20260523

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Los datos de cierre del ejercicio 2025 del Ministerio de Economía dibujan un escenario de repliegue evidente para Euskadi. La incertidumbre financiera que ya asomaba en el primer semestre del curso con el desembarco del trumpismo en la Casa Blanca ha terminado por consolidarse en el día a día de la economía, desplazando al País Vasco de los habituales puestos de cabeza en el tablero nacional, con permiso de la Comunidad de Madrid y Cataluña, inalcanzables para el resto de comunidades porque las grandes corporaciones mantienen, lógicamente, sus sedes en Madrid y Barcelona. En cualquier caso, al concluir el año, la inversión extranjera bruta en el territorio se situó en 531,52 millones de euros, lo que representa una severa caída del 50,38% respecto al año anterior. Este retroceso constata una pérdida de peso relativo que no tiene por qué ser preocupante por ahora, aunque sí consuma un auténtico ‘sorpasso’ por parte de comunidades menos industriales que hace tan solo un año estaban por detrás. En 2024, el País Vasco ocupaba una cómoda y habitual cuarta posición nacional con 1.071,23 millones de euros, superando holgadamente a regiones como Aragón, que sumaba 933,47 millones, o Castilla-La Mancha, con 273,86 millones. Sin embargo, al cierre de 2025, Euskadi ha descendido hasta la octava plaza del ranking autonómico. El inalcanzable liderazgo de la Comunidad de Madrid (15.970,17 millones) y Cataluña (4.510,22 millones) se mantiene intacto. La verdadera sacudida para el territorio vasco llega desde más abajo, al verse adelantado por la derecha tras la explosión inversora de Aragón, donde el desembarco de dinero extranjero se ha disparado hasta los 3.387,38 millones de euros.

El Correo  ha reunido a expertos de cuatro agentes clave frente a este reto en una mesa redonda del ciclo Mundo Futuro que ha llevado por título ‘Seguridad y Competitividad en el suministro energético a Euskadi’, y que ha contado con el patrocinio de Iberdrola. La viceconsejera de Transición Energética del Gobierno vasco, Irantzu Allende; el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Ramón Castro; el CEO de Ingeteam, Adolfo Rebollo; y el investigador sénior y coordinador de energía del instituto vasco de competitividad Orkestra, Jorge Fernández, han apuntado las soluciones en las que trabajan para garantizar una soberanía energética en el entorno. La clave en la que coinciden las cuatro entidades es la apuesta por un recurso propio que abunda en el territorio. «La energía más autóctona de la que podemos disponer es la renovable», destaca el responsable de Iberdrola, quien recuerda que la península cuenta con unas condiciones orográficas y climáticas que garantizan el suministro de viento –en torno a 3.000 horas anuales–, sol –casi 2.000– y un potencial hidrográfico difícilmente comparable. Juntas han mantenido los precios energéticos entre los 40 y 60 euros el megavatio, frente a los 150 y hasta 200 que han sufrido los vecinos europeos por el bloqueo del estrecho de Ormuz. «A parte de mantener esa independencia energética, estos recursos nos permiten también ser competitivos», subraya Castro. Además, los participantes en el encuentro también han advertido la necesidad de actuar en la fiscalidad. En este sentido, la viceconsejera lamenta que si bien la energía es más barata en la península que en el resto de Europa, «la factura que paga la industria es un 165% más cara que en Francia y un 35% mayor que en Alemania», algo que repercute directamente en la competitividad de un sector altamente consumidor en Euskadi. «Por eso pedimos que las medidas implantadas recientemente por el Ministerio no sean coyunturales, porque para la industria no ayudan a tomar decisiones de inversión, sino estructurales». «Hacen falta medidas como la eliminación del impuesto de producción de generación renovable, la reducción del impuesto especial a la electricidad y la eliminación o la reducción del IVA eléctrico, que creemos que van en contra de la apuesta por la electrificación hacia la que se dirigen las políticas europeas», defiende.

Esta instalación se puede considerar todavía pequeña si se compara con el CPD que la compañía Merlin tiene en Álava, en el polígono Arasur, con más de 300 MW. El Gobierno vasco ha dado luz verde ambiental al proyecto para construir un centro de procesamiento de datos (CPD) en el Parque Tecnológico de Zamudio. El plan pertenece a la empresa sevillana Moana Data y, cuando entre en funcionamiento, será la instalación de estas características más grande de Bizkaia, con una potencia eléctrica de 30 MW. La hoja de ruta de esta mercantil es completar tres fases de 10 MW cada una, de manera progresiva. Con el visto bueno del Departamento de Sostenibilidad en la mano, Moana Data tendrá ahora que completar unos últimos trámites ante Industria y el Ayuntamiento de Zamudio para abrir su ‘data center’. Si todo va bien –y el principal escollo ya está superado–, las obras para dar forma al centro de datos podrían comenzar este mismo año. La iniciativa, cuyo presupuesto no ha trascendido, tiene una potencia significativamente mayor que otros tres proyectos que se están desarrollando en Bizkaia. El propio Gobierno vasco está detrás de dos CPD en Abanto y Mondragón, con una potencia de 4 y 3 MW, respectivamente. Además, la tecnológica Sarenet promueve otro ‘data center’ en Derio, también de 3 MW. Por este motivo, llama la atención la magnitud de la apuesta de la firma sevillana en Zamudio. 

El centro tecnológico donostiarra Vicomtech vivió ayer una doble celebración. Por un lado, el organismo pilotado por Julián Flórez sopló 25 velas y, por otro, inauguró en el polo Mubil del polígono industrial de Eskuzaitzeta una nueva sede dedicada a la movilidad y la seguridad inteligente; un amplio complejo concebido por la ingeniería IDOM en el que Vicomtech -especialista en tecnologías digitales- ha invertido seis millones de euros y para el que ha contado con la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha aportado algo menos de la mitad de ese monto. La instalación se une así a las de Cidetec (recién inaugurada) y Tecnalia y Ceit (en desarrollo) en lo que se ha convertido en un tiempo récord en el hub de referencia en la movilidad del futuro en todo el sur de Europa. Las modernas instalaciones de Vicomtech (en las que se alojan unas 70 de las 200 personas que conforman la plantilla global del centro) están concebidas para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia para, por ejemplo, caminar hacia el coche autónomo, conectado y automatizado, así como para que el entorno de ese vehículo (o de un tren o de cualquier otro medio de transporte), por ejemplo la propia carretera, esté conectado permanentemente al mismo siempre de forma segura. Ese análisis de lo que rodea a los coches mientras circulan y su conversión en datos para su posterior manejo será una de las tareas que los investigadores de Vicomtech podrán hacer en la nueva sede, ya que dispone de su propia carretera para realizar cualquier tipo de simulación.

La empresa Tubos Reunidos busca regresar a una cierta normalidad después de que, a lo largo de esta semana, los alrededor de 900 trabajadores se la fábrica de Amurrio se hayan reincorporado a la actividad productiva después de que el comité de empresa, tras la votación previa, de una asamblea de trabajadores, respaldase la decisión -en el mismo sentido- de poner fin a la huelga indefinida que vivía esta factoría desde el 16 de marzo. A la espera de que se concluya nueva producción, diversos camiones con material ya ensamblado están saliendo estos días de la factoría de Amurrio, lo que constituye un primer paso para retornar al escenario previo al comienzo del paro, si bien se antoja un camino complicado a la vista de los acontecimientos que están sacudiendo a la empresa en los últimos meses: un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 240 personas, una comunicación de resultados con pérdidas y una deuda de 363 millones de euros y la solicitud para la entrada voluntaria en concurso de acreedores ante una situación de “insolvencia inminente”, según la propia compañía. En este contexto, cobran relevancia las declaraciones formuladas esta semana desde el Gobierno Vasco mencionando la posibilidad de que inversores privados entren en la compañía. Se trata de uno de los pasos sobre los que el Ejecutivo venía insistiendo como inexorable para garantizar la continuidad de la empresa. Ayer mismo, el lehendakari, Imanol Pradales, señaló, en una entrevista en Radio Euskadi, que todas las partes deben actuar “con responsabilidad” para que el futuro de la empresa no sea “negro” y añadió que hay un trabajo “previo” que hacer antes de que los potenciales inversores aparezcan “con claridad”.

El Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) ha vendido finalmente la clínica Virgen Blanca, ubicada en el bilbaíno barrio de Begoña. La compañía sanitaria ha traspasado este edificio y su parcela a un fondo inmobiliario. La operación se cerró el pasado 9 de marzo, aunque existía ya un preacuerdo rubricado ante notario entre las partes del 12 de diciembre del año pasado, según la información que consta en el Registro de la Propiedad. El nuevo dueño es la sociedad EF III Bilbao Propco S. L. , una ramificación de un conglomerado de sociedades relacionadas con un grupo inversionista con intereses en varias grandes ciudades españolas, como Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. El fondo EF III Bilbao Propco ha tomado ya sus primeras decisiones con respecto a la clínica y el suelo que ocupa (3.235 metros cuadrados). La conservación del inmueble no entra entre sus planes. De hecho, la mercantil acaba de solicitar al Ayuntamiento de Bilbao el permiso para echar abajo el histórico centro médico. El IMQ dispone por ahora de una breve moratoria para llevar a cabo un cierre ordenado y trasladar todos sus servicios a su cuartel general de Bilbao, ubicado en el entorno de Zorrozaurre. Un plan que ya ha comenzado con la clausura de Urgencias y que estaba dentro de la hoja de ruta que la entidad sanitaria se había fijado con la ampliación que en los últimos años ha ejecutado en su sede. En este contexto, hay margen para hacer las cosas con calma, ya que la tramitación de una licencia de demolición se suele demorar varios meses en la capital vizcaína. Es una gestión compleja y que requiere normalmente de varias subsanaciones y cambios de proyecto. 

En un momento en el que el envejecimiento poblacional y el auge de las necesidades asistenciales están tensionando las cuentas públicas, el Gobierno vasco ha conseguido que el Ejecutivo central se comprometa a financiar el 50% del gasto del sistema de dependencia en 2027. Aunque todavía queda por concretar cómo se calculará el coste total de unas competencias gestionadas por las diputaciones, la última Comisión Mixta del Concierto Económico sí dejó encauzado el pacto para elevar la aportación estatal hasta cubrir la mitad del sistema. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, aseguró ayer en comisión parlamentaria que este es «uno de los procesos más complejos» que ha afrontado el Ejecutivo autonómico en los últimos años por sus enormes implicaciones «políticas, económicas y sociales». El acuerdo entra ahora en una fase especialmente delicada, ya que ambos gobiernos deberán pactar en los próximos meses sobre qué volumen exacto de gasto se aplicará ese 50% de financiación estatal. La negociación técnica deberá quedar resuelta antes de la próxima Comisión Mixta del Concierto Económico, prevista para antes del 30 de septiembre y llamada a tratar de cerrar el pacto definitivo.

Pradales evitó, una vez más, aportar detalles sobre cuáles son esas exigencias y se volvió a limitar a señalar que afectan a la logística, movilidad y transporte público, fiscalidad e inversiones en infraestructuras. Todo ello acarrea un coste económico y financiero, que algunas fuentes sitúan por encima de los 50 millones de euros por sede. Pero en el fondo de esta polémica se encuentra la cuestión de si la FIFA endureció el pasado mes de marzo –como han sostenido ahora dirigentes del PNV–, cuando una delegación viajó a Euskadi para conocer in situ San Mamés y Anoeta y reunirse con las instituciones vascas, las exigencias que había planteado hace un par de años, cuando Bilbao y San Sebastián se postularon para acoger el Mundial. Es decir, si había cambiado de manera unilateral las condiciones del proceso negociador, lo que aumentaba aún más los costes para las arcas públicas vascas. Pradales aseguró el pasado miércoles que sí, que se habían introducido «nuevas» exigencias. Pero tal y como publicó este periódico en su edición de ayer, la FIFA, por boca de la Federación Española de Fútbol, negó cualquier cambio en las condiciones y asegura que son las mismas desde el principio. Sin llegar a desmentirse, el lehendakari sí matizó ayer en una entrevista en Radio Euskadi, su primera afirmación. Dice que en el transcurso de aquellas visitas de marzo se produjo un «análisis mucho más concreto de todos los condicionantes y afloraron unas cuestiones que estaban en discusión o no eran claras del todo». Es decir, que fue entonces cuando de las palabras se pasaron a los números. Y el resultado que salió de esas operaciones, visto el escenario actual, no gustó a las instituciones vascas. «Hay que ver la letra pequeña de todas ellas y cómo impactan en términos de condicionantes para Bilbao y San Sebastián», reconoció el líder del Ejecutivo vasco, quien volvió a reclamar «tranquilidad» porque hasta enero no se tomará la decisión final.

Si la situación de la planta de Sidenor en Azkoitia era tensa por los enfrentamientos entre la dirección de la firma y los representantes sindicales, ahora el panorama ha tomado un cariz aún más oscuro con una brecha dentro del comité sindical. La víspera de que hoy se celebre la manifestación en la localidad para protestar por la salida de los 28 trabajadores que se negaron a moverse de Azkoitia –una parte de los 32 que fueron instados a desplazarse a la planta de Cantabria–, CC 00, USO y UGT emitieron ayer un comunicado donde se desmarcaban de la movilización. Dijeron que era «por respeto» y tachaban a ELA y LAB de «intentar apropiarse emocionalmente del sufrimiento de los trabajadores» al mismo tiempo que ocultaban «todas las contradicciones vividas». «Durante demasiados meses la plantilla ha vivido instalada en un conflicto permanente, en el ruido constante y en una estrategia sindical basada más en el enfrentamiento y el relato que en la búsqueda real de soluciones», reza el duro escrito, en el que los sindicatos exigían dejar los «espectáculos sindicales». A continuación los tres firmantes enumeraron una serie de «verdades» que han derivado en esta decisión. «La plantilla recuerda quién rechazó ampliar negociaciones para después reclamar más negociaciones; (...) recuerda quién amagó con huelgas para retirarlas apenas minutos antes de las asambleas; (...) quién ha utilizado constantemente el ‘o conmigo o contra mí’dentro del comité, y la (...) también recuerda cómo cualquier opinión diferente era automáticamente señalada como traición», exponen, tajantes, en un escrito al que acompaña una imagen generada por IA con ELA caricaturizada por ratas saltando al agua con bolsas de dinero.

La parálisis política lo impregna todo. También el diálogo social. Patronal y sindicatos se acercan al ecuador del año sin haber renovado el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que caducó en 2025. Y las conversaciones no tienen visos de prosperar en pleno choque por temas cruciales como la jornada o el absentismo, además –por descontado– de los salarios. Y todo en un contexto en el que empieza a repuntar con fuerza la conflictividad laboral. Son ya meses de nulas conversaciones formales en los que las partes sólo han podido constatar en contactos puntuales el desacuerdo frontal en materias clave. Y llegados a este punto, entre los interlocutores sociales empieza a cundir la sensación de que la delicada situación política, agravada con el caso Zapatero, y el bloqueo legislativo no hacen más que alejar cualquier posibilidad de cerrar un pacto que permita repartir las cargas de la nueva ola inflacionista provocada por la guerra en Irán. «El Gobierno y sus socios están en shock político y eso lo domina todo», sentencian en la cúpula de la CEOE. «A la patronal le viene bien el bloqueo», reprochan desde el flanco sindical fuentes que, con todo, admiten que este escenario de «parálisis legislativa y política, sobre todo tras la imputación de Zapatero, no es el más idóneo para iniciar las conversaciones del AENC». Otro dirigente empresarial apunta a las «tensiones internas» en el seno del Ejecutivo por las medidas que Trabajo quiere sacar adelante por decreto, como el registro horario; y desde los sindicatos recuerdan que la patronal afrontará en otoño su proceso electoral, lo que inevitablemente paralizará la negociación.

A la puerta de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) cada vez tocan más empresas con una preocupación: “Qué hacer con las bajas laborales por salud mental”. Su presidenta, Marina Díaz, cuenta esta realidad, que también se refleja en los datos: los trastornos psiquiátricos se han duplicado en el mundo desde 1990 y, en España, las bajas en general y las que tienen que ver con padecimientos mentales en particular se han disparado en la última década. La hoja de ruta del Ministerio de Sanidad sobre trabajo y salud mental cifra en 643.861 los procedimientos de incapacidad temporal iniciados en 2024 por “trastornos mentales y del comportamiento”, un 9,33% de las 6,8 millones de bajas laborales ese año, el último del que hay estadísticas oficiales. Son un 80% más que una década antes. El documento de Sanidad carga las tintas en las condiciones de trabajo como una de las causas fundamentales de la crisis de salud mental, “alimentada por el empeoramiento de las condiciones laborales y el avance sostenido de la precariedad”. Señala el documento la maximización de beneficios, la intensificación de los ritmos de trabajo, la erosión de los derechos colectivos o la reducción de las estructuras de protección social. “Todo ello ocurre sin asumir, de forma clara, los costes humanos que estos modelos productivos imponen a quienes los sostienen”, afirma la hoja de ruta.

El FMI instó ayer al Ejecutivo a acelerar la consolidación fiscal «antes del inminente y fuerte aumento de las presiones sobre el gasto relacionadas con el envejecimiento de la población». O, lo que es lo mismo, el incremento del gasto en pensiones. Así, el organismo internacional urgió a España a suspender las recientes medidas de apoyo energético en el contexto de la subida de precios provocada por la guerra en Irán, «salvo que se materialice un escenario grave». En este caso, las rebajas deberían ser «de aplicación muy selectiva y sin distorsionar los precios de la energía», subrayó el FMI, que considera que las ayudas consumen demasiados recursos públicos en un contexto donde es necesario reducir la deuda y el déficit público. A pesar de que las rebajas en la factura de la luz y el gas dejarán de estar vigentes a partir del próximo 1 de junio, los descuentos a los carburantes sí se mantendrán vigentes, como mínimo, hasta el 30 de junio. Es más, el Gobierno no ha descartado una prórroga de ese IVA reducido al 10% para gasolina y biocarburantes. Del mismo modo, la organización con sede en Washington mostró preocupación por «el deterioro de la asequibilidad de la vivienda» en el territorio español, destacando que la crisis exige medidas «más decisivas» para impulsar la oferta, como un desarrollo urbano más rápido, la reducción de la incertidumbre jurídica y la simplificación de los procedimientos de concesión de licencias de construcción. En este sentido, la entidad consideró conveniente introducir medidas relacionadas con las hipotecas y basadas en los prestatarios de cara al año que viene, posiblemente en forma de orientaciones de supervisión.

Artículo de Pello Aspuru, profesor de Economía de la Universidad de Viena. "EH Bildu ha propuesto abordar la crisis de la vivienda replicando el modelo vienés en Euskadi. Como residente en Viena, me parece importante entender este modelo y cómo podemos trasladarlo a nuestro contexto. El modelo vienés consta de dos grandes pilares. El primero es una gran bolsa de vivienda pública destinada al alquiler social. El Ayuntamiento posee más de 200.000 viviendas y las alquila a precio reducido a familias con ingresos modestos. Este gran parque se ha ido acumulando a base de repetir el mismo procedimiento: en primer lugar, el Ayuntamiento de Viena cede suelo público a Wohnfonds Wien, la promotora pública equivalente a nuestra Visesa. Esta promotora se encarga de construir sobre el suelo cedido. Una vez edificados, los pisos pasan a manos de Wiener Wohnen –el Alokabide vienés–, que se encarga de alquilarlos. El segundo pilar son las asociaciones constructoras sin ánimo de lucro, similares a nuestras cooperativas de vivienda en cesión de uso. Se trata de un híbrido entre alquiler y propiedad, orientado a la clase media. El funcionamiento es el siguiente: un conjunto de familias se asocian y solicitan al Ayuntamiento suelo público sobre el que construir. El Consistorio cede su suelo, las familias aportan una entrada y con ese dinero la asociación construye las nuevas viviendas. Una vez terminadas, las familias tienen derecho a usarlas de forma indefinida pagando una pequeña mensualidad. El matiz clave reside en la salida: cuando una familia quiere mudarse, no puede vender su vivienda en el mercado libre, ya que está obligada a devolverla a la asociación. Una vez recuperada, la asociación reasigna este piso a nuevos socios. En definitiva, las familias acceden a una vivienda a un coste menor, la disfrutan todo el tiempo que quieran, pero renuncian a lucrarse con su venta. Los dos grandes pilares del modelo vienés –vivienda social en alquiler y asociaciones sin ánimo de lucro– descansan sobre un gran sacrificio colectivo: la cesión de suelo municipal. El Ayuntamiento de Viena podría vender su suelo al mejor postor y obtener un dineral para gastar en servicios públicos. En cambio, sacrifica estas plusvalías para producir más vivienda sin ánimo de lucro. Es replicable el modelo vienés en Euskadi? Tal vez. Los ayuntamientos vascos poseen suelo, pueden declararlo urbanizable y son libres de cederlo para que Visesa construya VPO en alquiler. EH Bildu ostenta notable poder municipal en la Comunidad Autónoma Vasca. La coalición cuenta con más de cien alcaldías, que suman unos 450.000 vecinos. A falta de datos oficiales, el profesor Unai Fernández de Betoño ha listado las alcaldías de Bildu que han cedido suelo para VPO en alquiler en la última década. No alcanzan la veintena...Errenteria es el municipio más poblado en manos de Bildu. Tras trece años sin ceder una sola parcela, hace dos años Ayuntamiento y Gobierno vasco firmaron un convenio para construir 27 viviendas de protección en alquiler sobre suelo municipal. Hace pocos meses, Errenteria ha ofrecido suelo para construir otras 500. Alcanzar a Viena requeriría edificar 4.000. Galdakao es el segundo municipio más poblado en manos de EH Bildu. Allí, las viviendas de protección en alquiler sobre suelo municipal cedido no llegan a 50. Alcanzar a Viena requeriría construir 2.500. Hernani, en manos de Bildu desde 2011, lleva quince años sin ceder suelo. Arrasate y Tolosa pasaron a manos de Bildu en las últimas elecciones. No han cedido una sola parcela. Pello Otxandiano afirma que llevamos «una década perdida» en materia de vivienda. No se puede estar más de acuerdo". 

Los precios de la vivienda siguen subiendo con cierta intensidad, pero cada vez más elementos apuntan a una ralentización del inmobiliario. De hecho, muy poco después de que los precios alcanzaran nuevos máximos en prácticamente toda España, las dificultades de muchos propietarios para dar salida a sus inmuebles tras la subida del euríbor los han llevado a hacer ciertas rebajas. Con ello, la mitad de las capitales ya se abaratan respecto al año pasado. Sin embargo, el mercado tampoco espera grandes descuentos, dado el enorme déficit de vivienda y la gran demanda embalsada durante la última década. Los precios de vivienda subieron un 3,2% en abril respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los últimos datos del portal inmobiliario Pisos.com, pero la mitad de las capitales de provincia ya se encuentran en negativo, con Valencia, Sevilla, Zaragoza y Alicante entre ellas. En concreto, Valladolid lidera las rebajas de precios, con un recorte del 12% desde 2025, seguida de Santa Cruz de Tenerife (7%), Zamora (6,1%), Almería (5,9%), Soria (5,7%), León (4,6%), Ourense (4,3%) y Las Palmas de Gran Canaria (4%). Unas cifras que resultaban muy complicadas de imaginar hace apenas unos meses, cuando el inmobiliario estaba en plena efervescencia y todo el producto se vendía rápidamente. Estas rebajas de precios se deben a la caída de las compras en el primer trimestre del año. 

La Unión Europea vuelve a tirar de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del shock económico derivado de la guerra de Oriente Próximo. El Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros de los Estados miembros, ha formalizado la suspensión durante un año de los aranceles sobre los principales fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción agrícola, incluidos insumos como la urea y el amoníaco. La intención de esta medida es reducir los costes para los agricultores y la industria de fertilizantes de la UE, que se han encarecido en más de un 70% desde 2024, especialmente en los últimos meses como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz. Con ello, se pretende aliviar el impacto sobre los agricultores, que tras el verano podrían optar por recortes de la producción en los cultivos del próximo año, encareciendo de forma significativa el coste de los alimentos. La UE ya importa una parte importante de fertilizantes nitrogenados libres de aranceles procedentes de países con acceso preferencial al mercado de la Unión. A pesar de ello, la Unión sigue importando un gran volumen de estos productos originarios de países sujetos al arancel común, con aranceles que actualmente oscilan entre el 5,5 % y el 6,5%.

La Unión Europea y México refuerzan sus lazos en defensa del libre comercio frente a la gran ola proteccionista. Los líderes comunitarios sellaron ayer su nuevo pacto junto a Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, una ceremonia que certifica la ampliación de las relaciones adoptadas en el año 2000. Los cambios más significativos se producen en el terreno de las tierras raras y en el acceso a las licitaciones públicas, dos cuestiones que se han convertido en críticas en la estrategia internacional de la Unión Europea. En lo que respecta a la primera, el objetivo es permitir que las empresas comunitarias puedan diversificar su suministro de estos materiales clave de China, que ha convertido este tipo de dependencias en una vulnerabilidad que está dispuesta a exprimir. México es el principal proveedor de fluorita para la Unión Europea y representa un 22% de las importaciones totales del bloque de esta materia prima crítica incluso bajo las condiciones menos favorables recogidas en el antiguo acuerdo comercial. Se trata de un recurso que se utiliza en las cadenas de suministro de acero, hierro y aluminio, así como en el sector de la refrigeración y resulta clave para la transición ecológica y digital recogida entre las prioridades de la Unión Europea. Bajo el nuevo acuerdo, México garantiza que no habrá una “doble fijación de precios”, asegurando que los compradores europeos paguen lo mismo que los compradores locales por estas materias primas tan codiciadas.

La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto una pieza separada del ‘caso Plus Ultra’ por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que podría ampliar el foco de la investigación más allá del rescate de la aerolínea y de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha abierto esta nueva vía, que incluye el rastreo de numerosas cuentas en el extranjero después de que la UDEF detectara que empresas vinculadas al entramado investigado habrían pagado para conseguir acceso a otros funcionarios. En el marco de este apéndice del tronco principal por el rescate de Plus Ultra, el instructor ha reclamado información bancaria de varias de las personas investigadas, entre otros países, a Estados Unidos. Esta pieza discurre en paralelo a la causa principal, cuyo secreto fue levantado esta semana y en la que Zapatero ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. A diferencia de esa rama, la nueva investigación permanece reservada. Fuentes conocedoras de las pesquisas la describen como una línea todavía incipiente, en la que los investigadores están midiendo el alcance, la gravedad de los hechos y la identidad de los nuevos personajes que podrían aparecer vinculados a los pagos. En cualquier caso, serían supuestas irregularidades y presunta ‘compra’ de voluntades de servidores públicos que nada tendrían que ver con la operación de salvamento de la aerolínea.

El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue precisamente colaborador con la Policía el pasado martes durante los registros de la ‘operación Tíbet’. Los agentes encontraron en el despacho profesional del exmandatario, en el número 35 de la calle Ferraz, una caja fuerte discretamente escondida. Los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitaron la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), la unidad especializada de la Policía Nacional en aperturas de seguridad, ante la negativa inicial del abogado del exjefe del Ejecutivo a facilitar la llave. Solo cuando los especialistas fueron llamados para forzar la caja, y ya con los técnicos dentro del despacho y pertrechados con sus herramientas y de explosivo, el letrado cambió de criterio y permitió su apertura. Mientras tanto, el Gobierno ha decidido apagar, al menos por el momento, una de las vías de cooperación judicial que más rendimiento ha dado en el origen del ‘caso Zapatero’. El Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños ha iniciado –de manera sorpresiva– el relevo de Silvia Martínez Cantón, la magistrada de enlace con Francia y acreditación extendida a Suiza. Pero lo que más ha inquietado a magistrados, policías e inspectores de Hacienda, según ha podido constatar este periódico, es que Bolaños ha suprimido además esa conexión helvética en la nueva convocatoria del puesto. La decisión llega en plena investigación sobre Plus Ultra, una causa que no nació de Manos Limpias, ni de una denuncia política, sino de solicitudes de cooperación internacional procedentes, precisamente, de Francia y Suiza sobre una presunta red de blanqueo de capitales de origen venezolano.

El mercado Nasdaq ha implementado nuevas reglas este mes, que supondrán que miles de millones de dólares procedente de fondos pasivos fluirán automáticamente hacia las tres compañías poco después de que salgan a Bolsa, impulsando al alza el precio de sus acciones pero obligando a los inversores a vender otros valores. SpaceX, la empresa de Elon Musk, presentó el miércoles su solicitud de salida a Bolsa, que se espera sea la mayor de la historia, horas antes de que se dieran a conocer los planes de OpenAI para cotizar y de que su rival Anthropic anunciara que estaba en camino de obtener beneficios, sentando así las bases para su propio debut en Bolsa. SpaceX pondrá a disposición de los inversores un número relativamente pequeño de acciones en su salida a Bolsa el próximo mes, una pequeña cantidad que, según las antiguas normas, habría dejado al valor fuera de los índices que replican inversiones billonarias en gestión pasiva. Sin embargo, Nasdaq ha relajado sus normas en su lucha por conseguir la cotización de SpaceX frente a su rival, la NYSE, permitiendo que la acción se incorpore al Nasdaq 100 después de solo 15 días del debut. SpaceX y otras nuevas empresas también recibirán una ponderación en el índice equivalente a tres veces el valor de las acciones en circulación. S&P Dow Jones Indices también estudia posibles cambios que aceleren la entrada del valor en el índice S&P 500. Aunque el impacto inicial en el resto del índice será limitado debido al número relativamente pequeño de acciones ofrecidas, es probable que aumente una vez que expire el periodo de bloqueo (black out) , que se escalonará durante los primeros 180 días de negociación, según el folleto de SpaceX.