20260205

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado un portazo a la demanda de los sindicatos ELA y LAB para forzar a la patronal Confebask a sentarse a negociar un salario mínimo vasco (SMI). La sala presidida por Garbiñe Biurrun, con ella como ponente, la ha desestimado al considerar que la negociación colectiva no puede extenderse a la fijación de un SMI «para todas las personas trabajadoras» al ser esta materia competencia del Gobierno central. Los sindicatos solicitaron al TSJPV que declarase ilegal la negativa de Confebask al estimar que era contraria al deber de negociar de buena fe recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El tribunal, que apenas ha tar- dado dos semanas en pronunciarse tras la vista celebrada el pasado 20 de enero, entiende que el rechazo de la patronal está justificado porque esa «retribución mínima» que piden los sindicatos «afectaría a todas las personas que trabajan» en Euskadi, por lo que no se trata de un «salario profesional de convenio». El Superior vasco recuerda que el SMI es el límite mínimo o suelo común de retribución global para todos los trabajadores sometidos a la legislación laboral sin distinción de sectores de producción, de niveles profesionales, de modalidades contractuales y de sexo o edad; y precisa que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno central su fijación anual previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no frenará la batalla iniciada por ELA y LAB, que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo y que impulsarán nuevas iniciativas políticas para obligar a la patronal a negociar. Todo a pesar de que el texto es «claro y contundente» según reivindica la directora del área jurídico-laboral de Confebask, Virginia Múgica. Ayer manifestó que «estamos completamente satisfechos» con el fallo «ya que reproduce los argumentos que ya habíamos expuesto en los encuentros previos y que, como reconoce el propio texto, venimos defendiendo desde entonces». La interpretación que hacen ELA y LAB es muy distinta. Ayer señalaron que según la sentencia, si bien solo puede regularse por ley un salario mínimo que tenga efectos sobre las prestaciones sociales, «sí puede negociarse uno que tenga efectos únicamente sobre los salarios». Al pie de esta visión, el responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, afirmó que la sentencia «deja un sabor agridulce» porque la sala no habría entendido sus pretensiones. Ver nota de Confebask aquí. 

«No meteremos dinero público solos. Tiene que ser en colaboración con inversores privados». Así se rotundo se ha mostrado hoy el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico inyecte fondos en Tubos Reunidos, que ha anunciado un ERE aún pendiente de concretar en sus dos plantas vascas, Amurrio y Trapagaran, por su «compleja coyuntura económica». La compañía, que cuenta con 1.300 trabajadores en esas fábricas, arrastraba problemas financieros desde hace años y se ha visto muy afectada por los aranceles de Donald Trump dado que EE UU supone la mitad de su facturación y ya no puede vender allí. El consejero de Industria ha cuestionado el rescate que realizó la Sepi en 2021, cuando concedió un préstamo a Tubos Reunidos por 113 millones de euros dentro de un programa para apoyar a grandes empresas tras el impacto el covid. «Se ha aguantado cuatro años pero se ha engordado la deuda», ha censurado. Por eso ha abogado por «evitar un falso rescate o patada hacia adelante». En su intervención durante la inauguración del Congreso Nacional de Industria que se celebra estos días en el Euskalduna, Jauregi ha insistido en esta idea de que «lo que en origen fueron salvavidas para rescatar a nuestra industria, se han convertido en anclas que están llevando a algunos proyectos al fondo del mar». Lo ha hecho delante del ministro del ramo, Jordi Hereu. En este sentido, se ha mostrado partidario de encontrar «entre todos un futuro industrial que mantenga la actividad industrial en Amurrio y Trapagaran». A la espera de que el próximo lunes la dirección desvele el alcance del ERE y su plan de viabilidad, ha dejado claro que «la empresa va a necesitar financiación y si no viene de los actuales accionistas tendrá que ser de otros», en referencia a la necesidad de encontrar nuevos inversores.

El consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, materializó ayer formalmente la compra de la firma propietaria de la cadena de supermercados BM. Jareño reunió a un pequeño grupo de directivos y logró financiar 730 millones junto a los fondos vascos Stellum Capital e Inveready; e Indar Kartera, el vehículo de participaciones empresariales de Kutxabank. Con el cierre definitivo de la operación, que se había firmado el pasado 23 de diciembre, el grupo vasco de inversores culmina la compra de la empresa que estaba en manos del fondo francés Pai Partners, que tenía un 70% por un 30% la familia Fernández de Barrena. El inversor galo deseaba vender los supermercados BM y estuvo a punto de cerrar un acuerdo en 2024 con Carrefour. Una situación que ponía en riesgo la continuidad del modelo y de las plantillas de una firma con una extraordinaria presencia en Euskadi. Los compradores aseguran así el arraigo de la empresa en el País Vasco, donde goza de la segunda posición en cuota de mercado y destina 250 millones a comprar productos a proveedores locales. El cierre y la toma de control por parte del CEO de la empresa ha tenido también una consecuencia simbólica de calado en el cambio de la presidencia con el nombramiento, sin funciones ejecutivas, de María José Aduriz. Con una larga trayectoria en la empresa, donde ha sido directora de proyectos estratégicos y miembro del consejo de administración, esta licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto releva en el puesto a José Ramón Fernández de Barrena. El hasta ahora presidente es miembro de la familia fundadora de la cadena de supermercados y ha participado activamente en la gestión de la firma desde que asumiera la dirección general de la empresa en 2007.

La operación Ayesa ha desatado la tormenta entre los socios de gobierno en la Diputación foral de Gipuzkoa. La diputada general, la jeltzale Eider Mendoza, acusó ayer de «absoluta deslealtad» a su socio, el socialista José Ignacio Asensio, en lo que supone la mayor crisis en la relación de PNV y PSE en el Gobierno foral en esta legislatura. Mendoza respondió con un duro comunicado a las declaraciones que su teniente de diputada general había realizado poco después del bronco pleno celebrado en las Juntas Generales, donde achacó a los cargos del PNV, Eider Mendoza, y al alcalde de Donostia, Jon Insausti, su «falta de liderazgo» por no haberse posicionado a favor de que Kutxa Fundazioa participe en la compra de la tecnológica Ayesa junto a la fundación vizcaína BBK y el Gobierno Vasco, entre otros. «Las declaraciones de José Ignacio Asensio son absolutamente desleales a este gobierno foral, están fuera de lugar y no se corresponden con la cultura política guipuzcoana, basada en la colaboración y el respeto mutuos», afirmó con rotundidad la diputada general. Por la mañana ya se había retratado la división de los socios del Gobierno foral tras aprobar el PSE una iniciativa presentada conjuntamente con EH Bildu –principal partido de la oposición en el territorio–, y respaldada también por los votos del PP, en la que pedían a la Diputación que Gipuzkoa «tenga capacidad de decisión» e «impulse» la participación de Kutxa Fundazioa en la división tecnológica de Ayesa, la antigua donostiarra Ibermática, adquirida en diciembre por un consorcio vasco por 480 millones de euros. Una propuesta sobre la que se mostraron contrarios tanto el PNV como Elkarrekin Podemos, que pidieron evitar «injerencias políticas» y «respetar» la decisión de la fundación.

Donostia se ha colocado en el corazón de la carrera tecnológica global con la inauguración ayer por parte del lehendakari, Imanol Pradales, de la torre cuántica del centro de investigación CIC NanoGUNE. Esta nueva instalación, concebida como un espacio de investigación, desarrollo y fabricación de hardware cuántico, abre la puerta a una nueva generación de ordenadores capaces de transformar ámbitos tan diversos como la medicina, el medio ambiente o la ciberseguridad. El avance que persigue el centro donostiarra no se limita a la capacidad de cálculo. Su tecnología promete aplicaciones que irán desde el diseño de nuevos medicamentos y sistemas de detección precoz del cáncer hasta el desarrollo de materiales sostenibles, la protección frente a ciberamenazas y la predicción de catástrofes naturales. La torre cuántica supone también la consolidación de Gipuzkoa como un actor central en la estrategia europea para la producción de chips cuánticos de silicio, junto a centros de Alemania, Países Bajos o el Reino Unido. Frente a potencias como Estados Unidos y China, volcadas en otras tecnologías, Europa apuesta por el silicio como vía propia para alcanzar la computación cuántica industrial. NanoGUNE lidera este esfuerzo junto con la compañía británica Quantum Motion, cuyo equipo ha trasladado a Donostia su actividad para desarrollar procesadores –con diseño guipuzcoano– basados en el mismo material que ya sustenta la electrónica tradicional. 

 El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, culminó ayer el diseño del equipo con el que arranca el reto de reflotar Talgo. Lo hizo incorporando a dos consejeros en calidad de independientes al órgano de gobierno del fabricante de trenes. Se trata de Lorea Aristizabal, directora de desarrollo corporativo de Cie Automotive, y de Tomás Olano, consejero en Bergé Infraestructuras y miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Bilbao. Jainaga se acompaña así de siete profesionales con un marcado arraigo en Euskadi y una sólida experiencia industrial. Aristizabal ha sido nombrada en sustitución de Luisa Poncela y aporta su experiencia en el mundo de la automoción generada desde su entrada en 2003 en el fabricante de componentes vasco Cie Automotive. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Gestión. En cuanto a Olano, entra en el consejo para cubrir la vacante que dejó el expresidente de la compañía, Carlos de Palacio. Este licenciado en Derecho y MBA tiene una larga trayectoria en el sector logístico y en el comercio internacional. Ha sido consejero delegado de Bergé y actualmente es consejero de Bergé Infraestructuras y Servicios Logísticos, Bergé Maritima Bilbao, Vortexia, Punta Sollana y Mediasal. Además, está en la Cámara de Bilbao y en la asamblea de la patronal vizcaína Cebek. 

Arreón inédito a las obras del trazado que permitirá al tren de alta velocidad circular entre Vitoria y Burgos, tramo clave para que la ‘Y’ vasca quede conectada con Madrid y el resto de la red AVE española. El Gobierno central va a licitar esta semana dos de los siete tramos en los que se ha dividido el tajo y dará luz verde, reservando la partida económica correspondiente, a que se haga lo mismo con un tercero durante las próximas semanas. Se completa así un inicio de año vertiginoso en el que, además, arrancaron las obras en un cuarto punto. El acelerón tiene como objetivo que para 2027 los casi 100 kilómetros de la ruta estén en ejecución. Si se cumplen los plazos que maneja el Ministerio de Transportes, esto supondrá que las labores pueden quedar culminadas en torno a 2031. Tras casi dos décadas de trámites administrativos en los que el proyecto del AVE Vitoria-Burgos fue modificado dos veces y ha sido víctima de las sucesivas crisis económicas y de la parálisis política que afectó al Gobierno central, la obra emerge de repente con un cronograma muy concreto y por razones muy concretas. No es solo que la ejecución de la ‘Y’ vasca haya entrado en su recta final –podría inaugurarse para 2030– y resulta sangrante que nazca sin conexión con la meseta, es que la UE aprieta para tener listo el eje Lisboa-Madrid-París para 2035.

El Gobierno vasco destina 22 millones de euros anuales a la industria audiovisual, un sector que da empleo a tiempo completo a 28.500 personas y que genera 472 millones de euros, el 27,6% de la economía cultural con origen en Euskadi. Son datos proporcionados en la Cámara de Vitoria ayer por la vicehelendakari Ibone Bengoetxea, que ha reivindicado el audiovisual como «un sistema estratégico de país». La inversión pública trata de alentar desde la creación de películas y series hasta su internacionalización. El éxito del cine vasco «no es una moda», según la consejera de Cultura y Política Lingüística, que compareció ante la Comisión de Cultura a petición de EH Bildu. «Se sustenta, en primer lugar, en el talento creativo, técnico y profesional: productores, directores, guionistas, actores... Ese talento no crece solo, sino que existe un ecosistema que lo acompaña. La coordinación de los diferentes niveles institucionales y la iniciativa privada son claves. Cuando hablamos de audiovisual, hablamos también de economía real, empleo de calidad y bienestar para el país». Las cifras lo demuestran. En los dos últimos años, 242 producciones vascas han pasado por festivales internacionales y ganado más de 400 premios. El Gobierno vasco calcula que las películas vascas han tenido más de 15 millones de espectadores en todo el mundo en los últimos años. «La presencia internacional del audiovisual vasco no es casualidad, sino el resultado de una estrategia coherente y mantenida en el tiempo», alaba Bengoetxea.

El grupo Last Tour ha rubricado un cambio significativo en su estructura de gobierno corporativo tras un proceso de transición «cuidadosamente planificado» durante los últimos meses. Yurdana Burgoa Valtierra ha sido designada CEO de la compañía, asumiendo la dirección ejecutiva y operativa de una de las mayores promotoras musicales independientes de España. Simultáneamente, Alfonso Santiago, fundador y principal accionista, consolida su rol estratégico al asumir la presidencia de una organización que impulsa, entre otros, festivales como el Bilbao BBK Live, que este año celebrará su 20 aniversario, Azkena Rock Festival, Meo Kalorama y Pirineos Sur. El cambio subraya la madurez de una empresa que ha trascendido sus orígenes de promotora local para convertirse en un grupo empresarial multisectorial. Con una facturación superior a 100 millones de euros anuales y una actividad que genera 10.000 empleos directos e indirectos, Last Tour se ha posicionado como un actor relevante en la industria cultural europea, con citas de la envergadura del BIME, que este año celebrará su 14ª edición en Bilbao y la quinta en Bogotá. Burgoa, que desempeñaba el cargo de adjunta a CEO y directora de Desarrollo de Negocio y Asuntos Públicos, llega a la dirección general tras una trayectoria profesional híbrida que combina experiencia en administración pública y sector privado. Durante más de seis años fue directora de gabinete y comunicación del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco y, antes de su etapa en la Administración, ejerció como empresaria con dos iniciativas propias.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reivindicado que el crecimiento económico de Euskadi "se tiene que asentar sobre empleos de calidad" y no se puede "competir a costa de precarizar". En este sentido, ha subrayado que la calidad del empleo es "un factor de competitividad y una inversión a largo plazo", ya que las empresas que generan mejores condiciones laborales son "más resilientes". Torres ha abierto este miércoles una jornada en Bilbao sobre 'Condiciones laborales y calidad del empleo', en la que se ha presentado el número 108 de la revista Ekonomiaz, editada por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Representantes del ámbito institucional, académico y socioeconómico han asistido a esta jornada, en la que el vicelehendakari ha reivindicado "un país con más empleo digno, mejores condiciones laborales, más cohesión social, más justicia social y más oportunidades" y ha precisado que todo ello "forma parte de un proyecto que no se improvisa", sino que es uno de "los grandes ejes" de su Departamento. Torres ha valorado que el mercado laboral vasco se encuentra en "máximos históricos", de manera que Euskadi ha cerrado 2025 con "más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social que nunca", lo que indica su "capacidad de resiliencia" en un marco internacional de "enorme incertidumbre".

El EDA Drinks & Wine colocó este miércoles su primera piedra junto a la estación de autobuses de Vitoria en un edificio que aspira a ofrecer formación «de primer nivel a escala internacional». Y no hay mucho tiempo que perder para levantarlo, pues el objetivo es que los alumnos inicien allí el curso 2027-2027. Eso será dentro de tan sólo año y medio por lo que pronto tendrían que entrar la maquinaria para transformar este solar. «Nos vemos aquí en septiembre del año que viene», instó el lehendakari, Imanol Pradales, que presidió el acto. La idea es armarse ante la crisis que vive el sector enológico y la caída de un 4% en el consumo del vino durante el último año. «El consenso entre los enólogos es claro: hoy se está haciendo el mejor Rioja Alavesa de la historia. Es el fruto de décadas de apuesta por la calidad y la mejora continua. Pero el resto de los países y territorios aprietan fuerte. No hacer nada supondría perder posiciones, y quedarse finalmente fuera de la carrera», apuntó Pradales. Planteó que EDA será «la nueva viña del talento», pues de aquí saldrán «las personas que liderarán la transformación de este sector Euskadi, desarrollando nuevos productos, servicios y modelos de negocio».

Las barreras legales que se han desplegado en los últimos años para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico en Euskadi empiezan a dar frutos tangibles. Aunque el número total de pisos turísticos registrados mantiene una senda ligeramente ascendente, la tendencia en la concesión de nuevas licencias empezó a caer en 2024 y ha marcado un mínimo histórico en 2025, donde por primera vez en una década no se alcanzaron las 300 incorporaciones anuales en el País Vasco, en un descenso que ha sido especialmente acusado en Gipuzkoa, donde de 2024 a 2025 las incorporaciones se redujeron a un tercio, de 156 a 50, según los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (Reate). El Consejo Vasco de la Competencia ha elaborado un minucioso análisis sobre las ‘Viviendas para uso turístico en la CAV’ en el que ofrece cifras de la evolución de este fenómeno en Euskadi y establece una serie de recomendaciones para que las trabas legales que las instituciones están poniendo a la apertura de nuevos pisos turísticos no vayan en detrimento de la libre competencia o de la seguridad jurídica. En el apartado de las cifras, el informe destaca que «la incorporación de viviendas turísticas (VT) al mercado no ha dejado de crecer año tras año y en 2023 ya se superaron los datos prepandemia del covid. No obstante, su intensidad empezó a disminuir en 2024, para crecer menos que nunca en 2025».

Propone que el INSS intervenga de forma más temprana para evitar el coste millonario de los casos cronificados. Un total de 16.500 millones de euros en 2024. Este fue el gasto de la Seguridad Social en prestaciones por incapacidad temporal, un desembolso que solo fue superado durante aquel ejercicio por las pensiones. Una cifra que año a año ha ido aumentando al calor del crecimiento de los episodios de contingencias comunes y, especialmente, por un diseño «poco eficaz y eficiente» del sistema de seguimiento de esta prestación. Así lo considera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su ‘Spending Review’ 2022-2026 sobre la incapacidad temporal en España, que revela la ineficiencia de un sistema que ha disparado el gasto público. El crecimiento de la incapacidad temporal se explica, principalmente, por el aumento de las contingencias comunes, que casi se han duplicado desde 2017, en contraste con la estabilidad de las contingencias profesionales. En la actualidad, el sistema de bajas laborales establece que, en la incapacidad temporal, el coste de los tres primeros días lo asume el trabajador. Del día 4 al 15, el empleado recibe el 60% de la base reguladora, financiada por la empresa. A partir del día 16, se abona la misma cantidad a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y desde el día 21 el porcentaje asciende al 75%. A partir del día 366 y durante un máximo de 180 días adicionales, la gestión es exclusiva del INSS, aunque «puede intervenir en cualquier momento de la incapacidad temporal», recuerda Cristina Herrero, presidenta de la Airef. Sin embargo, esta intervención temprana no se produce de forma sistemática, lo que, a juicio del organismo, contribuye a la ineficiencia del sistema.

Los sindicatos con más implantación entre los trabajadores ferroviarios, Semaf (el de maquinistas), UGT y CC OO, no cambiarán su hoja de ruta tras reunirse ayer con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Las organizaciones decidieron mantener el paro en Renfe del 9 al 11 de febrero en protesta por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), según confirmaron al salir de la reunión. El primer accidente causó la muerte de 46 personas, entre ellas un maquinista; y el segundo la de otro profesional ferroviario. Los representantes de los trabajadores reclamaron más seguridad e inversión en las infraestructuras, reivindicaciones que el ministerio dice estar dispuesto a atender, pero de momento no convenció a los trabajadores para que anulen los paros. Hoy se celebrará una nueva reunión en la que también participará Puente. Semaf, el sindicato con más representatividad entre los maquinistas, fue el primero en llamar al paro en Renfe a los pocos días del accidente de Adamuz, al que se fueron sumando el resto de centrales con presencia en el comité de la empresa pública en los días posteriores: CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT. A la pregunta directa sobre qué debería pasar para que desconvoquen el paro, el jefe de Semaf explicó que “es pronto, ha sido una primera reunión de toma de contacto, de exponer los problemas que hemos detectado”. Diego Martín dejó claro que los ferroviarios “quieren mostrar su descontento con la situación actual” y a la vez indicó que el ministerio les “esclarecerá” en los próxiel mos días qué compromisos concretos está dispuesto a adoptar.

En pleno ciclo electoral, con el PSOE y el Gobierno bajo la alargada sombra de los escándalos de corrupción y de presunto acoso machista, con los apoyos parlamentarios más inestables que nunca, y con la crisis ferroviaria en plena efervescencia, los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dispersar el foco de la atención política y mediática se suceden a velocidad de vértigo. Tras aprobar por decreto y a espaldas del Congreso una regularización masiva y exprés que afectará a unos 500.000 inmigrantes, o anunciar la prohibición del acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, responsabilizando a los CEO tecnológicos de posibles delitos en redes, ayer fue el turno (de nuevo) de la enseñanza privada. Después de dar luz verde en octubre a un controvertido real decreto por el que se endurecieron las exigencias para la creación de nuevas universidades privadas en España, Sánchez adelantó ayer que también “pondrá límites a la apertura de centros privados” de FP “que no ofrezcan las garantías formativas y calidad suficientes para sus alumnos y alumnas”. Con el mismo argumento utilizado en su día con las universidades de evitar que las instituciones de enseñanza privada se conviertan en “chiringuitos” educativos, el jefe del Ejecutivo anunció que en los próximos dos meses se lanzará a consulta pública un real decreto por el que se regulará, controlará y limitará la apertura de nuevos centros privados de FP. Así lo adelantó ayer Sánchez durante su intervención en la clausura de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, celebrada en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El objetivo de esa vuelta de tuerca regulatoria es “asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia y con control”.

La perspectivas de más contratos y pedidos en Europa adelantan una época de crecimiento para los tres grandes representantes de la industria de Defensa en España, como son Airbus, Indra y Navantia, que se están posicionando para optar a los nuevos programas que se van a lanzar a corto plazo, tanto en el sector aeronáutico, como en el marítimo y también en vehículos militares terrestres y en el ámbito espacial. “Europa entra en un ciclo de inversión que combina más entregas de aeronaves militares, más disponibilidad y más exigencias de sostenimiento en el sector de Defensa“, explica Carlos García, socio de Transporte y Servicios de Oliver Wyman, que añade que la industria “necesita anticipar desde ya” capacidad productiva, repuestos y talento técnico para alcanzar sus objetivos operativos antes del año 2032. En el caso del coloso aeronáutico europeo Airbus, participado en un 4,12% por el Estado español a través de la Sepi, el grupo está bien posicionado para la demanda creciente en segmentos como el transporte estratégico, el reabastecimiento de las aeronaves en vuelo, así como en aviones de combate y también se está impulsando en la carrera espacial y de satélites y en el campo de los drones. Airbus cuenta en su oferta de modelos con el avión de transporte militar A400M, con gran arraigo español, ya que su ensamblaje y la producción de algunas de sus piezas clave se hacen en España, y también dispone del A330 MRTT, especializado en ofrecer repostaje en vuelo a otras naves. Con estos dos modelos, Airbus ve oportunidades de crecimiento en los próximos años, al ofrecer “capacidades clave” para el escenario geopolítico actual en Europa. En aviones de combate, la compañía considera que 2026 representa “un punto de inflexión”. 

Indra sufre una fuerte caída en Bolsa de un 13,65% en solo dos días ante la expectativa de que se produzca un relevo en la presidencia de la compañía. La bajada bursátil no es baladí, ya que se produce con un volumen de negociación inusualmente elevado, el triple que la media. En este contexto, el Gobierno ha dado un paso más para forzar un cambio al frente de la empresa de defensa y tecnología. El movimiento se produce mientras la compañía sigue trabajando en la fusión o compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del actual presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, a su vez tenedor junto con su hermano Javier del 14,3% del accionariado de la empresa del Ibex 35. Fuentes al tanto de la situación señalan que el Ejecutivo, que controla el 28% de Indra a través de la SEPI, está sondeando la posibilidad de relevar a su presidente. Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que su apoyo a la operación entre Indra y Escribano se ha ido enfriando por observar un conflicto de interés. Un portavoz gubernamental declinó comentar la información. Aunque la decisión aún no está tomada y hay división entre diferentes actores concernidos, La Moncloa ya estaría pensando en un sustituto para el puesto. Según las mismas fuentes, se especula con que la presidencia se le ofrezca a Raül Blanco, expresidente de Renfe y ex secretario general de Industria, actualmente un alto directivo de SAPA, también accionista relevante de Indra con el 7,94% del capital.

Entrevista con Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección. Los centros de datos que están en marcha y la nueva gigafactoría de Stellantis y CATL están llamados a marcar un antes y un después en la historia económica de una comunidad donde hay otras inversiones en marcha. “Sólo nos falta el compromiso del Gobierno para que Aragón pueda disponer de toda la energía necesaria para que las inversiones puedan desplegarse”, destaca Jorge Azcón. "En sólo 30 meses mi Gobierno ha sido capaz de atraer inversiones empresariales por valor de casi 80.000 millones de euros. Aragón es la envidia del resto de España por esa capacidad de atracción pero el caso aragonés está siendo observado también por nuestros vecinos del resto de Europa. En esta tierra, cuando un gran grupo empresarial viene a invertir, le ponemos alfombra roja y le facilitamos toda la tramitación administrativa gracias a las DIGA (Declaración de Interés General de Aragón) para reducir los tiempos. Esa es nuestra manera de trabajar. Aragón tiene territorio, recursos naturales, estabilidad política y un gran capital humano. ¿De verdad que la señora Alegría piensa que debemos tirar por la borda todo eso implantando medidas recaudatorias a este tipo de inversiones? ¿Esa es la política que pretende implantar el sanchismo en Aragón? Implementar ese tipo de impuestos provocaría que los grandes grupos busquen otras ubicaciones como Virginia o Malasia...Estamos viviendo el mejor momento económico de nuestra historia. Y ese momento histórico pasa inexcusablemente por la tecnología como clave del desarrollo futuro que, a mi juicio, tiene unas perspectivas inigualables, no en décadas, en siglos. El desarrollo de la IA va a cambiar la economía del mundo y Aragón quiere ser puntera en ese escenario que se abre de par en par. Por eso es determinante ampliar el abanico de nuevas titulaciones tecnológicas y apostar por el Distrito Tecnológico de Aragón (DAT Alierta). Pero insisto, si la red de transporte de energía no se abre a la iniciativa privada se corre el riesgo de perder miles de millones de euros en inversión. Este ha sido uno de los grandes aciertos de Loudoun [el condado más rico de EEUU y que alberga los mayores centros de datos del mundo]. El problema es que en España el plan de Red Eléctrica es quinquenal, mientras que las decisiones sobre los centros de datos son semanales o mensuales. Esto significa perder uno o dos ciclos de inversión. Y si no se instalan en Aragón buscarán otros puntos para hacerlo..."

La maniobra de Junts para arrastrar a la élite empresarial catalana a una posición crítica con la nueva financiación autonómica acordada a tres bandas entre el PSOE, el PSC y ERC está surtiendo efecto. El pasado jueves, el denominado G8 –un foro empresarial formado por el Cercle d’Economia, Fira de Barcelona, el Col·legi d’Economistes, Pimec, RACC, Barcelona Global, la Cambra de Comerç y FemCat– estampó su firma junto a la principal patronal catalana, Foment, en una nota de opinión conjunta que reducía la nueva propuesta de financiación autonómica a la condición de «punto de partida» y subrayaba que «no es suficiente para dar respuesta a las reclamaciones que históricamente se han hecho desde Cataluña». Los integrantes del G8 habían manifestado inicialmente una postura complaciente con el nuevo modelo, influidos por el Govern, y muy especialmente por la consellera de Economía, Alícia Romero, quien les había expresado la necesidad de promocionar el acuerdo con ERC como positivo para Cataluña con el objetivo de presionar a Junts para que permitiera su aprobación en el Congreso con su crucial voto favorable. Sólo Foment resistió a la coerción del Ejecutivo liderado por Salvador Illa y el viernes 9 de enero –un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de ERC, Oriol Junqueras, acordaran la nueva financiación en una reunión en La Moncloa– lanzó un comunicado en el que calificaba el modelo de «claramente insuficiente» y subrayaba que no solventaba una cuestión central: el déficit inversor que lastra a Cataluña y que, según los cálculos de la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre, asciende a 42.500 millones, aproximadamente el equivalente a los Presupuestos de la Generalitat.

La adquisición de Webster Bank por parte de Santander tendrá un efecto significativo en todas las áreas del banco español, pero uno de los cambios más relevantes tendrá que ver con la aportación del mercado estadounidense a las cuentas del grupo. Estados Unidos se convertirá en el segundo mercado que más beneficios aporte a las cuentas de Santander. La presidenta del grupo, Ana Botín, detalló este martes durante la presentación de la operación todos los puntos positivos que tiene un movimiento al que tildó de “histórico”. Es la mayor compra de una entidad estadounidense realizada por un banco de Europa continental (ver página 19). Y uno de los efectos positivos del movimiento es que EEUU entrará en el podio de los mercados que más beneficios genera a Santander. Según recogen los resultados correspondientes a 2025, el mercado norteamericano supone el 11% del beneficio récord logrado por Santander. Allí gana 1.541 millones de euros, casi un 40% más en términos interanuales, lo que ubica actualmente a EEUU como el cuarto mayor mercado para el banco cántabro. El podio de las geografías que más aportan a las arcas de Santander lo ocupa España, que es por mucho su principal mercado, con 4.272 millones; Brasil, que precede al mercado español con una aportación de 2.168 millones, y México, que cierra el podio con un beneficio de 1.705 millones.

Telefónica aceptó ayer, durante la sesión de la comisión de seguimiento de los ERE, un total de 4.772 salidas de empleados y rechazó 352 en los tres procesos de expedientes de regulación de empleo (ERE) puestos en marcha en Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las tres empresas que se agrupan bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) y que concentran el grueso de las bajas de los siete ERE planteados. En total se presentaron 5.124 trabajadores voluntarios para adscribirse a este plan de salidas acordado entre la dirección de Telefónica y los sindicatos y cuya comisión de seguimiento se ha celebrado este miércoles. Telefónica rechazó las salidas de 352 trabajadores voluntarios por exceder los cupos pactados. En el caso de Telefónica España se denegaron 306 salidas, al superar las salidas máximas pactadas y en el caso de Telefónica Móviles (con 30 denegaciones) y Telefónica Soluciones (16 vetos) los vetos se han producido por superar el umbral del 35% exigido en las áreas no excedentarias de la compañía. La mayoría de estas salidas se efectuará entre marzo de 2026 y junio del ejercicio que viene y desde entonces hasta 2028 serán “residuales”, precisaron las fuentes.

Hay muchas dudas sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), pero algo está claro: sucederá a través de Internet. Por eso, la avalancha de ventas y desplomes en bolsa de las empresas de software ha tenido un efecto péndulo y muchos inversores se están refugiando en las empresas de telecomunicaciones europeas. Las empresas españolas destacan en el sector, con Cellnex encabezando las subidas con un alza del 6,61% y Telefónica como la tercera compañía que más sube, con un 5,57%, en la que es su mejor sesión en bolsa desde que presentara el plan estratégico. Entre ellas se encuentra BT, que sube un 5,67% en bolsa. El seísmo lo provocó Anthropic, la compañía detrás de Claude y probablemente la empresa de IA más en forma del momento. La entidad presentó una nueva herramienta que adaptaba su agente ClaudeCoWork a tareas orientadas al sector legal. El lanzamiento amplificó los miedos a que la IA se convierta en una superherramienta que deje fuera al resto de empresas tecnológicas de tareas clave. Amadeus fue una de las empresas perjudicadas en España con una caída del 5%, mientras que a nivel europeo las caídas se siguen produciendo. SAP se dejó ayer un 4% y otro 3,11% está cediendo hoy. En Estados Unidos, compañías como Constellation Software se dejaron casi un 7%, Thomson Reuters, con un importante negocio de bases de datos legales, retrocedió un 15,67%, Booking y Shopify, más de un 9%, y así un reguero casi interminable de empresas tecnológicas orientadas a múltiples sectores (finanzas, turismo o productividad).

La subida de precios en la eurozona se contiene en enero gracias al abaratamiento de la energía. La inflación interanual en la unión monetaria se moderó tres décimas en enero, hasta el 1,7% anual, de acuerdo con los datos publicados ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Con ello, la tasa cae por debajo del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo por primera vez en nueve meses y marca su mínimo desde septiembre de 2024, lo que podría animar el consumo, si bien esta moderación puede estar también comprimiendo los márgenes de beneficios de las empresas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la eurozona subió un 1,7% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, tres décimas menos por debajo del dato de diciembre de 2025. Este ajuste se debió fundamentalmente al mayor abaratamiento de los precios de la energía, que pasó de caer a un ritmo del 1,9% al cierre del pasado ejercicio al 4,1% en el arranque del actual. Además, los servicios han moderado su alza del 3,4% en diciembre al 3,2% en enero. En sentido contrario, en cambio, aunque con un menor peso en el indicador, los alimentos frescos han acelerado su escalada del 3,5% en diciembre al 4,4% en enero, mientras que los bienes industriales no energéticos suben un 0,4% anual, una décima más que el mes anterior. Por países, la moderación del IPC es generalizada, ya que 16 de los 21 países de la eurozona registran en enero una inflación menor a la de diciembre, por solo tres que se aceleran. El ránking viene liderado por Eslovaquia, con una subida de precios del 4,2%, seguida de Croacia (3,6%), Grecia, Lituania (2,8% en ambos casos), Irlanda (2,6%), Letonia (2,6%), España y Malta (2,5%). En sentido contrario, Francia es el país con los precios más contenidos (con un alza de apenas un 0,4% anual), seguida de Italia, Finlandia (1% en ambos países), Bélgica (1,4%), Luxemburgo (1,6%), Chipre (1,7%), Portugal (1,9%), Austria (2%), Alemania (2,1%) y Países Bajos (2,2%).