20260326

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El absentismo, uno de los principales quebraderos de cabeza de las empresas vascas, sigue al alza. Euskadi cerró 2025 con un índice del 8,8%, según los datos publicados ayer por Randstad, lo que supone un avance de una décima respecto al año pasado. Y es que pese a que el País Vasco fue la comunidad donde menos creció esta tasa en el último año, sigue situándose a la cabeza, solo por debajo de Canarias (9,1%) y Cantabria (8,9%) y por encima de la media nacional del 7,1%. Por sectores, la industria fue el que mayor tasa de absentismo registró, al alcanzar el 9,5% de las horas pactadas y crecer 1,1 puntos respecto al año pasado. Por debajo se sitúan el sector servicios (8,9%) y la construcción (5,7%). Este tema no preocupa únicamente a las empresas. El Gobierno vasco anunció hace dos semanas que tendrá este año un estudio «riguroso y técnicamente solvente» sobre la incapacidad temporal para abordar esta problemática «en toda su complejidad».

En Bizkaia se construyen al año menos de dos viviendas por cada mil habitantes, una tasa «muy por debajo» de la necesaria para atender a una demanda que supera las 56.000 personas. El pasado año se inició la edificación de 2.097 domicilios en el territorio, un 24% menos de los que se pusieron en marcha un ejercicio antes. De ellos, 1.715 fueron libres y el resto VPO. La producción de obra nueva se desplomó en 2025 frente a unos precios que siguieron escalando a marchas forzadas. Tanto, que por primera vez el precio medio del metro cuadrado superó al registrado en 2007, el año anterior a la crisis económica. Si hace dos décadas el precio de la obra nueva se situaba en torno a los 4.172 euros por metro, la cifra ya se ha incrementado hasta los 4.537 euros. Adquirir un piso es un 13,3% más costoso que doce meses antes. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del informe sobre la evolución de la construcción y la promoción de viviendas en Bizkaia, presentado ayer por Iñaki Urresti, secretario general de Ascobi. El portavoz de la entidad ofreció un balance sobre la situación de la vivienda en el territorio y avanzó que 2026 será un «año difícil» por varias cuestiones. La primera a la que hizo mención fue la «inestabilidad» derivada de la guerra de Oriente Medio. Urresti afirmó que la subida de los costes de producción incidirá «indudablemente» en un aumento en el precio de la obra nueva. Y aunque prevé «un ligero» incremento en la producción de nuevos pisos, lamenta que el conflicto bélico está aumentando la «inestabilidad» y el «riesgo de las operaciones». «Hace unos meses el pronóstico era positivo. Considerábamos que iba a haber un aumento en la producción. Sin embargo, el entorno geopolítico global complica las previsiones», explicó el secretario.

La feria Mubil Mobility Expo arrancó ayer en Irun con un mensaje claro de ambición industrial y vocación europea. En línea con el discurso del lehendakari, el evento se presenta como una palanca para que Euskadi aspire a convertirse en un «área de aceleración industrial» dentro del nuevo marco comunitario, y salga reforzado en su papel como polo de referencia en movilidad sostenible. En un contexto global marcado por la competencia de potencias como China o Estados Unidos, Euskadi reivindica estos días la capacidad de su tejido productivo para situarse en la vanguardia europea. La combinación de tradición industrial, innovación tecnológica y colaboración público-privada se plantea como la base para liderar esta transformación y consolidar al País Vasco como punta de lanza en el desarrollo de soluciones de movilidad limpia. Inaugurada por el lehendakari Imanol Pradales, la cita reúne a 110 empresas expositoras y prevé atraer a unos 2.000 visitantes profesionales en el recinto ferial de Ficoba. La feria mantiene su apuesta por un formato ‘boutique’, centrado en la especialización y la calidad de los contactos industriales. Además, el carácter internacional se refuerza con un 16% de participación extranjera, con presencia destacada de Alemania, Países Bajos y Francia, socio estratégico en esta edición.

En el discurso de inauguración, el lehendakari reconoció las dificultades derivadas de la volatilidad global, especialmente en sectores como la automoción y la movilidad, altamente dependientes de los mercados exteriores. Sin embargo, insistió en trasladar un mensaje de optimismo basado en las fortalezas del territorio. «Hoy veo capacidades, veo un sector en marcha y un momento de oportunidad». Pradales vinculó esta aspiración con el nuevo rumbo industrial marcado por la Unión Europea, destacando la futura Ley de Aceleración Industrial como una herramienta clave para impulsar la competitividad. Según explicó, esta normativa permitirá avanzar en la «desburocratización, proteger el mercado europeo y dar protagonismo a regiones con ecosistemas industriales sólidos, como Euskadi». La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, afirmó, por su parte, que «esta feria se ha consolidado como un punto de encuentro y de colaboración referencial, y ha puesto en valor las capacidades y la determinación de nuestro tejido industrial para situar a Gipuzkoa y a Euskadi en el vagón delantero de la transformación del sector de la movilidad».

El ERE de Tubos Reunidos da un nuevo giro de guión. Con el expediente presentado ya ante la Autoridad Laboral desde el lunes, la Inspección de Trabajo certificó ayer un cambio de calado. Según denunciaron los sindicatos, más de 40 eventuales de los 80 incluidos en el despido colectivo –las cifras oscilan entre 42 y 47– se encuentran con contratos en fraude de ley y deberán convertirse en trabajadores fijos de la tubera. Un giro que convertiría a estas personas en trabajadores de pleno derecho y para los que los sindicatos piden que se les dé la opción de elegir, como el resto de empleados fijos, si se adhieren a las bajas incentivadas que ofrece Tubos Reunidos o no. «La actitud de la empresa ha sido decir que se les va a aplicar la indemnización por despido que tiene la plantilla fija. Desde la parte social les hemos dicho que si son fijos por derecho tendrán que tener la misma opción de adherirse o no a esas bajas voluntarias», señaló Gorka Abascal, delegado de ESK. Sin embargo, «desde la empresa se han puesto tercos en que no es así, que tendrán o un despido objetivo con 20 días por año trabajado o, si quieren adherirse a las bajas voluntarias, tendrán las ofertas que dio la empresa el 13 de marzo». La decisión de Inspección de Trabajo enreda todavía más un ERE que, de entrada, ya saldrá más caro a la empresa. Además, en una hipotética impugnación en los tribunales, da más fuerza a los sindicatos. El propio Abascal ha admitido que «si recibimos un informe de la inspección de trabajo, lógicamente tendrá que ir adjuntado a ese proceso judicial». Centrales como ELA o ESK abogan ya abiertamente por ir a los tribunales mientras otros sindicatos como LAB o UGT siguen estudiando esta opción. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue ayer muy tajante: “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”. Así confirmó en el Congreso de los Diputados la firme intención de su departamento de seguir adelante con su intento de aprobar el endurecimiento del registro horario en las empresas a través de un reglamento y no de una ley. La elección de esta herramienta legislativa obedece a que un desarrollo reglamentario de una norma no requiere el visto bueno del Parlamento —algo que hoy en día parece imposible de conseguir—, lo que facilitaría su aprobación. Sin embargo, su plan no está exento de fisuras y la más grande ha llegado de la mano del Consejo de Estado, que ha emitido un durísimo y crítico dictamen sobre la estrategia de Trabajo, apelando incluso directamente a la nulidad del núcleo duro del texto redactado por el ministerio. Ante este dictamen, varios juristas y académicos consultados por este diario coinciden en que la nueva regulación del registro, si llega a los tribunales, tal y como se espera que suceda, será tumbada por los jueces. Otros expertos de este campo, pese a todo, contraargumentan lo dicho por el Consejo de Estado. Lo primero en lo que coinciden la práctica totalidad de los juristas consultados, independientemente de cuál sea su interpretación de la situación, es que el dictamen en el que el Consejo ha evaluado el reglamento con el que el que Trabajo quiere desarrollar y hacer más exigente el registro horario ha sido inusualmente duro en su análisis. Es más, unos en público y otros en privado, los expertos dan por seguro que este informe ha allanado el camino a la patronal CEOE para que recurra al Tribunal Supremo este real decreto, algo que todos esperan que ocurra si lo llega a aprobar el Gobierno. 

El Gobierno vasco y el central pusieron ayer en marcha la maquinaria que aspira a blindar la paz financiera de Euskadi para el próximo lustro. Y es que la Comisión Mixta del Concierto Económico, integrada por ambos Ejecutivos y las tres diputaciones forales, inició los «procesos preparatorios» para actualizar la metodología del Cupo correspondiente al quinquenio 2027-2031. Es decir, se ha activado la negociación política para determinar la cuantía que Euskadi debe abonar anualmente al Estado por las competencias no transferidas. El Ejecutivo autonómico definirá en las próximas semanas el equipo de técnicos que deberá negociar con Moncloa el futuro del Cupo, establecido en el 6,24% desde 1981. Sin embargo, pese a la sintonía unánime mostrada ayer por ambos ejecutivos, la negociación se asoma turbulenta, ya que el proceso de condonación de deuda a las comunidades de régimen común obligará a la parte vasca a afinar cada cálculo para evitar agravios comparativos en el nuevo reparto territorial. El conflicto reside en el proceso de condonación de deuda autonómica pactado entre el Gobierno central y ERC, mediante el cual el Estado asumirá pasivos territoriales para facilitar su acceso a los mercados financieros. El riesgo para Euskadi es que este incremento de la deuda estatal acabe inflando la base de cálculo de las cargas no asumidas. Es decir, si el Estado asume más deuda, el 6,24% que el País Vasco abona anualmente podría traducirse en una factura mayor.

La batería de medidas fiscales impulsada por el Gobierno central para paliar el alza de los precios de la energía afectará directamente a la capacidad financiera de Euskadi. En concreto, las haciendas forales prevén una minoración de los ingresos tributarios de 232 millones de euros durante el próximo trimestre. Esta caída es una consecuencia directa de la reducción de los tributos concertados. Estos son, en esencia, los impuestos que las diputaciones vascas tienen la competencia de recaudar y gestionar directamente, pero cuya normativa básica debe ser común a la del resto del Estado. Este paquete de ayudas, que Sánchez definió como el «mayor escudo social» de Europa, contempla medidas como la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% o una rebaja del 80% en los peajes de la industria electrointensiva. Estas iniciativas cuentan con el respaldo del Gobierno vasco y recibirán hoy luz verde en el Congreso. Por el contrario, el otro decreto, destinado a contener el alza de los precios de la vivienda, está abocado al fracaso. El impacto se repartirá de manera proporcional entre las tres diputaciones, ajustándose a su peso poblacional. Así, Bizkaia verá reducidos sus ingresos en 125 millones de euros, Gipuzkoa en 71 y Álava en otros 36. Para poner estas cifras en contexto: el año pasado, el fisco vizcaíno recaudó 2.237 millones únicamente entre los meses de mayo y junio. Por tanto, la cantidad que se deja de percibir no supondría un hachazo inasumible para las arcas públicas y, a cambio, ese dinero irá a parar directamente a los bolsillos de los ciudadanos.

Los 417 investigadores Ikerbasque atrajeron el año pasado más de 49 millones de euros en fondos para financiar sus trabajos, la cifra más alta desde la creación de la Fundación Vasca para la Ciencia en 2007. Además, el número total de científicos en plantilla se elevó en 30 en los últimos doce meses. Estas son algunas de las cifras presentadas ayer por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, y Amaia Esquisabel, directora de Política Científica. Los profesionales venidos a Euskadi proceden de 35 países y son mayoritariamente varones. En concreto, el 69% son hombres frente a un 31% de mujeres. Sobre su área de conocimiento, el 44% son especialistas en ciencias experimentales, el 26% en ciencias médicas, un 16% son especialistas en ingeniería, y un 14% en ciencias sociales y humanidades. Todos ellos proceden de centros de enorme prestigio como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, el CNRS o el Max Planck. El año pasado, Ikerbasque mantuvo varios encuentros, tanto presenciales como telemáticos, para tratar de atraer investigadores radicados en Estados Unidos que quisieran venir o regresar a Euskadi ante los recortes en ciencia auspiciados por la Administración Trump. «La llamada ha tenido poco éxito», reconoció Pérez, que cifró en seis los expertos venidos el año pasado desde la primera potencia mundial, tan solo dos más que en 2024. «Históricamente han tenido muchos recursos para investigar y hay que pensarse mucho el salir de allí», justificó. No obstante, el consejero insistió que el principal problema para atraer científicos a Euskadi son «los elevados precios de la vivienda».

Una disputa entre los dueños de Casado Morales lleva a la empresa a concurso de acreedores y fuerza la venta de sus viñedos e instalaciones. 1,66 millones de euros. Ese es el precio de salida con el que el portal Valoralia ha sacado a subasta la bodega Casado Morales, una de las más conocidas en Lapuebla de Labarca. Con 101 años de historia, el proyecto de tres generaciones familiares se encamina hacia su final a consecuencia de un encarnizado enfrentamiento entre los dos hermanos que gestionaban la empresa hasta la fecha. 

El programa para el desarrollo del futuro tanque europeo, conocido como proyecto MARTE (Main ARmoured Tank of Europe), ha entrado en una fase decisiva tras alcanzar con éxito su hito intermedio de madurez. Un año después de su arranque oficial, el consorcio industrial responsable del blindado de quinta generación ha confirmado esta semana el cierre de los primeros paquetes de trabajo técnico y la aprobación de los entregables clave por parte de la Comisión Europea. Este avance sitúa a la iniciativa en la senda para cumplir su ambicioso objetivo: completar la Revisión de Diseño Preliminar (PDR) en un periodo de solo 24 meses. Los avances presentados recientemente incluyen la definición de un Concepto de Operaciones integral y un conjunto completo de requisitos técnicos para el futuro sistema de combate. Así, con el visto bueno formal de Bruselas a estos trabajos, el programa inicia ahora una nueva etapa centrada en las actividades de arquitectura y diseño del sistema y sus subsistemas, con KNDS, Rheinmetall y Leonardo a la cabeza del desarrollo. La colaboración continental agrupa a once Estados miembros, entre los que destaca la participación de España a través de empresas como Indra, la guipuzcoana Sapa Placencia y otras como Sener, Santa Bárbara (filial española de General Dynamics Land Systems), Piedrafita Systems y EM&E Group, la compañía de Ángel Escribano, presidente de Indra. 

El aumento del precio del petróleo y el gas que ha desencadenado la guerra en Oriente Próximo afectará especialmente a las comunidades del norte del país, más intensivas en consumo de energía y que son, además, más sensibles a las disrupciones en el comercio y al aumento de los aranceles en EEUU por tener más peso de las exportaciones de bienes, de ahí que sean las que más se van a ver perjudicadas por el conflicto. Así lo constata BBVA Research en su último Observatorio Regional, publicado ayer, en el que prevé que estas autonomías crecerán este año por debajo de la media nacional, del 2,4%. En concreto, Galicia repuntará un 2,3%; Cantabria, un 2,2%; País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja, un 2,0%, y Aragón, un 1,9%. De todas ellas, Cantabria y Navarra muestran datos «algo mejores de lo esperado» en el primer trimestre del año, pero «se mantienen por debajo de la media». Castilla y León y Extremadura completan la lista de las regiones que crecerán menos que el conjunto del país, un 1,8%, debido a un arranque del año débil y a un sector público «relativamente poco dinámico». Si el conflicto se alarga y el impacto sobre el precio de la energía perdura durante más tiempo, la producción en las comunidades septentrionales podría verse más afectada. Hay que tener en cuenta que Asturias, Navarra, Cantabria y País Vasco son las regiones con más consumo energético en la industria manufacturera, y están también –menos Asturias– entre las que tienen más peso de las exportaciones de bienes en su PIB. 

Ninguno de los tres informes oficiales sobre el apagón –el del Gobierno, el de Competencia y el del panel de expertos europeo– ha señalado quién fue responsable del apagón que fundió a negro la Península Ibérica el 28 de abril. Pero las conversaciones que mantuvieron los técnicos de Red Eléctrica y los de las eléctricas grabadas tanto el día del ‘cero eléctrico’ como en las jornadas previas que han sido analizadas por la comisión que investiga este incidente en el Senado han llevado este asunto a una nueva dimensión que pone a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, en el foco. El lunes, tras la comparecencia de la ministra Sara Aagesen, dicha comisión tuvo acceso a una serie de audios internos que introducen matices relevantes y sugieren que las anomalías en la red –picos y oscilaciones de tensión– no fueron un fenómeno repentino como ha venido defendiendo el operador del sistema sino una situación que venía arrastrándose desde al menos quince días antes del suceso. Las transcripciones de esas llamadas y una nueva entrega de grabaciones que se conocieron ayer marcaron la última sesión de esta comisión en un bronco cruce de declaraciones entre Corredor y el senador del PP, Miguel Ángel Castellón. Según las notas redactadas por fuentes parlamentarias a partir de la escucha de estas conversaciones, las alteraciones de tensión ya se habían producido en los días previos. El 16 de abril de 2025, un operador eléctrico reportó que estaban sufriendo picos de tensión que les obligaba a regular en todas las subestaciones. Su interlocutor, de acuerdo a estas fuentes, atribuyó esta circunstancia a que apenas había nuclear en el sistema, algo que según indica, no sería puntual. Ya el día del apagón, distintos operadores de las compañías eléctrica se interesaron por los episodios que se iban produciendo en la red entre las 9.54 horas del 28 de abril y el momento del corte: caída de la subestación de Cañaveral (Cáceres), oscilaciones en Andalucía, oscilaciones en la red por la entrada de fotovoltaica y una advertencia sobre la posibilidad de que Almaraz pueda desconectarse. «Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando», exclaman en el centro del control de Red Eléctrico justo en el momento en que se produce el cero.

El informe final del Panel de Expertos europeos, que ha investigado durante meses el colosal apagón del 28 de abril de 2025, destaca que la subestación de alta tensión de Hernani fue «el cortafuegos que evitó un colapso continental y la vía de rescate» para la recuperación de la energía en todo el país. El 28 de abril de 2025, a las 12.33 horas, el «corazón eléctrico» de España y Portugal dejó de latir al compás del resto de Europa. Lo que en el argot técnico se denomina como una pérdida de sincronismo –cuando la Península empezó a vibrar a un ritmo distinto a los 50 Hz (hercios) del continente– derivó en el apagón «más severo y sin precedentes de las dos últimas décadas». Casi un año después, el informe final del Panel de Expertos europeo no solo disecciona una «tormenta perfecta» de fallos técnicos y decisiones manuales lentas, sino que confirma un protagonismo absoluto para Gipuzkoa: la subestación de alta tensión del barrio Osinaga de Hernani, enclavado a un lado de la A-15, fue el «cortafuegos que evitó un colapso continental y la vía de rescate» para la recuperación del país.

El órdago de las grandes eléctricas al Gobierno para que extienda la vida útil de las nucleares salta por primera vez más allá de la central de Almaraz, en Cáceres. Iberdrola y Endesa van a pedir de forma inminente la ampliación la autorización de los dos reactores de la central nuclear de Ascó, en Tarragona, para que sigan funcionando al menos hasta el año 2034. Ambas empresas ya han tomado la decisión a nivel de sus consejos o están apunto de tomarla esta semana. Ahora, la decisión la trasladan a la agrupación empresarial que controla esas dos centrales, la Asociación Nuclear Ascó Vandellós (Anav). El reactor número 1 de Ascó es 100% de Endesa. El reactor número 2 es un 85% de Endesa y en un 15% de Iberdrola. Ambos suman una potencia instalada de 2.060 megavatios, casi los mismos que los dos reactores de Almaraz (2.097 megavatios). Ascó y Almaraz son las dos mayores instalaciones nucleares en España, y su futuro condiciona el horizonte de todo el parque atómico de generación eléctrica. De ahí la relevancia de que el Gobierno apruebe o no su continuidad. Anav es la empresa que gestiona conjuntamente tanto los reactores de Ascó, como el de Vandellós, también en Tarragona, que, a su vez, se reparte entre Endesa (72%) e Iberdrola (28%).

Spain DC, entidad que sirve de patronal de data center en España, y en la que está Amazon como uno de sus principales asociados, ha lanzado una seria alerta por el golpe que supone para ese negocio el decreto aprobado el pasado fin de semana por el Gobierno para introducir medidas contra la crisis energética. Una parte del decreto se refiere a la bajada de precios de carburantes para mitigar el impacto de la escalada del petróleo, por la guerra del golfo Pérsico. En eso no hay nada que objetar. El problema es que el Gobierno ha aprovechado ese decreto para colar una auténtica reforma eléctrica en negocios esenciales, como el acceso a las redes de luz. El decreto regula, a partir de ahora, el acceso a esas redes, dando prioridad a las conexiones para vivienda, servicios esenciales, proyectos industriales y otros, que siempre irán por delante de los data center en la prioridad de conexión. Además, el Gobierno, que nunca ha mostrado simpatía por los data center, creará un comité de inversiones que será el que valore si algunos proyectos son idóneos. Y tendrá absoluta discrecionialidad. Los data center, muy intensivos en consumo eléctrico, necesitan por encima de todo un punto de enganche a la red. Spain DC estima que, si el mercado mantuviera una evolución normal, el sector podría captar 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030. 

Las multinacionales españolas tributan, de media, holgadamente por encima del tipo mínimo global societario del 15% pactado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ya han comenzado a aplicar la Unión Europea y España. Sin embargo, más de un tercio del total de grupos afectados por la nueva tributación mínima realiza aportaciones inferiores y se arriesga a hacer frente al pago de un impuesto extraordinario por cerca de 3.500 millones de euros para cumplir con la nueva legislación. Así se desprende de la última edición del informe anual País por país (Country by country), correspondiente al ejercicio 2023, publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. Se trata de una estadística que la Agencia Tributaria elabora aprovechando los datos del modelo de declaración 231, exigible desde 2016 en aplicación del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). El documento desnuda los niveles de tributación efectiva del mismo universo de compañías que las afectadas por el nuevo tipo mínimo global del 15%, es decir, aquellas con un volumen de negocios internacional igual o superior a los 750 millones de euros. De hecho, desde la Agencia Tributaria admiten que “este modelo, que es informativo, ha sido de vital importancia para evaluar el alcance del nuevo Impuesto Complementario Global de reciente regulación de los grupos multinacionales”.

El 20% de las importaciones de diésel, así como el 45% de las importaciones de queroseno en Europa, tienen origen en los países del golfo Pérsico. Por otro lado, el cierre del Estrecho, el bloqueo de decenas de barcos en los países del Golfo, junto con el temor a transitar por el mar Rojo, ha situado el mercado de fletes en niveles históricos, encareciendo aún más el acceso a crudo y productos. Varias refinerías españolas han retrasado sus paradas técnicas de mantenimiento, programadas para las próximas semanas, con el objetivo de que no decaiga la producción de diésel y queroseno, cuya oferta se ha restringido a nivel mundial por la guerra en Oriente Próximo, lo que ha disparado los precios. Según confirman fuentes conocedoras, la necesidad de consumo de diversos productos petrolíferos –parte de los cuales se importan habitualmente por los operadores europeos– ha replanteado las paradas técnicas en algunas plantas de refino nacionales, que pretenden mantener su nivel de producción de gasóleo A y combustibles para aviación en pleno incremento de demanda y de precios. La situación ha cambiado drásticamente desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán. El cuello de botella generado en el estratégico estrecho de Ormuz está bloqueando no solo la salida de petróleo, sino también de productos derivados que habitualmente tienen por destino Europa. Ante ese déficit de oferta, las refinerías españolas están produciendo a pleno rendimiento.

Los precios del crudo suben y bajan al compás de los titulares. Ese vaivén se deja sentir con especial crudeza en las compañías de ocio y turismo, y de forma aún más punzante en las aerolíneas. El efecto sobre el sector se produce por dos vías. Por un lado, el encarecimiento del combustible incrementa de forma inmediata los costes operativos. Por otro, la demanda empieza a mostrar signos de debilidad, un fenómeno que podría acentuarse si las compañías se ven obligadas a trasladar parte del aumento del coste del petróleo a las tarifas. Una subida de precios para compensar el impacto del combustible puede terminar frenando aún más la disposición a viajar. En las cuatro semanas que van de guerra, el sector europeo de ocio y turismo retrocede un 6,5%. Y, dentro de él, las aerolíneas son las que peor se comportan. Los recortes oscilan entre el 22,7% de Easyjet y el 8,3% de Ryanair. Más acusadas son las caídas de los nombres estadounidenses. United Airlines y Southwest Airlines registran descensos de más del 10%. En una entrevista con Bloomberg, el consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, advertía de que el encarecimiento de la energía podría obligar a elevar el precio de los billetes hasta un 20%. 

El BCE ha mantenido invariables los tipos de interés a falta de conocer el alcance de la crisis en Oriente Próximo, pero no le temblará la mano para contener la inflación. Es el mensaje que trasladó ayer la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa, Christine Lagarde, quien aseguró que «no titubeará» para hacer cumplir su mandato de mantener los precios en el 2% a medio plazo y abrió la puerta a subir los tipos de interés si las consecuencias de la crisis en Irán se agravan. «La indecisión no nos paralizará: nuestro compromiso de lograr una inflación del 2% a medio plazo es incondicional», insistió Lagarde en la inauguración del ciclo de conferencias del Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera de la Universidad de Goethe, en Fráncfort. Con todo, subrayó que los países del euro se encuentran en una posición mucho mejor que cuando tuvieron que enfrentar la invasión rusa de Ucrania, en 2022, lo que provocó una gran crisis energética e inflacionista en Europa. Lagarde afirmó que actualmente hay factores que apuntan a un menor impacto de esta crisis sobre la Eurozona, como el contexto macroeconómico favorable y unas políticas menos expansivas. Pero hizo un llamamiento a no caer en la autocomplacencia y permanecer vigilantes, ya que «existen motivos para mantenerse alerta», dijo.

La economía del futuro estará dominada por sectores como el comercio electrónico, el software y la inteligencia artificial (IA), los vehículos eléctricos, los microchips, el espacio o la robótica, por lo que los reyes económicos globales en la próxima década serán gigantes como Amazon, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Alibaba, Netflix, BYD, CATL, SpaceX o Lilly, entre otros. Según un informe de McKinsey, estas áreas de negocio y algunas más han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, posicionándose como las industrias que mejor perspectiva de futuro anticipan, con unos ingresos combinados que alcanzarán los 48 billones de dólares (unos 42 billones de euros) en 2040 en el escenario más optimista, y unos 25 billones de euros en el menos optimista. Sectores como los semiconductores, los servicios en la nube y el software y la IA están concentrando las mayores inversiones en la actualidad, en vista del futuro prometedor que se vaticina para estos negocios, que liderarán la economía del futuro. El informe destaca 18 industrias diferentes que serán el tractor económico mundial en los próximos años: ecommerce, IA, servicios en la nube, coches eléctricos, márketing digital, chips, vehículos autónomos compartidos, espacio, ciberseguridad, baterías, construcción modular, vídeo en streaming, videojuegos, robótica, biotecnología, movilidad aérea, medicamentos antiobesidad y fisión nuclear. Estas industrias están experimentando un crecimiento sin precedentes en los últimos años. 

Teherán considera las 15 exigencias del acuerdo propuesto por Donald Trump «excesivas» y «desconectadas de la realidad del fracaso estadounidense en el campo de batalla». Fuentes oficiales citadas por el canal iraní Press TV respondieron al documento que Washington envió a Irán a través de la mediación de Pakistán en el que exige, entre otras cosas, el final del programa nuclear y el desmantelamiento de las instalaciones del programa atómico. La Casa Blanca amenaza con atacar Irán «más duramente de lo que jamás lo ha sido» y «desatar el infierno» si no aceptan su derrota, según la portavoz, Karoline Leavitt. Los iraníes respondieron con sus propias condiciones y exigieron a Trump el cese total de «agresiones y asesinatos», la puesta en marcha de mecanismos concretos para evitar que la guerra se repita, el pago garantizado de daños y reparaciones, el fin de la guerra en todos los frentes y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz. La república islámica contestó al órdago de Trump con otro órdago y estas mismas fuentes insistieron en que «el final de la guerra ocurrirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump lo imagine».

En medio de la guerra en Oriente Próximo, Irán controla el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz a su favor y trata de instalar la narrativa de que ese corredor marítimo no está estrictamente cerrado. La República Islámica atacó a una veintena de barcos que trataban de cruzarlo en los primeros días de conflicto; pero ahora, tras una semana sin bombardeos en ese punto, Teherán comunicó el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Organización Marítima Internacional que los “buques no hostiles” podrán transitar por Ormuz si se coordinan previamente con las autoridades de Irán, según recoge Reuters citando un comunicado oficial iraní. No obstante, centenares de buques, muchos llenos de petróleo, siguen detenidos en Ormuz. Antes del inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero, entre 100 y 120 embarcaciones atravesaban a diario este corredor clave para el mercado energético mundial. En menos de un mes, la cifra se ha desplomado a apenas una decena por día, según los datos más recientes de la plataforma Marine Traffic. Una caída del 90%.

Sobre el papel, China podría ser uno de los principales perjudicados por la situación que se vive en Oriente Medio. Después de haber perdido a un aliado fuerte en el sector de los hidrocarburos como es Venezuela, que Donald Trump ponga ahora la diana en uno de sus mayores suministradores de petróleo es una muy mala noticia para un país que necesita energía para continuar creciendo. Así se entiende que, dentro de la tradicional moderación china, Pekín haya elevado la voz. «La guerra en Oriente Medio no se debería haber producido nunca», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. «El mundo no debe volver a la ley de la jungla», añadió. En las gasolineras chinas el precio del combustible se ha disparado un 25% desde que empezaron los ataques contra el país persa y el gobierno ha decidido toparlo para proteger a la población. Pero al Partido Comunista no le deben preocupar demasiado las dificultades en el estrecho de Ormuz, porque cuenta con reservas de combustible suficientes para unos tres o cuatro meses –se estima que en torno a los 900 millones de barriles– y ha suspendido las exportaciones de combustibles refinados para proteger el suministro doméstico, algo similar a lo que hizo con las mascarillas durante la pandemia. Además, de acuerdo con los datos de Aduanas, Pekín ya temía algo e incrementó en un 16% las importaciones de crudo en enero y febrero.