20260527

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El presidente de Iberdrola ha mantenido el ritual de todos los años y, antes de la junta de accionistas que celebrará la empresa en Bilbao el viernes, se ha reunido este martes con el lehendakari en la sede la de presidencia vasca. Una cita entre Ignacio Galán e Imanol Pradales que da continuidad a la celebración de la semana pasada del 125 aniversario de la eléctrica, que tuvo lugar en su sede de la Torre Iberdrola en Bilbao. Galán ha transmitido, tal y como señala la firma en una nota, «el fuerte compromiso de la compañía con Euskadi» que se materializa en grandes magnitudes económicas como los 30.000 empleos que sostiene directa e indirectamente con su actividad. Y es que Iberdrola cuenta con importantes proveedores vascos como Arteche, Ingeteam, Ormazabal, Tamoin o Siemens Gamesa. Una cadena de valor sobre la que viene realizando compras de un total de 8.400 millones de euros en los últimos cinco años. Por ello, Galán ha defendido que la actividad de Iberdrola es un «agente clave en el desarrollo económico, industrial y social del País Vasco». Este último aspecto lo ha materializado la compañía en la cifra de 4.000 millones a los que asciende el total de lo abonado a las haciendas forales desde 2021. 

El equipo del consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, que se hizo con la empresa en una operación de más de 700 millones «abre -según sus palabras- una nueva era de estabilidad en el accionariado con la capacidad de llevar las riendas del futuro de la empresa y con un modelo propio que apuesta por la calidad y el producto fresco». Esa es la receta desde la que el primer ejecutivo ha lanzado un anuncio que pasa por seguir con un «crecimiento sólido» y que pasa por un plan de inversión de 200 millones y un centenar de aperturas hasta 2029, a un ritmo de una veintena de tiendas al año. Es el mensaje con el que los nuevos propietarios de BM se han estrenado en un acto público. Una rueda de prensa en la que han destacado la solidez del modelo de Uvesco que cuenta, según ha explicado la presidenta María José Aduriz, con 347 tiendas y más de 7.500 empleados. La apuesta de esta nueva etapa para la marca guipuzcoana pasa por concentrar la mitad del crecimiento en la zona centro, Madrid, y la otra mitad en País Vasco, Cantabria y Navarra, la zona de influencia de BM. Según ha explicado Jareño, «el plan de crecimiento no necesita comprar nuevas empresas», con lo que marca un elemento diferencial respecto a la época anterior, muy marcada por el crecimiento inorgánico, especialmente en Madrid. Aun así, el consejero delegado ha insistido en que se analizarán las oportunidades que se puedan plantear. Para este 2026 BM plantea 19 aperturas: 9 franquicias, y 10 con tiendas propias, de las que 6 estarán en Madrid, una en Navarra, otra en Bizkaia y dos en Cantabria. El plan de expansión supondrá la contratación de un millar de personas hasta 2029. 

Tubacex continúa con la diversificación de su negocio original, centrado en la producción de tubos sin soldadura para los pozos de extracción de gas y de petróleo. El grupo ha extendido sus operaciones a los sectores aeroespacial, de automoción y nuclear. Esta fuente de generación ha cobrado fuerza en Europa como un elemento de soberanía energética, que de paso reduce la dependencia del suministro de materias primas de países de fuera de la UE. La actual situación geopolítica ha disparado las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos, sobre todo desde la invasión de Ucrania por Rusia y el veto a la compra de petróleo procedente del país que preside Vladímir Putin. Con este escenario, Tubacex, que esta semana celebra su junta de accionistas, quiere aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el ámbito nuclear. Aspira a ingresar hasta 250 millones en los dos próximos años por esta vía de generación (el 34,75% de sus ventas en 2025). Son proyectos a largo plazo con los que captaría un negocio recurrente durante muchos años. Para conseguirlo, la siderúrgica de Laudio/Llodio (Álava) se ha consolidado como proveedor de referencia de multinacionales como EDF y Westinghouse. Además, Tubacex puja por contratos de suministro de equipos a las plantas SMR, que son pequeños reactores nucleares, de hasta 300 MW de capacidad. Estados Unidos quiere impulsar la construcción de este modelo de instalaciones para cubrir la demanda de los macrocentros de datos que se instalarán en el país y que son intensivos en el consumo de energía. El negocio de mantenimiento asociado a estos pedidos también es muy relevante, tanto en volumen de ingresos como en margen de beneficios. Un servicio a aplicar tanto a las nuevas instalaciones como a la extensión de la vida útil de las que están en operación. 

La plantilla de Maderas de Llodio tiene ya sobre la mesa el ultimátum de la dirección del Grupo Garnica que determinará el futuro de la actividad. O aceptan antes del próximo 5 de junio las condiciones que les acaban de presentar o la situación pasará a un nuevo escenario todavía por definir. Hay presentado ya un ERE que en estos momentos se encuentra en manos del Tribunal Supremo una vez que el Superior del País Vasco lo declaró «improcedente». Son 35 despidos que en estos momentos están en el aire y que se podrían mantener en un limbo legal durante años a la espera de su resolución judicial definitiva. Además hoy se cumplirán 250 jornadas de huelga, con la producción de la empresa prácticamente paralizada y el riesgo de medidas drásticas en el horizonte. En las últimas horas se ha producido una reunión en el Palacio de la Provincia en al que, además de empresa y representantes de los trabajadores, han estado presentes miembros de la Diputación de Álava y del Gobierno vasco. Se han reactivado así unos contactos que se encontraban, según los sindicatos, «bloqueadas» y sin opción de llegar a ningún tipo de entendimiento. Los representantes del Grupo Garnica expusieron que su pretensión es mantener la cifra de 35 salidas del total de 151 trabajadores de la filial alavesa. Pero abren la mano a que quienes estaban incluidos en el ERE y quieran reincorporarse a la plantilla lo hagan si hay otros que aceptan abandonar voluntariamente la factoría en su lugar. Un «cambio de cromos» para los sindicatos. Por otra parte, desde la empresa se plantea la aplicación para la plantilla de un ERTE durante cien días laborables con el abono completo de los días de vacaciones y de las pagas extraordinarias, con un complemento de dos euros por cada jornada dentro de este expediente de regulación temporal de empleo.

La negociación del convenio de los trabajadores del Metal en Bizkaia se enquista. Ayer se celebró la séptima reunión de la mesa negociadora y finalizó «sin avances». Así lo señaló el sindicato ELA en un comunicado en el que abogó por la movilización en el sector. La central acusó a la FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) de mantener «bloqueada la mesa, alegando que no negociará mientras existan cuatro plataformas sindicales diferentes». ELA celebrará una asamblea de delegados para analizar la situación el 4 de junio. Por su parte, desde LAB apuntaron que una vez más, «hemos asistido a una retahíla de excusas –de la FVEM– para no entrar a debatir contenidos y cuestiones fundamentales para las personas trabajadoras del sector», como son las subidas salariales por encima del IPC para recuperar poder adquisitivo, la subrogación en todas las actividades, la descongelación de la antigüedad, reducción de jornada, garantías de aplicación del convenios así como medidas efectivas contra las discriminaciones de género. Para LAB, la conclusión es «clara: FVEM no tiene voluntad de negociar ninguna mejora y sigue manteniendo sobre la mesa su última propuesta, que incluye aspectos regresivos en numerosas materias». La siguiente reunión está prevista para el 19 de junio. LAB señaló que es «el momento de unir fuerzas, organizar al sector y activarnos».

IMQ culminará en cuestión de días uno de los movimientos de mayor calado en la historia de la compañía. El Igualatorio ha finalizado las obras de ampliación del hospital que tiene en Zorrozaurre, tras realizar una inversión de más de 30 millones de euros. El Departamento de Salud ha revisado las nuevas instalaciones y ha autorizado su uso. Tras recibir este visto bueno la empresa ha puesto fecha al cierre de la clínica Virgen Blanca para centralizar toda su actividad quirúrgica y asistencial en este centro situado en la Ribera de Deusto. Mañana jueves será el último día en que se realice actividad quirúrgica y asistencial en esta histórica clínica situada en Begoña. A partir del lunes se trasladarán a Zorrozaurre todas las intervenciones que se efectuaban en esta instalación, un hospital que pasará a tener una actividad sensiblemente mayor. Allí IMQ ha construido 6 nuevos quirófanos, hasta elevar a 16 el número total de salas de operaciones. Se ha creado una nueva planta de más de 3.900 metros cuadrados que incluye nuevas habitaciones y que ha permitido elevar hasta las 170 camas la capacidad de este centro sanitario privado. La actuación ha incluido, además, una nueva unidad de endoscopias con 17 boxes y 7 salas de consultas, además de una zona de hospital de día que sirva de soporte a la actividad quirúrgica y que contará con otros 17 boxes. La ampliación de las instalaciones ha permitido también mejorar el área de Urgencias de adultos, con la ampliación de la sala de espera y de la zona de atención. A Zorrozaurre se trasladarán los 130 trabajadores de la Virgen Blanca, lo que elevará a cerca de 800 el número de empleados de diferentes categorías vinculados a esta instalación.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha este martes en Ficoba el primer ejercicio de ocho convocatorias de procesos selectivos aprobadas el año pasado, con las que se pondrán en juego 96 plazas de la plantilla foral. El pistoletazo de salida se ha dado a las 10:30 horas con el subgrupo C2, que ha concentrado al mayor grueso de los aspirantes. Un total de 1.629 personas han sido llamadas a competir por puestos operativos, como operarios de limpieza y comedor, conductores, operarios medioambientales o ayudantes de cocina. Sin embargo, el gran peso de este turno ha recaído sobre el servicio de emergencias, ya que de las 96 plazas totales que se ofertan en la jornada, 68 están destinadas exclusivamente a engrosar el cuerpo de bomberos de Gipuzkoa. En los aledaños del recinto, el ambiente previo a los exámenes mezclaba concentración y nerviosismo. Había quienes repasaban apuntes sentados en bancos, con una tablet o con los folios subrayados, y quienes preferían caminar de un lado a otro para intentar rebajar la tensión previa a realizar la prueba de fuego. Todos ellos bajo la luz del sol. El objetivo era común: encontrar un hueco en el mundo laboral. «Busco tener estabilidad laboral», explica Itziar Garmendia, de 52 años, que se presentaba a una plaza de limpieza de comedor tras dos meses de preparación. Esa misma idea la compartía Idoia Simón, joven aspirante a bombera. 

El Gobierno vasco aprobó ayer el nuevo decreto por el que se regulan las ayudas a progenitores trabajadores que se acojan a excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos y familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria y por la contratación de personas cuidadoras para el cuidado de hijos menores de 14 años. El Ejecutivo autonómico elevará la cuantía destinada a estas subvenciones de los 21,3 millones a los 27,5 millones e incluirá, por primera vez, a las familias de acogida –tanto de urgencia, temporal y permanente, como de tutela (abuelos o tíos)–, que podrán beneficiarse de las mismas. Las ayudas a la conciliación se destinarán a excedencias para el cuidado de hijos de hasta 3 años; reducciones de jornada para el cuidado de hijos de hasta los 12 años; excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de familiares dependientes y en situación de extrema gravedad sanitaria; y contratación de personas cuidadoras para que se ocupen de hijas e hijos menores de 14 años. Hasta ahora, las excedencias o reducciones de jornada debían alcanzar, como mínimo, los 59 días continuados, pero, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece que éstos podrán ser discontinuos o intercalados, «lo cual otorga una mayor flexibilidad para que las familias puedan organizarse según sus necesidades», defienden fuentes del Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Otra de las novedades del nuevo decreto es que se ha establecido un aumento del 10% a las ayudas a excedencias y reducciones de jornada. 

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para reformar una norma que hasta ahora se limitaba a los trabajadores por cuenta ajena La reforma aprobada por el Consejo de Ministros estipula que solo podrán acogerse a esta figura quienes no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación. El Gobierno da un paso adelante para culminar la reforma de las pensiones que inició en 2021 y, tras más de un año de negociación con los agentes sociales, aprueba el proyecto de ley que regula la jubilación flexible, la modalidad que permite al pensionista reengancharse de nuevo al mercado laboral con un empleo a tiempo parcial. Con esta norma pretende «facilitar que las personas jubiladas puedan seguir activas sin perder completamente su pensión», con el objetivo de alargar la vida laboral de los trabajadores y, así, contener las cuentas del sistema de pensiones, que afronta sus décadas más tensas con la llegada de la jubilación del ‘baby boom’. Lo hace, sin embargo, sin haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos y la patronal en un escenario en el que el diálogo social se ha debilitado ante la dificultad de llevar a cabo una agenda política y económica por la complicada aritmética parlamentaria. Una de las grandes novedades que recoge la nueva jubilación flexible, que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es que ya no se limita a los trabajadores por cuenta ajena y se abre por primera vez a los autónomos; es decir, se podrá ahora compatibilizar con un negocio o una actividad por cuenta ajena, lo que puede beneficiar a abogados, arquitectos, médicos... y cobrarán un 25% de la pensión. El único requisito es que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Los incentivos para retrasar la jubilación están dando sus frutos. La edad media real a la que los españoles se jubilan se eleva por primera vez hasta los 65,5 años, según datos del mes de mayo, alcanzando así un nuevo máximo. Supone que desde 2019 la edad efectiva de retiro se ha retrasado más de un año y se acerca cada vez más a la edad legal de jubilación, situada en 66 años y 10 meses para este 2026. Respecto a las cuantías, la Seguridad Social abonó en mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025. El Gobierno inició en 2021 la reforma del sistema de pensiones para retrasar progresivamente la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2027 si no se cotizó lo legalmente requerido. Junto a ello, se establecieron medidas para reformar la jubilación anticipada, demorada o flexible. Cinco años después, el 12,3% de las 126.643 nuevas altas en pensiones de jubilación fueron jubilaciones demoradas voluntarias, casi un punto y medio porcentual más que en 2025 y 7,5 puntos más que en 2019. Por su parte, el 69% de jubilados en mayo, unos 87.430 pensionistas, accedieron a la jubilación con 66 años y 10 meses.

Los empresarios madrileños conviven con dos modelos de políticas fiscales prácticamente antagónicos. Uno, el que desde hace más de dos décadas vienen aplicando los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid dentro de sus posibilidades y competencias, basado en un alivio progresivo de la carga fiscal para espolear la actividad económica, favorecer la inversión y, con ello, la creación de riqueza y empleo. Y otro, el marco tributario general que se aplica en el conjunto del Estado español y que es todo lo contrario: “Muchas veces injusto, amén de ineficaz, con el contribuyente”, al que sitúa en “una posición de inferioridad” respecto a Hacienda y con un sistema sancionador que se caracteriza por su “dureza”. Un cóctel de factores indigesto para la inversión, la actividad empresarial y la generación de empleo. Así se desprende de un informe de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) en el que se plantea una amplia reforma del sistema tributario español para reequilibrar la relación entre los contribuyentes, ya sean compañías o particulares, y el Fisco. “La empresa familiar de Madrid reclama una reforma fiscal que recupere la dignidad y el respeto al contribuyente ante un Fisco extremadamente poderoso”, señala a EXPANSIÓN Antonio Barderas, director de AMEF, quien añade que “con base en el respeto tanto a ciudadanos como a empresas, deben actualizarse las actuales reglas de funcionamiento de la Hacienda española con una imprescindible regeneración democrática, ausente desde hace ya demasiados años”.

El turismo recoge con fuerza el impacto de los tres últimos ejercicios récord. Las cifras de visitantes han pasado de los 71,6 millones de turistas extranjeros recibidos en 2022 hasta los 96,7 millones de 2025. Ese crecimiento exponencial ha tenido su reflejo en el empleo, que aporta 2,8 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 13% del empleo. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, último dato disponible, el turismo generó 386.000 puestos netos de asalariados, fruto de la creación de 400.000 empleos indefinidos, un 23% más en tres años, y la destrucción de 14.000 temporales, un 6% menos. La última reforma laboral, que penalizaba la creación de empleo eventual, tuvo un impacto directo en la tasa de temporalidad en el turismo, una de las más altas entre todos los sectores de actividad en España, al pasar de un 28,2% en el primer trimestre de 2022, primero en el que se aplicó el cambio legislativo, hasta el 13,7% del primer trimestre de 2026. Pese a la elevada creación de empleo fijo y la destrucción del temporal, los sindicatos se muestran muy críticos por el efecto de sustitución de los contratos temporales por los fijos a tiempo parcial. En un informe presentado en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en enero, la Federación de Servicios de CC OO ya denunció el fuerte repunte de esa modalidad de contratación. 

El Gobierno dio ayer un paso más en la regulación de las nuevas tecnologías y el uso que tanto empresas como particulares hacen de las herramientas de inteligencia artificial, después de aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que busca trasponer la regulación europea sobre este asunto imponiendo unas reglas éticas estrictas para los usuarios de la IA. Los expertos en IA consultados señalan que el anteproyecto “es un paso necesario para generar confianza y dotar de seguridad jurídica un entorno tecnológico cada vez más crítico” y consideran que “permitirá proteger derechos fundamentales sin frenar la innovación”, afirma en este sentido Cristina Muñoz-Aycuens, socia de Forensic y Ciberseguridad de Grant Thornton. En primer lugar, se recoge como práctica prohibida el empleo de la inteligencia artificial para poner en marcha técnicas subliminales o explotar la vulnerabilidad de determinados colectivos, como los menores de edad, las personas con discapacidad o sus circunstancias personales. Poniendo un ejemplo, las compañías no podrán utilizar sus modelos de inteligencia artificial para detectar usuarios con posibles problemas de ludopatía y dirigirles promociones y anuncios relacionados con el juego. Además, el texto prohíbe expresamente el uso de la IA para establecer clasificaciones biométricas; para evaluar a las personas en base a su comportamiento o historial en línea; para reconocer sus emociones o extraer sus rasgos faciales sin garantizar su privacidad y seguridad en Internet. El anteproyecto también recoge el veto a la vigilancia predictiva, esto es, estimar probabilidades de riesgo en base a la huella digital de los usuarios; o el uso de la IA para procesar archivos en aras de reconocer patrones biométricos, una técnica denominada identificación en tiempo real. A estas ocho nuevas prohibiciones se suman otras dos, que la Comisión Europea introdujo recientemente en su reglamento a petición del Gobierno español, y que también se han incorporado al anteproyecto de ley orgánica. Se trata de la utilización de las herramientas de inteligencia artificial “para generar deepfakes –suplantaciones de identidad– de contenido sexual”; y de la producción de pornografía infantil, “un avance muy importante en la protección de los menores, especialmente de las niñas”, valoró López.

Indra lo ha vuelto a hacer. Casi tres años después de fichar a José Vicente de los Mozos como CEO, procedente de Renault, la compañía española de tecnología y Defensa ha vuelto a acudir al sector del automóvil y, concretamente al grupo francés, para fichar a su nuevo primer ejecutivo. El elegido es Josep Maria Recasens, director global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault, cuyo nombramiento se aprobó ayer por unanimidad en la reunión del consejo de administración, tras recibir la recomendación de la comisión de nombramientos y retribuciones, que el lunes determinó que Recasens era el perfil que más encajaba con los criterios de búsqueda. De esta forma, Indra ha cerrado en menos de una semana la sustitución de José Vicente de los Mozos, después de que la compañía anunciara el 18 de mayo que no iba a renovar el contrato del directivo, que ha presentado su dimisión para facilitar el período de transición, que se dilatará hasta el 17 de junio. El presidente de la compañía, Ángel Simón, que cuenta con la confianza de Moncloa –el Estado es, a través de Sepi, el primer accionista de Indra con un 28%–, puso en marcha la semana pasada un proceso exprés de búsqueda de nuevo CEO, después de comunicar a De los Mozos que no se le iba a renovar su contrato, pese a que la compañía llegó a preparar una propuesta con una revisión al alza de su remuneración para equipararla a la media del sector.

El biometano está en pleno despegue en España, tanto que el número de plantas en operación en el último año ha pasado de 12 a 25 instalaciones, según los datos de Sedigas. La última, la instalación de Utiel (Valencia) entró en operación hace sólo tres meses. También conocido como gas renovable, el biometano es un biocombustible de segunda generación que se obtiene a partir de la depuración de biogás. A su vez, el biogás se produce por la descomposición de residuos orgánicos, mediante un proceso biológico. Por tanto, esta energía es un ejemplo de economía circular ya que utiliza residuos orgánicos procedentes de la actividad humana (ganadería, agricultura, desechos forestales) como materia prima. Además, España tiene unas condiciones que debería aprovechar para liderar este mercado. Esta industria se calcula que puede atraer más de 40.000 millones en inversiones, sobre todo en áreas rurales y 21.000 empleos directos. Es una solución limpia que permite reutilizar 120 millones de toneladas anuales de residuos orgánicos, ayudando a agricultores y ganaderos a gestionar mejor sus recursos. Se estima que puede reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida respecto al gas natural convencional, manteniendo sus mismas características. Hasta ahora, España tenía un desarrollo muy bajo, comparado con otros países europeos, pero una combinación de disponibilidad de recursos, tecnologías maduras –como la digestión anaeróbica–, costes de producción competitivos y la existencia de demanda están acelerando su desarrollo. “España empieza a reunir los elementos necesarios para transformar su enorme potencial en una cadena de valor real, capaz de conectar sostenibilidad, competitividad y desarrollo territorial”, explican desde Gas Verde, Sí, una plataforma formada por representantes del sector gasista como Nedgia (Naturgy), Redexis, Madrileña de Gas o Nortegas. Su objetivo es convertir el biometano en un movimiento de país que une a distribuidoras, industria, sector agrario y ciudadanía para aprovechar ese potencial.

Fue, según la Audiencia Nacional, una operación de saqueo organizada y ejecutada de forma casi inmediata en cuanto llegó el dinero público. El juez José Luis Calama sospecha que casi un tercio –15,95– de los 53 millones de euros del rescate concedido a Plus Ultra supuestamente gracias a la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno investigado en la causa, acabó desviado a ocho sociedades y entidades financieras repartidas en al menos cinco jurisdicciones –Reino Unido, Gibraltar, Panamá, Puerto Rico y Dominica– dentro de la trama internacional investigada por blanqueo de capitales. Un dinero directamente malversado, al margen de las comisiones que terceras personas se habrían embolsado por su intervención para conseguir el millonario desembolso del Gobierno. Un salvamento público procedente del fondo para ayu- dar a las empresas en dificultades por culpa de la pandemia de la covid, a pesar de que Plus Ultra no cumplía con el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social, ministerio que entonces dirigía el hoy gobernador del Banco de España José Luis Escrivá. Calama sostiene que, tras la recepción de la ayuda aprobada por el Consejo de Ministros, se produjeron «salidas de dinero muy significativas» que permiten inferir una «desviación planeada y consciente» hacia mercantiles y cuentas ajenas a los fines ordinarios de la aerolínea. La cifra que fija el instructor es de 15.954.526,77 euros, aproximadamente el 30% del rescate de 53 millones. 

«Se corre el riesgo de destruir un mito, lo siento muchísimo. Espero que quiten el ‘Cavallino’ de ese coche». Luca Cordero Di Montezemolo, expresidente de Ferrari, no pudo morderse la lengua ayer al opinar sobre el primer modelo completamente eléctrico de la mítica marca italiana de automóviles de superlujo, el Luce, presentado el día anterior en Roma. «Al menos los chinos no nos lo van a copiar», dijo con ironía, dando voz a la legión de seguidores del fabricante de Maranello que han quedado decepcionados con su nuevo vehículo. Y no solo porque su precio sea de 550.000 euros —colocándose como el más caro de su catálogo al superar al Testarossa, que cuesta 460.000 euros— , sino sobre todo por su diseño. El Luce puede gustar más o menos, pero no parece un Ferrari. La identidad de la marca se diluye en este coche diseñado por los estadounidenses Jony Ive y Marc Newson, que trabajaron antes para Apple y a los que se considera los «padres» del teléfono iPhone. «El Luce parece una mezcla entre un Honda Accord EV y un Tesla Model 3», lamentó Pierre-Olivier Essig, ejecutivo del fondo de inversión Air Capital. El presunto salto hacia el futuro que supone el Luce le está saliendo muy caro a Ferrari. Este martes, las acciones del ‘Cavallino rampante’ perdían más de un 8% de su valor en la bolsa mientras se acumulaban las críticas de aficionados ‘ferraristas’ y analistas financieros al nuevo modelo eléctrico, en el que el fabricante de Maranello ha trabajado durante los últimos cinco años.

Una vez regulado el mercado cripto, han crecido nuevos ecosistemas, como las plataformas de predicciones Polymarket o Kalshi, que han transformado el mundo en un casino. A uno y otro lado del Atlántico se debate sobre cómo deberían clasificarse estos mercados y, en consecuencia, bajo qué reglamento caerían: ¿Son juegos de azar? ¿Son instrumentos financieros? ¿O entran en el ámbito de los activos digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública en vista de una posible revisión del reglamento europeo sobre criptoactivos y en ella plantea una pregunta: “¿Los mercados de predicciones que utilizan DLT y contratos inteligentes deberían estar regulados bajo MiFID [normativa financiera] o bajo MiCA [normativas cripto]?”. Estos mercados han captado a cada vez más usuarios, seducidos por una inversión lúdica —se puede apostar sobre cualquier tema, desde quién ganará la Champions, hasta cuándo acabará la guerra o cuánto valdrá bitcoin en los próximos cinco minutos—, sencilla y con recompensa rápida. Realizan apuestas sobre acontecimientos futuros en términos binarios: A o B. A diferencia de las plataformas de juegos de azar, estas apuestas se realizan entre los propios jugadores, sin que exista una cuota fijada por un operador. Y cada usuario puede comprar y vender posiciones de forma continua. Por ello los mercados de predicción venden la idea de que no son solo juego de azar, sino un producto de inversión. Es decir, si su actividad entraría más en el ámbito regulatorio de los mercados financieros o en el del juego. El Viejo Continente carece de una regulación conjunta. 

Estados Unidos desafió el acercamiento diplomático con Irán y la posibilidad de lograr un acuerdo con una ronda de ataques en «legítima defensa», según sus palabras, en el sur del país. Según varios informes, las fuerzas estadounidenses dispararon dos lanchas de la Guardia Revolucionaria –el cuerpo de élite del ejército– frente a la costa de Bandar Abbás, en el Estrecho de Ormuz y mataron a cuatro militares. Washington aseguró que la embarcación se disponía a colocar minas en la vía marítima, bloqueada tanto por Estados Unidos como por Irán. El régimen, por su parte, respondió con misiles antibuque, que derribaron un dron que sobrevolaba la zona. Posteriormente, Estados Unidos lanzó ataques contra la plataforma de misiles antibuque e Irán respondió, en la mayor escalada de tensiones desde que se declaró el alto el fuego el pasado 8 de abril. El ministerio de Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de actuar con «malicia e hipocresía», violando la tregua con «actos agresivos». Por su parte, Washington aseguró que las negociaciones siguen su curso, aunque podrían «llevar unos días», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, reduciendo las esperanzas de un fin inminente del conflicto. La Guardia Revolucionaria aseguró que se reserva el derecho a tomar represalias por el ataque y afirmó que sus unidades de defensa aéreas derribaron un dron que entró en el espacio del país y dispararon contra otra aeronave no tripulada y un avión de combate, sin dar más detalles de cuándo ni dónde ocurrió el suceso.

Unos 1.500 barcos de todo tipo y tamaño llevan tres meses varados en el Golfo Pérsico, y antes de que puedan moverse habrá que resolver cuestiones logísticas complejas: qué barcos salen primero, qué rutas deben seguir, a qué autoridades pedir permiso y cómo coordinar el tráfico en un estrecho que en su punto más angosto mide apenas 21 millas náuticas (38 kilómetros). ¿Es cierto que Ormuz sigue cerrado al tráfico marítimo pese a las continuas referencias a ese acuerdo de paz por parte de la Casa Blanca? Sí, el Estrecho permanece militarmente cerrado para petroleros, cargueros, graneleros y otras embarcaciones de transporte, que permanecen a la espera dentro del Golfo Pérsico para salir o en el Golfo de Omán para entrar. Los pocos barcos que conseguían cruzarlo, con el permiso de Teherán y previo pago en la aduana marítima que los ayatolás improvisaron en la orilla este, ya no lo hacen por el bloqueo exterior de la Marina de EEUU, que los obliga a volver. ¿Qué perspectivas existen de una apertura cercana para este nodo energético de importancia global? La situación es de alto el fuego pero la tregua suele romperse cada pocos días, en una zona gris que se mueve entre la guerra y la paz. Si atendemos a lo sucedido en las últimas horas, pocas. Ayer, ambos ejércitos volvieron a intercambiar disparos en el estratégico paso marítimo. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber derribado y repelido drones estadounidenses y un caza que habrían entrado en su espacio aéreo, según la agencia oficial iraní Mizan. Por su parte, EEUU aseguró haber atacado barcos de guerra de Irán presentes en el Estrecho. Aunque Washington y Teherán han acercado posturas en algunas cuestiones como los activos congelados o el material radiactivo, la reapertura del Estrecho de Ormuz podría tardar semanas o incluso meses. 

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, un reconocimiento que sitúa a una de las grandes voces intelectuales de las últimas décadas en la nómina de galardonados por su contribución al análisis político, histórico y cultural de la Europa contemporánea. Profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y miembro de St Antony’s College, mantiene también una vinculación académica con la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. «Europa está hoy bajo ataque militar de Rusia, político de Estados Unidos y económico de China. Nunca nos habíamos enfrentado a un desafío triple tan enorme» afirmó. Recordó que España, «de alguna manera como Polonia», representa de forma especialmente clara la unión entre democracia y Europa, antes de advertir que ese vínculo atraviesa hoy una «amenaza existencial». «Es un momento dramático», resumió. A preguntas de este medio sobre si contempla el presente con optimismo o pesimismo, Garton Ash respondió recurriendo a una de las fórmulas intelectuales más conocidas del siglo XX: «Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad». «Analíticamente hay que ser pesimista», afirmó. El historiador enumeró lo que considera las grandes amenazas contemporáneas: «ese triple desafío» que representan Rusia, Estados Unidos y China, el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático y la entrada en «un mundo postoccidental», donde las potencias no occidentales poseen ya «tanta riqueza y poder como nosotros en Occidente». «Si juntas todo eso, tienes que preocuparte», insistió. «En Europa tenemos muchísimo potencial sin utilizar: económico, en seguridad, intelectual, en innovación. Hay muchísimo que podríamos hacer y no estamos haciendo».  «Pasamos la mayor parte del tiempo hablando de Donald Trump. Dedicamos algo de tiempo a Vladímir Putin. Pero en realidad deberíamos hablar tanto de Xi Jinping como de los otros dos», señaló. «Si miran la amenaza económica para Europa, la mayor es claramente China, que está catalizando la desindustrialización de Alemania a una velocidad increíble».