20251218

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi ha retrocedido a la tercera posición en el ranking de competitividad regional elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE), tras haber mantenido durante dos años la segunda posición. Navarra ha superado a la comunidad vasca y ocupa el liderazgo junto a Madrid, que sigue encabezando el listado. La clasificación se elabora considerando factores clave como el entorno económico, el mercado de trabajo, el capital humano, el entorno institucional, las infraestructuras básicas, la eficiencia empresarial y la innovación. Para el año 2024, el estudio asigna a Euskadi una puntuación de 13,79 puntos, ligeramente por debajo de los 13,97 de Navarra y los 16,93 de Madrid. El Consejo General de Economistas destaca que las variables con mejor evolución en Euskadi son la reducción de la tasa de paro de larga duración, el descenso del abandono escolar temprano, la disminución de la desigualdad y el crecimiento tanto en el tamaño de las pymes como en el parque de vehículos ecológicos. Sin embargo, las caídas significativas que encuentra en 2024 se asocian a la apertura externa, el aumento de la deuda y la reducción en el gasto en I+D. Estos resultados del País Vasco, que continúa creciendo por encima de la media del resto de los territorios, se producen en un momento en el que se han reducido las brechas entre las distintas comunidades autónomas, con aquellas regiones con un nivel de competitividad ubicado en una escalada media-baja experimentando un repunte significativo.

El primer consejo de administración de la nueva Talgo celebrado este miércoles ha tomado una decisión de extraordinario valor simbólico: traer la sede de la compañía de nuevo al País Vasco, a las instalaciones alavesas de Rivabellosa donde actualmente trabajan 700 personas. Es una de las decisiones del órgano de gobierno del fabricante de trenes en el que ya está representada la nueva propiedad y que deja el control en el 27,4% de acciones que están en manos del consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga y en el que participan el Gobierno del lehendakari Imanol Pradales y las fundaciones BBK y Vital. En la reunión se ha dado el paso también de mantener la presidencia en la persona de Carlos de Palacio y Oriol y cesar al actual consejero delegado, Gonzalo Urquijo. El consorcio vasco es el accionista de referencia gracias a ese 27,4% que se reparte del siguiente modo: un 7,8% para José Antonio Jainaga, el mismo porcentaje que tendrá el Gobierno vasco y la fundación BBK. Y es que todos ellos han aportado en la compra de acciones 45 millones cada uno. La fundación Vital tendrá un 3,9% gracias a los 22 millones que ha aportado. Además, este miércoles se ha materializado también la entrada de la Sepi con otros 45 millones que le dan otro 7,8% del accionariado. El resto de los títulos de la compañía quedan con Pegaso -el vehículo por el que el fondo Trilantic controlaba la empresa-, que mantiene un 9,3%, Torrblas con un 5%, Torreal con 3,2% y el resto en el mercado expuesto a las compras y ventas de inversores en lo que se conoce como 'free float'. De acuerdo a ese reparto accionarial, se han conocido también los nuevos miembros del consejo de administración formado por ocho personas y que revela una decidida apuesta industrial con profesionales experimentados en compañías como Aernnova, Ricardo Chocarro, o Sidenor, Maite Echarri. Esta es la actual directora financiera de Sidenor y una de las cabezas que ha jugado un papel determinante en la operación que ha permitido al industrial vasco tomar el control de Talgo. La SEPI ha propuesto al presidente de la patronal alavesa (Sea), Juan Antonio Sánchez Corchero.

CIE Automotive ha formalizado la adquisición de Aludec por un valor aproximado de 200 millones de euros. Esta empresa gallega, especializada en la fabricación de componentes decorativos para la automoción, aporta una sólida cartera de productos en plástico y metal tanto para el interior como para el exterior de los vehículos. Con cerca de 1.300 empleados y una previsión de ventas de 160 millones de euros en 2025, su integración diversifica la oferta de la compañía vasca y refuerza su posicionamiento como proveedor global de soluciones decorativas. El consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, señaló que la compra de Aludec es un hito dentro de su plan de expansión y consolidación, al añadir una nueva línea de productos a su catálogo. Según fuentes de la compañía, la operación fortalece la capacidad Aludec para adaptarse a un entorno global cambiante, marcado por la volatilidad económica y los ajustes regulatorios en el sector automotriz, en un momento en que la Unión Europea titubea sobre la idoneidad de las restricciones a la compra de coches de combustión. Lo ventajoso de las piezas que fabrica Aludec es que su venta no depende del tipo de vehículo. No importa si es eléctrico, híbrido enchufable o de gasolina, ya que estas piezas estéticas no están relacionadas el motor, sino con el diseño y la apariencia del vehículo. Esto las convierte en una opción adaptable a todo tipo de modelos. 

Elkargi, la sociedad de garantía recíproca líder en España, celebró ayer su 45 aniversario. La jornada, celebrada en el Parque Tecnológico de Miramón, sirvió para poner en valor el papel esencial de la firma, que nació impulsada por Adegi, empresarios guipuzcoanos y el apoyo del Gobierno vasco para dar soporte financiero de las pymes. Sirva un solo dato para sostener esa idea: desde su creación, ha facilitado con sus avales financiación para el tejido productivo de Euskadi por valor de 10.000 millones de eu- ros, los últimos 500 este mismo año. En la actualidad cuenta con 23.000 socios. Todo un logro que pusieron de relieve dos de las grandes figuras protagonistas de la historia de Elkargi como son Jesús Alberdi, quien fue durante 25 años secretario general y consejero delegado de la SGR, y Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda del primer Gobierno Vasco y a quienes les tocó levantar los pilares sobre los que se asienta la firma. Alberdi y Uriarte comenzaron su repaso recordando la terrible situación macroeconómica en la que nació Elkargi, con una ETA que golpeaba cada día con toda crueldad. El paro estaba entonces en el 26%, los tipos estaban por las nubes y la financiación a las empresas más pequeñas era casi inexistente. Fue en ese escenario terrible en el que los responsables de Adegi, con Ramón Hernández como presidente, alumbraron Elkargi (inspirada en una figura similar que existía en Francia), con Victoriano Susperregui y el propio Jesús Alberdi como primeros impulsores. «Elkargi es el sueño de unos empresarios pioneros convertido en brillante realidad», sentenció Pedro Luis Uriarte, quien recordó el «respaldo decisivo» del Ejecutivo a «una de las instituciones que se ha demostrado de las más valiosas del país».

La Unión Europea anuncio el martes la decisión de flexibilizar el veto a los motores de combustión más allá de 2035, tras las presiones recibidas por gran parte del sector del automóvil europeo, principalmente lideradas por Alemania. Una decisión que desde el Gobierno vasco consideran «lógica» dado que «quedan menos de diez años para llegar a ese plazo y vemos claramente que, tanto el sector de la automoción como la política industrial de Europa, no hemos sabido poner todos los elementos en la mesa para llegar al objetivo». Con todo, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, también subrayó que «hay que cambiar el plano del debate sobre si los coches a partir del 2035 tienen que ser eléctricos o de combustión interna». Desde su perspectiva, el debate debe versar «sobre cuánto hay de contenido local en los coches que se fabrican en Europa». A su juicio, y en la misma línea que Francia manifestó el martes, «los coches que se vendan en Europa tienen que tener como mínimo un 75% de sus componentes de fabricación local». Todo ello, señaló Jauregi, ayudará a «defender y a desarrollar una industria de componentes de automoción, que es crítica en Euskadi», de la que dependen 40.000 puestos de trabajo y con multinacionales del tamaño de Gestamp o CIE Automotive abanderando el sector. La visión de Lakua casa con la que manifestaron ayer las tres patronales del sector español de automoción, Faconauto (concesionarios), Anfac (fabricantes) y Ganvam (distribuidores). Desde Anfac creen que «la dirección es clara y la electrificación seguirá siendo la tecnología dominante, pero al mismo tiempo se otorga más relevancia a la neutralidad tecnológica». 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó ayer como “error histórico de Europa” el paso dado el martes por la Comisión Europea al diluir el veto a los nuevos coches de combustión a partir de 2035, uno de los ejes del Pacto Verde que ahora está en cuestión. Sánchez criticó que se debiliten los compromisos climáticos con la competitividad como excusa. Sánchez construyó todo su discurso alrededor de que esa idea de la marcha atrás saldrá muy cara. “Lo caro no es actuar, es no hacerlo. Estamos frente a una minoría que no discute con datos, discute con memes”, señaló. Sánchez se ha quedado solo en Europa en el rechazo a ese reciente cambio de la agenda verde de la Comisión Europea para no perjudicar a la industria del automóvil europeo. España ha rechazado expresamente el cambio, que ha salido adelante gracias a la presión sobre todo de Alemania, ahora dominada por la CDU. Pero esa soledad es, para La Moncloa, una fortaleza porque creen que el presidente está representando a los millones de personas que sí están de acuerdo con las medidas para luchar contra el cambio climático, con el Acuerdo de París y con toda la estrategia desplegada en los últimos años.

La adaptación de las plantas españolas de vehículos a la producción de modelos eléctricos y los bajos niveles de ventas en algunos de los principales mercados de exportación están lastrando la fabricación de vehículos en España, que acumula caídas en lo que va de año y que cerrará 2025 con una bajada del 5%. Según las previsiones de Anfac, las fábricas nacionales finalizarán 2025 con un volumen de producción de unos 2,3 millones de unidades, cerca de un 5% menos respecto a los datos del ejercicio previo. Esta previsión a la baja se enmarca en un entorno de caída de la fabricación de vehículos en lo que va de año, a causa de la adaptación de algunas plantas a la electrificación, afectando a la actividad. Entre enero y noviembre, la fabricación de vehículos en España se contrajo un 4,8%, hasta 2,12 millones de unidades, mientras que en noviembre experimentó un aumento del 0,8%, hasta 216.528 unidades. A cierre de noviembre, las factorías nacionales exportaron 1,82 millones de vehículos, un 8,2% menos. En total, la exportación copó el 85,7% de la producción nacional desde enero, 3,2 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año precedente. Con Renault como gran abanderado de la producción de híbridos en España, esta tecnología sigue ganando peso en las plantas españolas, puesto que a cierre de noviembre representó el 27,2% del volumen total, al alcanzar 579.116 unidades, una subida interanual del 36,3%.

Al cierre del décimo mes, el mercado hipotecario vasco siguió mostrando el gran dinamismo que le ha caracterizado durante todo el año, según evidencian los datos publicados ayer por el INE. En octubre se formalizaron 2.325 nuevas pólizas sobre viviendas en Euskadi, lo que se traduce en un ligero aumento interanual del 2,2%. Se tratan de los registros más elevados para un mes de octubre desde 2008 (en aquel entonces se contabilizaron 2.635), lo que evidencia que el mercado sigue en plena ebullición. Las grandes razones que se encuentran detrás de esta actividad son, por una parte, la demanda para acceder a la vivienda, que está disparada en Euskadi (hay más de 100.000 personas inscritas en Etxebide). Por otra parte, aunque el precio de la vivienda siga elevándose sin cesar, la mejora de las condiciones de financiación está siendo una importante palanca que está impulsando el crédito. Así lo constatan los datos del INE, que aunque no disponga del dato por autonomías, revela que el tipo de interés medio al que se constituyeron las pólizas en octubre fue del 2,81%, siendo así el noveno consecutivo en el que las tasas se mantienen por debajo del 3% –normalmente suelen ser aún más bajos en Euskadi–. Sea como sea, los datos demuestran que los bancos siguen inmersos en la guerra por las hipotecas ‘baratas’. Según destaca Laura Martínez, portavoz de iAhorro, «seguimos viendo hipotecas fijas alrededor del 2% o incluso por debajo si el cliente contrata ciertas vinculaciones como los seguros de vida y hogar, algo que el año pasado era prácticamente imposible de conseguir». 

Un amplio plan de actuaciones, dotado con 1.600 millones de euros, que se prolongará durante ocho años (algunas incluso más) y que incluye algunas novedades que se suman a los proyectos ya en marcha. Una de las destacadas es que el hospital de Cruces contará con un edificio de consultas externas, como el que acaba de comenzar a construirse en Basurto y los que ya están proyectados en Galdakao y Donostia. Osakidetza quiere replicar con estos nuevos edificios el modelo que ya se ha aplicado en Txagorritxu, por el que se separan físicamente en inmuebles distintos a los pacientes que precisan de un ingreso o están hospitalizados, de los que acuden a una consulta. De paso estos futuros edificios permitirán ampliar sus principales hospitales para dar otros usos sanitarios a los espacios que ocupan en la actualidad las consultas externas. El programa incluye la construcción de nuevos centros, como el hospital de Tolosa, el centro de alta resolución de Durango o 21 nuevos centros de salud en otras tantas localidades de Euskadi. En Bizkaia a las obras del nuevo edificio de consultas externas de Basurto se le sumarán las del de Galdakao, aunque estas no comenzarán hasta 2029. Antes se quiere que estén realizadas (o al menos avanzadas) las tareas para habilitar un nuevo gran aparcamiento en el centro, así como el centro de alta resolución de Durango, cuya edificación arrancará el próximo año y finalizará en 2030. Salud invertirá cerca de 200 millones en la incorporación y renovación de nuevos equipos tecnológicos, desde TAC a resonancias magnéticas, pasando por aceleradores liniales para el cáncer o equipos de medicina nuclear. También se va a avanzar con otros 100 millones en las transformación digital de Osakidetza.

El Gobierno central concederá finalmente a Euskadi los 50 millones que había solicitado el Ejecutivo autonómico para cubrir la lista de espera del Moves, el programa de ayudas para adquirir coches eléctricos (híbridos enchufables y eléctricos puros). Cerca de 3.400 vascos se encontraban en un limbo sin saber si finalmente recibirían las ayudas, después de que los fondos asignados por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se terminaran, pero el plazo para solicitarlas se extendiese hasta el 31 de diciembre. Y es que desde el Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo que gestiona los fondos en Euskadi, confirman que desde que el presupuesto se agotó el 6 de octubre tras abonar la ayuda número 1.584, las solicitudes han seguido entrando, generando una lista de espera cada vez más difícil de cubrir. El Departamento de Industria ha confirmado este miércoles que Euskadi ha conseguido finalmente la ampliación de 50 millones solicitados al Gobierno central para solventar el problema. Jon Lekue, representante de Faconauto (patronal de los concesionarios) en Euskadi y director general de Autonervión, opina que en lo que resta del año, el Moves seguirá teniendo tirón pese al tiempo que pasa hasta que se reciba la ayuda, «porque sigue siendo una ayuda muy relevante». Cree que el plan «funciona, pero si el siguiente paso es pago directo y rapidez, el mercado lo va a notar muchísimo».

Las empresas españolas tienen un gran desafío por delante. Aunque la Comisión Europea ha eliminado la prohibición a la venta de coches de combustión interna a partir de 2035, las elevadas exigencias de descarbonización que se adoptarán a cambio seguirán requiriendo un elevado esfuerzo de transformación por parte de los fabricantes y de los compradores. Según los datos recogidos en la normativa anunciada ayer miércoles por el Ejecutivo comunitario, las nuevas matriculaciones de vehículos corporativos en España deberán estar compuestas en 2030 en un 36% por coches eléctricos puros o por aquellos basados en hidrógeno. Se trata de una cifra que se eleva hasta el 55% en caso de computar también las matriculaciones de los llamados vehículos de bajas emisiones que generan entre uno y 50 gramos de CO2 por kilómetro, como los coches híbridos. Para las furgonetas, que también quedarán afectadas por los nuevos requerimientos europeos, las cifras son algo más laxas para los próximos años dada la menor penetración del vehículo eléctrico en este segmento. Para las furgonetas, exigen que un 29% de las nuevas matriculaciones de las flotas corporativas sea eléctrico y que al menos un 32% sea de bajas emisiones. “A partir de 2030, los Estados miembros deben garantizar que un porcentaje mínimo de los nuevos automóviles y furgonetas corporativos matriculados por grandes empresas sean de cero o de bajas emisiones, con un subobjetivo separado para los vehículos de cero emisiones”, señalan desde la Comisión.

Leire Iglesias (Hondarribia, 47 años) es desde hace menos de una semana presidenta de Casa47, la nueva empresa estatal de vivienda. El BOE anunció su nombramiento el viernes pasado, tras dos años al frente de Sepes, la entidad de suelo que ha sido germen de la nueva compañía pública y que va a recibir miles de casas de Sareb (también conocida como banco malo). "La idea es que este jueves [por hoy] se reúna por primera vez el consejo rector de Casa47 y se aprueben las bases de la convocatoria y se publique. Daremos dos meses para que la gente pueda hacer la solicitud, resolveremos, y a principios de 2026 estarán habitadas las primeras viviendas...El objetivo es la viabilidad económica del modelo. Tenemos 10 años muy inversores en materia de vivienda, aportando mucho vía Presupuestos, con construcción y compra de vivienda para levantar el parque estatal de vivienda asequible. Y a partir del décimo año, que esto ya tenga un retorno suficiente como para que la entidad no necesite ninguna aportación extraordinaria...Hablamos de un servicio público para las mayorías. Cuando establecemos el límite de renta entre 2 y 7,5 veces el Iprem [índice de referencia para calcular ayudas públicas], estamos hablando del 60% de la población. Dejamos a un lado a la población que está en una situación de mayor dificultad, a la que hay que acompañar con más servicios aparte del acceso a la vivienda, y al sector de rentas más altas...Vas a poder acceder a aquellas viviendas que te supongan un esfuerzo financiero inferior al 30% de la renta de la unidad de convivencia. A diferencia de la vivienda social o protegida, no va a haber una concurrencia competitiva. Si entendemos eso como un derecho, tiene que ser a todas las personas que tienen ese derecho. Podrás acceder a las viviendas que cumplan con el criterio de renta, y a partir de ahí se hará un sorteo...Será difícil que esto tenga marcha atrás. Si lo hacemos bien y somos capaces de contar con una entidad pública que sirve para atender una demanda de la ciudadanía en provisión de vivienda asequible, el gobierno que quiera conseguir esa prestación para los ciudadanos tendrá que garantizar la inversión..."

El nuevo año comenzará, por sexto año consecutivo, con el salario mínimo congelado en 1.184 euros al mes. El Gobierno ha cambiado de nuevo de planes y, aunque en un principio sopesó dar un golpe de efecto y empezar ya 2026 con una nueva subida del SMI ante el delicado momento político que atraviesa, ha decidido retrasar la aprobación de la nueva cuantía, que finalmente quedará exenta de tributación, a finales de enero o, como tarde, mediados de febrero, tal y como han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo. El motivo de este retraso es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ve opciones, aunque sean remotas, de alcanzar un acuerdo con la patronal, por lo que quiere luchar hasta el final para intentar lograr un pacto que se le resiste en los últimos años. La CEOE manifestó en la primera reunión de la mesa de negociación del salario mínimo celebrada el pasado martes la posibilidad de variar su postura y aceptar un alza que no sea del 1,5% siempre y cuando se garantice no modificar la posibilidad de compensación y absorción por otros complementos salariales, como pretende hacer el Ejecutivo y demandan los sindicatos. Es cierto que un pacto con la patronal en el actual escenario –las relaciones entre su presidente, Antonio Garamendi, y la ministra de Trabajo están más tensas que nunca– es más que improbable, pero Díaz quiere explorar esta posibilidad para que no se diga que no practica el diálogo social.

Telefónica presentó ayer la oferta final para los ERE de las tres empresas más importantes del grupo amparadas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) –es decir, Telefónica España (TdE), Móviles (TME) y Soluciones (TSOL)–, incluyendo otro sustancial recorte en la cifra de salidas mínimas a partir de las cuales la empresa no podrá imponer despidos forzosos. Esta cifra queda en 3.765 salidas mínimas (frente a las 4.000 anteriores). De esta forma, las propuestas de la empresa se ajustan a la reivindicación principal de los sindicatos: que la inmensa mayoría de las bajas sean voluntarias mediante prejubilaciones. Esta oferta posibilita, por tanto, que los sindicatos –UGT, CCOO y Sumados-Fetico, en las tres filiales grandes, y sólo UGT y CCOO, en las otras cuatro firmas– aprueben la propuesta. Se prevé que UGT la apruebe hoy y CCOO mañana viernes. Con estas cesiones de Telefónica y las que presentó el martes en las otras empresas más pequeñas –Telefónica SA (TSA), Telefónica Innovación Digital (TID) y Telefónica Global Solutions (TGS)–, el volumen total mínimo de salidas que pretende la operadora en las siete filiales afectadas se sitúa, por ahora, en 4.554, es decir, 1.534 menos que las 6.088 que presentó inicialmente, un 25,2% menos. Hoy se producirá la última reunión de la mesa negociadora en Movistar+, la televisión del grupo, en la que, por el momento, las salidas planteadas se han reducido a 190 (desde las 297 iniciales).

Muy altivo y, por momentos, desafiante. Arremetiendo contra el Supremo, contra la UCO, contra el Senado, contra el Congreso... e, incluso, contra sus excompañeros que ayer le dejaron tirado y a los que, veladamente, amenazó por sus «reproches éticos». El exdirigente socialista se presentó como una suerte de víctima de una conjura político-judicial, de ‘lawfare’, al tiempo que negó absolutamente todos los cargos que se le imputan. «¡Soy inocente, no soy ningún corrupto!», clamó, mientras cuestionaba, una vez más, la veracidad de los audios de Koldo García en los que se le escucha repartiéndose mordidas por el supuesto amaño de obra pública con José Luis Ábalos y su asesor. Las grabaciones que constituyen la piedra angular de la acusación contra él. Se presentó poco menos que como un perseguido político y llegó a vincular sus problemas legales –una causa que el presidente Sánchez y el PSOE han dado por creíble– a su papel para forjar con el Junts de Carles Puigdemont la investidura del líder socialista. A Alfonso Gil, líder del Psoe en el Senado, le lanzó la siguiente respuesta: «Pregúntese si está en condiciones de hacerme a mí un reproche ético». 

Este creciente nivel de endeudamiento mundial es motivo de inquietud para los inversores. La economía mundial se asienta sobre una montaña de deuda que no ha parado de crecer desde la pandemia, de forma acelerada en algunos casos, y que va a seguir engordando el próximo año. El pago creciente de intereses, una cuestión acuciante en el caso de EE UU, la refinanciación de los vencimientos y el desequilibrio de las cuentas públicas que no se ve compensado por el crecimiento van a continuar siendo las coordenadas que alimentarán la bola de nieve de la deuda pública también en 2026. El endeudamiento de la zona euro marcará un nuevo récord, y junto a EE UU, las emisiones de nueva deuda superarán los tres billones de euros. En su último análisis de la situación fiscal a escala global, del pasado octubre, el FMI advertía de que “las perspectivas y los riesgos de la deuda pública mundial se han deteriorado aún más desde nuestras últimas reuniones en abril”. El organismo prevé que la deuda pública mundial supere el 100% del PIB en 2029, lo que sería el nivel más alto desde 1948. Y bastaría un escenario adverso para que ese nivel se disparara al 129%. En las grandes economías desarrolladas, ese 100% del PIB es un umbral que ya ha dejado de ser impensable. Están ahí grandes economías como Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, además de España (103,2% del PIB).

El precio del petróleo rebotó ayer cerca de un 2%, tras varias sesiones a la baja, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo “completo y total” contra todos los petroleros que entren a Venezuela o salgan de ella. El país produce cada día casi un millón de barriles de crudo, una cifra que resultaría lo suficientemente elevada como para hacer tambalearse el mercado del crudo en otra circunstancia pero que, actualmente, cuando este se encuentra particularmente bien suministrado, apenas conlleva una ligera subida de la cotización. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, repuntó ayer cerca de un 2%, recuperando la cota de los 60 dólares que había perdido la sesión del martes. Con todo, la cotización del crudo se sitúa muy cerca de los mínimos de los últimos cinco años, de donde apenas se despegó en esta última jornada, lastrada por el exceso de oferta global provocado por la reapertura del grifo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la debilidad de la economía mundial y las esperanzas desatadas este martes por el propio Trump sobre un acuerdo de paz en Ucrania. Esta subida se debió a que el presidente de Estados Unidos anunció ayer un bloqueo “completo y total” contra todos los petroleros con destino u origen en Venezuela, país al que ha acusado de utilizar los ingresos de esta materia prima para “financiar el tráfico de drogas” y de “apropiarse del petróleo, la tierra y otros activos estadounidenses [en referencia a la expropiación a ConocoPhillips]” y amenazó a Caracas con elevar las hostilidades si no devuelve todo ello “de inmediato”. Además, ha declarado organización terrorista al “régimen” de Nicolás Maduro.

Los centros educativos y de formación profesional del Reino Unido abrirán de nuevo sus puertas a los estudiantes españoles y de otros países de la Unión Europea acogidos al programa Erasmus tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Comisión Europea. El pacto en cooperación académica, docencia, formación y prácticas laborales estará operativo en enero de 2027, según adelanta el comunicado conjunto del comisario europeo Maros Sefcovic y el secretario de Estado para Europa, Nick Thomas-Symonds, que se publicó ayer. El regreso del Reino Unido al principal mecanismo comunitario de ayuda a la movilidad juvenil en el ámbito de la educación, el deporte y las prácticas en un puesto de trabajo facilita al mismo tiempo oportunidades a escolares y universitarios británicos para continuar sus proyectos de formación en un país de la UE. La última hornada de becarios de Erasmus+, el título oficial del programa, se remonta al curso 2018-2019, dos años después del rompedor referéndum del Brexit. Entonces, 18.300 nacionales británicos partieron hacia la UE para completar sus planes de estudio y unos 30.000 comunitarios encontraron plaza en Reino Unido bajo este programa europeo. Asociaciones, sindicatos y profesionales del sector han recibido con entusiasmo este primer acuerdo palpable de la Administración laborista desde que anunciara su intención de mejorar la relación con Bruselas. La asociación a Erasmus debería facilitar, además, la negociación hacia un pacto en movilidad juvenil entre Reino Unido y el espacio comunitario, ya sea con fines de trabajo o simplemente de residencia.