20260525

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Jon de Lapatza es la tercera generación de una familia empresaria del sector ferroviario con una solera de más de cien años de historia. Desde esa posición entró en el patronato de la Fundación Artizarra, de la que ahora se ha convertido en presidente. La entidad, en la que participan empresarios como José Poza, Javier Ormazabal o José Galíndez, tiene una gestora de fondos que invierten en empresas de Navarra y País Vasco con un objetivo de desarrollar el arraigo. Cuando arrancó en 2022 la inversión industrial en Euskadi con ese sentido era más un deseo que otra cosa. Hoy, De Lapatza reivindica que la «transformación ha sido brutal» refiriéndose a los 250 millones que la entidad tiene en 110 participaciones empresariales. Reclama con firmeza el papel de la empresa. «No conozco a ningún empresario que quiera que le aplaudan –explica–. Lo que hace falta es que la empresa sea vista como un bien social. Y ya vendrá lo del empresario». "Creo mucho en lo que hace la fundación porque la empresa es un motor de transformación y se trata de generar inversión y atraer talento creando así un círculo virtuoso. Es un concepto que me encantó...Somos el único caso de Europa en que una fundación es dueña de una gestora de fondos. Artizarra viene de una aceleradora de empresas y, en la medida en que la cosa iba creciendo, surgió crear la gestora. Es una fórmula que da independencia a la fundación con los retornos de la gestora para impulsar nuestros objetivos...– ¿Se ve invirtiendo en defensa?– En este momento no es un campo que tengamos en visión...– ¿Qué hay que hacer para que llegue una multinacional al País Vasco?– Hablar más de lo bueno. Tenemos FP, universidades, infraestructuras, centros tecnológicos... Si nos quedamos en la protesta sobre lo que no funciona, no avanzamos...Ser empresario es incómodo, es difícil, requiere muchas horas y solo se afronta si es con una ilusión gigantesca por tu proyecto. Y los jóvenes están eligiendo propuestas de vida más cómodas..."

Alemania aún es el principal origen de buena parte de los bienes que entran en el territorio, seguida de Francia por el peso histórico de la industria y de las cadenas manufactureras tradicionales. Pese a ello, la presencia china en la economía vasca no ha dejado de crecer en los últimos años, ampliando progresivamente su cuota de mercado con productos que cada vez son más competitivos. La base de datos del Eustat (el Instituto Vasco de Estadística) refleja con claridad este cambio de tendencia. Si antes de la pandemia Euskadi registraba con China un déficit comercial de unos 840 millones de euros –el resultado de restar las exportaciones a las importaciones–, al cierre del año pasado el agujero ya superaba los 1.400 millones. El desequilibrio comercial, por lo tanto, se ha ampliado así en unos 550 millones de euros en apenas seis años, un 68% más. Es decir, que Euskadi compra al gigante asiático mucho más de lo que le vende. Euskadi mantiene todavía a Alemania como su gran proveedor, mientras que en el resto de España China ya ha pegado el ‘sorpasso’. El problema radica en que mientras las exportaciones vascas hacia China han crecido un 18% desde 2019, las importaciones procedentes del gigante asiático se han disparado cerca de un 50%. Es un comportamiento que refleja cómo el país liderado por Xi Jinping no solo ha reforzado su papel como proveedores de bienes baratos –un segmento que ha cogido velocidad gracias a plataformas como Temu y Shein–, sino que ha comenzado a ganar terreno también en sectores industriales, gracias a una producción ‘low cost’ con una calidad que poco tiene que envidiar a la occidental. Un avance que ya erosiona buena parte del peso industrial europeo en sectores estratégicos. El mayor de los avances se ha producido en el sector de la automoción, con unas importaciones de vehículos y componentes procedentes de China que desde la pandemia se han duplicado hasta alcanzar los 138 millones de euros con los que se cerró el año pasado. Detrás de este salto se encuentra el auge de la industria china del coche eléctrico.

La Inteligencia Artificial ya transforma el empleo y el País Vasco busca abrirse paso con un modelo más ético y humano frente a grandes tecnológicas de EE UU. La inteligencia artificial ya no es una conversación de futuro. Está entrando en las empresas, en las universidades, en los móviles y también en las casas. Laura Marrón, directora general del centro vasco de inteligencia artificial BAIC, habla sobre empleo, ética, formación y el riesgo de deshumanizar una herramienta que cada vez se parece más a nosotros. "BAIC es un punto de encuentro para personas relacionadas con la inteligencia artificial, ya sea usándola, desarrollándola, en la política pública, la formación o la investigación. Lo que hacemos es conectar a esos agentes y ver cómo está Euskadi en este ámbito, acercando un entorno que cambia muy rápido a las necesidades de empresas y personas...Creo que deberíamos estar informados y consentir de forma consciente. Tenemos que ser dueños de nuestros datos, pero eso no significa no compartirlos nunca: en ámbitos como la salud pueden tener un uso positivo, siempre con control, anonimización y criterios claros. Hay que encontrar un equilibrio entre el miedo y la cesión total... Yo hablaría más de transformación profunda del empleo que de sustitución directa. Más que de profesiones, de tareas concretas que van a cambiar. Ahí sí vamos a ver cambios claros, con ventajas y riesgos. En Euskadi, por nuestro nivel de especialización, el impacto será más de transformación que de sustitución, pero dependerá mucho de cómo acompañemos ese cambio. – ¿Euskadi está preparada para competir con otros territorios europeos? – Sí. A veces aquí nos cuesta ver la potencia que tenemos. Nosotros hemos estado en Alemania, Italia y otras regiones aprendiendo y compartiendo experiencias y tenemos un tejido diferencial. Tener tan conectadas la formación, la investigación, la transferencia empresarial y las empresas usuarias es muy potente. Y además aquí existe un interés muy claro por hacer las cosas bien..."

El Gobierno es consciente de que la valoración de mercado de Multiverse “se ha disparado” debido a lo disruptivo de su tecnología y del impulso que se espera de la aplicación de la inteligencia artificial a todo tipo de ámbitos, sobre todo el de Defensa. El Gobierno, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) –conocida como la Sepi Digital–, prevé inyectar alrededor de 100 millones de euros adicionales en la compañía vasca Multiverse, según fuentes conocedoras de la situación. En concreto, la llamada Sepi Digital participará en la ampliación de capital en la que trabaja la empresa guipuzcoana, especializada en reducir el tamaño de los modelos de lenguaje que utiliza la inteligencia artificial (IA) hasta en un 97%, lo cual minimiza los costes y el consumo energético. La ampliación de capital estará liderada por un sindicato de inversores privados y el Gobierno acompañará este proceso con alrededor de 100 millones de euros, con lo que se prevé que su participación en Multiverse se eleve por encima del 10%. Cabe recordar que el Gobierno ya invirtió el año pasado 60 millones de euros en Multiverse, fundada en 2019 y considerada una de las mayores empresas de software cuántico en Europa, con presencia en España, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Su ámbito de especialización tiene aplicación en la mejora de la productividad en sectores como la Defensa, las finanzas, la energía, la logística, el espacio o la salud. Debido al importe de la operación, la inyección de capital en Multiverse deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. En cuanto a los plazos para que el Gobierno apruebe el movimiento, las fuentes consultadas indican que la autorización debería producirse en junio.

Los ciberataques aumentan y entre ellos figura el conocido ahora contra una empresa de Donostia que perdió 700.000 euros en una semana tras el mayor ciberataque sufrido nunca en Gipuzkoa. Hace dos años, una empresa de San Sebastián sufrió el incidente de ciberseguridad más costoso y complejo conocido hasta la fecha en Gipuzkoa: 700.000 euros de factura con su proveedor de servicios en la nube. La organización, que contaba con su infraestructura de servidores alojada en la nube de Amazon Web Services (AWS), fue víctima de un hackeo diseñado específicamente para el minado de criptomonedas. Este tipo de ataque busca utilizar la capacidad de procesamiento y la memoria de equipos ajenos para generar activos digitales, trasladando el enorme gasto energético y de computación a la cuenta de la víctima. Según fuentes conocedoras del caso, el acceso de los atacantes se produjo a través de una brecha de seguridad originada por un error de gestión interna: una cuenta de ‘superusuario’ con permisos de administración que había sido creada tiempo atrás para realizar pruebas técnicas y que quedó olvidada sin ser dada de baja. Los cibercriminales lograron descifrar la contraseña de esta cuenta, que era excesivamente sencilla, mediante un ataque de fuerza bruta, utilizando herramientas automatizadas que prueban combinaciones de forma masiva hasta dar con la correcta. Una vez dentro del panel de administración, los atacantes demostraron un conocimiento avanzado de los sistemas de Amazon al ejecutar comandos para levantar máquinas virtuales y ponerlas en funcionamiento de manera inmediata. La gravedad del caso escaló debido a una sofisticada estrategia técnica empleada por los hackers para impedir que el ataque fuera detenido. 

El sistema eléctrico español se enfrenta a una crisis de estabilidad estructural después de seis años de una barra libre fotovoltaica que ha pulverizado cualquier hoja de ruta. Así se desprende de la reciente petición de Red Eléctrica, el operador del sistema, al Ministerio de Transición Ecológica para que incluya en la actual planificación de la red de alta tensión, que gestiona, una inversión extraordinaria de 600 millones de euros para instalar de urgencia dispositivos que compensen las oscilaciones en la red provocadas, según el propio operador, por el despliegue masivo y asimétrico de proyectos fotovoltaicos en España desde 2019. Los datos que aporta Red Eléctrica para apoyar su petición evidencian que tanto la empresa que preside Beatriz Corredor como el ministerio que dirige Sara Aagesen, ya desde la etapa de su antecesora, Teresa Ribera, permitieron la instalación de parques solares muy por encima de las hipótesis que manejaron al diseñar la evolución de la red eléctrica para el periodo 2020-2026. El exceso de instalación ha sido especialmente grave en el sur y centro peninsular. Según los datos del operador, en Andalucía se preveía instalar 4.782 MW y ha acabado con 10.442 MW al cierre de 2025; Castilla-La Mancha pasó de una hipótesis de 3.555 MW a 7.500 MW reales, y Extremadura de 3.894 MW a 7.676 MW. El problema es que esa concentración excesiva en ciertos puntos del territorio ha provocado flujos de energía Sur-Norte «significativamente superiores» a los considerados en la Planificación, admite Red Eléctrica. Es decir, transferencias masivas de electricidad desde las regiones del sur hacia el norte, porque el desarrollo de placas solares no ha ido acompañado de un incremento proporcional de la demanda en esas zonas. 

La saturación de proyectos ha provocado que unos se devoren a otros compitiendo en precios (canibalismo), todo ello en medio de crisis energéticas sucesivas que han puesto patas arriba al sector. El resultado ha sido, y sigue siendo, demoledor. Uno de cada dos proyectos de renovables en España no ha conseguido salir adelante. Así se desprende de la investigación realizada con los datos que maneja Red Eléctrica sobre megavatios operativos de renovables, licencias concedidas a nuevos proyectos, solicitudes en curso, y permisos rechazados a lo largo de los últimos cinco años. En febrero de 2021, tras una escalada sin parangón en el número de proyectos de renovables en España y a pesar del Covid, el boom de las energías verdes tocó techo. Se alcanzaron un total de 37.900 megavatios (MW) operativos. A esa cifra había que sumar otros 140.500 megavatios a los que se había dado permiso pero aun no se habían construido. Además, había otros 23.200 megavatios bajo lo que Red Eléctrica llamaba “gestión en curso”, es decir, con los trámites en marcha para lograr licencia. Entre ese aluvión, además, había otros 116.700 megavatios a los que se les denegó permiso. En total, había unas expectativas de 318.300 MW, de los que 280.400 MW eran puros proyectos, tuvieran o no licencia. La foto fija, cinco años después, muestra una burbuja pinchada. De todos los proyectos que había, sólo 34.200 megavatios han conseguido ponerse en marcha, de manera que ahora hay 72.100 megavatios operativos. En términos de megavatios operativos el sector parece haber ido muy bien. Ha más que duplicado su tamaño. Pero las expectativas eran mucho mayores, y no se han cumplido. Ese es el problema.

La concentración de las exportaciones españolas en manos de pocas empresas ha mejorado levemente en los últimos cinco años, pero aun así más de la mitad del total de ventas al exterior en valor sigue concentrándose en tan sólo 500 compañías, según los últimos datos de la Agencia Tributaria elaborados a partir de información de Aduanas. Se trata, en concreto, del 55,4% del total exportado, un porcentaje que se ha reducido levemente frente al 56,5% el año anterior o el 58,4% en 2022. La mejora se produce en todos los grupos, ya que mientras las 1.000 empresas que más venden fuera acumulan ahora el 65,2% del total exportado, hace cuatro años representaban el 67,6%. El grado de concentración es tal que sólo las cinco primeras que más venden fuera son responsables de un 9,1% del total de ventas. Esta distribución se mantiene relativamente estable en las últimas décadas, ya que el histórico refleja un promedio muy similar desde el año 1997, a pesar de las fluctuaciones que se han producido en el total exportado. De hecho, según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en un estudio por el Club de Exportadores e Inversores Españoles, el total de operadores que exportan en España se ha incrementado de forma sostenida en los últimos 25 años, pasando de 62.725 en 1997 a 235.200 en 2021, multiplicándose casi por cuatro. Sin embargo, «la gran mayoría de los nuevos operadores son de pequeña dimensión», y si se quita a todos aquellos cuyas ventas al exterior no superan los 10.000 euros al año el total de exportadores se queda en 51.591.

China ha vuelto a pisar el acelerador para su desembarco en Europa. Pero esta vez no llega solo como gran potencia exportadora, sino también como inversor industrial. Impulsadas por la apuesta de Pekín por el coche eléctrico, las inversiones del gigante asiático en el continente crecieron en 2025 un 67%, hasta alcanzar los 16.800 millones de euros, la mayor cifra desde 2018. Las exportaciones chinas de bienes a Europa crecieron un 9% el año pasado. China ha vuelto a pisar el acelerador para su desembarco en Europa. Pero esta vez no llega solo como gran potencia exportadora, sino también como inversor industrial. Bruselas observa este movimiento con una mezcla de interés y recelo: las fábricas chinas pueden acelerar la electrificación europea y generar empleo, pero también consolidar en suelo comunitario la posición de competidores que desembarcan con tecnología, proveedores propios y una capacidad de producción que amenaza con desbordar a parte de la industria local. Impulsadas por la apuesta de Pekín por el coche eléctrico, las inversiones del gigante asiático en el Viejo Continente crecieron en 2025 un 67%, hasta alcanzar los 16.800 millones de euros, la mayor cifra desde 2018, según el informe anual de Rhodium Group y Mercator Institute for China Studies (Merics), publicado la semana pasada. El repunte se apoyó en el fuerte rebote de las fusiones y adquisiciones de compañías radicadas en suelo europeo (crecieron un 89%, hasta los 7.900 millones), pero el principal canal siguió siendo el de las inversiones que parten de cero y proyectos de nuevas instalaciones, que alcanzaron un récord de 8.900 millones de euros.

Arranca la última semana del mes de mayo, lo que activa la cuenta atrás para la progresiva desaparición de las medidas de alivio económico desplegadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán. El paquete, del que se desprenderán las rebajas fiscales sobre luz y gas desde el próximo lunes, acabará por extinguirse a finales de junio. Los principales responsables económicos del Gobierno y los representantes de empresas y trabajadores analizarán un escenario marcado por la incertidumbre, en el que España está capeando el temporal en términos de crecimiento –la Comisión Europea elevó su previsión de avance de PIB para este año al 2,4% la pasada semana– pero con el lastre creciente de una inflación que el propio Ejecutivo ya asume que subirá un punto por encima de lo inicialmente previsto, al 3,1% en el conjunto del año. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que circulan el 20% del gas y el petróleo mundial viene incrementando la factura de repostar los vehículos pero la amenaza comienza a extenderse sobre la agroalimentación, ya que también es un paso internacional clave para los fertilizantes. A la espera de si el Ejecutivo se decide a aliviar esta presión rebajando el IVA de los alimentos, como hizo ante el alza de precios que desató la invasión rusa sobre Ucrania, lo cierto es que la inflación general se mantiene contenida. En abril subió un 3,2%, dos décimas menos que en marzo, en buena medida por el efecto de las medidas ya desplegadas por el Consejo de Ministros. 

“El acuerdo está casi hecho; es inmediato”. Horas después, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvía a jugar al despiste en sus redes sociales: “He pedido a los negociadores que no se apresuren a cerrar un trato en este momento en el que el tiempo está de nuestro lado”. Aun así, aseguraba que las negociaciones “están progresando de manera adecuada y constructiva”. De hecho, al cierre de esta edición ya habría un preacuerdo para reabrir Ormuz, aunque sin que ambas partes hayan ratificado el documento final. Ayer, mientras se filtraba a la prensa de todo el mundo detalles del acuerdo entre Washington y Teherán, Trump insistía en que “el bloqueo permanecerá en pleno vigor hasta que se llegue, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No se pueden cometer errores!” Desde la Casa Blanca sostenían este fin de semana que el pacto está “largamente negociado”, aunque todavía quedan por resolver detalles clave sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el futuro de Hezbolá en Líbano. El posible entendimiento llega después de casi tres meses de escalada militar que han sacudido los mercados energéticos, disparado los costes del transporte marítimo y reavivado el miedo a una interrupción prolongada del suministro global de petróleo.

Sabin Etxea sí que empieza a marcar claramente las distancias con el Ejecutivo al dar la legislatura prácticamente por muerta. Tras una semana de perfil bajo desde que el pasado martes se conociera la imputación del expresidente del Gobierno por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias, el PNV alzó ayer la voz por boca de Aitor Esteban, que no se había pronunciado hasta la fecha. Y vaya si lo hizo esta vez. Ante más de 2.500 afiliados y simpatizantes en un acto en Durango para lanzar la precampaña hacia las elecciones municipales y forales de 2027, el presidente del Euzkadi buru batzar (EBB) tachó de «muy grave y muy preocupante» el cúmulo de hechos descritos en el auto del juez José Luis Calama. Pero fue mucho más allá. Si bien asumió que el proceso se encuentra aún «en una fase indiciaria de la instrucción» y quiso aguardar a las «explicaciones» que dará Zapatero el 2 de junio ante el juez, apeló también a la responsabilidad del Gobierno central. Recordó que el apoyo político del expresidente a Sánchez en los últimos tiempos «ha sido absoluto» y que ahora el Ejecutivo «no puede pretender ventilar el asunto apelando al ‘lawfare’», como sugirieron algunos de sus miembros en un primer momento. «Los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español son absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y la estabilidad gubernamental. ¡Aquí no vale todo! Ya van nueve casos abiertos», clamó.

Los dos informes policiales conocidos desde este sábado por la noche han amplificado el terremoto que extendió el martes el auto por el que el juez José Luis Calama imputó por presunta corrupción a José Luis Rodríguez Zapatero y preludia el volumen de indicios que se auguran cuando se desnude –lo que se espera que sea en breve– el conjunto del sumario. Y en esos atestados hay una cifra que señala singularmente al encausado: 4.079.799,04 euros en cinco años. Es la suma, al céntimo, que la UDEF atribuye a los ingresos recibidos por el ex presidente, Whathefav –la sociedad administrada por sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa– y su entorno familiar entre 2020 y 2025. La cifra aparece en el informe 1907/26 UDEFBBCA, fechado el 22 de abril de 2026 y elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, uno de los dos atestados clave para la imputación. El informe divide ese rastro bancario en dos grandes bloques. El primero suma 2.510.297,04 euros canalizados desde sociedades vinculadas al denominado «Grupo Zapatero». El segundo recoge 1.569.502 procedentes de consultorías, conferencias y asesoramientos internacionales. La Policía no presenta esos ingresos como una simple relación de trabajos profesionales, sino como parte del mapa económico de una red delincuencia que, según su tesis, estaba «liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero» y terminó beneficiando al expresidente y a su «entorno familiar más cercano».