20260629

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Unión Europea (UE) debería retrasar la prohibición sobre la importación de gas natural licuado (GNL) ruso para no depender en exceso de Estados Unidos (EEUU), según advierte el responsable de uno de los mayores centros de importación de gas de Europa. Iván Jiménez, presidente del puerto de Bilbao, asegura a Financial Times (FT) que las importaciones de gas ruso deberían paralizarse, pero avisa de que “no se puede hacer eso de un día para otro”. Su advertencia llega en un momento en el que las importaciones de GNL ruso por parte de la UE han aumentado como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo. La prohibición, que entrará en vigor el próximo uno de enero de 2027, llega después de años de negociaciones entre los socios europeos sobre la posibilidad de vetar totalmente la compra de combustibles fósiles a Rusia como represalia por la invasión de Ucrania. La mayor parte del gas que consume España llega desde Argelia. No obstante, un 27,8% se importó desde Rusia en mayo, un porcentaje superior en un 58,5% al registrado en el mismo mes de 2025, según datos de Enagás. La ministra de Energía, Sara Aagesen, defiende que la prohibición debería entrar en vigor en la fecha prevista. Explica que el aumento de las importaciones “es temporal y ligado a operaciones logísticas en un contexto muy volátil en relación a los precios”. Insiste, sin embargo, en que “Europa necesita dejar de lado el gas ruso y creemos que es posible hacerlo el uno de enero”.

Es una de las conclusiones que se pueden extraer del último informe presentado por Lanbide, tras entrevistar a miles de estudiantes vascos de FP y universidad que terminaron su formación en 2021. Lo que no cambia es que la rama universitaria de la salud sigue siendo la que mejores sueldos ofrece a los jóvenes titulados vascos. Con un salario mensual neto de 2.016 euros tres años después de graduarse, los que apuestan por este campo profesional son de media los que más dinero ganan. En cuanto a los titulados en la Formación Profesional vasca, la rama que mejores retribuciones ofrece es la de las actividades marítimo-pesqueras, con 1.738 euros de sueldo a los tres años de titularse. Hay más. También se observan algunas diferencias reseñables entre ambas redes, como los 1.485 euros que cobran quienes hacen un Grado Superior de Electricidad y Electrónica o los 2.320 euros que cobra el graduado en Ingeniería Eléctrica. En salud el salto es de casi 600 euros, de los 1.450 de la FP a los 2.016 de los universitarios, y en Informática y Comunicaciones es notable también, pasando de 1.285 tras hacer un Grado Superior a los 1.951 de la universidad. Con todo, conviene relativizar y poner cada una de estas cifras en su contexto. «Partiendo de la base de que ambos perfiles –FP y universidad– son supernecesarios, las tareas que hacen unos y otros estudiantes, al igual que las expectativas que se ponen en ellos, son muy diferentes», explica Noemí Peña, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (EHU), donde ejerce como coordinadora de los centros de empleo y orientación a los estudiantes. De hecho, apunta, «en función del sector hay profesionales formados en la FP que cobran más que los universitarios».

Hay consenso al afirmar que la Formación Profesional es el ojito derecho de la educación en el País Vasco. Con una inserción laboral del 90% y que en algunas ramas bordea el 100%, esta etapa de la educación superior vive días de vino y rosas. «Con la mirada siempre puesta en el horizonte», como solía decir el ex viceconsejero Jorge Arévalo, a pesar de los buenos resultados siempre hay aspectos a revisar y mejorar, y uno de ellos podría ser el de las transacciones de alumnos que hay entre la FP y la universidad. Olatz Landa es la directora del CIFP Tolosaldea desde el año pasado. Esta experimentada profesora fue quien relevó en el cargo al recordado Iñaki Pakea, quien perdió la vida en marzo de 2025 tras ser arrollado por un camión en Usurbil cuando circulaba en bicicleta. «Yo creo que una de las cosas que nos faltan es ese camino de retorno», apunta, porque «sí que hay universitarios que se matriculan en la FP, pero al contrario parece que es un poco más complicado, sobre todo en las ramas industriales», reflexiona. La FP, subraya esta docente, «está para servir a la comunidad. Eso siempre va a ser así», y en relación a esos puentes entre ambos ámbitos formativos, Landa defiende que «la universidad tiene que ver lo que vale el alumno que llega desde la FP. Creo sinceramente que tendrían que darle más valor». Pero, ¿cómo se podría traducir eso en el trasvase entre ambas vías de educación superior? «En convalidaciones de asignaturas», responde la directora del CIFP Tolosaldea, quien, eso sí, entiende que «el alumno de la FP no es ni mejor ni peor que el de la universidad: es diferente» y, además, Landa cree «firmemente» que ambos perfiles, el teórico y el práctico, «son muy complementarios». 

Es la conclusión general que se desprende del Indicador Sintético de Juventud desarrollado por la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios, que resuelve que los jóvenes de hoy presentan una situación económica y social peor que la de los jóvenes de 1995. Lo hace tras analizar los resultados de 39 variables agrupadas en cuatro áreas –demografía, mercado de trabajo, educación y vivienda–. El estudio toma de partida el año 1995 y se extiende hasta 2024, y sitúa como punto de inflexión del empeoramiento económico la crisis de 2008. Los resultados, más en detalle, arrojan una ampliación de la brecha especialmente en términos de demografía, donde el envejecimiento de la población y las mayores cargas esperadas sobre la población joven ofrecen un peor horizonte ahora que en 1995. Detrás de este resultado se encuentra el empeoramiento de buena parte de las variables: disminuye el peso de la población joven, descienden la natalidad y la fertilidad, y aumenta el desequilibrio entre jóvenes y mayores. Aunque algunas variables evolucionan de forma más favorable, como la esperanza de vida o el gasto público en la familia, su efecto no compensa el deterioro del resto. Del mismo modo, se observa como un freno al desarrollo de los jóvenes la brecha laboral que aparece en la incorporación al mercado laboral. Sin embargo, la gran brecha que identifican los expertos de PwC entre la juventud de ahora y la de hace 30 años está en el acceso a la vivienda. En esta arista del estudio es la que mayor distancia se aprecia por un empeoramiento de las diez variables analizadas, estando el mayor retroceso en la ratio población vivienda. Si bien, se observa también una a fuerte caída en el volumen de viviendas terminadas, un aumento del precio de compra y del alquiler, que eleva el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda y dificulta la emancipación de las nuevas generaciones.

Desde PwC también apuntan hacia la labor de acompañamiento de las empresas para mejorar el nivel de vida y las posibilidades de desarrollo de los jóvenes. Así, aseguran que las empresas pueden aprovechar la transición demográfica promoviendo carreras profesionales atractivas, bien remuneradas y flexibles que faciliten la conciliación. Lo que no solo mejoraría su competitividad, sino que también aportaría beneficios sociales, como reducir la fuga de talento, atraer profesionales extranjeros y favorecer una mayor natalidad gracias a una mayor estabilidad económica. Además, ante la posible reducción de la fuerza laboral y la falta de habilidades demandadas, el sector empresarial propone aumentar su implicación en la educación y fomentar la formación continua más allá de la universidad, con el objetivo de alinear mejor las competencias ofrecidas por el sistema educativo con las necesidades del mercado laboral. Por otro lado, para abordar el desafío del acceso a la vivienda juvenil, resulta clave complementar las medidas empresariales, como la flexibilidad laboral o la revisión de los paquetes retributivos. También en este ámbito se plantea la creación de zonas residenciales junto a grandes empresas y centros de trabajo que contemplen la posibilidad de reservar parte del parque inmobiliario para los empleados. O incentivar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, con el objetivo de disponer de un mayo volumen de casas a precio de alquiler y compra accesibles y también de protección oficial. A esto se podría añadir que en un momento dado la empresa actúe como garante o avalista para los empleados que deseen adquirir una vivienda, facilitando préstamos.

El día 30, mañana, se cierra el grifo de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) y para esa fecha tendrán que estar ejecutados los proyectos aún pendientes de este plan diseñado a mediados de 2020 para la recuperación de la economía tras el parón por la pandemia del coronavirus. Aquellos que no lleguen a tiempo tendrán que presentar alegaciones –que habrá que ver si prosperan– o no les quedará otra que aflojarse el bolsillo y sufragarlo con presupuesto propio. Es evidente que la reforma de la residencia foral para mayores de Amurrio, un proyecto que asciende a 1,3 millones, no llegará a tiempo y la Diputación ya trabaja con el Ministerio de Derechos Sociales para justificar el retraso. «No ha puesto ningún problema», afirman las fuentes consultadas. Es la única moratoria de calado que se ha solicitado en una intervención pública. Y aunque en el ámbito privado hay una menor concreción, se calcula que de la cuantía global que se asignó a Álava, más del 95% se ha amarrado en plazo. Los Next insuflaron al territorio más de 970 millones de euros que han beneficiado a alrededor de 5.900 empresas, administraciones públicas, autónomos y particulares. La ‘carta a los Reyes Magos’ que las instituciones enviaron a las autoridades de Bruselas hace seis años incluía sueños ambiciosos que se han convertido en una realidad y han dado un empujón importante a la provincia. Nadie había oído hablar hasta entonces sobre el BAM, el centro de fabricación avanzada de Mercedes, y ahora es una realidad en la calle Errotaurra de Júndiz. La Zona de Bajas Emisiones de Vitoria parecía una utopía en 2020 y desde septiembre lleva en marcha gracias a los fondos comunitarios.

Pide la documentación del rescate y los contactos de Aagesen y la Sepi con el PNV. El Partido Popular ha activado desde el Congreso una investigación acerca del rescate con 112,8 millones de euros públicos de la empresa Tubos Reunidos. Los populares piden la comparecencia de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen en Pleno y comisión, reclaman al Gobierno una ingente cantidad de datos e informes sobre todo el procedimiento seguido y han registrado una batería de preguntas al Gobierno para las que solicitan respuesta por escrito. Incardinan el rescate de Tubos Reunidos en la trama organizada en torno a la Sepi, integrada por su ex presidente Vicente Fernández; la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el socio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, Antxon Alonso. El PP basa su iniciativa en los informes de la UCO, según los cuales entre el 16 de junio y el 13 de julio de 2021, la petición de rescate por parte de la empresa dio un vuelco de 180 grados y pasó de ser rechazada a ser aceptada tras las gestiones realizadas por Vicente Fernández para «movilizar al PNV» e influir así directamente en La Moncloa.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, rechaza que exista una «campaña orquestada» de los jueces contra el euskera o para discriminar a los euskaldunes en las OPE porque, asegura, los tribunales no actúan nunca «de oficio», es decir por impulso propio, contra los requisitos lingüísticos exigidos por las Administraciones públicas para acceder a una plaza de funcionario, sino que ejercen una función meramente «reactiva», es decir, para resolver recursos presentados por terceros. Recién reelegido para un segundo mandato al frente del Superior vasco por aplastante mayoría, Subijana se pronunció así ayer ante la catarata de sentencias que han tumbado distintas OPE al estimar los jueces que las exigencias del conocimiento del euskera y el número de plazas perfiladas excedían los índices de obligado cumplimiento marcados en la ley que acaba de ser modificada. La nueva norma, ratificada el pasado jueves por el Parlamento vasco gracias a un acuerdo entre PNV y Bildu por el que la coalición soberanista se abstuvo ante la propuesta de reforma de los jeltzales, elimina esos índices y deja a la discrecionalidad de las administraciones las exigencias de lengua vasca. En una entrevista en Radio Euskadi, Subijana prefirió no prejuzgar el alcance de la norma e insistió en que habrá que esperar «a ver en qué se plasma», cuál es su «dinámica de aplicación» y si se siguen presentando recursos ante el nuevo ordenamiento jurídico. 

El Banco de España y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han puesto en el punto de mira los subsidios a mayores de 52 años porque, a su juicio, desincentivan la búsqueda activa de un empleo y además pueden suponer un desembolso extra de 18.000 millones para la Seguridad Social en 2030. Los sindicatos recelan de esos argumentos y recuerdan que las ayudas suponen solo 480 euros mensuales. Las críticas se centran en la reforma que hizo el Gobierno de Sánchez en 2019, y que revirtió los recortes introducidos por el PP para hacer frente a la crisis económica. Así, se volvió a rebajar de los 55 a los 52 años la edad para poder percibirlo, se modificó la evaluación de las rentas contabilizando los ingresos del beneficiario y no de la unidad familiar, se extendió la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación y se incrementó la base de cotización del 100% al 125% del SMI. Lo cierto es que el número de beneficiarios de este subsidio ha ido creciendo en los últimos años. En Euskadi el número de sus perceptores ha pasado de 10.171 en 2019 a los 14.259 actuales, lo que supone un incremento del 40%. Pero los datos del desempleo también demuestran la extrema dificultad que tienen los mayores de 50 para encontrar un trabajo. En estos siete años, el colectivo ha pasado de representar el 38% de todos los parados a suponer el 44%, con un claro efecto en el desempleo prolongado. Dos de cada tres parados mayores de 50 lo son desde hace más de un año. Y es que, aunque el número de parados totales que hay en Euskadi se ha reducido un 9% (desde los 117.952 a los 107.173 del pasado marzo), en los mayores de 50 su cifra ha ido al alza: ha crecido ya un 5% con un claro repunte entre los que sobrepasan los 59 años.

El medio millón de inmigrantes que trabajan en negro y que el Gobierno tenía previsto traer a la legalidad y contar con sus cotizaciones es un número que se ha quedado muy corto. A falta de los cribados oportunos, solo las solicitudes alcanzan alrededor de 1,3 millones, según los datos que arroja la plataforma Mercurio, donde se van registrando las de toda España, allá donde se envíen, ya sea a través de despachos de abogados, de ONG, sindicatos o bien de aquellas personas que tengan su propio certificado digital, algo escaso dada la falta de papeles de los inmigrantes. Otra cosa son los protegidos por un asilo humanitario. El Gobierno no confirma cifras por el momento y remite a las que hará públicas próximamente. El número es un poco más alto que el que previeron organizaciones como Funcas en un primer momento, que habló de 840.000 personas en situación irregular, y muy similar al que ofrecía un informe de la Policía Nacional, que concluía que alrededor de 1.350.000 personas podrían resultar concernidas en este proceso. CEAR, una de las grandes organizaciones que apoya este proceso, dijo el 15 de junio que ya había un millón de solicitudes y no dejan de crecer. Los datos que arroja la aplicación de gestión de Extranjería son inequívocos: tras los dígitos que corresponden a cada provincia y otros para la oficina concreta, llega la cifra, que es correlativa, es decir, va sumando cada una de las solicitudes que entran al sistema, han corroborado fuentes de la Administración del Estado.

El Gobierno aprobará hoy un nuevo paquete de ayudas anticrisis para amortiguar los efectos económicos de la guerra en Irán. Y ello aunque el precio del barril de Brent, la referencia en el Viejo Continente, se sitúe en los niveles previos al conflicto –entre 72 y 74 dólares– y pese a las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco de España y de Bruselas sobre el elevado coste fiscal y la escasa focalización de algunas medidas. Moncloa renovará parte del escudo desplegado en marzo tras el estallido de la crisis en Oriente Medio, con especial atención a carburantes, industria, transporte y campo. Así lo confirmó el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien señaló que, «aunque la guerra pueda cerrarse en los próximos días», sus efectos «van a perdurar durante meses». «Ninguna familia, empresa o autónomo va a quedar desprotegido», señaló. Eso sí, tras varias semanas de reuniones con los sectores afectados, el Ejecutivo evita concretar qué medidas sobrevivirán y cuáles decaerán, pero internamente se da por hecho que el nuevo escudo será más selectivo que el anterior. «No nos dicen nada», explican fuentes de los sectores afectados a este periódico. «Solo nos cuentan que toman nota y que aguardemos a este lunes», apostillan estas mismas fuentes.

A pesar de que su actividad supone el 2,9% del PIB nacional, en los últimos trimestres, la región aglutina el 12% de la inversión extranjera en España, lo que la ha convertido en el tercer polo de atracción de capitales extranjeros, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Y más importante aún, cuenta con hasta “90.000 millones de euros en inversiones comprometidas para los próximos años”, una cifra que duplica su PIB anual, lo que permite sacar pecho a su presidente, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), para pronosticar que “Aragón será una de las regiones que más crezca de Europa en los próximos años”. "...Las principales palancas de crecimiento están hoy en la automoción, la logística o la agroalimentación, pero Aragón tiene grandes oportunidades de crecimiento en sectores como Defensa o tecnología que tenemos que aprovechar. En los últimos años se han comprometido más de 90.000 millones de euros en inversiones, una cifra sin precedentes, con proyectos como la gigafactoría de CATL y Stellantis, los centros de datos de las mayores empresas del mundo o proyectos de hidrógeno que nos sitúan a la cabeza del país. No hablamos de un único sector, sino de una inversión coral...No hay una razón para invertir, hay varias. Es el territorio [la disponibilidad de suelo, su ubicación entre Madrid y Barcelona], la capacidad de generación de energía renovable, el talento, las universidades, nuestros centros de formación... pero también con algo extremadamente importante para las empresas que es el tiempo. La tramitación administrativa de los proyectos en Aragón hace que, en un año, un proyecto de miles de millones pueda empezar a construirse en nuestra comunidad autónoma, gracias a los PIGA [Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, una pasarela para autorizar y regular rápidamente la implantación de actividades de especial trascendencia dentro de la región], y es evidente que el tiempo es dinero y para nosotros es creación de puestos de trabajo...Nuestro objetivo es reducir cargas administrativas y eliminar trabas innecesarias para los contribuyentes y para la actividad económica. Simplificaremos los trámites, agilizaremos la gestión y, todo ello, con el objetivo de contar con una administración más eficiente, evitando que ciudadanos y empresas tengan que asumir obligaciones burocráticas que no se traducen en mejores servicios...Vamos a rebajar un punto el IRPF por debajo de los 52.500 euros..."

El desembarco de OpenAI en Madrid con una nueva oficina comienza a tomar forma. La compañía ya se mueve con cierta discreción en la capital y está empezando a congregar a autoridades y clientes para explicarle sus planes en España. Al mismo tiempo, las primeras ofertas de trabajo para la nueva oficina en Madrid empiezan a aparecer entre las ofertas de trabajo que publica la empresa. En concreto, la web de la compañía muestra cuatro ofertas de trabajo basadas en Madrid que esconden la parte que más curiosidad despierta, el salario que abonará el creador de ChatGPT a sus trabajadores en España, pero da muestra de algunas de las condiciones y los roles que busca la entidad para crear su plantilla en el país. Estos son casi todos para ingenieros y encarnan parte de las nuevas profesiones que se están creando en el mundo tecnológico con la IA. De las condiciones, destaca una pregunta clave en el mundo laboral en el cuestionario de solicitud de entrevista: «¿Estarías dispuesto a ir tres días a la oficina?», en una clara apuesta a mantener al menos parte del trabajo de forma presencial con un modelo híbrido. Por lo demás es casi llamativo la parquedad en detalles sobre los beneficios sociales que ofrece la compañía, habitual en las ofertas de todo el sector tecnológico y una muestra de la fuerza que OpenAI considera que tiene su marca a la hora de atraer talento.

El grupo automovilístico Renault apuesta por una red global de producción interconectada para satisfacer la demanda de todos sus clientes. En este entramado, tiene en Marruecos un hub industrial, en el que concentra uno de cada seis vehículos que fabrica. La compañía francesa fabricó el año pasado 2,33 millones de vehículos en todas sus plantas repartidas por el mundo, lo que supone una subida del 2,2%. De este total, 394.465 unidades salieron de las líneas de montaje de sus dos plantas en Marruecos, situadas en Tánger y Casablanca, que produjeron 394.465 unidades el año pasado, lo que supone un descenso del 4,6%. El 82% de los vehículos fabricados en el país se exporta. Con estos datos, Marruecos, donde Renault emplea a unas 10.000 personas, se convierte en el segundo mayor epicentro de producción mundial del grupo galo, ya que representa el 17% de su cifra de fabricación mundial. En concreto, la de Tánger es la mayor planta de vehículos de África, con 299.386 unidades fabricadas en 2025, mientras que el centro de Casablanca montó algo más de 95.000 unidades a cierre del año pasado. En conjunto, la compañía que dirige François Provost tiene una capacidad instalada en Marruecos de 500.000 unidades al año –380.000 unidades en Tánger y 120.000 en Casablanca–.

Indra todavía no ha presentado su nuevo plan estratégico, que verá la luz después del verano, pero ya empiezan a asomar algunas de las ideas y propuestas asociadas a los cambios en la cúpula de la compañía de Defensa y tecnología, que desde comienzos de abril cuenta con un nuevo presidente –Ángel Simón– y, desde mediados de junio, con un nuevo consejero delegado –Josep Maria Recasens–. En esas propuestas estratégicas que empiezan a vislumbrarse se enmarca el acercamiento con Santa Bárbara Sistemas, un entendimiento que podría conformar un nuevo gigante en el ámbito de los vehículos militares, con un impacto potencial de alrededor de 14.000 millones de euros en programas actuales o futuros. Se incluyen aquí los 7.200 millones en contratos de artillería, el programa para el vehículo de apoyo a cadenas (VAC), el 8x8 Dragón, el futuro mantenimiento de los carros de combate Leopard o los lanzapuentes, entre otros. “Estamos hablando con toda la industria, incluyendo General Dynamics, para colaborar en programas de ahora o de futuro”, reconocía en París el pasado 16 de junio el director de programas de Indra y responsable de Indra Land Vehicles, Frank Torres. En la misma cita, durante la celebración de la feria internacional de Defensa Eurosatory, la compañía reveló que está muy cerca de cerrar un acuerdo con Rheinmetall y con MAN para utilizar sus camiones en el contrato de artillería de ruedas, valorado en unos 2.700 millones de euros.

La cooperación en la industria de defensa europea vuelve a tropezar con sus propios límites en un momento en que el continente busca acelerar su rearme. Tras el fracaso del FCAS, el ambicioso caza de sexta generación impulsado por Francia, Alemania y España, Berlín acaba de cancelar el mayor programa naval de la Alemania de posguerra después de años de retrasos, sobrecostes y el fracaso de un proyecto concebido como uno de los grandes ejemplos de esa cooperación industrial. El Ministerio de Defensa decidió cancelar definitivamente el programa F126, adjudicado en 2020 al astillero neerlandés Damen Schelde Naval Shipbuilding. En su lugar, la Marina alemana recibirá, si el Bundestag da luz verde, ocho fragatas MEKO A-200 de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), un modelo ya probado con el que se espera reducir riesgos y acortar los plazos de entrega. Frente al complejo consorcio del proyecto anterior, la ejecución recaerá en una única empresa alemana. La OTAN considera prioritaria la capacidad para detectar y combatir submarinos y proteger las rutas marítimas y las infraestructuras críticas bajo el mar, desde cables de comunicaciones hasta gasoductos. «Prefiero un final duro a una situación de bloqueo permanente. No podemos permitírnosla ni financiera ni temporalmente», resumió el ministro de Defensa, Boris Pistorius. «La Marina necesita urgentemente nuevas fragatas».

Venezuela se aferra a un hilo de esperanza cinco días después del doble terremoto que sacudió el norte del país y que, según el último balance, causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos. La magnitud de la tragedia aumenta a cuentagotas, aunque la cifra de víctimas españolas experimentó ayer una subida importante al elevar el Ministerio de Asuntos Exteriores los fallecidos a 17 y los desaparecidos a 150. Otros 12 estarían localizados bajo las montañas de escombros, pero no se concretó su estado. En este escenario incierto, el despliegue de rescatistas enviados por la comunidad internacional ha devuelto cierta confianza en la búsqueda de supervivientes. Durante las primeras 48 horas tras la catástrofe, que golpeó a Caracas y sobre todo a la región costera de La Guaira, a unos treinta kilómetros de la capital, fueron los vecinos quienes removieron las ruinas con palas y hasta con sus manos. Al cierre de esta edición había sobre el terreno 2.624 especialistas y 137 perros procedentes de 24 países. «Con vida o sin vida vamos a seguir», prometía el coronel Burgos, al mando de uno de los equipos enviados por México, frente a los restos del edificio Perlamar de la localidad caribeña de Caraballeda, un bloque de diez plantas hecho añicos.