20260621

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

EHU, Deusto y Mondragon entregaron el pasado curso más de 1.900 títulos a estos profesionales, cada vez más demandados en todo el mundo y por el que compiten las empresas vascas. De ahí que el índice de colocación de estos profesionales roce el 100% con una inserción laboral en puestos muy cercanos a sus estudios, y sin que toda la demanda de trabajadores que reclama el mercado se cubra al completo.  Facultades de ingeniería como la de Deusto han más que duplicado su tamaño en una década –de contar con 877 alumnos en 2016 han pasado a superar los 2.400–, fruto también de un aumento de especialidades. «La industria necesita ingenieros de equipos muy diversos», defiende el decano de la facultad de este centro, Andoni Eguiluz. En ella han surgido grados pioneros en robótica, ciencia de datos e inteligencia artificial, ingeniería biomédica, ingeniería matemática o ingeniería en diseño industrial, un fenómeno que también se ha replicado en otros centros como la EHU, que ya cuenta con 13 grados y 17 másteres, o en Mondragon Unibertsitatea, con una decena de titulaciones. El crecimiento de profesionales se ha traducido en el número de ingenieros ocupados. Ya hay más de 36.000 profesionales contratados en Euskadi una cifra que se viene disparando durante los últimos años y que no apunta a dejar de aumentar. «La demanda es creciente y a pesar de toda la incertidumbre que nos rodea, se prevé que irá a más», explica la coordinadora de Ingeniería de la escuela politécnica de Mondragon Unibertsitatea, Nekane Errasti, quien advierte que a este reto se le suma también el relevo generacional, con la inminente jubilación de muchos profesionales. «Ese invierno demográfico supone un temor para las empresas que quieren prepararse y seguir siendo competitivas», añade.

El cierre prolongado del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio global de petróleo e hidrocarburos, también tiene impacto en el tejido productivo de Euskadi, tanto directa como indirectamente. Si bien las empresas vascas que operan en la región (42) no constituyen un número muy elevado y los envíos a Oriente Medio no suponen una gran proporción de las exportaciones vascas a terceros países –en 2025 alcanzaron los 1.130 millones, apenas un 3,8% del total–, las interrupciones en la cadena de suministro han derivado en un frenazo en la actividad y la inversión en muchas empresas. «El impacto es difícil de cuantificar, pero ha sido negativo en muchos sentidos», destaca Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask. «Estimamos un menor crecimiento, porque hay pedidos cancelados o retrasados y una reciente subida de tipos del BCE», afirma. Las perspectivas empresariales a futuro son inciertas: «La industria venía de una situación de debilidad, con los grandes socios débiles y con sectores que están sufriendo como la automoción y la siderurgia. La guerra no ha hecho más que meter presión en este caldero». Por su parte, Adolfo Rey, director gerente de FVEM, indica que siendo el 60% de sus empresas exportadoras y el 45% de la facturación total extranjera, el hecho de que se normalice la situación «sería una muy buena noticia». Sostiene que el sector ha capeado con éxito varias crisis, «desde la de 2008 que nos enseñó a saber gestionarlas». Sin embargo, el gran problema es que «somos un país de empresas pequeñas y cuanto más músculo se tiene, mejor se gestionan las crisis. Estamos viendo que las empresas pequeñas son las que peor lo están pasando porque se agotan sus recursos y están menos diversificadas». En el sector siderúrgico, Tubacex ejemplifica el impacto de la guerra. Debido a la caída de pedidos y a la menor actividad en su planta de Abu Dabi, la tubera ha recurrido a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde el 6 de julio hasta el 28 de febrero de 2027. A niveles macro, el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, apuntó a comienzos de junio que el sobrecoste de la guerra ya ascendía a los 200 millones en Euskadi, equivalente al 0,2% de su PIB. En el análisis sectorial, los más afectados han sido aquellos que dependen en mayor medida del consumo energético y del suministro de materias primas. El siderúrgico es uno de ellos. 

Hastiados de que Tel Aviv continúe atacando a Hezbolá en Líbano, algo que considera «un flagrante incumplimiento» del memorando de entendimiento que rubricó con Trump, los líderes persas decidieron cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz. En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Mando Militar Conjunto del Ejército justificó la medida señalando que las operaciones israelíes contra objetivos de Hezbolá habían matado a más medio centenar de personas en 24 horas. El Ejército israelí reconoció que había ordenado una nueva ola de bombardeos en respuesta a nuevos ataques nocturnos de Hezbolá, que «dispararon más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes» que han invadido el sur de Líbano para crear, aduce el Gobierno hebreo, una «zona de seguridad» respecto a las comunidades del norte de Israel. Ante esta situación, Irán decidió intervenir para volver a hacer presión sobre Trump: «El estrecho de Ormuz está cerrado a todos los buques debido a los crímenes cometidos por el régimen sionista en el Líbano y la violación de los compromisos de Estados Unidos de establecer un alto el fuego», comunicaron sus fuerzas armadas, subrayando que cualquier barco que se acerque al estrecho «pondrá en peligro su propia seguridad».

Aunque se confirmara definitivamente en estos días el alto el fuego entre Teherán y Washington, la factura del conflicto seguirá circulando por el estrecho y golpeando a las empresas españolas este año y también el próximo. Por el estrecho, cuya apertura no está clara tras los renovados ataques de ayer de Israel a Líbano, pasa casi una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y casi una quinta parte del gas natural licuado, suficiente para que cualquier amenaza sobre el corredor se traduzca en precios más altos, fletes tensionados, contratos energéticos al alza e inversiones aplazadas. Ese es el trasfondo de la negociación que el Gobierno mantiene para decidir qué parte del escudo anticrisis seguirá viva a partir del 1 de julio. Las medidas aprobadas para contener la escalada energética vencen el próximo 30 de junio, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado que prorrogará durante tres meses algunas de ellas. El decreto está previsto para el Consejo de Ministros del 29 de junio, pero la discusión ha desbordado el calendario: los sectores afectados ya no preguntan solo cuánto durarán las ayudas, sino qué papel deben jugar en una economía que sigue operando en «modo crisis». La primera herida está en los precios. En la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, su director general, admite que el consumo eléctrico industrial resistió al inicio del año, apoyado en precios más bajos, pero sostiene que ese impulso se ha truncado. El coste del segundo trimestre se eleva ya un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra y el sector calcula que el precio de mercado y el sobrecoste de los ajustes superarán los 100 euros por megavatio hora, un nivel difícil de absorber para competir.

"...La economía española parte de una dinámica favorable ante la mejora del contexto internacional, pero tiene deberes pendientes. El más inmediato es la inflación: la perspectiva de una normalización del tráfico marítimo por el Golfo ha aliviado los precios energéticos, pero la inflación todavía tardará unos meses en volver a la senda anterior al estallido de la guerra, ya que el shock de precios seguirá propagándose a través del tejido productivo. Además, la retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles supondrá un incremento de la tasa de inflación de entre ocho y nueve décimas porcentuales. Y, sobre todo, España arrastra un problema de inflación subyacente —descontando los componentes que son la energía y los alimentos frescos— que entraña una pérdida de competitividad frente a los socios de la zona euro. El otro desafío es estructural. De momento, el crecimiento prosigue, o incluso da señales de aceleración. Algunos indicadores de coyuntura, como las ventas de grandes empresas o la afiliación, apuntan a un avance vigoroso de la actividad en el segundo trimestre (el consumo de las familias, sin embargo, muestra una cierta atonía, probablemente por la pérdida de poder adquisitivo que conlleva las subidas de los carburantes y sus efectos en cascada en otros precios). Estas buenas sensaciones pueden obedecer a causas transitorias —y por tanto reversibles, lo cual prefigura una desaceleración en el tercer trimestre—, como el adelanto de los pedidos realizados por las empresas ante el riesgo de escasez de suministros provocado por el conflicto en Oriente Próximo. De manera similar, el repunte de las altas a la Seguridad Social puede ser puntual, por estar reflejando la regularización de personas inmigrantes que ya estaban trabajando en la economía informal. Si el ciclo expansivo resiste es también por factores de fondo, cuya permanencia, no obstante, depende del acierto de la política económica. Destacan el tirón de la construcción y del turismo. Menos visible, pero más significativa, es la revolución silenciosa de los sectores de servicios no turísticos, sin los cuales no se puede explicar la capacidad de la economía española para capear las calamidades que se han ido sucediendo en el último lustro..."

Entrevista con Itxaso Berrojalbiz, diputada de Hacienda de la Diputación de Bizkaia. "Hacen falta profesionales cualificados para nuestras empresas, pero aún no es una carencia grave porque tenemos buena cantera. Es verdad que algunos se van porque hay una competencia global, pero si queremos que Bizkaia y sus empresas sigan creciendo y siendo competitivas en el futuro hay que conseguir que esa gente vuelva y traer gente de fuera. Esta estrategia lleva en marcha veinte años y la fiscalidad es solo una parte...Fuimos a atraer inversión con nuestras fortalezas. El asunto de la vivienda no es exclusivo de Bizkaia, también pasa en Madrid y no para de atraer gente. No estamos parados, intentamos poner nuestro granito de arena, pero no podemos pretender que la fiscalidad resuelva todos los problemas que tiene el territorio. – ¿La conflictividad laboral está frenando a alguna empresa que esté sopesando establecerse aquí?– No podemos ocultar que preocupa a los empresarios y puede frenar la inversión. También hay otras cosas por mejorar: el absentismo, la productividad, los salarios... Yo invitaría a empresarios y sindicatos a sentarse para intentar solucionar estos problemas. En la trinchera o yendo a la guerra no se va a conseguir...La norma estaba compartida con el PSE y trabajada. El programa de gobierno que firmamos ambos partidos ya recoge que esta legislatura hay que fortalecer las medidas tributarias para garantizar el arraigo de las empresas y las personas y atraer trabajadores. El plan concreto lo hemos hablado con trabajadores y el sector y nos dicen que es lo que necesitan...Niego tajantemente que haya guerra fiscal, no podemos estar con suspicacias o mirando de reojo con envidia. Nosotros intentamos construir un futuro con ambición e innovando..."

Entrevista con Itziar Gonzalo, diputada de Hacienda de la Diputación de Araba. Prefiere enfriar el choque y argumenta que estas medidas tributarias en Álava no verán la luz hasta «octubre o noviembre». Con todo, avanza que en aspectos como la biociencia serán «más ambiciosos» que el territorio vecino hasta el punto de que tal vez necesiten el aval de la Comisión Europea para implantarlos, como ya sucedió con los incentivos al sector del cine. "...No fue un elemento sorpresa. Una cuestión distinta es el detalle, que lo conocimos en la misma semana en la que fue anunciado en Bizkaia...Llevamos tiempo trabajando en las medidas tributarias de 2027 para reforzar la transmisión de empresas y la retención del talento, pero sobre todo lo que nos interesa es reforzar la vuelta de esas personas que en su día se formaron aquí, completaron sus estudios y durante un tiempo se han ido al extranjero u otro punto del Estado para desarrollar su carrera profesional. Queremos que regresen y para eso queremos reforzar los incentivos. Incluso podemos ser más ambiciosos porque queremos trabajar en sectores estratégicos para nosotros, como puede ser la biociencia...Estamos buscando espacios de oportunidad y necesidades a las que podamos dar respuestas a través de la fiscalidad. ¿Para qué? Para mejorar la competitividad de las empresas que ya tenemos y, además, crecer en proyectos que puedan ser de interés. Es un sector que, además de estratégico, es tecnológicamente muy potente. Hay un amplio margen de trabajo...– ¿Cuando dice que Álava puede ser más ambiciosa en algunas medidas fiscales que Bizkaia, se refiere al sector de la biociencia? – Es nuestro principal objetivo y puede que alguna de esas medidas incluso requieran de la autorización de la Comisión Europa porque supera alguna de sus directivas...Necesitamos estar armonizados y eso está regulado con lo cual no podemos emprender una carrera competitiva que nos lleve a situaciones muy dispares. Sí que es cierto que cada territorio tenemos particularidades que nos definen. Álava, por ejemplo, va por delante que el resto con la fiscalidad verde o en políticas sociales..."

Álava asumirá el 11 de noviembre la gestión de la AP-68. Será entonces cuando acabe la concesión con Avasa (propiedad de Abertis) y la Diputación pasará a controlar los 63 kilómetros de la Vascoaragonesa entre la muga del Ebro y el peaje de Areta, en Llodio. Pero ese día no desaparecerán las barreras para que pasen los automóviles como ocurre en otras provincias, sino que seguirá siendo necesario abrir la cartera para circular por esta vía de manera que se cubran sus altos gastos de mantenimiento sin subir los impuestos. Pero será bastante más barato. El plan es que el precio del peaje se reduzca un 70% para los vehículos ligeros y un 50% en el caso de los pesados, según puede adelantar en exclusiva EL CORREO. Descuentos que en el futuro incluso podrían ser mayores en el caso de coches no contaminantes, frecuencia de viajes y para los usuarios que hasta la fecha disponen del ‘peaje social’, que ya supone una rebaja del 60%. Así, el precio del tramo alavés del trayecto entre Vitoria y Bilbao pasará de 3,52 euros a 90 céntimos para el conductor ordinario, a lo que se le deberán sumar las tasas vizcaínas que en los próximos meses también tendrá que establecer la Diputación del territorio vecino.

Los vehículos chinos han venido para quedarse y quién sabe si para dominar el mercado. La velocidad a la que están ganando terreno en el mercado español y en el guipuzcoano no tiene precedentes en la historia de la automoción de nuestro territorio. Si hace menos de un año uno de cada diez turismos matriculados en Gipuzkoa procedía de China, ahora esa cifra casi se ha duplicado y los datos del mes de mayo elevan esa proporción a uno de cada cinco. Entre enero y mayo de 2026 se han matriculado en Gipuzkoa un total de 3.529 turismos, de los cuales 616 llevan el sello de una de las marcas chinas presentes en el territorio. Se trata de MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Ebro, Changan, Leapmpotor, Lynk&Co, Xpeng, EVO y SWM. Hablamos de una cuota del 17,5%, según datos ofrecidos por Faconauto (fabricantes), Anfac (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). Si miramos solo a mayo, el mes con los datos más recientes, la proporción se dispara hasta el 19,8%, a un paso ya de la simbólica barrera del 20%. El contraste con 2025 es llamativo. Si observamos datos del año pasado a estas alturas, la cuota de los turismos del gigante asiático rondaba el 9,4% en el territorio. En doce meses, prácticamente se ha duplicado y la tendencia no da señales de que vaya a frenarse. 

Una investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa ha descubierto un posible mecanismo de propagación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de una célula a otra que podría explicar la progresión clínica de los síntomas de esta devastadora enfermedad. Los hallazgos recientes apuntan a un mecanismo de propagación basado en la acción de estos virus ancestrales integrados en el genoma humano, que pueden modularse en laboratorio con medicamentos antirretrovirales utilizados con pacientes con VIH. Pocas enfermedades hay más devastadoras que la ELA. La dolencia, que afecta a las neuronas motoras encargadas de controlar los músculos voluntarios, no tiene ni cura ni tratamiento para frenar su progresión. Simplemente avanza, provocando una atrofia muscular que, tarde o temprano, deja al enfermo inmóvil, sin capacidad de hablar o respirar, pero con todas sus capacidades mentales intactas. Una patología que atrapa la conciencia del paciente dentro de la cárcel en la que se torna su cuerpo. La ciencia no ha sido capaz, de momento, de resolver alguna de las grandes incógnitas de esta enfermedad que padecen unas 4.000 personas en todo el Estado y alrededor de 45 en el territorio. Investigadores del área de Neurociencias de Biogipuzkoa han descubierto que la reactivación de antiguos genes virales integrados en el genoma humano puede causar la destrucción de las neuronas en algunas formas de esclerosis lateral amiotrófica, lo que puede abrir un camino inexplorado en la búsqueda de tratamientos para la enfermedad. 

Por un lado, buena parte de los ingresos de las compañías cotizadas se generan en el exterior. En 2025, por ejemplo, los mercados internacionales aportaron el 65% de la facturación de los grupos incluidos en el Ibex 35. En segundo lugar, los inversores internacionales acaparan un espacio creciente en el capital de las cotizadas. En octubre pasado, BME, el gestor de la Bolsa española —propiedad también de un grupo extranjero, en este caso del suizo SIX—, publicó su último informe de propiedad de acciones con datos al cierre del ejercicio 2024. En este trabajo se certificaba que el 48,7% de los títulos del mercado nacional estaban en manos de inversores extranjeros, porcentaje que escala hasta superar el 60% si lo que se mide es el valor de mercado o capitalización. “La mayor participación de inversores internacionales es una tendencia que se da también en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España el proceso ha sido incluso más pronunciado por la pérdida de peso relativo de las familias en la Bolsa. En 1998, al calor de las privatizaciones, estas llegaron a representar el 35% de la propiedad de acciones y ahora su peso está por debajo del 16%”, reflexiona Mariana Longobardo, directora del Servicio de Estudios de BME. Con la internacionalización de su accionariado, lo que ha hecho el parqué nacional ha sido homologarse con los principales mercados de su entorno. En el Reino Unido, el 58,8% de la Bolsa de Londres está en manos foráneas, según los datos de 2024, últimos publicados por la Oficina Nacional de Estadística. En el caso del Cac 40, el principal índice bursátil francés, y con datos también de 2024 facilitados por el Banco de Francia, los inversores no residentes controlan ya el 50% de los títulos.

El pasado miércoles era un día importante para Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La gran patronal celebraba su última asamblea general antes de las elecciones que celebrará en noviembre. Había expectación por si el líder empresarial anunciaba su candidatura a la reelección, pero no lo hizo. Aunque sí actuó como si se fuera a presentar, con un tono más político de lo habitual y propio de alguien que piensa seguir al frente de la defensa de los intereses empresariales. Sus palabras desprendieron claras expectativas de fin de ciclo político. Lanzó duras críticas al Gobierno, y al Ministerio de Trabajo en particular, en uno de los discursos más duros que se le recuerdan. En este escenario, las medidas en materia laboral y de Seguridad Social que el Ejecutivo aún pretende sacar adelante —como reformar el despido, articular la presencia de los sindicatos en los órganos de dirección o las medidas contra el absentismo— penden de varios hilos. El más delicado y susceptible de romperse es el del apoyo empresarial. Las palabras de Garamendi, más contundentes de lo habitual —llegó a pedir un apoyo expreso a los jueces “porque están siendo atacados”—, reactivan unas relaciones marcadas desde hace más de dos años por una abierta hostilidad con Yolanda Díaz. La ministra ha utilizado expresiones como “burlarse del diálogo social, el respeto institucional y los trabajadores”, para definir la actitud patronal en alguna negociación reciente. Y también ha arremetido personalmente contra Garamendi, del que dijo que no podía “dar lecciones” porque gana el equivalente a 23 veces el salario mínimo interprofesional.

Según el Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) perteneciente al ministerio correspondiente, el número de viviendas libres iniciadas alcanzó las 34.200 viviendas en el último trimestre de 2025, un 14,5% más que el mismo trimestre del año anterior, pero aún lejísimos de las más de 600.000 de antes de la crisis de 2008. Un dato que también está muy alejado de las necesidades que actualmente reclama el sector. El Banco de España cifró, en septiembre de 2025, en 700.000 las viviendas necesarias para cubrir la demanda residencial, 100.000 unidades más que las estimaciones de un año antes. Una cifra similar a la que calcula CaixaBank Research, que asegura que España ha acumulado un déficit de vivienda que supera las 750.000 unidades. “Desde 2021 se ha producido una intensa creación de hogares (en torno a 1,2 millones) que no ha ido acompañada de una producción equivalente de vivienda: se han terminado menos de 500.000 viviendas en ese mismo periodo”, explica Nuria Bustamante, economista principal de CaixaBank Research, que apunta además que esas 750.000 es una estimación de mínimos. “A este desajuste se ha sumado una demanda especialmente dinámica, apoyada en un crecimiento poblacional cercano a 520.000 personas anuales desde 2021, la solidez del mercado laboral y la recuperación de la renta y las condiciones financieras relativamente favorables. Mientras tanto, la oferta ha mostrado una respuesta muy poco elástica, lastrada por múltiples cuellos de botella”, asegura Bustamante. Una pequeña tormenta perfecta que, según expertos del sector, puede convertirse en un obstáculo estructural de cada vez más difícil solución.

El 23 de junio de 2016, un 51,9% de los británicos eligió romper amarras con la Unión Europea, frente a un 48,1% que intentó desesperadamente permanecer en ese club. Diez años después, la ultraderecha más violenta incendia a menudo las calles del Reino Unido y se concentra frente a las casas y hoteles que acogen a inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, muchas veces con la intención de prenderles fuego. Y el país se dispone, con toda probabilidad, a presenciar cómo entra en Downing Street el séptimo primer ministro desde que el Brexit comenzó a formar parte de sus vidas. “¿Ingobernable? Yo no diría que el Reino Unido es ingobernable desde entonces. Pero sí necesitamos cuanto antes un cierto grado de estabilidad. Todo esto ha sido causado por dos cosas. Una de ellas es común con todos los países de Europa y la otra nos corresponde a nosotros en exclusiva”, intenta resumir Paul Sinclair, quien fue asesor de anteriores gobiernos laboristas, en un encuentro con corresponsales extranjeros. “En primer lugar, ningún país ha logrado prosperar desde la crisis financiera de 2008, y eso ha provocado inestabilidad y el ascenso de la derecha. Y en nuestro caso, hemos sido incapaces de elegir a alguien que haya intentado gobernar, impulsar un proyecto como lo hicieron Margaret Thatcher o Tony Blair”, señala. Han sido 10 años que se podrían dividir en tres fases. En la primera, de casi un lustro, los gobiernos conservadores intentaron negociar con Bruselas las condiciones de un Brexit que nunca se pararon antes a pensar o diseñar. Un documental emitido recientemente por la BBC, Brexit: A Very British Civil War (“Brexit: una guerra civil muy británica”), concluye con Boris Johnson, con su habitual pelo alborotado pero esta vez con gesto de hastío y resignación, diciendo, después de un suspiro: “No teníamos un plan para lo que había que hacer a continuación. No pensamos que fuera nuestro trabajo tener ese plan”. En una segunda fase, camuflada por la pandemia, Downing Street quiso enterrar bajo la alfombra el asunto, darlo por zanjado, relegarlo al pasado, para evitar cualquier culpa ante una economía que no despegaba y unas condiciones de vida cada vez peores...Ya bajo el Gobierno laborista de Keir Starmer, en la tercera fase se ha querido intentar el malabarismo casi imposible de regresar a Europa, pero sin resucitar un debate que polarizó de manera agria al país. 

Un puñado de multinacionales ha hundido un 12% el PIB del país, pero la isla es el paradigma del abismo entre las cifras macro y la realidad. Irlanda goza de una situación de pleno empleo, con una tasa de paro inferior al 5%. Sí sorprende, sin embargo, la macrocifra por excelencia, el producto interior bruto (PIB): la economía irlandesa ha sufrido un descalabro del 12% en el primer trimestre del año, la caída más drástica desde que hay registros, según el Banco de Irlanda. Tan severo ha sido el desplome que el país, de tan solo algo más de cinco millones de habitantes, aproximadamente los mismos que la Comunidad Valenciana, ha sido capaz de lastrar al conjunto de la zona euro. El bloque había experimentado un crecimiento anémico, del 0,1%, en ese mismo periodo, pero cuando las autoridades irlandesas revisaron a la baja su dato, el balance del conjunto entró en terreno negativo, con una contracción del 0,2%. En realidad, lo que ha ocurrido en Irlanda se debe a un puñado de multinacionales farmacéuticas, cuyas ventas se han desplomado y han hundido un 27% el sector industrial y, con este, el PIB de todo el país. El motivo es que esas mismas compañías dispararon sus exportaciones en 2025 para adelantarse a la ola arancelaria de Donald Trump y la comparación actual con dicho ejercicio ha puesto patas arriba la contabilidad nacional.

Begoña Gómez ya está en el umbral del banquillo. Y sin pasaporte. El juez Juan Carlos Peinado acordó ayer la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos– y dio el paso que ni siquiera esta semana adoptó el juez José Luis Calama con José Luis Rodríguez Zapatero: retirarle el pasaporte. El contraste pesa. Al expresidente, investigado en el ‘caso Plus Ultra’ y bajo las sospechas de Anticorrupción de mordidas encubiertas en torno al millonario rescate de la aerolínea, no se le impuso esa cautelar. A la mujer de Pedro Sánchez, que recurrirá, sí. En su resolución de 84 folios –firmada ayer, día poco habitual para un auto de este calado–, Peinado ordena la «prohibición de salida del territorio nacional» para Gómez y la retirada de «cuantos pasaportes pudieran disponer», tanto «de carácter ordinario» como «de carácter diplomático». También veta que se le expida uno nuevo. No es un matiz. Es una medida de enorme carga porque no tiene precedentes: la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio, enviada a juicio ante jurado y sometida a restricciones personales mientras se tramita la causa. Y todo ello, como hasta ahora, sin el aval de la Fiscalía.