un choque legal de dimensiones desconocidas. Para abogados y ejecutivos de la industria de activos digitales, Binance es el Titanic: 300 millones de usuarios, una inabarcable gama de servicios y una influencia creciente. Pero también es un nombre asociado a numerosos escándalos. Y ante la incredulidad del sector, está a punto de perder uno de sus mercados más importantes. Tiene hasta el próximo martes para obtener la licencia MiCA, necesaria para operar en la región a partir de julio, pero esta semana ha decidido cancelar los trámites iniciados en Grecia ante el rechazo del supervisor. Buscará la aprobación en otro país europeo, sin aclarar dónde, dejando a al menos medio millón de cuentas activas en España en el limbo: los usuarios deberán mover sus fondos a otro exchange regulado, a la espera de que logre la autorización en otro lugar. Desde el 1 de julio la plataforma deberá “limitar la prestación de servicios a las acciones necesarias para vender o transferir criptos, reasignar activos o cerrar posiciones. La custodia de los criptoactivos de los clientes solo puede continuar durante el periodo estrictamente necesario para completar una salida ordenada”, ha detallado el supervisor del mercado europeo, la ESMA. Así, la empresa ha comunicado que a partir de esta fecha se suspenderán la compraventa, servicios de préstamos y recompensas, aunque da un margen de 48 horas a los usuarios que tengan operaciones abiertas. Después de ese tiempo, se cancelarán automáticamente, avisa.

Uno de los mantras de muchos asesores de inversión a sus clientes en los últimos años ha sido la necesidad de diversificar más allá de las acciones y los bonos, con el objetivo de alcanzar mejores rentabilidades y tener activos relativamente inmunes a la inflación y las subidas de tipos provocadas por el rebote pospandemia y por las subidas de costes energéticos tras la invasión de Ucrania y la guerra en Irán. Resultado de ello es el auge de la presencia de los inversores minoristas –muchos de ellos usuarios de banca privada con elevados patrimonios– en fondos de mercados privados, es decir, vehículos que invierten en activos no cotizados como créditos, inmuebles e infraestructuras. Tradicionalmente, estos fondos iban destinados a inversores institucionales, más que a ahorradores particulares, ya que suelen implicar elevadas aportaciones y el bloqueo de ese capital durante los 10 años de vida de esos productos. Para dar acceso a los minoristas, las gestoras de activos privados –además de rebajar los mínimos de inversión en sus fondos– han creado estructuras semilíquidas, con ventanas que permiten cada cierto tiempo a los partícipes recuperar sus aportaciones. El fenómeno se ha concentrado en Estados Unidos, donde muchos fondos evergreen (sin fecha de vencimiento) aceptan contribuciones a partir de 25.000 dólares, pero va llegando a Europa, donde hay fondos que permiten poner 10.000 euros.

La aparente buena marcha de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán; la reapertura condicionada del estrecho de Ormuz, bajo el estricto foco de la República Islámica, y la decisión de la Administración Trump de levantar temporalmente el veto a la producción y venta de crudo iraní, siguen ejerciendo un efecto balsámico sobre la cotización del petróleo, que ayer retornó por momentos a los niveles previos al estallido de la guerra, en torno a los 72 dólares por barril, aunque después repuntó hasta los 75 por las grandes dudas que todavía suscita el proceso y por la necesidad de reponer reservas. A pesar de ello, desde que Trump anunció el pasado 14 de junio que se había alcanzado un preacuerdo con Irán para negociar la paz durante dos meses, el precio del Brent, petróleo de referencia en Europa, se ha desinflado alrededor de un 14%, aunque siempre dentro de una trayectoria tan incierta como volátil. Este proceso negociador ha sido acogido por las grandes economías internacionales con alivio y cautela a partes iguales ante la profusión de mensajes contradictorios que emanan de las dos partes en conflicto y que siembran dudas sobre lo pactado en el memorando de entendimiento sellado por Washington y Teherán. Así, mientras que Trump asegura que Irán se ha comprometido a aceptar inspecciones de sus instalaciones nucleares “del más alto nivel”, la República Islámica lo niega. Al tiempo, la Administración estadounidense asegura que Irán no cobrará en el futuro a los barcos por atravesar Ormuz, mientras que Teherán insiste en que la situación en el estrecho “no será la misma que antes de la guerra” y que en el futuro establecerá “los servicios que se prestarán” en ese enclave estratégico y, lo que es más importante, “los costes asociados de conformidad con las normas internacionales”.

La Unión Europea mira hacia los gigantes tecnológicos en sus planes para financiar las nuevas necesidades europeas, como el impulso a la competitividad y la Defensa. Las grandes compañías digitales mueven miles de millones en el continente y el Parlamento Europeo presiona al resto de instituciones comunitarias para aprobar un tasazo digital que permita a la región hacerse con hasta 43.000 millones de euros de este pastel. La Eurocámara lleva tiempo trabajando en ello e incluso esta misma semana celebró una reunión en la Comisión de Presupuestos (BUDG) en la que se abordó la cuestión de forma material, con diferentes presentaciones de expertos y poniendo cifras sobre la mesa. La idea del Parlamento Europeo es que se implemente como un impuesto a nivel europeo, es decir, en los Veintisiete Estados miembros, de tal forma que evite una fragmentación fiscal en la región. Además, la recaudación se utilizaría para alimentar el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), el presupuesto comunitario para el periodo entre 2028 y 2034. “La introducción de un impuesto sobre los servicios digitales a escala de la UE podría eliminar el problema de la fragmentación y proporcionar a la Unión una fuente de recursos propios de gran visibilidad. No obstante, cualquier paso adicional para implementar un impuesto de esta índole debería tener en cuenta las cuestiones relativas a la competitividad, la innovación, la administración y las relaciones internacionales”, expresa el informe.

El poblado vascón de Irulegi descubierto en el valle de Aranguren y en el que se trabaja desde hace una década ha proporcionado un nuevo hallazgo muy relevante referido a la escritura vascónica y su relación primigenia con el euskera actual. En la misma casa en la que se localizó la famosa mano de Irulegi con la inscripción ‘sorioneku’, considerado el testimonio escrito más antiguo de la lengua vascónica, los investigadores de Aranzadi que lideran la excavación de este yacimiento, en colaboración con expertos lingüistas y epigrafistas de distintas universidades, han descifrado lo que podría ser el primer numeral vascónico: ‘Abar’. Una inscripción que se correspondería con el número en euskera ‘hamar’ (diez), que identificaría la capacidad de la vasija en la que se ha localizado. El descubrimiento no solo abunda en la importancia de aquella inscripción interpretada en la mano de bronce que ocupó la puerta de una de las tres viviendas de este poblado prerromano, sino también en las relaciones del pueblo vascón con otros asentamientos prerromanos ibéricos o celtibéricos y los idiomas prelatinos que utilizaban para su comunicación. El hallazgo fue anunciado ayer en Pamplona por el arqueólogo de Aranzadi y director del yacimiento de Irulegi, Mattin Aiestaran; y el epigrafista que ha trabajado junto a otros dos lingüistas en la interpretación de este hallazgo, Javier Velaza, catedrático de la Universidad de Barcelona.