20260210

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tubos Reunidos puso ayer sobre la mesa uno de los expedientes de regulación de empleo (ERE) más importantes de los últimos años en Euskadi. Así es el ajuste de 301 despidos que planteó a sus sindicatos para asegurar «la continuidad del negocio y la viabilidad futura». Un elevado precio social que alcanzaría al 24% de los algo más de 1.300 empleados de la histórica fabricante de tubos vasca. El anuncio, trasladado también a los mercados porque Tubos Reunidos cotiza en Bolsa, superó los peores augurios de la plantilla, que se encontraba desde primera hora de ayer secundando la huelga convocada en la planta de la localidad alavesa de Amurrio, donde trabajan más de 900 personas y donde se localizan, según fuentes sindicales, 274 salidas. En las instalaciones de Trapagaran, se han planteado 27 despidos sobre un total de 330 trabajadores. Eso sí, la planta vizcaína ya había sufrido un ajuste tras la venta de su acería hace dos años y dentro del plan de reestructuración, tras el rescate de la Sepi de 2021. El recorte de la plantilla es uno de los tres puntos de un plan urgente de viabilidad que presentó ayer Tubos Reunidos para dar una respuesta a una asfixiante situación en la que debe 263 millones a bancos, bonistas y acreedores y que debe devolver antes de 2028. Un dinero que, según los datos facilitados ayer, en 2025 tampoco fue capaz de encontrar en su negocio. Las pérdidas del pasado año escalaron a 71 millones y el destino de la mitad de sus ventas, Estados Unidos, ha cerrado sus puertas con el candado echado por Trump en forma de aranceles del 50% al acero. La rentabilidad tampoco acompaña porque no hay volumen de producción. Así los 365 millones facturados en 2025, aun siendo más que los 332 de 2024, arrojaron un resultado negativo de explotación de 24,8 millones. Es decir, el negocio tiene unos gastos muy superiores a los ingresos. Y eso antes de empezar a pagar los créditos y los impuestos.

El ERE de Tubos Reunidos en Amurrio, el mayor proceso de extinción de empleo al que se enfrenta en los últimos años no sólo el territorio sino toda la comunidad, supone un nuevo «golpe» a Ayala y una «malísima» y «preocupante» situación, coincidieron en señalar ayer patronal, instituciones y partidos políticos. Las prioridades ahora, analizan, pasan por «garantizar el futuro» de la firma con un plan de viabilidad, buscar soluciones para su endeudamiento y un diálogo «responsable». Ante todo reclaman «unión» para afrontar la difícil coyuntura. Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente de SEA Empresas Alavesas: «Estamos ante una situación muy preocupante que condiciona el futuro de la actividad de esta empresa y que se ha visto agravada, notablemente, por la política arancelaria activada por la Administración estadounidense». Ante esto, «Europa debe reaccionar lo antes posible y defender a sus empresas», apremió...

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, reconoció ayer, tras conocerse la dimensión del ajuste de plantilla, que «nos estamos jugando el futuro de Tubos Reunidos, de las 301 personas impactadas por el ERE y de las casi mil restantes». Por ello reiteró el apoyo del Gobierno a trabajadores y familias y anunció una reunión con el comité de empresa el próximo viernes. Además, confirmó que están en contacto con la dirección de la empresa para analizar el plan de viabilidad e insistió en la necesidad de «reestructurar su creciente deuda con el apoyo de todos». Y es que el Ejecutivo, concluyó, apoyará en «colaboración público-privada» un proyecto «sólido de futuro».

A través de un comunicado, el sindicato nacionalista ya elevó el tono ayer y planteó un paro indefinido como contestación al ERE. «Ante semejante ataque la respuesta se debe de formalizar mediante una huelga indefinida en Tubos Reunidos. Una huelga en defensa de los puestos de trabajo y la viabilidad real de la empresa», afirmó. La central corroboró el reparto de los despidos –274 en Amurrio y 27 en Trapagaran–, «algo que ELA considera inaceptable». La central tiene cinco de los 13 miembros de la comisión que negocia el ERE en representación de los trabajadores, así que su opinión será clave durante el periodo de consultas. El sindicato confirmó que habrá un segundo encuentro con la empresa el martes 17. Antes, el viernes, será jornada de huelga y los sindicatos se reunirán con representantes del Departamento de Industria del Gobierno vasco. Mientras, ELA «analizará de forma rigurosa la documentación sobre las causas que pretende alegar la empresa», aseguró. «Tubos tiene que retirar el ERE», concluyeron los de Mitxel Lakuntza. Sin embargo, el llamamiento a la huelga indefinida requiere de más apoyos. Y UGT, que es el segundo sindicato en la comisión que negocia el ERE, no fue tan contundente como ELA. «Como en todas las negociaciones, cada sindicato plantea la lucha de una manera. ELA dice huelga indefinida desde el minuto cero. Otros decimos que bueno, que habrá que mirarlo», afirmó Andrés García, delegado ugetista. García, que también es presidente del comité de Amurrio, detalló que el plan de cierre para la acería pasa por «ir reduciendo su actividad» progresivamente. «Tienen previsto el último relevo en junio de 2027». afirmó.

Durante los próximos meses, unas 30 empresas y proyectos tecnológicos del territorio –entre ellas se postulan firmas como CAF, Irizar, Orona, Sapa Placencia o Multiverse Computing– tendrán la oportunidad de acceder al ordenador cuántico de IBM instalado en Donostia, con el objetivo de aprovechar su capacidad de cálculo en aplicaciones reales y productivas. Será la primera vez que la herramienta, hasta ahora empleada con fines científicos y de investigación, se utilice de manera práctica en proyectos empresariales, tal y como ha podido saber este periódico en exclusiva. El cambio no es menor. Hasta finales de 2025, el uso del ordenador se concentraba casi por completo en el ámbito académico: centros tecnológicos y universitarios y grupos de investigación, que colaboraban en iniciativas internacionales. En esa etapa, la infraestructura donostiarra alcanzó picos notables. En mayo del año pasado llegó a utilizar el 100% de la capacidad contratada online. Sin embargo, según los datos actualizados de este enero, el aprovechamiento del ordenador cuántico físico –el instalado en Donostia– supera ya el 30% de uso, y avanza con rapidez hacia cifras récord. Además, el sistema físico dispone del doble de capacidad que el online. Las previsiones son optimistas. Antes de finalizar este año, se alcanzará el 100% de utilización práctica del ordenador, lo que implicará un equilibrio entre el uso científico y el empresarial.

Adolfo Morais Viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno Vasco. "Esa es precisamente nuestra ambición. En la hoja de ruta global de IBM, el Quantum Starling aparece en el año 2029, y nosotros queremos estar dentro de ese recorrido, acompañando cada fase del desarrollo. No se trata de comprar un ordenador cada vez que aparece una nueva versión, sino de evolucionar con la tecnología, igual que ocurre con los teléfonos móviles o los ordenadores clásicos. Ya tenemos el System Two en Donostia, y su arquitectura modular permite incorporar progresivamente nuevos módulos o chips sin reemplazar toda la infraestructura.– Entonces, ¿sería técnicamente posible que Donostia dispusiera del Starling en 2029 o más adelante? – Es factible. No hablamos de empezar desde cero, sino de aprovechar la base existente en el SystemTwo. IBM diseñó este sistema precisamente para poder ampliarlo con nuevos chips cuánticos a medida que avanza la tecnología. Si seguimos en la hoja de ruta y mantenemos la colaboración actual, es razonable pensar que Donostia podría contar en ese horizonte temporal con el primer ordenador cuántico tolerante a fallos. No sabemos todavía si seremos los primeros en tenerlo o si IBM lo desplegará antes en otro país, pero Euskadi forma parte de esa carrera global..."

El impacto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento financiero que la Unión Europea puso en marcha para dar un espaldarazo a la economía europea y paliar de esta manera los efectos de la pandemia, ha alcanzado los 4.438 millones de euros en Euskadi a cierre de año. Así lo expuso ayer en el Parlamento vasco el vicelehendakari y consejero de Empleo, Trabajo y Economía, Mikel Torres, quien realizó un balance de la evolución de los fondos a falta de poco más de seis meses para que el plazo para desarrollar las acciones financiadas con los mismos se cierre de manera definitiva –el 31 de agosto–. Según subrayó, «Euskadi vuelve a situarse entre las comunidades con mayor capacidad de gestión, ejecución y control». Los 4.438 millones suponen un incremento trimestral de más de 400 millones. Un avance que se explica casi exclusivamente por el empuje de las convocatorias estatales, que alcanzan ya un impacto de 2.705 millones en Euskadi, 387 más que en agosto. Por su parte, los volúmenes de gestión autonómica del Gobierno vasco se mantienen prácticamente intactos en los 1.307 millones. Torres quiso destacar la elevada tasa de resolución de Euskadi, que llega ya al 78,2% «situándola como la comunidad con el mayor índice», y quedando por encima de la media nacional fijada en el 72,6%. Una noticia positiva dado que, a mayor tasa, mayores son las posibilidades para poder optar a los fondos y atraer una mayor inversión. Euskadi concentra el 4,7% del dinero europeo que el Gobierno central asigna directamente a las comunidades y ha logrado captar el 8,1% de los fondos asignados a Pertes (1.470 millones), planes estratégicos dirigidos a grandes proyectos de empresas en sectores clave. En este último trimestre las empresas vascas han recibido 69 millones, destacando la guipuzcoana Multiverse Computing, dedicada al software de computación cuántica e IA, con 22 millones en el marco del Perte CHIP o Gestamp, la gigante de componentes para coches, que ha recibido 13 millones como parte del Perte VEC (línea de ayudas al vehículo eléctrico).

"...Tenemos un gravísimo problema demográfico, que puede empezar a afectar ya a nuestro Estado de bienestar y a la idea de «gure aterpea» que señalaba Zupiria. El mantenimiento de la educación, la sanidad y en especial nuestro sistema de pensiones (aunque este está algo más asegurado por el mantenimiento del modelo de ‘caja común’ estatal), puede resultar imposible. El Gobierno autonómico ha impulsado la ‘Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico’ para hacer frente al envejecimiento y la baja natalidad...Pero, en mi opinión, falta una acción específica que tiene que ver con el reconocimiento, reparación y también oportunidad que supone la diáspora vasca. Sobre la más reciente, quizás merece la pena rescatar una iniciativa del Gobierno vasco de 2011. En ella, y con el estudio de un grupo de investigadores de la UPV/EHU, se hizo una propuesta de diseño de un programa que facilitara el retorno de las víctimas y familiares de personas que, habiendo sufrido de forma directa los daños causados por el terrorismo, manifestaran su voluntad de regresar a Euskadi. Fue el llamado ‘Plan Retorno’, que impulsó el lehendakari Patxi López, pero que no tuvo continuidad, quizás por la situación de 2011, y sobre todo de los años posteriores, que estuvieron más centrados en los esfuerzos de paz y reconciliación. En aquel plan se reflejaban algunas propuestas concretas, tanto en los ámbitos institucionales como de colaboración con los diversos colectivos implicados. Hoy, con la participación y apoyo de todos, se podría reactivar y actualizar..."

Sol Daurella, empresaria catalana y presidenta de CocaCola Europacific Partners en Europa, ha comprado la sede central de Correos en Bilbao, según la documentación a la que ha tenido acceso El Correo. El edificio, ubicado en el número 19 de la Alameda de Urquijo, en el corazón de Abando, salió a subasta en septiembre pasado después de que la compañía pública decidiera deshacerse de este inmueble protegido que formaba parte de su patrimonio desde su construcción en 1928. La empresaria barcelonesa es la decimosegunda persona más rica de España (la cuarta mujer), según la lista Forbes del año pasado. Daurella, la mayor fortuna de Cataluña, ha adquirido el inmueble a través de la sociedad Dauber Hoteles, de la que es administradora solidaria. Se trata de una mercantil de carácter inmobiliario. Todo apunta a que el edificio será reformado para abrir un hotel de lujo. Y es probable que aparezca una segunda compañía como entidad explotadora del alojamiento. Aquí es donde podría entrar en juego Gerard Piqué. El exjugador del Barça mostró hace tres años su interés por abrir en la sede de Correos un cinco estrellas, tal y como adelantó entonces este diario. Piqué tiene varios nexos de unión con Daurella, tanto personales como empresariales. La venta del histórico bloque obligará a Correos a reorganizar la atención al público que ofrece a los vecinos del centro de Bilbao. El cierre de la sede es un tema tabú para la sociedad pública. La compañía no ha proporcionado ningún tipo de información a este periódico, pese a que ha preguntado expresamente tanto por el precio final como por el resultado de la subasta y el futuro de la operativa en la capital vizcaína. Sus responsables guardan silencio desde que se lanzara la enajenación. El único dato que se dio entonces es que el importe de salida había sido fijado en 13,5 millones de euros.

El Ministerio de Seguridad Social reactiva el diálogo con sindicatos y patronal para intentar reformar la incapacidad temporal, pocos días después de que la Autoridad Fiscal (Airef) denunciase el descontrol en la gestión de las bajas médicas. Tras cuatro meses de parón en las negociaciones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la creación de un observatorio estatal de esta problemática «que trabajará con vocación de permanencia para identificar cuellos de botella en determinadas patologías o territorios», tal y como explicó ayer Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. La idea es monitorizar la situación de la incapacidad temporal de forma concertada con agentes sociales y Ministerio de Sanidad, que formarán parte del nuevo observatorio, y con la idea de involucrar a las comunidades autónomas que, aunque no formarán parte del mismo, sí son ya responsables de la gestión de los Servicios Públicos de Salud y de las listas de espera. «Hay que mejorar una prestación que por su propia complejidad genera unas dificultades en la recuperación de la salud que nos preocupan a todos», explicó el secretario de Estado. Pese a destacar el «buen tono y el espíritu constructivo» del encuentro, la tensión entre las partes es más que evidente. La CEOE recordó que este organismo supone una medida que ya se anunció en diciembre de 2024, aunque entonces se hizo con otro nombre, el de una comisión de seguimiento para estos casos que, según la Airef, se han disparado un 60% desde 2017.

El Ministerio de Seguridad Social citó ayer a los agentes sociales para retomar el diálogo social en torno al preocupante aumento de las bajas médicas y del número de trabajadores que están percibiendo una prestación por Incapacidad Temporal (IT). Después de cuatro meses sin reuniones –el diálogo se interrumpió en octubre cuando el Ministerio propuso en la mesa la reforma para elevar las cotizaciones sociales de los autónomos–, el departamento que dirige Elma Saiz decidió convocar a sindicatos y patronales días después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentara su informe sobre el gasto que suponen las bajas médicas. Los agentes sociales acudían a la mesa con expectación. En octubre, la última vez que se habían sentado para valorar este asunto, el Gobierno les había presentado una propuesta que no gustó ni a unos ni a otros. En la práctica consistía en facilitar la incorporación progresiva de los trabajadores tras las bajas cuando se trataba de enfermedades graves. El borrador del texto, al que tuvo acceso este medio, mencionaba «procesos oncológicos, isquémicos cardíacos o accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves, incluidas situaciones post-trasplante» y, para esos casos, se proponía que los trabajadores volvieran progresivamente a su puesto a los seis meses de empezar su proceso de baja. Se incorporarían al 50% durante un mes y, después, pasarían a trabajar a tiempo completo, con lo que la Seguridad Social se aseguraría así sólo tener que asumir el pago del 50% de la prestación, mientras la empresas abonarían el salario correspondiente a la otra mitad de la jornada laboral durante ese mes. De esta forma, se aliviaría en parte el fuerte incremento de gasto público que se está produciendo en esta prestación, con un aumento del 200% desde el año 2014, según ha constatado la AIReF, y un desembolso de 16.464 millones de euros el último año.

El Ministerio de Seguridad Social ha aprovechado la irrupción del reciente informe de la Airef en el que se evalúa el funcionamiento del sistema de protección para la incapacidad temporal, y donde subraya una “deficiencia estructural en el control”, para poner en marcha la mesa de negociación tripartita que aborda la materia. Se hace, además, en un contexto en el que las cifras preliminares de cierre del pasado ejercicio arrojan una gasto histórico tanto en prestaciones de la Seguridad Social como para las empresas. Mientras que las arcas públicas desembolsaron cerca de 16.500 millones, el coste directo para las empresas se calcula en se cifra en algo más de 16.000 millones, según AMAT, superándose así un impacto total de 32.000 millones de euros. En este punto se retoma la mesa de negociación que llevaba sin reunirse desde octubre del pasado año cuando la propuesta del departamento de la ministra Elma Saiz propuso un esquema de altas progresivas para los casos en los que los procesos de incapacidad temporal rebasen los 180 días. Se planteó entonces un alta progresiva cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta médica. Una progresividad que tendría una duración máxima de 30 días y sería aplicable a trabajadores a jornada completa y también trabajadores a tiempo parcial con una jornada superior al 80%. Durante el periodo de reincorporación el empleado trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y una prestación equivalente al 50% de la prestación por la mitad de la jornada que no trabaja.

El elevado y alarmante absentismo que se registra en España, situado en máximos históricos, está generando un cuello de botella en la construcción. Se trata de un efecto que se manifiesta sobre todo en las pymes, en un momento en el que la vivienda se sitúa como el principal problema de los españoles y en el que se acusa una falta de mano de obra cifrada en 700.000 trabajadores para este sector. Así lo advirtió ayer en rueda de prensa el presidente de la patronal CNC, Pedro Fernández Alén, durante la presentación del primer informe sectorial sobre el impacto del absentismo. Este fenómeno –entendido como toda ausencia al puesto de trabajo durante el horario laboral fijado, por lo que comprende los días de bajas por Incapacidad Temporal y los permisos pero excluyendo las vacaciones– se ha disparado en la construcción hasta el 6,2% de la jornada efectiva pactada, un porcentaje récord que duplica el registrado en 2018. De esta forma, cada trabajador se ausentó de media 113 horas durante el pasado año, una cuenta que marca el doble que hace diez, y lo que equivale a que faltó de su puesto catorce días al año, prácticamente tres semanas. Expresado de otra manera, los datos suponen también que por cada 16 trabajadores contratados por la empresa, a efectos prácticos solo trabajan 15. De esta manera, más de 70.000 asalariados no trabajaron durante el año pasado ni una sola hora por causas de absentismo, según recoge el informe.

Los principales sindicatos del sistema ferroviario, el de maquinistas Semaf y las centrales CC OO y UGT, anunciaron ayer la desconvocatoria de la huelga de tres jornadas que alcanzaba a todos los servicios de tren hasta mañana miércoles. Las partes aceptaron un plan de choque inmediato en favor del mantenimiento de las redes ferroviarias convencional y de alta velocidad. El documento contempla elevar considerablemente las partidas de gasto en conservación, que saltarán de 665 millones en la red convencional en 2025 a 861 millones en 2026 (estaban previstos 748 millones); 1.032 millones en 2027 (se habían presupuestado 860 millones), y una progresión que lleva hasta los 1.178 millones de euros en 2030. En esta senda temporal, el gasto en mantenimiento de líneas de Cercanías y media distancia llegaba a un máximo de 982 millones en 2030. Adif deberá elevar un 19% la asignación prevista en los cinco años tras las negociaciones culminadas este lunes: desde un presupuesto inicial de 4.417 millones a uno reforzado de 5.263 millones.

La empresa española Indra, que está llamada a liderar la ofensiva española en el sector de la Defensa, sigue ampliando su cartera de pedidos en otros segmentos de negocio. El grupo ha conseguido seguir participando en el proyecto de conexión ferroviaria de alta velocidad entre Meca y Medina, hasta 2038. La empresa que preside Ángel Escribano continuará dando soporte y encargándose de la operativa de los sistemas tecnológicos de gestión del tráfico ferroviario del proyecto Haramain High-Speed Railway en Arabia Saudí. Indra continuará en el proyecto después de la ampliación del contrato anunciada el pasado domingo por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que confirmó contratos por más de 2.800 millones de euros para empresas españolas en Arabia Saudí. Renfe y Talgo se llevarán el grueso de los más de 2.800 millones en contratos, pero Indra también captará una parte relevante de los mismos, al participar en el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (Ceavmm), que se ha llevado esta nueva carga de trabajo por parte de la empresa estatal Saudi Arabia Railways. De esta forma, la compañía española de tecnología y Defensa incrementará en 130 millones de euros su cartera de pedidos al participar en el proyecto de ampliación del AVE Meca-Medina, que contempla la incorporación de 20 nuevos trenes que estarán equipados con los sistemas de telecomunicaciones de Indra.

Santander ultima su nuevo plan estratégico. La hoja de ruta, que presentará a finales de mes y estará en vigor hasta 2028, dará una imagen completa de hacia dónde va a el banco en el futuro y contemplará una sustancial mejora de la eficiencia y un sustancial recorte de costes, según indican fuentes del mercado. Todo para lograr la principal cota que se ha propuesto, una rentabilidad (medida como ROTE, rendimiento sobre capital tangible) que supere el 20%. En este planteamiento, la adopción de soluciones de inteligencia artificial será un elemento clave. El mercado cree que el plan será esencialmente continuista con el anterior y no espera grandes sorpresas de la presentación de la entidad que preside Ana Botín. La firma ofrecerá una gran panorámica de dónde espera que esté el banco en los próximos años, con detalles sobre los ingresos y su distribución por áreas de negocio, capital o número de clientes, entre otros. En la presentación de resultados de la semana pasada ya dio algunas pistas, siendo la más relevante el umbral de rentabilidad. La gran sorpresa para la marcha del banco en los próximos años ya llegó la semana pasada y fue la adquisición de la entidad essino tadounidense Webster Bank por 10.300 millones de euros. Con este movimiento, el banco da el gran salto en EE UU que llevaba años ambicionando. 

La Comisión Europea quiere que las inversiones extranjeras en los sectores industriales estratégicos aporten valor añadido, que no se limiten solo a instalaciones en las que se ensamblan las piezas de alta tecnología fabricadas en otros países y lograr así la etiqueta made in Europe para saltarse aranceles. Para esto, Bruselas está elaborando un proyecto legal en el que planea incluir condiciones mínimas a esos inversores. La nacionalidad de estos no se detalla, pero se intuye: China. Quiere exigirles que creen sociedades conjuntas en las que no controlen más del 49% del capital a las que transfieran derechos de propiedad intelectual, innovaciones o tecnología y en las que al menos la mitad de los trabajadores “en todas las categorías de la plantilla” sean europeos, según el proyecto de norma para la aceleración de la industria que el Ejecutivo comunitario prevé aprobar el próximo 25 de febrero. Desde que ha comenzado el siglo, Europa no solo ha perdido varios trenes en la revolución digital. También en su campo, la industria, se está quedando atrás: en el año 2000 el sector manufacturero representaba el 20,8% del PIB de la UE; en 2020 bajo al 14,3%. La ha adelantado China. El gigante asiático ha aprendido todas las lecciones que las empresas del Viejo Continente comenzaron a transferirle a finales del siglo XX. Pekín exigió entonces esas lecciones si las empresas europeas querían acceder a su basto mercado y su inacabable mano de obra barata. Reclamó esas transferencias de tecnología y ahora son sus automóviles eléctricos los que tienen un horizonte mucho más despejado que los europeos. De ahí que la Comisión prepare esta norma que busca ahora cambiar los papeles de maestro y alumno en la tecnología de las baterías eléctricas y en sus cadenas de suministro; en los coches eléctricos, los híbridos enchufables y su industria de componentes; en los paneles solares, y, por último, en la extracción, proceso y reciclaje de materias primas críticas. Son los sectores industriales estratégicos que, según el borrador de la norma, estarán sujetos a estas condiciones.

Cuba es una isla cada vez más aislada. Las autoridades del régimen castrista informaron ayer a las aerolíneas internacionales de que queda suspendido el repostaje de combustible en los aeropuertos del país caribeño. El cierre de ese grifo afecta, sobre todo, a compañías estadounidenses, españolas (Iberia y Air Europa), mexicanas y panameñas. El Gobierno de La Habana culpa de esa «asfixia económica» al bloqueo de EE UU y a Donald Trump, que amenaza con aranceles a los países que vendan crudo a Cuba. «La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habrá suministro de JetFuel (queroseno de alta calidad) desde el 10 de febrero», confirmó un ejecutivo de una aerolínea. La medida, en principio, se prolongará durante un mes, aunque si no cesan las restricciones estadounidenses la isla no podrá reanudar el servicio cumplido ese plazo. Por ahora, los vuelos regionales continuarán con normalidad.

Donald Trump se ha propuesto poner fin a este comercio salvavidas con una de sus herramientas favoritas: los aranceles. Impuso una tasa del 25% a los productos indios para desincentivar esas compras y asegura que ha surtido efecto. «India se ha comprometido a dejar de importar directa o indirectamente petróleo de la Federación Rusa, ha manifestado que comprará productos energéticos estadounidenses y recientemente se ha comprometido a un marco con EE UU para expandir la cooperación en defensa durante los próximos 10 años», afirmó Trump. El magnate considera que «India ha tomado medidas significativas para alinearse suficientemente con Estados Unidos en materia de seguridad nacional, política exterior y asuntos económicos». Por eso, el presidente estadounidense decidió el pasado sábado a eliminar el gravamen especial. Los datos parecen darle la razón: las importaciones indias de crudo ruso cayeron un 29% en diciembre, quedaron en solo 1,2 millones de barriles diarios en enero –a mediados de 2025 eran dos millones–, y diferentes fuentes del sector avanzan que las refinerías –muchas de las cuales procesaban el crudo ruso y lo revenden como refinado indio– han cerrado el grifo en los contratos para el próximo mes de abril. Eso allana el camino a un acuerdo comercial entre Washington y Nueva Delhi que subraya la relevancia de India tras el pacto cerrado con la Unión Europea. No obstante, diferentes analistas señalan el indefinido discurso gubernamental para apuntalar sus sospechas de que India no cierra por completo la puerta a los combustibles rusos. Es más, avanzan que con los últimos acontecimientos quizá podría adquirir con un descuento mayor. Porque para Vladímir Putin estos recursos son vitales, ya que sin ellos la economía rusa podría colapsar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se muestra crítico con las políticas desplegadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con seis periódicos internacionales. “La ideología que impera hoy en día en EE UU, lo que también es una novedad histórica, es ostensiblemente y abiertamente antieuropea. No respeta a la Unión Europea, muestra su desprecio en todos sus documentos estratégicos y desea su desmembramiento”, afirma el mandatario francés, que subraya: “Es el momento de que Europa despierte, de salir del estado de minoría geopolítica, también en defensa y seguridad”. Sobre la amenaza anexionista de Trump en Groenlandia, Macron cree que todavía quedan capítulos por contar. “Nada está decidido. Hay un debate en curso con nuestros amigos daneses. Ellos decidirán. Pero no permitiremos que se ejerza coacción sobre ellos”. Respecto a su relación con el republicano, Macron afirma que él siempre es respetuoso, pero añade: “Cuando hay una agresión manifiesta, no debemos doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo. Hemos probado esa estrategia durante meses y no da resultados. La ideología imperante en EE.UU quiere el desmembramiento de la UE..."