20260324

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Finalmente hoy no habrá reunión entre Confebask y lo sindicatos para retomar las negociaciones sobre un salario mínimo (SMI) propio para Euskadi, como exigían ELA y LAB. Así lo manifestó ayer la confederación empresarial, que el año pasado ya se reunió hasta en tres ocasiones con los representantes de los cuatro sindicatos mayoritarios –ELA, LAB, CC OO y UGT de Euskadi– sin alcanzar ningún acuerdo, al entender que la petición excedía sus competencias. Su criterio fue avalado el pasado mes por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que tras una demanda presentada por las centrales nacionalistas dictó que la negociación colectiva no podía fijar una retribución base «para todas las personas trabajadoras», al ser esto materia del Gobierno central. «Esta cuestión ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL (Consejo de Relaciones Laborales) en múltiples ocasiones», alegaron desde la patronal, que también reiteró que la materia ha sido analizada en los tribunales donde se ha concluido que «existe una causa legal para no negociar esta material» –sería «ilegal» hacerlo, puntualizaron–. De hecho, también añadieron que aún sigue pendiente de resolución el recurso presentado ante el Supremo por ELA y LAB, lo que «exige la ausencia de negociación». «En consecuencia, declinamos nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negociador pretendido y esperamos que se desista de la misma», subrayaron. Ayer ambos sindicatos trasladaron un mensaje conjunto en el que criticaron el «carácter autoritario y provocador» de Confebask al rechazar acudir a la reunión. «Han demostrado una vez más que no conocen otro modelo de negocio que el de la explotación de las personas trabajadoras y han hecho oídos sordos al Parlamento y al Gobierno vasco que reclamaron a los agentes sociales la negociación del salario mínimo», subrayaron. Ver nota de Confebask aquí. 

El comercio exterior vasco ha arrancado el año instalado en la misma dinámica negativa que caracterizó al anterior. Si en 2025 las exportaciones cayeron un 3,6% hasta los 29.851 millones de euros, en enero los envíos al exterior se redujeron un 4,5% hasta los 2.162 millones, tal y como constatan los datos revelados ayer por el Eustat (Instituto Vasco de Estadística). Los registros continúan evidenciando el deterioro de la actividad exportadora y la complicada situación de la industria vasca en un entorno marcado por la incertidumbre derivada de los persistentes conflictos geopolíticos o las políticas proteccionistas. A partir de este ajuste registrado en el primer mes del ejercicio, se puede sacar una conclusión muy negativa, y es que la automoción, principal sector tractor del territorio (genera cerca del 35% del PIB industrial de Euskadi) sigue encontrándose en un escenario muy delicado. De esta forma, los envíos al exterior de este sector registraron un descenso interanual del 13% hasta los 408 millones. En estos datos, lógicamente, mucho ha tenido que ver la crisis estructural que atraviesa la industria de las cuatro ruedas europea, y que ha hecho que la demanda de los grandes socios industriales como Alemania y Francia haya caído. Ahondando en este sector en concreto, las exportaciones de la planta de Mercedes en Álava –la más grande de la comunidad– cayeron un 10,3% hasta los 320,3 millones. 

El tirón de CAF amortigua el balance del territorio en un enero negativo para Euskadi. Euskadi ha inaugurado el ejercicio 2026 con un frenazo en su motor exterior que confirma las señales de agotamiento detectadas al cierre del año pasado. Las exportaciones vascas registraron en enero un descenso del 4,5% en términos interanuales, situando el volumen total de ventas en los 2.162,3 millones de euros, según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y el Ministerio de Economía. Sin embargo, esta caída global esconde una realidad territorial desigual: mientras la industria de Álava sufre un severo desplome del 18,4% por la crisis en la automoción y Bizkaia crece un 7,3% gracias al brutal aumento de actividad de Petronor, Gipuzkoa encaja la incertidumbre económica con un descenso del 2,7% en sus ventan internacionales. El balance guipuzcoano, con unas ventas exteriores de 707,3 millones de euros en el primer mes del año, se ha visto sostenido una vez más por la pujanza de su industria manufacturera y el material ferroviario, que representa el 90,8% del total exportado por el territorio. La partida de material de transporte y ferroviario se ha anotado un crecimiento del 52,9% interanual, aportando más de 52,4 millones de euros al balance mensual. Este empuje, junto al buen comportamiento del material eléctrico –que crece un 8,6%–, ha permitido amortiguar los descensos en las dos principales partidas del territorio: las máquinas y aparatos mecánicos (-6,3%) y los componentes de automoción (-3,3%).

La creciente inestabilidad geopolítica en Oriente Medio empieza a generar inquietud en el tejido industrial, especialmente en sectores altamente internacionalizados como la máquina-herramienta y la fabricación avanzada. Aunque todavía es pronto para cuantificar su impacto real, las primeras valoraciones apuntan a posibles afecciones en la cadena de suministro, el coste de la energía y la evolución de la inflación, factores todos ellos clave para la competitividad industrial. El presidente de la Asociación de fabricantes de máquina-herramienta (AFM), José Pérez Berdud, advirtió ayer de que el alcance de las consecuencias dependerá en gran medida de la duración del conflicto. «Este conflicto, en la medida que se prolonga en el tiempo, es cada vez más complejo. Los efectos son claros: cadena de suministro, coste de la energía, probablemente inflación, dependiendo del tiempo que esto dure». En este sentido, subrayó que el sector todavía se encuentra en una fase de análisis, a la espera de poder evaluar con mayor precisión la situación en los próximos días. Berdud explicó que, por el momento, no se han detectado impactos directos en las empresas del sector, aunque la incertidumbre es creciente. «A día de hoy es demasiado pronto para saberlo. Este viernes tenemos un consejo directivo en el que uno de los puntos fuertes será poner en común qué impactos podemos estar previendo».

San Sebastián ha consolidado sin lugar a dudas su posición como ciudad de ciencia e innovación. Así lo revela el Mapa de Empleo Tecnológico de la Fundación Cotec, cuya última edición fue presentada ayer en la ciudad de la mano de su presidenta, Cristina Garmendia. El informe señala que Donostia es la capital de provincia líder en empleo en I+D de toda España, muy por encima de grandes urbes como Madrid o Barcelona. Un dato que, junto con el de que Gipuzkoa es la provincia con mayor proporción de empleo tecnológico del Estado con un 11,6% del total frente a un promedio del 9,9%, fueron puestos en valor tanto por el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, como por la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide. El primero resaltó que Donostia cuenta con un ecosistema científico y tecnológico de primer orden «que conjugamos con una mirada humanista», y que esa suma «es lo que alimenta el impacto social» de «un conocimiento que se puede aplicar». Al tiempo, apuntó que el consistorio «acompaña» al ecosistema «para que pasen cosas» de la misma manera que promueve infraestructuras físicas como el Talent House o todo lo ligado en la ciudad a la cuántica emprendido por la ciudad en los últimos años». 

La presentación ayer en EKINN del estudio de la Fundación Cotec sobre el empleo tecnológico sirvió para que dos de los auténticos puntales de ese empleo, como son Viralgen y Multiverse Computing, subrayaran la potencia y virtudes del ecosistema existente en la ciudad y, al mismo tiempo, urgieran a las instituciones a trabajar con ellos de la mano «en el día a día» para que lo conseguido hasta ahora siga creciendo en el futuro. De la mano del director gerente de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola, Gorka Unamuno (Multiverse) y Javier García Cogorro (Columbus Venture Capital y Viralgen) hicieron la ‘radiografía’ del panorama innovador. «Yo que he estado en muchos sitios no he visto nunca un ecosistema que permita este crecimiento, en ningún lugar del mundo», afirmó con contundencia García Cogorro. Sin embargo la persona que trajo Viralgen a la ciudad puso encima de la mesa que la captación del talento necesario para que lo que hoy es motivo de orgullo crezca y no se quede ahí no resulta tan sencilla, sobre todo si se buscan profesionales senior con familia a la que acoger. «Hacen falta viviendas y escuelas», sentenció. «Si en 2017 Viralgen me hubiera pillado con niños pequeños no hubiera venido», aseguró. «No se puede crecer sólo con lo de casa», señaló, para reclamar también medidas para que las empresas más pequeñas puedan crecer. «Sería injusto tener sólo dos grandes compañías», dijo. Unamuno, por su parte, negó que haya un problema de talento como tal, pero sí de «tiempos» o de «alineamiento de las necesidades de las empresas más tecnológicas con la formación», ante lo que pidió «inculcar la innovación en edades tempranas». 

La Formación Profesional vive en Euskadi una edad de oro, con más alumnos que nunca y elevados índices de inserción laboral. El sistema abarca la excelencia, con estudios de alto valor añadido; y también los sectores más vulnerables, que encuentran en los grados básicos una segunda oportunidad. Hetel, la asociación de centros concertados de FP de iniciativa social, presentó ayer un estudio «sobre la diversidad y vulnerabilidad de su alumnado» de grado básico. Julen Elgeta, presidente de la entidad, y Roberto García, director del centro Peñascal de Bilbao, explicaron que entre los cursos 2020/21 y 2025/26 la matrícula en esta etapa ha crecido un 20%, pasando de 2.000 estudiantes a 2.482. Hetel acoge al 45% de los alumnos de FP Básica de Euskadi. Los estudios otorgan a quien los finaliza el título de Educación Secundaria Obligatoria o, en su defecto, un certificado profesional. Este incremento responde a varios factores. Uno es que cada vez se ofertan más plazas y éstas se llenan «enseguida». Otro es el aumento de los flujos migratorios tras la pandemia. Muchos extranjeros que llegan siendo adolescentes o adultos encuentran en en esta formación la puerta de entrada al sistema. Un tercer elemento que ha influido es el prestigio del que goza la FP. «Cada vez tenemos más gente que ve aquí una oportunidad que no ve en la ESO», afirmó Elgeta. El perfil de estudiante está cambiando. Los chavales de 16 y 17 años son mayoría (el 54% del total), pero aumentan los de 15 años: ya son el 17% cuando hace seis años no llegaban al 10%. El resto son adultos. 

La situación de Papresa en Errenteria ha alcanzado un punto de máxima fricción laboral y económica. El comité de empresa de la papelera denunció ayer públicamente lo que considera un «bloqueo sistemático» por parte del grupo Quantum, actual propietario de la compañía, frente a cualquier vía de resolución que garantice la continuidad de la actividad industrial. En un contexto de preconcurso de acreedores, donde la agilidad es determinante para evitar la liquidación, los representantes de los trabajadores acusaron a través de un comunicado directamente al CEO de la compañía, Miguel Sánchez, de estar «obstaculizando de manera directa» cualquier avance en la posible operación de compraventa del área de packaging por parte del grupo Cristian Lay (CL). El conglomerado industrial extremeño, en su oferta inicial, mostró interés en hacerse con el área de embalaje, la que considera más rentable de Papresa, aunque la operación implicaría la salida de en torno a la mitad de la plantilla, unas 100 personas, por descartar la tradicional del papel prensa. Esa fue la idea inicial conocida. Posteriormente, tras las reuniones mantenidas entre el comité y CL, la empresa interesada en hacerse con Papresa habría reconsiderado su postura y estaría estudiando diferentes alternativas para seguir contando también con el área de papel, por lo que la cifra del ERE de reduciría de forma «sustancial», según aseguró en su día el portavoz del comité, Martin Otamendi.

La justicia ha respaldado al sindicato ELA al confirmar en más de diez sentencias que Mercadona retiró pluses salariales como castigo en casos de bajas, conciliación y actividad sindical. Los tribunales consideran ilegal el uso de la prima por objetivos en estas situaciones y aprecian vulneración de derechos fundamentales, imponiendo indemnizaciones. ELA denuncia una práctica generalizada desde 2014 en todo el Estado y llama a la plantilla a organizarse para frenar estas conductas y exigir responsabilidades legales a empresa. 

Laboral Kutxa y Adegi formalizaron ayer un convenio de colaboración para impulsar la adaptación del tejido empresarial de Gipuzkoa a los nuevos retos y acompañar a estas firmas en «su sostenibilidad económica y su competitividad». Ver más en Adegi aquí. 

El Gobierno Vasco ha anunciado la puesta en marcha de ERAIKI HUB, una iniciativa estratégica destinada a acelerar la industrialización de la construcción y reforzar la capacidad de Euskadi para producir vivienda de forma más rápida, eficiente y sostenible. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, dijo ayer que este proyecto «nace con una idea muy clara: reforzar la capacidad del sistema para producir vivienda de forma más rápida, eficiente y sostenible». El proyecto será presentado oficialmente esta semana en la feria Rebuild que se celebra en IFEMA entre los días 24 y 26 de marzo.

Construir más casas es una de las soluciones que numerosos expertos recomiendan para hacer frente a la crisis actual de acceso a la vivienda. Pero para eso hacen falta empresas con grúas y mano de obra que coloque los ladrillos. Tras el pinchazo de la burbuja, hace casi dos décadas, el sector quedó arrasado y la recuperación desde entonces ha sido tímida. Uno de los motivos, según el último estudio de Perspectivas y rentabilidad del sector inmobiliario que publicó ayer BBVA Research, es la escasa rentabilidad que tiene esta actividad. Se trata, además, de un sector muy permeable a las tensiones geopolíticas, y la actual guerra en Irán podría suponer un freno extra. El aumento de los costes de las materias primas a raíz del conflicto en Oriente Próximo reduce aún más la oportunidad para los constructores de sacar rendimiento a sus inversiones, y eleva también la presión sobre el bolsillo de los compradores, que verán los precios este año a doble dígito, según las previsiones. La última radiografía del mercado de BBVA Research apunta a la debilidad del sector de la construcción y de las empresas españolas respecto a sus pares europeas. 

El futuro inmediato de miles de contratos de alquiler se decide entre el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Congreso de los Diputados y, previsiblemente, los tribunales. Desde el pasado domingo, los inquilinos cuyos contratos expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a una prórroga automática en los mismos términos y condiciones. Esta extensión, de hasta dos años de duración, “deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador”, salvo en los supuestos previstos por la ley, según recoge el decreto publicado en el BOE. Sin embargo, la norma aún debe ser convalidada por las Cortes para consolidar su vigencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá con las prórrogas ya solicitadas si el Congreso decide tumbarla, algo más que probable dado el rechazo que estas medidas suscitan en las formaciones de derechas. Algunas organizaciones como los sindicatos de inquilinos aseguran que todos los contratos que soliciten la prórroga en tiempo y forma se beneficiarán de la medida aunque esta decaiga posteriormente. Pero varios despachos de abogados, que piden no ser nombrados alegando la enorme incertidumbre que suscita la norma, anticipan una disputa legal de calado y sin respuestas claras una vez que los caseros eleven la cuestión a los tribunales. De entrada en los juzgados de primera instancia y, después, en los superiores. El Ministerio de Vivienda se limita a confiar en que “cualquier interpretación sea garantista y beneficiosa para las personas inquilinas y cumpla con la función social de la vivienda”, según señala una portavoz.

«No vamos a renunciar a dar respuesta también a la emergencia habitacional», decía Pedro Sánchez, al anunciar el decreto que recoge la prórroga de los contratos de alquiler –que finalicen antes de que termine el 2027– y el tope a la actualización de los precios –para los contratos que entraron en vigor antes de la Ley de Vivienda–. Dos medidas que el sector viene rechazando por su efecto negativo en la (poca) oferta disponible. Ahora, más de un tercio (34%) de los contratos que finalizarán este 2026 y 2027 (40%) se retirará del mercado del alquiler de larga duración, según una encuesta de Fotocasa Research. «Nunca habíamos detectado una fuga de oferta similar en el mercado», asegura María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. «Si se mantienen este tipo de medidas intervencionistas y punitivas, la retirada de las viviendas del mercado podría intensificarse en los próximos meses». Según los datos, el 24% de quienes se retirarán del alquiler residencial prevé vender el inmueble una vez que finalice el contrato, mientras que el 8% planea destinarlo al alquiler de habitaciones o reconvertirlo en un apartamento de alquiler vacacional (2%). En cualquier caso, representa una pérdida a la oferta residencial de larga duración, que ya es escasa para la demanda. Sobre todo como consecuencia de la «creciente falta de seguridad y de confianza en el mercado», apunta Matos. Precisamente, ese es un efecto que varios actores del sector inmobiliario han advertido alrededor de las medidas de vivienda en el Plan anticrisis, incluyendo a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que alertaron de la «preocupante inseguridad jurídica» ya que, aunque entraron en vigor este domingo, aún tienen que pasar por el Congreso donde incluso Sánchez reconoce que no hay una mayoría parlamentaria.

El órgano consultivo concluye en un dictamen que «no procede aprobar el real decreto» previsto y critica que se cargue a las empresas. El Consejo de Estado ha dado un golpe al plan B de Yolanda Díaz. El órgano consultivo ha emitido un dictamen contrario al real decreto con el que el Ministerio de Trabajo pretendía reforzar el registro de jornada, una medida que la vicepresidenta segunda activó tras el fracaso parlamentario de la ley de reducción de jornada. El dictamen, no vinculante, concluye de forma taxativa: «No procede aprobar el real decreto proyectado». El documento aprobado el pasado jueves por la Comisión Permanente del organismo presidido por la socialista Carmen Calvo aplaude el objetivo de la norma –evitar las horas extra impagadas mediante un sistema digital interoperable por la Inspección de Trabajo– pero acumula críticas de calado sobre su forma y su fondo, según adelantó ‘El País’. El Consejo estima que el impacto económico de la medida no ha sido correctamente calculado y cifra el coste «inicial» en 867 millones de euros anuales para las empresas, al margen de la implementación, la formación y el mantenimiento. Además, considera que el texto «no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley», como se supone de una norma con rango reglamentario, sino que «impone nuevas obligaciones y cargas», invadiendo así el terreno legislativo. Es exactamente el mismo argumento que viene esgrimiendo la CEOE. También advierte de que el proyecto no contempla las especificidades de determinados sectores, como la hostelería, los maquinistas de trenes o los porteros de fincas, y es especialmente severo en materia de protección de datos.

El presidente regional fundamentó la elección de la fecha en que permite además que la comunidad llegue al verano con el horizonte político despejado. Ir a las urnas en ese momento, aseguró, «va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación». Pero también le sirve para pillar al Gobierno con el pie cambiado y enterrar definitivamente sus aspiraciones de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 más adelante, una vez que el contexto bélico lo permita. María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata socialista, tendrá que dejar en breve la vicepresidencia primera y el Ministerio de Hacienda ya que su puesto en el Ejecutivo central es incompatible con ir en las listas al Parlamento autonómico, obligando al presidente Sánchez a acometer una remodelación de su Gabinete de calado dado el peso de la candidata. «En los próximos días. Hay margen y tenemos sobre todo que procurar una gran movilización que va a ser abrumadora», aseguró anoche la vicepresidenta en la Ser.

La rebaja del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno el pasado viernes y que entró en vigor el sábado ha supuesto un importante alivio para los bolsillos de los conductores vascos, ya que la medida ha ayudado a abaratar significativamente el precio de los combustibles, alejándose de esta manera de la peligrosa barrera de los dos euros por litro. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los precios llegaron a tocar su techo este mismo sábado, cuando el litro de diésel alcanzó los 1,99 euros de media. Sin embargo, la situación es ahora considerablemente distinta, ya que los surtidores reflejaban ayer un precio medio de 1,80 euros, una caída de 19 céntimos. Eso significa que llenar un depósito medio de 55 litros era ayer 10,45 euros más barato que el sábado. En el caso de la gasolina, la bajada es aún más pronunciada, seguramente porque su fiscalidad es distinta a la del diésel. Si el sábado un litro llegaba a los 1,83 euros de media, los surtidores mostraban ayer un precio medio de 1,57 euros. Eso se traduce en un abaratamiento de 26 céntimos por litro y que hace que el repostaje resulte 14,3 euros más barato.

La asociación de consumidores Facua ha criticado la negativa del Gobierno central a fijar topes a los precios, al tiempo que ha advertido de que las bajadas de impuestos «serán absorbidas por completo en breve con nuevas subidas en la gasolina y el gasóleo», señalando que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para «aplicar otra subida de precios» este pasado domingo. Según explicaron en un comunicado, así ha podido verificarlo Facua-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras en todo el país. Así, tras la bajada del IVA y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanza en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina, 11 céntimos. En el caso del gasóleo, Facua ha comprobado cómo de las 9.255 gasolineras de la Península y Baleares que el domingo comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica la actualización de sus precios, 2.337 no se limitaron a trasladar la bajada del IVA del 21 al 10%, sino que aplicaron un nuevo incremento. Es decir, en el 25,3% de los casos la bajada del precio de venta al público fue inferior a la que correspondía con la reducción fiscal y en determinados casos no aplicaron reducción alguna en el precio e incluso lo subieron.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) avisó ayer de posibles movilizaciones y «protestas masivas» si el Gobierno central no avanza «de manera inmediata» hacia un segundo paquete de ayudas para el sector. El CNTC reconoce que algunas de las medidas adoptadas pueden considerarse «positivas» para la sociedad en general, pero para el transporte «no solo resultan insuficientes», sino que «en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite». Los transportistas vascos creen, en el mismo sentido, que «no son medidas escasas, son escasísimas», alertó ayer la presidenta de la asociación empresarial de transportes de Bizkaia Asetrabi, Sonia García, que destacó la necesidad de aplicar actuaciones estructurales propias y de apoyo directo a las empresas del transporte, siendo el sector que tiene que soportar de forma inmediata y sin capacidad de reacción el impacto de la escalada de costes. «No podemos seguir así. Parece que somos invisibles cuando suponemos una pieza clave para la economía». Al igual que el sindicato de transportistas vascos Hiru, Asetrabi defiende que el Gobierno vasco podría sumar un alivio al sector suspendiendo el peaje exclusivo que se aplica al transporte pesado en Gipuzkoa y Bizkaia. Ambas organizaciones recuerdan que la ayuda de 20 céntimos supone en realidad una reducción de 15, ya que incluye los 4,9 que se devolvían hasta ahora mediante el gasóleo profesional.

Trump anunció ayer en su red social Truth que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras unas “conversaciones muy buenas y productivas [con Teherán] respecto a una resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Próximo. Aunque el mandatario es optimista con respecto a las negociaciones y apuntó que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y que esto “podría suceder en los próximos cinco días”, también añadió que el mantenimiento de la tregua dependerá “del éxito de las reuniones y discusiones en curso”. Por ello, Trump señaló que el estrecho de Ormuz “se abrirá pronto si esto funciona” y será “controlado conjuntamente” por Estados Unidos e Irán. “Tal vez [lo controle] yo. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea”, remató, añadiendo que con el contenido del pacto va “Israel va a estar muy contento”, porque impedirá que la República Islámica cuente con armas nucleares. “No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear”, advirtió Trump, añadiendo que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán para evitarlo. Estas esperanza de una rápida reapertura del paso de Ormuz y del final de la destrucción de las infraestructuras energéticas a ambos lados del Estrecho han alentado fuertes bajadas tanto del petróleo como del gas. En concreto, el barril de Brent, de referencia en Europa, cayó ayer más de un 10%, cediendo hasta los 96 dólares por barril, mientras que el gas TTF retrocedió un 5,4%, hasta los 56 euros por megawatio/hora. 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró ayer que ve “enormemente positivo” el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días. Antonio Brufau recalcó que la decisión de paralizar los bombardeos “es una muy buena señal” y tiene la sensación de que la guerra en Oriente Próximo terminará “más pronto que tarde”, por lo que, en su opinión, “se desvanece” la amenaza de que no se reabra “en pocos días” el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo transportado por mar. “Si durase este conflicto, esto supondría quitar del mercado aproximadamente un 15% de la producción mundial [de crudo] en un mercado donde la oferta y la demanda están muy equilibradas. Evidentemente, esto haría que aumentaran los precios”, dijo Brufau, que estima la cotización media del barril de petróleo en una horquilla de entre 50 y 70 dólares, en una “situación normal de velocidad de crucero”. El presidente de Repsol defendió el realismo en la transición energética y sostuvo que los hidrocarburos seguirán cubriendo la mayor parte de la demanda mundial al menos hasta el año 2100. Además, criticó la deslocalización industrial europea debido a los altos costes energéticos. “A día de hoy, el mundo consume el doble de energía que hace 50 años. En aquel momento, el 85% de la matriz de energía primaria eran hidrocarburos (petróleo, gas y carbón). Hoy, después de 50 años y de haber doblado el consumo de energía, el 80% de la matriz de energía primaria siguen siendo los hidrocarburos. Si en 50 años no hemos sido capaces de cambiar la matriz energética, porque no es posible cambiarla, en el año 2100 continuaremos disponiendo de hidrocarburos al mismo nivel o parecido al que estamos teniendo hoy”, dijo el actual presidente de Repsol. 

El conflicto en Oriente Medio, aunque respiró ayer tras un mensaje más esperanzador de Donald Trump sobre el final de la guerra, tiene al sector del aluminio en España conteniendo el aliento. Y es que, como explicó ayer la Asociación Española del Aluminio (AEA) el cierre del estrecho de Ormuz compromete un tercio del abastecimiento de este material en el país. Se trata de importaciones que son claves para el sector de la construcción, que emplea el aluminio para puertas, ventanas, fachadas o persianas; y también para la automoción, que lo utiliza para carrocerías ligeras y otros componentes. Solamente estos dos sectores copan más del 80% de las compras de esta materia prima en España. El 32% del suministro de este metal en el país, por tanto, podría verse comprometido si la situación en el Golfo Pérsico no se suaviza. Así lo señaló la AEA al afirmar que si sigue «el contexto de creciente tensión en la cadena global, se podrían derivar en problemas de abastecimiento a corto plazo». De momento, ya con las dos primeras semanas de escalada bélica, se ha provocado un «grave deterioro del suministro con un tercio de las importaciones españolas bajo riesgo directo». 

La cuenta atrás ha comenzado. Las grandes empresas y multinacionales que operan en España han empezado a recibir en estos días una carta advirtiéndoles de que se aproxima el momento de abonar, por primera vez, el nuevo impuesto complementario al de Sociedades que garantice el pago del tipo mínimo global del 15% acordado por la OCDE. Las compañías afectadas, avisa el Fisco, tendrán del 30 de abril al 30 de junio para presentar la información fiscal requerida antes de encarar este verano la primera liquidación del nuevo tributo. “Nos dirigimos a ustedes ante la posibilidad de que formen parte de un grupo multinacional o de un grupo nacional de gran magnitud” sujeto al “Impuesto Complementario”, asociado al nuevo tipo mínimo global societario del 15%, “dado que en ese caso quedarían sujetos a las obligaciones derivadas de dicho impuesto”, reza la comunicación remitida por la Agencia Tributaria a las grandes empresas. El nuevo impuesto aplicable en España ha sido diseñado a partir de la transposición de la directiva europea sobre la materia, que a su vez viene a cumplir el acuerdo de fiscalidad global alcanzado en 2021 por unos 140 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de garantizar que las multinacionales hagan una aportación tributaria mínima independientemente del territorio desde el que operen. Ese tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable es el conocido como Pilar 2 de la iniciativa de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), llamado a completarse posteriormente con el denominado Pilar 1, que implicaba el reparto de la recaudación obtenida de las multinacionales entre todos los países en las que operan, aunque su actividad sea solo digital. La decisión de Donald Trump de retirar a EEUU del Pilar 2 a su regreso a la Casa Blanca ha minado la efectividad de este acuerdo y trunca las opciones de acabar implantando el Pilar 1.

Iberdrola empieza a incluir en los contratos de sus clientes minoristas (hogares, pymes, etc.) el coste de los servicios de ajuste, un concepto que ha subido con fuerza desde el apagón del pasado 28 de abril de 2025, en gran medida por la operación reforzada que aplica Red Eléctrica para evitar otro fundido a negro. Según hace constar en la letra pequeña de las ofertas y contratos de sus consumidores, si este coste de los servicios de ajuste (el conocido como escudo antiapagón) se eleva de media por encima de los 18 euros por megavatio hora (MWh) lo repercutirá posteriormente en el recibo eléctrico mensual. Fuentes oficiales de Iberdrola explican que “los servicios de ajuste suponen un riesgo para las comercializadoras, que tradicionalmente se cubre incorporando una prima de riesgo al precio de la energía desde el inicio del contrato, encareciendo el suministro para todos los clientes”. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán gestiona la comercializadora con más clientes de España, junto con Endesa, con más de 10 millones de usuarios cada una. Por esta razón, Iberdrola detalla: “Hemos optado por una alternativa más eficiente y justa: mantener precios más contenidos y solo trasladar el impacto en el caso excepcional de que estos costes se salgan de una horquilla predefinida en el contrato firmado por el cliente”.

La espera ha llegado a su fin. La Comisión Europea anunció ayer que el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) entrará en vigor de forma provisional a partir del 1 de mayo. El pacto, que según Bruselas ahorrará a las empresas europeas miles de millones de euros en aranceles y les dará un acceso prioritario a este mercado, se aplicará de forma provisional hasta que el Parlamento Europeo le dé su visto bueno final –un proceso paralizado, ya que los eurodiputados decidieron denunciar este acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que deberá evaluar su encaje con los Tratados europeos–. El Ejecutivo comunitario anunció ayer que había enviado una «nota verbal» a Paraguay –país guardián del tratado comercial–, lo que supone el último paso en el proceso para aplicar el acuerdo UE-Mercosur de forma provisional. En la práctica, esto supone que a partir del 1 de marzo se eliminarán los aranceles a ciertos productos, lo que según la Comisión «dará previsibilidad a empresas, consumidores y granjeros, que notarán desde el primer día los beneficios de este acuerdo». Al mismo tiempo, promete que los sectores sensibles europeos «quedarán totalmente protegidos con robustas salvaguardas».

Ni el programa nuclear, ni los misiles, ni el cambio de régimen... El objetivo número uno de Donald Trump después de tres semanas de guerra contra Irán es la reapertura del estrecho de Ormuz. Tras dar el domingo un ultimátum de 48 horas a los iraníes para reabrir el paso a los petroleros o atacaría infraestructuras energéticas, el presidente estadounidense extendió el margen al próximo viernes y sorprendió al anunciar que han mantenido «conversaciones muy constructivas» con una «persona de alto nivel» de la República Islámica con la que lograron «puntos importantes de acuerdo». El magnate adelantó que, «si siguen adelante, pondrá fin a ese problema, a ese conflicto, y creo que lo terminaremos de forma muy, muy sustancial». Se abrió un nuevo plazo de cinco días, tiempo suficiente para la llegada de los miles de marines y barcos de refuerzo que están camino del Golfo. El presidente de EE UU dejó entrever que se trata de un acuerdo para hacerse con la reserva de uranio enriquecido de los iraníes. Teherán negó cualquier contacto directo con Washington e Israel guardó silencio, aunque Trump dijo que su aliado estará «muy satisfecho» con lo conseguido en las supuestas conversaciones. El anuncio calmó algo a los mercados, pero no al campo de batalla, donde se registraron duros bombardeos, sobre todo en la capital persa. Tel Aviv aseguró que sus aviones atacaron el «principal cuartel general de seguridad» de la Guardia Revolucionaria en la ciudad.