20220830

La Unión Europea (UE) está preparando medidas de emergencia para frenar el aumento vertiginoso de los precios de la electricidad, ya que el coste de la energía está batiendo récords en todo el continente y las empresas de servicios públicos están recurriendo al Estado en busca de un apoyo de emergencia. Mientras los funcionarios de la UE trabajan para suavizar estos efectos, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo ayer que el aumento en los precios de la electricidad estaba “exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad”. En un discurso en Eslovenia, Von der Leyen aseguró que la Comisión estaba trabajando en una “intervención de emergencia”, así como en reformas estructurales del mercado eléctrico. “Necesitamos un nuevo modelo de mercado para la electricidad que realmente funcione”, dijo. A medida que aumenta la inflación y la amenaza de una recesión, crece la presión en las capitales de la UE para que el bloque comunitario reforme el mercado energético cortando el vínculo entre la electricidad y los precios del gas, que se disparan. El precio de referencia de la electricidad en Europa ha aumentado 10 veces su promedio de una década, en línea con el aumento del coste del gas, que se ha multiplicado por 14 por temores a problemas en el suministro durante el invierno.

Ben van Beurden, el consejero delegado de Shell, ha advertido de que Europa podría tener que racionar el acceso a la energía durante varios años, ya que la crisis a la que se enfrenta es probable que dure más de un invierno. El primer ejecutivo de la mayor empresa petrolera y gasística de Europa ha realizado esta advertencia después de que nuevos cortes en el suministro ruso hicieran que los precios mayoristas del gas natural en Europa alcanzaran un récord la semana pasada, amenazando con sumir la economía del continente en una profunda recesión. “La crisis pondrá a prueba la solidaridad entre los Estados miembros de la UE, ya que los Gobiernos se verán obligados a decidir cómo mantener en funcionamiento las industrias clave, mientras la región se prepara para un futuro sin acceso al gas ruso. Es muy posible que durante varios inviernos tengamos que encontrar soluciones mediante el ahorro de energía, el racionamiento y un rápido desarrollo de alternativas. Que esto vaya a ser fácil de solucionar o que se acabe la escasez creo que es una fantasía que deberíamos olvidar”, ha señalado Van Beurden. Los Gobiernos de toda Europa se enfrentan a una crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y los consiguientes cortes en el suministro de gas. Los políticos europeos han declarado que Rusia está “usando el gas como arma”. El precio de referencia del gas en Europa se disparó casi un 33% la semana pasada y superó los 343 euros por megavatio hora el viernes, ya que los tráders y las empresas de servicios públicos se apresuraron a asegurarse el suministro de cara al invierno. Esta cifra es más de 30 veces mayor que el precio de hace dos años, y más de 10 veces mayor que el precio actual en EEUU.

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá hoy un 8,51%, hasta los 459,4 euros por megavatio hora (MWh), tocando así un nuevo máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica, según los datos de Omieo. La espiral de precios altos de la luz que se ha dado a lo largo de la última semana ha estado impulsada por unos niveles del precio del gas natural en niveles máximos, debido, principalmente, al anuncio de Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y durante tres días el bombeo de gas a Alemania. En ausencia del mecanismo de la excepción ibérica para topar el precio del gas para la generación de electricidad, el precio de la electricidad en España sería de media unos 521,3 euros/MWh, lo que supone unos 61,9 euros/MWh más que con la compensación para los clientes de la tarifa regulada. El mecanismo ibérico, que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, presenta el jueves el segundo borrador del Plan de Contingencia Energética de Euskadi, en el que se han incorporado algunas aportaciones realizadas a lo largo de este mes por parte de instituciones, organizaciones empresariales y sectores directamente implicados. El Gobierno vasco considera «constructivas» las aportaciones recibidas y señala que van en la línea de lo planteado en el primer borrador, dado a conocer el pasado día 12, por lo que no se esperan modificaciones importantes.

Todavía faltan tres semanas para que llegue el otoño, que se prevé caliente como les gusta decir a los analistas económicos debido a las subidas de precios, la falta de materias primas y la negociación de los convenios. Esa sensación de dificultad se percibe también en Michelin-Vitoria, uno de los principales motores de la industria en Álava y Euskadi junto a la factoría de Mercedes Benz, que ayer arrancaba la producción tras cuatro semanas de cierre por vacaciones. Mientras que en el fabricante alemán la cadena de montaje se ha vuelto a poner en marcha a pleno rendimiento y con las mejores expectativas, la planta productora de neumáticos empieza a sufrir las consecuencias de un sector muy vulnerable desde la pandemia. Michelin paralizará la producción de ruedas de turismo durante tres de los cuatro fines de semana de septiembre; solo se salvará el próximo. Esta decisión, trasladada por la dirección de la fábrica alavesa a los representantes del comité, tendrá un impacto directo en 840 trabajadores de los talleres del neumático ‘pequeño’, el 25% de una plantilla que suma cerca de 3.500 efectivos. Doce equipos cancelarán la producción los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de septiembre –ya había algún turno suspendido de manera puntual– y dejarán de hacerse 132.000 neumáticos. «Se está registrando una caída de pedidos en las últimas semanas. Es lo que nos ha trasladado la empresa», reconocían ayer portavoces sindicales.

El fabricante de bicicletas vasco facturará este año 350 millones de euros, gracias al viento de cola de la nueva movilidad y el cuidado del medio ambiente. Aprovecha el viento de cola de la nueva movilidad y el aire libre y pulveriza todas sus previsiones de negocio: en 2021 aumentó ventas un 41% y alcanzó 282 millones de euros; y duplicó sus beneficios, hasta 40,7 millones. La buena racha seguirá en 2022, pese a los problemas de suministro y logísticos, según los responsables del grupo de Mallabia (Bizkaia). Este año, la facturación crecerá un 24% y se colocará en 350 millones, duplicando con creces las cifras de 2019, año del estallido del Covid, de acuerdo con sus estimaciones. Ese ejercicio, la cooperativa registró ventas de 168 millones, y sus ganancias rozaron los 9 millones. Según la empresa, la pandemia dio un empujón al negocio, pero la actividad llevaba ya 6 años de buen ritmo y de crecimiento consecutivo, tras los cambios estructurales, de procesos y de instalaciones adoptados la pasada década. Orbea decidió apostar por la marca –que aspira a colocar en el pelotón de los grandes internacionales, junto a Specialized, Giant, Canyon y Scott– y por la omnicanalidad; y cerró sus plantas en China y su filial australiana. Con vistas al futuro, el grupo espera aumentar sus inversiones para ampliar la capacidad de instalación y de logística, así como para innovar en desarrollos tecnológicos. Entre sus proyectos, trabaja en nuevos materiales para producir componentes que tradicionalmente se han fabricado sólo en países asiáticos.

Los datos del Puerto de Bilbao, aunque registran una mejora en el tráfico de mercancías que se incrementa 1,5 millones de toneladas sobre los siete primeros meses del año pasado (un 7,96% más), no son suficientes para volver al escenario previo al estallido de la pandemia. Según la estadística de tráfico marítimo hasta el mes de julio, publicada ayer por Puertos del Estado, por el de Bilbao se han movido en los siete primeros meses del año 19,21 millones de toneladas, frente a los 17,79 del mismo periodo del año anterior. En cualquier caso, lejos de los 20,39 millones que se contabilizaron de enero a julio de 2019. En las cifras se sigue acusando un estancamiento del tráfico de contenedores, que se redujo un 2,7% con 3,2 millones de toneladas evidenciando los efectos de los paros en el sector de la estiba que bloquearon el puerto en 2020 y 2021, así como los de la huelga del transporte de camiones del pasado mes de marzo. Por su parte, el de  Pasaia es uno de los siete muelles del Estado que registra una caída en el tráfico de mercancías hasta julio. Cae un 6,8% por la guerra y la huelga de transporte.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, buscará ampliar los consensos para hacer frente al deterioro económico y la crisis energética. Con este espíritu, Urkullu preside hoy la apertura del curso político en el Palacio de Miramar de San Sebastián, en donde encabezará la reunión del Consejo del Gobierno Vasco tras el parón estival. Su apuesta –que será explicitada en el pleno de política general del día 22 de este mes– pasa por ampliar los entendimientos tejidos en los últimos meses y que los hilvanados, por ejemplo, en el ámbito de la Educación puedan extenderse a otras esferas a poder ser de forma transversal. El contexto sigue marcado por las amenazas a la situación económica derivadas de la guerra de Ucrania, con una escalada de precios sin precedentes y una crisis energética que ha obligado a la puesta en marcha de planes de contingencia. Urkullu confía en el valor del acuerdo, de entrada con la Administración central para abordar las medidas de ahorro. El Gobierno Vasco ha trasladado ya sus criterios al Ejecutivo central y espera que las traslade a la UE. Su diagnóstico es que el acuerdo también es un gran activo en la sociedad vasca en un escenario mediatizado por el ruido. A partir del blindaje que supone el Gobierno de coalición PNV-PSE con mayoría absoluta, el lehendakari quiere extender el máximo consenso a las estrategias económicas y sociales que haya que poner en marcha ante la prolongación de la guerra, una variable bien previsible en Europa. Es un capítulo en el que el pacto no resulta sencillo. La oposición de izquierda –EH Bildu y Elkarrekin Podemos– reclama abrir el melón de la reforma fiscal, un criterio que el PNV rechaza. El segundo flanco en el que la oposición puede centrar su discurso crítico es en la situación de Osakidetza, y, en particular, de la atención primaria. En todo caso, Urkullu va a pretender buscar el entendimiento ‘de país’ ante determinadas cuestiones que pueden condicionar el futuro como pueden ser el acelerado envejecimiento demográfico y las políticas de promoción del uso social del euskera a pesar de constatar los claros avances logrados en la euskaldunización de las nuevas generaciones.

El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, amplió ayer hasta los 12,9 millones el programa de ayudas a microempresas para el mantenimiento del empleo. La decisión obedece al alto volumen de solicitudes recibidas para la partida inicial, fijada en 10,5 millones, a los que Lanbide sumará otros 2,4 millones tras su aprobación hoy en Consejo de Gobierno. El Departamento de Trabajo y Empleo informó ayer de que a propuesta de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, el Consejo de Gobierno aprobará ese incremento de recursos económicos del programa ‘Nuevos proyectos territoriales para reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y Microempresas’, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation. Esa nueva cantidad de 2,4 millones, también vinculada a fondos europeos, se suma a los 10,5 millones ya concedidos inicialmente y se pretende con ella «ayudar al emprendimiento y a las empresas que hayan realizado inversiones para la transición ecológica y digital». La convocatoria, aprobada el pasado diciembre, busca apoyar el mantenimiento de la actividad y del empleo en microempresas que hayan realizado inversiones dirigidas a facilitar su transición hacia una producción más respetuosa con el medio ambiente o más digitalizada.

El déficit de profesionales en tecnologías de la información ha llevado a Ibermática a la puesta en marcha de una estrategia poco habitual en el sector para la captación de talento. El grupo de San Sebastián dará una prima de 600 euros a cada trabajador que “capte” a un empleado cualificado, con la condición de que se mantenga en la plantilla un periodo mínimo de medio año, un plazo necesario para saber si está implicado o no con el proyecto. Ibermática ha vuelto a ser noticia este verano porque la corporación Ayesa ha adquirido el 100% de su capital para alumbrar un grupo de servicios digitales con una facturación global de 600 millones y con una plantilla de más de 11.000 trabajadores. La empresa vasca aporta unas ventas de 276 millones y 4.750 empleados, según datos al cierre del ejercicio pasado. El consejero delegado de Ibermática, Juan Ignacio Sanz, ya había advertido el pasado junio del déficit de talento del sector. Un problema que se ha agudizado por los planes digitales de corporaciones como Google, que busca 5.000 profesionales en España, y más recientemente de BBVA. El banco azul ya ha incorporado un millar de ingenieros especializados en tecnologías de la información en el primer semestre del año y espera duplicar esa cifra de “fichajes” para finales de año. Cerca de esas 400 contrataciones, sobre las 2.000 citadas, se producirán en España.

La tensión entre Yolanda Díaz y los empresarios va en aumento. Después de que el vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, tachara a la ministra de Trabajo de «arrogante» por su «apoyo explícito» a las manifestaciones sindicales por la subida de los salarios, la vicepresidenta reiteró su posición alegando que Antonio Garamendi (presidente de la CEOE) sabe que una inflación por encima del 10% «es insoportable para las familias». Más allá, Díaz afirmó que actualmente la patronal «no está a la altura de su país». «Los trabajadores tienen razón», aseguró en una entrevista en la Ser, en la que recordó que la inflación no está provocada por los salarios porque «no es una crisis de demanda». En este sentido, destacó un informe del Banco de España en el que se ponía de relieve que las grandes empresas han aumentado sus beneficios un 62% este año. Por ello, considera que los sindicatos tienen «toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal española» porque «es necesario» subir los salarios en España, aunque aseguró que ella no va a acudir a estas manifestaciones. «La patronal se levantó de una mesa el pasado 5 de mayo diciendo que no quería subir los salarios y hasta julio se han suscrito solo 450 convenios cuando lo normal son 2.000. Está bloqueando la negociación colectiva y esto es grave», afirmó.

Las críticas al impuesto sobre bancos y eléctricas que ha propuesto el Gobierno para sufragar la batería de medidas sociales contra la inflación no llegan solo del lado de los afectados. Ayer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) criticó la medida y aclaró que estos sectores no son los que más están ganando con la inflación. Según su director ejecutivo, Ángel De la Fuente, el único argumento que aporta el Gobierno es que los grandes bancos y energéticas incluidos en el Ibex-35 tienen ya «muchos beneficios» (unos 20.000 millones en 2021 en el primer caso y 9.000 en el segundo, según se dice), «junto con la suposición, poco argumentada», de que es probable que estos tiendan a aumentar en un futuro próximo. Sin embargo, De la Fuente, indica que el volumen total de beneficios de estas empresas no es suficiente para llegar a la conclusión de si pueden considerarse o no excesivos o, al menos, «atípicos». En este sentido, apunta que si se ponen en relación con el capital invertido, calculando la rentabilidad sobre recursos propios, «ni los bancos ni las energéticas están entre los sectores más rentables en 2021». Así, afirma que «claramente por delante» están la industria, el comercio y la hostelería, con rentabilidades en torno a dos puntos superiores, y más aún, el sector de información y comunicaciones, cuya rentabilidad más que duplica la de los sectores bancario y energético. Fedea considera que la norma, que pretende crear sendos gravámenes extraordinarios sobre ciertas partidas de ingresos de los principales bancos y empresas energéticas del país durante los años 2022 y 2023, establece con «arbitrariedad» estas nuevas exacciones «a dedo» y sienta dos precedentes «muy preocupantes»

El Gobierno había prometido «velocidad de crucero» en la ejecución de los fondos europeos Next Generation en 2022, pero lo cierto es que en la primera mitad del año sólo ha desembolsado un 9% de los 28.000 millones que tenía presupuestados para este año. Además de las barreras burocráticas y del colapso en los trámites, uno de los motivos principales de este bajo ritmo de gestión que está atascando la viabilidad y la ejecución de las ayudas está en la falta de personal en las Administraciones Públicas para llevar a cabo el trabajo. El Ejecutivo es el que canaliza los fondos europeos en la economía del país, pero una parte importante de ellos acaban transfiriéndose a otras administraciones –principalmente comunidades– para que ellas a su vez los ejecuten. Compartir esta gestión supone, en la práctica, no sólo que el Gobierno desconoce qué cantidad de fondos han llegado a las empresas y posibles beneficiarios, sino que tampoco sabe cuántos funcionarios se están ocupando de su gestión y si hace falta reforzar la plantilla para agilizar el proceso. «No tenemos datos del volumen de personal actualmente destinado a trabajar en los Fondos Next Generation en la Administración del Estado y tampoco del total de las Administraciones Públicas españolas», admite el Ministerio de Hacienda. 

El pesimismo se cierne de nuevo sobre los mercados financieros. Después de acusar un viernes negro, las Bolsas europeas siguen digiriendo las palabras que Jerome Powell entonó en el simposio de los bancos centrales de Jackson Hole. El presidente de la Reserva Federal confirmó que en los próximos meses mantendrá la mano dura en la lucha contra la inflación, que se encuentra en su nivel más alto en 40 años. Ante más subidas de tipos, los parqués del Viejo Continente vivieron ayer otra sesión en rojo: el Ibex 35 cedió un 0,92% y perdió los 8.000 puntos; el Cac francés, un 0,83%; el Dax alemán, un 0,61% y el Ftse mib italiano, un 0,24%. Londres permaneció cerrada por festivo, mientras que Wall Street tampoco consiguió levantar cabeza tras el batacazo del viernes: al final de la jornada el Dow Jones y el S&P 500 perdían un 0,57% y un 0,66% respectivamente. Dentro del selectivo español, la mayoría de los valores perdieron posiciones. Las eléctricas destacaron entre las empresas más perjudicas. 

Alemania, Italia y Japón han alcanzado por primera vez sus niveles de PIB previos a la pandemia, según los datos publicados ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con esto, todos los países del G7 han igualado o superado el crecimiento de 2019. La mejor evolución es para Italia, que registró en el segundo trimestre de este año un crecimiento acumulado del 1%. El repunte del país asiático ha sido un poco más modesto: de apenas el 0,2%, lo suficiente para dejar atrás los golpes económicos asestados por la pandemia. El caso alemán fue el peor, pues se quedó igual que en el último trimestre de 2019. En cualquier caso, la positiva evolución de estos tres países ha contribuido a que el G7 se anote un aumento del 1,9% respecto a hace dos años y medio. España, por contra, aún se mantiene por debajo de los niveles pre-Covid. Fuentes académicas consultadas precisan que el país necesita una tasa de crecimiento real del 4,1% para alcanzar el nivel real de 2019. A su vez, las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, publicadas en julio retrasan la recuperación del zarpazo económico hasta el primer trimestre de 2024. Esto es, después que el resto de los grandes países europeos.