20260212

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El rescate de Tubos Reunidos por parte del Estado a través de la Sepi, es clave. Lo fue en 2021, cuando el Gobierno de España inyectó 112,8 millones en la empresa haciendo posible su supervivencia. Y lo es ahora, porque en 2028 toca devolverlos y, entre el principal y los intereses, suma casi 130 millones. Es la parte más importante de la deuda de más 260 millones que ahoga al fabricante vasco de tubos. Por eso, según han confirmado fuentes conocedoras de las negociaciones, la dirección de Tubos Reunidos está buscando una flexibilización con la Sepi. Lo hace estos días con reuniones y contactos en los que ha comunicado al organismo público el plan de viabilidad, que pasa por estos puntos: la reducción de costes, que supone la salida de 301 trabajadores; la reestructuración de la deuda; y la redefinición del negocio. La urgencia para dar con una solución es de semanas. Antes de que la presentación a finales de este mes de las cuentas auditadas ponga a la empresa en un escenario de proceso concursal. En este tiempo hay que avanzar en todos los frentes: el laboral y el financiero. Sin una solución estructural que modifique la empresa, sus costes y su plantilla, no se puede avanzar en una refinanciación, y viceversa. Y hay tan poco tiempo, como dinero.

Arranca el año decisivo para Siemens Gamesa. Este ejercicio 2026 es en el que el fabricante de aerogeneradores se ha marcado lograr por primera vez desde 2019 unas cuentas sin pérdidas, lo que técnicamente se denomina ‘break-even’. La empresa, que se rige por el calendario fiscal internacional que va de octubre a septiembre, presentó ayer los resultados del primer trimestre que asientan ese camino. Y es que las cuentas de la firma, aunque siguen arrojando pérdidas de 221 millones, las redujo a casi la mitad de los 423 en negativo que afloró en el mismo periodo del año anterior. Los planes de la compañía fijan para la segunda mitad del año la compensación total de los números rojos. La multinacional sigue acusando la falta de ingresos en el negocio de los aerogeneradores terrestres (’onshore’), al que se dedica precisamente la antigua Gamesa y la mayoría de plantas y trabajadores de la firma en España y País Vasco. Una situación que viene compensando el crecimiento de la eólica marina (’offshore’) con un fuerte auge en los últimos años, y también el mantenimiento que, según explica la empresa, registra un fuerte crecimiento en ingresos. Las cifras del negocio presentan una evolución muy parecida a la de 2025 con unas ventas de 2.355 millones frente a los 2.418 del ejercicio anterior, pero este año, en cambio, no están los gastos extraordinarios que se asumieron en 2025 dentro del plan de reconversión, lo que ahora alivia el resultado final. Es el caso de la venta de los activos de la compañía en India, que el año pasado generó un impacto muy negativo en las cuentas. La cartera de pedidos alcanza los 34.000 millones tras la firma de encargos en el primer trimestre de 1.556 millones. Pedidos que fueron menores a los 2.435 millones del año anterior, pero en 2025 se firmó un gran contrato de 1.400 millones para el Mar del Norte.

La Fiscalía ha emitido un duro informe contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional de ordenar el registro de la planta de Sidenor dentro de la causa que instruye por la venta de acero al gigante armamentístico Israel Military Industries (IMI) sin las autorizaciones pertinentes. Según el escrito, el Ministerio Público tacha de «inadecuada y desproporcionada» esta actuación y pide su nulidad. Pero va más allá al sostener que no hay «apoyatura legal» para investigar al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos por complicidad en un delito de genocidio y lesa humanidad. Considera que la causa se debería limitar al contrabando y que en ese marco el registro carece de cualquier fundamento legal. El documento de la Fiscalía revela un choque frontal con la instrucción del juez Francisco de Jorge. La causa se inició a raíz de una querella presentada en la Audiencia Nacional el pasado 28 de junio por la asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa de Cataluña. A finales de octubre se levantó el secreto de sumario y se conoció la resolución del juez, tras cuatro meses de pesquisas. En ella el magistrado sostiene que la venta de acero se habría llevado a cabo sin informar de las entregas al órgano correspondiente, como debería hacerse con el material de doble uso, civil y militar. En el sumario se apunta al delito de contrabando y también a la posibilidad de que, dada la guerra en Gaza, pudiera haberse incurrido en complicidad con un delito de genocidio y de lesa humanidad.

La start up donostiarra Multiverse Computing ultima conversaciones para levantar una nueva ronda de financiación de alrededor de 500 millones de euros, una operación que situaría a la tecnológica con sede en Miramon en el selecto club de los unicornios europeos —start ups valoradas en más de 1.000 millones— y que podría cerrarse en la primera mitad del año, según adelantó ayer Bloomberg y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes de toda solvencia. La ronda, que sería la mayor de la historia para una empresa emergente nacida en San Sebastián y una de las más importantes de la historia de Euskadi, valoraría a Multiverse en más de 1.500 millones de euros, reforzando su posición como uno de los proyectos de inteligencia artificial y computación cuántica más ambiciosos surgidos en Europa. La estructura de la operación sería similar a la ronda anterior: participaría capital público y privado, en una fórmula que Multiverse ya ha empleado con éxito y que encaja con su estrategia de crecimiento apoyada en la colaboración público-privada. Los nombres de los nuevos inversores aún no están cerrados, aunque hay fondos industriales y financieros de primer nivel. Actualmente, Multiverse cuenta con cerca de 200 trabajadores en todo el mundo, alrededor de un centenar en Donostia, y prevé superar los 400 en los próximos años, apoyándose tanto en el crecimiento orgánico como en la demanda creciente de modelos de IA más eficientes y menos dependientes de grandes infraestructuras de datos.

El gabinete foral de Eider Mendoza subraya que la situación económica del territorio es hoy de «fortaleza», en un escenario, eso sí, «de incertidumbre y que hay que vigilar constantemente». «Prueba de la buena marcha –añaden– es que la recaudación en Gipuzkoa alcanzó el año pasado un récord (6.725 millones, un 10,8% más) y superó todas las previsiones». Desde el Palacio Foral revelan que, según sus propios datos y pese a la caída de la recaudación en el Impuesto de Sociedades en 2025, «los resultados contables del conjunto de las empresas del territorio crecieron de media un 15%». Algo similar (pero no igual) a asegurar que los beneficios crecieron en ese porcentaje. Una cifra que no puede obviar los problemas que sufren algunas firmas o sectores concretos. «El 15% de crecimiento es de media. Aunque nuestras previsiones son positivas y mantenemos nuestra confianza para el 2026, habrá que ver cómo evoluciona la industria y el resto de sectores económicos en los próximos meses», agregan. Asimismo, en un 2025 marcado por la inestabilidad geopolítica, la debilidad de varios socios comerciales europeos y un contexto económico internacional incierto, las empresas de Gipuzkoa han demostrado capacidad de adaptación y fortaleza. El territorio ha cerrado 2025 con un balance claramente positivo: las ventas han aumentado un 3,5%, consolidando una evolución muy superior a la registrada en 2024, cuando el crecimiento fue del 0,7%. Los datos del informe sobre ‘Ventas, Comercio Exterior, Empleo y Salarios’ elaborado por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación foral, dados a conocer ayer, reflejan un crecimiento equilibrado tanto en el mercado interior como en el exterior. Las ventas interiores han aumentado un 3,4% y las exportaciones un 3,5%, confirmando que el dinamismo empresarial se ha sostenido en ambos frentes. El avance de la actividad ha sido generalizado. Los tres grandes sectores económicos han registrado incrementos en sus ventas totales: la construcción lidera el crecimiento con un 4,4%, seguida de los servicios (3,5%) y la industria (3,3%). El mercado laboral, por su parte, ha mantenido su fortaleza. El número de personas empleadas por las empresas de Gipuzkoa ha crecido un 0,3% en 2025.

La compañía, ahora propiedad del consorcio vasco, prevé contratar a más de mil profesionales en los dos próximos años, Al frente de esta nueva etapa de la compañía estará Manu Baraza, directivo forjado en la antigua Ibermática y con más de 35 años de experiencia en el sector. Los nuevos propietarios apuestan así por «la continuidad en la gestión» y refrendan su confianza en el actual equipo directivo, ya que hasta ahora ejercía como jefe de operaciones de la firma. Baraza es ingeniero técnico industrial y está especializado en Tecnologías de la Información aplicadas a la industria, formación que ha completado a través de programas con los principales fabricantes de sofware europeos y estadounidenses. Inició su trayectoria profesional en empresas locales de Aragón para después fundar, en 1992, Logic System, una compañía integradora de software industrial que fue adquirida por la antigua Ibermática en 1999. Vivió en primera línea la integración de la firma guipuzcoana en la sevillana Ayesa hace apenas cuatro años. Durante aquel proceso defendió que la implantación de Ibermática en Euskadi era «incuestionable», subrayando el compromiso de la compañía con sus clientes históricos «como Iberdrola, Kutxabank y Eroski», a los que presta servicios y soluciones digitales.

El Gobierno vasco acaba de denegar la autorización administrativa previa para la instalación de un parque eólico con siete molinos de 180 metros de altura entre las localidades de Galdames, Güeñes, Sopuerta y Zalla –todas ellas en la comarca de Las Encartaciones–. El Ejecutivo autonómico justifica este paso atrás al no existir una declaración de impacto ambiental favorable, documento imprescindible para que la tramitación pueda seguir su curso. El Gabinete de Imanol Pradales adopta la decisión meses después de que ayuntamientos, agrupaciones sociales y plataformas de ecologistas, además de particulares, presentaran numerosas alegaciones para tratar de frenar la instalación. Según informó ayer el Ejecutivo autonómico, la Diputación, que es la administración competente en el ámbito de Medio Ambiente, dejó patente «la incompatibilidad del proyecto con la preservación de la biodiversidad». Esto «impide», tal y como remarca en una resolución emitida esta misma semana, la autorización administrativa previa. «En consecuencia, y atendiendo al carácter vinculante de dicho informe, el órgano ambiental concluye que resulta improcedente la continuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental». 

Más cruceros y más grandes. El Puerto de Getxo, puerta de entrada del turismo marítimo a Bizkaia, Euskadi y buena parte del norte de España, vivirá un 2026 de récord absoluto. La temporada que arrancará a finales de febrero traerá más de 260.000 personas a bordo de 106 barcos ‘gigantes’, según datos de la Autoridad Portuaria. Supone duplicar el número de cruceristas en apenas dos años, dado que en 2024 llegaron a Bizkaia 137.000 personas. Pero, además, más que el número de embarcaciones que tocarán tierra, diez más que el año pasado, es especialmente significativo su tamaño. Serán barcos de mayores dimensiones. Todo ello pondrá a prueba los servicios que debe ofrecer el puerto a los visitantes, sus traslados y los mecanismos de acogida y embarque. Si en 2025 fue algo puntual que arribase un crucero con casi 5.000 pasajeros, durante los próximos meses habrá varias jornadas con embarcaciones de más de 4.000 personas, pero también algunas con capacidad para más de 6.000 viajeros. Varias veces visitará Bizkaia el MSC Virtuosa, un viejo conocido, pero llegarán también otros que no lo son tanto como el Iona, que tiene la fama de ser el tercer mayor crucero del mundo, y el Arvia, ambos de la compañía P&O Cruises. Los datos son excelentes para la Autoridad Portuaria. Avalan el trabajo realizado en los últimos años con el «apoyo de entidades públicas, oficinas de turismo y touroperadores» para que Euskadi sea un destino crucerista de primera magnitud. Las instituciones vascas llevan tiempo promocionando las bondades de Bizkaia en ferias importantes del sector como las de Miami y Las Palmas.

Orain bost bat urte iritsi zen Kirvy Morales nikaraguarra Euskal Herrira. Sorterriko egoera sozioekonomiko eskasak herrialdetik alde egitera behartu zituen bera eta bere emaztea, eta Legazpira (Gipuzkoa) etorri ziren. Ailegatu eta berehala, bizitza aurrera atera ahal izateko, lanean hasi zen Morales han eta hemen, obran, uzta biltzen, zaintza lanetan… “Lan merkatu formalean sartzeko aukerarik ez nuen, eta zenbait lan prekarioetan aritu nintzen”. Hala zebilela, Zumarragako UGLE Urola Garaiko Lanbide Eskolara gerturatu zen langabeentzako ikastaroei buruz galdezka. Eskolakoek UGGASA Urola Garaiko Garapen Agentziarekin jarri zuten harremanetan, eta azken horrek mig mag eta elektrodoen soldadura ikastaro bat egiteko aukera eskaini zion. Gehiago irakurri hemen. 

Kutxabank avanza en la culminación de su proceso de fusión por absorción de Cajasur, formalizada el pasado 1 de octubre de 2025, con la integración tecnológica de ambas entidades prevista para este fin de semana. La operación permitirá consolidar una única estructura organizativa con mayor capacidad operativa y, según la entidad, mejorar el servicio a su base de clientes. El hito técnico se llevará a cabo durante la madrugada del 13 al 14 de febrero, cuando se realizará una parada programada en los canales digitales —web y aplicación móvil— así como en la red de cajeros. La interrupción tendrá una duración estimada de entre 12 y 18 horas. Una vez completados los trabajos, el servicio se reactivará de manera progresiva hasta recuperar la operativa habitual. Desde Kutxabank se insiste en que esta actuación es necesaria para completar un proyecto estratégico que unifica sistemas y procesos tras la fusión jurídica ejecutada en otoño.

Los pequeños y medianos empresarios aseguran que ya está en marcha una estrategia en el marco de la negociación bilateral de los convenios colectivos con los sindicatos para revertir los complementos salariales que se aplican en la mayoría de ellos para garantizar el 100% de la retribución de los empleados durante procesos de incapacidad temporal. “La negociación colectiva debe abordar esta cuestión”, apuntaba el presidente de Pimec, Antoni Cañete. El absentismo desbocado golpea cada vez con mayor severidad al tejido empresarial. A la factura anual de cerca de 16.000 millones de euros que asumen las compañías se une el coste de reemplazo, por la necesidad de cubrir las bajas, y el coste de oportunidad. Esto es, el efecto que tienen estas ausencias de empleados sobre la capacidad productiva de las empresas y su competitividad. Desde este prisma, las organizaciones de pequeñas y medianas empresas plantean una ofensiva desde varios flancos para tratar de frenar el impacto del absentismo, que aunque registra una menor incidencia en los negocios de menor tamaño tiene a su vez un mayor impacto ya que en ocasiones es motivo de cese de la actividad. Por un lado, la patronal Pimec pretende llevar a cabo una ronda de contactos con la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, además de con los partidos políticos para exigir de forma inmediata medidas que concedan un mayor protagonismo de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la gestión de las bajas por contingencias comunes, incluyendo la capacidad efectiva de intervenir en procesos de alta y seguimiento; una mejora de la coordinación entre el sistema sanitario público y las mutuas, con protocolos ágiles y vinculantes; el refuerzo de la atención primaria y reducción de la burocracia que actualmente dificulta una gestión eficiente de los procesos; la mayor participación de los agentes sociales en la gobernanza de las mutuas y preservación de su carácter público-privado; y el impulso de mecanismos de reincorporación progresiva al trabajo y de adaptación de puestos de trabajo.

Golpe a los trabajadores que cotizan por la base máxima y que quieran prejubilarse de forma voluntaria este año. Su prestación sufrirá un recorte de hasta 705 euros sobre el tope de 3.359 en el caso de retirarse dos años antes, cuando con la última reforma, supuestamente, gozaban de unos coeficientes reductores más suaves y el ajuste se limitaba a 305 euros. Supone, en definitiva, una penalización de 400 euros más. El motivo es que la Seguridad Social ha eliminado desde el pasado 1 de enero y sin previo aviso las condiciones ventajosas que tenía este colectivo derogando el régimen transitorio especial que se extendía hasta 2033, y que les blindaba con unas penalizaciones hasta tres veces inferiores a las del resto de trabajadores. De esta forma, en lugar de restar el 9,10% de ‘castigo’ sobre la pensión máxima que se contemplaba este año para quienes hubieran cotizado menos de 38 años y seis meses, finalmente se les restará un 21% según los criterios del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto se traducirá notablemente en las nóminas de este colectivo. Restado de la prestación máxima para los jubilados fijada este año, las pensiones que recibirán no podrán superar los 2.654 euros, una fuerte sacudida para un grupo de trabajadores que venía cotizando por unos sueldos que superaban los 61.200 euros brutos cada año. La decisión de la Seguridad Social radica en la reforma que introdujo en 2022 para endurecer los castigos por jubilarse antes de tiempo.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, consideró ayer que hace falta un borrón y cuenta nueva con las medidas de acceso a la vivienda en España porque “las políticas que son de izquierdas y que se ponen para solucionar ese problema, no solo no lo solucionan, sino que lo agravan”. Oliu señaló que el sector sufre un exceso de regulación que provoca un efecto perverso: penaliza a quien quiere usar la vivienda como fuente de ahorro, desincentiva los contratos de alquiler y dispara los precios de venta de los pisos. “Es un problema grave que requiere un reseting, un replanteamiento”, dijo Oliu, quien insistió en que existe un problema de oferta que colapsa la demanda. Oliu dio su conferencia anual en la Cambra de Sabadell. La realiza en su ciudad, frente a empresarios y viejos conocidos. Y acostumbra a esbozar detalles de la situación del banco, que presentó resultados la semana pasada con un beneficio de 1.775 millones de en 2025. “En España hemos crecido el doble que en la zona euro, después del covid el crecimiento ha sido persistente”, destacó. Sin embargo, considera que la economía tiene que sacudirse el plomo que tiene en las alas. Ha aludido a “la falta de mano de obra”, que actúa como un “cuello de botella”, y ha incidido en las dificultades que hay en el mercado inmobiliario, con énfasis en las barreras para tener “acceso a la vivienda asequible”.

Al cambio de paradigma en el sector del automóvil por la movilidad eléctrica, se ha sumado el reto para los fabricantes europeos de vehículos de la competencia que está llegando desde China. Ante esta ofensiva, los primeros ejecutivos de Seat- Cupra, Markus Haupt, y de Gestamp, Francisco J. Riberas, defendieron ayer que todas las empresas compitan bajo las mismas “reglas de juego” e instaron tanto a los fabricantes europeos de automóviles como a los reguladores comunitarios a “no despistarse” ante la competencia china. “La competencia que viene de Asia está cambiando las reglas del juego, no tenemos que despistarnos”, explicó Riberas, durante el evento Future: Fast Forward, que tuvo lugar ayer en Madrid. El presidente de Gestamp destacó el “momento complicado” que atraviesa el sector que, en su opinión, “no va a mejorar”, por lo que instó a acostumbrarse a los volúmenes actuales de producción de coches. Por su parte, el consejero delegado de Seat-Cupra apostó por poner en marcha en Europa una regulación que permita competir con los nuevos rivales chinos “en igualdad de condiciones”. “No vamos a impedir que entren los rivales chinos, pero hay que competir en igualdad de condiciones y encontrar un marco regulatorio que proteja a los europeos”, indicó el directivo.

El grupo automovilístico estadounidense Ford perdió 8.162 millones de dólares (6.856 millones de euros) en 2025, frente a las ganancias de 5.900 millones de dólares del año anterior, tras anunciar en diciembre una provisión de 19.500 millones de dólares por los deterioros y la marcha atrás en el negocio de eléctricos. Además de la elevada provisión por la rectificación de su estrategia –dejará de fabricar la versión totalmente eléctrica de su pick up F-150, uno de sus buques insignia, y de otros eléctricos de gran tamaño, y reconvertirá su fábrica de baterías de coches en Kentucky en otra de baterías para energía–, Ford achacó los malos resultados a los aranceles de Trump y al incendio de un suministrador clave de aluminio. “Con una presencia y una cadena de suministro globales, los resultados y las operaciones de Ford se han visto y podrían seguir viéndose afectados negativamente por acontecimientos económicos o geopolíticos, incluidas políticas comerciales proteccionistas como aranceles u otros acontecimientos”, indicó ayer la compañía. Los aranceles le supusieron un impacto de 2.000 millones de dólares en 2025 y este año prevé que la cifra sea similar.

En un momento en el que Alemania lucha por reactivar su economía y hacer frente al envejecimiento de la población y la consiguiente falta de mano de obra cualificada, el Gobierno de Friedrich Merz se afana por reformar el sistema social y mejorar los incentivos para que sea rentable trabajar más horas en un país con un elevado número de personas con jornadas reducidas. La comisión de expertos encargada de la ardua tarea de analizar el Estado social alemán presentó a finales de enero su primer informe al Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas. “Este informe es la base para todas las reformas adicionales que llevaremos a cabo juntos en los próximos años”, afirmó el canciller Merz en el Parlamento. Berlín quiere acabar con la paradoja de que trabajar más no suponga más dinero a final de mes, especialmente en el caso de las personas con bajos ingresos y pocas horas de trabajo, que reciben dinero del Estado. Los beneficiarios de ayuda social con frecuencia complementan sus ingresos con un miniempleo, pero muchos descartan trabajar más porque esto implica una reducción de sus prestaciones sociales y a final de mes no se nota. Estos incentivos erróneos están en el punto de mira del Ejecutivo alemán, que estudia modificar las imposiciones fiscales y deducciones. “Queremos que trabajar merezca la pena”, declaró la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania. 

En pleno debate sobre la desindustrialización europea, el Banco Central Europeo (BCE) ha urgido a los líderes de la UE y a la cúpula de las instituciones de la Unión a profundizar en el mercado único para relanzar la economía del continente, en un documento que les remitió el pasado viernes. Y lo hace reactivando propuestas —o presionando en su favor— que hasta ahora no acaban de ver la luz: crear un activo de referencia común europeo y muy líquido en toda la zona del euro, es decir, eurobonos, y completar la unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos común, un elemento pendiente desde que se lanzó el proyecto en 2012. En este documento, enviado apenas seis días antes de la reunión que los líderes de la UE van a tener hoy para debatir cómo relanzar la competitividad en la UE, la máxima autoridad monetaria de la zona euro presiona para avanzar con más velocidad: “Con una acción colectiva coordinada y decisiva, Europa puede liberar un mayor potencial de crecimiento, fortalecer la resiliencia y reforzar su autonomía política y prosperidad”, se lee. Lagarde había anunciado en la comparecencia que siguió a la última reunión del consejo de gobierno del Banco, la semana pasada, que iba a mandar este texto de dos páginas, en el que, a modo de listado y agrupadas por temas, se pueden ver las medidas que los banqueros centrales de la zona euro creen más urgentes y necesarias. El primer bloque de acciones que plantea el BCE —hay otros cuatro— entra de lleno en los asuntos que le tocan de muy cerca: la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria. Es aquí donde plantea, con una claridad inédita hasta ahora, los eurobonos. Ese nuevo “activo de referencia común, altamente líquido y seguro en toda la zona del euro que mejore la oferta de garantías de alta calidad”.

Los Estados miembros debaten hoy cuestiones estructurales llamadas a marcar el futuro de la economía europea, como los eurobonos, la simplificación o el ‘Buy European’. El gran problema para llegar a esos ansiados acuerdos es que el concepto de los líderes europeos respecto a lo que representa la competitividad y los temas de mayor urgencia es muy diferente, lo que ha dado lugar a diferentes agendas. Alemania e Italia encarnan el apoyo a la simplificación, es decir, a la idea de que el principal problema que sufren las empresas europeas es un exceso de normativas que debe desaparecer. Este es, además, el aspecto más trabajado por la Comisión Europea de Von der Leyen, que ayer señaló que “es hora de hacer una limpieza regulatoria profunda a todos los niveles” y que el pasado año lanzó nada menos que 10 paquetes ómnibus centrados a eliminar lo que se considera exceso de burocracia. Al otro lado se encuentra Francia, que busca centrar el debate en medidas de corte más proteccionista como la llamada preferencia europea o Buy European, que quiere impulsar desarrollo de industrias y sectores estratégicos en Europa. En este ámbito, el país galo choca con Alemania y los países del Norte, que consideran que este tipo de barreras son contraproducentes y encarecen los procesos por más que China y EEUU ya las hayan implementado. Además, aunque el enfoque principal de la cumbre es liberar inversión privada, Macron también ha puesto sobre la mesa el debate sobre la financiación pública a través de Eurobonos. La Unión Europea ya ha colocado deuda conjunta en el pasado como medida de choque frente a la pandemia y, recientemente, ha aprobado hacerlo de nuevo para financiar a Ucrania. El objetivo es crear un mercado más líquido e impulsar el euro. Por último, los Estados miembros tratarán de llegar a avances concretos en lo que se refiere a una mayor integración del mercado único que deberá homogeneizar estándares para derribar las barreras. Pedro Sánchez, presidente de España, no acudirá a la reunión previa a la cumbre de competitividad organizada por Italia y Alemania y que busca encontrar puntos de acuerdo para afrontar después la cita con una posición que, si no sea ya de consenso, sí refleje algo más de sintonía.

La Unión Europea busca impulsar los sectores industriales europeos que han perdido terreno a favor de las manufacturas chinas. Dar preferencia a los productos fabricados en Europa es una de las herramientas más relevantes que está ahora mismo sobre la mesa de la propia Comisión Europea. Pero hay diferencias en el seno de la UE: Francia la defiende abiertamente, mientras que los países nórdicos son muy escépticos. Y en medio de estas dos posturas, el Ejecutivo de la UE busca el punto de encuentro: “Creo que en sectores estratégicos, la preferencia europea es un instrumento necesario que contribuirá a fortalecer la base productiva propia de Europa [...]. Pero quiero ser clara. No existe una solución única para todos los casos. Por eso, cada propuesta debe estar respaldada por un análisis económico sólido y ajustarse a nuestras obligaciones internacionales”, proclamó su presidenta, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo. Horas después, en Amberes, la alemana repitió la idea delante de un auditorio empresarial prescindiendo de las cautelas que mostró ante los eurodiputados. En un encuentro al que también acudieron varios primeros ministros de Estados miembros como el belga Bart de Wever, el holandés Dick Schoof o el austriaco Christian Stocker, adelantó que en el reglamento de aceleración industrial que prepara Bruselas se introducirán “requisitos de contenido europeo en [componentes industriales] de sectores estratégicos”.

Francia registró el año pasado una tasa de natalidad de apenas 1,56 hijos por mujer, la más baja desde la Primera Guerra Mundial. Por primera vez desde 1945, en 2025 hubo en el país vecino más muertes que nacimientos. Aunque la sociedad gala había sido durante años una excepción europea al conservar unos niveles de natalidad bastante más elevados que sus vecinos –en 2019 era de 1,87 hijos por mujer–, ha experimentado una fuerte caída desde la pandemia del Covid-19. Este declive demográfico preocupa al Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y de Emmanuel Macron. El presidente ya había generado un gran revuelo en 2024 cuando pidió un «rearme demográfico». Dos años después de haberlo prometido, el Ejecutivo galo ha presentado recientemente un plan para frenar la caída de la natalidad. Tiene como objetivo principal tratar los problemas de infertilidad, que afectan a 3,3 millones de franceses, según un informe gubernamental de 2022. Entre las 16 medidas anunciadas a finales de la semana pasada, la que ha dado más que hablar es una carta que la Administración enviará a finales del verano a los jóvenes de 29 años. En esa misiva les informará sobre enfermedades o factores medioambientales que dificultan la reproducción, además de las posibilidades que tienen a su alcance para congelar los óvulos o los espermatozoides.

Junto a los tratamientos tradicionales –como la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía–contra la rebelión de unas células que se niegan a morir y se multiplican sin control, han surgido otros enfoques que parecen de ciencia ficción. Uno de los más prometedores es la inmunoterapia basada en las llamadas células CART. Se trata de extraer unas células del sistema inmune del paciente para enseñarlas a atacar a los tumores e inyectarlas de nuevo para que cumplan su misión. El trabajo de los investigadores Carl June y Michel Sadelain ha sido clave en su desarrollo y les ha valido el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Biología y Biomedicina. «Con esta técnica, gracias a la ingeniería genética lo que conseguimos básicamente es transformar los linfocitos T del propio paciente en soldados entrenados para reconocer y matar a las células cancerosas», explica Ali Shilatifard, titular de la Cátedra Robert Francis Furchgott de Bioquímica y Pediatría en la Universidad Northwestern y presidente del jurado. «Miles de pacientes ya han sido tratados con este método, y no tengo ninguna duda de que en el futuro muchos más se van a beneficiar de ello». Esta revolucionaria técnica se administra en Euskadi desde diciembre de 2022. Ejemplo de lo que se conoce como medicina personalizada –se busca adecuar al máximo los tratamientos a las peculiaridades de cada persona–, se practica en el Hospital Donostia, donde se atiende a unos 40 pacientes al año.