20221229

«Si las diputaciones forales hubiesen querido subir la presión fiscal a los grandes patrimonios lo podían haber hecho con normalidad. No tenían más que aprobar una nueva escala de gravamen en el Impuesto de Patrimonio. Pero no lo han hecho. El Impuesto de Grandes Fortunas se ha diseñado para abordar una armonización en todo el Estado. Pero, ¿autoarmonizarse en el País Vasco? No tiene sentido. Estoy convencido de que no se va aplicar», aseguró ayer a El Correo el catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU Ignacio Zubiri. Los Gobiernos central y vasco acordaron el pasado miércoles concertar el nuevo Impuesto de Grandes Fortunas. Esto supone la reforma del Concierto Económico –se abordará en las próximas semanas en el Congreso–; admitir que las diputaciones y las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa tienen capacidad para elaborar su propia legislación sobre este asunto y, en su caso, recaudar lo que corresponda de los contribuyentes afectados. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, admitió minutos después de alcanzar ese pacto que 2022 terminaría sin que hubiese una legislación en vigor en Euskadi que regule ese nuevo tributo. No así en el resto de comunidades autónomas, donde se aplicará según el valor que tengan los patrimonios el próximo día 31 de diciembre. La tesis del catedrático Zubiri –«si quisieran ya lo hubiesen hecho»– no es una mera especulación. Tiene su contraste en la decisión del Ejecutivo foral de Navarra, que aprobó el pasado mes de noviembre la modificación del Impuesto de Patrimonio, para elevar los tipos de gravamen por encima de los 3 millones de euros. Exactamente el punto a partir del cual nace el de Grandes Fortunas.

Hasta finales del próximo 2023 no prevé la Hacienda guipuzcoana que esté aprobado este controvertido tributo, que además apenas afectaría a 150 contribuyentes de Gipuzkoa, eso sí, los más ricos del total de las aproximadamente 8.200 personas que pagan actualmente el Impuesto de Patrimonio, por el que Gipuzkoa recaudó en 2021 un total de 70,8 millones de euros. Hacienda no se atreve a precisar qué cifra recaudaría con el nuevo ‘impuesto a los ricos’, aunque avanza que no se prevé que sea especialmente significativa.Tras el acuerdo formal alcanzado el martes en la Comisión Mixta, que reunió a representantes del Gobierno central con el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, y los tres diputados generales, entre ellos el de Gipuzkoa, Markel Olano, comienza la labor administrativa del Ejecutivo foral. Tras la cita del martes, Gipuzkoa ya tiene capacidad normativa sobre este nuevo tributo que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para contrarrestar la estrategia de las comunidades autónomas del PP de eliminar de facto el Impuesto de Patrimonio al declararlo exento en Madrid o Andalucía. No obstante, Euskadi ve con recelo este nuevo tributo al defender que en el País Vasco ya está funcionando el de Patrimonio, defendido hasta la saciedad por el diputado de Hacienda, Jokin Perona. De hecho, no es descartable que para el futuro nuevo tributo Gipuzkoa aplique el mismo tipo de gravamen que utiliza ahora para Patrimonio, lo que en la práctica dejaría a los contribuyentes exentos del nuevo tributo a las Grandes Fortunas. 

Los despachos de abogados de Madrid que actúan como asesores de grandes patrimonios están desbordados estos días. Sus clientes son presa de una urgencia inaplazable, para estructurar su patrimonio antes del 31 de diciembre, con el objetivo de minimizar el impacto del nuevo Impuesto sobre Grandes Fortunas. La donación de una parte del patrimonio –principalmente hijos y cónyuges– se ha convertido en una de las vías de escape para intentar reducir las propiedades a nombre de un mismo contribuyentes y reducir con ello la factura tributaria y la progresividad del nuevo impuesto. Y ello aunque la operación tiene un buen número de efectos colaterales, como la contabilización de plusvalías en los donantes, junto al riesgo lógico de perder definitivamente el control sobre los activos que se ceden. «Se prepara una auténtica oleada de recursos legales contra el nuevo impuesto –aseguran en un despacho fiscalista de Madrid–, porque frente a la tesis inicial de rebelarse se ha impuesto el criterio racional. Primero se paga y a continuación se recurre hasta donde haga falta». Hasta ahora, añaden en el sector del asesoramiento tributario, los grandes patrimonios de Madrid habían «descuidado su planificación fiscal». Esto es, no se habían preocupado en exceso por crear estructuras adecuadas y legales para reducir la presión fiscal sobre el patrimonio. «Sencillamente, porque no lo necesitaban. Ahora están teniendo que hacerlo a marchas forzadas y en un tiempo récord», añaden. En ese caldo de cultivo es donde se han disparado las donaciones a familiares directos. Otra de las carreras de última hora entre los grandes patrimonios madrileños se disputa en la ‘adaptación’ de muchas empresas familiares.

El Ejecutivo aprovechó el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de diciembre para justificar de forma prolija las razones que le han llevado a aplicar un impuesto a la banca que gravará con un tipo del 4,8% tanto el interés como el margen de interés de aquellas entidades que hubieran ganado más de 800 millones de euros por ambos conceptos en 2019. Las estimaciones del Gobierno elevan la recaudación por este tributo a 3.000 millones de euros entre 2022 y 2023 a razón de 1.500 millones cada ejercicio. Frente a los malos augurios de la Asociación Española de la Banca (AEB), que advertía del impacto negativo en la concesión de crédito, el Ejecutivo sacó toda la munición en el texto que detalla la letra pequeña del impuesto a la banca para describir a un sector que, al igual que el energético, cree que ha nadado y sigue disfrutando de una abundancia de beneficios pese al parón económico. “No parece que suponga [el impuesto] un importe desproporcionado si se consideran los beneficios pasados o estimados para los próximos años y los dividendos distribuidos a los accionistas”. Y para ello tira de las estadísticas de la CNMV que revelan que los cinco gigantes que forman parte del Ibex 35 (Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander) “consiguieron casi 20.000 millones de beneficio en 2021”. Y suma a esos buenos augurios la última previsión de Morgan Stanley. “Con anterioridad al anuncio de subida de tipos del BCE calcula en 26.000 millones los beneficios en 2023”. Un crecimiento del 30% en dos años en un contexto hiperinflacionista y en el que, por ahora, se han producido cuatro subidas de tipos desde el pasado 21 de julio, pasando del 0% al 2,5%. Y precisamente utiliza el encarecimiento del precio del dinero como la principal razón que va a acelerar los beneficios de la banca. Cruzando la estadística sobre el Impuesto de Sociedades con la de los tipos medios de las hipotecas, el Gobierno analiza tres horquillas diferentes para calcular los futuros ingresos. 

Entrevista con Juan Mancisidor, Director de Fabrika. Un centenar de firmas guipuzcoanas se entrenan ya en el método de transformación cultural de empresas Fabrika, aunque con el nuevo edificio que Adegi inaugurará en enero se prevé un importante incremento de la actividad en lo próximos meses, así como su paulatina apertura a compañías y organizaciones de fuera de Gipuzkoa. Con el nuevo edifico que Adegi inaugurará el 13 de enero se prevé un importante incremento de la actividad en los próximos mese, así como su paulatina apertura a compañías y organizaciones de fuera de Gipuzkoa. "Hemos constatado que los equipos que entrenan y mejoran la parte relacional acaban rindiendo más". "Por Fabrika pasan organizaciones de todo tipo: de industria, servicios, pequeñas, grandes, instituciones". 

Los nuevos presidentes de la Cámara de Comercio de Bizkaia, José Ignacio Zudaire, y el de la guipuzcoana, Mauricio Arregui, así como el máximo dirigente de la alavesa, Gregorio Rojo, que revalidó el cargo tras el proceso de renovación en las entidades camerales cerrado el pasado de noviembre, se reunieron ayer con el lehendakari. El encuentro, de carácter protocolario, sirvió a Iñigo Urkullu para recibir a las estructuras directivas de las Cámaras vascas un día después de reunirse con Confebask. También participaron en la cita la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y el titular de Comercio, Consumo y Turismo, Javier Hurtado.

La ACB de Sestao, en la que trabajan 270 personas, afronta el nuevo año parada, sin fecha para su arranque y con la prórroga de su ERTE hasta junio del año que viene. La dirección de la acería y el comité pactaron ayer esta ampliación del expediente, que es el doble de la acordada para el resto de plantas de ArcelorMittal en España, donde el ERTE solo se estira hasta finales de marzo, según lo negociado en la mesa general. La ACB de Sestao cuenta con convenio propio y por eso la prórroga del expediente de suspensión de empleo ha tenido que debatirse en una mesa diferente, después de que el martes se alcanzase un acuerdo en la general. Finalmente ayer a la mañana se pactó la ampliación para seis meses, con el apoyo de UGT y CC OO y el rechazo de ELA y LAB. Ante la debilidad de la demanda y los costes energéticos, la dirección había planteado extender las actuales condiciones del ERTE, que garantiza el 90% del salario bruto anual, durante todo 2023. Pero tras las negociaciones con la parte social se ha dejado en un semestre, «a la espera de cómo evoluciona el mercado y de la posibilidad de reanudar la actividad», según apuntaron fuentes sindicales. La ACB ha tenido un año muy difícil. Estuvo parada entre diciembre de 2021 y principios de marzo. Ya arrancó con problemas por la escalada de la electricidad tras la guerra, lo que hizo que solo se mantuviera activa entre abril y julio. Tras la parada estival no ha vuelto a ponerse en marcha porque a los costes energéticos se ha sumado la desaceleración económica.

Las familias vascas vulnerables podrán beneficiarse también en este nuevo año de un bono de ayuda a la compra que el Gobierno Vasco pondrá en marcha a partir del 13 de enero para hacer frente a la subida de los precios de la alimentación. Una ayuda que se sumaría a la de 200 euros anunciada por el Gobierno central el pasado martes, cuyo impacto en Euskadi se desconoce, aunque no se prevé que afecte a muchas personas dadas las numerosas condiciones a cumplir. En el caso de la ayuda del Gobierno Vasco, serán unas 2.500 las familias beneficiadas en Euskadi (unas 10.000 personas), con cuantías por definir pero que oscilarán entre los 150 y 300 euros y habrá tres tandas de pago anuales, según fuentes del Ejecutivo autonómico. Algunas de ellas podrían percibir también la ayuda estatal, aunque se desconoce cuántas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, puso ayer el listón muy alto para cobrar los 200 euros del Estado (en un pago único) ya que se debe tener una renta menor de 27.000 euros, un patrimonio no superior a 75.000 y no ser ni pensionistas ni perceptor del Ingreso Mínimo Vital, lo que achica bastante el abanico en Euskadi. Solamente de las 568.752 pensiones que se pagan en el Euskadi, el 75% –429.950– suponen unos ingresos inferiores a los 27.000 euros marcados por las condiciones del cheque de 200 euros, pero que no podrán acceder a la ayuda. En cuanto a las ayudas sociales, el IMV llega en el País Vasco, según fuentes del departamento de Empleo del Gobierno Vasco, a un total de 20.000 ciudadanos que tampoco podrán acceder a la medida anunciada.

“La reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”. Este párrafo pertenece al real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el que el Gobierno quiere desplegar un mecanismo de control con el que controlar que las empresas y distintos agentes que intervienen en la cadena agroalimentaria y la distribución no aprovechan la rebaja aprobada en el IVA de alimentos básicos para absorberla con subidas de precios que aumenten sus beneficios. La medida, en concreto, consiste por un lado en la rebaja del 4% al 0% del IVA aplicado a los alimentos considerados básicos, que son el pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales, y, por otro, bajar del 10% al 5% el que grava aceites y pastas. Estas rebajas de IVA entrarán en vigor el 1 de enero y se aplicarán al menos hasta el 1 de julio, aunque la norma aprobada prevé la posibilidad de anularlas antes, a partir del 1 de mayo, en caso de que la inflación subyacente –la que no tiene en cuenta energía ni alimentación– de marzo, que se publicará en abril, baje del 5,5% –el último dato, de noviembre, se situó en el 6,3%, mientras que la inflación de los alimentos fue del 15,3% y la general del 6,8%–. Una vez aprobada la medida, ahora la inquietud en el Gobierno es que no sea anulada por una subida de precios por parte de las empresas con las que estas aumenten sus beneficios.

Durante la comparecencia en la que ha hecho balance del año de la reforma laboral, la vicepresidenta se ha desmarcado de las bondades que supondrá la rebaja del IVA de los alimentos. Díaz, que criticó durante un acto de su proyecto político, Sumar, la propuesta de bajar el IVA a los alimentos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que esta medida “solo beneficia a una parte”, en referencia a las grandes distribuidoras, no se retractó de sus palabras pese a que esta medida fue aprobada por el Gobierno del que forma parte. Díaz reconoció que la medida “no va a ayudar” a paliar los efectos de la inflación. Aunque la decisión no ha gustado en el seno del partido morado, Díaz se excusó en que las medidas fueron negociadas y tuvieron que ceder ambas partes para que el real decreto llegara a buen puerto. Díaz explicó que igual que el PSOE no pretendía congelar la subida de los contratos de alquiler, medida que finalmente fue aceptada, la formación morada cedió en la rebaja del IVA. Pese a ello, Díaz reconoció la “magnitud extraordinaria” de la batería de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y explicó que su postura se mantiene debido a que la medida se aplicará solo sobre productos muy específicos, como los considerados esenciales que pasarán de tributar el 4% al 0% de IVA. Además, la ministra del ramo afirmó que la CNMC velará porque las distribuidoras no asuman ganancias de la bajada impositiva, que era la mayor preocupación de Díaz.

El primer año desde la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma laboral se cumplió ayer. La norma, que posteriormente saldría adelante en el Congreso tras una carambola legislativa —tuvo que mediar un error en el voto telemático por parte del diputado popular Alberto Casero— celebra su aniversario en un buen momento: el número de ocupados en España alcanzó los 20.545.700 trabajadores en el tercer trimestre del año y el desempleo se sitúa por debajo de los tres millones, dos cifras que no se veían desde 2008, según la Encuesta de Población Activa (EPA). La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enarboló ayer estos datos para defender el “éxito” de la reforma. “Se ha acabado el bipartidismo en las políticas laborales en este país”, afirmó la también vicepresidenta segunda del Gobierno, que defendió que en España se han hecho 52 reformas laborales “que caminaban en una única dirección: desregular el mercado de trabajo y recortar los derechos de los trabajadores”. “Recuerden aquel presidente del Gobierno que soñaba con un país con 20 millones de trabajadores”, señaló Díaz en referencia a una de las promesas electorales de Mariano Rajoy en la campaña de 2016. Cumplido aquel hito, y con mejoras en paro y paro juvenil —con más de 2,9 millones de jóvenes trabajando, la mejor cifra desde 2011— el recorrido para equipararse con la eurozona es largo: España sigue a la cabeza de Europa en desempleo (12,5%) y prácticamente dobla la media comunitaria del 6,5%, según los últimos datos registrados por Eurostat. En desempleo juvenil (menores de 25 años) también lidera la eurozona, con una tasa del 32,3% que duplica la media comunitaria.

La economía española no solo evita la catástrofe sino que cerrará 2022 con un crecimiento del PIB superior al 5% anual, según los cálculos de la mayoría de analistas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La movilización de 30.000 millones de euros en los distintos planes anticrisis y los fondos de la UE han facilitado esta situación. La Autoridad Fiscal prevé que el PIB crezca un 0,3% entre octubre y diciembre. La economía española no solo evita la catástrofe, sino que cerrará 2022 con un crecimiento del PIB superior al 5% anual. El guarismo, que ya circulaba por los centros de estudios económicos, fue ratificado el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención para hacer balance económico del año. España ha resistido a un año repleto de incertidumbres desatadas a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La guerra avivó la crisis energética, que despertó al monstruo de la inflación, que a su vez precipitó la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Mientras tanto, el bolsillo de las familias no hacía más que menguar. La fotografía alumbraba un invierno repleto de nubarrones, pero estos no han terminado de descargar y provocar una tormenta. Al menos hasta ahora.

Según una encuesta realizada por Financial Times, la economía de la eurozona se contraerá el año que viene debido a la elevada inflación y la posible escasez de energía, que provocarán una caída de la producción y un cambio de tendencia en el mercado laboral. Casi el 90% de los 37 economistas encuestados por FT opinan que la eurozona ya se encuentra en recesión y la mayoría coincide en señalar que el Producto Interior Bruto se contraerá durante todo el próximo año. “Los mercados del gas en Europa siguen suponiendo un riesgo”, asegura Chiara Zangarelli, economista de Morgan Stanley. “Interrupciones adicionales del suministro, o un invierno especialmente frío, podrían provocar nuevas tensiones y más subidas de precios, lo que haría caer aún más la demanda”, añade. La mayoría de los economistas coinciden en señalar que Europa ya ha pasado lo peor de la crisis energética, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Un otoño suave permitió que las instalaciones de almacenamiento de gas natural se mantuvieran casi a plena capacidad. Sin embargo, muchos temen que la perspectiva de un racionamiento energético pueda volver el año que viene, sobre todo si este invierno fuera más frío de lo habitual, agotando los suministros, o si los flujos de gas procedentes de Rusia se reducen aún más durante 2023.

Ya hay más proyectos de los que caben. El decreto aprobado el pasado martes con medidas anticrisis incluye una nueva norma con la que el Gobierno quiere atajar, de golpe, “la especulación” que está detectando en el negocio de las renovables. Tal como publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto-ley 20/2022 incluye un artículo (el 13), en el que se impone una moratoria de 18 meses a todos aquellos proyectos que están tramitando permisos de renovables pero sin contar con el más básico: el del acceso a la red troncal eléctrica al que se suponen que tienen que engancharse. Esta red de alta tensión es la que gestiona el grupo Red Eléctrica, REE (actualmente rebautizado como grupo Redeia). Esta compañía tiene contabilizados a fecha de hoy un total de 174.000 megavatios de eólicas y fotovoltaicas que no tienen aún punto de acceso a la red o se les ha denegado. Esos megavatios son solo un proyecto en papel. A pesar de que hay miles de megavatios en esta situación, el sector está viviendo una fiebre de compraventas de papeles, lo que ha provocado una inflación de precios. Por ejemplo, un megavatio en proyecto de fotovoltaica ha pasado de intercambiarse en el mercado a un precio de 100.000 euros a hacerlo a 300.000 euros. Los puntos de acceso son la llave para que los proyectos logren materializarse. Pero las posibilidades de conseguir uno es limitada. A partir de ahora, saldrán a concurso, en lugar de concederse por orden de llegada.

De la economía lineal a la circular. Del consumo de recursos a la reutilización de residuos para llevar al mínimo la extracción de materias primas naturales. De la teoría a la práctica. Estos últimos años, Petronor ha dado un giro a su actividad en busca de nuevos modelos de negocio que le permitan adaptarse a las demandas de la sociedad en materia de desarrollo sostenible y a los planes de la Unión Europea dirigidos a descarbonizar el sector del transporte. Las comunidades energéticas locales y su participación en el Corredor Vasco del Hidrógeno son dos ejemplos de esta apuesta por aportar el conocimiento y la tecnología acumulados en más de 50 años de trayectoria al abordaje de los problemas medioambientales del presente siglo. Ahora, la compañía se inicia en un nuevo ámbito con el objetivo de aplicar soluciones de economía circular a una serie de residuos cuya transformación permitirá fabricar nuevos productos, como hidrocarburos, más respetuosos con el entorno. «Tenemos también el compromiso de reducir las emisiones de gases de CO2 de nuestra actividad, e incluso absorber las ya presentes en el aire que nos rodea, contribuyendo a los objetivos nacionales de gestión de residuos y minimización de basuras urbanas depositadas en vertedero», explica Carlos Pascual, responsable del área de Economía Circular de Alba Emission Free Energy, filial de Petronor. La empresa vasca ha asumido el compromiso de ser una compañía neutra en carbono en 2050.

La remuneración más baja del mercado laboral español comenzará enero congelado en los actuales 1.000 euros al mes repartidos en 14 pagas. Así se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el último real decreto del año que tampoco recoge, pese al compromiso que existía, las medidas que faltaban para completar la segunda fase de la reforma de las pensiones. El Gobierno finalmente ha desistido de aprobar estas controvertidas iniciativas en esta recta final del año como se había propuesto, ante el escollo actual que hay en la negociación con sindicatos y patronal –incluso con discrepancias dentro del propio Ejecutivo– y retrasa su puesta en marcha a 2023. Es más, si desde el Ministerio de Trabajo admitieron a este periódico hace una semana escasa que su objetivo era alcanzar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo en el mes de enero, que permitiera así pagar la primera nómina del mes con el incremento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alargó ayer esta decisión y explicó que «se intentará» que se llegue a un pacto «a lo largo del primer trimestre del año que viene», lo que parece indicar que el plazo se extiende hasta marzo. De esta forma, por tercer año consecutivo, el SMI comenzará el año congelado. Aunque, en cualquier caso, una vez que se aprueba, se pagará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, según precisó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. 

El Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera sacó ayer a audiencia pública un real decreto para trasponer la normativa europea sobre reservas de hidrocarburos. La norma supondrá un antes y un después en los fraudes en la venta mayorista de productos petrolíferos en España, en tanto impone a los operadores al por mayor la aportación de una garantía de tres millones de euros para operar. El objetivo es poner coto a la piratería en el sector.— El Ministerio para la Transición Ecológica saca hoy a información pública un real decreto para trasponer la normativa europea sobre reservas de hidrocarburos que supondrá un antes y un después en los fraudes en la venta mayorista de productos petrolíferos en España. La gran novedad de la norma es la obligación que esta impone a los operadores al por mayor de aportar una garantía de tres millones de euros para poner coto a la piratería en el sector, que en el terreno fiscal se traduce en un fraude en el IVA de unos 300 millones de euros, a los que hay que añadir otros 90 millones por el incumplimiento de la normativa sobre biocarburantes, según la memoria económica del RD. En la actualidad, en España están registradas 92 empresas mayoristas, por lo que la exigencia de avales ascendería a 276 millones de euros, según la memoria económica del real decreto al que ha tenido acceso CincoDías. Muchos de esos operadores son cooperativas agrícolas, pero, según fuentes políticas, los fraudes no se detectan entre ellas ni entre las grandes petroleras, sino entre empresas-chiringuito que, tras cometerlos, cierran y vuelven a abrir a los pocos meses. De hecho, las principales compañías del sector, como Repsol, Cepsa o BP, vienen reclamando desde hace años la imposición de estos avales disuasorios “como la mejor manera de combatir el fraude”, señalan.

La huelga del comercio textil en Gipuzkoa arrancó ayer una nueva tanda de protestas, que en esta ocasión se extenderá durante ocho días, hasta el 7 de enero. Los efectos comienzan a acentuarse y algunos comercios, entre ellos de grandes firmas, permanecieron ayer cerrados en plenas fiestas, con la vorágine de compras para Nochevieja y Reyes. Así ocurrió, por ejemplo ayer por la mañana en alguna de las principales firmas del centro comercial Urbil como Zara, o en Donostia en otras marcas como Oysho. Otras tiendas sí pudieron abrir pese a la falta de personal. Las demandas de mejoras salariales referenciadas al IPC, jornadas completas en vez de parciales y ayudas para adaptarse al progresivo proceso de digitalización siguen siendo las principales reivindicaciones. Convocadas por el sindicato ELA, que cifra en 2.700 empleadas los afectados por la precariedad, decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, volvieron a salir a la calle por la céntrica calle San Martín de Donostia, que concentra varias de las principales cadenas de ropa cuyas trabajadoras secundan los paros. El sindicato ELA y las empleadas reclaman incrementos salariales referenciados al IPC, plus de antigüedad y reducir la jornada laboral, que está fijada en 1.748 horas anuales. Asimismo, incide en que el sector sufre una «alarmante contratación a tiempo parcial, ya que la mayoría de las trabajadoras tienen jornadas entre 12 y 24 horas a la semana». Por ello, reclaman a las patronales Adegi y Gipuzkoako Merkatariak poner freno a la parcialidad a través de la implantación de jornadas completas y abordar también los efectos de la digitalización.

La plantilla de Ibermática ha convocado una nueva semana de huelga en enero en protesta por el «bloqueo» en la negociación del nuevo convenio con la empresa. «Llegados a este punto nos vemos obligados a convocar huelga del 23 al 27 de enero», anunció el comité en un comunicado remitido ayer. Justo en la víspera de que hoy se firme la compra por la ingeniería sevillana Ayesa de la propiedad total de la firma con sede en el parque tecnológico de Miramon de Donostia, una vez materializados todos los trámites. Después de que en noviembre los trabajadores convocaran tres jornadas de huelga ante «la falta de avances» en la negociación del nuevo convenio, el comité avanzó ayer que en enero volverán a la carga en respuesta al bloqueo en las conversaciones. Una vuelta a las reivindicaciones que volverán hoy con una concentración delante de la sede de Kutxabank en la calle Garibai de Donostia «para visibilizar su responsabilidad en la venta de Ibermática deshaciéndose ya del porcentaje que le quedaba de las acciones». Posteriormente, el 4, 11 y 18 de enero realizarán concentraciones a la puertas de la sede de Ibermática para reivindicar la firma de un convenio digno y durante la semana de huelga, del 23 al 27 de enero, celebrarán también manifestaciones. «Denunciamos el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo con los sueldos congelados durante todo el difícil 2022 y sin visos de resolución».

Los 40.000 vascos que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no podrán acceder al cheque de 400 euros para familias que ganen menos de 47.000 anunciado el martes por Sánchez. La norma excluye también de beneficiarse de esta ayuda a la mayoría de los pensionistas en Euskadi, alrededor del 77%. El BOE descafeinó ayer los efectos en Euskadi del cheque de 200 euros anunciado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una de las medidas estrella del tercer plan anticrisis para hacer frente a la subida de precios. La letra pequeña, explicada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, deja fuera a los pensionistas y también a los perceptores del Íngreso Mínimo Vital (IMV). El argumento de la vicepresidenta primera es que esas personas ya cuentan con una revalorización asociada al IPC en las prestaciones que reciben y el objetivo del cheque «es llegar a quienes no se han beneficiado de esa actualización». El efecto no es menor, y es que de las 568.752 pensiones que se pagan en Euskadi, un 75% –unas 429.950– no llegan a los 27.000 euros. Es decir, que no superan los límites fijados para poder optar al cheque. Sin embargo, no podrán solicitarlo. En cuanto a las ayudas sociales, según fuentes del departamento de Empleo del Gobierno vasco, el IMV llega a 20.000 ciudadanos que tampoco podrán acceder a la medida anunciada.

De 0 a 100 en menos de un mes y multiplicado por 1.400 millones. Como todo en China, gigantesco país de extremos, así de rápida está siendo la evolución de su política sanitaria respecto al coronavirus. A partir del 8 de enero, Pekín acabará con las cuarentenas de diez días obligatorias al llegar, lo que permitirá el regreso de los turistas extranjeros y la salida de los ciudadanos chinos. La medida es una buena noticia para el maltrecho sector turístico y un signo de la recuperación de la normalidad. Pero la reapertura de las fronteras chinas y la salida de sus nacionales al extranjero coincidirá con el pico de la epidemia en su territorio, que está sufriendo ahora las olas que golpearon a otros países en el pasado. Además, la explosión de contagios que hay en China por su enorme población hace temer una mutación del coronavirus que vuelva a disparar la pandemia. Un peligro que preocupa a muchos expertos porque supondría volver a la casilla de partida ahora que el resto del planeta se ha quitado la mascarilla gracias a la inmunidad de grupo adquirida por las vacunas y los anticuerpos generados por las infecciones anteriores. Es imposible saber el número de contagiados y fallecidos en China. Siguiendo con la opacidad habitual del régimen, la Comisión Nacional de Salud dejó de publicar el domingo sus datos diarios para tapar su desastrosa apertura tras el fin de las restricciones.