20260414

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Euskadi se sitúa a la cabeza del absentismo en el Estado, un fenómeno no exento de polémica y sin un consenso real entre los distintos agentes sociales. Al cierre de 2025, la industria se consolida como el sector con el índice mayor de absentismo en Euskadi, alcanzando el 9,5% de las horas pactadas. Este dato representa el nivel más elevado entre todas las comunidades autónomas, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. A continuación, el sector servicios, con una tasa del 8,9%, registra un ligero descenso de una décima, seguido de la construcción, con un 5,7%, donde el absentismo se reduce en 1,1 puntos porcentuales. En la actualidad, no existe unanimidad entre instituciones, patronal y sindicatos sobre el término, mezclándose a menudo el absentismo con otros conceptos como las bajas médicas, los permisos o los problemas organizativos. Esta falta de claridad es uno de los motivos que ha llevado al Gobierno Vasco a impulsar un estudio “riguroso, plural y técnicamente solvente”, en palabras del Vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que sirva de base para tomar decisiones en la mesa de negociación del diálogo social. Desde Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales, su directora general, Lourdes Iscar, aclara la diferencia entre absentismo e incapacidad temporal, subrayando que la labor del instituto se centra en los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. “El término absentismo no lo trabajamos”, afirma. Virginia Múgica, directora del área jurídico laboral de Confebask apuntó a esta problemática durante su participación en el XXV Congreso de Seguridad y Salud Laboral, celebrado en Vitoria-Gasteiz en marzo. La representante subrayó que la clave para abordarlo pasa por la implicación activa de todos los agentes que forman parte del sistema; trabajadores, mandos intermedios, sindicatos, empresas, mutuas, servicios públicos de salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. “La inacción no es una opción. Si no se adoptan medidas, la tendencia seguirá al alza. El absentismo por IT no se va a corregir solo. Si no intervenimos, continuará creciendo”, afirmó la representante. 

Un diagnóstico: dudas «significativas» sobre la capacidad de Tubos Reunidos para seguir con actividad. Y un recordatorio: es responsabilidad del consejo de administración valorar si la empresa puede continuar o es preciso liquidarla. Son los dos mensajes que el informe de auditoría de la compañía añadió ayer a unas cuentas que en 2025 arrojaron 118 millones de pérdidas y una deuda de 263 millones. El informe, elaborado por EY y que la empresa registró ayer por la tarde en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), alerta de que Tubos Reunidos se encuentra en una comprometida situación por una «incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento». Así se desprende del informe independiente que debe acompañar a las cuentas anuales y que la tubera no presentó hasta ayer. En un hecho con muy pocos precedentes la empresa solo desveló el pasado 27 de marzo el balance del último ejercicio completo, con esas pérdidas de 118 millones y la abultada deuda. Un marco que ha obligado al grupo vasco a presentar un ERE con 242 despidos sobre una plantilla de 1.300 personas y a cerrar su acería de Amurrio. El prescriptivo informe independiente de auditoría se presentó en un ‘hecho relevante’. Un análisis que certificó que las cifras enviadas por la compañía sí representan fielmente el estado de la empresa, pero añadió negativos y preocupantes elementos de análisis. Así, el auditor, además de expresar sus dudas sobre la viabilidad, estableció que los administradores de Tubos Reunidos «son los responsables de la valoración de la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento». Una situación desde la que deben formular las cuentas atendiendo a la normativa financiera de una empresa con actividad o desvelar si tienen intención de liquidarla porque «no exista otra alternativa realista». La situación, por lo tanto, sitúa a la empresa más cerca de un escenario de proceso concursal para tratar de buscar una salida antes de una liquidación de activos. 

Gipuzkoa pone en valor a sus campeones ocultos, esas empresas que, siempre ‘a la guipuzcoana’, trabajando bajo el radar, lideran con autoridad sus respectivos mercados y compiten con total solvencia en el plano internacional. En esta ocasión, la diputada general, Eider Mendoza, acompañada del diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, junto con Mauricio Arregui, presidente de la Cámara de Gipuzkoa, y Javier Zubía, director general de la entidad cameral, visitaron ayer Ezarri, una de esas pequeñas joyas empresariales que atesora el territorio. José Ángel Muro, presidente del consejo de administración de la firma, dedicada a la fabricación de mosaicos premium, y Xabier Errasti, su director general, dieron cuenta en una reunión de trabajo de los avances y los retos de la lazkaotarra, que es la artífice de algunos de los proyectos más importantes y selectos de todo el mundo en el ámbito de las piscinas de lujo. En la actualidad, Ezarri cuenta con una plantilla de 85 personas y una fuerte presencia internacional, con exportaciones a más de 130 países.

Mercadona cerró el ejercicio 2025 con una cuota de mercado del 27% a nivel nacional, pero la cadena que preside Juan Roig supera ya el 30% de cuota en la Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, donde duplica e incluso triplica a sus inmediatos competidores, según los datos de Worldpanel by Numerator (antigua Kantar). Incluso en las zonas donde tradicionalmente Mercadona ha tenido más dificultad para ganar tamaño, el grupo es ya líder. En la zona noroeste –Galicia, Asturias y León– su posición de mercado asciende al 18,2%, seguida de Eroski (15,1%), Gadisa (10,1%), Carrefour (6,8%) y Alimerka (5,8%). Por su parte, en la zona norte-centro –Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Palencia y Burgos–, Mercadona dispone de una cuota del 19,1%, un punto por encima de Eroski (18,1%) y muy por delante de Carrefour (9,8%), Lidl (6,8%) y Uvesco, la dueña de BM Supermercados, que tiene un 4,6%. Lo más llamativo del liderazgo de Mercadona es que se produce tanto en aquellas zonas donde la empresa valenciana es el primer operador por superficie como en las que otras cadenas competidoras tienen un peso comercial superior. En País Vasco, el primer operador por superficie es Eroski, con un 37,2% de cuota en metros cuadrados, seguido de Uvesco, con un 18,3%, lo que sitúa a ambos muy por encima de Mercadona (8,3%). Y, pese a ello, la cadena valenciana también es líder. Estas diferencias entre cuotas de mercado en valor (ventas) y superficie muestran que, incluso con menos metros cuadrados, Mercadona logra acaparar más gasto de los consumidores que el resto de sus competidores. 

Caos y colapso. Son las palabras que más repiten las asesorías vascas por la orden del Gobierno central que obliga a rehacer miles de nóminas. La publicación en plena Semana Santa –el 1 de abril– de la norma que fija las cotizaciones y desempleo –las nuevas bases mínimas y máximas de cotización– con carácter retroactivo a 1 de enero está desbordando a colectivos como abogados laboralistas, asesores, gestores... Así lo advierte el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, que asegura que este asunto ha provocado una situación de «grave inseguridad jurídica y una sobrecarga administrativa sin precedentes». Esta asociación manifiesta su «profunda preocupación» y critica que de un tiempo a esta parte «se viene haciendo así, tarde y a salto de mata». El origen del desajuste administrativo se encuentra, en gran medida, en el retraso sistemático en la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuya definición es el paso previo necesario para establecer la orden de cotización. Esta dinámica, que surgió en la pandemia y se ha agravado en los últimos años al carecer el Ejecutivo de Sánchez de Presupuestos, lo que obliga a establecerlos por decreto, que no solo tensiona los recursos de los despachos privados, también afecta al funcionamiento de la Administración Pública, cuyos recursos se ven presionados por la necesidad de aplicar cambios normativos con carácter retroactivo sobre bases ya comunicadas.

El sindicato ELA centrará la celebración de su Primero de Mayo en la exigencia de un Salario Mínimo Interprofesional vasco de 1.500 euros, en cuya labor «no cesará», e instó al Gobierno Vasco y al lehendakari, Imanol Pradales, a que «haga suya la reivindicación de los 1.500 euros, y exigir esa competencia». En una rueda de prensa celebrada ayer en la sede del sindicato en Bilbao, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, interpelaron, además, a Confebask, a quien «ven cada vez más alejada de la sociedad vasca». «Y no solo porque se nieguen a sentarse con los sindicatos, sino por su propia posición política. No hemos escuchado una posición contraria a un mundo donde se impone el imperialismo, las guerras, los intereses económicos y el belicismo», criticaron, para añadir que «hoy las preocupaciones de Confebask están en otro punto. Creemos que aquí se prioriza siempre lo que tiene que ver con los intereses económicos por encima de los éticos». Además, consideran que la patronal «no tiene un problema jurídico» para establecer un SMI propio, que pueden hacer «vía convenio», sino «un problema de voluntad», ya que, en su opinión, «Confebask quiere seguir manteniendo la precariedad en este país».

El Parlamento vasco volvería prácticamente a su composición actual si hoy se celebraran elecciones autonómicas, salvo por la desaparición de Sumar, lo que permitiría al PNV romper el actual empate a 27 escaños con Bildu y aventajar a la coalición soberanista, aunque el margen de los jeltzales se ha estrechado apreciablemente en pocos meses, según el Sociómetro publicado ayer. En un contexto ya preelectoral y de lucha a brazo partido entre ambas fuerzas nacionalistas, la encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco es una noticia agridulce para el PNV, que lograría la hegemonía y una cómoda mayoría absoluta con sus socios del PSE, aunque perdiendo fuelle respecto a la anterior oleada del sondeo, entregada en diciembre pasado. Entonces, la formación de Aitor Esteban lograba 29 representantes frente a los 28 que ahora pronostica el Sociómetro y Bildu se estancaba en 27, exactamente igual que ahora. Quienes sí tienen motivos para la satisfacción son PSE y PP, ambas al alza, lo que les permite mantener su representación actual en el Legislativo de Vitoria, 12 y 7 escaños respectivamente, uno más para cada uno que en la anterior encuesta. Entre las fuerzas minoritarias, Vox mantiene su parlamentario por Álava y los de Yolanda Díaz pierden esta vez el suyo, casi siempre bailando en las encuestas.

El juez Peinado acelera en su pretensión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez ante un jurado popular antes de que, en septiembre próximo, el magistrado tenga que jubilarse al llegar a la edad obligada en la judicatura de los 72 años. El instructor acordó ayer procesar a la esposa del presidente del Gobierno, la antesala del juicio a la espera de que se solventen los previsibles recursos, por presunta malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Una cadena de posibles delitos de la que ha excluido, no obstante, el del intrusismo profesional por sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid. Según su auto, Peinado concede cinco días a todas las partes personadas para que «insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales». Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El paso cogió a la investigada y su marido Pedro a Sánchez de viaje oficial en China. El juez ha pisado el acelerador para llevar la causa a juicio con un jurado popular, cuya confirmación dependerá ahora de los recursos de la acusaciones y las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid. El instructor ha adoptado esta decisión después de la vista celebrada el pasado 1 de abril para confirmar los delitos imputados a las partes, una vez que el tribunal provincial le obligó a corregir y detallar los indicios por una falta de fundamentación.

Nuevo órdago de Donald Trump tras naufragar las conversaciones mantenidas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) el pasado fin de semana. El controvertido mandatario estadounidense puso ayer en marcha su anunciada intervención y bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la Armada de EEUU, que es ahora la que decide qué buques pueden pasar o no y cuáles serán interceptados. A priori, las fuerzas estadounidenses impedirán el tránsito de cualquier barco con origen o destino en las costas iraníes, pero también de aquellos otros buques internacionales “que hayan pagado un peaje a Irán” e intenten atravesar el estrecho, porque “nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”. En el caso de las embarcaciones iraníes, Trump dio instrucciones de que sean eliminadas “inmediatamente” aquellas que se acerquen a la zona de bloqueo estadounidense. Sobre el papel, esta decisión pone en jaque el frágil alto el fuego pactado la semana pasada, alimenta las expectativas de una mayor escalada del conflicto y nutre los temores de un recrudecimiento de la crisis energética que ya ha provocado el primer mes y medio de guerra, aunque Trump se apresuró a señalar ayer, apenas entrado en vigor su bloqueo, que este ya había surtido efecto y que Irán se había puesto en contacto con EEUU para pedirle un pacto urgente. “Nos ha contactado la otra parte, quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, aseguró Trump a los medios de comunicación desde la puerta del Despacho Oval de la Casa Blanca, desde donde insistió en que no dejará que Irán desarrolle armas nucleares. En medio de esta ceremonia de la confusión, la volatilidad y la tensión se adueñaron ayer de nuevo de los mercados energéticos. 

Más sufrimiento en los parqués europeos. El cierre naval de Ormuz por parte de la marina estadounidense como arma de guerra por parte de Donald Trump castigó ayer a las Bolsas continentales, con el precio del petróleo instalado por encima de los 102 dólares tras avanzar más de un 7% en la sesión. Tras el alivio que provocó entre los inversores el anuncio del alto al fuego la semana pasada, el mercado ha vuelto a incorporar una prima de riesgo geopolítica muy elevada tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán durante el fin de semana. «El mercado sigue anclado en una narrativa de crecimiento tecnológico, pero los datos apuntan a otra realidad. Inflación persistente, consumidor debilitado y riesgo geopolítico latente. Esa desconexión es, probablemente, el principal foco de riesgo. En el corto plazo, esta lectura se pone a prueba», señala Javier Toro, analista de eToro. El escenario actual vuelve a parecerse al que había a comienzos de la semana pasada, con la diferencia de que el bloqueo de Washington podría golpear hasta dos millones de barriles diarios de flujos vinculados a Irán a través de Ormuz. En este nuevo contexto, el Ibex-35 fue el selectivo más penalizado en la sesión con pérdidas del 0,9% frente al 0,3% que se dejaron el EuroStoxx 50 o el CAC francés o el 0,2% que cedió el Dax alemán. Por valores, las mayores pérdidas fueron para Acciona a Renovables, Inditex, Aena, Banco Santander y Redeia, con descensos superiores al 1,5% en todos los casos. Al otro lado de la tabla, Mapfre, Unicaja y Bankinter firmaron avances superiores al 0,7%.

El cierre del estrecho de Ormuz, el estratégico paso por donde transita cerca del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) a nivel global, ha provocado las disrupciones energéticas más graves en décadas, tal y como advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Un ‘shock’ que se ha trasladado rápidamente a los precios del petróleo –situados en los 100 dólares por barril, cuando antes de la guerra estaban a 65– y a los del gas, que se mantienen inestables y al alza desde que estalló el conflicto en Irán. La tensión también se ha extrapolado de manera directa al sistema de almacenamiento de gas en España. Así lo demuestra el último ‘Boletín Estadístico del Gas’ publicado por Enagás (el gestor del sistema a nivel nacional), que revela que las reservas de existencias útiles han caído a sus niveles más bajos en una década para el mes de marzo. Concretamente, en estos instantes se sitúan al 57%, con 20.619 GWh almacenados sobre una capacidad total que asciende a 35.926 GWh. Por poner este dato en contexto, cabe recalcar que el abastecimiento llegaba al 63% el año pasado, al 81% en 2024 y al 78% en 2023. De la misma forma, son datos inferiores también a los registrados en marzo de 2022, cuando estalló la crisis energética debido a la invasión rusa en Ucrania; en aquel entonces, las reservas llegaban al 62%. En este contexto de tensiones en la cadena de suministro son varios los factores que han propiciado la reducción del volumen en las reservas. Uno de ellos es el apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica. 

La AIE calcula que más de 70 instalaciones energéticas—campos de petróleo y gas, refinerías, infraestructuras— en Oriente Próximo han sufrido daños, y más de un tercio de ellas están gravemente o muy gravemente dañadas. El shock que vive la producción de petróleo a causa de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz tiene su efecto más evidente en el alza del precio del crudo y la OPEP, la organización en la que se incluyen buena parte de los países afectados por el conflicto, ha confirmado el alcance de la sacudida energética en su boletín mensual de marzo publicado ayer. La producción de crudo por parte de la OPEP sufrió un desplome mensual récord de 7,88 millones de barriles diarios, hasta situarse en 20,79 millones. Se trata de la mayor caída en la serie de datos que se remonta a 1980, más pronunciada incluso que la registrada en mayo de 2020, en plena pandemia, cuando el recorte de producción fue de 6,28 millones de barriles al día. La guerra en Irán ha colapsado la capacidad de exportar crudo de los países productores del golfo Pérsico, incapaces de dar salida a su producción a través del estrecho de Ormuz, y ha llevado al límite su capacidad de almacenar reservas. El resultado ha sido una parálisis en la producción de los países de la región en marzo, que han sufrido además ataques en sus instalaciones por parte de Irán y una escalada de los precios, que ha llevado el barril de brent a superar los 100 dólares.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mueve ficha contra el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Según aseguran fuentes próximas al organismo, este planea lanzar cuatro consultas públicas con el objetivo de diseñar un marco regulatorio que permita acelerar la implantación de las energías renovables y el biometano. El departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, pretende desarrollar el real decreto-ley 7/2026 que se convalidó en el Congreso de los Diputados en marzo, con el objetivo de contener los efectos de la guerra. El fin que busca el Ejecutivo es dar respuesta a la problemática geopolítica y reducir a la mayor brevedad posible la dependencia de los combustibles fósiles del exterior, que han experimentado un fuerte encarecimiento después de que Estados Unidos e Israel decidieran atacar Irán. Según señalan estas fuentes, el Gobierno sacará hoy cuatro consultas públicas encaminadas a desarrollar el esquema normativo que permita elevar el peso de las renovables en España. Además, este iniciativa gubernamental busca que se implanten de tal manera que redunde en beneficio de las comunidades locales donde se planteen los proyectos.

La posibilidad de que en el plazo de tres semanas las aerolíneas que operan en los cielos europeos se encuentren con problemas de abastecimiento de queroseno ha llevado a las grandes compañías europeas a sumarse a la petición de los aeropuertos para que Bruselas tome medidas que prevengan el impacto del primer gran golpe de la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, en Irán. La escasez de combustible podría obligar a reconfigurar rutas y frecuencias a las puertas de la temporada de verano. «La situación en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre el tiempo que durará elevan cada vez más las preocupaciones sobre la disponibilidad de combustible para los aviones en Europa en las próximas semanas y meses», explican fuentes conocedoras del clima de nerviosismo que existe en el sector aéreo por el impacto de la crisis energética. Entre estas medidas, compañías aéreas como Air France-KLM Group, easyJet, Iberia, British Airways, Vueling International Airlines Group, Lufthansa Group o Ryanair Holdings, todas ellas integradas en la asociación Airlines for Europe (A4E) demandan a la Comisión Europea que obtengan de los proveedores de combustible la disponibilidad que existe de queroseno para las próximas semanas así como intervenir en el mercado para asegurar su disponibilidad y lanzar compras a escala europea. Para ello, apuestan por tomar como «modelo el sistema de compra conjunta de gas de la UE tras la invasión rusa de Ucrania y agregando la demanda a escala comunitaria».

La coalición de gobierno de Berlín, compuesta por la conservadora CDUy los socialdemócratas del SPD, quiere relanzar la economía alemana –que no ha logrado reponerse desde la pandemia y arrastra años de estancamiento– y para ello ha adoptado una batería de medidas que incluye un bono de mil euros libres de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que las empresas podrán pagar a los empleados para mitigar las consecuencias de la inflación. El canciller, Friedrich Merz, anunció también una reducción de los impuestos sobre carburantes que rebajará el precio por litro en unos 17 céntimos. «Esperamos que la industria petrolera traslade estos alivios directamente a los consumidores», confió. Y adelantó un acuerdo de la coalición para aprobar una ley de reforma sanitaria antes de las vacaciones de verano. La ministra de Trabajo, Bárbel Bas, a su izquierda en la rueda de prensa, comunicó por su parte un endurecimiento de la ley antimonopolio para evitar subidas bruscas de precios en las bombas y sistemas de calefacción. El líder conservador presentó la batería de iniciativas como reacción rápida a la crisis en Oriente Medio y sus consecuencias. «El presidente estadounidense ha anunciado un bloqueo a Ormuz (…) este conflicto es la verdadera causa de los problemas que también tenemos en nuestro propio país», planteó. Merz advirtió, sin embargo, que «no podemos compensar cada resultado en los mercados con fondos estatales» porque «el Estado, al fin y al cabo, es o somos todos nosotros».

Von der Leyen asegura que Europa está pagando cara su dependencia de los combustibles fósiles y apuesta por la energía nuclear y las renovables. Ante el aumento en el precio de los carburantes, muchos países se han visto obligados a tomar medidas para paliar los efectos negativos en las facturas de las empresas y los hogares. Sin embargo, Von der Leyen descartó suspender las reglas fiscales de la Unión Europea, como se hizo cuando estalló la pandemia en 2020. «En este momento concreto, según hablamos, tenemos que decir que no se dan las condiciones para activar medidas alternativas, como la cláusula general de escape y las cláusulas nacionales», precisó la jefa del Ejecutivo comunitario. «Pero, por supuesto, mantendremos el papel vital de coordinación con el interés económico amplio en la mente. Veremos paso a paso cómo se desarrolla la crisis», añadió.

Junto con otras medidas, como la planificación de compras conjuntas, Bruselas ha iniciado una consulta con los Estados miembros para establecer nuevas reglas de ayudas de Estado más flexibles. Esto permitirá a los países gozar de un mayor margen para conceder subsidios a los sectores más expuestos por la crisis energética. El objetivo de Von der Leyen es que este nuevo marco para las ayudas de Estado energéticas esté listo en abril para que pueda adoptarse lo antes posible. La presidenta de la Comisión Europea recordó en cualquier caso que cualquier medida de apoyo, incluidas las ayudas de Estado, debe cumplir con tres principios fundamentales: deben dirigirse a colectivos o empresas vulnerables, deben buscar una pronta aplicación y deben mantenerse durante un corto periodo de tiempo. Por el momento, la UE no permitirá quemar todos los cartuchos. Von der Leyen señaló que “en estos momentos, no se cumplen las condiciones para activar medidas alternativas como la cláusula general de salvaguarda o las cláusulas nacionales de salvaguarda”. Así, las ayudas que presten los Estados a las empresas más afectadas con arreglo al nuevo marco que presentará Bruselas deberán tener en cuenta la senda del déficit público. Para Von der Leyen, las medidas generalizadas “deben ser mínimas para evitar un deterioro excesivo de los déficits públicos”, aunque la Comisión Europea seguirá monitorizando la situación por si es necesario activar las cláusulas de escape.

Nuevo frente parlamentario para el Gobierno a cuenta de la subida de cotizaciones a los autónomos societarios y colaboradores que ha propiciado el incremento de la base mínima introducido en la orden de cotizaciones de 2026, publicada a finales de marzo. Tanto PP como Junts tienen preparadas sendas enmiendas para introducir en el primer proyecto de ley que entre al Congreso y desde ATA, asociación representante del colectivo, creen que esta ofensiva parlamentaria será suficiente para que el propio Ejecutivo dé marcha atrás en la medida. En el punto de mira está el decreto que ha comprometido el Ejecutivo con Junts para aprobar el IVA franquiciado, que eximirá a los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros de repercutir el impuesto. Como esta medida fue concedida como contrapartida al apoyo al primer paquete de ayudas por la guerra de Irán aprobado hace casi un mes, se espera que su aprobación genere una ventana legislativa en la que, o bien se puedan introducir las enmiendas o bien el propio Gobierno revierta la subida de la base mínima a este colectivo de cerca de 1,2 millones de autónomos. “La subida del 42% de la base de los autónomos societarios y colaboradores familiares afecta a más de 200.000 personas en Cataluña. La Moncloa debe saber que tiene delante 7 votos que están con los autónomos, no con el Gobierno español”, aseguró ayer la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Cabe recordar que de esos 1,2 millones de autónomos societarios y colaboradores, son entre 500.000 y 600.000 los que se verán afectados por la subida de la base mínima, que implica un aumento de las cuotas de 135 euros al mes (1.620 euros para el conjunto del año).

Hasta finales de marzo, la inversión alcanza los 5.482 millones de euros, lo que supone un 105% más respecto al mismo periodo de 2025 y lo convierte en el mejor primer trimestre de la serie histórica recogida por JLL. Esta consultora avanza los números de las ventas de grandes propiedades (para inversores profesionales) como edificios de oficinas, hoteles, naves logísticas, centros comerciales, edificios de vivienda en alquiler o residencias de estudiantes, entre otros tipos de activos. “Diría que hasta la guerra en Irán el estado del mercado de la inversión en España era casi idílico”, afirma Juan Manuel Pardo, director del mercado de capitales de JLL. Este experto ve una base muy sólida para que así continúe en los próximos meses, “a no ser que la situación geopolítica tome un cariz por mucho más dramático que el que tenemos ahora”. Hay varias razones fundamentales para ese idilio entre España, según repiten los expertos e inversores en los últimos meses: la mejor situación macroeconómica respecto a otros países europeos y, por tanto, la diversificación que están haciendo los grandes fondos para incrementar su posición en España, y, además, el fuerte crecimiento demográfico. “España sigue estando a la cabeza por el crecimiento del PIB y la concentración demográfica en los mercados más sólidos hace que lo fundamentales sean absolutamente imparables”, confirma Pardo. En este sentido, pone como ejemplo “los problemas que tiene y va a tener de vivienda” por la fuerte demanda y que, en todo caso, supone una oportunidad de inversión tanto promoviendo nuevas casas como residencias de estudiantes o para mayores.