20250617

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La fuerza laboral extranjera alcanza un nuevo techo en Euskadi: rompe por primera vez la barrera de los 100.000 cotizantes y la sobrepasa en 251 personas. Así lo recogen los datos relativos a mayo que ofreció ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año la mano de obra foránea se ha incrementado un 4,9%, sumando 4.681 afiliados más, hasta suponer ya casi uno de cada diez profesionales (actualmente marcan el 9,74% de todos los cotizantes). El hito se alcanza a falta solo de dos semanas para que se produzca el traspaso de la competencia y el Gobierno vasco empiece a tramitar los permisos de trabajo a los extranjeros. El 1 de julio entrará en vigor este marco, que sólo tenía Cataluña, y que quiere dinamizar el mercado laboral de Euskadi agilizando la autorización inicial de trabajo. Entre otras medidas, facilitará la gestión de las actividades de temporada o los programas de contratación en origen. La incorporación al mercado laboral vasco de la población extranjera se produce en un momento en el que el número de trabajadores también alcanza un récord histórico. En mayo se fijó un nuevo techo con 1.029.149 personas tras incorporar 9.936 en los últimos doce meses. De esta forma, los inmigrantes absorben sobre el papel el 47% de los nuevos empleados creados. Esta entrada mayoritaria de personas extranjeras no solo compensa el envejecimiento de la población autóctona, sino que cubre también los sectores considerados más penosos, es decir, con mayor esfuerzo físico y más dificultades de conciliación, donde resulta más complicado captar personal local. Por el momento, la demanda del mercado laboral viene otorgando mayor peso a la presencia de los trabajadores extranjeros en el País Vasco, y lo hace prácticamente en todos los sectores con una extraña excepción, la de las trabajadoras en el régimen especial del hogar. Aquí se pierden 1.600 cotizantes en el último año, hasta quedar por debajo de las 10.000, pese a la demanda creciente de este mercado que recoge el cuidado de mayores en su domicilio. Esta caída de casi el 14% pone de relieve una circunstancia que el colectivo viene denunciando de manera reiterada: la desaparición de trabajadoras de las cifras oficiales para caer en una economía sumergida, a medida que se ha ido incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por lo demás, en los últimos doce meses crece su presencia principalmente en los tres sectores habituados a su contratación: la construcción, la hostelería y el transporte. 

La promotora inmobiliaria vasca Neinor ha dado un paso determinante para convertirse en el primer actor del sector en España. Se trata de la compra de su gran competidor, Aedas, en una opa de carácter amistoso por 922 millones que comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía dirigida por Borja García Egotxeaga recurrirá a 500 millones de fondos propios y a otros 750 millones en bonos del fondo Apollo para una ampliación de capital. La operación ya se ha acordado con el propietario del 79,02% de Aedas, Castlelake. Así las cosas, tan solo quedan los trámites y autorizaciones pertinentes para cerrar la fusión, que pasan por la aprobación de la CNMV, de la junta de accionistas de Neinor y la aceptación formal de, al menos, el 75% de los socios de Aedas. Neinor, en manos de los fondos Orion (29,5%), Stoneshield (25,7%) y Welwel (13,5%), cerró los detalles de la operación en un consejo de administración celebrado el pasado domingo. Así lo traslada en la información enviada al supervisor de los mercados y en la que recoge también el acuerdo con el propietario del 79,02% de Aedas. Castlelake se compromete a aceptar el cobro de 24,485 euros por acción que, una vez descontado el pago del dividendo, quedaría en 21,33 euros. Cantidades que suponen el desembolso de 922 millones por parte de Neinor para hacerse con el 100% de Aedas. Con la operación, la promotora vasca que surgió de Kutxabank se convertirá en el primer agente inmobiliario de España. El pasado 2024, Neinor entregó 2.397 viviendas, por 5.211 de Aedas. Con lo que la fusión de ambas sumó 7.608 hogares. Los ingresos en el pasado ejercicio sumaron entre las dos 1.502 millones: 1.000 Aedas y 502 Neinor. Y las carteras de suelo que suman ambas firmas tienen un potencial para desarrollar 43.000 viviendas. Son cifras que ubicarían a la compañía resultante como la líder del mercado en España.

Basquevolt, compañía con sede en Vitoria-Gasteiz lanzada desde CIC energiGUNE, y que cuenta con el respaldo de Gobierno vasco, CDTI Innvierte, Iberdrola, CIE Automotive, Enagás, EIT InnoEnergy, Ekarpen, Stellum y el centro tecnológico vasco del que surgió en su accionariado, ha aprobado centrar la actividad de la firma en el desarrollo y suministro de electrolito para baterías de estado sólido, un componente esencial en la próxima generación de almacenamiento energético. Así, Basquevolt confía en iniciar en 2027 el proceso de industrialización y venta de su electrolito, apoyándose en su tecnología propia y su red de alianzas estratégicas. La propia compañía ha adelantado que trabajará estrechamente con fabricantes de automóviles (OEMs) y producto de celdas para ofrecer esta tecnología a múltiples sectores: automoción, almacenamiento estacionario, movilidad ligera y aplicaciones aeroespaciales. De esta forma, Basquevolt refuerza sus ambiciones de convertirse en proveedor de referencia en Europa, especialmente tras haber asegurado recientemente una inyección de 10,5 millones de euros con el respaldo de Ekarpen, Stellum y CDTI Innvierte.

Sustituir 2.000 vehículos de las carreteras vascas para dar entrada a nuevos coches menos contaminantes. Es la base conceptual del plan ‘renove’ que anunció el Gobierno autonómico a finales de marzo, cuyo objetivo principal es rejuvenecer un parque muy anticuado –de media, los coches vascos tienen 14,9 años– y avanzar en la descarbonización. Un objetivo que, en palabras del consejero de Industria, Mikel Jauregi, pasa por no discriminar ninguna motorización, ya que «hasta ahora, la apuesta europea por el coche eléctrico no está funcionando». Los vehículos que se pueden adquirir mediante un programa que otorga hasta 3.500 euros al usuario, eso sí, deben emitir menos de 125 gramos de CO2 por kilómetro, independientemente de su combustible. Tras dos meses y medio desde su entrada en vigor, la conclusión es que el plan avanza, aunque a un ritmo menor del previsto inicialmente. Hasta el momento, el Ente Vasco de la Energía (EVE) ha recibido unas 600 solicitudes, de las cuales 400 ya han sido aprobadas y otras 200 otorgadas, según fuentes del Departamento de Industria. Durante su primer mes, tan solo se registraron 83 solicitudes, aunque hay que tener en cuenta que el proceso para contar con las ayudas se alarga bastante ya que el programa se gestiona en una única fase. Es decir, para que el solicitante pueda tramitar su petición de ayuda, primero debe comprar el vehículo nuevo, teniendo en cuenta que hay que matricularlo y pagarlo, y tiene que haber achatarrado el antiguo, una condición indispensable para acceder al programa. En este caso, el vehículo a achatarrar debe cumplir una de estas dos condiciones: tener más de 20 años de antigüedad o emitir más de 175 gramos de CO2 por kilómetro. Estas barreras están impidiendo que el ‘renove’ avance a un ritmo mayor. 

Esta compañía firmó el 13 de junio un acuerdo con uno de los fabricantes de piezas para chasis de vehículos más importante de China, Duoli Automotive. Se trata de una integración sobre la planta que Fagor Ederlan tiene en la localidad de Kunshan. La operación supone la venta del 52% de la compañía que gestiona esas instalaciones de la cooperativa en China por un importe de 11 millones de euros. La integración permitirá a la compañía vasca reforzar su posición en un mercado que está liderando la producción de vehículos en todo el mundo. Es, con más de seis millones de unidades vendidas fuera de sus fronteras, el primer exportador de coches el pasado año. Duoli es proveedor de marcas como SAIC, Volkswagen, General Motors, Tesla o ByD. Un catálogo que abre el abanico de clientes de Fagor Ederlan en el gigante asiático, donde la cooperativa fabrica piezas de suspensión para las plantas que tienen allí constructores como BMW o Mercedes. La empresa china se hace así con el control de la mayoría de la planta vasca, ya que su entrada en el accionariado reduce el peso de Fagor Ederlan al 48%. Aun así, fuentes de la empresa han aclarado a este periódico que el pacto de socios garantiza el control de la gestión al establecer la unanimidad como criterio necesario en la toma de decisiones.

Primero la pandemia, después la guerra de Ucrania y ahora las incertidumbres económicas globales por la guerra arancelaria están pasando factura a muchas empresas vascas que se ven abocadas a entrar en concurso de acreedores para poder afrontar sus deudas. En el primer trimestre han sido un total de 69 las compañías que han tenido que recurrir a esta figura para buscar una salida, lo que supone un aumento del 15,9% en relación al mismo periodo del año anterior. Así lo revelan los datos del Consejo General del Poder Judicial dados a conocer ayer. Un goteo que continúa en abril y mayo y que en el caso de Gipuzkoa está alcanzando a algunas empresas emblemáticas del territorio, como la mítica firma Ternua, ubicada en Arrasate, o Pescados y Mariscos Rodolfo, en Pasaia. Pero las empresas no son las únicas que sufren las tensiones económicas, ya que entre enero y marzo también tuvieron que recurrir a la figura del concurso de acreedores un total de 271 familias vascas al no poder frontar sus deudas. Son un 15,3% más que el año anterior. A estas se suman también las personas naturales empresarios, que fueron 22. En este caso prácticamente se triplican en relación al mismo periodo del año anterior. En total los concursos presentados fueron 362, que dejan un incremento del 12,1%. De ellos un único proceso llegó a la fase de convenio, mientras que iniciaron la fase de liquidación 18, un 73,5% menos. El informe del Consejo General del Poder Judicial también recoge algunas cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, como son las demandas por despidos, que ascienden a 9.473, un 31% más, mientras que se han presentado doce expedientes de regulación que incluyen modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, un 71,4% más.

No fue un lunes cualquiera para decenas de trabajadores de varios municipios de Tolosaldea y Goierri. Las fuertes riadas sufridas durante la noche del viernes al sábado impidió a muchos de ellos retomar ayer sus actividades laborales después de que el agua anegase pabellones, destrozase maquinarias y tirara al traste género y pedidos a los que tenían que dar salida en los próximos días. Algunos ni siquiera pudieron personarse en su trabajo y otros tuvieron que cambiar la herramienta por la manguera o la escoba para retirar el color marrón que dejó el lodo. Una de las peores partes de las fuertes lluvias se la ha llevado la empresa Sutargi de Belauntza, cuyos trabajadores se afanaban ayer por la mañana en limpiar los más de 1.500 metros cuadrados del pabellón, ubicado en el polígono industrial Beotibar. «Nos hemos pasado todo el fin de semana haciendo labores de limpieza y la producción está totalmente parada», aseguraba a este periódico Mariángeles Fernández, directora de esta empresa de montajes electromecánicos que trabaja y forma tanto a personas con discapacidad como en riesgo de exclusión, y que ayer no pudieron acudir a su puesto de trabajo. «Primero tenemos que comprobar que la maquinaria está en buen estado, hacer inventarios a clientes para ver si se ha estropeado parte de ese material, si se puede recuperar, si no... Vamos a tener que reprogramar todos los pedidos porque no vamos a poder cumplir los plazos que teníamos establecidos», explicaba la directora de Saturgi, que da empleo a más de 250 personas de la zona. «La puesta en marcha otra vez va a tomar más tiempo del que nos gustaría», vaticina. Las fuertes riadas afectaron también a varias empresas de Lazkao como EFZ, la empresa de calderería y construcciones metálicas ubicada en el polígono industrial Zubierreka.

Panattoni, promotor de espacios logísticos líder en Europa, construirá su segundo almacén en Jundiz, el mayor polígono industrial de Euskadi. El proyecto supone dar continuidad al éxito de la primera plataforma, de 20.460 metros cuadrados, ubicada dentro de la misma parcela y que en la actualidad está totalmente alquilada. Con este nuevo desarrollo, la compañía refuerza su presencia en el territorio y consolida su papel como uno de los principales impulsores de naves logísticas modernas, sostenibles y bien conectadas. La entrega de la nueva instalación, que contará con 13.270 metros cuadrados, está prevista para el primer trimestre de 2026. La fuerte demanda de espacio logístico moderno en Álava ha sido uno de los principales motivos del movimiento, que arranca con un importante impulso comercial: el 50% de la superficie ha sido pre alquilado por BoxonTech, firma sueca que ofrece soluciones innovadoras de embalaje para la industria automotriz. La segunda unidad del nuevo edificio, que comprende 6.448 metros cuadrados, se encuentra disponible para alquiler a futuros arrendatarios. 

Euskadi supera notablemente el promedio de empresas de ciberseguridad por millón de habitantes en comparación con España y Europa, representando el 15% del sector estatal. Genera más de 2.000 empleos directos y alcanza una facturación cercana a los 230 millones de euros, cifras que se prevé crezcan por el incremento en la demanda de soluciones de ciberseguridad en todos los ámbitos de la digitalización. En este contexto, la Asociación de Industrias de Ciberseguridad de Euskadi (Cybasque), integrada por 69 empresas, celebró ayer su asamblea general, en la que reafirmó su compromiso por impulsar la innovación, la formación y la colaboración entre empresas y público-privada, para posicionar a Euskadi como un ‘hub’ y referente europeo en ciberseguridad.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció ayer que apoyará con 1.600 millones de euros la interconexión entre España y Francia a través del Golfo de Bizkaia, un proyecto clave para que la península deje de ser una isla energética. Esta financiación del BEI llegará a través de préstamos a los gestores de la red de transportes de electricidad de los dos países, Red Eléctrica en España y el operador eléctrico francés (RTE). Las partes firmaron ayer en Luxemburgo los primeros tramos de préstamos por valor de 1.200 millones, un acto en el que participaron la presidenta del BEI, Nadia Calviño; el ministro francés de Industria y Energía, Marc Ferracci; el subsecretario español de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel González; el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; y el director general de Finanzas, Estrategia y Economía de la red de transporte eléctrico francesa, Thomas Veyrenc. «El apoyo del BEI a la interconexión eléctrica entre España y Francia es clave para que la Península Ibérica deje de ser una isla energética», destacó Calviño. La presidenta del BEI aseguró que el acuerdo firmado ayer supondrá «un cambio muy importante» para la integración energética europea, un ámbito estratégico para la competitividad y la autonomía del Viejo Continente.

La AFM, preocupada por el proteccionismo. «Los aranceles sólo generan perdedores». La frase del suizo Michael Hauser, presidente del consejo de administración del grupo industrial StarragTornos, resonó ayer con especial fuerza en Donostia, durante la jornada central del encuentro de primavera de Cecimo, la asociación europea de fabricantes de máquina-herramienta y tecnologías avanzadas. A su lado, Douglas Woods, presidente de la asociación estadounidense AMT (Association for Manufacturing Technology), había dejado poco antes una idea de fondo que, aunque expresada de forma implícita, apuntaba en la misma dirección: Estados Unidos no puede sostener su industria en el largo plazo sin componentes y tecnología procedentes de Europa, Japón y Corea. Woods participó como ponente en este foro que reunió en la capital guipuzcoana a más de medio centenar de líderes empresariales, convocados por AFM Clúster, la organización española del sector. Durante su intervención, reconoció que «la administración estadounidense mantiene abiertas las negociaciones porque muchas empresas del país necesitan componentes críticos de sus socios internacionales», en especial, añadió, de «Europa, Corea y Japón». «Tienen una lista de todo lo que no se puede fabricar dentro del país, y lo saben», afirmó, dando a entender que, pese a la retórica proteccionista, el Gobierno de Trump quiere negociar.

Douglas Woods preside AMT, la organización estadounidense que agrupa a los principales actores de la tecnología de fabricación del país. Referente del sector desde hace décadas, el norteamericano participó ayer en Donostia en la jornada central del encuentro de primavera de Cecimo ( la asociación europea de fabricantes) y AFM Clúster, donde pidió «reglas de juego comunes» para los socios comerciales. "He quedado realmente impresionado. El País Vasco es conocido en EE UU por su nivel de especialización en la fabricación de máquinas grandes. Creo que esto se remonta a su tradición en la industria del acero, que requería equipamiento de gran escala. Esa capacidad evolucionó hacia la máquina-herramienta. Ya lo había comprobado en otras ferias: para una región de este tamaño, hay un número notable de marcas fuertes. Es un ecosistema muy singular...Los aranceles no son un fin en sí mismo, sino una forma de provocar reacciones y sentar a todos en la mesa. Queremos reglas equilibradas. No se trata de castigar a nadie. Lo que pedimos es que todos jueguen con las mismas normas. Hay desequilibrios que llevan décadas sin resolverse y eso ha perjudicado a nuestra base industrial. Nuestro déficit comercial con el mundo no es sostenible ni razonable...No creo que Europa, ni Japón ni Corea se hayan aprovechado. El problema es que Estados Unidos ha preferido mirar hacia otro lado. Después de la Segunda Guerra Mundial dimos muchas ventajas comerciales para ayudar a otros países a reconstruir su industria, y eso tenía sentido en los años 50 o 60. Pero hoy, esas mismas reglas ya no reflejan la realidad. El desequilibrio es evidente. La actual administración ha decidido abordarlo aunque sea incómodo. Es mejor discutirlo ahora que seguir ignorándolo..."

Se acabaron los golpes en el pecho, la asunción de la culpa, el acto de contrición por haber confiado la Secretaría de Organización del PSOE a dos personas, José Luis Ábalos primero y Santos Cerdán después, que, según los indicios hallados por la UCO, se aprovecharon del cargo para enriquecerse ilegalmente. Un fin de semana en la finca toledana de Quintos de Mora, patrimonio del Estado, ha bastado para que Pedro Sánchez cambie de actitud y vuelva de nuevo al tono combativo, a las acusaciones de guerra sucia por parte de la derecha y a su sempiterno ‘manual de resistencia’. Ayer, tras cinco horas de larga reunión en Ferraz con su ejecutiva, el presidente del Gobierno incluso relativizó la trascendencia de lo ocurrido. «No vamos permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada en los tribunales –llegó a matizar con una cautela que, para sorpresa de algunos de sus socios, no mostró hace cinco días– eche por tierra la integridad de una de las Administraciones Públicas más limpias que ha tenido la historia democrática de este país». Con ese argumento volvió a rechazar un adelanto electoral que incluso en su propio partido muchos han considerado –eso sí, privadamente– la respuesta más adecuada a esta crisis. Y lo hizo no porque crea que sería poco razonable en términos democráticos, sino porque asume que solo lograría «entregar las riendas del país al PP y Vox». Es decir, que perdería en las urnas.

Nadie defendió ayer, en la reunión de la ejecutiva del PSOE, el adelanto de las elecciones, una opción que sí gana apoyos en otros ámbitos del partido. Pero algunas voces de la cúpula en Ferraz apostaron por un congreso extraordinario, por una conferencia política o por que los comités federales vuelvan a ser un espacio de debate y no un trámite semestral. Pedro Sánchez contuvo los tambores de adelanto electoral que llegaban cada vez con más frenesí desde los cuatro puntos cardinales del PSOE por el escándalo de corrupción que empezó siendo conocido como el caso Koldo y tiene como último protagonista a Santos Cerdán. La cúpula del partido le respaldó ayer de forma unánime y cerró filas con el secretario general del socio mayoritario del Gobierno avalándole para completar una legislatura a la que le aún le faltan dos años. Nadie del medio centenar de integrantes de la dirección federal del PSOE planteó, y mucho menos defendió, una convocatoria anticipada de las urnas, en la que en cambio sí hubo dirigentes que propusieron un congreso extraordinario, una conferencia política o que los comités federales, el máximo órgano de decisión de los socialistas, vuelvan a ser un espacio de debate y no un trámite semestral. “Hay que dimensionar la crisis y no lastimar al Gobierno ni dar armas a la derecha. Lo más razonable es circunscribir la crisis a la secretaría de Organización”, recalcó Sánchez en una reunión que se alargó más de cuatro horas —lo normal es que no llegue a dos— y en la que hubo 23 turnos de palabra. Lo nunca visto en los seis meses transcurridos desde que la actual ejecutiva fue aprobada en el 41º Congreso Federal de finales del año pasado en Sevilla. Tan solo unas pocas voces se salieron del guion. Y eso que Sánchez animó a la dirección a intervenir “con absoluta libertad” e intercambiar impresiones sin cortapisas “por lealtad a la organización” en una crisis que amenaza tanto a su liderazgo personal como la reputación del partido.

La grave inestabilidad política e institucional que ha provocado la crisis en el Gobierno por la aparición de los presuntos casos de corrupción que cercan a la cúpula del principal partido de la coalición, el PSOE, y el frenazo legislativo que ya se viene acusando durante toda la legislatura por los vaivenes de los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez consuman un caldo de cultivo altamente radiactivo para la economía. Una parálisis, en síntesis, y una imagen lanzada al exterior que pueden resultar un cóctel explosivo que afecte a la inversión y al propio desempeño de la actividad con daños colaterales de difícil prospección, que las organizaciones empresariales temen que se filtre por los poros de la economía. Así lo señalan a EXPANSIÓN las principales organizaciones empresariales del país, que demandan una urgente vuelta a la estabilidad institucional. “Queremos expresar nuestra inquietud y preocupación”, señalan desde CEOE, la patronal presidida por Antonio Garamendi, y Cepyme, liderada por Ángela de Miguel, reafirmando su condena por “los casos de corrupción que estamos conociendo”. Apuntan desde las dos principales patronales españolas que este vía crucis publicado a base de casos de corrupción supone “un deterioro acelerado de nuestras instituciones, de nuestra imagen país, que hace más difícil trasladar mensajes de confianza a la ciudadanía y, en el ámbito económico, a las empresas, inversores y mercados”. Así, subrayan desde CEOE y Cepyme que España necesita estabilidad institucional, política y económica, por lo que reclaman “con mayor intensidad que se vuelva cuanto antes a un espacio de normalidad democrática, de estabilidad política e institucional y a un entorno propicio para que las empresas puedan desarrollar su actividad y los inversores puedan seguir confiando en nuestro país”. Ver nota CEOE aquí. 

El Partido Popular se compromete a acabar con la llamada maldición del empleado 50, el umbral de trabajadores a partir del que se disparan las cargas burocráticas, administrativas o contables de las empresas y que viene frenando el crecimiento de las pymes españolas. Su propuesta, que pasa por elevar a 250 trabajadores el nivel desde el que se disparan las obligaciones de las empresas, forma parte de la ponencia política que el PP presentará hoy para su votación durante el XXI Congreso Nacional del partido, que acogerá Madrid entre el 4 y el 6 de julio. “España necesita más y mejores empresas para generar innovación y mejores salarios; más emprendedores, con nuevos proyectos, más pymes que generen empleo y más proyectos que escalen internacionalmente”, reza el texto de la ponencia política del PP que será presentado hoy. El documento defiende que “hay que eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial: 250 trabajadores deben ser los nuevos 50”. La maldición del empleado 50, como se ha denominado a veces desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), ilustra el centenar de exigencias regulatorias que se activa en España sobre las empresas que superan los 49 empleados. El listado incluye la obligación de auditar las cuentas de la sociedad; crear un comité de seguridad y salud; impulsar un plan de igualdad; un plan LGTBI; contar con un comité de empresa de cinco miembros; asumir al menos el 20% del coste de formación de la plantilla, o la pérdida de incentivos fiscales por la contratación de desempleados, si se superan los 10 millones de euros de ingresos anuales.

La cúpula de Sabadell explora la venta de su banco británico TSB, una posibilidad que ha rechazado en el pasado pero que ahora contempla para intentar que descarrile la opa hostil de cerca de 14.000 millones lanzada por BBVA hace trece meses. “Banco Sabadell confirma que ha recibido indicaciones de interés preliminares y no vinculantes [ofertas] para la adquisición de la totalidad del capital social de TSB”, señaló la entidad en un hecho relevante enviado ayer la CNMV a las 21.00 horas. “Banco Sabadell analizará cualquier eventual oferta vinculante que pudiera recibir. Cualquier operación estaría sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales”, añade el hecho relevante. La operación había sido adelantada pocas horas antes por Financial Times, que asegura que podría obtener con la desinversión entre 1.700 y 2.000 millones de libras. Es decir, entre 1.996 y 2.348 millones de euros. Josep Oliu pagó 1.700 millones de libras hace diez años por hacerse con el control del banco inglés, propiedad entonces de Lloyds. Entre los posibles interesados, Financial Times cita a Barclays, Santander UK, HSBC y NatWest. No especifica si alguno de ellos ha presentado algún tipo de oferta. Con esta maniobra defensiva, la más importante hasta la fecha tras el retorno de la sede a Cataluña para ganarse el favor de la Generalitat catalana y del Gobierno, buscaría un doble objetivo. Primero, retrasar la opa de BBVA, que está solo a expensas de si el Ejecutivo la obstaculiza con requisitos extra a los de la CNMC. Y segundo, podría elevar todavía más la lluvia de dividendos récord prometidos a sus 200.000 accionistas para disuadirles de acudir a la oferta de BBVA.

El adiós del directivo italiano Luca de Meo a Renault cierra una época en el sector del automóvil, marcada por grandes directivos que han sobrevivido a diferentes crisis. La decisión de De Meo de dejar la industria automovilística para reinventarse y pasar al sector del lujo y la moda llega en un momento complejo para la automoción, que se enfrenta a grandes retos como la transición al vehículo eléctrico, los competidores procedentes de China o los nuevos hábitos del cliente. La marcha del directivo italiano ha supuesto además un terremoto en la automoción internacional, ya que escenifica la salida del último de sus grandes líderes, después de las recientes salidas de ejecutivos de la talla de Carlos Tavares o Wayne Griffiths. La decisión de De Meo representa también un toque de atención a las bases del sector europeo del automóvil, puesto que denota cómo está perdiendo atractivo a la hora de captar o retener talento. Un ejemplo de esta situación son las dificultades que ha tenido que enfrentar el grupo Stellantis –dueño de Peugeot, Citroën, Opel, Chrysler, Fiat, Jeep o DS– para encontrar un sustituto de Carlos Tavares. Tras seis meses de búsqueda y de llamar a varias puertas, entre ellas la de Luca de Meo, decidió nombrar a un hombre de la casa, Antonio Filosa, como nuevo CEO, con un sueldo inferior respecto a Tavares, que percibió 23 millones por su labor en 2024. De Meo es el último de una saga de grandes pesos pesados del automóvil, con nombres como los de Tavares, Griffiths, Carlos Ghosn, Alan Mulally o Sergio Marchionne. El italiano ha decidido dejar el automóvil para recalar desde el 15 de septiembre como consejero delegado de Kering, propietario de enseñas como Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta o McQueen, entre otras, según confirmó ayer el consorcio francés de lujo.

Más allá de la febril imaginación de los banqueros de inversión para proponer movimientos corporativos con los que lograr comisiones multimillonarias por asesoramiento, la vieja idea de crear un gran campeón energético de la Unión Europea (UE), uniendo dos o más grandes grupos nacionales, tiene más de mito que de realidad. Campeones existen, como Iberdrola. Pero la gran paradoja es que han conseguido ese estatus por su cuenta, sin fusiones con otro “igual”, y sumando fuerzas fuera de la UE, o con empresas más pequeñas. Es la primera gran conclusión que se extrae cuando se analiza el panorama de transacciones corporativas a nivel global en energía. La pregunta es ¿por qué? El mercado global de fusiones y adquisiciones ofrece todos los ingredientes para facilitar las transacciones en energía. De hecho, éstas están alcanzando récords. Se estima que en 2024 se superaron los 400.000 millones de dólares en volumen de fusiones y adquisiciones en el sector energético en todo el mundo. Sobre todo fueron impulsadas por el segmento de renovables, que alcanzó los 120.000 millones de dólares, según distintos informes. Las condiciones financieras, con tipos de interés relativamente bajos que permiten más flexibilidad en la financiación, entre otros factores, animan a realizar todo tipo de movimientos. España no está al margen de esa ola. En los últimos meses, el sector energético ha visto cuajar grandes transacciones con empresas españolas como protagonistas.

Las palabras de Israel Katz son órdenes para sus tropas. Tras una noche de ataques iraníes que dejaron ocho israelíes muertos, el ministro de Defensa puso ayer en el punto de mira a los residentes en Teherán. El ejército hebreo ordenó evacuar el distrito tres de la capital de la República islámica y la aviación abrió fuego. Entre los objetivos estuvo el complejo de la radiotelevisión pública persa (IRIB), «el portavoz de la propaganda e incitación» del régimen de los ayatolás, denunció Katz, que poco antes del bombardeo dijo que este medio iba a «desaparecer». Todo el país pudo asistir al ataque. Una presentadora tuvo que abandonar el estudio en pleno directo mientras el humo se extenía y caían trozos de techo. La espiral es cada vez más violenta y, según la agencia Reuters, Irán habría contactado con Catar, Arabia Saudí y Omán para pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presione a Israel para que acepte un alto el fuego inmediato, a cambio de una mayor flexibilidad en la negociación nuclear. La operación hebrea, sin embargo, va más allá del programa atómico y apunta al cambio de régimen. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en la cadena ABC que el asesinato de Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán, «supondría el final del conflicto». Los israelíes demostraron que tienen «total superioridad aérea», como anunció su propio ejército, en el cielo de una capital de la que huyen miles y miles de vecinos aterrorizados. Las carreteras se bloquearon con atascos inmensos el domingo y ayer la escena volvió a repetirse. Muchos ciudadanos se dirigen con sus coches al norte para refugiarse en las zonas rurales y tratar de evitar el castigo enemigo.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo —la fórmula sutil para hablar del cruce de misiles entre Irán e Israel— están tomando el relevo a los aranceles como vector clave para la política monetaria. El resumen de su impacto es simple: los precios más altos del petróleo, y, por tanto, de los combustibles, amenazan con empujar al alza la inflación, lo cual refuerza la previsión de que ninguno de los grandes bancos centrales moverá ficha en su próxima reunión: ni la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra esta semana, ni el Banco Central Europeo (BCE) el mes que viene. La escalada bélica en la zona figura desde hace tiempo en la lista de riesgos potenciales que contemplaba el BCE, por lo que no puede decirse que haya sido una sorpresa. Sí supone, en cambio, la materialización de uno de los peores escenarios, porque un encarecimiento de la energía, como se ha visto con la guerra en Ucrania, siempre acaba llegando al consumidor. En EE UU ya le ponen números: la firma ClearView Energy Partners calcula que la gasolina subirá 20 centavos por galón en las próximas semanas. A diferencia de lo que ocurría en febrero de 2022, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, ahora el margen es mayor. El inicio del conflicto pilló a EE UU con una inflación por encima del 7%, y a la zona euro con los precios disparándose a un ritmo superior al 5%. Actualmente, ambos bloques rondan el 2%, aunque con expectativas muy distintas: si bien elude cantar victoria, Christine Lagarde, presidenta del BCE, da prácticamente por controlado el fenómeno inflacionista, y ha bajado los tipos del 4% al 2%. Mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, todavía percibe amenazas en la volátil política comercial de Donald Trump, y pese a las presiones recurrentes desde la Casa Blanca, no ha dado visos de querer revertir pronto su política de esperar y ver: solo ha recortado tipos un punto, del 5,25-5,50% al 4,25%-4,50%, la última en diciembre.